Este viernes 29 de agosto los profesionales del Derecho celebran el Día de la Abogacía, en memoria del nacimiento de Juan Bautista Alberdi, uno de los pensadores más influyentes en la construcción del Estado argentino y autor de las bases doctrinarias de la Constitución Nacional. En ese marco, Andrea Majul, presidenta del Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción Judicial con sede en Venado Tuerto, compartió con Sur24 una mirada amplia sobre la profesión y el papel de las instituciones colegiadas en tiempos de cambios vertiginosos.Majul considera que, en un contexto marcado por el individualismo, los colegios profesionales cumplen un rol imprescindible. “El rol del Colegio de Abogados en estas épocas de ultraindividualismo es un acto contracultural. Formar parte de un ente colectivo es un gran desafío que, por ejemplo, permite emprender temas macro que ningún profesional, más allá de los talentos individuales, podría resolver en la soledad de su estudio jurídico”, destacó.Para graficar esa importancia, recordó un hecho reciente: “No hace mucho tiempo, mientras muchos colegas descansaban en sus casas, los presidentes de los colegios de abogados golpeábamos las puertas de cada legislador nacional para evitar que las sucesiones se transformaran en sucesiones notariales. Esa acción colectiva defendió no solo la incumbencia profesional, sino a toda la sociedad, evitando que se privatice la Justicia y se pierdan garantías ciudadanas”.Según la abogada, los colegios profesionales no son simples asociaciones: “Son organismos creados por ley, con rol de derecho público delegado. Controlan la matrícula, regulan la ética profesional y ejercen defensa activa de las incumbencias profesionales y de los profesionales del derecho”.

Además, celebró un logro institucional reciente: “Se consiguió un dictamen positivo de Comisión en el marco de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe, en busca del reconocimiento constitucional de los Colegios Profesionales. Fue un esfuerzo conjunto de más de 35 instituciones que trasciende lo individual y marca un hito en nuestra provincia”.

Históricamente, la abogacía estuvo fundamentalmente vinculada al ejercicio liberal: abrir un estudio propio y litigar. Pero esa imagen cambió con los años. “La profesión estaba pensada para el estudio individual, a lo sumo con formato grupal-empresarial, destinado a la representación de intereses particulares. En la actualidad creció el interés de los graduados en insertarse en el Poder Judicial o en instituciones públicas y privadas. Además se ampliaron las incumbencias profesionales y los horizontes de la actividad”, explicó.

La celebración del Día de la Abogacía en homenaje a Alberdi refuerza esa mirada: “Juan Bautista Alberdi no es símbolo de un abogado que solo litiga causas individuales, sino del jurista que pensó las bases del Estado argentino. Eso nos recuerda que la profesión nunca fue estática, sino profundamente vinculada a la construcción social”, asoció Majul con rigor histórico.En esa línea, señaló que la abogacía es transversal a todas las instituciones: “En cada organismo de la ciudad hay un abogado participando y asesorando, lo que muestra que la profesión no tiene horizonte fijo. Además con los cambios tecnológicos, las posibilidades de intervención se expanden aún más”. 

Entre las innovaciones, uno de los temas que más apasiona a Majul es la inteligencia artificial (IA). Tanto es así que actualmente cursa un posgrado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y asegura que la profesión vive una revolución. “Hoy entre un 30 y un 40% del trabajo puede estar asistido por IA Generativa, tecnología disponible que mejora la eficiencia no solo en la redacción, sino además en el análisis profundo de casos e investigaciones, permitiendo incluso la automatización de tareas por el momento sencillas”, apuntó.Sin embargo, advirtió que no se trata solo de una ayuda técnica: “La IA abre un debate ético. Hay que discutir su gobernanza, establecer marcos legales y garantizar su utilización al servicio de la humanidad. Como ocurrió en todas las revoluciones tecnológicas, hay temores sobre pérdida de empleos. Yo no lo veo así: creo que habrá una reinvención de la forma de trabajar, no una desaparición de puestos, pero sí una gran mutación”.Para la dirigente, el desafío está en la actualización permanente: “Hoy, más que nunca, las carreras de grado son apenas la llave de acceso al ejercicio de una profesión. La formación continua es ineludible, porque lo que hacemos hoy en pocos meses puede quedar obsoleto”.

