Los integrantes de la comisión Bicameral de Seguimiento del estado de Emergencia en Seguridad Pública y Servicio Penitenciario se reunieron en Rosario para evaluar las acciones a seguir luego de que el Ejecutivo enviara al Senado una nueva Ley de Emergencia en Seguridad “sin haber cumplimentado, tal como lo exige la misma normativa, con la rendición de cuentas del ejercicio que finalizaba el 31 de diciembre de 2022”, advirtieron.

Los legisladores decidieron citar a todo el equipo del Ministerio de Seguridad, incluido el nuevo secretario financiero, Gustavo Bode, para que en febrero asistan a esta comisión y se pueda realizar un análisis exhaustivo y conjunto de los datos.

Luego de la reunión, la socialista Lionella Cattalini informó que “los integrantes de la Comisión resolvimos presentar por escrito un pedido para que el Poder Ejecutivo de cuentas de todo lo que hizo hasta el 31 de diciembre de 2022. Nuestra facultad es controlar y monitorear la Ley de Emergencia y por eso necesitamos conocer los datos de la rendición. Nos preocupa que el gobierno quiera una nueva ley de Emergencia sin haber presentado la rendición de gastos que deberíamos haber recibido en diciembre del 2022. Es alarmante la falta de gestión en todas las áreas del gobierno de Perotti y sobre todo en materia de seguridad”.

Por su parte, el diputado radical Juan Cruz Cándido expresó que “de 36 meses de gobierno, 30 transcurrieron bajo leyes de emergencia. No vimos resultados, como ningún ciudadano, y tampoco tuvimos la posibilidad de acceder a saber qué se hizo con los recursos que se asignaron con la ley de emergencia y con las facilidades para utilizar esos recursos que la propia ley garantizaba”.

Ximena Sola (Pro) destacó que “desde que inició el actual gobierno provincial siempre hemos sido una oposición constructiva y otorgamos al gobernador las emergencias que fue solicitando. Estaremos dispuestos a dar las herramientas necesarias para combatir el delito. Pero esta vez ¿estará dispuesto el gobernador a usarlas?”.

Cattalini concluyó que “la falta de gestión es total y las irregularidades en los procesos de licitación y compra cada vez más evidentes”. Para la diputada, la situación es “muy grave y se necesita actuar con premura”.

El gobernador Omar Perotti mantendrá este viernes un encuentro con el ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, y todo su equipo. Será a las 14.30 en la ciudad de Rosario y desde la víspera se sostiene una suerte de guardia periodística por sus resultados. Allí pueden resolverse las tensiones que, dentro de esa cartera, mantienen el ex comisario Rimoldi y la contadora Ana Morel, una funcionaria que está bajo su órbita pero ocupa su cargo desde los primeros meses de la actual gestión gubernamental y tiene una responsabilidad decisiva para el avance de la compra de insumos y la contratación de servicios, en la Secretaría de Administración Financiera.

Aunque el organigrama oficial no lo diga, se trata de una contadora que -como en otros ministerios- tiene la confianza del titular del Ministerio de Economía, Walter Agosto, quien centraliza decisiones cuando se trata de imputaciones presupuestarias.

El jueves 6 la Cámara de Diputados votó una resolución para volver a citar al ministro de Seguridad y a la funcionaria del área de logística, para que por fin expliquen la ejecución presupuestaria de los fondos asignados por la Ley de Emergencia en Seguridad, que vence en diciembre próximo.

Según la oposición mayoritaria en ese cuerpo legislativo, el gobierno provincial ejecutó menos del 10% de los recursos previstos, en tanto que el ministro Rimoldi sostiene que fueron ya “imputados” el 95% de esos recursos.

El problema es que al reunirse con la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia en Seguridad creada por la misma norma, el titular de la cartera no tuvo asistencia de la contadora Morel, la funcionaria que es clave para esas compras y contrataciones que tienen procesos excepcionales y más ágiles habilitados.

Ese miércoles 5, el dato no pasó inadvertido entre los diputados opositores que, en declaraciones a la prensa, adelantaron que con la documentación oficial que se les entregó desde la Casa Gris no ven razones para votar una prórroga a la ley 14.070, promulgada en enero de 2022. Rimoldi ratificó que ese instrumento es de suma utilidad para la gestión.

En tanto, legisladores del oficialismo que asistieron a la reunión, recibieron otra novedad cuando terminó ese encuentro: todo indicaba que se iría Morel de Seguridad. Pero como ese rumor no se confirmó, comenzó a crecer otro -durante las últimas 48 horas- que pone al gobernador Perotti como obligado árbitro del enfrentamiento.

El encuentro fue presentado por la prensa oficial con el objetivo de discutir y establecer cuestiones de tipo operativo para afrontar la situación imperante por el avance delictivo en el espacio público de la ciudad del sur. Si así sucede será porque al Titular del Poder Ejecutivo le habrá bastado con sacar un alguna tarjeta amarilla, sin llegar a mostrar la roja.