El Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe remitió pliegos para ocupar vacantes en la justicia provincial y en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) que deberán ser analizados y aprobados por la Asamblea Legislativa.

En principio, el próximo miércoles 13 de mayo se reunirá la Comisión de Acuerdos santafesina que preside la diputada socialista Lionella Cattalini quien fijará plazos y pasos para el tratamiento.

Lionella Cattalini. Foto: Fernando Nicola

En el caso de jueces, hay postulantes para las Circunscripciones Judiciales números 1, 2 y 4 y para el MPA para la 2.

Imagen ilustrativa. Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. Crédito: Guillermo Di Salvatore

Además, el Ejecutivo santafesino propone desde la Casa Gris como fiscales adjuntos subrogantes para el distrito Judicial N° 2 a Marina Bertolotti, Guillermina Lavarra y Ana Mora Ramírez Villarino.

La Comisión de Acuerdos de la Legislatura analizó este miércoles la situación de tres expedientes que involucran a otros tres fiscales del Ministerio Público de la Acusación y, acordó solicitar la convocatoria a una Sesión Conjunta de Senadores y de Diputados para votar la suspensión de Gabriela Lescano quien cumple servicios en Cañada de Gómez.

Acuerdos se hizo además de la acusación formal presentada contra el suspendido fiscal de Reconquista, Aldo Gerosa, instancia que cumplimentó la diputada socialista Erica Hynes mientras que resolvió citar para el miércoles venidero al auditor general del MPA, Lisandro Mai, para conocer la marcha de la investigación que realiza sobre la conducta del fiscal de Rosario, Matías Edery.

La fiscal Gabriela Lescano.

El encuentro de Acuerdos fue encabezado por la diputada Lionella Cattalini (PS) quien tramitará ante la presidencia del Senado la convocatoria a la reunión conjunta de la semana venidera donde únicamente se ventilaría el caso Lescano.

Lescano está siendo investigada por posible incumplimiento de sus deberes de funcionaria pública y la instrucción del caso la lleva adelante la diputada Silvana Di Stefano (UCR - Evolución). El caso de la fiscal de Cañada de Gómez cobró notoriedad cuando se encadenó en la escalinata de acceso a los tribunales para reclamar por las denuncias en su contra que sostienen que incumplió con sus deberes de funcionario público. La representante del MPA asegura que el cúmulo de denuncias administrativas que pesan en su contra constituyen "una persecución" por las causas que impulsa.

La fiscal sureña está siendo investigada por posible incumplimiento de los deberes de funcionario público a partir de una denuncia que reveló que alquilaba en una galería de Cañada de Gómez una oficina externa donde tenía una persona ajena al MPA trabajando legajos de investigación.

El fiscal Aldo Gerosa.

En el caso de fiscal Gerosa de Reconquista está suspendido con la reducción de su sueldo al 50% y con la prohibición expresa de ingresar a cualquier dependencia del MPA.

Gerosa está acusado de haber cometido dos graves faltas de revictimización de una víctima de violación en el caso del ya condenado violador y pedófilo Marcelo Galaz. Hynes presentó el pasado 14 de agosto la acusación formal contra el fiscal y Acuerdos ahora citará a algunos testigos antes de elaborar el o los dictámenes para determinar si el profesional sigue o no en el MPA.

El fiscal investigado aceptó un juicio abreviado redactado por la defensa de Galaz, lo que significó afrontar una pena de solo 7 años y el pago de una suma de dinero a la víctima a cambio de la confesión del aberrante delito cometido contra una niña a su cuidado, del ámbito familiar y durante años en el norte provincial.

Hynes llevó adelante la investigación de la actuación del fiscal siguiendo el informe de la Auditoría de Control de Gestión del propio MPA que considera gravísimo el caso y lo elevó directamente al Poder Legislativo como marca la ley, incluso con la recomendación de producir su remoción del órgano de la acusación.

El fiscal de Rosario, Matías Edery.

En cuanto a Edery, Acuerdos citó para el miércoles próximo, a las 9.30 al Auditor del MPA, Leonardo Mai, para conocer la marcha de la investigación que realiza en torno al comportamiento y actuación del fiscal rosarino denunciado por sus pares Pablo Socca y Miguel Moreno, que tienen su a cargo la investigación por una serie de extorsiones atribuidas al jefe narco Ariel "Guille" Cantero. Le atribuyeron la presumible comisión de delitos de acción pública y la fiscal general, María Cecilia Vranicich giró la actuación al auditor.

Edery quedó en el ojo de la tormenta a partir de su relación con Mariana Ortigala, un vínculo evidenciado en uno de los teléfonos secuestrados en una case de un country de Funes donde personal policial incautó vehículos y dos armas. Uno de los celulares estaba destinado únicamente "a pasarle información a Edery".

El MPA informó la apertura de una causa judicial contra el fiscal Edery que integra la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 2 y giró el expediente al auditor Mai para evaluar el desempeño del fiscal. Sobre su tarea, Mai informará el miércoles a los legisladores.

Dos fiscales de la ciudad de Santa Fe tendrán a su cargo las actuaciones correspondientes a la denuncia penal presentada contra otro integrante del Ministerio Público de la Acusación: el fiscal rosarino Matías Edery. María Laura Urquiza y Bárbara Ilera, pertenecientes a la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional Nro. 1 con sede en esta ciudad fueron asignadas para la investigación, después de que se excusaran – por una cuestión de proximidad- sus pares de Rosario. Ambas estarán bajo la coordinación directa del Fiscal Regional Jorge Nessier.

Edery había sido denunciado penalmente por sus pares Pablo Socca y Miguel Moreno por la presunta comisión de delitos de acción pública. Ello, después de ventilar conversaciones entre el fiscal y Mariana Ortigala, acusada de participar de aprietes a empresarios del juego de azar y testaferra de Guille Cantero. Edery había notificado a sus superiores en 2021 que la mujer era su "informante", pero Socca y Moreno interpretaron que de las conversaciones entre ambos derivaba un intercambio inapropiado de información puesto que se compartían datos acerca de causas penales en curso. Asimismo, cuestionaron la figura del "informante", puesto que no está regulada por normativas provinciales.

Además de la denuncia penal, se tramita una investigación administrativa en el ámbito de la Auditoría General del propio Ministerio Público de la Acusación, a cargo del Dr. Leandro Mai. Ante Mai, Socca amplió en las últimas horas su denuncia apuntando elementos probatorios sobre el posible encubrimiento de Edery hacia Ortigala. Según el denunciante, Edery, al inscribirla en el programa de Testigos Protegidos en el marco de la causa abierta a Esteban Alvarado por homicidio, no la incluyó como miembro de la asociación ilícita que estaba bajo investigación. Ello insinuaría que Ortigala gozaba de "protección institucional" desde la fiscalía, y que Edery – según el denunciante- encubría actividades ilegales de Ortigala, a cambio de información.

Edery había sido denunciado penalmente por sus pares Pablo Socca y Miguel Moreno después de ventilar conversaciones entre el fiscal y Mariana Ortigala, acusada de participar de aprietes a empresarios del juego de azar y testaferra de Guille Cantero.