La presidenta del Colegio de Abogacía del sur-sur santafesino también se refirió al acceso a la justicia como derecho fundamental. “En lo normativo está garantizado, pues Argentina asumió compromisos internacionales en cuanto a la accesibilidad de todas las personas, incluyendo, desde ya, a los sectores vulnerables. Pero de la norma a la efectivización hay un largo trecho. Ahí está el rol del abogado: ser puente entre la comunidad y el sistema judicial”, indicó.En esa línea, defendió la primacía de la defensa particular: “El ciudadano debe poder elegir libremente a su abogado. Solo en caso de no poder procurárselo, la defensa pública debe intervenir como garante subsidiario, con estándares de calidad. Ese es el verdadero acceso equitativo a la justicia”.

Otro punto crítico señalado por Majul es la infraestructura judicial. “Nuestra Circunscripción mantiene casi la misma estructura edilicia desde hace más de cuatro décadas. Los tribunales están dispersos por la ciudad (de Venado Tuerto), y muchas sedes no reúnen condiciones dignas”, lamentó. Y lo mismo ocurre en las delegaciones de Melincué y Rufino, en tanto que, en Firmat, el edificio de tribunales no es tan antiguo, pero no resulta cómodo ni funcional. “Son muchos los reclamos que desde el Colegio de Abogacía hicimos a la Corte provincial en los últimos años”, informó.

Asimismo, valoró el avance del Centro de Justicia Penal sobre las bases del viejo Hospital Gutiérrez venadense, aunque aclaró que “todavía falta mucho en el fuero civil, laboral, comercial y de familia. También se necesita más personal y más cantidad de auxiliares de justicia; por ejemplo, seguimos dependiendo de equipos interdisciplinarios de Rosario. Necesitamos espacios adecuados y equipos locales que acompañen a la comunidad”.En ese sentido, destacó la creación de una Mesa de Enlace convocada por legisladores provinciales oriundos de nuestra ciudad, en la que participan magistrados, abogados y miembros de los demás colegios profesionales para proyectar una “ruta cívica” que concentre servicios y mejore la atención.

Majul celebró avances en materia de género en la profesión, pero reconoció que persisten obstáculos. “Cada tanto el ‘techo de cristal’ reaparece. La perspectiva de género no significa favorecer a unas sobre otros, sino superar desigualdades estructurales. Por ejemplo, garantizar que una madre profesional tenga cobertura en etapa de crianza de sus hijos o que las posibilidades de acceso a puestos de trabajo de una mujer sean los mismos que los de un colega varón, al igual que las oportunidades de generar ingresos”, explicó. 

Uno de los legados más importantes de la gestión de cuatro años encabezada por Majul fue fortalecer la independencia del Tribunal de Disciplina. “Hoy ese organismo interno funciona separado de la comisión directiva y los expedientes se tratan con eficacia. Primero se busca la conciliación entre colegas -la mayoría de los problemas surgen por denuncias entre los mismos colegas- y, si no prospera, se avanza en sanciones. Esto fortalece la confianza social en la profesión”, remarcó.Al mismo tiempo, aclaró la diferencia entre faltas profesionales y delitos: “Las faltas son juzgadas por pares que conocen el ejercicio de la profesión. Los delitos, en cambio, quedan bajo la órbita de la justicia ordinaria, al igual que todo sujeto justiciable. Esa distinción es clave”.Majul también respondió a las críticas contra los colegios profesionales: “Algunos sostienen que deberían disolverse. Pero si hay una profesión liberal, es ésta. Y resulta fundamental que las faltas sean juzgadas por pares, no por burócratas administrativos ajenos a la práctica”.

Luego de dos mandatos consecutivos, Andrea Majul dejará la presidencia en este fin de año. “Convocamos a elecciones para el mes de septiembre y junto al vicepresidente, Lucas Rey Castro, decidimos dar un paso al costado luego de cuatro años de gestión. Creemos que la renovación es necesaria. Siempre estaremos disponibles, pero es tiempo de nuevas miradas. Queremos que los colegas tengan libertad para ocupar los espacios con impronta renovada”, expresó.Para la presidenta saliente, el desafío es claro: “El Colegio debe seguir creciendo, adaptándose a los cambios sociales, tecnológicos y culturales, sin perder su esencia de institución colectiva. El futuro de la abogacía dependerá de mantener la ética, garantizar el acceso a la justicia y asumir los retos de la transformación tecnológica”.

