Oficialismo dictaminó la llamada Ley Hojarasca, un dictamen exprés en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados este martes que busca la derogación de normas consideradas obsoletas; la iniciativa fue defendida por funcionarios del equipo de Federico Sturzenegger como un ordenamiento jurídico para dar certeza a ciudadanos y administración pública.

El dictamen de mayoría contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el Pro y la Unión Cívica Radical, y sumó las firmas de los misioneros Daniel Vancsik y Alberto Arrúa de Innovación Federal; por su parte, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría firmado por los 23 vocales presentes y el interbloque Unidos aportó otro dictamen con cuatro firmas.

En la redacción original enviada por el Poder Ejecutivo se realizaron modificaciones: La Libertad Avanza aceptó excluir de la lista la Ley 11.380 tras reclamos en la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG, y quedó sin efecto la derogación prevista de la Ley 20.959, que otorga la credencial o oblea de libre circulación a los legisladores nacionales.

Alejandro Cacace, secretario de Desregulación y exdiputado radical por San Luis, afirmó que la iniciativa es “una necesidad para la certeza de los ciudadanos y qué normas les rige” y señaló que, según su criterio, existe una inflación legislativa y un millón de normas entre decretos, leyes y DNU; además explicó que quedaron miles de leyes en un limbo tras marcos anteriores.

La propuesta de derogación apuntó a más de 70 normas consideradas obsoletas, con una lista de artículos y decretos que el oficialismo dictaminó revisar; entre las modificaciones se excluyó la Ley 11.380 tras gestiones sectoriales y se preservó la Ley 20.959 para mantener la credencial oblea de circulación destinada a legisladores.

Alejandro Cacace, Secretario de Desregulación. Foto: HCDN.

Además, el dictamen oficialista estableció que no se avanzará con la eliminación de la financiación de los Círculos de Legisladores y que sobre la Federación Argentina de Municipios se realizarán cambios de menor índole en la redacción, según constancias del plenario.

Fuentes del proceso indicaron que el proyecto estructura categorías para clasificar normas obsoletas y que la preservación de ciertas normas respondió a reclamos puntuales presentados en comisiones especializadas.

El plenario contó con la defensa pública de funcionarios del Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado y con la intervención del secretario Alejandro Cacace, quien comparó la iniciativa con digestos jurídicos anteriores y sostuvo que ordenar el sistema jurídico permitirá clarificar qué normas están vigentes.

Maximiliano Matías Fariña, Secretario de la Transformación del Estado y Función Pública. Foto: HCDN.

La comisión de Legislación General, presidida por Santiago Santurio, designó al radical Diógenes González como vicepresidente 2° y a Lucía Cámpora como secretaria 2°; la comisión de Asuntos Constitucionales, a cargo de Nicolás Mayoraz, fijó a Graciela Parola en la vicepresidencia 2°, según actas del plenario.

El secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, explicó que el proyecto establece seis categorías y señaló que la primera sustituye marcos viejos por leyes nuevas para reducir conflictos y confusión normativa.

En el cierre del debate técnico, los impulsores defendieron el dictamen oficialista como un mecanismo de simplificación normativa dirigido a ciudadanos, poderes públicos y órganos de la administración.

Como contexto sectorial, en documentos asociados al tema también figuran referencias a precios y modalidades digitales de acceso a información pública y condiciones de usuario en plataformas vinculadas a AGEA; esos textos detallan precios promocionales, planes digital anual y mensual, y condiciones de facturación y cancelación que afectan el acceso digital a contenidos.

Dos comisiones quedaron conformadas antes de que termine diciembre de 2025 en la Cámara de Diputados de la Nación: la de Presupuesto y Hacienda que quedó a cargo de Bertie Benegas Lynch (LLA) y la de Legislación Penal, a cargo de Laura Rodríguez Machado (LLA-Córdoba).

Con la nueva integración de las dos cámaras legislativas tras las elecciones del 26 de octubre, corresponde barajar y dar de nuevo aunque respetando las mayorías y minorías políticas. Este dato fue clave en la discusión que acompañó la agenda de la Cámara baja de este martes, que arrancó a las 10 de la mañana y se extendió hasta más allá de las 16.

No es para menos, se trata de comisiones centrales que tendrán a su cargo la discusión de los temas que envió el gobierno para su tratamiento en extraordinarias.

