El Ministerio de Justicia de Nación dio a conocer a través del Boletín Oficial las nuevas fechas de entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal para distintas regiones. En particular, será para las jurisdicciones de las Cámaras Federales de Apelaciones de Córdoba, Posadas y La Plata.

Según lo dispone la ley 27.150, la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) será progresiva. El texto legal –sancionado en 2015- le atribuyó a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del CPPF (que funciona en el ámbito del Congreso de la Nación) la decisión sobre el cronograma de implementación en el ámbito de la justicia federal.

Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia de la Nación. Archivo El Litoral

En ese contexto, la única jurisdicción federal en la que el CPPF se puso en marcha el 10 de junio de 2019 fue la correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, que integran las provincias de Salta y Jujuy.

El 26 de febrero de 2024, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 188/2024, se asignó la función de establecer el cronograma de implementación del CPPF al Ministerio de Justicia de la Nación.

En ejercicio de esa atribución, mediante las resoluciones 63/2024, 64/2024 165/2024 y 216/2024 ese Ministerio dispuso la entrada en vigencia del CPPF a partir del 6 de mayo de 2024 en el ámbito de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, en la jurisdicción Mendoza (que incluye toda la provincia de Mendoza, y las provincias de San Juan y San Luis) a partir del 5 de agosto de 2024, y en los distritos de General Roca y Comodoro Rivadavia a partir del 4 de noviembre y 2 de diciembre de 2024, respectivamente.

Horacio Rosatti y Patricia Bullrich. Crédito: Marcelo Manera.

A fines de 2024, el ministerio también dispuso la puesta en marcha del sistema acusatorio en los distritos de Mar del Plata y Bahía Blanca (que comprende a esa ciudad del sur bonaerense y a la provincia de La Pampa), a través de la Resolución N°377/2024 y 233/25, las que se concretaron el 7 de abril y el 29 de septiembre de 2025, respectivamente.

Luego, a principios del 2025, por medio de la Resolución MJ N°143/25, se estableció la entrada en vigencia del CPPF para la segunda mitad del año, en las jurisdicciones correspondientes a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico y en los distritos de Corrientes y Resistencia.

En el caso de Comodoro Py, el Gobierno había dispuesto la entrada en vigencia de la totalidad del código para el 11 de agosto de 2025, sin embargo, la fecha fue prorrogada en dos oportunidades, quedando finalmente en el 20 de abril de 2026.

El Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe, ubicado en pleno centro. Archivo El Litoral

Para el caso de las cámaras federales de Posadas y La Plata, el ministerio había dispuesto, a través de la Resolución n° 530/25 la entrada del texto para el 16 de marzo y 18 de mayo del corriente; fecha diferida a partir de esta nueva resolución para el 24 de agosto y 30 de noviembre, respectivamente.

También, mediante esta resolución, estableció que el Código Procesal Penal Federal comience a regir para la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba el 15 de junio próximo. "En atención al estado actual del proceso de reforma, y a fin de asegurar una implementación ordenada, eficaz y sostenible, resulta oportuno disponer la plena entrada en vigencia", argumentó el Gobierno.

Queda aún pendiente la disposición respecto a cuándo será la puesta en marcha del CPPF en los restantes distritos federales de todo el país, y también en el ámbito territorial de la Capital Federal, en relación con la denominada “justicia nacional”.

El régimen procesal acusatorio, que Santa Fe aplica en su Justicia Penal provincial desde febrero de 2014 y desde junio del año pasado en el fuero Juvenil, reemplazó al denominado al sistema inquisitivo o “mixto” (regido por el anterior Código).

En ese sistema, los jueces federales alternaban su rol de garantizar el respeto del debido proceso penal y juzgar sobre la situación procesal y responsabilidad del imputado, con funciones investigativas propias de quien promueve el ejercicio de la acción penal.

El nuevo CPPF deja de lado modalidades propias del régimen inquisitivo, y establece un sistema adversarial, en el que tanto la fiscalía como la defensa esgrimen sus argumentos y elementos de convicción, y los jueces controlan y deciden, sin participar en la “construcción” del caso y, por lo mismo, aventando el riesgo de una toma de partido anticipada.

En este marco, los y las fiscales promueven la acción penal y dirigen de manera exclusiva la investigación penal contra los presuntos autores y partícipes de un hecho delictivo. Luego, el mismo fiscal debe eventualmente sostener y acreditar su acusación en un juicio oral y público. Los jueces, en tanto, garantizan que se cumpla la ley durante el proceso, además de controlar las garantías constitucionales.

Todo el proceso tramita esencialmente con audiencias orales y públicas -donde se concentra la mayor actividad procesal posible- y sin un expediente. El Ministerio Público Fiscal forma un legajo de investigación al que no pueden acceder los jueces.

El trámite, incluidas las tres fases hasta una hipotética sentencia en juicio (de investigación preliminar, intermedia y de juicio) no puede prolongarse más allá de los 36 meses en total; o hasta 6 años como máximo en casos de mayor complejidad, como el narcotráfico o la trata de personas.

Además, el CPPF promueve la celebración de acuerdos de colaboración entre el MPF y los imputados, y el uso -en el marco del sistema estrictamente acusatorio- de técnicas especiales en la investigación, como el agente encubierto, el agente revelador, el informante y la entrega vigilada.

