El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó este sábado que la administración de Javier Milei impulsará la baja de la edad de imputabilidad durante el transcurso de este año, como parte de la Reforma del Código Penal.

El legislador aseguró que esta decisión política responde a "un mandato claro" expresado por la ciudadanía en las urnas y ratificó la postura de "tolerancia cero" ante el delito que sostiene el oficialismo.

"Los argentinos nos dieron un mandato claro: enfrentar los temas de fondo con decisión", afirmó Menem al justificar la urgencia de la medida en el marco de la agenda legislativa de La Libertad Avanza (LLA).

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el titular de la Cámara baja sostuvo que la reforma es necesaria para garantizar que "el que las hace, las paga", reafirmando uno de los pilares discursivos del Gobierno nacional en materia de seguridad.

Según Menem, la iniciativa no admite "medias tintas" y busca transformar el sistema penal juvenil para adaptarlo a las demandas actuales de la sociedad argentina.

"En 2026 vamos a avanzar con la baja de la edad de imputabilidad en la Reforma del Código Penal. Tenemos clara nuestra posición", concluyó el referente riojano, anticipando que el proyecto será uno de los ejes centrales del debate parlamentario en los próximos meses.

El crimen de Jeremías Monzón reavivó el debate en torno al Código Penal.

A través de su perfil en X, la ahora senadora nacional Bullrich posteó: “Jeremías tenía 15 años. Fue torturado y asesinado por menores que se filmaron haciéndolo. Hoy, dos de ellos están libres. La Ley Penal Juvenil estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara”.

Y siguió: “El resultado es este: menores que cometen los peores delitos y salen impunes. Sin pena ni consecuencias, creen que tienen libertad para delinquir. En este nuevo Congreso, la ley debe salir. La edad no puede ser excusa”.

Bullrich, ahora senadora oficialista dará respaldo al proyecto del gobierno. Reuters.

Cabe recordar que la aprobación de la Ley Penal Juvenil fue pedida el año pasado por el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias.

El proyecto dictaminado planteaba bajar de 16 a 14 años la edad a partir de la cual se puede juzgar a un menor, aunque estableciendo una pena máxima de 15 años y solo para delitos graves.

La iniciativa en cuestión buscaba dar prioridad a las penas alternativas, como la aplicación de tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado.

En ese entonces, la propuesta obtuvo 77 firmas (necesitaba 73 como mínimo) de los diputados del PRO, La Libertad Avanza, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Democracia para Siempre.

Ahora fue incluido el tema en el marco de una profunda reforma del Código Penal que se proponía tratar el Gobierno en extraordinarias, pero si bien el proyecto figuró en el primer pedido hecho en diciembre pasado, no figuró en el temario de febrero.

La Cámara de Diputados terminó su tarea sancionando el nuevo Código Procesal Penal Juvenil para la provincia que deberá entrar en vigente dentro de seis meses, de acuerdo a lo marcado en el artículo 74 aunque brinda la posibilidad de una única y fundamentada prórroga de tres meses. La sanción -dividida- pone fin a un proceso de doce años de idas y venidas entre ambas cámaras sobre cómo procesar con los menores de 16 y 17 años en conflicto con la ley penal. Proyectos garantistas en Diputados, conservadores o derechistas en Senado parecieron marcar la imposibilidad de reemplazar el Código actual también votado sobre el final de un período ordinario pero en 1996.

El proyecto actual se originó en un mensaje del Poder Ejecutivo que fue considerado en una comisión bicameral ad hoc que trabajó durante dos años el texto tratando de acercar posiciones y con mirada también de actores del Poder Judicial, de la cátedra y de la propia Secretaría de Justicia. El Senado -como informó El Litoral- lo votó en forma unánime en la semana anterior y estaba el compromiso de que lo hiciera Diputados. Sin embargo, el miércoles los jefes de bloque acordaron dejar de lado el tema por las dudas que había en sectores políticos sobre los alcances de la iniciativa. No obstante, el jueves hubo una ofensiva de los defensores del texto más un guiño del gobernador electo, Maximiliano Pullaro, de tener un instrumento para encauzar el proceso penal en esa franja de adolescentes. De nada valieron observaciones de la Defensora General de la provincia, Estrella Moreno Robinson, o alguna gestión de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación.