Desde este martes, otra libertaria estará a cargo de una comisión clave: se trata de Gabriela Flores (Salta) quien presidirá Familias, Niñez y Juventudes, una de las que deberá evaluar el proyecto de Ley Penal Juvenil que, entre otros aspectos centrales, dispone una baja en la edad de imputabilidad que quedaría en 14 años. Mientras que la vicepresidencia estará en manos de UxP que dejó en reserva el nombre de quien ocupará ese lugar, al igual que otros lugares del grupo que fijó como día de reunión los martes a las 16.

A las 11 fue el turno de Justicia que quedó a cargo de Álvaro Martínez, también de LLA (Mendoza), legislador que va por su segundo mandato en la Cámara baja.

El cambio de signo político en la conducción de algunas comisiones y la preeminencia del oficialismo en las presidencias (Familia estaba a cargo de la radical santacruceña Roxana Reyes) fueron algunos reclamos de Unión por la Patria, principal oposición en la Cámara baja. “Sobre 46 comisiones permanentes unicamerales de Diputados solamente intentan presidirla el oficialismo y sus aliados”, alertó el rosarino Germán Martínez quien consideró que los nombres fueron notificados, no consensuados.

Legislación de Trabajo, que recibirá, si se logra, la media sanción de la Reforma Laboral del Senado quedó a cargo del libertario Lisandro Almirón (Corrientes). Foto: HCDN.

Es más, Paula Penacca (UxP) reclamó una “representación genuina de quienes integramos las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados”, pero además preguntó cuándo se iba a tratar en plenario el proyecto de Ley Penal Juvenil que será llevado al recinto de sesiones el jueves próximo desde las 11.

El santafesino Nicolás Mayoraz (LLA) fue ratificado para presidir la comisión de Asuntos Constitucionales, tal como lo hizo en 2024 y 2025. La vicepresidencia primera estará a cargo de UxP (que, como en el resto, hizo reserva del nombre) y será vicepresidente segundo el correntino Diógenes González (UCR).

Legislación de Trabajo, que recibirá, si se logra, la media sanción de la Reforma Laboral del Senado quedó a cargo del libertario Lisandro Almirón (Corrientes). Sobre lo cual, una vez más, Penacca reclamó “una construcción de consensos” para que estas comisiones estratégicas puedan ser conducidas por diputadas y diputados de otros bloques. A UxP le corresponde la vicepresidencia primera.

Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que seguramente debatirá la ley de Glaciares, también pedida para extraordinarias estará al frente del sanjuanino José Peluc. El bloque oficialista hizo reserva del nombre para la Vicepresidencia segunda. La Secretaría 1° quedó para el diputado entrerriano Darío Schneider de la Unión Cívica Radical; la Secretaría 2° fue reservada para el interbloque Unidos.

Juliana Santillan preside la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que tiene en agenda el acuerdo UE-Mercosur. Foto: HCDN.

Relaciones Exteriores y Culto, que tiene en agenda el acuerdo UE-Mercosur, es presidida desde este martes por la libertaria Juliana Santillán quien al asumir la conducción sostuvo: "Hay un contexto internacional complejo, atravesado por tensiones geopolíticas, conflictos armados, transformaciones económicas y sobre todo una profunda redefinición del comercio global. En ese escenario, la Argentina enfrenta desafíos que son muy importantes, pero también una oportunidad que es histórica: volver a integrarse al mundo con previsibilidad, reglas claras y una visión estratégica de largo plazo, alguna vez".

Precisamente, la última elección de autoridades fue para la comisión de Mercosur que UxP reclamaba para su bancada, pero que finalmente quedó a cargo del diputado ex PRO y actual LLA Damián Arabia. En tanto, UxP hizo reserva de la vicepresidencia primera y la secretaria tercera. Por su parte, en la vicepresidencia segunda quedó la misionera Yamila Ruiz, de Innovación Federal; en la secretaría primera el también misionero Emmanuel Bianchetti, del Pro; mientras que la secretaría segunda para el interbloque Unidos quedó en reserva.