Al mismo tiempo, el nuevo CPPF también dota a los/las fiscales de mayores facultades para disponer de la acción y para arribar a acuerdos de conciliación y reparación integral en casos de menor complejidad, lo que tiende a descomprimir el sistema de administración de justicia penal y, al mismo tiempo, buscar una solución efectiva y pacífica del conflicto.

Sobre el filo del plazo máximo, el gobierno de Javier Milei envió esta tarde al Congreso Nacional el polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la economía, en una señal de que está dispuesto a impulsar su tratamiento en medio de las versiones que indicaban que intentaría evitar que se trate. A partir de hoy, la Comisión Bicameral, que aún debe conformarse, tendrá diez días hábiles para emitir dictamen y enviarlo para su debate en el recinto de Diputados o el Senado.

El decreto fue girado por la Jefatura de Gabinete que conduce Nicolás Posse -como lo indica la Constitución-, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales con el Parlamento y la Sociedad Civil que conduce Omar de Marchi, ex diputado mendocino, recién llegado al Gobierno. Ingresó por la Cámara alta poco antes de las 15, aunque existía la posibilidad de que lo hiciera por cualquiera de las dos mesas de entrada.

Según confirmaron cerca del ministro coordinador, fue presentado con todos los artículos originales con los que salió publicado en el Boletín Oficial el 20 de diciembre, incluido el capítulo laboral que la CGT logró suspender a partir de la cautelar de la Cámara del Trabajo a partir de su amparo. “Esto es una notificación al Congreso sobre el DNU publicado hace diez días. No era posible introducir cambios”, aclararon en la Jefatura.

El paso administrativo toma mayor relevancia después del fallo adverso de la Justicia. El Gobierno decidió hacer el envío a tiempo a pesar de que la comisión, según dicta la ley de DNU, podía tratar “de oficio” el decreto. Fue un gesto institucional en medio de las acusaciones por intentar saltear al Congreso de parte de la oposición más radical, donde también los acusan de postergar, con ardides, la conformación de la Comisión Bicameral Permanente, donde debería tratarse el decreto.

A partir de hoy rige un plazo de diez días para que ese cuerpo se integre, empiece a debatir el documento y, eventualmente, obtenga dictamen. Hasta ahora, todos los partidos enviaron sus listas con sus miembros designados, excepto el bloque de Unión por la Patria, que exige cuatro puestos en lugar de los tres que quieren asignarle los libertarios.” 

Sobre el final de la semana pasada, el Poder Ejecutivo promulgó y publicó en Boletín Oficial la ley 14.240 que regula la rendición de cuentas de gastos reservados o especiales “los que se destinan exclusivamente a solventar gastos necesarios para la realización de investigaciones criminales complejas que no puedan ser financiadas con gastos ordinarios o que se encuentran vinculados con la preservación de la vida o integridad física de personas relacionadas a dichas investigaciones”.

La rendición no podrá exceder el plazo de un año, salvo un reclamo fundado dejando en manos del Tribunal de Cuentas el control y seguimiento de esas partidas.

En su artículo 4, la ley reza “el carácter de reservado que se atribuyen a los fondos se entiende limitado al procedimiento de rendición de los mismos, de acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 12.510 o a la protección de la Información, en tanto que su divulgación pueda afectar el normal desenvolvimiento de una investigación criminal o poner en peligro la vida o la integridad física de una persona”.

No obstante el rol del Tribunal de Cuentas, la ley crea la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Uso de Fondos Reservados en el Estado Provincial, integrada por tres representantes de cada cámara.

La norma dice que en cumplimiento de sus objetivos, la Comisión Bicameral “tendrá acceso a toda la información relacionada al programa y del fondo, que por la presente ley se crea su administración y destino, así como también a todos los actos administrativos dictados por los organismos involucrados en su aplicación siempre que no se trate de datos o información referidas a las investigaciones en curso del Ministerio Público de la Acusación o que pudieran comprometer su estrategia y acusación o el derecho a la intimidad, dignidad y seguridad de las personas beneficiarias del programa”.

