La Cámara de Diputados votó una enmienda al recientemente reformado artículo 214 del Código Procesal Penal "para optimizar el uso de recursos humanos, respetar los principios constitucionales y mejorar el sistema de justicia" según afirmó el radical Martín Rosúa, autor de la iniciativa que llegó al recinto con el despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

No obstante, los tres diputados de bloque Frente Amplio por la Soberanía votaron en contra y seis diputados justicialistas se abstuvieron de acompañar la iniciativa que tuvo 31 votos positivos.

El artículo 214 refiere a la detención que ordena un fiscal contra un imputado "respecto del cual estimara que los elementos reunidos en la investigación penal preparatoria autorizaran a celebrar la audiencia prevista en el artículo 274, siempre que se trate de delitos reprimidos con pena privativa de libertad y pudiera existir riesgo de fuga o de entorpecimiento probatorio".

La reforma al Código Procesal Penal votada en marzo a instancias del Poder Ejecutivo determinó que "en todos los casos dentro de las 24 horas desde el Inicio de la privación de la libertad, el imputado deberá ser llevado ante los estrados judiciales, a fin de que el Tribunal controle sumariamente la legalidad de la detención". Sobre este párrafo se discutió la reforma para determinar que esa audiencia se hará "en todos los casos que medie pedido del imputado o su defensa" para lo cual "aquel deberá ser llevado ante los estrados judiciales a fin de que el Tribunal controle sumariamente la legalidad de la detención, lo que deberá realizarse dentro de las 24 horas desde la formulación del pedido de control".

El propio Rosúa había anticipado en marzo cuando Diputados sancionaba la reforma que iba a presentar esta modificación, no introducida en ese momento para evitar que se demorara la sanción.

A la hora de fundamentar el proyecto, el legislador rosarino insistió mucho en hacer un uso más eficiente de los recursos de la justicia y de las fuerzas policiales pero respetando las garantías constitucionales. Destacó que en 96 horas, un detenido es llevado dos veces ante un juez y en la primera audiencia es entre dos a cuatro minutos y se carece de litigio. "No eliminamos la instancia y se puede realizar a pedido de las partes", aclaró. Es que para realizar esa audiencia un móvil policial debe trasladar al detenido al edificio de Tribunales para comparecer ante el juez y ser llevado nuevamente al lugar de detención. "En lugar de estar afectado al control de calle, un móvil policial está afectado a llevar y traer detenidos" acotó el radical.

"De las críticas al artículo se destaca el problema en la organización de un aumento exorbitante en el número de audiencias de trámite de cumplimiento obligatorio, pero que ocuparán gran parte del cronograma diario realizado por la Oficina de Gestión Judicial, dinamitando así la agenda diaria del sistema. Ello también traería aparejado diversos inconvenientes, por ejemplo, sacar una cantidad considerable de patrulleros de sus funciones habituales, con la sola finalidad de trasladar detenidos desde sus lugares de detención hasta el Centro de Justicia Penal, y luego desde este último nuevamente hacia sus lugares de detención. Asimismo, es dable destacar que ni el Ministerio Público de la Acusación, ni el Servicio Público de la Defensa, ni las fuerzas policiales asignadas, tienen los recursos materiales ni humanos para hacer frente a ese incremento exponencial de audiencias diarias", señaló el autor.

Antes, Fabián Palo Oliver había expresado el rechazo de los tres integrantes de su bancada recordando que el Frente Amplio por la Soberanía había rechazado la reforma al Código por entender que era "una contrarreforma". El proyecto de reforma también había tenido cuestionamientos de la Defensora General, Estrella Moreno Robinson quien fue citada a exponer esas diferencias por la Comisión de Derechos y Garantías. "Se lesiona el debido proceso", advirtió Palo Oliver a la hora de rechazar el proyecto.

En tanto, el justicialista Marcos Corach recordó lo ocurrido en la sesión de debate de la reforma cuando discutió con el radical José Corral ante la decisión de aprobar en forma rápida los cambios. "Se votó rápido, pero ¿bien? se preguntó el rafaelino para pedir la abstención a la hora de votarse el proyecto ahora girado al Senado para su revisión.

Con la reforma vigente al Código Procesal Penal, entre otras cosas, se amplió al 96 horas el plazo de detención de un imputado y el fiscal podrá fundamentar ante el juez un plazo similar para continuar con la investigación.

PliegosEl actual Poder Ejecutivo remitió los primeros pliegos para ocupar cargos vacantes en el Poder Judicial y en este caso se trata de seis futuros cargos de fiscales respetando el concurso realizado por el gobierno anterior. Los pliegos remitidos para su aval legislativo son los de Patricio Saldutti y Alejandro Ferlazzo como fiscales titulares en la circunscripción judicial II con asiento en Rosario. Para el mismo distrito, el Ejecutivo propuso como fiscales adjuntos a Bárbara Glinkman, Agustina Eiris, Brenda Debiasi y Paul Barros.