Luego de las vinculadas a la gestión de la pandemia, el trámite del pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue la única medida del presidente Alberto Fernández que tuvo una vigencia tan extendida en el tiempo. Presentó el pedido en los primeros días de enero, en disconformidad con la cautelar a favor de CABA dispuesta por los magistrados en el marco de la disputa por la coparticipación. Y añadió también otro fallo de alto impacto: el que descartó la reformulación del Consejo de la Magistratura realizada durante la gestión kirchnerista a instancias de Cristina Fernández, y se volvió a la ley original, con más equilibrio entre sectores, sin poder de veto para el oficialismo y con el presidente de la Corte como titular del organismo. En el afán de dar sustento a la acusación de "mal desempeño", luego se agregó también la sentencia que concedió el beneficio del 2x1 en el cómputo de prisión preventiva a represores, completando así una plataforma apoyada fundamentalmente en el desacuerdo con tres fallos del Alto Tribunal. Y que dio lugar a la circulación de datos, versiones, chats y reproducciones de escuchas de distinto tenor; la mayoría de ellas asociada a tareas de inteligencia de dudosa o inexistente legalidad.

El pedido de Fernández recibió el apoyo de solamente algunos de los gobernadores peronistas a los que le fue requerido, y no tuvo inicialmente respaldo (ni reconocimiento) de Cristina Fernández, ni de La Cámpora. Sin embargo, fue este sector el que, a lo largo de todo el año y con un ritmo de trabajo sin parangón en el ámbito parlamentario, llevó adelante maratónicas sesiones en las que se sucedieron discursos y debates encendidos, búsqueda y acumulación de datos sobre supuestas conductas irregulares de los magistrados y otros miembros del Poder Judicial (en muchos casos sobre temas distintos a los planteados originalmente), citaciones y comparecencias de testigos que sumaron información o simples pareceres concordantes con el discurso oficialista, o se sometieron a interrogatorios tensos y muchas veces hostiles.

El cronograma de trabajo de la comisión que, chicanas al margen, se cumplió a rajatabla y con remarcable dedicación, preveía como fecha tope la emisión del dictamen (o de los dictámenes, ya que se descuentan posiciones enfrentadas y predefinidas) en el curso de la próxima semana. La coincidencia de esa instancia con el tramo final de la campaña, y la advertencia por parte de la oposición de que la cuestión ofrecía un flanco por donde atacar a Sergio Massa asociándolo a las prácticas del kirchnerismo en materia judicial, llevó a instalar el tema en el debate público y a pronunciamientos del candidato sobre la inconveniencia de "juzgar a jueces" en pleno proceso electoral. Quedó pendiente, en todo caso, una definición suya sobre el fondo de la cuestión, que para muchos involucra un posicionamiento mucho más componedor con el Alto Tribunal. El dictamen, en tanto, tiene una nueva fecha tope después del balotaje, por efecto de la extensión del período ordinario de sesiones. No llegará a ser tratado por la Cámara con su actual composición, pero estará listo para su eventual consideración futura.

A ese respecto, y más allá de que se da por hecho la aprobación del dictamen acusatorio por la mayoría kirchnerista de la comisión, es difícil pensar en un escenario en que esa postura obtenga dos tercios de los votos de los miembros de la Cámara, como para llevar adelante el proceso tendiente a la destitución de los jueces de la Corte, con el Senado como cuerpo juzgador. A la vez, resulta aventurado establecer cómo quedarán definidos los bloques, en orden tanto a la implosión de Juntos por el Cambio como a la temida "fuga" de legisladores que teme el mileísmo y a los consabidos reagrupamientos del justicialismo en función del resultado electoral y el balance de fuerzas internas.

Por lo pronto, el episodio sirvió también para que los integrantes de Juntos por el Cambio de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica dieron una muestra de unidad, acotada estrictamente a la condena de la actuación del oficialismo con respecto a este tema, y exigir explicaciones e incluso pedir el desafuero de Rodolfo Tailhade, una de las más duras espadas del kirchnerismo contra la Corte, ahora involucrado en la investigación sobre espionaje a los propios miembros del Máximo Tribunal, junto a otros magistrados, políticos, empresarios y periodistas. Un escándalo que, entre otros, tuvo el efecto de potenciar la repercusión de un debate que el kirchnerismo mantuvo en primer plano durante todo el año, pero que en este momento resulta inconveniente para la estrategia electoral de Unión por la Patria. Y un cimbronazo que, a la vez y más allá de que el diputado implicado lo haya catalogado como una "operación" alentada por el propio Horacio Rosatti a tal efecto, inevitablmente sacude las bases mismas de todo el proceso.