(Télam) - Las autoridades del Congreso Nacional buscarán avanzar esta semana en la designación de los integrantes y la definición de las autoridades de la estratégica Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que debe tratar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 de desregulación de la economía dictado por el presidente Javier Milei.Si bien el Gobierno no incluyó el DNU en la convocatoria de sesiones extraordinarias, ese organismo parlamentario puede conformarse y tratar el DNU, así como emitir dictamen, pero hay debate en torno a si lo puede tratar o no en el recinto de sesiones por no haber sido incluido en el llamado a este período, que se extenderá desde mañana hasta el 31 de enero.En su artículo 6, la Ley 26.122 -por la cual en 2006 se estableció el trámite que deben seguir los DNU en el Congreso- establece que la Comisión Bicameral Permanente "cumple funciones aun durante el receso del Congreso de la Nación", con lo cual puede deliberar en cualquier momento. Sin embargo, las interpretaciones varían en lo que respecta a si se puede tratar o no en el recinto de sesiones fuera del período ordinario, que va desde el 1 de marzo al 30 de noviembre de cada año, con posibilidad de prórroga.Sin embargo, hay un plazo que el Ejecutivo debe cumplir: el artículo 12 de la Ley 26.122 determina que, "dentro de los diez días de dictado un decreto de delegación legislativa, lo someterá a consideración de la Comisión Bicameral Permanente".De esta forma, el presidente Javier Milei, tiene plazo hasta el 5 de enero próximo para enviar el DNU 70/2023 al Congreso.En su participación en el programa de Mirtha Legrand el sábado último, en Canal 13, Milei puso el acento en la importancia que representa para su plan de gobierno la aprobación de esa nota y se mostró confiado en lograrlo: "Si logramos sostener este DNU, va a ser muy positivo", remarcó."Apuntamos a que haya un shock de inversiones gracias al shock de libertad que damos en ese DNU", apuntó Milei, quien sostuvo que "la clave de este plan es que el aumento de ahorro por el ajuste tenga contrapartida en inversión"."La idea es que haya un shock de inversiones como consecuencia de un shock de libertad con quita de regulaciones", completó.El decreto de necesidad y urgencia de desregulación de diferentes aspectos de la economía fue anunciado el miércoles pasado por el mandatario a través de una cadena nacional, en tanto, al día siguiente, quedó oficializado con su publicación en el Boletín Oficial.De todas maneras, mientras sigue el tratamiento parlamentario, un DNU tiene vigencia. Es que, de acuerdo con lo establecido por las normas, los decretos de necesidad y urgencia siguen activos en tanto las dos cámaras del Congreso no rechacen la norma con mayoría absoluta de sus miembros, es decir con la mitad más uno de sus integrantes.Si una cámara lo aprueba, quedará firme y lo mismo sucederá si el Congreso no se expide, en lo que se conoce como una "sanción ficta" o tácita.De hecho, el Congreso Nacional hasta ahora no derogó ningún DNU pero tampoco nunca se habia dictado una norma que contiene mas de trescientos reformas a la legislación vigente en materia económica, laboral y de salud.La vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, avanzaron en los últimos días y se espera que esta semana oficialicen la designación de los 16 miembros que tendrán la comisión Bicameral de Trámite Legislativo, cuya presidencia este año le tocará ejercer a la Cámara alta, ya que su último titular fue el ex diputado Marcos Cleri (FDT).De acuerdo con la Ley 26.122, la Comisión Bicameral Permanente está integrada por ocho diputados y ocho senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas.El ministro del Interior Guillermo Francos, quien estuvo el jueves último en el Congreso Nacional, y se reunió con Villarruel y Menem, afirmó que el armado de la Comisión Bicameral para tratar el DNU en el Congreso es "central" y se está "trabajando para poder constituirla"."Nuestra representación parlamentaria es minoritaria, pero se construye mayorías a través de consensos y acuerdos para que nos permita llevar adelante el objetivo", concluyó. 

La vicepresidenta Victoria Villarruel tendrá un rol clave en la Comisión Bilateral que envió el presidente Milei. (Prensa) 

En el Senado, la vicepresidenta fue autorizada a conformar el cuerpo legislativo con tres senadores del Frente de Todos y otros cinco de las demás fuerzas políticas, incluyendo La Libertad Avanza (LLA), además del radicalismo, el PRO, Cambio Federal (conformado por exintegrantes de Juntos por el Cambio) y Unidad Federal (de peronistas disidentes y el oficialismo cordobés).Sin embargo, los legisladores del FDT siguen reclamando tener cuatro lugares y por eso proponen a María Teresa González, Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti y Silvia Sapag, aunque desde el oficialismo ya tienen definido le otorgarán tres representantes.Si bien no fue oficializada la lista, la mayoría estará integrada por el oficialista de LLA Juan Carlos Pagotto, de La Rioja, a quien la Libertad Avanza propone como presidente de la bicameral.También estarían en representación del Senado el radical chaqueño Víctor Zimmermann; el cordobés Luis Juez, del PRO; el macrista Juan Carlos Romero, de Salta, y el peronista correntino Carlos Espínola.Por Diputados, en tanto, están nominados Oscar Zago, por La Libertad Avanza; Francisco Monti, de la UCR, Hernán Lombardi, del PRO; y Nicolás Massot, de Cambio Federal.Aún no está definido si Unión por la Patria se quedaría con 4 o 3 sillas en la bicameral. Tampoco trascendieron los nombres.Además de definir la conformación, el oficialismo deberá encarar una negociación con la Unión Cívica Radical, el PRO, Cambio Federal, Hacemos con Córdoba, bloques provinciales, que con matices objetaron que el Gobierno se haya inclinado por un DNU en lugar de haber convertir esas propuestas en proyectos de ley, ya que sostienen que avalarían varias de los cambios impulsados por el presidente Milei.Desde la UCR y el acuerdo parlamentario piden que el Gobierno convierta ese DNU en varios proyectos de ley, pero el oficialismo no acepta hasta ahora ese pedido ni tampoco dividir el decreto.Uno de los temas que genera dificultades para poder respaldar algunas de las propuestas contempladas en el DNU es que su tratamiento debe ser en conjunto y no se puede fragmentar, de acuerdo con lo establecido por la Ley 26.122.En ese sentido, se establece que "no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes".Por eso motivo, la UCR está preparando un proyecto de ley tendiente a modificar el marco normativo que regula el tratamiento parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo.Desde la principal fuerza opositora, el bloque de UxP, liderado por Germán Martínez, define su estatregia con organizaciones sociales y la CGT, que el miércoles realizará una marcha a Tribunales para acompañar la presentación judicial pidiendo la inconstitucionalidad de ese decreto.

