Mauro L. Muñoz

En cumplimiento con el emplazamiento realizado en la sesión especial del pasado 8 de octubre, este martes se reunió la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para continuar con el debate del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2026.

Buena parte de la reunión se consumió en la elección de la presidencia tras la renuncia de José Luis Espert en medio de las denuncias por financiamiento espurio de sus campañas. La discusión sobre la autoridad vacante ocupó más de una hora, debido a que integrantes de la oposición plantearon que hubo un acuerdo fuera de la normativa de la bancada libertaria. Finalmente, se oficializó la designación de Bertie Benegas Lynch como presidente.

Una vez cumplido este paso administrativo se pudo dar paso a la continuación de las exposiciones de integrantes del Gobierno nacional que había inaugurado semanas atrás el secretario de Hacienda Carlos Guberman respecto al Presupuesto 2026. Esta vez, el funcionario que asistió fue Daniel González, coordinador de Energía y Minería en la Secretaría de Energía que conduce Carmen Tettamanti, para defender los principales lineamientos de su cartera respecto para el año próximo.

A lo largo de una extensa presentación, González repitió que el eje de su cartera es la “normalización del sistema energético”, un proceso que, según definió, busca “cumplir las normas que la Argentina viene incumpliendo hace años” y devolver “racionalidad y competencia” a un mercado con precios distorsionados y empresas sin margen para invertir.

Bertie Benegas Lynch fue designado como nuevo presidente de la Comisión de Presupuesto tras la renunciade Espert. Crédito: HCDN.

“Nuestro objetivo es la normalización de un sistema que tiene normas adecuadas pero que son normas que venimos incumpliendo a través de distintos gobiernos durante muchos años. Evidentemente han tenido consecuencias: no tenemos la disponibilidad de energía que nuestros recursos naturales ameritan”, sostuvo enfáticamente.

En defensa de la política energética libertaria, leyó pasajes textuales de los decretos 1057/24 y 450/25, desprendidos de la Ley Bases, que fijan como objetivo “alinear los precios internos con las transacciones internacionales” y “garantizar la autosuficiencia financiera del sistema eléctrico”.

En esa línea, González reivindicó la decisión de liberar el precio del crudo: “Hace un año que el petróleo se vende en el país a paridad de exportación y nadie se enteró, porque no tuvo impacto negativo en los combustibles”. Detrás de ese cambio —subrayó— está la clave para sostener la inversión: “Si un productor no recibe precios internacionales, se va a invertir a otro país”.

En su repaso por los hidrocarburos, el secretario fue enfático: “Vamos a cumplir el Plan Gas a rajatabla”. Aunque reconoció que el esquema, heredado de gestiones anteriores, “limita la desregulación plena del sector”, afirmó que el Gobierno “respetará todos los contratos” mientras habilita a las empresas que lo deseen a salir del programa y vender directamente a industrias, distribuidoras y generadoras.

González se mostró entusiasta con los resultados de Vaca Muerta, donde —dijo— la producción alcanzó en agosto los 818.000 barriles diarios de petróleo, el mayor nivel en 26 años. “Vamos camino a romper el récord histórico de 845.000”, anticipó.

En gas natural, sostuvo que la situación es similar: 157 millones de metros cúbicos diarios en agosto y una proyección de nuevo récord para el invierno de 2026. “Tenemos más pozos, más fracturas y más inversión a pesar de la baja del precio internacional, que cayó de 90 a 62 dólares el barril. Es una señal clara de confianza”, explicó.

El funcionario destacó la proyección exportadora: “Si en tres o cinco años logramos exportar un millón de barriles por día, eso significará 23.000 millones de dólares anuales solo en petróleo. Y el gas licuado podría aportar otros 11.000 millones. Son números que dan vuelta la balanza comercial energética argentina que tuvo un déficit de 5600 millones en 2022, que ya tuvo un superávit de 4400 millones en 2024 y que en agosto de 2025 lleva un superávit de 3800 millones dólares".