El diputado nacional de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade se desvinculó del escándalo de espionaje y afirmó que no conoce al agente inorgánico Ariel Zanchetta, al tiempo que denunció que se trata de "una operación para descalificar el juicio político" a los integrantes de la Corte Suprema.

"Hace 17 días hice una presentación ante el Juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, cuando trascendió que mi contacto estaba en el teléfono de esta persona detenida: pedí que me convocaran si consideraban que tenía que explicar algo", sostuvo el dirigente kirchnerista.

En entrevistas televisivas y radiales que brindó luego de que se lo vinculara con Zanchetta, el legislador oficialista explicó: "Tuve tres intercambios con esta persona, a quien no conozco, no tengo la menor idea de quién es, nunca le pedí información y mucho menos le compré información. Solamente tuve un contacto cuando un compañero me dijo que lo atendiera, que era un periodista de Junín". Y lanzó: "No era muy serio el muchacho, así que no le di bola".

Al ser consultado sobre esos intercambios que mantuvo, Tailhade comentó que Zanchetta primero le escribió para ofrecerle el listado de causas en las que está involucrada la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió; luego para decirle que tenía "algo interesante" sobre el senador nacional de Juntos por el Cambio Luis Juez; y finalmente, en diciembre de 2022, para pasarle el link en el que se habían subido los chats del escándalo del viaje de miembros de la Justicia, funcionarios porteños y directivos mediáticos a Lago Escondido.

El diputado nacional apuntó contra la Corte Suprema y afirmó que "lo que están haciendo es una operación, que fue armada por Horacio Rosatti y Silvio Robles".

"Esto no tiene un objetivo contra mí, para meterme preso, sino para descalificar el juicio político" a los integrantes de la Corte Suprema, consideró. Y añadió: "Nos apretaron y extorsionaron para que dejáramos el juicio político".

Asimismo, el dirigente kirchnerista negó estar vinculado con el mundo del espionaje ilegal: "No tengo absoluta nada que ver con ninguna cuestión que esté en el límite de la democracia. Me dedico a laburar, a investigar, a juntar información, a combatir las mafias. No tengo ninguna ilegalidad en mi vida. Los que sí espiaron son los macristas".

Emerio Agretti

La formalidad que iba a presidir la primera reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, como arranque puramente reglamentario del procedimiento para destituir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, no tardó en ser arrasada por la virulencia del discurso político, que no se privó ni siquiera de revisar la historia institucional del Poder Judicial y del gobierno de Juan Domingo Perón.

Pero más allá del encuadre conceptual de este procedimiento (el legítimo ejercicio de una facultad constitucional para el oficialismo, el montaje de un “circo” con otros fines para la oposición), la presencia de Juntos por el Cambio en el recinto, una vez garantizado el quórum por los partidarios del gobierno, sirvió para definir las primeras escaramuzas de lo que ya quedó definido como un enfrentamiento encarnizado, y también para anticipar el cronograma de las que se vienen.

Ese cronograma fue leído por la presidenta de la Comisión, Carolina Gaillard, que dirigió la reunión en el anexo del Congreso con una corrección que no tardaría en ser desafiada por el tenor del debate. “Voy a garantizar que esta comisión se ajuste en su funcionamiento a lo que establece la Constitución Nacional, el reglamento de esta cámara y el reglamento interno específico de esta comisión”, avisó, en un intento de transmitir tranquilidad o acaso formular una advertencia.

En ese registro, dejó sentado que la próxima reunión será el 2 de febrero y en ella se escuchará a los autores de los 14 proyectos, entre los que hay diputados, la senadora Juliana Di Tullio -jefa de Unidad Ciudadana-, la Asociación Argentina de Juristas, la Asociación Civil Exigir y cinco particulares. En tanto, el 9 de febrero es la fecha en que se analizará el informe de admisibilidad para ver si con las pruebas presentadas es factible avanzar con el proceso.

Por lo demás, la reunión sirvió para dejar establecidas confrontaciones conceptuales de fondo, que sin duda atravesarán todo el trámite, y también para definir o preanunciar otras, vinculadas sobre todo a lo reglamentario. A saber:

ADMISIBILIDAD: El vice de la comisión, Juan López (Coalición Cívica) propuso citar a asociaciones de magistrados y académicos antes de abrir los procesos contra los jueces, dado que “las últimas causales que han entrado de diciembre a enero son manifiestamente inadmisibles”. “Las citaciones están reguladas en la etapa de prueba”, intervino el jefe del oficialismo Germán Martínez, rechazando esta instancia previa.