El decreto de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei que sienta las "Bases para la reconstrucción de la economía argentina" vio la luz este jueves con su publicación, bajo el número 70/2023, en el Boletín Oficial. Inmediatamente sus más de 360 artículos que modifican alrededor de 300 leyes provocaron rechazo, adhesiones, desconcierto y estupor (según el caso), sobre todo por la magnitud y profundidad de las reformas que se condensan en la "emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025".

El DNU incluye materias bien disímiles que van desde cambios en las reglas laborales, hasta el expendio de medicamentos pasando por la habilitación a que los clubes de fútbol se puedan transformar en sociedades anónimas. Un abanico que, el gobierno nacional anticipó, precede a otras reformas aún más profundas.

La pregunta es qué camino debe seguir este DNU en el Congreso Nacional que, dicho sea de paso, aún no fue convocado a sesiones extraordinarias, prerrogativa que tiene el presidente de la Nación. En este punto cobra protagonismo la Comisión Bicameral. Pero, ¿qué es? ¿qué atribuciones tiene? ¿con qué plazos cuenta?

Desde los sitios web especializados Parlamentario.com y Chequeado.com se aportan respuestas a estas y otras preguntas.

El punto de partida es la Ley 26.122 de 2006, que regula el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de decretos que dicta el Poder Ejecutivo. De acuerdo a esta norma, el jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse, tiene 10 días hábiles desde la publicación del decreto en el Boletín Oficial para su comunicación al Congreso. Para el caso del DNU 70/2023, este plazo vencería el 8 de enero, tal cual anticipa Chequeado.com

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo tiene, a su vez, 10 días hábiles desde el ingreso del decreto para darle tratamiento. La misma ley indica que "vencido el plazo anterior sin que la Comisión Bicameral haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto".

El tema es que la Bicameral aún no fue constituida y su conformación es crucial desde el punto de vista del reparto de fuerzas.

La comisión se integra con 8 miembros de la Cámara de Diputados y 8 del Senado "designados por el presidente de sus respectivas cámaras, a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas", tal cual indica la ley.

Por Diputados, la mitad serán de Unión por la Patria, y los otros cuatro se reparten entre La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y el bloque federal.

En el Senado, habrá cinco lugares para el oficialismo y la oposición no kirchnerista, y tres para Unión por la Patria. El primer grupo conformó la semana pasada una mayoría para votar a las autoridades de la Cámara alta y repartir el porcentaje de las comisiones. Pero no necesariamente esa unidad estratégica se sostendrá en este caso.

En este sentido, con marcada minoría en ambas cámaras, La Libertad Avanza depende de que los representantes de la oposición no kirchnerista sume sus voluntades a las del oficialismo, cosa que está por lo menos en duda.

En los hechos la Bicameral no se reúne desde el 6 de julio de 2021 para tratar expedientes. Solo hubo una reunión constitutiva el 30 de junio de 2022 de 10 minutos para nombrar autoridades.

Cumplidos los plazos y constituido el organismo, ¿cómo se avala o se rechaza un DNU? Para quedar avalado requiere del voto de una sola cámara, pero para ser declarado inválido, se precisa que sea rechazado en ambas.

"La comisión sólo puede expedirse sobre la validez o invalidez del decreto", aclara Chequeado. El dictamen deberá pronunciarse expresamente sobre la procedencia formal -plazos y firmas, básicamente- y la adecuación a los requisitos sustanciales previstos en la ley y en la Constitución -que no trate sobre las 4 materias vedadas (penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos), y que efectivamente medien las "circunstancias excepcionales" de "necesidad" y "urgencia" que hicieran imposible seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes.

En definitiva, la Bicameral no puede introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto enviado por el Ejecutivo. Sería un caso de "todo o nada", aceptación o rechazo.

No es lo que ocurrió, por ejemplo, durante la gestión del ex presidente Alberto Fernández, que no padeció rechazos en el Congreso a sus decretos de necesidad y urgencia.

Sin embargo, la magnitud, el alcance y las reacciones de esta mega norma anunciada por Javier Milei, cuestionada incluso en la calle con cacerolazos en las principales ciudades del país, hace prever que el camino no será llano.

Mariana Ortigala (1ro de septiembre de 2023, 13.37 hs): - Mati ! Más allá de todo la justicia es solo de Dios!

Mariana Ortigala (Idem, 13.38): - Gracias por todo te adoro de verdad siempre voy a estar para vos. Y para Luis aunque sea malo. Vos sabés que aunque nadie lo sepa o crea, lo que mas intento es frenar muertes, siempre intento ayudar sea quien sea la persona !

Matias Edery (Ídem, 14.10): - No es malo Luis. Pero él tiene miedo de que después nos quieran sancionar o sumariar por decir que nosotros lo ayudamos a Rodrigo.

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Si fuera una obra de teatro ese sería el epílogo de un acto, acaso uno de los más atractivos, del extenso intercambio de mensajes entre el fiscal de la ciudad de Rosario Matías Edery y Mariana Ortigala, su informante, que hoy está detenida por ser parte de Los Monos y presuntamente haber cometido extorsiones en una causa que se lleva adelante a nivel de la justicia federal.