Uno de los ejes centrales de la exposición presupuestaria estuvo en la política tarifaria. González sostuvo que los subsidios energéticos caerán del 0,66% del PBI en 2025 al 0,5% en 2026, “una reducción gradual pero sostenida”. “Queremos que el consumidor pague cada vez más cerca del costo real de producción, como lo establece la Ley Bases”, remarcó.

Explicó luego que el objetivo en el proyecto es “adecuar precios a los costos de suministros energéticos”. Y detalló que “actualmente hay 9 millones de hogares subsidiados y el objetivo de este proyecto es reducir el porcentaje de subsidios”.

Daniel González, coordinador de Energía y Minería de la Nación. Crédito: HCDN.

Según detalló, el costo promedio de la energía eléctrica en 2025 fue de 78 dólares por megavatio-hora, mientras que los usuarios residenciales pagaron 41. Para 2026, se prevé que paguen 52. “No estamos eliminando subsidios de golpe, estamos normalizando. Si el costo baja y los usuarios pagan un poco más, las curvas se van a cruzar pronto”, explicó.

En relación al gas natural, precisó que el costo total se ubica en 4,50 dólares por millón de BTU, y los hogares pagan 2,46. El presupuesto prevé que en 2026 el valor sea 2,77. “Todavía lejos del costo, pero avanzando”, resumió.

En cuanto al esquema de segmentación dijo que tendrá ajustes. Los usuarios N1 (sin subsidio) pagarán el 100% del costo de la energía; los N2 (ingresos bajos), el 43%; y los N3 (clase media), el 67%. En gas, los porcentajes serán 68%, 29% y 41%, respectivamente. “En promedio, los usuarios residenciales pasarán de pagar el 53% del costo en 2025 al 67% en 2026”, detalló.

El funcionario defendió la política como “gradual y razonable”: “Sabemos que es duro, pero peor es pagar barato y no tener energía. Las compañías quebradas no invierten y eso lleva a cortes. Lo que buscamos es previsibilidad y sustentabilidad”.

Asimismo, indicó como otro número relevante en gastos corrientes que el proyecto de presupuesto mantiene el régimen de Zona Fría. Aunque González lo calificó como “una pésima ley”, aseguró que contempla 450.000 millones de pesos. “Más del 40% de los usuarios del país recibe descuentos del 30 al 50% de su factura, mientras el resto paga un cargo adicional del 7,5%. Es un sistema injusto, pero lo mantenemos por mandato legal”, sostuvo.

En el tramo final de su exposición, González enfatizó el espíritu del programa energético libertario: “El Estado no va a hacer más obras de gas ni de electricidad. Nuestro rol es garantizar reglas claras para que el sector privado invierta”.

En esa línea, citó proyectos tendientes a normalizar el mercado eléctrico mediante obras por financiamiento privado. Puso como ejemplo la reciente licitación para instalar baterías de almacenamiento en el AMBA, donde el Estado buscaba 500 MW y recibió ofertas por 1.300. “Terminamos adjudicando 700 MW a precios más bajos y con contratos directos entre las empresas distribuidoras y los almacenistas, sin intermediación estatal. Es un cambio de paradigma”, señaló.

González anunció que esta política también alcanzará mayorista, buscando un mercado competitivo, con precios libres para nuevos proyectos y contratos directos entre generadores y grandes consumidores. “Hace veinte años que no funciona un mercado eléctrico mayorista. Queremos devolverle lógica al sistema y alentar inversiones”, dijo.

Respecto a la inversión pública en obras incluidas en el Presupuesto 2026, enumeró tres frentes: Nucleoeléctrica Argentina: 400.000 millones de pesos para la extensión de vida útil de Atucha I (45% de avance) y un depósito seco de combustibles nucleares (35%); Represas del Río Santa Cruz: 200.000 millones para reactivar La Barrancosa, con 360 MW de potencia prevista; y Redes de Gasoductos con otros 200.000 millones destinados a la reversión del Gasoducto Norte, el Gasoducto Perito Moreno y el Mercedes–Cardales, todos con avances superiores al 90% según indicó.

