“El proyecto de reforma laboral que el gobierno elevaría al Congreso plantea que los acuerdos de empresa prevalezcan sobre los convenios colectivos sectoriales. La idea es correcta. Pero para que sea efectiva hay que habilitar a los trabajadores de cada empresa para que puedan negociar su propio acuerdo con su empleador”.

Mientras la CGT define su nueva conducción, Gerardo Martínez (Uocra) afirmó que “no somos una máquina de impedir” pero advirtió “movilizaciones” si el gobierno de Milei no les garantiza un diálogo profundo sobre el proyecto. Además ya dejó en claro sus cuestionamientos preventivos a Federico Sturzenegger, una de las plumas del proyecto.

Gerardo Martínez, titular de la UOCRA.

Pero desde 2011 el empleo formal creció 2%, el empleo público 34% y los monotributistas 42%. Un 36,8% de quienes reciben un salario, no paga contribuciones a la seguridad social ni recibe aportes de su empleador. Y si se toman los empleos independientes, esto llega a un 42% al cierre del 2024. El sistema previsional está quebrado y los empleadores formales temen los costos indemnizatorios.

Bulat, durante su exposición en el Coloquio de IDEA, trazó un crudo diagnóstico del mercado laboral.

Raúl Alfonsín (1983–1989) intentó “democratizar” sindicatos con la Ley Mucci en 1994. Los 13 paros generales de la CGT y el señorío del PJ en el Senado fueron la antesala del fracaso económico del radicalismo, que sepultó con populismo electoral el intento estabilizador del Plan Austral.

Carlos Menem (1989–1999), con la Ley de Empleo 24.013 (1991), introdujo contratos temporales, de aprendizaje y modalidades más flexibles. La ley Ley 24.465 (1995): profundizó la flexibilización y la 25.013 (1998) introdujo topes indemnizatorios y reducciones de aportes. Pero el desempleo superó el 18% tras la crisis de 1998.

Fernando de la Rúa (1999–2001) logró una reforma laboral (2000) que terminó conocida como “Ley Banelco”; introdujo la negociación por empresa pero el escándalo precipitó la renuncia del vicepresidente Carlos Álvarez y la norma fue parcialmente derogada tras la crisis de 2001.

Eduardo Duhalde (2002–2003) congeló despidos por decreto y no promovió reformas estructurales. Néstor Kirchner (2003–2007) recompuso el poder sindical desactivando gran parte de la flexibilización de los ‘90.

Cristina Fernández de Kirchner (2007–2015) mantuvo la negociación colectiva y fortaleció el rol del Ministerio de Trabajo. Mauricio Macri (2015–2019) planteó “modernizar” las relaciones laborales y reducir litigiosidad, pero su blanqueo laboral fue impedido por los sindicatos, aunque pudo sancionar la ley de ART.

Alberto Fernández (2019–2023) prohibió los despidos en pandemia y duplicó el costo de indemnización. Y Javier Milei (2023– ) dictó el decreto 70/2023 que incluía una reforma laboral amplia (contratos, indemnizaciones, contribuciones, derechos sindicales), que fue judicialmente suspendido por la Cámara Nacional del Trabajo.

Alberto Fernández prohibió despidos y duplicó indemnizaciones.

La Ley Bases (2024) contenía parte de esas reformas pero el capítulo laboral fue retirado para garantizar la aprobación del resto de la norma. Ahora la Casa Rosada hará un nuevo intento, tras el resultado electoral de las elecciones de medio término.

“Está circulando informalmente un borrador de proyecto de reforma laboral que eventualmente sería presentado al Congreso Nacional. Según el diagnóstico oficial, de esta reforma se derivará una masiva formalización de trabajadores lo que permitirá aliviar la crítica situación financiera del sistema previsional”, señala el reporte de Idesa, que dirige el economista Jorge Colina.