Edery y Ortigala hablan del fiscal Luis Schiappa Pietra, el jefe de él; y de Rodrigo Ortigala, el hermano de ella. Son también personajes principales, siempre citados en sus diálogos.

Ciertamente, da para una obra de ficción novelada, pero todo es parte de una compleja realidad: la de la relación que complica a Edery (y comienza a hacerlo con Schiappa Pietra) con una testigo clave para llevar a juicio al jefe del Clan Alvarado, rival de aquella banda.

Según se desprende de lo que aquí se resume, también Ortigala habría sido clave para otra causa que hizo muy conocidos a ambos fiscales: la que se ha reabierto ahora contra el senador justicialista Armando Traferri, por presuntos vínculos y pedidos de coima con un empresario del juego ilegal. El legislador hace un par de meses ha dejado de ampararse en sus fueros y acepta enfrentar a la justicia. Su primer paso es pedir a la fiscalía regional del MPA que designe otros acusadores.

Más allá de que haya existido o no vinculación entre la trama de fondo de aquel diálogo con las acusaciones que, otro personaje femenino (ya se verá quién) efectivamente llevó a cabo contra el representante de San Lorenzo, está claro que hubo una cuidada negociación entre ambos. Ella sobreabunda en argumentos; él es parco, pero dice lo suyo.

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Para la defensa de Traferri (pero también para los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno que fueron apartados de la causa contra Edery) lo que Mariana Ortigala le "facturaba" a Edery era su aporte de un nuevo testigo contra el senador. Pero eso es materia de otro capítulo, con personajes llegados desde la ciudad de Rafaela. "Continuará...", decían los comics cuando se llamaban historietas.

Es evidente la presión de Ortigala sobre el fiscal para que su hermano no vaya a prisión, para que la causa que enfrenta pueda tener otro desenlace. Ella ya había sobrevivido a sicarios que le dispararon 35 balazos de los Alvarado y teme que no haya otro milagro para Rodrigo. Como se ha visto en las primeras líneas de este texto, los ruegos de Mariana tuvieron el efecto deseado sobre los fiscales y ella lo celebra, acude a la justicia divina.

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El primer día de septiembre de este año la justicia provincial dictó duras condenas contra los responsables de los disparos al Casino City Center que, en enero de 2020, mataron a alguien que simplemente había salido al balcón a fumar: Enrique Encino, ex gerente del Banco Nación de la localidad de Las Parejas, víctima de la violencia extorsiva de Los Monos.

Las crónicas sobre el fallo histórico de dos meses atrás mencionan que Rodrigo Ortigala fue condenado solo a un año y medio. Y que en la sentencia de Cámara constan reproches a los fiscales por lo insuficiente de su acusación sobre quien por ellos fue llevado a juicio por complicidad en una extorsión. Aquí se verá por qué. Y se deberá adivinar el objetivo.

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Es el 26 de julio de 2022 y son las 16.51. Ortigala llama, envía mensajes y deja audios al fiscal Edery. Está desesperada y usa todo lo que ha vuelto a escuchar de sus chats con el MPA que no ha borrado. Debe cuidar a su hermano. Ruega que no vaya preso. (Se usan paréntesis para agregan datos que guíen al lector). ¿Qué estaba "re cerradito"?

Mariana Ortigala: - Mati, querido, yo sé que vos estás a full, lo sé, lo sé, lo sé. Te torturo con esto que es algo re personal, viste, yo ya lo tenía como, con lo que habíamos hablado, re cerradito, viste, y Luis (Schiappa Pietra) me cortó el rostro re mal, como que me dijo que lo que yo hablé con vos imposible, como que no hay posibilidades. Si vos querés lo hablamos solos y en persona, o con Luis, o con quien sea, con quien vos me digas, Mati, lo que sí… Yo apelo a... A ver, a la confianza que vos sabes de las cosas que yo te he mandado desde que te conozco. Apelo a eso. Vos imaginate Mati que... En el lugar en que estoy yo que... Ese teléfono del cual salen las mismas escuchas de Rodrigo (Ortigala)... Sale lo de Leo (Peiti, quien acusó a Traferri entre otros), sale lo de los fiscales (que debieron renunciar por coimas, el ex regional de Rosario, Patricio Serjal y su ex subordinado Gustavo Ponce Asahad) y todo lo demás… (¿Qué será?) Ayer justamente estaba revisando los audios con Carla (una colaboradora del MPA con contacto directo con Ortigala), hasta ese teléfono se lo entregué yo. A ustedes. Ni hablar que... O sea... A Leo… Hemos parado allanamiento, hemos parado mediante ese allanamiento que yo te pasé. Hemos parado cosas gravísimas en Rosario. Hemos parado un montón de cosas y yo creo que he colaborado pero infinitas veces.

