Por Gustavo Capeletti

La Legislatura de Santa Fe se reunirá este jueves 12 de marzo para definir la situación del fiscal adjunto Leandro Benegas, de la Cuarta Circunscripción Judicial (Vera), imputado por la justicia provincial por abuso sexual con acceso carnal y promoción de la corrupción de menores en perjuicio de una menor.

Ambas cámaras debatirán el dictamen de la Comisión de Acuerdos, que propone su suspensión preventiva.

Según publicó en su edición digital del lunes este medio -nota firmada por el periodista Luis Rodrigo-, una sesión conjunta de ambas cámaras legislativas definirá el próximo jueves 12 de marzo, a las 13 horas, si se aprueba o rechaza una medida disciplinaria contra el fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación de la 4ta Circunscripción Judicial, Leandro Darío Benegas.

La Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, integrada por ocho diputados y cuatro senadores provinciales, elevó a ambos cuerpos legislativos una propuesta de «suspensión preventiva» para Benegas.

El funcionario judicial ha sido imputado por la justicia como «autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, en concurso ideal con promoción de la corrupción de menores, agravada por intimidación o coerción, en perjuicio de una menor de edad».

El procedimiento legislativo exige que cada cámara sesione con su propio quórum para votar por separado los dictámenes de la Comisión de Acuerdos. No obstante, en el caso de Benegas, se prevé un pronunciamiento unificado de la bicameral, que recomienda la medida disciplinaria sin reducción de su sueldo.

Consultado sobre la inminente sesión de la Legislatura de la Provincia de Santa Fe convocada para tratar su posible suspensión preventiva, el fiscal adjunto Leandro Darío Benegas se refirió a la situación y pidió «prudencia institucional».

Benegas sostuvo que avanzar con una medida disciplinaria en este momento podría tener «consecuencias institucionales serias«, teniendo en cuenta recientes decisiones judiciales en la causa.

“Resulta imprescindible advertir sobre la gravedad institucional que implicaría adoptar una medida disciplinaria en el actual estado del proceso judicial”, manifestó.

En ese sentido, recordó que la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Vera resolvió apartar a la jueza que intervenía en la causa, al considerar que existían cuestionamientos vinculados a la imparcialidad y al debido proceso.

“La reciente decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Vera de apartar a la jueza que intervenía en la causa por falta de imparcialidad y afectación del debido proceso constituye un elemento central que no puede ser ignorado por el ámbito legislativo”, expresó.

Según indicó, ese pronunciamiento judicial revela que el trámite del proceso presenta irregularidades que afectan las garantías fundamentales. “Dicho pronunciamiento evidencia que el trámite judicial ha estado atravesado por irregularidades que comprometen las garantías fundamentales del proceso”, afirmó.

El fiscal consideró que, en ese contexto, una eventual suspensión preventiva podría interpretarse como una «sanción anticipada«.

“Avanzar con una suspensión preventiva podría configurarse como una medida anticipada, desproporcionada e injusta, ya que se estaría aplicando una sanción institucional mientras la propia justicia reconoce que el procedimiento judicial presenta vicios que afectan su validez”, señaló.

Asimismo, sostuvo que cuando un tribunal de alzada determina la falta de imparcialidad de una magistrada, corresponde revisar el proceso antes de adoptar medidas que puedan afectar la trayectoria profesional de un funcionario.

“Cuando un tribunal de alzada determina que una magistrada actuó sin la debida imparcialidad, el proceso debe ser revisado y encauzado correctamente antes de que se adopten decisiones que puedan dañar irreversiblemente la honra, la trayectoria profesional y los derechos de un funcionario”, indicó.

Por último, Benegas pidió que la Asamblea Legislativa tenga en cuenta este nuevo escenario judicial al momento de tomar una decisión.

“La prudencia institucional exige que se respete el curso de la justicia. Solo así se podrá asegurar que las decisiones que se adopten no estén influenciadas por presiones externas ni por juicios anticipados, sino por la verdad de los hechos y el respeto al Estado de Derecho”, concluyó.