El borrador tiene más de 100 artículos. La mayoría son cambios aclaratorios en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT): propone una excluir el trabajo de plataforma de la LCT; propone eliminar la exigencia de matrícula para el ejercicio liberal de la profesión; permite que las empresas organicen su producción y las remuneraciones en acuerdo con sus trabajadores.

En el diagnóstico, los trabajadores informales, entre asalariados y cuentapropistas no registrados, son unos 7 millones de trabajadores. Y de ellos, 3 millones poseen bajo nivel de educación (secundaria incompleta) y trabajan en establecimientos con menos de 10 empleados son unos 3 millones.

El 42% de los empleados informales tiene baja calificación y trabaja en microempresas.

Para Idesa, “como mínimo, en el 42% de la informalidad laboral prevalecen condiciones de muy baja productividad laboral. Estos datos muestran que en la mayoría de los casos, el incumplimiento de las normas laborales es una estrategia de supervivencia”.

En esa lectura, “mejorar el diseño de las regulaciones laborales es positivo, pero para casi la mitad de los trabajadores informales es insuficiente, ya que necesitan, además, aumentar el capital humano y tecnológico a fin de elevar su productividad”.

Mientras el gobierno habla de reforma laboral y tributaria, postergando la previsional. Idesa sostiene que los cambios propuestos “sirven de poco si los únicos habilitados a negociar ambos convenios son las cúpulas sindicales y empresariales.

“El gran paso transformador es romper con el monopolio que actualmente detentan las cúpulas. Esto es, hay que permitir que el convenio a nivel de empresa lo puedan celebrar los propios trabajadores con su empleador”.

Sugiere Idesa que en la negociación para las microempresas (hasta 10 trabajadores) el convenio sectorial no aplique sino que operen sólo las leyes laborales y lo que acuerden sus trabajadores con el empleador.

Plantea además “para las pequeñas y medianas empresas, habilitar a los trabajadores de cada empresa a negociar su propio acuerdo sin necesidad de autorización del sindicato de actividad.

“Se puede prever que esta regla se aplica en la medida que dicho sindicato tenga un convenio colectivo ultraactivo. Esto es, un convenio colectivo vencido pero que sigue vigente por la cláusula de ultraactividad que impone la Ley de Negociación Colectiva”.

Para no repetir frustraciones es imprescindible incorporar estas reglas orientadas a sacarles el monopolio a las cúpulas sindicales y empresariales.

“Un antecedente muy sugerente es el fracaso de la ley 24.467 de 1995 que estableció la descentralización de la negociación colectiva a nivel de pymes. En esta ley está regulada la prevalencia de los convenios de empresa, como se propone en el borrador de proyecto, e incluso se establece que el sindicato de actividad puede facultar a los trabajadores de la empresa a negociar.

“Esta ley está vigente desde hace 30 años. Pero ningún sindicato facultó a los trabajadores a negociar su propio acuerdo con su empleador. Hay que aprender de este error para no volver a fracasar”, concluye Idesa.

"Siento que Argentina tiene una oportunidad pero lo vamos a lograr si se mira el interior productivo; necesitamos poder político para defender el interior de la República Argentina", dijo Maximiliano Pullaro en "Experiencia Idea", desarrollado en la tarde del martes en la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario.

"El equilibrio fiscal viene a terminar con el kirchnerismo y el populismo, pero sin el desarrollo que necesitamos para producir mejor y más barato, se nos pone un cuello de botella", dijo el mandatario santafesino, que compartió el panel -y las posiciones- con su par cordobés, Martín Llaryora.

"Son cuestiones que no tienen que ver con la ideología. La Argentina necesita equilibrios en el Congreso de la Nación", disparó el mandatario santafesino, en clara disposición electoral. "Hemos acompañado con sensatez, en algunos casos pagando costos políticos; en otras ocasiones entendimos que teníamos que estar enfrente", recordó el jefe de Estado santafesino.

