Este martes se realizó otro operativo de traslado de detenidos que estaban alojados en comisarías. Tal como sucedió en Rosario, esta vez fue en las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé. Los presos fueron llevados a la Unidad Penitenciaria N° 2 de Las Flores, en el norte de la capital provincial.

En total se reubicó a 68 presos desde seis comisarías y subcomisarías de Santa Fe, y otras dos dependencias de Santo Tomé, tareas que estuvieron a cargo de personal del Servicio Penitenciario, de Cuerpos y de Trámites, y Libertades de la Unidad Regional I de la Policía de la Provincia.

Una vez finalizado el procedimiento, el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, expresó que estas son “medidas de emergencia ante el hacinamiento en comisarías, que además nos quitan recursos policiales, porque estos policías deberían estar patrullando y no cuidando presos. Para eso tenemos que sacarles toda la carga de trabajo que no sea estrictamente policial, para lo cual el Servicio Penitenciario se va a hacer cargo de la custodia”.

El funcionario -que estuvo acompañado por la secretaria Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes; y la Jefa de la URI, Margarita Romero- recordó que “lo mismo hicimos la semana anterior en dependencias de Rosario”, y explicó que “hay sobrepoblación de detenidos en todos lados, y entre sobrepoblación en la Policía versus sobrepoblación en el Servicio Penitenciario, elegimos como mal menor sobrepoblar el Servicio Penitenciario, porque lo otro sería pedir libertades, y eso no lo vamos a hacer”.

Respecto de los traslados efectuados en la URI, Cococcioni indicó que “en principio van a Las Flores, pero desde ahí pueden ser relocalizados en cualquier otro punto de la provincia en base al perfil criminológico” de cada detenido.

“El objetivo es que no haya presos en comisarías -continuó el ministro-, pero los medios que tenemos para cumplir con eso hoy, no alcanzan”, y agregó en ese sentido que “habiendo dejado hace cuatro años 495 presos en comisarías, nosotros recibimos 1.700, producto que en cuatro años la infraestructura penitenciaria estuvo prácticamente congelada en los mismos números que dejamos nosotros”.

Sobre la sobrepoblación en comisarías, repitió que “ahora estamos tomando medidas de emergencia. Después, con otras medidas iremos aliviando la situación. Con los operativos en Santa Fe y Rosario, de esos 1.700 detenidos están quedando casi 1.550”, y aseguró que “se va a intervenir en todas las dependencias policiales, y al cabo de la mitad de nuestras gestión esperamos que no quede un solo preso en comisarías en la provincia de Santa Fe”.

Finalmente, Cococcioni remarcó que “es incalculable todas las cosas que hace la Policía que no son prevenir el delito, por eso estamos conduciendo una auditoría de funciones administrativas y de complemento que se terminará en 90 días. Una de esas funciones administrativas y complemento es la custodia de detenidos; otras son las custodias fijas, que las hemos levantado a todas; otras son las tareas accesorias, de logística, lavar el patrullero, todo eso se lo vamos a ir sacando y la policía va a hacer de policía”.

Durante la mañana del martes se realiza un operativo especial de traslado de presos alojados en comisarías y subcomisarías de Santa Fe y Santo Tomé hacia la unidad penitenciaria N° 2 de Las Flores.

Dicho dispositivo responde a una orden operacional dispuesta por el gobernador Maximiliano Pullaro y es realizada por personal policial, junto a agentes del Servicio Penitenciario, personal de Cuerpos y de Trámites y Libertades de la Unidad Regional I.

Desde horas tempranas distintas grupos de seguridad comenzaron a "mover" detenidos (68 en total ), los que estaban alojados en las distintas comisarías y subcomisarías de Santa Fe y Santo Tomé, para ser reubicados en el nuevo destino.

Hasta el momento se registraron traslados desde la Subcomisaría 18va ; Seccional 1ra.; Seccional 2da (en barrio Sur); Subcomisaría 1ra. (barrio Centenario); Subcomisaría 9na. (en Santo Tomé) y en la Seccional 11va.