Luis Rodrigo El Litoral Cuándo, dónde y con quiénes habló mediante su teléfono celular el senador Armando Traferri antes de que los fiscales intentaran ante el Senado de la provincia reclamar su desafuero, para imputarlo, en diciembre de 2020. A la forma como el Ministerio Público de la Acusación obtuvo esa información refiere -en buena medida- la denuncia que contra los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos presentó el legislador que preside el bloque Juan Domingo Perón en la Cámara alta. La otra mitad de la acusación quizá menos estridente pero más inquietante habla del acuerdo judicial avalado por un magistrado que benefició con la excarcelación al ex fiscal de Rosario Gustavo Ponce Asahad, que estaba preso por pedir coimas a un empresario del juego ilegal. El tema merece su propio desarrollo. El senador por San Lorenzo presentó esa denuncia -sobre hechos ocurridos hace casi un año- ante la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa y pidió a sus cuatro pares senadores y ocho diputados que la componen el avocamiento, es decir, que estudien si hay o no elementos suficientes para un proceso (político) contra ambos fiscales por haber cometido lo que considera “faltas graves”. Buena parte de la nota de Traferri contra Edery y Schiappa Pietra habla de por qué el tema no fue llevado a la justicia (aunque hace la correspondiente reserva del caso) y describe el apoyo que la conducción del MPA ha dado a ambos, así como el “corporativo” respaldo de otros fiscales a la labor de los señalados por el senador. Una profusa lista de declaraciones públicas, acciones y documentos que respaldan a su entender su prevención para denunciar el caso ante la Legislatura y no en la auditoría del MPA. Uno de los apartados de la denuncia habla del “ilegal acceso a los datos de tráfico de la línea de celular que el H. Senado me asignó” y consigna el número que los cronistas parlamentarios conocen desde hace años. Dice que “puedo afirmar con certeza absoluta, que los denunciados, antes, durante y después del fallido pedido de desafuero, realizaron directamente pesquisas indiscriminadas sobre datos de tráfico de mi celular y, a partir de esos datos ilegalmente obtenidos, establecieron mi localización al momento de las llamadas entrantes o salientes del dispositivo, a través de las celdas de antenas”. “Que ya antes de mi desafuero lo hicieron, lo deja entrever las mismas exposiciones efectuadas por los Sres. Fiscales ante la Comisión Legislativa. Esto, sin perjuicio del cacareo en el sentido contrario de lo que, como he señalado más arriba, se cansaron de pregonar. Sería algo así como el grito del tero, que no coincide con donde pone los huevos”. El texto de Traferri se inicia con una cita de una declaración del ex ministro de Seguridad y ex director del Organismo de Investigaciones del MPA, Marcelo Sain: “Un poquito de seriedad institucional en la persecución penal no vendría mal en Santa Fe”. “No solamente no lo tenían permitido hacer en razón de mis fueros, lo cual no es poca cosa; sino que ese tipo de información recolectada –con fuero o sin él-, por sus características y extensión, requiere necesariamente de la orden de un juez, de la cual carecieron absolutamente”, advierte Traferri. “Desde ya que ningún juez de la provincia –al menos sin prevaricar-, hubiera autorizado alguna intervención sobre mis comunicaciones. De allí que ir por fuera del sistema, era la forma de obtenerla, y así lo hicieron. Eso es ilegal sin vueltas”, sostiene. La presentación resalta “la manifiesta ilegalidad con que actuaron y actúan los denunciados. Y, esta realidad, como ya lo adelanté al comienzo del escrito, no tiene que ver principalmente con mi persona –aunque sea el objeto directo de la vejación-; sino con una forma y modo de actuación, que afecta al sistema judicial y a la sociedad en general” y sigue: “si con un Senador –no por privilegio, sino por exposición pública-, se actúa de ese modo, esto puede significar que cualquier ciudadano de la provincia está bajo el peligro latente de investigaciones arbitrarias y fuera de toda legalidad. Es remontar el derecho a épocas bárbaras”, afirma. “En una franca violación a mis derechos constitucionales de privacidad e intimidad (arts. 18, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional), obtuvieron los ‘datos de tráfico’ correspondientes al teléfono” mencionado y “sin el levantamiento de la inmunidad que me corresponde por mi rol de senador provincial”. Cita un informe técnico que “solicitó uno de mis letrados patrocinadores” a cargo del ingeniero Miguel Camino que concluye: “Se realizó un “SEGUIMIENTO/OBSERVACION/REGISTRO DE TRAFICO DE DATOS Y LLAMADAS” entre el 01/01/2015 al 31/12/2020, los cuales fueron solicitados en forma general sin un período específico y/o criterio de análisis puntual; Se utilizó el N° NOTA/OFICIO RO2990/21 en forma genérica para todas las prestatarias de Telecomunicaciones; se utilizó para pedido DaJuDeCo ref. Expte. Adm. N° AJUO3/2021 Nota DaJuDeCo N° 6248/2021 con fecha 29 de abril de 2021; al no haberse observado un “PROTOCOLO DE SEGURIDAD” para el resguardo de datos obtenidos de la línea en cuestión, se accedió indiscriminadamente a todos los movimientos del usuario de la línea”, sostiene.