Por último, reafirmó el espíritu que guía la política energética del Gobierno: “Bajar el costo de la energía depende exclusivamente del nivel de inversiones que se hagan en el sistema. En la medida que nosotros sigamos teniendo un sistema que desincentiva las inversiones, vamos a ver lo mismo que venimos viendo en las últimas décadas, que es tener una provisión cada día menos robusta de energía y que los precios sinceramente no bajan y entonces nos terminamos peleando sobre quién paga el plato, si lo paga el Estado, si lo paga el consumidor o si lo pagan las empresas”.

La Cámara de Diputados de la Nación iniciará, este miércoles a las 13, el tratamiento del proyecto de Presupuesto de Gastos y Recursos presentado por el gobierno nacional el 15 de septiembre. En realidad, será una primera reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario José Luis Espert, para diseñar un plan de trabajo y reuniones, y definir convocatorias a funcionarios nacionales para que expliquen y amplíen los conceptos y datos incorporados en las más de 6000 páginas que componen el proyecto, entre textos, anexos y planillas presentadas por la gestión de Javier Milei.

El propio Presidente de la Nación anticipó, el 15 de septiembre y por cadena nacional, algunos de los puntos principales de la "ley de leyes" que, de sancionarse, sería la primera elaborada por este gobierno: los presupuestos que estuvieron vigentes en 2024 y 2025 fueron prorrogados en base al texto aprobado en la gestión de Alberto Fernández.

El Presupuesto presentado, que está publicado para su lectura y análisis en la página oficial de la Cámara de Diputados, "refuerza nuevamente el compromiso inclaudicable del Gobierno Nacional con el equilibrio fiscal, condición necesaria para continuar el proceso de eliminación de la inflación y fortalecer los instrumentos de estabilización macroeconómica, que redundarán en la recomposición del poder adquisitivo de los ingresos y el desarrollo de la Nación".

En el mensaje que acompaña al proyecto, se establece que "la política fiscal iniciada el 10 de diciembre de 2023, que ya está generando los resultados esperados en términos de estabilización macroeconómica, propone continuar profundizando y haciendo más efectiva las políticas públicas vinculadas con el acompañamiento social sin intermediaciones, recuperar las capacidades en seguridad interior y defensa nacional y la modernización y simplificación del Estado".

"En síntesis, este Proyecto de Ley pretende contribuir al sostenimiento de la estabilización macroeconómica iniciada a finales de 2023, a partir de la cual se puedan mantener un conjunto de políticas públicas a nivel nacional que procuran mejorar la calidad de vida de toda la población", aporta.

Precisamente, los ejes del proyecto son equilibrio fiscal sostenido, acompañamiento social sin intermediaciones, equipamiento y modernización de seguridad y defensa, desregulación y transformación del Estado, y baja de impuestos para mejorar la competitividad.

En contexto, para el año próximo, "el FMI proyecta una suba del PIB mundial del 3,1%; el PIB de EE.UU. avanzaría 2,0%, el de Brasil 2,1% y el de China 4,2%. De ese modo, el PIB mundial continuaría creciendo a un ritmo similar al de 2025", expresa el texto.

El escenario para la Argentina "incorpora un crecimiento del PIB del 5% anual para los años 2026 a 2028". Además, proyecta una inflación del 10,1%, un dólar de 1423 a diciembre de 2026, e incrementos del 10,6 % de las exportaciones, y 11 % de importaciones.

Hasta ahí algunos de los lineamientos del proyecto oficial. Luego llegará la etapa de discusiones sobre previsiones para áreas sensibles como son salud, educación y previsional; la política en materia de obras púbicas que estuvo congelada desde el comienzo de la actual gestión, y los fondos destinados a las provincias, todos reclamos que la oposición llevará al debate antes de concluir en un dictamen.

Con minoría en las cámaras, el oficialismo precisa de alianzas para avanzar con su propio proyecto en medio de un vínculo tirante con referentes territoriales. Hace apenas unos días que el Senado rechazó el veto del Ejecutivo a la ley que dispone el reparto automático de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) que impulsaron todos los gobernadores y el jefe de gobierno de CABA. El tema deberá ser debatido por Diputados, que giró a la Cámara alta los vetos a la ley de financiamiento universitario y la emergencia sanitaria: un intercambio desfavorable para el gobierno, que mantiene tensiones con numerosos sectores y con la mayoría de los mandatarios provinciales.