El tema fue llevado al recinto y votado sobre tablas con la abstención de Fabián Palo Oliver (Alfonsinismo Auténtico) y la socialista Claudia Balagué y el rechazo de Matilde Bruera (Lealtad Kirchnerista) y de Carlos Del Frade y Dámaris Pachiotti (Frente Social y Popular). Después en la votación en particular la bancada justicialista votó en contra en 10 artículos y la bancada socialista se abstuvo en cuatro. Oscar Martínez (Frente Renovador) rechazó tres artículos. Tras la sanción llegaron los discursos de los objetores del proyecto, en especial Bruera quien definió al Código como inquisitivo y criminaliza la pobreza infantil.

"La nueva ley otorga un marco de responsabilidad penal mayor para los menores de edad. Así como el Estado debe garantizar sus derechos, los jóvenes también deben hacerse responsables de los delitos que cometen. De esta manera, nuestra provincia tendrá un sistema penal juvenil más justo, que escuche a las víctimas, y con mayores garantías para una sociedad que hace tiempo solicita cambios y reclama justicia frente a los jóvenes que delinquen" escribió en redes el senador Lisandro Enrico (UCR - General López) cuando se pronunciaba la Cámara de Diputados. Es más, en el Senado hubo aplausos por la sanción.

"Este Código da por tierra con todos los estándares en derechos humanos" agregó Bruera en el recinto. Hoy la abogada rosarina es presidenta de la agrupación Justicia Legítima y habló de fuerte retroceso institucional de la provincia no dejando de marcar que habrá cuestionamientos internacionales al texto.

Uno de los que apoyó y trabajó para la sanción fue Oscar Martínez para quien es "muy importante que aunque con matices esta Legislatura cumpla con una deuda que tenía con los santafesinos de dictar un Código como éste. Una deuda que tiene 27 años y que fue producto de un reclamo generalizado respecto de un cambio de sistema".

Aclaró que "este nuevo Código aplica solo en aquellos casos donde las penas sean mayores a dos años. No estamos hablando de delitos menores, lesiones leves, hurtos, amenazas, daño, etc". Enseguida acotó que "este Código no viene ni pretende venir a resolver todas las cuestiones pendientes que tiene la democracia y el Estado con la minoridad. Sería irracional imaginar que un Código de procedimiento penal pueda dar respuesta a esas situaciones. Pero esto no inhabilita a que debamos rendir cuentas a la sociedad que eso espera, y avanzar en esta normativa."

Después explicó el artículado. "Hay una atribución de responsabilidad al menor que viola la ley penal. El texto está constituido sobre la base de tres elementos: la franja etaria a la que pertenece el presunto autor; el tipo de delito cometido, y el monto de la pena". Afirmó que "la criminalización de las infancias y adolescencias de la que hablaron algunos diputados no es un concepto que se pueda sostener".

En los hechos ante el cometido de un delito, el adolescente tendrá un proceso penal similar a los mayores, es decir con investigación de un fiscal; posibilidad de usar defensa pública y garantizado el procedimiento por un juez y un colegio de jueces.

El justicialismo votó en contra y el socialismo se abstuvo en los cuatro artículos referido a a los adolescentes que no han alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal.

Ahora falta la promulgación que seguramente realizará la gestión Pullaro debido a que el texto debe ser girado al Poder Ejecutivo para su promulgación en una semana con apenas cuatro días hábiles.

La Cámara de Diputados completó la sanción de leyes para transformar en municipios a las actuales comunas de San José de la Esquina (dpto Caseros) y Teodelina (General López) con la presencia en el recinto de los actuales presidentes comunales, Ezequiel Ruani y Joaquín Poleri, respectivamente.

Los proyectos eran de los senadores de esos departamentos (Rosconi y Enrico) y ambos municipios elegirán intendentes y concejos municipales en 2025.

En tanto, Diputados aprobó y giró al Senado los proyectos para transformar en municipios a Helvecia (Garay) y Alvear (Rosario).

Con la aprobación de las dos nuevas ciudades ya son 62 las localidades con ese estatus en la provincia.