En tanto, en Casa Gris se considera inminente la firma por parte del gobernador Maximiliano Pullaro del decreto de nuevo funcionamiento y reglamento del Consejo de la Magistratura y tras esa decisión le seguirá la convocatoria a la cobertura de algunas de las vacantes en el Poder Judicial.

Otra reforma es leyUno de los últimos mensajes del Poder Ejecutivo presentados en diciembre a poco de asumir Maximiliano Pullaro, se convirtió en ley el pasado jueves. Es el que dispone la reforma parcial a la Ley Orgánica del Poder Judicial -Ley 10.060- y al Código Procesal Civil y Comercial.

Por unanimidad, la Cámara de Diputados aceptó las reformas introducidas por el Senado a un tema que el Ejecutivo comenzó por la Cámara Baja. Así los juzgados Colegiados de Familia y Extracontractual pasarán a ser unipersonales yen varias ciudades del interior de la provincia los actuales juzgados de Circuito pasará a ser de fuero pleno. Los Juzgados de Circuito de Rosario y Santa Fe pasarán a ser de Distrito mientras que los juicios iniciados en los Colegiados de Familia y Extracontractual seguirán a cargo del juez de trámite.

Al presentar la reforma, el Poder Ejecutivo explicó que el objetivo central es lograr un Poder Judicial efectivo en el cumplimiento de sus funciones, dotándolo de herramientas eficientes para resolver los conflictos jurisdiccionales. Se explicó la reforma, ahora ley, implica un cambio sustantivo en el procedimiento y trámite de las causas que se susciten por las cuestiones relativas al fuero de Familia y de Responsabilidad Extracontractual pasando de juzgados colegiados a unipersonales. También dota a la justicia de Distrito Civil y Comercial, de mayor dinámica y agilidad procesal, incorporando los nuevos Juzgados de Primera Instancia de Distrito Civil y Comercial y creando nuevas Salas, en la Circunscripción 1ª y Circunscripción 2ª de las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial.

Gran parte de los cambios están fundamentados en las estadísticas propias del Poder Judicial.

(Juliano Salerno) - Con el foco puesto en la ciudad de Rosario, el nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF) comenzó a regir este lunes 6 de mayo en la provincia de Santa Fe -a excepción de Reconquista-. La flamante herramienta judicial, en plena etapa de ajustes para su implementación, redefine las funciones de jueces y fiscales, pero además crea un nuevo actor, que denomina Oficina Judicial (OFIJU).

La OFIJU, definida en los manuales como “una organización de carácter instrumental y administrativo que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional”, tiene una directora general en Rosario, que es la Dra. Valeria Malgioglio; y una subdirección en Santa Fe, a cargo del Dr. Juan Martín Vallejos, quien realizó un pantallazo de los cambios que se avizoran para la capital provincial y su zona de influencia.

-¿Qué implica la creación de la Oficina Judicial para la Justicia Federal santafesina a partir de este 6 de mayo?

-El nuevo código modifica el sistema en el cual se van a llevar adelante las causas. A partir de ahora el régimen pasa a ser acusatorio y adversarial. Cambia el rol del juez principalmente, que se va a volcar netamente a resolver lo judicial y ya no a investigar, tarea que queda en manos del Ministerio Público Fiscal. Al cambiar el rol del juez, la Oficina Judicial asumen las tareas netamente administrativa que tenía la magistratura, lo cual demanda mucho tiempo, a veces por tener que tratar cuestiones edilicias, de recursos o decretos de mero trámite. Hoy todo eso pasa a la órbita de la Oficina Judicial que es la que se encarga de manejar las audiencias.

-¿Cuántas salas están previstas en este edificio?

-Bueno, en principio acá va a haber dos salas de audiencias, pero por ahora hay una sola, con lo cual también al quedar lo que se llama el sistema “residual” habrá que administrar la sala con las causas que ya fueron fijadas con anterioridad.

-¿Cuál es el desafío en materia de organización para llevar adelante el nuevo sistema?

-La demanda de trabajo estará en coordinar la agenda de audiencias, porque los jueces son multifueros (con secretarías Civil y de Leyes Especiales), además de tener las causas penales anteriores al 6 de mayo que se tramitan por el código viejo. Entonces las oficinas judiciales tienen que coordinar con las otras secretarías para el uso de la sala de audiencias, con la agenda del tribunal y de los distintos jueces, porque al haber vacantes tendremos que coordinar con los jueces subrogantes para que puedan estar en las dos jurisdicciones, sobre todo para determinadas audiencia en las que el Código establece plazos de horas.