Martínez también rechazó una oferta de Álvaro González para que una subcomisión sea la que defina si avanzan los juicios políticos. “Hay malos antecedentes: en 2002 se intentó y nunca se reunieron. Preferimos que el pleno sea el que defina la admisibilidad”, se negó el jefe de bloque.

CITACIÓN A TESTIGOS: Más allá de los 35 invitados que ya definió el oficialismo, la oposición contraatacó proponiendo sumar al ministro de Economía, Sergio Massa, debido a su rol de líder del Frente Renovador, una de las tres patas que integra la coalición oficialista. También al ministro del Interior, Wado de Pedro, como partícipe de las negociaciones para intentar un acuerdo en el caso de la coparticipación de CABA. En tanto, Gaillard confirmó, ante una consulta de Graciela Ocaña, que los gobernadores que apoyaron el pedido estarán invitados.

COMPARECENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA CORTE: La oposición considera que es una facultad de los denunciados, que está al margen de la voluntad política del bloque oficialista. El artículo 13 del reglamento de la Comisión de Juicio Político dispone que “se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la comisión sobre los cargos formulados”, y además puede hacerlo por escrito. No obstante, el pedido firmado por Alberto Fernández establece que “sin perjuicio de la facultad contemplada” por ese artículo, “solicitamos se cite a la Comisión de Juicio Político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Otra de las batallas que se vienen, una vez dispuesta la admisibilidad y abierto el período de pruebas.

USO DE “CHATS” ILEGALES: Uno de los ejes del oficialismo para fundar el “mal desempeño” son los supuestos vínculos con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y su incidencia en el fallo sobre la coparticipación de CABA. Y se apoya para ello en los chats que se filtraron entre Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte, y funcionarios del gobierno porteño, declarados inadmisibles como prueba por la Justicia, pero que al entender del Frente de Todos eso no impide que sean tomados en cuenta en el debate político.

Juntos por el Cambio, apoyados en la doctrina del fruto del árbol venenoso, rechazará que se utilicen como esos chats como evidencia. El diputado Fabio Quetglas se refirió expresamente a este punto: “Acá tenemos dos caminos. O no lo tomamos en cuenta porque se trata de prueba ilegal, o si lo tomamos en cuenta somos cómplices de una situación institucional muy delicada, porque esto tiene la misma naturaleza que una confesión obtenida bajo tormento”.

“Entonces, una cosa es que se filtre y vaya a los medios de comunicación, cosa que me repugna absolutamente, y otra cosa es que el Parlamento argentino a esto le dé un tratamiento. Por dos motivos también de naturaleza ética. Porque estamos avalando una actividad prohibida y porque estamos generando incentivos para que se siga haciendo”, remató.

EL JUICIO POLÍTICO: El debate estuvo atravesado por una cuestión que sin duda estará presente en cada una de las instancias, y es la naturaleza del proceso abierto, en atención a los objetivos del oficialismo. Esta discusión fue abierta formalmente por el mendocino Omar de Marchi, que lo cifró en “una puesta en escena que nos ofrece el presidente, porque es el principal impulsor mediático de este circo que montan a diario, tiene principalmente dos objetivos” que son “no hablar de los problemas importantes del país” y la intención del Gobierno “con intervenir, con meterse, con manipular la agenda judicial”. Germán Martínez, que fue el último orador, aseguró (respondiendo a distintas consideraciones efectuadas a lo largo de la reunión) que desde su espacio “no nos victimizamos nunca” y “si estamos acá es porque hay tres poderes y nosotros queremos ejercer las competencias que la Constitución nos da”. “Nosotros no venimos a ensuciar a nadie”, aseveró y afirmó que no hay “ningún intento de avanzar contra nada”, al tiempo que “lo electoral no tiene nada que ver”.

Néstor lo hizo

La última vez que el Congreso destituyó a funcionarios mediante juicio político fue cuando se inició el cambio de la Corte Suprema en el comienzo de la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), que impulsó el juicio político de 5 de los 9 jueces del máximo tribunal que había conformado Carlos Menem: Julio Nazareno, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O’Connor y Antonio Boggiano. De ellos, solamente los 2 últimos fueron destituidos. Como se marcó ahora en el debate, una de las diferencias principales fue que entonces había consenso político para avanzar en ese sentido.