La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario advirtió a un abogado por presentar un escrito con citas jurisprudenciales inexistentes generadas por inteligencia artificial, sin verificar su autenticidad. El hecho se produjo en el marco de un expediente por daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito, donde se discutía el incumplimiento de un convenio con una aseguradora.

El juez Oscar Puccinelli detectó que las referencias jurisprudenciales aportadas por el abogado de la parte actora no podían ser corroboradas. Tras requerir explicaciones, el letrado admitió haber usado una herramienta de IA generativa y haber incluido las citas sin chequearlas. El magistrado señaló que esta conducta, aunque de buena fe, compromete la responsabilidad profesional del abogado, ya que no puede delegarse el deber de verificación en herramientas tecnológicas.

El fallo destacó que los sistemas de IA generativa son experimentales y pueden producir «alucinaciones». Es decir, situaciones en las que los modelos generativos, como ChatGPT, Claude o Copilot, fabrican información verosímil pero falsa, incluyendo jurisprudencia con nombre, número de expediente hasta argumentos que jamás existieron.

En tal sentido, el fallo remarca que la probidad profesional exige veracidad y rigurosidad en las presentaciones judiciales.

Detectan citas inventadas por IA en un escrito y reprenden al abogado.

Si bien no se impuso sanción directa, el tribunal decidió notificar al Colegio de Abogados de Rosario para que "adopte las medidas que correspondieren, especialmente las enderezadas a poner en conocimiento a los colegiados acerca de la problemática y de los riesgos que implica la utilización de ese tipo de herramientas sin chequear los resultados (...)".

En ese sentido, el fallo cita expresamente las Normas de Ética Profesional del Colegio, en particular la regla de probidad, que prohíbe realizar citaciones incompletas, aproximativas o contrarias a la verdad.

La extensión y el riesgo del uso de la IA generativa en escritos judiciales generó severas advertencias y medidas activas en el plano institucional. Por caso, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), que preside Ricardo Gil Lavedra, difundió hace pocas semanas una guía integral sobre el uso de IAGen. En el documento se advierte expresamente que "es falta ética efectuar citas doctrinarias o jurisprudenciales inexistentes, exponerlas en forma tal que falseen la opinión o el fallo invocados, o realizar falsas transcripciones de resoluciones judiciales o escritos de la contraparte".

En un expediente donde se discuten daños y perjuicios por un convenio incumplido, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario formuló un llamado de atención a un abogado por presentar un escrito judicial con citas jurisprudenciales inexistentes obtenidas de un sistema de inteligencia artificial generativa sin verificar su autenticidad. En ese marco, también decidió notificar al Colegio de Abogados de esa ciudad con el fin de que "adopte las medidas que correspondieren, especialmente las enderezadas a poner en conocimiento a los colegiados acerca de la problemática y de los riesgos que implica la utilización de ese tipo de herramientas sin chequear los resultados (...)".

El caso se originó en un reclamo pecuniario tras un accidente de tránsito. Las partes habían celebrado un convenio transaccional con una aseguradora, pero el actor denunció el incumplimiento del acuerdo y pidió continuar con el proceso civil. El tribunal de Alzada confirmó que el pacto no había sido homologado y que, ante el incumplimiento, correspondía proseguir con el juicio.

La decisión fue adoptada por el camarista Oscar Puccinelli, quien, después de analizar las actuaciones, dio cuenta de una serie de irregularidades vinculadas a referencias de fallos presentadas por la parte actora. Al exponer la situación, relató: "Pasados los autos a resolver, y luego de analizados los argumentos de las partes, se advirtió que ciertas citas jurisprudenciales realizadas por el letrado de la actora no pudieron ser halladas pese a haberse realizado una búsqueda exhaustiva, razón por la cual se dictó una medida para mejor proveer, solicitando al letrado que identifique la fuente de tales citas. Al contestar el requerimiento, el letrado aclaró que utilizó un sistema de inteligencia artificial y que volcó el resultado encontrado de buena fe, de modo que resulta claro que las citas mencionadas no fueron chequeadas por tal curial".

El juez advirtió sobre las "alucinaciones" que pueden producirse en estos casos.