La última "parada" de este operativo se realizará en la Seccional 11va. donde el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, dará a conocer los resultados de los procedimientos.

En la comisaría 12 de Santo Tomé estuvo presente Margarita Romero, nueva jefa de la Unidad Regional I.

La fuga de cinco internos de una comisaría en la ciudad de Santa Fe el fin de semana volvió a dejar en evidencia el problema de superpoblación carcelaria en la provincia de Santa Fe. Cárceles atestadas de internos y dependencias policiales con una cantidad de presos que duplica la capacidad física de cada repartición. Y esos reclusos, al cuidado de un personal que es escaso y que no está preparado ni entrenado para la función penitenciaria.

Las autoridades confiaban en que la inauguración de la nueva Alcaidía que ya funciona en la cárcel de Las Flores permitiría descomprimir el panorama. Pero a juzgar por los hechos, la situación sigue siendo límite. Así lo confirmó, de hecho, el director del Servicio Penitenciario provincial, en diálogo con la prensa. “Estamos trabajando al tope permanentemente”, dijo Gabriel Leegstra. Y consultado por El Litoral, ratificó que “el desborde y colapso” por el que atraviesa el sistema carcelario con un “exceso promedio de 2300 internos”, repercute en las comisarías. “Al no tener ya más capacidad en los penales, los detenidos terminan siendo alojados en las comisarías”, admitió.

– ¿Es suficiente la capacidad de la Alcaidía para paliar la situación de las comisarías? – se le preguntó-

– La alcaidía es una puerta de entrada al Servicio Penitenciario. Tiene 240 plazas que son móviles. Hoy está lleno, mañana se derivan o salen con libertades algunos y se hace espacio. Permanentemente se mueve el ingreso a alcaidía pero estamos trabajando a tope permanentemente. Los detenidos que están allí son derivados a las restantes cárceles o en algunos casos recuperan la libertad. Eso da plazas que se vuelven a ocupar y es una especie de triaje.

Cómo viven y trabajan las mujeres penitenciarias en una institución históricamente masculina

– ¿No hay manera de descomprimir las comisarías?

– Se trabaja permanentemente en eso. Todas las semanas estamos recibiendo detenidos de las comisarías. De hecho, el Servicio Penitenciario en si mismo está con toda su capacidad ocupada y tenemos más internos de los que deberíamos tener. Pero se está trabajando permanentemente con la Jefatura de Policía y Ministerio de Seguridad recibiendo todas las semanas detenidos que provienen de las comisarías y de los procedimientos policiales.

El diputado nacional del socialismo, Enrique Estévez Boero, recorrió distintos establecimientos policiales de Rosario y aseguró que “el estado de las comisarías son el reflejo del abandono del gobierno provincial en la ciudad”.

El legislador visitó las instituciones policiales que sufrieron ataques y amenazas en los últimos meses y dialogó con los efectivos acerca de la realidad que atraviesan a diario: “Nos quedó la certeza de la profunda soledad con la cual están viviendo este proceso en las comisarías. La ausencia y la desidia del gobierno provincial se ve reflejada en las instituciones policiales en el territorio”.

“Son comisarías sitiadas, diezmadas, con cementerios de patrulleros en la puerta, basura y denuncias de corrupción policial. Rosario no puede ni merece tener una sola comisaría ni destacamento en esas condiciones. El año pasado hubo 287 homicidios y fue el más violento de la historia de la ciudad, pero los lugares de referencia de seguridad para los vecinos no están a la altura de la grave situación que estamos atravesando”, subrayó Estévez Boero.

En la misma línea, el legislador nacional remarcó que “la situación es crítica y no parece haber signos de reacción por parte del gobierno de Omar Perotti, dejando en evidencia la falta de un plan desde el inicio de la gestión”. Y luego, añadió: “Si el gobierno de Santa Fe sigue sin hacer nada, el panorama para los rosarinos será cada día peor”.

