La Cámara de Diputados de Santa Fe volverá a sesionar este jueves con varios proyectos con tratamiento preferencial y solicitudes sobre tablas pero, en la previa, convocó a dos plenarios de comisiones para analizar proyectos que el interbloque de Unidos resolvió acelerar en el tratamiento.

Se trata del mensaje del Poder Ejecutivo titulado "herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública" y, una iniciativa ya votada por el Senado por el cual se regulan los mecanismos de participación ciudadana, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de la democracia directa y promover la intervención activa de la ciudadanía en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas y acciones de gobierno.

Para ambos temas, la Comisión de Asuntos Constitucionales citó a reuniones plenarias este jueves. La primera será con la Comisión de Seguridad Pública para analizar el mensaje del Poder Ejecutivo. Para el segundo tema, el plenario será entre Constitucionales y Derechos y Garantías.

Voceros parlamentarios de Unidos dijeron que habrá nuevas conversaciones entre socialistas y radicales este miércoles sobre ambos temas buscando un texto que sintetice las posturas de los sectores mayoritarios del oficialismo.

Las herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública es un mensaje remitido en mayo último por el Poder Ejecutivo. La propuesta modifica varias leyes vigentes "con el común propósito de dotar de mayores herramientas al Estado en la lucha contra el delito, fortaleciendo la capacidad del sistema de persecución penal frente a fenómenos de criminalidad compleja, organizada y violenta".

Las normas a reformar son el régimen procesal penal, el régimen penitenciario, el sistema de inteligencia y el programa de recompensas, junto con una amplificación de facultades policiales para casos especiales, "ya que los mecanismos tradicionales del proceso penal han evidenciado limitaciones estructurales que impactan negativamente en la prevención del delito, la protección de las víctimas, la eficacia de la investigación penal, la vigencia real del Estado de Derecho", señala el mensaje en sus fundamentos.

El extenso proyecto del Poder Ejecutivo generó discusiones internas en el oficialismo. La comisión de Seguridad Pública presidida por el radical Martín Rosúa empezó el análisis y las consultas con los distintos sectores. La decisión es avanzar en temas que no generen controversias ni en el oficialismo ni en bloques de la oposición. Para mañana se esperan reuniones bilaterales entre socialistas y radicales para pulir el texto.

Es poco probable que el tema llegue al recinto este jueves, pero el objetivo central es tener fecha cierta de tratamiento en el mes de octubre. El proyecto introduce herramientas específicas para supuestos de criminalidad organizada, violencia estructural y situaciones de urgencia operativa.

Uno de los temas que genera mayores dudas es la restitución de la figura de la declaración informativa en sede policial, pensada para los primeros momentos investigativos. Además pretende habilitar el interrogatorio policial en los primeros momentos investigativos y eliminar la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del imputado.

El otro proyecto en cuestión se deriva de la reciente reforma constitucional ya que apunta a regular los mecanismos de participación ciudadana, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de la democracia directa y promover la intervención activa de la ciudadanía en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas y acciones de gobierno.

El proyecto es del senador por La Capital, el socialista Julio Francisco Garibaldi y fue votado por el Senado. Apunta a regular la iniciativa popular; el referéndum; la consulta popular; la revocatoria de mandato; las audiencias públicas; las propuestas ciudadanas; y los desafíos públicos.

Este tema tiene tratamiento preferencial para este jueves y será discutido en plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías. En la Cámara de Diputados se resolvió la discusión de la media sanción del Senado con otros cuatro proyectos propios de integrantes del cuerpo.

Uno de ellos fue presentado por la justicialista Lucila De Ponti y gran parte del justicialismo regulando la participación ciudadana. Otro es de la socialista Lionella Cattalini que reglamenta las audiencias públicas. Se agregaron al tratamiento una iniciativa de la socialista Sofía Masutti para crear el Consejo Provincial de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes. Lo prevé como ámbito institucional permanente de participación ciudadana, consulta y construcción democrática destinado a promover el ejercicio efectivo del derecho de niñas, niños y adolescentes a ser oídos y a participar en los asuntos públicos, políticos, programas y decisiones que impacten en sus vidas y comunidades.

La cuarta propuesta también es socialista y la firma Gisel Mahmud. En este caso crea la Asamblea Provincial de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia.

La Cámara de Diputados reservó con tratamiento preferencial para esta semana ocho proyectos que requieren los respectivos dictámenes de comisiones.

Se destaca el mensaje del Poder Ejecutivo para definir los alcances del proceso Contencioso Administrativo donde, en principio, la decisión de la Cámara es ratificar lo votado oportunamente, por unanimidad, no haciendo lugar a las reformas introducidas por el Senado.

Otro de los temas con preferencia es del socialista Joaquín Blanco estableciendo la creación de la Tarifa de Movilidad Eléctrica de la EPE destinada a la carga de vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

En tanto, del diputado Rosúa, reclamando a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia que remita información y documentación pública vinculada con la causa judicial individualizada en la nota periodística que refiere a una resolución judicial dictada por la jueza de menores María Dolores Aguirre Guarronchena, declarando la nulidad de detención e investigación desarrolladas con intervención del sistema Lince.

Los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados se comprometieron a emitir dictamen el jueves venidero acerca del proyecto que determina el otorgamiento de una pensión “para reparar las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, cometidas en democracia, por las fuerzas de seguridad en el territorio de la provincia de Santa Fe, contra integrantes de la comunidad travesti-trans”.

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El proyecto que lleva la firma de Matilde Bruera (Lealtad Kirchnerista) fue dictaminado ya por tres comisiones: Derechos y Garantías; Género, Mujeres y Diversidad y Presupuesto y Hacienda y fue analizado este miércoles por Asuntos Constitucionales en una de las pocas reuniones de comisiones que hizo la Cámara de Diputados en esta semana atravesada por dos feriados y la campaña electoral. De hecho ninguna de los dos cámaras legislativas fue citada a sesionar.