El juez Puccinelli subrayó que esta conducta, incluso cuando se actúe de buena fe, "compromete la responsabilidad profesional del letrado no sólo ante el tribunal sino, especialmente, respecto de su cliente -existiera o no consentimiento informado que autorice el uso de chatbots con inteligencia artificial generativa, pues no puede haber consentimiento válido alguno que releve a un letrado de su deber de cotejar las fuentes en las que basa sus posiciones jurídicas-".

El fallo, publicado por el sitio E-Procesal y con repercusión en varios medios nacionales, señaló que los chatbots de inteligencia artificial generativa "existen desde hace ya más de tres años y no sólo en sus términos y condiciones estos sistemas destacan que se trata de un sistema experimental y que sus resultados deben ser cotejados, sino que es ampliamente conocida la circunstancia de que, por esa misma razón, los resultados que ofrecen, en pos de satisfacer los requerimientos del consultante, incluyen aún y en muchos casos las denominadas 'alucinaciones' y por ello, como ocurrió en el caso, aparecen fuentes lisa y llanamente inventadas".

En ese sentido, el juez de la Sala II de la Cámara Civil rosarina determinó: "Corresponde hacer un llamado de atención al letrado en cuestión y, además, a fin de prevenir que este tipo de situaciones se generalice en el fuero, anoticiar al Colegio de Abogados de Rosario del contenido de esta resolución a fin de que adopte las medidas que correspondieren, especialmente las enderezadas a poner en conocimiento a los colegiados acerca de la problemática y de los riesgos que implica la utilización de este tipo de herramientas sin chequear los resultados que ofrece en la labor de preparación de documentos que se presenten ante los tribunales".

(Por Tomás Bertero) - El miércoles 21 de mayo, el Colegio de Abogados de Rafaela fue sede de un simulacro que reprodujo todas las etapas de un juicio por jurados, modalidad que se implementará próximamente en la provincia de Santa Fe.

Organizado por el Colegio de Magistrados, el Colegio de Abogados de Rafaela y la Universidad Católica Argentina (sede Paraná), el evento contó con la participación de jueces, fiscales y defensores de Paraná, con amplia experiencia en esta modalidad.

El abogado penalista y docente de la Universidad Católica de Paraná, Dr. Néstor Oroño, destacó la relevancia del sistema y su carácter formativo: “En Entre Ríos ya se realizaron cerca de 100 juicios por jurados. Este simulacro es muy ilustrativo y formativo”, sostuvo en la previa del simulacro.

Simulacro de juicio por jurados en Rafaela. Fotos: Tomás Bertero

Por otro lado, el letrado subrayó que el aspecto más innovador es que la decisión sobre culpabilidad o inocencia la toman “ciudadanos legos, es decir, comunes, según su buen criterio”, mientras que la imposición de la pena queda a cargo del juez técnico en la audiencia de “cesura”.

Simulacro de juicio por jurados en Rafaela. Fotos: Tomás Bertero

También Oroño resaltó que “el derecho, como toda realidad cultural, cambia permanentemente. La justicia ya no opera detrás de muros, hoy es visible. Ustedes, como periodistas, tienen un rol fundamental para informar a la sociedad sobre este proceso”, agregó Oroño.

Y subrayó la importancia de que el ciudadano de a pie se acerque y colabore con la justicia para lograr un proceso abierto y transparente.

Simulacro de juicio por jurados en Rafaela. Fotos: Tomás Bertero

Por su parte, la Dra. Micaela Schmidt, profesora adjunta en la UCA, resaltó que en Entre Ríos el mayor desafío fue “la concientización de la población”. Sin embargo, pese al bajo interés desde que lo implementaron por primera vez, la sociedad se mostró colaborativa y con deseo en participar como jurados, algo que esperan replicar en Santa Fe.

El simulacro duró aproximadamente tres horas y cumplió con su objetivo de practicar el sistema con ciudadanos comunes. Aunque el juicio por jurados en Santa Fe tendrá diferencias respecto al modelo entrerriano, mantiene la estructura básica que resultó favorable, de acuerdo a los primeros comentarios que surgieron una vez finalizado el evento.

Simulacro de juicio por jurados en Rafaela. Fotos: Tomás Bertero

Ahora, la justicia provincial se prepara para el primer juicio real por jurados que comenzará el próximo 9 de junio en San Cristóbal. Se juzgará a un hombre de 58 años acusado de asesinar al jefe de la comisaría de Monigotes y de herir gravemente a su esposa tras sorprenderlos juntos en una vivienda rural en el verano de 2023.