En la última sesión de Diputados, el presidente de la Cámara, Pablo Farías, en nombre de la Cámara entregó a Clara García y a los hijos de Miguel Lifschitz una placa recordatoria de su paso por el cuerpo. Un cerrado aplauso coronó la sencilla ceremonia.

Lifschitz presidió la Cámara en su formación en 2019 hasta su fallecimiento, víctima del Covid, hasta mayo de 2021. La semana próxima, en la Preparatoria del nuevo cuerpo sería García presidenta del cuerpo.

En una votación dividida, la Cámara Baja dio sanción definitiva al nuevo Código Procesal Penal Juvenil de Santa Fe. El proyecto aprobado surgió del consenso entre diferentes diputadas, diputados y senadores que habían presentado oportunamente iniciativas en este sentido. Uno de ellos es el diputado del Frente Renovador-PJ Oscar Martínez, quien en su alocución en el recinto ratificó que el Código Procesal Penal Juvenil fue uno de sus primeros proyectos presentados en febrero de 2020.

“Me parece muy importante que aunque con matices esta Legislatura cumpla con una deuda que tenía con las santafesinas y santafesinos de dictar un Código como este. Una deuda que tiene 27 años y que fue producto de un reclamo generalizado respecto de un cambio de sistema. A lo largo de toda mi vida he trabajado incansablemente en la construcción de consensos, sobre todo cuando uno va teniendo más experiencia para saber el camino qué hay que recorrer para poder avanzar, entendiendo que el diálogo es fundamental sobre todo cuando este diálogo está fundado en la buena fe y entendiendo también que todos tenemos una parte de la verdad pero que no somos dueños de ella y que la construcción de esos avances se realiza a partir de resignar algunas convicciones para lograr dar respuesta a una ciudadanía que la exige con legítimo derecho”, expresó en su discurso.

Además, manifestó que “Yo creo que esta Cámara ha avanzado enormemente en lo que es el sistema de enjuiciamiento penal, que es un reclamo legítimo de la ciudadanía en función de una realidad social que nos supera. Así, con la búsqueda de consensos logramos la Ley de Derechos y Garantías de Víctimas de Delitos un actor completamente olvidado del proceso penal, así también logramos la prisión preventiva para el que usa o porta armas de fuego , y avanzamos con la prisión preventiva para quien viole una perimetral. Logramos sancionar leyes que tuvieron como meta mejorar el sistema de enjuiciamiento penal con la finalidad de hacerlo más eficiente y acorde a las necesidades de una sociedad santafesina que está hastiada de convivir con la violencia y muchas veces con la impunidad, y eso nos tiene que enorgullecer como cuerpo legislativo porque lo peor que podemos hacer quienes tenemos la responsabilidad de ser dirigentes es dejar que las cosas sigan transcurriendo sin intentar generar los cambios que nos ayuden a vivir en una sociedad más pacificada”.

Más adelante, y en referencia a las voces en contra del proyecto que se escucharon en la Cámara, Martínez sentenció: “A mí me ha tocado en estos años llevar adelante la tarea de coordinar el Observatorio de Víctimas de delitos y sus familiares y una de las personas con la que trabajamos fue Graciela Brondino, que por la ausencia de un Código de Procesamiento Penal Juvenil no tuvo la posibilidad de convertirse en querellante en la causa del asesinato de su hija donde el imputado era menor de edad, y que por la falta de legislación en ese sentido tuvo que luchar muchísimo hasta que un juez escuchó su reclamo. Entiendo que no haya unanimidad en este proyecto, cada una de las legisladoras y legisladores tiene el derecho y la potestad de pensar diferente y eso es una de las enormes ventajas de vivir en democracia y de tener representantes que piensen y opinen según su ideología pero sinceramente creo que muchos aquí se expresan más por ideología que por convicción. Este nuevo Código aplica solo en aquellos casos donde las penas sean mayores a dos años. No estamos hablando de delitos menores, lesiones leves, hurtos, amenazas, daño, etc. Ellos no están contemplados como delitos que pueden imputarse a un menor por lo tanto yo creo que es muy importante establecer que no estamos hablando de la totalidad del universo de las y los jóvenes. Y tengamos en cuenta que que estamos discutiendo un Código Procesal Penal , y que este Código no viene ni pretende venir a resolver todas las cuestiones pendientes que tiene la democracia y el Estado con la minoridad, y sería irracional imaginar que un Código de Procedimiento Penal pueda dar respuesta a esas situaciones. Pero esto no inhabilita a que debamos rendir cuentas a la sociedad que eso espera, y avanzar en esta normativa.”