En cuanto a la investigación que se tramita en la vía administrativa, el caso sigue por ahora en el ámbito de la Auditoría. Mai no se ha expedido aún respecto de si avanzará con las actuaciones, o se inhibirá. Sus competencias son acotadas, puesto que podrá intervenir si la falta eventualmente cometida por Edery es leve y en cuyo caso, la sanción no podría superar los dos meses de suspensión. En cambio, si la falta es considerada grave, debería intervenir directamente la Legislatura que tiene facultades plenas para llevar adelante un proceso disciplinario, incluso, hasta con la sanción máxima como la destitución.

La semana pasada, el auditor ya había notificado sobre el caso a la propia Comisión Bicameral de Acuerdo, que lo había citado para este miércoles a fin de conocer los pormenores de sus actuaciones. Pero el encuentro se pospuso hasta la próxima semana, a fin de poder procesar la información recabada y los alcances de la denuncia ampliada en las últimas horas.

La Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación llevó a cabo este martes la primera de las dos audiencias programadas para evaluar los pliegos de 47 candidatos a cubrir vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías de distintos puntos del país; entre ellos para la provincia de Santa Fe, y específicamente Rosario.

Según consigna el sitio Parlamentario.com, en la primera jornada los senadores interrogaron a 24 postulantes, propuestos por el Poder Ejecutivo. En tanto, este miércoles asistían los restantes, entre los que se encuentra la jueza Ana María Figueroa como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, quien en agosto próximo cumplirá 75 años. La magistrada tiene un voto determinante en causas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Además de los jueces Diego Barroetevaña y Daniel Petrone, Figueroa deberá decidir sobre los planteos para que las causas del Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces se vuelvan a reabrir o no.

De los candidatos que expusieron este martes, cuatro correspondían a la provincia de Santa Fe, y tres específicamente a Rosario. Román Lanzón, propuesto como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario, arrancó su presentación: “Como todos sabemos la jurisdicción de Rosario está atravesando una situación realmente muy problemática, particular y coyuntural muy especial, no vinculada exclusivamente al tráfico de estupefacientes, porque ese flagelo trasciende las fronteras de la provincia de Santa Fe, es una problemática nacional; pero sí en lo que hace al aumento de la tasa de litigiosidad penal a niveles exponenciales y a un grado de violencia urbana inusitada, que no solo impacta en el fuero federal sino también en el fuero provincial”.

Por otra parte, consideró que “hay una ventaja que tiene la provincia de Santa Fe, no son todas cosas negativas, y es que hace aproximadamente una década tiene implementado un Código Procesal Penal Acusatorio Adversarial que tiene la misma impronta ideológica y operativa que el Código Procesal Penal que fue sancionado por este Congreso allá por 2014 y espero prontamente pueda ponerse en funcionamiento en Rosario y el resto del país, como había sido propuesto por la Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código”.

A su turno, Matías Scilabra, candidato a fiscal ante los juzgados de primera instancia de Rosario, Fiscalía N°2, detalló que “en el año 2022 en esta fiscalía federal ingresaron 1.500 nuevas causas, de las cuales 500 fueron civiles y 1.000 penales. De estas causas penales, el 80% representaron causas vinculadas a la Ley de Drogas, esto tiene también que ver con que en Santa Fe no está desfederalizado el narcomenudeo”.

Los otros postulantes que se presentaron este martes fueron Ramiro Villamayor, propuesto como defensor público ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario, Defensoría N°3; y Pablo Vacani, como defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe.

Precisamente mientras exponía Vacani, el senador Dionisio Scarpin (UCR-JxC) reclamó con énfasis al jefe del interbloque oficialista, José Mayans, que “se ponga en funcionamiento la bicameral” encargada del control y monitoreo de implementación del Código Procesal Penal, pedido que se acrecentó en marzo pasado con la escalada de violencia narco en Rosario y que fue uno de los puntos centrales durante el debate de la Ley de Fortalecimiento de la Justicia Federal santafesina. Si bien Diputados ya nombró a sus representantes en la comisión, el Senado todavía no lo hizo.

El legislador de Juntos por el Cambio solicitó que “se designen las personas que hacen falta para que funcione el sistema”. “Dejemos de dar vueltas. Designen los representantes y empecemos a laburar”, expresó y cuestionó el sistema actual que “es obsoleto, viejo, poco transparente, totalmente ineficiente, se dilapidan recursos y lo peor de todo es que no le podemos resolver los problemas a la gente”.

“El Código Procesal Penal fue sancionado en diciembre de 2014 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner”, recordó el senador Oscar Parrilli (UC-FdT) y apuntó que “el gobierno del macrismo, del cual estos senadores parecen extraterrestres, lo derogó, lo freezó”. “Todos estamos de acuerdo en implementar el Código Procesal Penal, no solo en Santa Fe, en todo el país, Santa Fe no es una isla, sino pareciera que acá lo único que interesa es la isla de Santa Fe. Si hay responsabilidades son del macrismo”, agregó.

Salió a responderle la senadora Carolina Losada (UCR-JxC), quien minutos antes había tenido un cruce con Mayans. “Parece que el senador Parilli viviera en Narnia, y la verdad que tomo muy ofensivo que hable de la isla de Santa Fe, porque debería, como senador de la Nación, saber la situación que estamos viviendo. Se sigue basando en el ‘ah, pero Macri’, ya, la verdad, apolillado, les pido que busquen otra, porque quedan en ridículo insistentemente”, lanzó la precandidata a gobernadora dentro del “Frente de Frentes”, donde competirá en la interna contra Maximiliano Pullaro y Mónica Fein.

Entre las designaciones que se evaluaron hubo candidatos a cubrir cargos en Santiago del Estero, Corrientes, Rosario y ciudad de Santa Fe, Jujuy, La Rioja, Mar del Plata (provincia de Buenos Aires), Puerto Iguazú (Misiones), Tucumán, Paraná (Entre Ríos) y San Rafael (Mendoza). A todos se les consultó su visión sobre el impuesto a las Ganancias y respondieron favorablemente en relación a la ley que se votó en 2017.

(Por Luis Rodrigo) – A lo largo de dos jornadas, con la casi totalidad de sus integrantes, la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa sesionó para tomar las entrevistas previstas a 36 postulantes para jueces comunitarios de causas menores en otras tantas localidades de toda la bota santafesina; a 18 candidatos a jueces penales; otros 19 abogados que buscan ser fiscales titulares o adjuntos en el Ministerio Público de la Acusación, y otros seis pliegos para la Justicia en los fueros civil, comercial y laboral; así como para Marcelo Terenzio como vocal del Tribunal de Cuentas y para Jorge Lagna (el ex ministro de Seguridad de la Provincia) y Jorge Hurani (vinculado al diputado provincial Oscar Martínez) como directores del Ente Regulador de los Servicios Sanitarios (Enress).

Todas las entrevistas se llevaron a cabo entre el miércoles 16 y el jueves 17, “de sol a sol”, según la expresión campera que usó uno de los legisladores que participó de las entrevistas. En cada una de las reuniones hubo entre 10 y 11 miembros presentes de los 12 que forman parte de esa comisión bicameral.