Volviendo a este miércoles, el plan de trabajo incluirá seguramente la convocatoria a funcionarios del gabinete, incluido el ministro de Economía Luis Caputo quien, hasta el momento, esquivó todas las invitaciones del Congreso, incluso para defender la Ley de Bases que se aprobó a principios de la gestión Milei.

La primera reunión de comisión ocurrirá en plena gira del Presidente en Estados Unidos, para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas y en busca de oxígeno (dólares) para reforzar reservas y cumplir con los compromisos con el FMI. Precisamente, se espera que la oposición reclame que cualquier préstamo nuevo que negocie la Argentina reciba el aval del Congreso Nacional, ante la posibilidad de que se acceda a un nuevo acuerdo con el país del Norte.

El interrogante es cuándo será la última reunión, la que termine en un dictamen listo para llevar el debate a la Cámara de Diputados. La oposición quiere llegar a esta instancia antes del 9 de diciembre que es cuando asumirán las y los legisladores nacionales electos en las nacionales del 26 de octubre.

Para ello podrían pedir un emplazamiento, figura repetida ya en los últimos meses para activar o acelerar el funcionamiento de comisiones, a fin de lograr ese objetivo en noviembre. Toda una incógnita luego de la novedosa realidad de un presupuesto nacional reconducido por dos años consecutivos.

Senadores oficialistas buscarán esta tarde emitir dictamen sobre el proyecto de Presupuesto 2023 en una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, para llevarlo al recinto durante la tercera semana de noviembre.

En el Senado, la iniciativa podría ser elevada dentro de dos semanas, ya que en siete días está prevista la presencia del jefe de Gabinete, Juan Manzur, para brindar su informe de gestión.

Para ello, el oficialismo necesita obtener el dictamen de mayoría que será puesto a la firma hoy, cuando la Comisión que preside el riojano Ricardo Guerra vuelva a reunirse a partir de las 15.

Ayer por espacio de casi cuatro horas, los legisladores del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio escucharon la descripción del proyecto de Presupuesto que brindaron los secretarios de Programación Económica, Gabriel Rubinstein; de Hacienda, Raúl Rigo; y de Finanzas, Eduardo Setti.

En tanto, luego, los senadores del Frente de Todos se reunieron con el ministro de Economía, Sergio Massa.

“Senadores y senadoras nacionales del interbloque @FrenteDeTodos se reunieron hoy con el Ministro @SergioMassa y su equipo económico para analizar los detalles del #Presupuesto2023 que comenzó a tratarse hoy en el @SenadoArgentina”, señaló anoche la bancada a través de la red social Twitter, un mensaje retuiteado después por el propio titular del Palacio de Hacienda.

➡️ Senadores y Senadoras Nacionales del Interbloque @FrenteDeTodos se reunieron hoy con el Ministro @SergioMassa y su equipo económico para analizar los detalles del #Presupuesto2023 que comenzó a tratarse hoy en el @SenadoArgentina ? pic.twitter.com/uU7qhaV9Md

— Senadores de TOD☀️S (@Senadores_Todos) November 3, 2022

El proyecto de Presupuesto 2023, que fue aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados, tiene como puntos centrales la previsión de un gasto global de casi $ 29 billones, un déficit fiscal de 1,9%, una pauta inflacionaria de 60% y destina el 70% de los recursos a rubros sociales.

La norma, modificada en su discusión de comisión y luego en el recinto de la Cámara baja, obtuvo 180 votos positivos, 22 negativos y 49 abstenciones, por lo que contó con el apoyo del oficialismo y de la oposición.

Con información de Telám.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, Carlos Heller, hizo un repaso de los cambios implementados en el texto del proyecto de Presupuesto 2023 que se debatirá en el recinto el próximo martes.

Los mismos se aprobaron este jueves por la tarde con un consenso del oficialismo con la oposición luego de las labores de las últimas semanas. No significa que no haya tensiones en el recinto desde el 24 de octubre ya que el acuerdo no es general y podría sufrir reveses.