“Rosario no puede gobernarse a larga distancia, hay que estar en la calle. Tener el pulso de la ciudad las 24 horas, y entender que no se soluciona con más gendarmes, sino creando un dispositivo que vincule información de todos los niveles del Estado en tiempo real para una intervención rápida e inteligente, a través de alertas tempranas y acciones concretas, mientras se abordan los barrios y las zonas más calientes en crisis con inversiones de mediano y largo plazo. Municipalidad, provincia y nación trabajando codo a codo con la justicia provincial y federal. Todos juntos para dar una respuesta al instante los siete días de la semana”, resaltó el diputado nacional.

Conjuntamente, Estévez Boero señaló que “durante la gestión del Frente Progresista había un plan, el objetivo era crear establecimientos zonales e ir suprimiendo las comisarías en base a la necesidad de cada zona y el cambio de gestión cortó ese proyecto, pero sin trabajar uno nuevo”.

“Hubo una promesa de campaña que no se cumplió, vamos por el cuarto ministro de Seguridad en poco más de 40 meses, las estadísticas empeoraron, la inseguridad aumentó, las balaceras y las amenazas son noticias todos los días. Los rosarinos no pueden seguir viviendo así. Es imposible pensar un gobierno sin un plan. Le pedimos a Omar Perotti que no abandone a la ciudad de Rosario y a sus instituciones del territorio en estos últimos ocho meses que le quedan de gestión”, indicó.

Por último, Estévez Boero remarcó que “desde el partido socialista apostamos al diálogo y a construir un proyecto, los rosarinos que queremos vivir mejor y más tranquilos, somos más. Estoy convencido que a partir de diciembre vamos a volver a ganar la calle”.

(Por Luis Rodrigo) – “Hemos ganado todos los recursos de habeas corpus que hemos presentado con reclamos a las autoridades del Servicio Penitenciario de la Provincia, ningún juez nos denegó ninguno porque lo que hemos señalado del estado crítico de las cárceles y porque lo que pedimos que se cambie es, desde el punto de vista humano, lo elemental para cualquier persona”, resumió cuando terminaba su exposición la defensora oficial de la provincia, Dra. Jaquelina Balangione, pasadas las 15 horas de este miércoles 3.

La titular del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal habló ante una docena de diputados encabezados por el presidente de la Cámara, Pablo Farías, que contó con integrantes de las bancadas más numerosas. Por el Senado solo estuvo Lisandro Enrico (UCR-General López).

Balangione mostró parte de su informe anual entregado el 1ro de mayo pasado, que completó una visita e inspección que “de sorpresa” apareció el día anterior a la reunión en la Cárcel de Las Flores. Todo el material fotográfico y documental que los defensores han llevado a la justicia para reclamar mejores condiciones frente al hacinamiento en las cárceles proviene de actuaciones similares, sin previo aviso.

Indicó que de los presos bajo la responsabilidad del Servicio Penitenciario santafesino la situación de superpoblación más grave está en Piñero, en el sur, y las comisarías de la ciudad de Santa Fe en cuanto a los detenidos que están bajo custodia policial por falta de espacio en las prisiones. En Rosario hay 800 presos “de más” respecto del espacio disponible, de entre un exceso estimado en casi 2.000 internos más de lo que el sistema puede soportar sin violentar derechos elementales.

La ciudad de Santa Fe tiene celdas y calabozos en sus comisarías para tener un tiempo breve presas a unas 122 personas, pero están de pobladas por 326. Es “un 200% más del límite”. Dijo que aquí “está el peor de los panoramas” y en ese tren explicó la reciente muerte de dos reclusos en medio de un incendio de colchones (“que no eran los ignífugos que se necesitan) cuyas causas se investigan.

En Melincué en lugar de 30 o 40 reclusos hay 104; en Reconquista en vez de los 36 que caben se alojan 64 (y 20 de ellos son presos federales); en Rafaela hay espacio para 45 y se cuentan 106 detenidos.

Dejó entrever que en términos generales no es un problema que se pueda solucionar si los presos federales dejan las cárceles de la provincia. Pidió a las autoridades provinciales tomar seriamente el tema y alertó que el número de detenidos ha crecido sin parar desde 2017. Cuando asumió su cargo eran 158 los privados de su libertad cada 100 mil habitantes, hoy son 232.