El gobernador de Córdoba y el de Santa Fe, junto a Javier Cervio, Director Ejecutivo de la BCR.

Planteó en esa línea "la consolidación de un proyecto, de una alternativa de poder" que "le puede venir bien a la Argentina" y que "cuide lo que se hizo bien. Hablamos con austeridad y con mucha autoridad", remarcó.

Recordó que "hicimos un ajuste mucho más grande del que hizo el gobierno nacional; podemos mostrarlo en cantidad de empleados públicos, en la inversión en obras públicas con recursos propios -no con endeudamiento- como durante años no se había hecho.

"Bajamos costos del Estado, 40% de los gastos corrientes de todos los ministerios y entre 40% y 70% de los costos de la obra pública. Dimos el debate sobre el déficit de la Caja de jubilaciones, que se pagaba con los impuestos de todos los santafesinos. Es un costo político que uno ponemos sobre la mesa para resolver problemas; teníamos 30 mil millones de pesos de déficit por mes; la obra que vamos a terminar el hospital regional Rosario es un mes de déficit".

Añadió que "a este modelo que ha hecho cosas bien hay que acompañarlo y también marcarle el rumbo; no se no va a salir adelante solo con el mundo financiero", advirtió. "La única manera es si se logra generar trabajo y fortalecer el sistema productivo. Para eso estamos las provincias unidas".

Pullaro y Llaryora juntos en "Experiencia Idea", en la Bolsa de Comercio de Rosario.

El mediterráneo Martín Llaryora planteó por su parte que "se abre en la Argentina una etapa nueva en la que todos tenemos que ser parte". Lo calificó como un "momento histórico" y sostuvo que "estamos planteando la posibilidad de un espacio de sensatez.

"Las discusiones se van a dar, son obligatorias, pero tenemos que salir de los dos polos en los que estamos presos como en un TV blanco y negro", señaló el gobernador cordobés. Recordó como ejemplo de la confrontación, la oposición a la inicial ley Bases que proponía aumentar 15% las retenciones a las exportaciones.

"Planteamos un país normativo, no estamos dispuestos a darle (al gobierno nacional) una herramienta que revienten el sistema productivo. Fue el espacio de los gobernadores, de los que pensamos que gobernar es dar trabajo, el que de hecho acompañó las leyes que ayudan a la macro; ajustamos y sostenemos la paz social", dijo.

Pero advirtió que "Argentina necesita empezar a formar un espacio que no se oponga a todo ni apruebe todo a libro cerrado", y que se plantee "más allá de la General Paz.

"Siento que Argentina tiene una oportunidad pero lo vamos a lograr si se mira el interior productivo", opinó Pullaro.

"No es fácil. Pero las discusiones que se tienen que dar, no deben darse con la capital federal desconociendo al interior. Defendemos un modelo que no tenga inflación, con estabilidad en el tiempo. Queremos ese modelo, pero el modelo se llama desarrollo".

Llaryora defendió la estabilidad de "la macro", pero reclamó que se entienda que "la micro es importante para el empleo y el trabajo. Más diputados y senadores tengamos, no es menor", reflexionó.

Dijo que "hay errores muy graves del gobierno" nacional. Y se preguntó con ironía: "¿creen que tenemos que discutir el Garrahan? ¿Es un tema ideológico o económico? Lo vengo a plantear claramente; vamos a dar las leyes buenas para la Argentina y poner los límites", concluyó.

Las empresas argentinas están firmemente en contra de la dolarización total de la economía, una de las propuestas clave del favorito para las elecciones presidenciales, Javier Milei, según 125 empresarios con los que habló Reuters. En una cumbre empresarial celebrada en la ciudad costera de Mar del Plata, Reuters consultó a ejecutivos de empresas de una amplia gama de sectores si querían que el gobierno mantuviera el peso, cambiara a un sistema dual peso-dólar, o hiciera un cambio total al sistema dólar. Sólo dos personas respaldaron la dolarización total.