“Acá hay una atribución de responsabilidad al menor que viola la ley penal y este proyecto está constituido sobre la base de tres elementos. Primero, la franja etaria a la que pertenece el presunto autor, segundo, el tipo de delito cometido, y tercero el monto de la pena, por tanto la criminalización de las infancias y adolescencias de la que hablaron los diputados preopinantes no es un concepto que se pueda sostener. La no punibilidad no existe como un elemento que evite garantizar el derecho a la verdad. Por eso el desarrollo de un proceso penal que establezca la responsabilidad y esta ley fija que se dé respuesta a un derecho humano del cual todos sabemos que es necesario preservar, que es el derecho a la verdad. Esto también es parte de la responsabilidad de esta legislación por tanto yo personalmente estoy de acuerdo con la posibilidad de que en el caso que un menor no punible cometa un delito grave en el que ha habido daños irreparables en las personas, las víctimas tengan la posibilidad de tener acceso a ese derecho a la verdad, lo cual no significa que el menor sea punible y que tenga que cumplir efectivamente condena pero sí que la víctima o la familia de la víctima pueda conocer efectivamente lo que ha sucedido.

Y terminó su alocución afirmando: “En lo que respecta concretamente al rol más importante que me ha tocado en esta Cámara que es el de representar la voz de las víctimas de delitos y sus familias quiero señalar que esta ley que hoy aprobamos le ha dado una enorme participación a ellas, y por tanto este Código Procesal Penal Juvenil le garantiza a las víctimas y sus familiares que aunque el imputado sea menor de edad se le garanticen todos los derechos que están expresados en la Ley 14181 de Víctimas de delitos y sus familiares”.

Georgina Orciani, diputada por el bloque UCR-Evolución, que lidera el gobernador electo Maximiliano Pullaro sigue, junto al senador provincial Lisandro Enrico, trabajando sobre el proceso penal para personas menores de edad: "Santa Fe necesita suplir esta ausencia legislativa y a su vez fortalecer institucionalmente los derechos de los ciudadanos, implementando soluciones directas a los delitos, actos de violencia y conflictos", afirmó.

La legisladora radical expresó la importancia de tratar esta temática que "se repiten cada vez con mayor frecuencia" y agregó que "buscamos actualizar el procedimiento penal juvenil en consonancia con el procedimiento de los adultos, garantizando la oralidad y eficiencia de las investigaciones y los juicios". 

De acuerdo a lo manifestado por Orciani, se pretende que el Código Procesal Penal Juvenil sea realmente una herramienta idónea para garantizar y dotar de eficacia a los derechos fundamentales de los jóvenes, con el establecimiento de principios de interpretación y defensa especializada, y que no deje a las víctimas de delitos cometidos por menores en condiciones arbitrariamente injustas. 

"Tenemos la responsabilidad de estar presentes en la elaboración de nuevas normas para generar un Estado Provincial moderno y proactivo. Junto al senador Lisandro Enrico no vamos a dejar de trabajar, colocándole todo nuestro esfuerzo para que esta triste realidad cambie", cerró.

El crimen de la nena Morena Domínguez, de once años y vecina del partido bonaerense de Lanús, volvió a poner en el centro de la escena la baja de la edad de imputabilidad de los menores, ya que circuló la versión (luego descartada) de que había sido detenido un chico de 14 años.

La cuestión es un tema recurrente, a partir de la participación en estos hechos de menores considerados inimputables. Mientras tanto, en la provincia no se adecuó todavía el procedimiento judicial aplicable a los acusados de entre 16 y 18 años.