La entrevista con el postulante es uno de los pasos previos para que sean tratados los pliegos en una sesión de asamblea de 69 legisladores (50 diputados y 19 senadores provinciales); el restante es la confección de dictámenes que recomendarán la aprobación o el rechazo de los postulantes. En esa instancia, cuando hay diferencias entre los miembros de la Comisión pueden presentarse dictámenes por la minoría.

El senador Joaquín Gramajo (PJ-NES- 9 de Julio), presidente de la bicameral, elogió la labor de todos sus miembros y destacó especialmente la de los empleados de esa instancia legislativa que son imprescindibles para el desarrollo de las entrevistas, que cuentan con versión taquigráfica, en el acta correspondiente a cada sesión.

En tanto, los diputados que integran el cuerpo son Fabián Bastia (UCR – Evolución); Leandro Busatto (PJ); Lionella Cattalini (PS), Julián Galdeano (UCR Juntos por el Cambio), Clara García (PS), Nicolás Mayoraz (Vida y Familia), Maximiliano Pullaro (UCR Evolución) y Gabriel Real (PDP).

La sesión del jueves 24 es la penúltima oportunidad para que el Poder Legislativo se expida sobre los 82 pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo. De no hacerlo, la vicegobernadora Alejandra Rodenas deberá convocar a otra sesión de Asamblea Legislativa para el miércoles 30 y de repetirse esa eventualidad procederá la sanción ficta o de hecho.

Por Mario Cáffaro y Luis Rodrigo 

 Los cuestionamientos sobre los fiscales de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (GeFaS) con que cuenta el Ministerio Público de la Acusación llegaron a la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, en una presentación de conjunta de dos legisladores de distintos bloques y Cámaras. 

El senador radical Lisandro Enrico y el diputado de Vida y Familia Nicolás F. Mayoraz pidieron mediante un escrito el avocamiento para que esa instancia bicameral ponga la lupa sobre los fiscales María Celeste Minniti, María Alejandra del Río Ayala y Matías Broggi Forclaz por posibles “faltas graves”. 

Citan 6 expedientes que obran en la Comisión de Acuerdos y otras denuncias que ingresan a la Legislatura en los que, según Enrico y Mayoraz, “exigen una pronta investigación a fin de determinar si los referidos fiscales cometieron faltas graves, conforme lo denunciado y, de confirmarse la comisión de faltas en el desempeño fiscal, determinar la sanción aplicable”. 

“Consideramos que la materia de investigación asignada a la Unidad Fiscal GeFaS. es de una alta sensibilidad social. Sin embargo, ésto de ninguna manera puede constituir una ‘licencia de corso’ para que quienes tienen el deber de llevar adelante la persecución penal de hechos de aquella índole violenten garantías fundamentales reconocidas en el bloque de constitucionalidad argentino, como es el caso de la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el debido proceso, entre otras tantas que aparecen afectadas en las intervenciones de los fiscales denunciados”. 

Sostienen los legisladores que, además, son abogados e integran la Comisión de Acuerdos en representación de sus respectivos cuerpos deliberativos. “Del análisis preliminar de las diferentes denuncias ingresadas, surge una duda significativa en cuanto al funcionamiento institucional de esta Unidad. Se advierte la existencia de numerosas denuncias que alterarían y vulnerarían, principios inobjetables y basales del derecho penal”, agregan. 

“Aún cuando la función de los fiscales sea protagónica en este nuevo sistema acusatorio implementado en nuestra Provincia, ello no implica el avasallamiento a dichos principios. Cierto accionar, lejos de crear confianza en la población, estaría generando la sensación de que el sistema, movido más por planteos sesgados y fundamentalistas que por las propias normas del derecho, priva a la ciudadanía de la verdad y, por ende, de una justicia efectiva”. 

Una suerte de fichas que son parte del expediente y remiten a otros seis biblioratos. Contienen los supuestos hechos de los que son acusados los fiscales. Las presuntas faltas graves señaladas van desde posibles falsificaciones de firmas de testigos hasta eventuales tergiversaciones de sus declaraciones, pasando por el hipotético secuestro ilegal (sin orden judicial y mediante un engaño) del teléfono celular de un menor y una entrevista con otro, que se habría mantenido pese a que la ley no lo permitía por carecer de las garantías necesarias. 

Uno de los expedientes sostiene que a una empresa de telefonía celular se le habría ordenado, sin justificación legal, un informe sobre las llamadas entrantes y salientes de un abogado. 

Llama poderosamente la atención que, siempre según las acusaciones que piden investigar Enrico y Mayoraz, en un caso, un fiscal se negó a cumplir la orden de una juzgado de primera instancia para que se requiera material grabado de una cámara de seguridad que podría haber servido en la investigación. Y que esa indicación del magistrado habría sido recurrida.   

(Por Mario Caffaro) – La Comisión de Acuerdos entrevista entre hoy y el viernes a los 82 candidatos a ocupar cargos en la justicia, el Tribunal de Cuentas y el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) y la semana próxima elaborará los respectivos dictámenes a llevar a la Asamblea Legislativa convocada para el jueves 24, a las 13.

Será el mayor tratamiento de pliegos desde 1983 a la fecha por parte de una Asamblea Legislativa que llegará precedida de impugnaciones ante Acuerdos, pero también de una fuerte polémica política sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y que derivó en la convocatoria a la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, hoy a la presidencia de la Cámara de Diputados.

Acuerdos, integrada por cuatro senadores y ocho diputados, hoy es presidida por el senador Raúl Gramajo (PJ – 9 de Julio) y elaboró un cronograma de entrevistas que hoy comprende a los 36 candidatos a jueces comunitarios; mañana a los aspirantes a fiscales, así como al vocal propuesto para el Tribunal de Cuentas y los dos directores del Enress y finalmente el viernes a los propuestos para jueces en distintos puntos de la provincia.

Un vocero parlamentario señaló a El Litoral que las impugnaciones presentadas ya están en manos de los legisladores, no obstante lo cual cumplirán el cronograma establecido de entrevistas a los postulantes tal cual lo indica el reglamento previo a la Asamblea Legislativa. Entre miércoles y jueves será el momento de elaborar los dictámenes para llevar al recinto. “Será importante que la Asamblea se realice y que los nombres sean convalidados por el cuerpo” subrayó un senador oficialista admitiendo la posibilidad de que algunos de los candidatos sean rechazados. Si la Asamblea no logra reunir quórum antes del 30 del corriente, 80 de los pliegos quedarán aprobados en forma ficta. Solo los dos directores de Enress quedarían fuera del acuerdo tácito porque ingresaron en los primeros días de noviembre.

Desde la Cámara de Diputados, varios bloques políticos cuestionaron el funcionamiento del Consejo de la Magistratura a la hora de seleccionar candidatos a jueces comunitarios y cuatro legisladores incluso solicitaron al gobernador Omar Perotti -por escrito- el retiro de los postulantes. En la Casa Gris se rechazó terminantemente esa petición. En tanto, legisladores radicales hablaron de un contubernio entre la Casa Gris y sectores de la Cámara de Diputados.

La citación a la ministra Arena prevista para la tarde de este miércoles apunta a tratar de esclarecer estos hechos.