M O: - Siempre obviamente con la confianza que te tengo a vos, Mati, que vos no ibas a decir nada y yo tampoco, obviamente. Pero yo me he metido en villas a filmar a gente para mandárselo a Carla. Ayer justo leía todo eso. Carla me ha pedido un millón de cosas que tampoco correspondían y yo las he hecho, Mati. Yo esto no lo voy a hablar ni con Luis ni con nadie, solo con vos y si querés lo hablamos en persona. Pero yo necesito que me den una mano, Mati, con lo de mi hermano, porque encima es una pavada. O sea, si vos lees la imputación, yo no creo ni siquiera que se configure en una tentativa de extorsión. Nosotros ya hablamos con el muchacho (la víctima), el muchacho tampoco quiere denunciar, no quiere nada, ¿viste? Pero para mí es un problemón porque si Rodri va preso, a él lo matan. Ya sabemos todos que a él lo matan. Aparte mi hermano… mi mamá se muere, yo también, y mi hermano tiene cuatro hijos y la mujer de él no trabaja. Qué se yo, mi hermano nunca más… está trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche todos los días construyendo cabañas, que eso está re bien mi hermano, está re tranqui, no se junta con absolutamente nadie. La verdad que nosotros con esto que nos metimos de Alvarado. Ya sabes Mati, como nos arruinamos la vida y todo lo demás, está bien, no es tu culpa, ¿no? Pero no sabíamos que iba a pasar lo de Bancora, o que nos iban a entregar así, y bueno, que iba a pasar todo lo que pasó. Así que yo te pido Mati, por favor, que nos reunamos y... que me den una mano, si no es nada extraño, no es que mató a una persona. Viste, tiene que haber algo, hay una posibilidad de algo. Yo creo que yo me he portado más que bien. Con Luis también, vos sabés que las últimas intenciones del loco, cuáles eran y… hablé con Vane, hablé con aquel, se paró todo. Yo creo que he colaborado mucho más que una pavada de esto de ahora. Avísame Mati, avísame cómo hacemos, porfi. Muchas gracias y disculpa Mati.

Matias Edery (dos minutos después): - No, no.

M O: - Jajaja, gracias

Edery: - Estoy resolviendo un quilombo

M O: - Tranqui Mati, tranqui, tranqui, yo re confío en vos, duermo más que tranquila, tranqui Mati, cuando puedas, no te hagas problema.

Edery (el mismo día, 8:32): - Sí, Mari, lo hablamos en persona con Luis, porque lo que me dice Luis, está bien, yo no había leído la acusación, pero lo que me dice Luis es que al margen de lo que diga o no diga la víctima, hay datos objetivos que van a salir en el juicio, que es la pericia básicamente, y que va a ser evidente que… que nosotros mínimamente tendríamos que haber llevado a Rodrigo a juicio o algo así. Y a nosotros no nos van a aprobar el archivo con esa evidencia. Eso es lo que dice Luis. Nos juntamos y lo hablamos bien. Ahora le pregunto a él cuánto puede y nos juntamos los tres.

M O: - Dale Mati, excelente, excelente. Claro, a mí me pareció un poquito raro cuando vos me dijiste eso, pero como que Luis tampoco me creía, obvio. Yo me quedé más que tranquila y después con lo que dijo Luis, me quedé más que no tranquila, me quedé desesperada. Mal, re mal. Pero dale, dale, nos juntamos los tres, vos decime cuándo y vemos, dentro de todo lo malo qué se puede hacer. Viste, igual a lo mejor, no sé… Bueno vos sabrás mejor, yo ahora le di lo que hay de prueba a Jesús (un abogado), pero para mí ni siquiera da para una tentativa de extorsión lo que hay, que son dos mensajitos de Rodrigo, loco, voladores, por ahí. Pero dale, vos decime cuándo y obvio que nos juntamos.

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De inmediato, el mismo día de julio del año pasado, ella pide información precisa (seguramente solicitada por su abogado) sobre "las fechas de Rodrigo de condena para tratar de buscarle, no sé, cualquier cosa, una domiciliaria con salida laborales, qué se yo, cualquier cosa, lo que sea, que no estaría encerrado". Para "ver legalmente qué vuelta le puedo dar, sé que es complejo. Encima, viste, que lo que yo te decía, me da una bronca bárbara que sea tan chiquita la causa, viste. Pero bueno, a lo mejor algo se puede hacer", le dice a Edery.

El fiscal solo pide que ella se lo recuerde al día siguiente, se van a ver en Tribunales. Así "te paso el reincidencia, te paso el certificado, que ahí están todas las fechas", comenta él. Ella agradece y sugiere: "a mí me suena como que capaz que estamos muy cerca también de que (su hermano) no sea reincidente, por eso quería agotar esa vía también, esa opción viste, qué se yo, un abreviado, pero bueno, sin que tenga un cumplimiento efectivo (de prisión) sería, sabes qué, tocar el cielo en las manos", predice. Y sí, la justicia acaso sea "sólo de Dios".

Georgina Orciani, diputada por el Bloque UCR Evolución que lidera Maximiliano Pullaro, participa junto al senador provincial Lisandro Enrico del debate sobre el proceso penal para personas menores de edad.  

En ese sentido, la oriunda de Santa Isabel remarcó: “Dada la importancia que tiene este tema, y a la luz de los hechos de inseguridad que siguen ocurriendo, repitiéndose cada vez con mayor frecuencia, la necesidad darle un cierre a este Proyecto de Ley de creación del Código Procesal Penal Juvenil, ha cobrado relevancia extrema”. 

La legisladora radical expresó, “Junto al Senador Lisandro Enrico pretendemos que el Código Procesal Penal Juvenil sea realmente una herramienta para garantizar y dotar de eficacia a los derechos fundamentales de los jóvenes, con el establecimiento de principios de interpretación propios; dando mayor relevancia y participación a las víctimas de los delitos cometidos por menores de edad”; agregando que “se busca actualizar el procedimiento penal juvenil en consonancia con el procedimiento de los adultos, garantizando la oralidad y eficiencia de las investigaciones y los juicios”. 

