El senador provincial Lisandro Enrico, en su función como presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores de Santa Fe, convocó a una audiencia con las autoridades del Nuevo Banco de Santa Fe, la

Senador provincial, Lisandro Enrico.

Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público de la Acusación y la Dirección Provincial de Control del Agente Financiero para abordar el problema del crecimiento de las estafas virtuales que sufren los usuarios de dicha entidad bancaria.  

En este sentido, el legislador mencionó: “A partir de los numerosos reclamos recibidos por parte de vecinos de toda la provincia en relación al aumento de las estafas virtuales que se viene registrando en el último tiempo y teniendo en cuenta que la prestación del servicio del Agente Financiero y Caja Obligada provincial fue adjudicada al Nuevo Banco de Santa Fe, por lo que cientos de trabajadores provinciales reciben sus haberes a través de este banco, es que convocamos una audiencia en la legislatura el próximo jueves 25 de agosto para trabajar de manera conjunta esta problemática”.  

Además, es importante remarcar que, como viene siendo denunciado por numerosas organizaciones, en estos últimos dos años las estafas bancarias crecieron un tres mil por ciento y, lo más preocupante, es que de estos hechos sólo un número muy pequeño accede y llega finalmente a la justicia. En dichos casos, nuestra jurisprudencia se viene manifestando en forma unánime en que las entidades bancarias no pueden eximirse de responsabilidad, siendo ellas quienes han incumplido con la obligación de garantizar la seguridad de los datos personales, cuentas e intereses económicos de sus clientes.  

El Ministerio de Seguridad, Lideco y el MPA advirtieron sobre estafas virtuales

“Con esta reunión lo que pretendemos es analizar, entre otras cuestiones, la viabilidad de que se adopten ciertas medidas adicionales que serán propuestas en su debida oportunidad para garantizar un servicio de máxima seguridad a todos los usuarios y consumidores del Nuevo Banco de Santa Fe para garantizar su protección ante posibles estafas virtuales, las cuales son cada vez más frecuentes y las cifras de aumento son realmente preocupantes”, finalizó el Senador. 

El recrudecimiento de la violencia en la semana en la ciudad de Rosario obligó a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados a suspender el “receso” parlamentario electoral para sentarse en una mesa para analizar la grave situación generada por los últimos homicidios y además la situación en el sistema penitenciario.

A la reunión convocada por el presidente de la Comisión, Juan Cruz Cándido (UCR) se le sumaron presidentes de varios bloques que habían hecho gestiones ante el propio titular del cuerpo, Pablo Farías, preocupados por el desborde de situación. El encuentro fue virtual y finalmente fueron 17 los firmantes del pronunciamiento emitido en las primeras horas de la tarde del miércoles. Incluso el justicialismo sumó al encuentro a Matilde Bruera y a Lucila De Ponti, quien integra la comisión.

En el documento los legisladores expresan “nuestra preocupación por la creciente violencia urbana, que se ve reflejada en el aumento de homicidios dolosos, heridos de armas de fuego o blancas y ataques a domicilios y entidades públicas. Y hacemos llegar nuestra solidaridad a quienes resultan víctimas de estos ataques e intimidaciones”.

Más adelante le solicitan al gobernador Omar Perotti “la urgente convocatoria a los bloques parlamentarios de ambas cámaras y a la Junta Provincial de Seguridad, tal como lo establece el decreto 024/15 y conforme a lo requerido en las comunicaciones 37400 y 40278 aprobadas por esta misma Cámara y remitidas al Poder Ejecutivo, o el ámbito institucional que se considere adecuado para garantizar la convocatoria y articulación de los tres poderes del Estado santafesino y otros actores institucionales relevantes a los fines de consolidar el trabajo permanente y sostenido en materia de seguridad”.

Pero además, los diputados reclaman “la puesta en marcha de un plan de contingencia que permita desplegar en el territorio todos los recursos humanos y de equipamiento con los que cuentan las fuerzas provinciales de seguridad”.

A la hora de propuestas, sugieren “la conformación de una mesa permanente de trabajo de asuntos penitenciarios a efectos de la coordinación entre los Ministerios de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad”.

Del planteo no fue ajeno el gobierno nacional al que exigen “el refuerzo de la presencia de fuerzas federales en nuestra provincia y se informe con claridad la cantidad de agentes que desempeñan funciones en nuestro territorio, así como las tareas que cumplen los mismos. Asimismo, consideramos fundamental la planificación de tareas y de recursos a través de un comando unificado permanente. Al mismo tiempo, solicitaremos una audiencia con la Ministra de Seguridad de la Nación (Sabina Frederic)”.