Simulacro de juicio por jurados en Rafaela. Fotos: Tomás Bertero

La acusación solicitará prisión perpetua por homicidio calificado y tentativa de homicidio, mientras que la defensa intentará argumentar que el hecho ocurrió en estado de emoción violenta, buscando una reducción de la pena.

El viernes último, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizaron los comicios con el objetivo de definir las autoridades de la mesa directiva de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) Joven para el período 2024-2026 y, en esa nueva composición, fue electa como vocal primera la abogada venadense María Laura Grosso. 

Cabe destacar que es la primera vez que un integrante del Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción Judicial, con sede en Venado Tuerto, forma parte de la comisión directiva de jóvenes de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), lo que revaloriza aún más para la institución regional lo logrado. 

“Esta elección es el resultado de varias reuniones de trabajo con nuestros pares del resto del país y deseamos el mayor de los éxitos a la nueva mesa directiva”, manifestó la presidente del Colegio de Abogados regional, Andrea Majul, quien destacó el importante rol que cumple en la institución la Comisión de Jóvenes Abogados.

“En los tiempos que se avecinan y ante los sistemáticos ataques que nuestra profesión recibe, se impone la necesidad de bregar por una abogacía unida y organizada, y por ello, la comisión directiva del Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción Judicial, asumió el compromiso de fortalecer la participación de los jóvenes colegas en el ámbito de la abogacía organizada nacional. ¡Gracias a nuestros jóvenes por replicar sus esfuerzos!”, destacó la profesional venadense en relación con el espacio ganado por María Laura Grosso, primera integrante del Colegio de Abogados de la región sur de Santa Fe que integra la mesa directiva juvenil de la FACA.

Organizado por el Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción de la Provincia de Santa Fe, sede Venado Tuerto, y el Instituto de Justicia Restaurativa Venado Tuerto, el evento se llevará a cabo este viernes 10 de noviembre, de 9 a 12 y 14 a 17, en la sede venadense de la Universidad del Gran Rosario (UGR), Belgrano e Iturraspe, en modalidad presencial y virtual

En la apertura se anuncia una conferencia magistral del procurador general de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, Jorge Barraguirre, y luego se desarrollarán cuatro paneles de disertantes, tanto locales como regionales, congregados bajo cuatro ejes temáticos: I) Justicia Restaurativa, Derecho Penal, Procesal Penal y Derecho Penal Juvenil.II) Justicia Restaurativa en conflictos de familia, violencia intrafamiliar y de género. Prácticas restaurativas.III) Género, diversidad y prácticas restaurativas.IV) Contexto de encierro y Justicia Restaurativa.

INSCRIPCIÓN: https://forms.gle/eq6p9c4vZjWt217P7

La entrada es libre y gratuita. Para más información, escribir al 3462 30-6889 o al 3462 52-2087, o al mail: Congreso.JRVT@gmail.com

La justicia restaurativa, también llamada justicia reparadora o justicia compasiva, es una forma de pensar la justicia cuyo foco de atención son las necesidades de las víctimas y los autores o responsables del delito, y no el castigo a estos últimos ni el cumplimiento de principios legales abstractos. A menudo se usa el término "ofensores" como concepto alternativo al de “delincuentes” o “criminales”, pues la justicia restaurativa intenta evitar estigmatizar a las personas que hayan cometido un delito. También se prefiere el término “ofendidos” en lugar del de “víctimas”, y considera que siempre hay un tercer componente a tener en cuenta en el conflicto y su gestión: “la comunidad cercana”.

Este martes 15 de marzo, en el Día Internacional de los Derechos de los Consumidores, Sur24 dialogó con la presidenta del Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción Judicial, Andrea Majul, cuyos representantes participarán el próximo jueves 17 de un panel a realizarse en las instalaciones de la Universidad del Litoral (UNL), con motivo de la presentación del anteproyecto del Código de implementación de los derechos de los consumidores de la provincia de Santa Fe, impulsado por la Casa Gris, en el marco del programa Santa Fe + Justicia.

Meses atrás, el Colegio de Abogados con sede en Venado Tuerto, al igual que sus pares de la provincia de Santa Fe, habían sido invitados a participar de la elaboración del mismo, a través de un dictamen, y tanto se destacó ese aporte que los venadenses fueron invitados a participar de las actividades de cierre de la labor, junto con los miembros de la Comisión Redactora y docentes de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos de los Consumidores.