EL LADO OSCURO: “Si se preocupan por la inflación, la Suprema Corte también es parte de este problema, porque no le ha permitido al Poder Ejecutivo llevar adelante la posibilidad de que los servicios de comunicación e Internet sean públicos y permitan los aumentos desmedidos de un servicio que hoy es vital. ¿Ustedes se creen que este Poder Judicial les va a responder en algún momento? Es al revés, no sean empleados de un poder oscuro” (Marisa Uceda, FdT).

¿QUE MÁS QUERÉS?: “En mayo de 2019, la Corte tomó recursos en la causa Vialidad y ahí se generó una situación de tensión que venía existiendo pero que se consolidó” porque “la Corte tomó los recursos pero no frenó el juicio por el que fue condenada el año pasado la vicepresidenta”. “En tres años, (la Corte) solo les saca dos fallos adversos y prudentes, yo no sé qué quieren. Quieren el sometimiento total del Poder Judicial a su voluntad y eso no corresponde con el sistema democrático y constitucional, por eso ustedes atacan a la Corte” (Juan López, JxC).

NO TE TENEMOS MIEDO: “No me parece empezar por señalar que los que pensamos distinto podemos ser empleados de poderes oscuros. Dijiste que yo pienso que el juicio político no va a avanzar porque le tengo miedo a un medio de comunicación y que hago política con miedo. No. Es humildemente una opinión. No le tengo miedo a ningún medio de comunicación y tampoco te tengo miedo a vos, Tailhade (en alusión al diputado kirchnerista”. (Alejandro “Topo” Rodríguez, Identidad Bonaerense).

LOS INTOCABLES: “Las decisiones políticas generan alineamientos, no es que nosotros busquemos alimentar la grieta, no es culpa nuestra que se hayan alineado para defender su Corte porque esta no es la Corte de todos los argentinos, esta Corte tiene dueño y son los 500 empresarios que han obtenido fallos favorables y los medios hegemónicos que quedaron desnudos con la ‘Banda de Lago Escondido’. Hay que erradicar del país la mafia del Poder Judicial” (Leopoldo Moreau, FdT).

SUEÑOS COMPARTIDOS: “Con el Poder Ejecutivo en sus manos, con el Congreso paralizado por ustedes mismos y con la Justicia deslegitimada, el kirchnerismo estaría en condiciones de convertirse en la autocracia que siempre soñaron” (Alejandro Finocchiaro, JxC).

La diputada nacional del Frente de Todos (FdT) y miembro del Consejo de la Magistratura Vanesa Siley consideró que el trabajo de los legisladores oficialistas en la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja “estuvo sólido y coordinado”.

“Nuestro bloque estuvo sólido, coordinado. Ellos -por Juntos por el Cambio (JxC)- asistieron a la comisión y de esta forma legitimaron estas denuncias. El objetivo que seguimos en este proceso es preservar a la institución de sus funcionarios”, señaló Siley en declaraciones formuladas a la radio AM750.

La legisladora afirmó que la Comisión tendrá que analizar 14 denuncias que se presentaron contra los magistrados que integran el máximo tribunal (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) y debe analizar la conducta de los jueces “en unos 60 hechos”.

“Cada uno hizo un debate político y está bien que eso suceda. En definitiva, de eso se trata en un juicio político. Una vez que las denuncias son admitidas, algo que sucederá el próximo 9 de febrero en la Comisión, se analizan los hechos atribuidos a diferentes personas, explicó la legisladora.

En ese sentido, indicó que “hay distintas etapas, en las cuales la Comisión hace un proceso de investigación y para impulsarlo se requiere una mayoría simple de 16 miembros, y el FDT los tiene”.

“Luego empieza la investigación, hay que llamar a testigos, y todo será público. Tendremos que sacar más adelante un dictamen acusatorio y para eso también se necesita una mayoría simple”, fundamentó Siley.

Y en ese sentido, agregó: “Si bien se requiere dos tercios para que el proyecto de juicio político sea aprobado para ser tratado en recinto, la vigencia del dictamen dura tres años. Con lo cual puede ser tratado en el 2023, 2024 o 2025 en la Cámara de Diputados de la Nación”, aseguró.