En el documento plantean al Poder Ejecutivo “la necesidad que se ejecute de manera urgente lo aprobado en el Presupuesto 2021 para seguridad pública y servicio penitenciario, así como los recursos extraordinarios remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional”.

Los legisladores hacen público “el compromiso para abordar en forma urgente y trabajar mancomunadamente con el Poder Ejecutivo para generar los consensos necesarios en torno a las modificaciones legislativas sobre los cambios estructurales con implicancias en el mediano y largo plazo que están en debate o las que puedan proponerse”. Afirman además “la necesidad de fortalecer las estructuras de investigación y persecución de delitos como el lavado de activos, comprometiéndonos en el debate presupuestario 2022 a hacer hincapié en este objetivo”.

La Comisión dice estar abierta al diálogo con vecinos e instituciones de los barrios y las ciudades que enfrentan a diario esta realidad y cuya participación es fundamental para las soluciones que se propongan.

“La complejidad de la situación y el dolor y el miedo que atraviesan a gran parte de nuestra sociedad requieren de la respuesta unánime de todos los poderes del Estado y, con esa responsabilidad, reiteramos nuestra disposición al trabajo conjunto”, expresa el párrafo final. Entre los firmantes está toda la comisión de Seguridad que además de Cándido están Gabriel Chumpitaz (Pro); Lionella Cattalini (PS), Sergio Basile (UCR); Pablo Pinotti (PS), De Ponti y Amalia Granata (Somos Vida y Familia).

Sumaron sus firmas Farías, Joaquín Blanco (PS); Fabián Palo Oliver (UCR); Marcelo González (UCR), Matilde Bruera, Agustina Donnet (Igualdad) ; Carlos Del Frade (Frente Social y Popular); Julián Galdeano (UCR); Mónica Peralta (Gen) y Nicolás Mayoraz (Vida y Familia).

Tras la fuga de 8 reclusos, entre ellos uno considerado de Alto Perfil, de la Unidad Penitenciaria de Piñero, la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados se convocó de urgencia este mediodía para analizar la situación y los pasos a seguir. De manera virtual, según informó el presidente Juan Cruz “Cacu” Cándido, resolvieron convocar – de manera conjunta con la Comisión de Derechos y Garantías presidida por la socialista Lionella Cattalini – para este miércoles a una reunión de trabajo al Secretario de Asuntos Penitenciarios Walter Gálvez, y al subsecretario de Asuntos Penitenciarios Jorge Bortolozzi.

“La situación que se generó con el ataque a balazos y la posterior fuga de ocho presos es de una gravedad extrema, es la segunda fuga en un mes por eso queremos trabajar en conjunto con el secretario Gálvez y el subsecretario Bortolozzi”, señaló Cándido.

Los integrantes de la comisión de la cámara baja mantuvieron un encuentro donde resolvieron la citación de carácter urgente al funcionario para abordar la situación actual del Servicio Penitenciario y para conocer qué medidas se tomarán de acuerdo a lo sucedido. “Es una situación inédita, que hace pensar que hubo un trabajo de inteligencia previa que no fue advertido por las autoridades”, remarcó Cándido y agregó que también harán consultas respecto de pedidos de informe que aún no fueron contestados.

“La situación de los presos de alto perfil en pabellones comunes la advertimos en febrero del 2020, temiendo que al estar en contacto con otros reclusos, en lugares donde es más difícil realizar un seguimiento más personalizado, podría llegar a ocurrir hechos graves” remarcó el radical.

Con la presencia de la totalidad de sus integrantes – el vicepresidente Gabriel Chumpitaz, Lionella Cattalini, Sergio “Checho” Basile, Amalia Granata, Nicolás Aimar y Lucila De Ponti – se decidió convocar a Gálvez y Bortolozzi a las 13 en conjunto con la Comisión de Derechos y Garantías. Además elaboraron un pedido de informes con las inquietudes de los diferentes integrantes.

Por otro lado, el presidente de la comisión señaló que “estamos definiendo otros pasos a seguir porque consideramos que la situación en materia penitenciaria y de seguridad está ocasionando problemas en distintos aspectos y como legisladores no podemos mirar para otro lado. Lo dijimos desde el primer día: estamos dispuestos a trabajar en conjunto y colaborar con el gobierno aportando nuestra experiencia para conseguir el objetivo común que es que los santafesinos y santafesinas puedan vivir tranquilos”.