El ministro de Economía, Sergio Massa, apoya mantener el peso, pero ha luchado por reducir la inflación o detener la depreciación. Los argentinos votarán el 22 de octubre, con una segunda vuelta un mes después si ningún candidato gana directamente, lo que significa obtener el 45% de los votos o el 40% con una ventaja de 10 puntos.

En el Coloquio de IDEA en Mar del Plata, Reuters pidió a ejecutivos empresariales de una amplia gama de sectores si querían que el gobierno se atenga al peso, cambiara a un sistema de doble peso-dólar o hiciera un cambio total al dólar. Sólo dos personas apoyaron la dolarización completa.

La encuesta da la visión más clara y profunda hasta ahora sobre cómo la Argentina corporativa ve el debate de dolarización, que está en el centro de la carrera electoral hacia el 22 de octubre próximo.

Alrededor de dos tercios de los consultados hablaron de apoyar un sistema bimonetario propuesto por la candidata conservadora Patricia Bullrich, quien es popular entre los líderes empresariales, pero se está rezagando en encuestas de opinión más amplias.

Casi un tercio favorecía quedarse con el peso, a pesar de su reciente deslizamiento y su inflación de tres dígitos. "Es realmente difícil para las empresas radicadas en Argentina pensar en la dolarización", dijo un alto ejecutivo del sector automotriz, que pidió no ser nombrado, citando los problemas que enfrentan otras economías en dólares como Ecuador y El Salvador.

"Nos queda sin un ancla para ajustar las variables monetarias y las experiencias en otros países no han sido buenas", indicó. La fuerte oposición empresarial subraya uno de los desafíos que enfrentaría un futuro presidente potencial Milei para impulsar sus planes para la economía, que también incluyen eventualmente cerrar el Banco Central.

El ministro de Economía y candidato rival, Sergio Massa, apoya seguir con el peso, pero ha luchado por bajar la inflación o la depreciación del desempleo. Los argentinos votarán el 22 de octubre, con una segunda salida un mes después si ningún candidato gana rotundamente, lo que significa obtener el 45% de los votos, o el 40% con una ventaja de 10 puntos.

La mayoría de los empresarios encuestados en la cumbre empresarial de IDEA dijeron que era importante quedarse con el peso para poder ajustar las variables monetarias y mantener la competitividad. Un cambio total al dólar significaría perder las palancas de política monetaria.

En la encuesta, un 80% dijo que preferiría un gobierno de Bullrich, respaldando sus planes para normalizar la economía. Un 11% se inclinó hacia Massa y sólo el 7% estaba a favor de Milei. La mayoría de los encuestados sitúan el valor real del peso entre 650 y 1.000 por dólar, mucho más débil que la tasa oficial controlada de 350 pesos. El país tiene estrictos controles de capital que limitan los intercambios oficiales de divisas, lo que ha ayudado a los mercados paralelos populares.

El Gobierno le aplicó una multa de 1.523 millones de pesos a un agente de liquidación y compensación (Alyc) y sus socios, en medio de la convulsión cambiaria. Las Alyc son claves para comprar y vender bonos que permiten hacerse de dólares.

Ante incumplimientos de las obligaciones previstas en la Ley 25.246, la Unidad de Información Financiera (UIF) declaró la responsabilidad de Cucchiara y Cia. (Agente de Liquidación y Compensación), y sus socios, e impuso una sanción de multa que supera los mil quinientos millones de pesos.

Por no llevar a cabo el debido control y monitoreo que demanda la Ley y exige la UIF sobre las operaciones financieras sospechosas de lavado de activos y financiamiento de terrorismo realizadas por sus clientes, la multa total establecida asciende a $1.523.430.568.

La operatoria que dio origen a la sanción por la ausencia de presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ante la UIF consistió en la realización de transferencias receptoras y emisoras efectuadas por el cliente del Sujeto Obligado, las cuales fueron realizadas sin tener correlación en alguna operación de índole bursátil y con carencia de documentación adecuada que justifique en forma razonable los montos transferidos.