-¿Cuando estiman que van a tener la primera audiencia bajo este nuevo este sistema?

-No lo sabemos, como la tarea de la investigación la encabeza del Ministerio Público Fiscal, son ellos los que van a saber cuándo van a tener la primera causa y nos van a pedir la primera audiencia, sin perjuicio de que haya un proceso que se inicie a partir de hoy a las 0 horas de hoy. Pero todavía no lo sabemos, porque si se trata de una investigación, lo vamos a tener dentro de un tiempo; pero también puede haber un procedimiento de flagrancia, pongamos por caso un transporte, pero todavía no sabemos, estamos a la expectativa.

-¿Con cuánta gente va a funcionar esta oficina y cuál sería el ideal?

-Si seguimos el modelo de Salta qué es lo que estaba viendo la Cámara de Rosario y la Cámara de Casación, la Oficina Judicial está dividida en Garantías y Revisión por un lado, y por el otro en Juicio y Sentencia. Acá la Revisión sería lo que hace la Cámara de Rosario, con lo cual no habría que dividir la subdelegación; pero si separar Garantía de lo que es Juicio y Sentencia. Siguiendo el modelo de Salta, se estima que recién en dos meses podríamos estar en etapa de juicio, así que en principio la oficina trataría solamente audiencias de Garantía.

La Corte creó 14 cargos que se repartieron en toda la jurisdicción. Acá (en Santa Fe) son dos cargos nuevos que ocupamos empleados del Poder Judicial y a eso se suman los traspasos que se van generando. En un principio arrancamos siendo cuatro personas. También estoy a cargo de la coordinación de la subdelegación Rafaela donde hay una persona designada y tengo entendido que van a nombrar a otra. Y a medida que vaya creciendo el número causa y bajando el residual, se irá traspasando gente del juzgado a la Oficina Judicial de Garantías y el resto de los empleados se van a ir reacomodando en la secretaría Civiles y de Leyes Especiales.

-¿Cómo es el funcionamiento de la OFIJU de Santa Fe, que ahora va a pasar a depender de Rosario donde está la directora?

-La directora es Valeria Malgioglio, la Cámara de Rosario la designó como directora general de toda la jurisdicción que está dividida en subdelegaciones: Rosario; Venado Tuerto; San Nicolás (provincia de Buenos Aires); Rafaela y Santa Fe. Reconquista quedó afuera porque al depender de la jurisdicción de Resistencia (Chaco) no adopta todavía el código nuevo, así que sigue tramitando con el código viejo.

Juan Martín Vallejosingresó en el Poder Judicial de la Nación en 1994. Fue secretario Penal, Civil y de Leyes Especiales. En el TOF fue relator de los camaristas Ramiro Puyol y José María Escobar Cello. Se desempeñó en la Secretaría de Derechos Humanos en la denominada "causa Brusa" y como secretario de Ejecución Penal, previo a su designación como subdirector de la Oficina Judicial.

En vísperas de Semana Santa, el Senado de Santa Fe aprobó cambios al Código Procesal Penal provincial. La iniciativa, que modifica más de 40 artículos, incorpora siete y deroga otros cinco de la Ley 12734, fue definida como una “herramienta necesaria y clave para la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico” por la senadora Leticia Di Gregorio.

La legisladora, sostuvo que de esta manera, “continuamos acompañando a la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro” en un contexto difícil que está atravesando particularmente la ciudad de Rosario. Además, recordó que en 100 días se aprobaron 31 leyes con sanción definitiva.

La representante del departamento General López, fue categórica al afirmar que “estamos decididos a no dar un paso atrás en la lucha contra la narcocriminalidad, que hoy por hoy nos toca a todos los santafesinos”. En esta línea, Di Gregorio ponderó el acompañamiento de ambas cámaras para aprobar esta ley que es “sumamente importante porque busca agilizar y mejorar los procesos penales en nuestra provincia”, donde se tomaron en cuenta las voces de jueces, fiscales y demás operadores del sistema judicial. 

Finalmente, la senadora Leticia Di Gregorio insistió en que “seguimos trabajando firmemente, dotando de herramientas a la justicia para luchar contra la delincuencia” y “buscando llevar mayor tranquilidad y seguridad a cada santafesino”. 

1) Ampliación del plazo de detención a 15 días, prorrogable por 15 días más en causas de criminalidad organizada.

2) Allanamiento fiscal en delitos de criminalidad organizada.

3) Se amplía el concepto de flagrancia.

4) Peligrosidad procesal: se agrega que la existencia de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación se puede dar cuando ya hay personas privadas de la libertad.