Andrea Majul, presidenta del Colegio de Abogados regional.

La abogada Majul destacó que el anteproyecto contempla no sólo aspectos técnicos y procedimentales para resguardar los derechos de los consumidores, sino que también rescata los principios y experiencias en esta materia, y sostuvo que viene a saldar una “deuda histórica” de los santafesinos. “Si bien los derechos de los consumidores están establecidos a nivel constitucional y en el Código Civil y Comercial de la Nación, en Santa Fe no teníamos una normativa específica de procedimientos, es decir, cómo implementar estos derechos, y de nuestra parte hicimos un aporte desde el Instituto de Derechos de Consumidores y Usuarios del Colegio de Abogados, con la meritoria participación del doctor Bernardo de Estrada, que es el autor del dictamen -del citado instituto- que reúne las experiencias de las asociaciones de consumidores, de las personas y de los letrados, definiendo un cronograma de instancias administrativas para llevar adelante en las oficinas de comunas y municipios, incluyendo algunas novedades, como la gratuidad del proceso de intimación que deben emprender los consumidores”, describió.

“En nuestra provincia los reclamos judiciales en materia de defensa del consumidor se adaptaban dentro del procedimiento civil y comercial, pero esta iniciativa viene a jerarquizar el área, considerando el derecho de los consumidores como una rama autónoma. Sin dudas, será un gran paso en cuanto a la implementación, cómo llevar adelante los reclamos con reglas de debate claro, y las garantías de llegar a una efectivización, porque una cosa es el reconocimiento de los derechos y otra es la implementación y el acceso a la justicia efectiva”, enfatizó la directiva.

Además, Andrea Majul explicó que “con este Código se establecen los canales adecuados para poder llevar adelante esas acciones y también crea principios muy claros para el consumo sustentable y el derecho a la información, a la vez que asigna roles bien definidos a cada uno de los participantes. Otro de los grandes avances -continuó- es que reconoce la función de las asociaciones de usuarios y consumidores, como también a los colegios de abogados, cuyos profesionales integrarán el Consejo Asesor, un organismo que será influyente en el proceso, mediante sus dictámenes, porque en caso de discrepancia, la Autoridad de Aplicación no podrá imponer su opinión sin antes fundamentar los motivos”, valoró.

La Comisión Redactora está formada por miembros del Poder Judicial, profesionales independientes, docentes universitarios y, además, participaron en la elaboración las fuerzas vivas de la comunidad, y en adelante, luego de la presentación pública de este viernes, tendrá que ser debatido en la Legislatura santafesina, pero nos tranquiliza que “el proyecto goza de un consenso generalizado”, subrayó Majul.

El 15 de marzo de 1962, el entonces presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, dio un discurso en el cual reconoció a los consumidores como un elemento fundamental dentro del proceso productivo y evocó sus derechos sin distinción de clase.

En 1985, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó las Directrices para la Protección de los Consumidores. Esto significó un reconocimiento a los derechos que había enumerado Kennedy en cuanto al derecho a la seguridad, información, libertad de elección y a ser debidamente escuchados como consumidores en sus reclamos y que sus derechos protejan diferentes aspectos, como consumos en la alimentación, medicamentos, medios de transportes y protección financiera.

Así, se estableció a nivel mundial que todos los ciudadanos tiene derecho a elegir y a recibir información y educarse respecto a los bienes y servicios que deseen adquirir.

Las directrices aprobadas por la ONU en 1985 fueron ampliadas por el Consejo Económico y Social en su resolución 1999/7 el 16 de julio de 1999, y revisadas y aprobadas por la Asamblea General en su resolución 70/186, del 22 de diciembre de 2015.

La abogada Andrea Majul, en un sencillo acto, asumió en horas de la mañana de este miércoles la presidencia del Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción Judicial y destacó, más allá de declararse honrada por la responsabilidad delegada, que “somos un equipo de trabajo”. Y añadió que “hace un buen tiempo que estamos vinculados con las actividades del Colegio de Abogados. Vengo de participar en la comisión directiva, colaborando con la gestión de Alberto Turcato, y desde que me recibí siempre participé, de uno u otro modo, en la vida interna de la institución, que es un espacio de construcción colectiva”.