La sanción aplicada se corresponde con la elevada cifra de las transacciones sospechosas de lavado de activos, en dólares y en pesos, que no fueron reportadas ante la UIF por el ALyC, tal como lo demanda la Ley 25.246, sus modificatorias y su reglamentación, las cuales fueron detectadas, analizadas y sancionadas por la labor que ejerce la UIF, junto con la colaboración conjunta de la Comisión Nacional de Valores.

"De esta manera, la UIF aplica una sanción eficaz, proporcional y disuasiva, en línea con los estándares internacionales en la materia", señaló el gobierno.

Fiscalizaciones de la Afip

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) finalizó el viernes el octavo día hábil consecutivo de tareas fiscalización en domicilios de los principales operadores bursátiles de la plaza financiera local, lo que permitió que en total se relevaron 290.000 operaciones con bonos por más de $2,1 billones de pesos.

En estas tareas intervinieron 160 agentes del organismo conducido por Carlos Castagneto que verificaron el cumplimiento impositivo de 30 empresas en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires. La AFIP precisó que los inspectores relevaron las operaciones de compraventa de bonos y retiros de valores por personas físicas y jurídicas a fin de determinar si contaban con la capacidad económica para concretarlas.

Los objetivos fueron determinados a partir de tareas de investigación previas mediante las cuales se advirtieron inconsistencias fiscales de los operadores que llamaron la atención de las áreas especializadas, motivo que llevó a generar las órdenes de fiscalización correspondiente sobre el universo detectado.

A partir de toda la información recabada, se procederá a incorporar la totalidad de los compradores a una matriz de riesgo a cargo del área de investigaciones de la AFIP, a fin de determinar si las operaciones relevadas fueron realizadas por personas con capacidad económico financiera para llevarlas a cabo.

En aquellos casos en los que no se verifiquen los extremos mencionados, se informará a la Comisión Nacional de Valores las inconsistencias detectadas y se fiscalizará a aquellos contribuyentes que de acuerdo a los registros informáticos con los que cuenta la AFIP, no dispongan con los medios económicos necesarios para realizar las operaciones informadas.

Por medio de estas tareas, el organismo detectó que 857 Contribuyentes con la CUIT inactiva, no localizados o incluidos en la base contribuyentes no confiables operaron por un total de $475.000.000 y efectuaron retiros de dólar Mep por US$ 650.000.

También se constató la existencia de operaciones de compra de bonos por $8.000 millones realizadas por dos personas físicas que no presentaron sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales.

El presidente Alberto Fernández destacó este viernes ante influyentes empresarios “la calidad institucional” que se defendió durante su Gobierno y señaló que durante su administración no hubo prácticas de espionaje, no se utilizó a los organismos oficiales para presionar a las empresas ni se pidieron contrapartidas para la contratación de obras públicas.

“Yo desafío a los empresarios: en este gobierno, ¿alguien les pidió un centavo para hacer pública? ¿Alguien les pidió algo? ¿Alguien los mandó a espiar? ¿Alguien usó la AFIP para que se metan en las empresas de aquellos que nos critican?”, preguntó el Presidente al hablar en el cierre del 58° Coloquio empresarial de IDEA en la ciudad de Mar del Plata. “Los desafío porque su respuesta va a ser no. Y este es un valor enorme de la calidad institucionalidad”, añadió.

Durante su discurso, el jefe de Estado exhibió números vinculados con la recuperación de la economía, el crecimiento de la industria y la mejoría en el campo laboral. Fernández afirmó que “se puede mirar el futuro con optimismo” tras la pandemia de coronavirus y consideró que “Argentina es un modelo de resiliencia”.

