Un hombre de nacionalidad colombiana fue detenido este viernes por la tarde tras una intensa persecución y un tiroteo con efectivos de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Retiro. Según fuentes oficiales, el sospechoso iba acompañado por varios cómplices que lograron escapar tras enfrentarse a los agentes.

El operativo comenzó cuando personal del Departamento Motorizada realizaba patrullajes preventivos por las zonas de San Nicolás y Retiro. Al llegar a la intersección de las avenidas Córdoba y Madero, los policías advirtieron la presencia de un automóvil marca Lifan ocupado por varios hombres que circulaba de manera sospechosa. Al intentar identificar a los ocupantes, el conductor aceleró bruscamente y emprendió la huida.

Durante la persecución, el vehículo chocó con una moto perteneciente a la División Investigaciones Comunales (DIC) 3 en la avenida Córdoba y San Martín. Pese al impacto, continuaron escapando hasta detenerse en la esquina de San Martín y Tres Sargentos, donde los delincuentes abrieron fuego contra los efectivos policiales. Ante la agresión, los agentes respondieron realizando tres disparos.

Finalmente, los sospechosos colisionaron nuevamente con los móviles policiales, abandonaron el vehículo en San Martín al 100 y se dispersaron a pie en distintas direcciones. Fue en ese lugar donde se logró la detención de uno de ellos, mientras que los otros involucrados permanecen prófugos. La investigación continúa para dar con el resto de los implicados.

El fiscal Iván Raposo solicitó 28 años de prisión para Marcelo Luís D. (49) acusado de haber secuestrado, asesinado e incendiado a Geovani Herrera León (44) el 12 de abril de 2022. En tanto, a comienzos de año, Aldo Joaquín Vergara (28) aceptó su culpabilidad como coautor del hecho en el marco de un juicio abreviado y deberá pasar 22 años tras las rejas.

Además, una tercera persona (Nahuel Durán), fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional por “encubrimiento”, sindicado como el sujeto que intentó descartar la motocicleta en que se movilizaba la víctima. 

La audiencia preliminar se llevó adelante la última semana en los tribunales venadenses, con Raposo representando al Ministerio Público de la Acusación, y Mauricio Clavero como juez de la Investigación Penal Preparatoria. 

Historia del caso

Geovani había viajado desde Colombia a Argentina a comienzos de 2022. Se instaló en Venado Tuerto, y comenzó a trabajar para su hermana Sandra, que entre otras actividades se dedicaba a realizar prestamos que posteriormente se cobraban diariamente.

La víctima, se encargaba durante todas las tardes de realizar esa tarea. En tal sentido, salía con una motocicleta y comenzaba una recorrida que generalmente finalizaba cerca de las 21 horas.

Pero ese martes 12 de abril no todo salió según la rutina planeada.

Sandra a las 19.55 recibió del teléfono de su hermano un llamado donde un sujeto le dijo “esto es un secuestro. En 20 minutos quiero que me juntes un millón de pesos, sino a su hermano lo matamos”. Y agregaron: “Yo sé que están ahí en San Martin y Dimmer. Ni se les ocurra llamar a la policía”.

La mujer producto de los nervios decidió cortar. Evitó comunicarse con el número del cual la habían llamado. Luego le contó a su marido lo que estaba ocurriendo. Y un par de horas más tarde decidieron dirigirse a sede policial a radicar la correspondiente denuncia. 

Sandra dio detalles de la llamada recibida y al mismo tiempo contó que su hermano se movilizaba en una motocicleta Honda Wave que le había prestado.

La femenina relató que la víctima “cobra unos préstamos que yo hago a comercios, a algunos los conozco y a otros solamente por nombre, pero mucho no lo recuerdo. Mi hermano salió a hacer estos cobros a las 16, siempre vuelve a las 21 o 21.15. Pero cuando se hicieron las 22 y no volvió comencé a preocuparme”.

Operativo policial

En ese momento personal policial dio inicio a un intenso operativo de búsqueda del birrodado.

Cerca de la medianoche divisaron un sujeto que se movilizaba en motocicleta por calle Patricio Boyle camino a San Eduardo, quien intentó escapar. Una vez detenido, comprueban que la Honda Wave estaba a nombre de Sandra, y que se trataba del vehículo en cuestión en el que se movilizaba la persona desaparecida. En consecuencia, trasladaron al conductor a sede de la Comisaría 12°.

Se trata del joven de 22 años que fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por intentar descartar la moto de la víctima. Una vez avanzada la investigación se pudo comprobar que nada tuvo que ver con el secuestro ni la muerta de Giovani.

Minutos más tarde se llevaron adelante cuatro allanamientos en distintos puntos de la ciudad, donde detuvieron a otras tres personas (una recuperó la libertad) y se secuestró un revólver calibre 32 y una escopeta.

Una importante fuente de la investigación confió a Sur24 que “uno de los detenidos en el segundo procedimiento se quebró y contó todo lo que había pasado, precisando dónde habían arrojado el cuerpo ya sin vida. Y diciendo que la muerte se produjo por asfixia”.