La complicación mayor recae en el propio kirchnerismo que podría oponerse principalmente a los puntos sobre el acorde con el FMI, mientras que Juntos por el Cambio apoyaría al equipo económico de Sergio Massa.

El martes, Diputados trataría el presupuesto

Todos los jueces y empleados del Poder Judicial pagarán el impuesto a las Ganancias: en el 2017 se estableció por ley el fin de ese privilegio pero exclusivamente para quienes fueran nombrados con posterioridad a la sanción de aquella norma. Ahora se haría extensivo a todos los funcionarios y personal del Poder Judicial, independientemente de cuando hayan iniciado sus funciones.

Descuento en Ganancias de hasta el 40% de gastos educativos, incluyendo cuotas de colegios privados: es una propuesta que impulsó Emiliano Yacobitti y que promocionó Martín Tetaz, ambos del bloque Evolución Radical (Juntos por el Cambio). Incluye, además de las cuotas de escuelas privadas, todos los gastos escolares, como por ejemplo los libros y materiales de estudio.

Cláusula gatillo: el oficialismo accedió a un pedido de la oposición para que el Poder Ejecutivo se comprometa a enviar una ampliación presupuestaria al Congreso si la inflación y la recaudación interanual supera las pautas estimadas.al 31 de agosto de 2023, a fin de realizar un nuevo cálculo de recursos y créditos para el último trimestre del año. “El proyecto deberá enviarse durante el mes de septiembre de 2023 y tratarse en un lapso de 30 días, no pudiendo el Poder Ejecutivo ampliar el Presupuesto por Decreto de Necesidad y Urgencia en ese lapso”, señala este agregado.

Deudas con CAMMESA: Se acordó que las provincias y los municipios serán solidariamente responsables de las deudas que las empresas proveedoras de energía mantengan con la empresa mayorista de distribución. Los distritos tendrán un plazo de seis meses para regularizar dichas deudas, en tanto que la secretaria de Energía establecerá una unidad de medida de valor homogénea vinculada a las transacciones por consumos que asegure el valor del crédito. Si las provincias no cumplir con saldar lo adeudado, el ministerio de Economía podrá retener los fondos comprometidos en los convenios de transferencias presupuestarias, pero sin afectar los fondos que reciban producto de la coparticipación federal.

Presupuesto 2023: nueva jornada de debate en Diputados

Subsidios al Transporte Público: producto de las conversaciones entre el ministro de Economía, Sergio Massa, con los gobernadores del Norte Grande, se acordó el aumento del Fondo de Compensación al Transporte para el Interior de 60.300 a 85.000 millones de pesos como piso.

Prepagas y obras sociales: se plantea un aporte del 15% sobre el total que los trabajadores pagan de diferencial por los planes especiales de salud, que será destinado al fondo de redistribución, que apunta a garantizar las prestaciones básicas en salud para los sectores de menores recursos. Desde la oposición advierten que esto podría acarrear un aumento en la cuota de los afiliados.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados cerró el debate por el presupuesto 2023 y llevará un dictamen al plenario del recinto el próximo martes. Como telón de fondo el Frente de Todos tiene la amenaza de un rechazo kirchnerista a la iniciativa, que contiene pautas de ajuste acordadas con el FMI, mientras que Juntos por el Cambio apoyaría lo que Sergio Massa necesita para que “no se caiga” el acuerdo con el organismo multilateral de crédito.

Los legisladores deben “redactar” el principio de acuerdo verbalizado en la reunión que presidió Carlos Heller. La disposición de parte del oficialismo y de la oposición es que el país no se quede sin ley de leyes, para evitar que haya mayoir discrecionalidad en el gasto desde presidencia.

Heller aceptó que en septiembre, si la inflación a agosto supera el promedio del 60% prometido por Massa, se envíe al Congreso un proyecto de ley complementaria. Además el oficialismo -a través de Marcelo Casaretto- propuso incorporar la obligación de que todos los integrantes del Poder Judicial paguen Ganancias.