Asimismo, sostuvo que el gobierno de Mauricio Macri “fue una gran desilusión y dejó una economía desarticulada”, a la vez que mostró con gráficos los índices de las actividades desde que asumió a la fecha. En esa línea, aseguró que Argentina “terminará el año exportando 90 millones de dólares” y señaló que la industria “se encuentra en su mayor nivel de actividad en los últimos seis años”.

“La Argentina alcanzará tres años seguidos de crecimiento del PBI”, destacó el Presidente y aseguró que hay que “consolidar el descenso de la inflación para garantizar una mejor distribución del ingreso”. Asimismo, expresó que “Argentina tiene que aprovechar sus ventajas energéticas para dejar de lado las discusiones estériles y los discursos cargados de odio”.

Por otra parte, afirmó que el país “es una sociedad con cicatrices que no debe volver a lastimarse”, y consideró que para su postura “muchos será débil”, pero se trata del Jefe de Estado que “enfrentó a la pandemia, la negociación con el FMI, consiguió las vacunas y afronta las consecuencias de la Guerra” entre Ucrania y Rusia.

El gobernador Omar Perotti participó este viernes en Mar del Plata del 58° Coloquio de IDEA 2022, en el panel sobre finanzas públicas, empleo y inserción de la Argentina en el mundo; junto a sus pares de Chaco, Jorge Capitanich; de Jujuy, Gerardo Morales; de San Juan, Sergio Uñac; y del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Horacio Rodríguez Larreta. El panel fue moderado por el director ejecutivo de IDEA, Daniel González.

En la oportunidad, Perotti definió que las reglas de oro de las finanzas públicas son “que los gastos no puedan superar a los ingresos y el límite en las instancias de endeudamiento. Creo que sería importante tener otra regla fiscal básica, que son los gastos de capital. Resguardar el gasto de capital es central porque es allí donde se puede estar midiendo cómo se acompaña una política de mediano plazo. Cuando sacrificamos eso, las posibilidades de crecer y de generar infraestructura se debilitan”.

“Creo que estas acciones tienen que ser claras y cuantificables -agregó el gobernador-. Esto cuesta explicarlo y es más fácil no explicar y gastar. La valoración pasa a ser la misma, los costos no son los mismos, alguien paga siempre. Creer y hacer creer que no tener los equilibrios y no tener los resguardos se resuelve de alguna manera si voy al endeudamiento, lleva en muchos, nuestra provincia ha sido un ejemplo, a pagar tasas enormes”.

En ese marco, Perotti afirmó que “hay que empezar a asumir algo que muchas veces la política le escapa: los costos que significa decir que no para generar los equilibrios, que son los beneficios que después una comunidad puede estar teniendo”.

“Hoy, después de haber arrancado un período sin poder pagar sueldos, sin poder pagar aguinaldos, tenemos una provincia equilibrada, el presupuesto enviado en septiembre en tiempo y forma, y con superávit. Y, fundamentalmente, con dos premisas: la transparencia fiscal; la provincia de Santa Fe por segundo año consecutivo está al frente del ranking que hace Cippec con respecto a la transparencia presupuestaria; y la responsabilidad fiscal para estar limitando los endeudamientos”, enfatizó.

“Las definiciones a tomar fueron resguardar las deudas que tenía la provincia, cumplirlas y no generar ninguna instancia de default, o que le baje la calificación a la provincia”, finalizó el gobernador.

El 58° Coloquio de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina) 2022 se llevó a cabo desde el miércoles, bajo el lema “Ceder para crecer”, en el hotel Sheraton de la ciudad de Mar del Plata.

IDEA es una organización conformada por más de 500 de las mayores empresas de la Argentina que en su conjunto producen el 50% del PBI y del empleo privado a nivel nacional.

Actualmente, es presidida por Daniel Herrero (presidente de Toyota); la vicepresidencia está cargo de Paula Altavilla (presidenta de Schneider Electric) y el director ejecutivo es Daniel González (ex Ceo de YPF).