A pocas horas de las PASO del domingo, la campaña electoral, que hasta ahora se había centrado en las propuestas económicas y el abordaje de la crisis, viró bruscamente hacia la cuestión de la seguridad que, pese a ser una de las principales preocupaciones de la sociedad, no ocupó un lugar prioritario en la agenda de los precandidatos. Todo cambió este miércoles como consecuencia de la conmoción que generó el asesinato de la nena a manos de dos motochorros, que no sólo provocó la suspensión de los cierres de los actos de campaña, sino que interpeló de manera directa a la dirigencia política y reavivó un debate recurrente que oscila entre el exceso de "garantismo" y la llamada "mano dura". Y que también abarca la discusión sobre el punto de inicio de la aplicabilidad de sanciones penales.

La edad de imputabilidad en el país es de 16 años, de acuerdo a la Ley 22.278 sobre el Régimen Penal de la Minoridad, que establece que "no es punible el menor que no haya cumplido dieciséis (16) años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho (18) años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos (2) años, con multa o con inhabilitación".

En ese contexto, algunos precandidatos presidenciales, tanto en la oposición como en el oficialismo, coinciden en que esa edad debe bajarse a 14.

Los postulantes de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, no tienen grieta en este punto y señalan que la edad de imputabilidad en la Argentina debe bajarse.

"Vamos a impulsar un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil entre los 14 y los 18 años. Así vamos a evitar que los chicos entren al mundo del delito. Que no sean usados como soldaditos para los narcos", afirmó el jefe de Gobierno porteño semanas atrás, al presentar sus propuestas en materia de seguridad.

El precandidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, presentó ante la Justicia una plataforma electoral que también contiene la baja de la edad para que un menor pueda ser imputable.

En Unión por la Patria, el ministro de Economía y postulante presidencial, Sergio Massa, considera que tiene que haber un nuevo régimen para juzgar a los menores, una postura que choca con la que tienen otros integrantes del oficialismo, pero que mantiene desde hace varios años.

"Yo tengo una postura pública y es que entre los 14 y los 18 años hace falta un nuevo régimen penal juvenil", consideró Massa en declaraciones a la prensa luego del crimen de la nena en Lanús cuando iba a la escuela y fue atacada por dos motochorros.

Bajar la edad de imputabilidad fue una de las banderas de Massa al constituir el Frente Renovador en 2013.

Al respecto, el precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria, Agustín Rossi pidió "debatir en un marco de mayor serenidad" cualquier cambio a la edad de imputabilidad. Aunque aclaró que en el hecho en cuestión no hubo menores involucrados, el jefe de Gabinete se refirió a los planteos de la oposición para avanzar en ese sentido.

En declaraciones radiales, el santafesino subrayó que "para ser serios y responsables hay que debatir cualquier tipo de estas normativas en un marco de mayor serenidad y no en un marco de estas características".

En ese sentido, Rossi destacó que la discusión al respecto debe ser "poniendo sobre la mesa una cantidad de elementos que hay que tener en cuenta", entre las que mencionó que la cantidad de homicidios cometidos por menores de 16 años es "mínima" en relación con el número total de crímenes.

En Santa Fe, y luego de varios intentos fallido, espera turno para su tratamiento el proyecto de Código Procesal Penal Juvenil remitido por el Poder Ejecutivo, que presenta como novedad, entre otras, la realización de juicios orales y la creación de la figura del querellante, similar a lo que ocurre en el sistema penal para mayores.

Naturalmente, no incurre en una modificación de la edad de imputabilidad (ya que ello es prerrogativa del Congreso nacional y de la normativa penal de fondo), pero sí apunta a regular las cuestiones procesales para adolescentes de entre 16 y 18 años.

La provincia modificó su Código Procesal Penal a fines de 2007 y empezó a aplicarse en 2014, pasando del modelo inquisitivo al acusatorio, con la incorporación del juicio oral y la creación del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Provincial de Defensa, la introducción de la figura del querellante y los derechos de las víctimas.

Pero esto atañe a los mayores de 18 años. Los menores de entre 16 y 18 están en una situación algo difusa, ya que la Legislatura no sancionó un Código Procesal para ese sector y por lo tanto no tienen el mismo camino judicial que los mayores, por más que el procedimiento tiene serias objeciones constitucionales.