La cifra más actualizada indica que en 2021 había “7.188 internos en espacios penitenciarios y 1.082 en espacios policiales”. El 45% de ellos, sin condena firme, es decir, bajo la figura de la prisión preventiva. Lamentó la opinión de los jueces que “la conceden con tanta facilidad” y calificó de “exacerbado” el recurso del juicio abreviado en el sistema penal santafesino, en el que fiscales y detenidos acuerdan una condena y mientras ese trámite avanza la espera es en prisión.

En los últimos dos años hubo 66 muertos en hechos violentos en las cárceles de la provincia y en otros lugares de detención improvisados como si fueran prisiones, como las celdas de las comisarías. La defensora general, Jaquelina Balangione, calificó esa cantidad como “alarmante” y dijo que allí también se incluyen aquellos reos que fallecieron por enfermedades graves que no pudieron ser tratadas debidamente en prisión, además de los que fueron asesinados en peleas o en revueltas contra las autoridades penitenciarias.

El informe que recibieron los diputados y senadores muestra que 52 muertes “en contextos de encierros” ocurrieron en dependencias del Servicio Penitenciario y otras 14 en dependencias policiales.

Entre esas víctimas fatales el promedio es 37 años, pero el 50% de los fallecidos tenía menos de 32. En los extremos etarios, hubo un joven de 15 años muerto al colaborar con la fuga de presos desde afuera de Piñero (cortó con una pinza un alambrado y fue abatido cuando cometía ese delito) y otro preso, en circunstancias diferentes, perdió la vida con 74 años. (En marzo de 2020 ocurrieron los motines en las cárceles de Coronda y La Flores que trajeron como consecuencia 6 muertes).

Tuvo varios aciertos la exposición de la realidad tras las rejas en la provincia de Santa Fe, de acuerdo con la crítica mirada del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.

La intervención de Jaquelina Balangione contó con datos estadísticos en filminas, pero no atosigó a los legisladores con cifras. Prefirió una descripción cruda de cómo se degrada la condición humana en las cárceles y de todo lo lejos que está el Estado santafesino de poder hacer de las cárceles lo que ordena la Constitución Nacional para que los reos puedan volver con chances de reinserción a la sociedad, al recuperar la libertad.

También explicó que hoy cada lugar de detención es, con tan malas condiciones de encierro, un centro de entrenamiento para formar delincuentes peores que como ingresaron. Palabras más palabras menos, dijo que esa es la educación que reciben los presos, condenados o no, mientras un 70% de ellos no había logrado terminar la escuela secundaria al caer presos y padecer las consecuencias de sus conflictos con la ley.

El otro punto a favor de la forma como explicó la situación carcelaria la alta funcionaria judicial, que concluirá su mandato fue la secuencia de las imágenes que ofreció en el recinto de la Cámara de Diputados del palacio legislativo santafesino.

Su visita había comenzado a las 11 de la mañana y eran 15 cuando comenzaba a redondearse el cierre. Lo primero que mostró fueron bandejas de comida para los presos. Seguramente pocos legisladores salieron con algo de apetito luego de ver fideos condimentados con jugos sanguinolentos y crudos de carne, osobucos rojos junto con verduras o, en el mejor de los casos, cantidades ínfimas para una ración básica. Sin pan.

Repasó detalles sobre el cableado eléctrico en viejas edificaciones donde conviven cables a la vista con pisos mojados en los baños, sanitarios sucios, colchones que no usaría un perro de buen pasar.

Pero la última imagen fue un nocaut y es la que acompaña estas líneas. Parece el ingreso a una casa, pero es un instituto penitenciario del sur de Santa Fe, donde se alojan mujeres. Balangione dijo que le consta que la nena que mira afuera no ha salido prácticamente a lo largo de su vida de la prisión. Explicó que nació con su madre ya detenida y que allí estará hasta cumplir los cuatro años, cuando seguramente quedará bajo la custodia judicial en algún hogar para niños.