Los propuestos por el Ejecutivo para ocupar juzgados comunitarios de pequeñas causas son Daniel Fabián Gatti (La Pelada); René Alzugaray (Llambi Campbell), Ana Paula Toselli (María Juana); María Ana Menghini (San José del Rincón); Claudio Ainbinder (San Carlos Sud); María Virginia Frutos (Santo Domingo); Martín Ceschi (La Criolla); Andrea Zurbrigen (Recreo); Melina Papa (Acebal); Noelia Faleroni (Peyrano); Ignacio Cristiani (Puerto Gaboto); Marina Fratini (Pujato); Carolina Mozzi (Bigand); Sandra Arias (Máximo Paz); Cecilia Pollini (Santa Teresa); Pablo Rangel (Empalme Villa Constitución); Romina Brining (Serodino); Vanesa Martínez Massaro (Zavalla); María Bernardita Iturraspe (Fighiera); Verónica Rippa (Carcarañá); María Emilia Sapuppo (Puerto San Martín); Diana Arriondo (Fuentes); Gala Radich (Bombal); Cecilia Magurno (Maggiolo); Carolina Bonetto (Chañar Ladeado); Marcos Callegari (Godeken); Silvina Marcón (Las Garzas); Luciana Engler (Romang); Ramiro Tschannen (Margarita); Gerardo Capovilla (Arrufó); María Peretto (Humberto Primo); Luz Rabasedas (Soledad); Guillermo Lanfranco (Virginia); María Inés Barbero (Tacural); Henry Pons (Pozo Borrado) y Estefanía Gardella (San Martín de las Escobas).

Se completa la nómina con Vanina Servidio Pozzi (fiscal adjunto de Venado Tuerto); Juan Marichal y Valentín Hereñú (fiscales titulares de Reconquista) y Georgina Díaz (fiscal adjunta de Reconquista).

Finalmente el viernes, Acuerdos convocó a los candidatos a jueces para toda la provincia. La nómina incluye a cinco postulantes para jueces penales de Santa Fe: Lisandro Aguirre, Cecilia Labanca, María Celeste Minniti, Pablo Spekuljak y Sebastián Szeifert. Además para los tribunales locales están los nombres de Fernando Gastiazoro y Marisa Malvestiti para el Colegiado de Familia N° 3.

En el caso de Rosario, están los nombres de Ricardo Ruiz para primera instancia en lo Civil y Comercial (15 nominación); mientras que para jueces penales Paola Aguirre, Andrea Aronne, Aldo Bilbao Benitez, Gonzalo Fernández Bussy, Rodrigo Santana y Fernando Sosa.

Para los tribunales de San Lorenzo, Ariel Cattaneo es postulado para juez penal de primera instancia y Darío Pangrazi para el mismo lugar en Casilda.

Claudio Heredia es propuesto como juez de familia en Venado Tuerto y Mariana Vidal como jueza penal de Melincué.

Para el norte, las propuestas de jueces penales son Sergio Olivera para Vera y Natalia Palud para Las Toscas.

Finalmente, para Rafaela los nombres son de Nicolás Stegmayer y Gustavo Bumaguin como jueces penales de primera instancia; Laura Lencioni como juez penal de Menores y Esteban Marquez como juez de primera instancia en lo Laboral de la segunda nominación.

Este año, le corresponde al Senado presidir Acuerdos y el cargo lo desempeña Raúl Gramajo (PJ – 9 de Julio). Los otros tres integrantes de la Cámara Alta son Rubén Pirola (PJ – Las Colonias); Alcides Calvo (PJ- Castellanos) y Lisandro Enrico (UCR- General López).

En tanto, los diputados que integran el cuerpo son Fabián Bastia (UCR – Evolución); Leandro Busatto (PJ); Lionella Cattalini (PS), Julián Galdeano (UCR Juntos por el Cambio), Clara García (PS), Nicolás Mayoraz (Vida y Familia), Maximiliano Pullaro (UCR Evolución) y Gabriel Real (PDP).

Luis Rodrigo El Litoral La Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa tiene en su poder una comunicación en la que se le recuerda a sus integrantes -ahora oficialmente- que está despejado el camino para continuar con el proceso que se le sigue al fiscal Adrián Spelta, quien desde mediados de 2020 ha logrado posponer una medida en su contra por parte del Poder Legislativo. Se trata de quien acordó con la defensa (con el visto bueno de los jueces que actuaron con posterioridad) otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria a Emanuel Sandoval -un narcotraficante muy conocido en Rosario-, que en 2017 era juzgado por triple tentativa de homicidio y, en otra causa, había admitido haber disparado contra el domicilio del ex gobernador Antonio Bonfatti (en 2013). El delincuente fue asesinado en octubre de 2019 y esa noticia hizo que cobrara notoriedad que “Ema Pimpi” había sido beneficiado con la prisión domiciliaria que había aceptado Spelta a pedido de la defensa y que luego dos jueces otorgaron. El crimen de Sandoval ocurrió en una vivienda costosa de Rosario y al tomar estado público que un acusado por tentativa de homicidio había logrado cumplir la prisión preventiva en su domicilio desató un escándalo. Entonces actuó la auditora general del Ministerio Público de la Acusación que entendió que el caso era grave y produjo dos hechos: elevar a la Legislatura lo actuado por Spelta y lleva a la justicia a los jueces que convalidaron el acuerdo polémico. En la vía judicial, el procurador general de la Corte Jorge Barraguirre había acusado al juez Postma por supuesto “mal desempeño” y “falta de idoneidad técnica” en los hechos que le imputó: la “prisión domiciliaria encubierta” a Sandoval y luego el traslado a la casona de La Florida, donde lo asesinaron mientras esperaba ser llevado a juicio por “un intento de triple homicidio calificado”. “Ese beneficio no tuvo racionalidad por el tipo de delito atribuido a Sandoval, que lo obligaba a transitar en prisión el proceso”, planteó Barraguirre pero no convenció a la mayoría del Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados que, en agosto de 2020, desestimó el pedido de juicio político al magistrado. Esa decisión fue ajustada: por 6 votos a 4 se archivó “in límine” la acusación. Entre los primeros votaron el presidente de la Corte Rafael Gutiérrez, y los ministros Eduardo Spuller, Roberto Falistocco, Mario Netri y María Angélica Gastaldi, al igual que el senador Armando Traferri (PJ-Nes-San Lorenzo). En minoría quedaron el juez de la Corte Daniel Erbetta, los dos abogados del Tribunal: Julio Pagano que preside el Colegio de Reconquista y Natalia Ferrero, secretaria del Colegio de Venado Tuerto y el diputado radical y ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro. Ese antecedente pesa en la sanción que seguramente se aplicará a Spelta, una suspensión por 90 días. El miembro acusador en Acuerdos Lisandro Enrico (UCR-General López) era partidario de apartar al fiscal pero se impuso el criterio de limitarse a una pena que lo mantiene en su cargo.

Spelta logró posponer las medidas legislativas en su contra con recursos de amparo que resultaron favorables e hicieron que no se pudiera reunir la Sesión Conjunta de ambas cámaras que iba a sancionarlo. Y esos recursos se ampararon en el criterio de que -como para todo el MPA- es inconstitucional la facultad del Poder Legislativo de Santa Fe de controlar de manera directa a fiscales y defensores del sistema penal. Las acciones del amparista y las posiciones de los legisladores en favor de mantener esa potestad (que ya figuraba en la ley de creación del MPA y de la Defensa para sus funcionarios más importantes) llevaron el asunto a la Corte que confirmó que son constitucionales las leyes 13.695 y 13.807 que modificaron el régimen disciplinario de defensores y fiscales con que nacieron ambos institutos de la reforma procesal penal (leyes 13.013 y 13.014).