Más adelante, la dirigente sostuvo que “lo que buscamos es optimizar la colegiatura y trabajar por una mejor calidad de vida de nuestros colegas. Además, nos sentimos parte del servicio de justicia, y por ende, todos los días trabajamos para mejorar, desde el interior de la institución y en nuestra relación con las entidades, siempre en beneficio de la comunidad con la que interactuamos y a la cual dedicamos nuestra vocación de servicio”.

De cara a la gestión que recién inicia, confió Majul que “el desafío más importante es recrear la participación, donde a veces el propio ejercicio específico de la abogacía, el vértigo de la actividad, llevan a dejar de lado algunos espacios participativos, y una de nuestras búsquedas será que los colegas vuelvan al Colegio y a las delegaciones, porque así vamos a fortalecer nuestra institución en defensa de la profesión”, arengó.

Consultada por la influencia de la pandemia en la profesión, la flamante presidente comentó que “este proceso implicó una readaptación de cada uno de nosotros, porque todos los métodos y mecanismos son nuevos, tanto para el profesional independiente, como para los agentes que atienen cada uno de los organismos del Estado, en nuestro caso del Poder Judicial. Y poco a poco lo fuimos aprendiendo, unos y otros”.

Acompañan a Majul, como vicepresidente, Gustavo Reynoso, de Firmat; el secretario Lucas Rey Castro, de Rufino; el tesorero Hernán Porta, de Venado Tuerto; y en las vocalías: Natalia Murtagh, Analía Zarza, Julián Palarich (María Teresa) y Juan Alberto Reynoso (Elortondo); mientras que en el Tribunal de Disciplina lo hacen Ignacio Landaburu, Darío Gabbi y Lorena Taverna, con Sol Barraguirre como secretaria.

Alberto Turcato comenzó su presidencia en octubre de 2016, fue reelecto para un segundo período y desde el año pasado se extendió su mandato a causa de la pandemia, en tanto que en este octubre de 2021, cinco años después, deja la presidencia en manos de “amiga y colega”: “Andrea Majul no es una improvisada, sino que viene participando en la comisión directiva y es la persona más apta para esta nueva etapa, y así coincidimos con todos los colegas y por eso se presentó una sola lista, de modo tal que ella asume con toda la confianza y legitimidad para el desarrollo de sus funciones”, remarcó.

“Estoy muy orgulloso por el trabajo conjunto con la comisión directiva durante estos años de mandato, y contento porque se pudieron llevar a cabo varios logros, no solamente en beneficio de los abogados de la región, sino también del conjunto de la comunidad”, dijo el presidente saliente.

“Desde ya que entre muchas realizaciones, también hay tareas inconclusas, pero estoy convencido de que algunas de ellas podrán ser reanudadas Andrea Majul, la primera presidenta mujer del Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción”, exaltó.

“No tengo dudas de que lo que hicimos bien en nuestra gestión, se sostendrá, y lo que haya que mejorar, lo van a hacer, porque esta comisión directiva está integrada por profesionales que a lo largo del tiempo han demostrado su probidad, y también su vocación, ya que para acceder a estas responsabilidades honorarias hay que tener un gran amor por la profesión. Desde que asumimos como conducción, la idea fue siempre, sin abandonar lo académico, darle a la gestión un rol gremial y corporativo y así los hemos hecho”, resumió Turcato, quien entre sus mejores logros, aun cuando no se concretó en este lapso, figura la iniciativa de la Ciudad Judicial en el viejo edificio del Hospital Gutiérrez, que se lanzó como Centro de Justicia Penal durante el gobierno de Miguel Lifschitz y la actual gestión provincial aún no reactivó.

Alberto Turcato, presidente del Colegio de Abogados.