El mensaje del Poder Ejecutivo sobre la materia está siendo tratado en forma conjunta por representantes de Senado y de Diputados, aunque el acuerdo no termina de cerrar y se dilata la llegada al recinto, que ya estaba prevista para el período extraordinario en el mes de febrero. En años anteriores, ambas cámaras votaron proyectos propios sobre la materia, que no prosperaron en el otro cuerpo y por ende no llegaron a convertirse en ley.

Qué dice el régimen actual

La edad de imputabilidad es el límite inferior a partir del cual los adolescentes pueden ser juzgados por la Justicia e ir presos a una cárcel. En la Argentina, según el Régimen Penal de Minoridad promulgado en 1980 durante la dictadura militar, esta edad se estableció en los 14 años, aunque en 1983 fue elevado a 16. Es decir que los menores de esa edad no pueden ser juzgados.

Sin embargo, los adolescentes de entre 16 y 18 años tampoco son juzgados por el mismo sistema que los adultos. Sólo son punibles (es decir, que merecen castigo) aquellos que cometan delitos con penas mayores a dos años (por ejemplo, homicidios dolosos) pero recién a los 18 pueden empezar a cumplir su pena en una cárcel. Hasta ese momento, estos menores pueden estar privados de su libertad en institutos especializados o centros cerrados.

Por otro lado, están los menores de 16 años. En la legislación actual, éstos no tienen un régimen penal que regule su responsabilidad ante un delito. "La ley tiene una trampa -explicó la ex asesora general de menores de la Ciudad, Laura Musa, en una nota publicada por el sitio Chequeado. Dice que si el menor de 16 años es pobre o presenta problemas de conducta, el juez puede decidir internarlo en un instituto penal el tiempo indispensable que crea necesario". Esto genera, en la práctica, que varios menores de 16 años se encuentren privados de su libertad en la Argentina sin que hayan tenido un juicio previo.

Georgina Orciani diputada por el Bloque UCR Evolución, que lidera Maximiliano Pullaro, participó junto al Senador Provincial Lisandro Enrico del debate sobre el proceso penal para personas menores de edad, “Santa Fe necesita suplir esta ausencia legislativa y a su vez fortalecer institucionalmente los derechos de los ciudadanos, implementando soluciones directas a los delitos, actos de violencia y conflictos”. 

La legisladora radical expresó la importancia que tiene esta temática, y a la luz de los hechos de inseguridad, que se repiten cada vez con mayor frecuencia, la necesidad del tratamiento de este Proyecto de Ley de creación del Código Procesal Penal Juvenil, “Se busca actualizar el procedimiento penal juvenil en consonancia con el procedimiento de los adultos, garantizando la oralidad y eficiencia de las investigaciones y los juicios”.  

De acuerdo a lo manifestado por Orciani, se pretende que el Código Procesal Penal Juvenil sea realmente una herramienta idónea para garantizar y dotar de eficacia a los derechos fundamentales de los jóvenes, con el establecimiento de principios de interpretación y defensa especializada y que no deje a las víctimas de delitos cometidos por menores en condiciones arbitrariamente injustas.  

“Tenemos la responsabilidad de estar presentes en la elaboración de nuevas normas, para generar un Estado Provincial moderno y proactivo”, cerró la diputada. 