Con fecha 25 de noviembre, el fiscal de Estado de la Provincia, Rubén Weder, comunicó que le ha sido comunicada “en el día de ayer” la sentencia dictada por la Corte en el caso Spelta por el recurso de inconstitucionalidad que, como se dijo más arriba, fue rechazado por el máximo tribunal santafesino y adjunta ese fallo, que es de junio de este año. En votación dividida, en el caso Spelta triunfó el criterio de Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi, Eduardo Spuller y Roberto Falistocco, quienes votaron en contra de la Fiscalía de Estado que planteó la inconstitucionalidad de la ley sancionada hace tres años que le confirió a la Legislatura la potestad de evaluar la conducta de los miembros del Ministerio Público de la Acusación si las faltas fueron graves, sancionarlos y eventualmente, destituirlos.

(Por Luis Rodrigo) – La comisión que la semana pasada escuchó la defensa del director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, Marcelo Sain, recomendó este miércoles 3 de noviembre apartar de su cargo al ex ministro de Seguridad de Santa Fe e inhabilitarlo para cualquier función en el MPA por el término de diez años.

Se trata de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa cuyo dictamen (con ocho firmas de distintos colores políticos) funciona solo como una propuesta. Quien decide es la sesión conjunta de ambas cámaras, que requiere que cada cuerpo tenga quórum propio y mayoría para avanzar con la medida.

De los doce integrantes que componen Acuerdos se ausentaron en la reunión de hoy la diputada Clara García (PS) y el senador Alcides Calvo (PJ-Lealtad-Castellanos). Por otra parte, a la hora de discutirse el dictamen que finalmente logró ocho firmas solo manifestó su rechazo el jefe del bloque del PJ en Diputados, Leandro Busatto. De todas formas, no hubo dictamen en minoría. Además, como es de práctica, el miembro acusador de la Comisión, el senador Lisandro Enrico (UCR-General López) se abstuvo de firmar.

Así, el dictamen logró las firmas del presidente de la Comisión, el diputado radical Fabián Bastia acompañado por sus pares  Lionela Cattalini (PS), Gabriel Chumpitaz (Juntos por el Cambio), Nicolás Mayoraz (Vida y Familia), Maximiliano Pullaro (UCR) y Gabriel Real (PDP). También lo rubricaron dos senadores justicialistas del Nuevo Espacio Santafesino: el vicepresidente de la comisión, Joaquín Gramajo y el presidente provisional del Senado Rubén Pirola.

Sain fue quien diseñó, durante el gobierno de Miguel Lifschitz, al Organismo de Investigaciones. Luego fue el propio gobernador fallecido recientemente quien le sugirió a su asesor que se presente al concurso público de antecedentes y oposición, en el que fue el único postulante. Durante su gestión como ministro a ese cargo no lo abandonó, sino que tomó una licencia sin goce de sueldo, que le hizo que formara parte del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo al mismo tiempo.

En tanto, la sala tercera de la Cámara de Apelaciones del fuero laboral de Rosario declaró la nulidad sobre parte del fallo del juez Fabían Vega que “por inadmisible” había declarado no hacer lugar a la acción de amparo solicitada por el director del Organismo de Investigaciones Marcelo Sain. Los camaristas Eduardo Pastorino, Ángel Angelides y Lucía Aseff dispusieron que “el expediente se remita al juzgado que corresponda a los fines que se pronuncie conforme a derecho sobre la acción de amparo iniciada, y en su caso, le imprima el trámite correspondiente, expidiéndose también sobre la medida cautelar peticionada”.

En pocas palabras, a horas de la sesión conjunta que puede dejarlo fuera del MPA, Sain vuelve a tener la posibilidad de que un juez acepte su amparo.

La interpretación que se hace entre los miembros de la Comisión de Acuerdos que ya firmaron su dictamen para expulsar a Sain del OI es que el fallo de cámara no se expide sobre la sesión conjunta convocada para este jueves 4 a las 15 horas.

Del dictamen de Acuerdos se destacan los siguiente párrafos que sus redactores tomaron del texto acusatorio, elaborado por Enrico. Tienden a probar que como funcionario judicial Sain violó el artículo 89 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe que dice: “Los miembros del Poder Judicial no pueden actuar de manera alguna en política”.

A lo largo de 11 carillas, el documento señala que ese mandato constitucional no se cumple.

“En su cuenta de Twitter (Sain), comparte frecuentemente notas o comentarios críticos sobre personajes de la política a los que considera sus enemigos, entre los cuales se encuentra prácticamente todo el arco político a excepción del gobernador.

“Con frecuencia las notas o comentarios son retuiteados -compartidos en esa red social- desde páginas cuya orientación política es ostensible. Normalmente incurre en descalificaciones contra lo que él llama “el bloque tradicional de poder”, que no son otros que los representantes votados por el pueblo de Santa Fe.

“En la portada de su cuenta de Twitter, puede verse una foto de Saín junto al actual Gobernador y su ex jefe, Omar Perotti. También a Perotti le dedica empalagosos elogios en otra publicación, lo que contrasta con su supuesta agudeza al criticar al resto de los dirigentes políticos.

“Tampoco se priva de compartir mensajes y contenidos de la señora Vicepresidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner.

“Todo esto, siendo funcionario del Poder Judicial de Santa Fe. Y para que no queden dudas de esa simultaneidad, en su blog personal (https://www.marcelosainblog.com/) se define en estos términos: ‘Politólogo y Doctor en Ciencias Sociales; Profesor e investigador, UNQ; Director Provincial del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, Provincia de Santa Fe; Peronista’ “.

El dictamen de la Comisión de Acuerdos, elaborado por su presidente el diputado Bastia, realiza el siguiente análisis: “Los hechos relatados por el senador Enrico, tanto en su pieza introductoria como en su formal requerimiento acusatorio, pueden conglobarse en tres grandes ítems a efectos de su análisis y contrastación con el marco normativo vigente y con los estándares de actuación que cabe exigir al Director Provincial del Organismo de Investigaciones: a) Desplegar conductas que demuestran su intervención directa o indirectamente en política (proselitismo y propaganda art. 212 inc. 1 LOPJ; art. 45 inc. 1 Ley 13.013; art. 9 Ley 13.459; actuación política art. 89 Constitución Provincial de Santa Fe); b) Desplegar conductas públicas que afectan la confianza en la función que cumple en el Ministerio Público de la Acusación (art. 48 inc. 2 Ley 13.013); c) Observar una conducta reprochable que afecta su deber de guardar absoluta reserva de todo lo relativo con sus funciones (art. 213 LOPJ).”