Cabe mencionar que la propuesta presentada por el Senador Enrico también establece el deber del estado de empezar a promover espacios de comunidad terapéutica para enfrentar a los jóvenes en conflicto con la ley. 

La ley también establece presencia y escucha de la víctima en el proceso del delito cometido por un menor de edad; situación que al día de hoy no ocurre. Además, se prevé que la víctima pueda constituirse como querellante, es decir, ser parte del juicio. 

Orciani afirma que “la provincia vive una de las peores crisis de inseguridad sumado al nivel de impunidad de quienes cometen un delito.” 

“No vamos a dejar de trabajar, con todo el esfuerzo junto al Senado Lisando Enrico para que esta triste realidad cambie”, cerró la legisladora radical. 

El ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Rubén Rimoldi, se reunirá este martes con los integrantes de la comisión bicameral de seguimiento de la ley de Emergencia en Seguridad y el Servicio Penitenciario para explicar las razones que llevaron al Poder Ejecutivo a tener una norma de excepción para lo que resta del año.

Citarán a Rimoldi y a Bode por la nueva emergencia en seguridad para Santa Fe

La reunión fue solicitada por los tres senadores y tres diputados que integran la comisión de seguimiento y que exigieron como primer punto lo ejecutado con la norma que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre último.

Se reúne la oposición para discutir la nueva emergencia en seguridad

Tras la salida de Ana Morel de la secretaría administrativa del ministerio de Seguridad, el Poder Ejecutivo anunció a mediados de enero el envío de un mensaje y la habilitación de Extraordinarias del proyecto para una nueva ley de emergencia para ejecutar presupuestos en seguridad y el sistema penitenciario.

(Por Ivana Fux) – Los integrantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ley de Emergencia en materia de Seguridad emplazaron a las autoridades de dicha cartera para que en el término “de cinco días hábiles” documenten de qué manera se invirtieron los 3 mil millones de pesos que la propia normativa les asignaba para ejecutar en el corriente año.

La nota firmada por los senadores y diputados que integran la comisión solicita “la urgente remisión” de los informes de avance de las gestiones y de la ejecución presupuestaria de los fondos, así como del plan de inversiones tanto en materia de políticas de seguridad pública como penitenciarias. En el segundo párrafo de la misiva, los legisladores advierten que de no cumplimentarse el envío de la documentación requerida en el plazo planteado o en caso de que la misma no fuera aprobada, la Comisión “dará por concluida la presente ley”. De hecho, ésa es una de sus potestades. Los diputados y senadores que la integran no sólo deben verificar de qué manera se usó el dinero durante la aplicación de la ley; también pueden resolver que cese en su vigencia. El proyecto original prevé que continúe hasta diciembre, y es intención del Poder Ejecutivo renovarla por otro período. Pero la oposición no estaría dispuesta a conceder tal pretensión, si no se rinden los números como corresponde.

La exigencia de la Comisión Bicameral surge de las escasas precisiones que se obtuvieron en la exposición que el equipo de Rubén Rimoldi realizó la semana pasada en la Legislatura. El martes, el ministro de Seguridad y buena parte de su gabinete respondieron a la convocatoria de los legisladores para rendir cuentas sobre lo invertido durante la emergencia. Pero diputados y senadores quedaron disconformes, insatisfechos y ávidos de información precisa. En primera instancia, ello fue así porque de lo relatado por los funcionarios surgía que en los nueve meses de vigencia de la ley sólo se había ejecutado en términos reales el 10% de los 3 mil millones de pesos asignados. El propio Rimoldi dijo cuando se retiraba de la reunión que había un alto grado de fondos imputados -cerca del 98%- pero ejecutado, un porcentaje significativamente menor.

En segundo lugar y más allá de la disputa sobre los montos usados -en las últimas horas, se sumó a la polémica a través de las redes sociales el ministro de Gestión, Marcos Corach, intentando clarificar la situación-, la oposición cuestionó la falta de documentación con la que el equipo de Rimoldi había llegado a la Legislatura. Apenas un par de páginas con planillas Excel, y nada más. En la misma reunión, diputados y senadores comprometieron al funcionario para que en los días subsiguientes acercarse a las cámaras los documentos necesarios para corroborar y avalar lo dicho en el seno de la comisión. Pero al cabo de una semana, los papeles siguieron sin aparecer. Por eso, decidieron intimar a los funcionarios para que en los próximos cinco días presenten comprobantes y la documentación requerida.

Asimismo, los integrantes de la comisión recordaron que está pendiente una nueva convocatoria tanto a Rimoldi como a la Secretaría de Administración Financiera, Ana Morel, para que ambos expongan en el recinto de la Cámara de Diputados. La citación surgió en la sesión del jueves pasado, tras la reunión del martes que había dejado sabor a poco. En el encuentro, de hecho, ni siquiera se hizo presente Morel, quien debería haber dado cuenta del manejo de los números en el Ministerio durante toda la emergencia. Como se sabe, Rimoldi lleva apenas dos meses en el cargo, en tanto que la ley está vigente desde principios de año. La ausencia no pasó desapercibida para la oposición y molestó al oficialismo; Rimoldi exponía en la reunión mientras se enteraba de que en simultáneo un par suyo del gabinete le pedía la renuncia a Morel. Pero la dimisión no se concretó y ahora se la espera en el recinto de la Cámara de Diputados para que justifique lo que el Rimoldi no pudo explicar.