El senador Lisandro Enrico propuso una audiencia pública en la Cámara de Senadores para acelerar la reforma del Código Procesal Penal Juvenil de la Provincia de Santa Fe, donde participaron representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensoría General, además del secretario de Justicia por parte del Poder Ejecutivo Gabriel Somaglia, y legisladores de ambas cámaras. Los proyectos que vienen con desencuentros legislativos desde hace años están siendo encarados por parte de una Comisión Bicameral a los fines de tratar de lograr puntos de acuerdos para modificar el procedimiento penal ante los delitos cometidos por menores de 18 años. En este sentido, el senador Enrico enfatizó: “Hacía falta una reunión con los actores y operadores del sistema judicial, por ello estuvo presente el Fiscal General, Jorge Baclini; la Defensora Provincial Jaquelina Ana Balangione; y el Defensor Regional, Leandro Miró. También asistieron el Presidente del Colegio de Magistrados de la Provincia de Santa Fe, Gustavo Salvador; el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia; el Presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías; más otros senadores y diputados de diferentes bloques”. “Hay coincidencias en los grandes aspectos que hacen a un nuevo sistema de juicio oral, donde no haya jueces que investiguen, sino fiscales que tomen esa tarea en la incorporación del proceso a prueba y del juicio abreviado. Y por otro lado, muchos estamos de acuerdo en establecer la participación de los derechos de las víctimas en la escucha durante el proceso penal”, agregó el legislador. Los puntos en discusión versan en tratamiento de la extensión de las medidas cautelares y en cuanto a las etapas recursivas y de prueba, además de debatirse sobre el carácter de los querellantes y la incorporación del tratamiento para el menor no punible. A su vez, Enrico también aseguró que “se trata de un reclamo que los senadores vamos a escuchar siempre de parte de la sociedad. Esperamos que haya reglas de conducta y que la Justicia actúe cada vez que se comete un delito o violentan a las personas, y en las que son partícipes recurrentemente los mismos autores”. “Como fundamental, también el Senado propone incorporar un enfoque de justifica restaurativa mucho más amplio que el que se propone, y en este sentido, buscar una legislación que permita abordar la problemática de los delitos cometidos por los jóvenes de edad”, expresó Lisandro Enrico.

La edad de imputabilidad no es un tema que pueda modificar Santa Fe. Esta edad de imputabilidad a los menores está establecida por una ley nacional. Actualmente Argentina se encuentra atrasada en términos comparativos con otros países del mundo. Solamente nuestro país y Cuba mantienen la edad de imputabilidad a partir de los 16 años. El resto de los Estados de occidente la establece a los 14, 13 o 12 años; por lo cual, evidentemente es un desfasaje que el Congreso Nacional algún día deberá tratar.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Seguridad del Senado santafesino se han propuesto provocar el debate, y que así haya avances para la sanción del Código Procesal Penal Juvenil. Tal como ocurre hace años, el problema central es la falta de acuerdo entre las Cámaras. Mientras Diputados busca versiones más bien garantistas para velar por “la protección de niños, niñas y adolescentes tanto como de las víctimas”, en el Senado se estudian mecanismos para que a los mayores de 16 años (que no pasaron la barrera de los 18), se los haga más responsables de sus actos frente a terceros, respecto de la vida y la propiedad.

A la cuestión el titular del Poder Ejecutivo Provincial le dedicó dos párrafos importantes en su discurso del 1ro de Mayo al inaugurar el período ordinario de sesiones. Dijo que su proyecto “aspira a poner a Santa Fe a la altura de las legislaciones internacionales, impulsando el juicio oral y público para menores, con participación de las víctimas”. Y explicó que se trata de “un código que recoge realidades no contempladas en el actual y que obstaculizan la justicia santafesina en relación a la minoridad en conflicto con la ley penal”. Destacó que el mensaje tiene la “colaboración de universidades, de los colegios, del gremio, de cada uno de los integrantes de los poderes” y pidió a la Legislatura “la mayor celeridad posible” para ese texto así como otros cuatro vinculados al Poder Judicial de la Provincia. A mediados de ese mes, tal como se comprometió ante los legisladores, el texto en cuestión llegó a la Legislatura.

En la Cámara de Senadores los presidentes de las comisiones de Constitucionales, Joaquín Gramajo (PJ-Nes-9 de Julio) y de Seguridad, Lisandro Enrico (UCR-General López) han organizado una serie de reuniones para que el expediente tenga más chances de ser aprobado en el otro cuerpo legislativo, con invitaciones a diputados y funcionarios del Ejecutivo.

La última semana de junio fue el turno de convocar al secretario de Seguridad, Gabriel Somaglia y el director de Justicia Penal Juvenil, Federico Lombardi, que pudieron también tomar contacto con el presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías (PS) y Oscar Martínez (PJ).