La diputada le bajó el tono además a un cruce que mantuvo con el legislador de Juntos por el Cambio (Mario Negri), a quien tildó de “machirulo” porque la interrumpía “constantemente” durante su intervención en el debate de la Comisión.

“Lo de Negri fue un detalle. Me interrumpía como interrumpe a todo el mundo y justo lo hacía cuando yo hablaba de la designación de dos jueces por decreto, pero lo importante fue la reunión en sí misma”, puntualizó.

Por unanimidad, aunque con diferentes argumentos, la Cámara de Diputados resolvió crear ‘la comisión para el seguimiento sobre espionaje ilegal y desempeño de la función pública del Ministerio de Seguridad durante la gestión 2019 – 2021 a cargo del ex ministro Marcelo Sain”. Fue a instancias de Ximena Sola (Pro – Juntos por el Cambio) quien sería designada presidenta de ese cuerpo en la próxima sesión y en dicha comisión habrá un representante de cada bloque. Se especifica que el objetivo de la comisión “es el seguimiento de las causas y hechos en relación a la actuación del Ministerio de Seguridad en la gestión a cargo del ex ministro Marcelo Saín con la finalidad de elaborar informes bimestrales detallando el curso de la de las acciones llevadas a cabo y remitiendo el mismo a la Cámara, realizando las denuncias correspondientes ante la justicia y/u organismos competentes producto de los resultados arrojados por el desarrollo de su labor”.

Entre las funciones asignadas está la “de recabar todos los datos que estén a su alcance sin entorpecer las investigaciones que se estén llevando adelante por parte de la justicia; elaborar y publicar los informes bimestrales así como elaborar y promover mecanismos de control para evitar que en un futuro suceda algo similar a lo investigado convocando expertos en la materia. El plazo de duración fue establecido en 360 días.

La decisión de avanzar con la creación de la Comisión fue resuelta en la comisión de Labor Parlamentaria que recibió al secretario de Gobierno, Oscar Urruty, quien fue a invitar a las autoridades de la Cámara y a los jefes de bloque a una reunión con la ministra de Gobierno, Celia Arena, y el Fiscal de Estado, Rubén Weder, para el 18 de octubre a los fines de analizar la marcha del concurso para elegir autoridades del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio de la Defensa. En los hechos, la presencia de Urruty evitó la interpelación a la ministra Arena que proponía el bloque UCR Evolución y que iba a pedir el tratamiento sobre tablas. Dos semanas atrás la oposición dio una conferencia de prensa advirtiendo sobre algunas irregularidades en la designación de jurados de ese concurso. “Nos quedamos cortos en las apreciaciones que hicimos en ese momento” subrayó el radical Fabián Bastia al señalar que las escuchas que se conocieron luego hablan de cosas gravísimas ocurridas y que se infieren de algunas de los audios que han trascendido. Este jueves volvió a reclamar que se garantice la transparencia del concurso, no sin antes señalar que Sain no pudo haber realizado la tarea de espiar a dirigentes, empresarios y periodistas sin el apoyo de otras autoridades del Estado provincial. Su par de bancada, Juan Cruz Cándido abonó la idea de que la comisión debe abocarse “a Sain y afines” en dos durísimos discursos cuestionando el accionar del Estado santafesino.

“Como representantes de los santafesinos, tenemos la responsabilidad de ir a fondo con este caso, al menos desde nuestro lugar, garantizando la independencia del Poder Judicial, en quien confiamos para esclarecer los hechos”, afirmó Sola. “Lamentablemente, Santa Fe tuvo un ministro de Seguridad que se encargó más de estar pendiente de Twitter y de cuestiones ajenas a su función que de gestionar la problemática que hoy nos tiene en vilo a todos. La inseguridad no nació con Sain en nuestra provincia, pero sí es una realidad que la empeoró y, dada la investigación judicial que está en curso, tenemos que saber, lo antes posible, en qué estuvo concentrado el exministro mientras debía estar ocupándose de bajar los índices delictivos y golpeando la puerta de Nación para coordinar esfuerzos o pedir más recursos”, afirmó la legisladora.