Finalmente, el cuerpo de la víctima fue encontrado totalmente calcinado en inmediaciones de calles Chaco y Maradona.

Desenlace 

Según se desprende de la investigación, el objetivo de los secuestradores era cobrar un rescate por la víctima, cosa que finalmente no terminó ocurriendo.

En consecuencia, le quitaron la vida asfixiándolo con una bolsa que le colocaron en la cabeza. Y luego, lo cargaron en una motocicleta entre dos personas y lo trasladaron a la zona de Chaco y Maradona donde lo rociaron con combustible y posteriormente lo prendieron fuego.

Los pesquisas, con distintas cámaras de seguridad públicas y privadas, pudieron determinar el recorrido que hicieron en el birrodado para descartar el cuerpo.

Finalmente, todas las personas involucradas fueron detenidas. Dos aceptaron su responsabilidad en procedimientos abreviados, y ahora será el turno del juicio oral y público contra Marcelo Luís D. que se expone a 28 años de prisión. 

Se trata de Gabriel Jaime Londoño Rojas, quien fue capturado en dicho país asiático por personal de Interpol, que contó con la colaboración de efectivos de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de Interpol-Policía Federal Argentina (PFA).

Voceros policiales informaron que el colombiano Londoño Rojas tenía una orden de captura internacional solicitada por el juez federal de Campana Adrián González Charvay desde el 1 de septiembre pasado, en el marco de una causa que permitió el secuestro de 1.658 kilos de cocaína hallados en un galpón de Rosario.

Los agentes pudieron constatar que el prófugo contaba con un pasaporte venezolano y, luego de consultar los movimientos migratorios con el resto de las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol de Sudamérica, Bolivia informó que el imputado viajó a Madrid con otro de los acusados en el expediente.

A raíz de ellos, los investigadores contactaron a sus pares de Interpol de España y con el seguimiento realizado desde esa unidad, confirmaron su posible localización en los Emiratos Árabes Unidos y finalmente concretaron su detención.

En septiembre último, el juez González Charvay había procesado con prisión preventiva a la “pata local” de la banda de comercio internacional de drogas dirigida Londoño Rojas y su socio, el aún prófugo Newson Cheung Sabogal.

La investigación se inició como desprendimiento de otra pesquisa sobre drogas en la que hay varios procesados desde abril pasado, en la que estaba mencionado José “Tano” Sofía, quien “poseía una sofisticada estructura delictiva integrada por distintos sujetos, así como también los conocimientos y medios financieros, logísticos y comerciales necesarios para el envío de los narcóticos desde nuestro país al viejo continente disimulando una operación legal de comercio exterior”, señala la resolución.

El círculo de la investigación se cerró sobre los implicados a partir de un dato proporcionado por la Drug Enforcement Administration (DEA) al juzgado de Charvay.

Los agentes antinarcóticos estadounidense le confiaron la llegada de Londoño Rojas a la Argentina, en mayo pasado, que sólo podía explicarse por “la intención de contactar personas asociadas a sus actividades ilícitas, relacionadas con el tráfico internacional de estupefacientes”, dice la resolución en la que fueron procesados ocho de los presuntos integrantes de la banda por el delito de “tráfico de estupefacientes en sus modalidades de almacenamiento y tenencia con fines de comercialización”.

Londoño Rojas estuvo tres días en la Ciudad de Buenos Aires, entre el 10 y el 12 de mayo, en los que mantuvo encuentros junto a Cheung Sabogal en un bar con Nicolau, alias “Vecino”, la cabeza local de la organización, según la pesquisa.

La cocaína fue secuestrada el 28 de agosto pasado en un galpón ubicado en Génova 2425 del barrio Empalme Graneros de Rosario por la PFA, lo que constituyó el cargamento más grande secuestrado en esta ciudad santafesina.

Allí la Policía encontró 1.515 kilos distribuidos en 1.259 paquetes rectangulares acondicionados dentro de 14 bolsas “big bag”, que se utilizan para exportación de pellets de maíz.

Además, se secuestraron 54 paquetes disimulados en un doble fondo de una camioneta marca Lifan estacionada en el lugar, y otros 132 “ladrillos” que pesaron 143 kilos en un galpón ubicado en Cerrito 17, también de esta ciudad.

De acuerdo a la investigación, el grupo hizo un envío previo a ese país antes de que se detectara la maniobra con los 1.600 kilos de cocaína, aparentemente para “preparar el terreno”.

Para el juez Charvay, los procesados “formaron parte de una organización criminal dedicada primordialmente a la realización de actividades vinculadas con el contrabando y/o tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en el orden internacional, contando para ello con una compleja estructura delictiva y los medios necesarios a esos fines”.

Con ese fin, montaron “una maniobra tendiente a la exportación de un cargamento de pellets de maíz contenidos en bolsas big bag” que debía salir del Puerto de Rosario, a través de la firma “Pepe Cereales SA”.