Luego detalla las instancias para presentar descargos que el enncartado no aprovechó y que fuera de término presentó una impugnación sobre su acusador. Dice que en la sesión del miércoles 27 de noviembre “el pretenso descargo del acusado derivó en manifestaciones ajenas al estricto ámbito del objeto del presente trámite disciplinario, sin llegar en ningún momento a contestar la imputación formulada por el acusador. En lo sustancial, puede decirse que la audiencia del acusado no fue aprovechada para plantear una teoría del caso distinta y alternativa a la de la acusación, sea negando, cuestionando o controvirtiendo los hechos, o bien proponiendo una interpretación distinta sobre la valoración jurídico-institucional de los mismos o una valoración diversa sobre la prueba de cargo producida y agregada”.

“Tampoco -sigue- en esta instancia se ofreció prueba por parte de la defensa. De todos modos, atento a la falta de una defensa en sentido sustancial o material, todo ofrecimiento en este sentido hubiera adolecido de una insalvable impertinencia: en efecto, al no haberse controvertido la plataforma fáctica contenida en la imputación, no existiría hecho o circunstancia alguna integrativa de la litis susceptible de ser acreditada.”

Ivana Fux – Luis Rodrigo El Litoral Los miembros de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa continuaron con una extensa deliberación, tras el paso del director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, Marcelo Sain. Al término de la reunión de la comisión bicameral hubo fuertes versiones sobre la posibilidad de que en la próxima sesión, el miércoles 3 de noviembre, la mayoría de sus integrantes firmen un dictamen para recomendar a la Sesión Conjunta de ambas Cámaras la destitución del funcionario judicial, por no guardar la debida independencia y en cambio, participar de actos proselitistas y militar propaganda del justicialismo. Un detalle curioso: aunque en su cuenta de twitter tenga una fotografía del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, a los legisladores les dijo “yo no soy kirchnerista”, sino justicialista y recordó que su participación en esa fuerza es anterior a la llegada de esa corriente dentro del PJ. Trascendió que en medio de una tensa reunión con el ex ministro de Seguridad, los integrantes de la comisión que le formularon preguntas buscaron probar que son de su autoría los posteos en la red social de Twitter en su cuenta personal, con abiertas manifestaciones políticas y partidarias. Se dice que el funcionario del MPA admitió que son suyos los dichos que lo muestran en un abierto desafío a lo que manda la Constitución de Santa Fe en su artículo 89.

La historia de la V de la Victoria | Visión Regional https://t.co/SEfndnkVRm

— Marcelo Fabián Sain (@marcelo_sain) October 27, 2021

Todo ese material probatorio se guarda en una gruesa carpeta con documentos certificados ante escribano público, en seno de la comisión mencionada. Se estima que en lo que queda de la semana y los primeros días de la próxima se terminará de dar forma a un dictamen de mayoría para pedir el apartamiento del cargo. Un poroteo de las posiciones al respecto, indica que la recomendación de mayoría tendría nueve firmas. No serán diez porque el miembro acusador Lisandro Enrico (UCR-General López) se abstendrá de hacerlo. En cambio, sin dudas se opondrán y probablemente redacten un dictamen de minoría dos legisladores del oficialismo: el senador que encabeza el bloque Lealtad, Alcides Calvo (PJ-Castellanos) y el jefe de la bancada del PJ de Diputados, Leandro Busatto. Obviamente, lo que importa más allá de esos dictámenes son las posiciones a adoptar en cada una de las Cámaras. Cualquier medida necesita de la mayoría en sendos cuerpos y si en una de ellas no se llega por ejemplo al quórum no se puede tomar ninguna decisión. Todo indica que hay números de sobra para que el ex titular del ministerio de Seguridad deba dejar su cargo en el MPA. De todos modos, ya anticipó que insistirá ante la Justicia en busca de la medida de amparo que ya le fue negada en primera instancia.

El actual director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, y ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, sostuvo que el sumario administrativo en su contra obedece a una “persecusión política e institucional”, basada en el hecho de que él comanda investigaciones con impacto en el poder político. “Aquí el problema con Marcelo Sain no es un tuit, sino en que es director de la Policía Judicial, que participa en investigaciones que comprometen estructuras criminales con fuerte protección institucional, incluidos algunos de los legisladores ahí presentes; o al menos uno de ellos”, disparó al salir de la reunión de la comisión de Acuerdos de la Legislatura, donde se le instruye un procedimiento por supuesto proselitismo. “Ese es el problema de fondo que hay sobre mí. Porque aparte mostré un proceso de persecusión política e institucional entre varios partidos, y varios poderes públicos. Lo detallé muy bien, incluso con un power point: cualquier cosa les viene bien para intentar ir sobre mí. El resultado está cantado, porque lo que van a intentar hacer es ir en contra mía”, consideró ante los periodistas que lo aguardaban. Sain confirmó que “hemos hecho explicaciones técnicas de por qué este proceso no se corresponde con las normas. Hicimos reserva de elevar la revisión de lo que se decida al respecto tanto en instancias superiores dentro de la Justicia santafesina como a nivel nacional y también en Cortes internacionales. Así que tuvimos la oportunidad, muy respetuosamente, de volcar todas las opiniones al respecto. Por supuesto, lo que les dije con absoluta claridad es que aquí el problema con Marcelo Sain no es un tuit, sino en que es director de la Policía Judicial, que participa en investigaciones que comprometen estructuras criminales con fuerte protección institucional, incluidos algunos de los legisladores ahí presentes; o al menos uno de ellos (en alusión, sin nombrarlo, a Armando Traferri).

Ante la pregunta periodística, referida al motivo por el cual se abrió el procedimiento en su contra, sostuvo que “yo no hice proselitismo en ningún momento, porque nunca me expedí sobre ningún partido, ni hablé del proceso electoral. Yo reivindico la lucha contra la mafia. Y hay actores en la Legislatura que si no son mafiosos se parecen mucho”. Incluso negó ese carácter al gesto enarbolado en el momento de su arribo a la Legislatura, que quedó registrado por las cámaras: “A la V de la victoria la hacía McArthur, ¿algún problema? ¿es un atributo del peronismo? Todos saben que soy peronista, como todo el mundo sabe que muchos funcionarios judiciales, antes de participar en el concurso por el cual terminaron ingresando al Poder Judicial, eran de la UCR o el socialismo, pero nadie cuestiona su actuación”. “Yo en ningún momento hice proselitismo, ni tengo interés en hacerlo. Hago investigaciones. Esas investigaciones duelen. Porque develan estructuras de poder que tienen protección institucionales”, redondeó. En ese marco, Sain confirmó que no tiene relación con el jefe de los fiscales, el titular del MPA Jorge Baclini, en tanto “él forma parte de la persecusión política contra mí”. Abundando sobre lo que a su entender es el punto central, planteó: “¿Para qué fue creado el Organismo de Investigaciones? Su función es investigar operaciones criminales complejas, grupos criminales complejos. ¿Qué pensaban que iba a pasar? ¿Que íbamos a quedarnos en la periferia de las grandes ciudades? Obviamente, en cuanto las investigaciones avanzan, empezamos a escalar en las estructuras de protección criminal. Eso va a al escalón policial, el escalón judicial, y el escalón político”.