Recordó que en la enorme mayoría de los casos los niños de mujeres que van a la cárcel quedan con algún familiar pero hay casos en los que eso no es así. Sobre todo entre las que fueron explotadas sexualmente como prostitutas y cometieron algún delito.

Advirtió que hoy hay doce niños de menos de cuatro años tan presos como sus madres, que también miran hacia afuera tras las rejas.

La imagen fue el centro de un interesante intercambio entre legisladores, en los que se esbozaron en unos casos discursos cruzados por el feminismo que pone el acento en la discriminación a la mujer en prisiones y otros que advirtieron que era “preferible” que una nena en lugar de vivir en la prisión con su madre vaya ya mismo a un hogar para su adopción. Nadie dudó que palabras como prisión, chupete, pañales y jardín de infantes no deberían estar en una misma oración pero la cuestión produjo tal golpe que a los legisladores opinantes les costó asimilarlo.

Balangione mostró que había reflexionado mucho sobre el tema y aseguró que en custodia del bien más importante a proteger -que es obviamente la vida de esos doce niños-, el único remedio a esa situación, ante madres-presas que lo estarán por años, es la prisión domiciliaria.

El gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Seguridad, invertirá un total de 506 millones de pesos en la modernización de edificios afectados a la seguridad con el fin de mejorar las condiciones edilicias y/o estructurales de comisarías, subcomisarías, destacamentos UOP (Unidades de Orden Público) y demás edificios afectados al uso de esta cartera.

El programa de modernización consiste en un sistema de asistencia económica a municipios y comunas que se suscribieron al convenio durante 2021 para realizar intervenciones, refacciones o reformas en edificios en los que funcionen dependencias policiales. La provincia invertirá un total de 506 millones de pesos que se distribuirán en las 140 localidades inscriptas. Al día de hoy varias comunas adheridas -como Arroyo Aceibal, Capitán Bermúdez, Cepeda, Coronel Arnold, El Sombrerito, Las Garzas, Sancti Spiritu, Santa Teresa y Tacuarendi- ya iniciaron el proceso de construcción.

En este sentido, el subsecretario de Coordinación de Gabinete y Articulación Institucional, Homero Dominguez Soto, señaló que “este programa es una herramienta que convoca al esfuerzo conjunto entre la provincia y los gobiernos locales con el objetivo de mejorar las instalaciones. En las diversas Mesas de Seguridad Local que realizamos semana a semana con los gobiernos municipales y comunales, nos fueron planteando la necesidad de mejorar el paisaje urbano y la imagen de las fuerzas de seguridad en cada localidad”.

“Estamos modernizando y equipando a la Policía de Santa Fe, y creemos que es sumamente importante lograr entornos de trabajo adecuados a la realidad actual y estimular el compromiso tanto del personal como de la ciudadanía. Aquí es donde entran en juego los municipios y comunas ya que son imprescindibles para llevar adelante dichas reformas”, concluyó.

El programa consiste en mejorar las condiciones edilicias y/o estructurales de las comisarías, subcomisarías, destacamentos y demás edificios afectados al uso del Ministerio de Seguridad, por cualquier vínculo legal o convencional vigente que pudiera corresponder, situados en municipios y comunas de la provincia de Santa Fe, solicitando la colaboración de las autoridades locales, excluyéndose a las ciudades de Rosario y Santa Fe.

Juan Chiummiento (Mirador Provincial)

El gobernador Omar Perotti creó un nuevo programa destinado a modernizar comisarías, subcomisarías y destacamentos policiales, una necesidad varias veces abordada desde la Casa Gris pero que a la fecha no registra resultados demasiado satisfactorios. La apuesta ahora pasa fundamentalmente por eliminar algunas restricciones que tenía el plan anterior, diseñado por el entonces ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro.

Las características de la nueva hoja de ruta quedaron registradas en el decreto 1069, firmado por Perotti y el actual titular de Seguridad Jorge Lagna el pasado 2 de julio. Allí se indica que se derogan los decretos 2345/17 y 2464/18, que planteaba un máximo de $500.000 para los proyectos acordados con municipios y comunas de toda la bota. El límite, ahora, queda fijado en poco más de $8 millones.