“La mesa de trabajo travesti trans impulsa el proyecto” admitió Bruera quien con su firma le dio estado parlamentario. Ayer, el presidente de la comisión, Joaquín Blanco (PS) junto a Esteban Lenci (PS), Lucila De Ponti (PJ) y Bruera se reunieron en la delegación Rosario de la Cámara con integrantes del sector. Hubo además presencias virtuales para avanzar en la discusión del proyecto de ley. “Fue muy buena la reunión, terminó con aplausos y el compromiso de que haya dictamen el jueves y llevarlo al recinto esa tarde”, le dijo Bruera a El Litoral.

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“Otórguese una pensión mensual no contributiva, con carácter vitalicio a toda persona travestis-trans que acredite que durante el período comprendido entre el 10 de diciembre de 1983 y el 10 de junio del 2010, haya sufrido privaciones de su libertad en forma sistemática, como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad por motivos de su identidad de género” reza el primer artículo del proyecto. El monto a percibir será el equivalente a la suma de dos veces el haber mínimo de pensión vigente en la provincia.

El beneficio se tramitaría ante la Caja de Pensiones Sociales Ley 5110 y para acceder a la pensión se deberá acreditar domicilio real en la provincia al momento de la privación de libertad.

En el articulado se determina que para los fines de acreditar las detenciones, las personas deberán acompañar al momento de la solicitud, alguna de la siguiente documentación: documento público del que surja las privaciones de libertad, o cualquier documento emanado de organismos estatales que acrediten de manera fehaciente las detenciones alegadas; testimonios sobre las privaciones de libertad, brindados en información sumaria tramitada ante la autoridad judicial competente; datos prontuariales obrantes en la policía de la Provincia de Santa Fe; fondo documental del Archivo General del Servicio Penitenciario; fondo documental del Archivo Provincial de la Memoria; artículos periodísticos debidamente certificados en los que consten las privaciones de libertad; e, historia clínica o informe sobre tratamiento terapéutico recibido, suscripto por profesional interviniente, que dé cuenta de los hechos padecidos.

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También prevé el proyecto que beneficiarios y su grupo familiar primario gozarán de la asistencia médica y psicológica a través de la cobertura médico asistencial integral que brinda el IAPOS, deduciéndose el aporte correspondiente del haber del beneficiario.

Por otra parte, un artículo llamado Derecho a la Verdad dispone que el material probatorio incorporado en sede administrativa por el Estado provincial, como consecuencia de los trámites previstos en la ley, con el debido resguardo de las identidades personales del material, se incorporará al Archivo Provincial de la Memoria de Santa Fe, a los fines de servir a la construcción de una sociedad con identidades diversas y con base en la memoria, la verdad y la justicia.

En los fundamentos del proyecto, Bruera recuerda que en febrero del 2022, integrantes del colectivo travesti-trans empezaron a trabajar el proyecto con el abogado Matías Gómez y constituyeron el espacio al que llamaron Mesa de Trabajo para la reparación histórica para los sobrevivientes pos dictadura. “Se dialogó y se construyó consenso sobre la delimitación de los hechos a reparar y los derechos específicos a garantizar por el Estado provincial”, señaló Bruera.

El proyecto fue elaborado tomando como base la ley provincial 13.298 que repara las detenciones políticas sufridas durante la última dictadura. También se consideró como antecedente, las reparaciones otorgadas en base a dicha ley provincial, a las sobrevivientes travestis-trans que sufrieron detenciones políticas por motivos de su identidad de género durante la dictadura. Citan además leyes nacionales que reparan violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado.

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“Las sobrevivientes travestís trans, a través de sus testimonios y con sus prontuarios policiales como prueba documental, dan cuenta de las detenciones sistemáticas que han sufrido por parte de las fuerzas de seguridad con motivo de su identidad de género, utilizando el Estado el viejo Código de Faltas para la represión y la persecución política de sus cuerpos y sus identidades, penando con arrestos sistemáticos la “ofensa al pudor” , la “prostitución escandalosa” y el travestismo”, remarcó Bruera.

Entre las violencias estatales policiales se menciona detenciones ilegales, violaciones, violencia sexual, torturas, tratos humillantes, discriminaciones, que afectaron gravemente el desarrollo de su vida diaria, implicando la prohibición de habitar el espacio público, padeciendo sistemáticos actos de disciplinamiento y normalización. “Como consecuencia de la represión, le fueron negados derechos fundamentales, como la educación, la libertad de expresión, el trabajo, las relaciones familiares, en suma, le negaron el desarrollo de una vida digna, prohibiendo la ocupación el espacio público y el ejercicio de sus identidades”, afirmó Bruera.

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reunió ayer y reeligió al socialista Nicolás Aimar como presidente para lo que resta del período ordinario. En tanto, Nicolás Mayoraz (Somos Vida y Familia) será el vicepresidente. A esta comisión le compete dictaminar en las causas de responsabilidad que se intenten contra los funcionarios políticos, sometidos a juicio político por la Constitución y en quejas y/o denuncias que contra ellos se presenten en la Cámara.

En caso de sancionarse esta ley sobre pensiones para travestis y trans será otro sector que se sumará a la Caja de Pensiones Sociales Ley 5110 puesta en marcha para las personas con carencias materiales. En los últimos años, sucesivas leyes fueron incorporando a esa caja a los beneficiarios de pensiones como ex presos por razones políticas (ley N° 13298), madres de víctimas del terrorismo de Estado (ley N° 13330) y ex combatientes de Malvinas.