5) Incorporación de técnicas especiales de investigación (arrepentido, informante, agente encubierto, agente revelador).

6) Modificación a la ley orgánica del personal policial: los efectivos no podrán detener o restringir la libertad corporal de las personas sin orden de autoridad competente. Excepcionalmente, podrán ser demorados en el lugar o dependencia policial.

7) La feria judicial no rige en materia penal.

Mario Cáffaro El Litoral El Poder Ejecutivo ingresó por la Cámara de Diputados un proyecto con modificaciones parciales al Código Procesal Penal santafesino con el objetivo de evitar la excarcelación de personas detenidas por la portación ilegal de armas de fuego. “La modificación del marco legal nos permitirá acciones de prevención más fuertes en resguardo de la población”, sostuvo este martes en Rosario el gobernador al confirmar la decisión que se plasmó a última hora de la tarde. “El hombre que va armado y no tiene autorización, es porque está en acción de robo o está listo para un enfrentamiento entre bandas o para participar en una balacera. Queremos que la modificación de ese marco legal nos permita tener una acción fuerte de prevención en resguardo de la población”, acotó en mandatario en la ciudad del sur. “Con esta iniciativa del Poder Ejecutivo, a través de la modificación del Código Procesal Penal pretende modificar la dimensión procesal de la prisión preventiva -donde la provincia tiene competencia en virtud del reparto federal de atribuciones que realiza la Constitución Nacional-, procurando que aquellos delitos que se realicen con la utilización de armas de fuego sean susceptibles de prisión preventiva, independientemente de la cuantificación en abstracto que se pueda hacer de la pena que corresponda al caso en el momento de dictarse sentencia definitiva” explica en el comienzo del mensaje.  Sabiendo la polémica que el tema suscita, agrega la introducción que “el proyecto no desconoce el principio básico constitucional de presunción de inocencia del imputado durante la sustanciación del proceso sino que, en virtud de las atribuciones que tiene el legislador, busca limitar el principio razonablemente cuando los delitos importen una lesión mayor al ordenamiento jurídico en virtud de los medios que se emplean para realizarse”. Los artículos a modificar serían el 219 y el 220. El primero refiere a las medidas cautelares no privativas de la libertad y el segundo a la procedencia de la prisión preventiva. En la Cámara de Diputados fue Oscar Martínez (100% Santafesino) quien propuso discutir el tema e ingresó en septiembre del año pasado un proyecto para modificar el artículo 221 que refiere a la peligrosidad procesal pero que nunca tuvo dictámenes de las comisiones. Semanas atrás pidió el tratamiento preferencial pero no tuvo apoyo del pleno del cuerpo. El mensaje enviado a Legislatura cita legislación comparada de otras provincias argentinas e incluso de países europeos para afirmar que “en todos los casos la facultad de elegir por un mecanismo u otro es del legislador provincial que se encuentra constitucionalmente facultado para hacerlo”. Agrega en los considerandos que “la norma propuesta es constitucionalmente posible en virtud de encontrarse dentro del marco epistemológico donde el legislador puede decidir con validez. Pero también es constitucionalmente posible en virtud de no eliminar el principio de libertad sino que se limita razonablemente en virtud de un fin constitucionalmente válido como es el de ‘afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad’ y, su razonabilidad consiste en limitar el principio a una especie concreta de modalidad de perpetración de delitos que, por su gravedad, asiduidad y violencia hacia las personas queda palmariamente justificado”. Así la propuesta del Poder Ejecutivo pasa por agregar un párrafo final al artículo 219 sobre medidas cautelares no privativas de la libertad. Ese inciso diría: “Sin perjuicio de lo establecido previamente, no procederán las medidas cautelares no privativas de la libertad cuando el hecho haya sido cometido con arma de fuego y en caso de tenencia o portación ilegítima de arma de fuego de cualquier calibre, si el imputado hubiera intentado eludir el accionar policial, evadir un operativo público de control o, de cualquier otro modo, desobedecer, resistirse o impedir el procedimiento. Siempre y cuando existan elementos de convicción suficientes para sostener su probable autoría o participación punible en el hecho”. La otra reforma es un párrafo en el artículo 220 sobre la procedencia de la prisión preventiva.

Para este jueves está citada la Asamblea Legislativa para considerar los primeros catorce pliegos para jueces de primera y segunda instancia en distintos asentamientos judiciales de la provincia. Este miércoles están citados los postulados por el Poder Ejecutivo para la entrevista con los integrantes de la Comisión de Acuerdos. No obstante, la Asamblea Legislativa pasará para la semana próxima, adelantaron dos integrantes de la Comisión de Acuerdos a El Litoral. “No habrá dictámenes para la Asamblea del jueves” se señaló.

Omar Perotti gobernador de Santa Fe