Articulación con comunas y municipios

El “nuevo programa provincial de modernización de edificios afectados al Ministerio de Seguridad” tiene por objetivo mejorar las condiciones edilicias de un amplio catálogo de inmuebles, ubicados por fuera de Rosario y Santa Fe -que tienen un régimen particular-. La iniciativa “constituye una herramienta que convoca al esfuerzo conjunto entre provincia y gobiernos locales”, reza la norma, que detalla que la articulación con municipios y comunas es necesaria en tanto y en cuanto a que “conocen la realidad del lugar y son quines se encuentran en mejores condiciones de atender las necesidades”.

En diálogo con este medio, desde el Ministerio de Seguridad elogiaron el plan pergeñado por Pullaro, aunque subrayaron que presentaba restricciones administrativas que impedían avanzar. “Queríamos que sea más ágil y amplio para no acotar los proyectos que tenga cada municipio o comuna. Además del tema de los montos, había también una cuestión relativa al tipo de obras incluída, por lo que veíamos necesidad de reformular el programa”, informaron.

Desde la cartera conducida por Lagna admitieron que el decreto 1069 es por ahora “un primer paso”, ya que a la fecha no hay un registro detallado sobre las necesidades de las casi 500 comisarías en toda la provincia. Sí plantearon que en términos generales “hay inmuebles de una antigüedad muy considerable, que en algunos casos presenta hasta riesgo de derrumbe parcial, como un caso en Tostado”.

El gobierno santafesino asegura tener 20 obras en desarrollo y aspira a multiplicar esa cantidad en función de la nueva norma. De mínima, la Provincia buscará dejar atrás lo sucedido en 2020, cuando la subejecución en gastos de capital -dentro de Seguridad- fue tal que solo se erogó menos del 15% de lo presupuestado.

“La realidad indica que los edificios actuales en los que fueron dependencias policiales no se condicen con los nuevos modelos en construcción ni con los nuevos desempeños exigidos respecto de la modernización y el equipamiento de las fuerzas de seguridad. Al mismo tiempo, no se corresponden con el uso que oportunamente se les asignó”, detalla el anexo de la citada norma.

El detalle Según detalla el decreto firmado por Perotti y Lagna, será la Secretaría de Coordinación Técnica y Administrativa Financiera de Seguridad la que confeccionará un diagnóstico por cada edificio a intervenir, a partir de la solicitud elevada por el gobierno local. “Éste será la base de las tareas a realizar, sirviendo para la planificación de los objetivos y pautas de trabajo para cada edificio. A tales efectos, el gobierno local deberá contratar un profesional matriculado que se encargará de efectuar un relevamiento del edificio a intervenir”, agrega.

En el punto 8 del anexo, la norma plantea el principal cambio frente al régimen hasta ahora vigente, vinculado a los montos de las obras. Frente al tope de $500.000, el nuevo plan plantea que los proyectos “no podrán ser superiores a tres veces el límite para las licitaciones privadas” que rige la Ley de Administración Financiera de la provincia. A valores actuales, el techo queda fijado en $8,2 millones, aunque dicho valor se actualiza de forma constante, por lo que irá variando en función de la inflación.

Los desembolsos de dinero a los gobiernos locales se efectuarán en dos etapas: un 70% a modo de anticipo y un 30% restante cuando se finalice dicha fase inicial. Previendo que dichos fondos sean efectivamente utilizados para reformar edificios policiales, el artículo 9 plantea que “el incumplimiento no debidamente justificado de los objetivos implicará la inhabilitación para recibir otros aportes no reintegrables del Ministerio de Seguridad”.

El gobierno de Perotti busca así dar un renovado impulso a un tema que ningún gobierno logra solucionar de manera definitiva. Si bien no está entre los temas al tope de agenda (siempre sobresale lo vinculado con la política salarial), la situación de los edificios policiales también habla a las claras de cuál es la política de seguridad de la provincia. En la gestión anterior se habló de más de 150 comisarías refaccionadas. Habrá que espera a 2023 para ver hasta dónde llega el actual gobierno.