Sain había llegado a la Legislatura minutos antes de las 10, sin hablar en ese momento con los periodistas que lo esperaban al rayo del sol,  con los dos brazos en alto, con ambas manos haciendo la V de la victoria. El objetivo era defenderse ante el proceso que se ha iniciado en la Comisión de Acuerdos que lo acusa de llevar a cabo actividades proselitistas como integrante del Poder Judicial de la Provincia. El ex ministro de Seguridad se dirigió a la puerta de la Cámara de Diputados, ya que la bicameral mencionada utiliza su amplio recinto para sus sesiones a puertas cerradas, pero allí se le indicó que debía ingresar por el ingreso correspondiente al Senado. “Ah, por los cavernícolas”, dijo como para que los cronistas lo escucharan (aunque luego negó haber usado esa expresión). Sain enfrenta un proceso por la violación del Artículo 89 de la Constitución de Santa Fe que impide a los miembros del Poder Judicial “actuar de manera alguna en política”. El caso se inició por una presentación del senador radical Lisandro Enrico (General López) que colecta como pruebas las posiciones públicas, los reportajes, los posteos y el perfil de sus cuentas personales en redes sociales donde el funcionario judicial se identifica por su cargo y su condición de peronista. Enrico ha asumido el rol de acusador en la Comisión y ahora es el turno del ex titular de Seguridad de defenderse.

Por: Ivana Fux y Luis Rodrigo.

Fotos: Guillermo Di Salvatore 

Sin hablar con los periodistas que lo esperaban al rayo del sol,  con los dos brazos en alto, con ambas manos haciendo la V de la victoria, el director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, Marcelo Sain, ingresó a la Legislatura de Santa Fe para defenderse ante el proceso que se ha iniciado en la Comisión de Acuerdos que lo acusa de llevar a cabo actividades proselitistas como integrante del Poder Judicial de la Provincia. 

El ex ministro de Seguridad se dirigió a la puerta de la Cámara de Diputados, ya que la bicameral mencionada utiliza su amplio recinto para sus sesiones a puertas cerradas, pero allí se le indicó que debía ingresar por el ingreso correspondiente al Senado. “Ah, por los cavernícolas”, dijo como para que los cronistas lo escucharan. 

Sain enfrenta un proceso por la violación del Artículo 89 de la Constitución de Santa Fe que impide a los miembros del Poder Judicial “actuar de manera alguna en política”. El caso se inició por una presentación del senador radical Lisandro Enrico (General López) que colecta como pruebas las posiciones públicas, los reportajes, los posteos y el perfil de sus cuentas personales en redes sociales donde el funcionario judicial se identifica por su cargo y su condición de peronista. Enrico ha asumido el rol de acusador en la Comisión y ahora es el turno del ex titular de Seguridad de defenderse. 

Esta semana, Sain no logró que la justicia del fuero laboral de Rosario aceptase una acción de amparo contra el proceso que se le inició en la Legislatura. Ante otro caso anterior (por incompatibilidades al ejercer un cargo en el Poder Ejecutivo mientras no había dejado su lugar en el Judicial), el titular del OI del MPA logró un fallo que detuvo las acciones en su contra, que ya contaban con el número suficiente en la Sesión Conjunta de Ambas Cámaras que dejó el tema inconcluso, aunque la jueza Paula Calace Vigo había ordenado el pase al archivo del tema. 

La reunión de Acuerdos con la presencia de Sain se desarrolla en el recinto del Senado, no de Diputados como es habitual.  

Periodistas al rayo del Sol 

Los cronistas parlamentarios, movileros de las radios y los canales de TV, así como fotógrafos y camarógrafos que concurrieron a cubrir la reunión de la comisión bicameral pudieron solo tomar unas pocas imágenes del encuentro y mucho Sol, demasiado. 

Las extremas medidas de seguridad adoptadas por la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa dejaron a puertas cerradas no solo el recinto usado para el encuentro (lo que ocurre desde 1983 a la fecha) sino también todo el Palacio Legislativo. Así, toda la guardia periodística que está al acecho de los protagonistas del debate (nunca tan interesante la versión taquigráfica que se conocerá en unos días) se lleva a cabo en la explanada de la Legislatura. Un dispenser con agua con agua fresca fue el único consuelo para los periodistas que esta vez no pudieron ingresar a las cómodas salas de periodistas con que cuentan en ambas Cámaras. No hubo excepciones y pese al reclamo gremial no se dio marcha atrás con la medida. 

Sain había pedido, entre otras solicitudes que no fueron atendidas como el ser escuchado por la totalidad de los diputados y los senadores provinciales, que la prensa cuente con el ingreso irrestricto a las exposiciones. 

Por Luis Rodrigo (El Litoral)

El director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, Marcelo Sain, dijo que concurrirá a la Comisión de Acuerdos que lo ha citado para el próximo miércoles 27 de octubre. El ex ministro de Seguridad ha sido convocado en el marco de un proceso por realizar actividades políticas públicamente, pese a formar parte del Poder Judicial y confirmó que asistirá aunque tiene la chance de presentar un escrito.

El funcionario del MPA ha dicho que irá, pero puso como condición que la sesión de esa comisión que integran ocho diputados y cuatro senadores sea pública y con la presencia de la prensa. El Litoral consultó a miembros de Acuerdos, revisó antecedentes y recurrió a cronistas memoriosos: todos coincidieron en que “es de práctica” que Acuerdos sesione a puertas cerradas. No hay antecedentes de que haya deliberado, tomado alguna entrevista o recibido información directa de un funcionario de otro poder con la presencia de periodistas y mucho menos de cualquier otro ciudadano.

El detalle no es menor porque fue esa cuestión la que sirvió de excusa a Sain para no concurrir, en febrero de este año, a una invitación a una “reunión de trabajo” que le había formulado al entonces también ministro de Seguridad, la comisión de esa área de la Cámara de Diputados. Por entonces, sus exigencias no fueron satisfechas por la mayoría opositora y el presidente de la Comisión, el diputado radical Juan Cruz Cándido rechazó la posibilidad de abrir las puertas ante el tipo de información que iba a ventilarse. Finalmente, como se trataba de un requerimiento sin las formalidades previstas en la Constitución, el encuentro no se produjo.

Ahora la situación es distinta: Acuerdos citó formalmente a Sain para que se defienda, lo que hasta ahora no ha hecho y ya se ha cerrado la primera etapa de recolección de pruebas por parte del miembro de la comisión bicameral que actúa como acusador, el senador radical Lisandro Enrico (General López), que es quien presentó la denuncia.

Enrico advirtió que ya restablecido a sus funciones como titular del OI del MPA, Sain siguió hablando públicamente como si fuera ministro, con una fuerte carga político partidaria en medios de comunicación y en sus redes sociales, donde -por ejemplo- en su perfil de twitter se presentaba al mismo tiempo como “peronista” y como titular del Organismo de Investigaciones. La filiación partidaria luego fue quitada, pero como otras pruebas colectadas por el legislador del sur, figura en el expediente por el que puede ser sancionado por el Poder Legislativo.