Respecto del Fondo de Compensación al Transporte Público del interior, se fijó una suma $85 mil millones de pesos con el aval de Economía, que había previsto $66 mil millones inicialmente, por reclamo de los gobernadores del “Norte Grande” que lidera Jorge Capitanich. Eso y una promesa para monitorear asimetrías.

El proyecto crea un Consejo Federal para la administración de los subsidios, “con el objeto de evaluar el uso y la aplicación de recursos, como así también la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) como medio de percepción de la tarifa para el acceso a la totalidad de los servicios del transporte público”. La cartera de Transporte -administrada desde el AMBA- será quién reglamente el Consejo.

Respecto de Cammesa, Heller explicó que las provincias tendrán que controlar el pago de sus prestadoras al mercado mayorista y tendrán seis meses para regularizar esos compromisos.

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En el inicio, Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) resumió sus discrepancias con el proyecto del Poder Ejecutivo al reprobar el accionar del Banco Central. “Tenemos un diseño institucional que nos lleva a una mega inflación permanente, porque endeudamos a alguien que no tiene recursos propios, que lo único que hace es emitir dinero y sería un milagro que funcionara de otra manera”, fustigó para luego criticar que “este diseño institucional es nocivo para el crecimiento del país, la desigualdad, la pobreza y un estigma para el crecimiento”.

Al rechazar “técnicamente” el proyecto, López Murphy consideró “equivocado el programa macroeconómico que subyace a este presupuesto, no sólo por su impacto inflacionario, sino por el impacto macroeconómico para el empleo y el crecimiento”. Al respecto, puntualizó que “Argentina va a crecer cuando el eje sean las importaciones y la inversión y no la deuda neta que crece espectacularmente en este esquema”.

Luego, Héctor Bárbaro (FdT) hizo hincapié en la importancia del sector tabacalero para el país. “El 83% del tabaco que se produce en la Argentina se exporta, es un producto que tiene un procesamiento y tiene retenciones. También movemos la industria local porque compramos todo lo que se necesita para producir el tabaco”, detalló.

Así será el debate del Presupuesto 2023 en Diputados

Romina Del Plá (PO/FIT – Unidad) ratificó que “vamos a rechazar” el proyecto y, además, “denunciar que sigue habiendo cortes notorios en distintas áreas para que les cierre las cuentas”. En ese sentido, manifestó que “tenemos una divergencia de fondo” en relación a las bases económicas del presupuesto, que se evidencia, entre otras cuestiones, por estar orientado “integralmente a garantizar el acuerdo con los acreedores internacionales, especialmente con el FMI”.

“Estamos frente a un presupuesto que ratifica una política confiscatoria y de ayuste para la mayoría de los trabajadores”, sostuvo. Y, prosiguió: “La mayoría de lo que se vota son subsidios a distintos sectores patronales”, sentenció.

En tanto, Martín Tetaz (Evolución Radical) hizo referencia a modificaciones que sugiere a ciertos artículos del proyecto. Por ejemplo, entre otros, pidió que el artículo 9 diga “claramente que cualquier gasto por encima de la autorización que vamos a hacer en esta ley tiene que venir al Congreso y no como DNU”. “El segundo punto tiene que ver con lo que hemos denominado desde la oposición el ´plan bomba´ de adelantar ingresos que le corresponde al año siguiente y disponer de esos ingresos”, dijo.

Massa presentó el Presupuesto 2023: pidió un acuerdo político para sancionarlo

“El tercer punto es sobre el artículo 72 de blanqueo que es un premio para los que no cumplen, que debe incluir un premio para los contribuyentes cumplidores, que la clase media pueda deducir hasta 50 mil pesos por mes de gastos educativos en el impuesto a las ganancias”, ejemplificó al tiempo que añadió: “El último punto es en el articulo 96 vinculada a la facultad extraordinaria para establecer retenciones que son un pésimo impuesto”, ilustró al pedir un compromiso por parte del gobierno para empezar a “discutir un sendero para la reducción de las retenciones y de todos los impuestos a las exportaciones”.

Sobre el cierre de la reunión, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, anunció que el jueves a las 10 de la mañana se retomará la discusión del proyecto de Presupuesto 2023, con el objetivo de avanzar en la firma de los dictámenes.

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