Hagar Blau Makaroff Este miércoles se llevó adelante una reunión de la Comisión Bicameral (Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y de Senadores), junto a vecinos y ambientalistas miembros de la Multisectorial Paren de Fumigarnos, que desde hace meses reclaman el tratamiento a la modificación de la Ley de Fitosanitarios para cambiar el modelo productivo basado en químicos por uno con mejores condiciones de salubridad, que está a poco de perder estado parlamentario. Y mientras estos últimos aseguraron que no tuvieron respuestas certeras de un compromiso con avanzar este tratamiento, los legisladores se mostraron conformes con la reunión y con el avance apuntaron al Ejecutivo provincial. En el encuentro virtual, que duró dos horas, participaron vecinos de pequeñas comunas rurales donde se usan agrotóxicos para cosechar soja y maíz, médicos y médicas especialistas, investigadores del Conicet, abogados ambientalistas, docentes, historiadores, y los legisladores Érica Hynes, Carlos del Frade (autor del proyecto de modificación de la ley) y el senador Hugo Rasetto, integrante de la Comisión equivalente en la Cámara Alta. El proyecto se encuentra sin tratamiento desde julio del año pasado, en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la provincia, área presidida por la diputada Hynes, quien precisó -en diálogo con Mirador- sobre el encuentro: “Los participantes hicieron mucho hincapié en que se trate rápidamente el proyecto impulsado por la multisectorial, y nosotros pusimos énfasis en contarles el proceso que estamos llevando adelante, ya que si bien está en cartera y tenemos intención en tratarlo, nuestro objetivo es que se transforme en ley, no solamente que haya un dictamen de la comisión”. De esta forma Hynes aclaró: “Para que haya una transformación de la legislación vigente tenemos que encontrar la manera de llegar a consensos, no solo para que haya dictamen, sino para que haya dictamen seguido de una media sanción, y finalmente una sanción definitiva. Y también para la promulgación y la reglamentación por parte del Ejecutivo y que después se cumpla su aplicación. El cumplimiento de la ley es algo muy importante que surgió tanto en esta reunión como en otras con distintos actores, que nos manifestaron que uno de los principales problemas no solo es la normativa sino el control sobre la misma”. Fue de esta forma que la diputada del Bloque Socialista que preside la comisión que precisó que “el Ejecutivo provincial nunca nos ha dado respuesta ni para participar de esta mesa ni para dar cuentas del control que está llevando con la ley vigente que es de 1995”.

En torno a lo que surgió de esta reunión, el referente de Paren de Fumigarnos, Sergio Gorosito, precisó en diálogo con Mirador que “fue una reunión virtual en la que más que un intercambio fue una exposición de nuestro reclamo. No se comprometieron de palabra, dijeron que quieren que la ley se reforme y Hynes nos dijo que este tema hay que seguirlo tratando, pero no sabemos a quiénes quieren ya preguntar. Ya se reunieron con el gremio de productores, la cámara que comercializa los agroquímicos, el INTA, el Senasa”. Entonces destacó que “un ingeniero puso a disposición su trabajo de las tres derivas, explicando cómo perjudica la salud de la gente, un abogado se explayó sobre la fase jurídica, de los fallos judiciales que hubo a favor de la salud de la población, que en pueblos no sólo se consiguió alejar la fumigación sino que hasta se metió preso a productores que fumigaban, y una doctora explicó los problemas que está teniendo la gente por respirar veneno, pero las respuestas fueron un ‘sí’ generalizado”. Además recordó un episodio: “Yo le pregunté a la diputada Hynes cómo en 2020 ni 2021 no se trató el proyecto en su comisión y no hubo respuesta. Y al senador Rasetto le pregunté por qué en 2019, un proyecto muy similar tuvo media sanción en la Camara Baja, por qué él lo dejó caer. Tampoco hubo respuesta”. Hynes, en cambio, valoró la reunión como “muy participativa”, y destacó que “durante dos horas hablaron casi todas las personas que se conectaron: se produjo realmente una participación plena y pudieron explayarse, queríamos tener su visión y sus ideas del tema que nos ocupa”. Así como aclaró a los presentes, confirmó a este medio que la reunión fue “una más de las que se están llevando adelante con distintos sectores: del conocimiento, universidades, institutos de Conicet, asociaciones de productores, de la industria, organismos de control”. El proyecto que modifica la ley de Fitosanitarios lleva cinco períodos legislativos, algunas veces sin tratamiento y otras, como la anterior, con media sanción en diputados, acordada por todos los bloques políticos. En un comunicado de la multisectorial expresaron tras la reunión: “Queremos que nuestro proyecto de ley no pierda estado parlamentario por sexta vez y que la ley que se logre sea en beneficio de la salud de las y los santafesinas/os, como también del ambiente del cual todas/os somos parte. Queremos una ley que apoye la agroecología de base social, ambiental y productivamente sostenible como herramienta agraria soberana para garantizar alimentos sanos, de cercanía, productividad y suelos fértiles así como un ambiente diverso”.