En momentos en que ganaban espacio mediático las advertencias por el estado de abandono de la obra del Centro de Justicia Penal en el viejo Hospital Gutiérrez, a fines de abril, la secretaria de Obras Públicas, Leticia Battaglia, y el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, adelantaron, respectivamente, el nuevo llamado a licitación para reactivar los trabajos -con revisiones- y la instalación en ese espacio, el año entrante, de “un gran centro judicial y policial”. Apenas conocidas las novedades, el presidente del Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción, Alberto Turcato, celebró la decisión política provincial de reanudar los trabajos en el centenario inmueble de Gutiérrez y Eva Perón. “No se conocen detalles aún, pero de las declaraciones de los funcionarios se desprende que el proyecto del Centro de Justicia Penal será ampliado sustancialmente, y eso nos entusiasma, porque nosotros cuatro años atrás propusimos agrupar no sólo los distintos juzgados (comercial, penal, civil, laboral, familia, etc.), sino también el Ministerio Público de la Acusación (MPA), y otros organismos provinciales, como la Administración Provincial de Impuestos (API), el Registro Civil, la Agencia de Mediación, el Registro Público de Comercio, el Registro de la Propiedad Inmueble y agencias del Nuevo Banco Santa Fe y del Correo Argentino”, enumeró Turcato. Y amplió: “Hoy tenemos numerosos inmuebles dispersos en el sector céntrico, como el MPA, organismo del Poder Ejecutivo que cumple funciones judiciales en materia investigativa, en Alvear y San Martín; la Defensa Pública, que también depende del Ejecutivo y se encuentra en Castelli y Alvear; los Tribunales de San Martín al 600; el edificio ex Vigor en Castelli y Chacabuco; y el de Saavedra 455”.

“Algunas propiedades son de la Provincia y otras se alquilan, y muchas de ellas presentan estructuras obsoletas y un escaso mantenimiento que impiden garantizar un adecuado servicio de justicia a la ciudadanía”, describió. Y a continuación graficó el abogado que “ni siquiera tenemos una sala de audiencias en la parte civil, sino que usamos un salón de usos múltiples, que es muy pequeño y de ningún modo cumple con los protocolos sanitarios que exige un tiempo de pandemia (…) También sufrimos en su momento con el Juzgado de Familia, que ya se trasladó a los Tribunales de calle San Martín, pero durante largos años funcionó en la precariedad de una vivienda alquilada en Chacabuco al 1300”, recordó.

Más adelante, Turcato observó que la obra, tras el nuevo llamado a licitación, podría financiarse, en parte, con la venta de edificios provinciales de alto valor inmobiliario, como los de San Martín al 600 y Castelli y Chacabuco. “Desde ya que el primer paso sería desafectar ambos inmuebles del dominio público, lo que tiene que hacerse a través de una ley, y luego sacarlos a la venta en el mercado y generar cuantiosos recursos económicos”, sugirió.

“Nosotros apoyamos cuando el gobierno de Miguel Lifschitz inició la obra del Centro de Justicia Penal con el objetivo de reunir en un mismo espacio a fiscales, defensores y jueces penales de ambas instancias, pero sin dejar de advertir que en el mediano plazo sufriríamos la misma problemática edilicia. Ahora, sabiendo que puede modificarse el proyecto, vamos a insistir en la conveniencia de aprovechar un espacio amplio y de gran valor histórico como el ex Hospital Gutiérrez para agrupar todas las dependencias judiciales, además de algunas reparticiones provinciales”, sostuvo. “Así estaríamos optimizando el servicio de justicia, asegurando para el futuro una estructura moderna y funcional -como ya tienen otras circunscripciones de la provincia-, descomprimiendo el microcentro de la ciudad y revitalizando una zona que decayó en gran medida desde el traslado del Hospital. Voy a seguir luchando en este sentido hasta el final de mi gestión y también lo hará en su momento quien me suceda, pues se trata de un objetivo institucional”, cerró Turcato.

Si bien hubo voces críticas que tildaron de “faraónico” el proyecto de Ciudad Judicial, el Colegio de Abogados nunca estuvo solo en la patriada, sino que desde el vamos recibió apoyos desde los cuatro colegios de abogados colegas de la provincia y entidades intermedias locales, y además Turcato destacó el aval de todo el espectro político, como el ex intendente José Freyre, el ex diputado provincial Oscar Pieroni y el senador provincial Lisandro Enrico. Incluso, a fines de 2017, el legislador boinablanca organizó reuniones en el Centro Cívico para fortalecer la iniciativa y declaró: “Hace mucho tiempo que la ciudad de Venado Tuerto no tiene una considerable inversión edilicia en materia judicial. Esta es una oportunidad que nos habilita el desuso del viejo Hospital Gutiérrez para poder empezar a tener instalaciones de Tribunales en condiciones óptimas. Nuestro objetivo es mejorar la infraestructura judicial”.