Al cierre de esta edición, no había aún ingresado un escrito del ex ministro en su calidad de integrante del MPA. En al menos dos publicaciones periodísticas se adelantó que esta semana (la anterior a la que ha sido convocado) habrá un escrito de Sain para la comisión que preside el diputado radical Fabián Bastia. Los trascendidos periodísticos sobre ese documento hablan de objeciones a la potestad de los legisladores de aplicar sanciones a integrantes de los institutos de la acusación y la defensa pública en el sistema penal santafesino, una cuestión que ya fue legitimada por la Corte Suprema santafesina. (Tanto la ley que les otorga a los diputados y los senadores la chance de suspender o separar de sus cargos a fiscales y defensores como los procedimientos establecidos por la norma son parte de la sentencia del máximo tribunal a la que se han opuesto asociaciones de fiscales).

El texto parece tener la intención de dejar en claro que no se convalida desde la posición de Sain esa facultad del Poder Legislativo y contiene según esas publicaciones un adelanto importante: el ex ministro piensa pedir una medida cautelar contra el proceso en marcha.

El caso contra Sain por la “violación del ’89”, así se nombra al tema en los pasillos de la Legislatura, no debe ser confundido con otro intento anterior de la oposición mayoritaria de aplicarle una dura sanción. El 1ro de julio, en la sesión conjunta de ambas cámaras, se impuso un cuarto intermedio al tratamiento de una suspensión con la reducción a la mitad de su salario. Por entonces, de la jueza laboral Paula Calace Vigo ordenó pasar al archivo ese proceso iniciado por el MPA ante Acuerdos. La mayoría optó entonces por no tomar una definición y llevar la cuestión ante la Corte santafesina, tarea para la que el diputado Bastia fue designado en aquella sesión.

Como informáramos ayer (ver https://sur24.com.ar/2021/06/el-jueves-1ro-de-julio-se-votara-la-suspension-a-sain-en-el-mpa/), los integrantes de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa dictaminaron este miércoles, por amplia mayoría, recomendar a ambas Cámaras la suspensión de tipo provisoria, por seis meses y sin goce de sueldo (lo que implica una reducción del 50% de las remuneraciones) al titular del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, Marcelo Sain.

Por nueve votos a dos, Acuerdos tomó todas las decisiones vinculadas a Sain: decidió avocarse al análisis de las acusaciones en su contra provenientes del MPA que nunca dejó de integrar aun siendo ministro; aceptó la propuesta del senador justicialista Joaquín Gramajo (PJ-Nes-9 de Julio) para que su par radical Lisandro Enrico (UCR-General López) actúe como miembro acusador; y lo mismo con el dictamen del presidente de la Convención del radicalismo santafesino (que ya tenía listo para que se pronuncien su pares de la comisión).

El diputado por el DPD, el firmatense Gabriel Real quien forma parte de la mencionada Comisión de la Asamblea Legislativa formuló declaraciones esta mañana sobre lo sucedido ayer y la decisión de recomendar la suspensión de Sain.

“La semana pasada había entrado un pedido para que tratemos la situación de (Marcelo) Saín y lo que resolvió la Comisión ayer es abocarse a esta cuestión, por la denuncia que está haciendo el fiscal de Reconquista por cuestiones supuestas que tendrán que dirimirse en el seno de la Comisión y en función de eso avanzar. También se decidió nombrar al acusador y lo hemos propuesto al senador Lisandro Enrico”, esgrimiò Real.

Además, hizo referencia a los pasos a seguir de aquí en más, en caso que ambas Cámaras avalen la propuesta de la Comisión de Acuerdos y se decida avanzar con la suspensión del ex ministro de Seguridad provincial: “Lo que viene es un proceso respetando las garantías constitucionales. Saín tendrá que evaluar de que se lo está acusando y él tendrá su derecho a defenderse”.

Pruebas Aprender

En otro tramo de sus declaraciones, el referente del Partido Demócrata Progresista hizo una dura crítica a la decisión del Gobierno Nacional de suspender la realización de las tradicionales pruebas Aprender, las que según su opinión resultan esenciales en este momento de pandemia para conocer donde se está parado en materia educativa.

“Parece el mundo del revés; las pruebas Aprender si hay algo que marcan es como los estudiantes han elaborado el proceso de aprendizaje y en este momento de pandemia yo creería que sería más que necesario saber dónde estamos parados, tanto para docentes como para estudiantes”, enfatizó Real, agregando: “Es un Gobierno que se caracteriza por prueba y error; lo que estamos pidiendo es que no suspendan, que evaluemos y veamos en el marco de todo lo que está pasando tenemos que saber que efectos ha causado desde el punto de vista educativo; lo peor que se puede hacer es negar la realidad”.

Para el firmatense, “las pruebas Aprender son una herramienta valiosísima para analizar distintos aspectos que hacen a la cuestión educativa que, como todos sabemos han llevado los docentes, alumnos y familias lo mejor que han podido. Suspender las pruebas Aprender es ocultar la realidad y no querer saber dónde estamos parados”.

El pedido del diputado provincial Gabriel Real será tratado hoy en la Càmar de Diputados y, según sus expectativas “seguramente se ve a aprobar y va a ser una declaración de la Cámara de Diputados diciendo que no podemos suspender esta herramienta tan valiosa”.

En cuanto al retorno de los chicos a las aulas, para Real “de ninguna manera la presencialidad, que es algo que necesitamos todos, puede ir en contra de situaciones sanitarias; con esa salvedad, de lugares que haya inconvenientes o que la situación este complicada, nosotros creemos que hay que volver a las clases presenciales”.

Oxígeno para Rufino

En Rufino ocurre algo insólito y que merece un capítulo en lo que dejaron las declaraciones realizadas por Gabriel Real esta mañana.

Planta de oxigeno donada por empresarios de Rufino.

La sureña ciudad santafesina cuenta con una planta de oxígeno lista para abastecer del tan preciado elemento a la localidad pero no logra que sea habilitada.

A pesar de los esfuerzos políticos y ciudadanos realizados hasta el momento, aún no se lograron respuestas y la planta, adquirida con esfuerzos locales está obsoleta.

“Ya en agosto del año 2020 por unanimidad la Cámara aprobó que el Ministerio de Salud haga lo que tenga que hacer, ya que no han hecho nada sobre ese tema, para que esa planta de oxígeno, que fue comprada por iniciativa de un grupo de empresarios e instituciones de Rufino que se pusieron a juntar dinero para ayudar a la salud pública funcione. Ellos recaudaron alrededor de 11 millones de pesos y entre otras cosas compraron una máquina que provee el mismo oxígeno aprobado, por ejemplo, en Estado Unidos y en la Comunidad Europea; sin ir tan lejos, el gobernador de Buenos Aires (Axel) Kicilloff autorizó este tipo de máquinas en 14 lugares de su provincia”.

Para Real, existen intereses alrededor de este tema y la no autorización para su funcionamiento responde a cuestiones que van más allá de cuestiones técnicas inherentes a lo estrictamente sanitario: “No me caben dudas que esto tiene que ver con el oligopolio de la venta del oxígeno medicinal, porque los mismos argumentos que utiliza el Ministerio aquí diciendo que puede ser perjudicial para la salud no es el criterio que tiene en provincias como Buenos Aires o Chaco que también lo está utilizando. Lo que hubo fue una inacción, porque si había que hacer algún tipo de suplemento o consultarle a la ANMAT sobre que necesitaba esa planta para funcionar, no se hizo. Recién ahora se mueve, después de un año y de cuatro movilizaciones sociales en Rufino. Veremos cuál es la respuesta”.