El socialista Joaquín Blanco dio el respaldo de su bloque y cuestionó el silencio de Perotti sobre el tema en los quince días en que se vienen conociendo audios. No fueron ajenos a exponer argumentos Nicolás Mayoraz (Vida y Familia), Sebastián Julierac (CC), Juan Argañaraz (Vida y Familia), Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), Rubén Giustiniani (Igualdad), Walter Ghione (Uno) y Alejandro Boscarol (UCR – Juntos por el Cambio) quien advirtió que se está ante una caja de Pandora. Desde el oficialismo fue Cesira Arcando (Fe) quien reclamó prudencia y entendió que los audios conocidos tienen poca relevancia para la causa. “No soy defensora pero tampoco ingenua” para señalar que la oposición intentará instalar una serie en capítulos sobre este tema.

Sobre el final, Bastia pretendió agregar otros elementos al artículo central del proyecto, el justicialista Ricardo Olivera dijo que ellos iban a votar lo acordado en Parlamentaria y el resto del cuerpo asintió.

Fuera del momento de las manifestaciones y desde su banca, este jueves el senador Armando Traferri (PJ- NES-San Lorenzo) expresó su opinión sobre la creación de una Comisión de seguimiento de escuchas en la Cámara de Diputados y sostuvo que el Senado debería hacer lo mismo, a propósito de las investigaciones sobre espionaje ilegal que afectan a la gestión del ex ministro de seguridad y ex titular del organismo de investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, Marcelo Sain.

En tono de fuerte reproche, Traferri recordó qué muchos de los diputados que han votado por la creación de esa instancia no creyeron en sus denuncias de dos años atrás cuando fue “el primero en advertir” lo que ocurría en esa cartera. Traferri también lamento que la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa hubiera pasado al archivo sus acusaciones contra los fiscales que pidieron su desafuero en 2021. Y afirmó que “hubo una pata judicial que es tolero los graves hechos institucionales que sacuden a Santa Fe”, afirmó.

El ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, y la secretaría de coordinación técnica y administración financiera del ministerio de Seguridad, Ana Morel, fueron citados a interpelación por la Cámara de Diputados a instancias de la bancada socialista que ingresó el proyecto con la firma de Lionella Cattalini y Joaquín Blanco.

Antes, hubo fuertes críticas de los tres integrantes de la bicameral de seguimiento de la emergencia en seguridad -Cattalini, Juan Cruz Cándido y Ximena Sola- sobre la reunión con Rimoldi del miércoles donde se volvió a cuestionar la escasa ejecución del presupuesto asignado a la cartera. También se lamentó la ausencia de Morel en la reunión por lo cual la Cámara usó la facultad constitucional de citarla a interpelación.

Delivery

Con fuertes aplausos desde la barra, un grupo de trabajadores de aplicaciones y de delivery festejaron la media sanción de un proyecto de ley de Oscar Martínez (Frente Renovador) obligando al Estado a dotarlos de GPS o botones antipánico para resguardar la seguridad. “El Estado tiene que hacerse cargo de la seguridad de estos jóvenes que trabajan y no reciben planes ni asistencias” afirmó el legislador.

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto de la Cámara de Diputados retomará este martes el debate del proyecto sobre la implementación de la boleta única de papel, en una reunión informativa que contará con las presencias de especialistas y ex funcionarios.

La de este martes a las 10 será la segunda jornada de tratamiento de este tema con la presencia de invitados, tras el emplazamiento del cuerpo, a instancias de la oposición, durante la sesión del pasado 5 de mayo.

La semana pasada expusieron 20 invitados, de los cuáles 12 se mostraron a favor, mientras que 8 manifestaron sus reparos a la modificación del sistema electoral que se utiliza en el país.

En el debate están sobre la mesa proyectos elaborados por Silvia Lospennato, Pablo Tonelli (PRO-CABA), Emilio Monzó (Encuentro Federal-Buenos Aires), Enrique Estévez (Partido Socialista-Santa Fe) y Alejandro ‘Topo’ Rodríguez (Identidad Bonaerense), como también otros de los exlegisladores Gustavo Menna (UCR) y Jorge Enríquez (PRO), entre otros.

El oficialismo, en tanto, ya anticipó que está en contra del tratamiento del proyecto por tratarse de “un tema que no está en la agenda de la gente”.

De acuerdo al cronograma trazado en el marco del emplazamiento realizado oportunamente en la voz de Silvia Lospennato (PRO), el arco opositor debería conseguir el dictamen en un plenario a realizarse el martes de la semana que viene.