En el encuentro se debatieron los lineamientos principales del proyecto, que tiene la firma de la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena y cuenta con 63 artículos. Un parte de prensa de los senadores indica que “se analizaron institutos que contemplaría la norma en estudio y se concluyó que se estudien comparativamente los distintos proyectos”. Entre ellos, tiene estado parlamentario -además del mensaje del Ejecutivo- el del diputado Martínez.

Luis Rodrigo

El Litoral

El Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe el mensaje que contiene el proyecto de ley de Código Procesal Penal Juvenil, tal como había anunciado en su discurso del 1ro de mayo el gobernador Omar Perotti, al dejar inaugurado el actual período ordinario de sesiones.

La iniciativa tiene desde este 19 de mayo estado parlamentario y forma parte de los expedientes que fueron remitidos a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara alta.

Santa Fe no tiene ese código porque diputados y senadores no han logrado acordar un texto que contemple sus puntos de vista, en algunos casos, diametralmente opuestos. Así, hubo siempre avances parciales de alguna de las dos cámaras que indefectiblemente tropezaron con la negativa del otro cuerpo. En unos casos con una visión más volcada a la protección de las garantías de los menores; en otros, con una preocupación mayor por la persecución penal de los menores que delinquen para combatir la inseguridad.

Las diferencias de visión que hasta aquí mostraron sendas mayoría de ambos cuerpos se resume hasta en el desacuerdo para con el título de la norma: el Senado coincide con el Ejecutivo en que se debe sancionar un Código Procesal Penal Juvenil, mientras que en Diputados se ha procurado hasta aquí que sea un Código Procesal Penal de Niños, Niñas y Adolescentes. La realidad, es que mientras tanto no existe en Santa Fe el proceso penal oral para los menores de 18 años, se llamen como se llamen.

La precariedad normativa es admitida por todos: el Ejecutivo que mostró su preocupación para que se salde esta deuda desde la Legislatura, los diputados y senadores que se han ocupado de llevar adelante los debates y también los colegios profesionales y de magistrados que tantas veces lo han señalado. Lo que se necesita es que el sistema penal juvenil se ponga en línea con el sistema acusatorio vigente para los mayores de edad, que establezca la separación de las actividades de investigación y de juzgamiento. Según el proyecto, las primeras las llevarán adelante fiscales y eventualmente la querella, con otras atribuciones que las del proceso penal adulto. El juicio estará a cargo de una jurisdicción especializada, un tribunal de juicio de responsabilidad penal juvenil, otro para determinar si se aplica pena o no, y el tercero de ejecución.

La modernización del proceso penal en Santa Fe tuvo dos momentos más que relevantes: en 2009 se aprobó el nuevo Código y su vigencia plena comenzó el 10 de febrero de 2014. Menos de tres meses después, el 1ro de mayo de aquel año, todavía bajo el marcado optimismo que generaba el cambio en el fuero penal santafesino, el entonces gobernador Antonio Bonfatti exponía a los legisladores los primeros resultados y ya advertía: “nuestro próximo objetivo debe ser el establecimiento de un Código Procesal Penal Juvenil” y explicaba que “el nuevo Código de mayores no sólo regula las garantías del imputado de una manera más eficaz que el anterior, sino también que el sistema de menores existente”, que desde entonces en nada ha cambiado.

Aquel gobernador del Frente Progresista, como el siguiente, y como las dos Legislaturas que desarrollaron su labor durante sendos mandatos, intentaron sin éxito llegar a un acuerdo. Ahora lo vuelve a probar suerte Omar Perotti con otra composición en las Cámaras.

Además, entre los asuntos entrados, está ahora en las comisiones del Senado la iniciativa que fija al 3 de mayo de cada año como el “Día Provincial del Familiar y la Víctima de Inseguridad”, en conmemoración del homicidio en ocasión de robo de Marianela Brondino, que logró la media sanción de la otra Cámara y fue presentado por el diputado justicialista Oscar Martínez.

A propósito del dolor que deja cada hecho delictivo contra la vida, los senadores tienen en sus manos una nota de la Asociación Civil de Familiares de Víctimas de la Inseguridad en Búsqueda de Justicia que solicitan conocer los avances sobre la Ley de Víctimas.

El texto dice que el 12 de mayo “nos reunimos familiares inocentes de la inseguridad de Santa Fe de Rosario con el diputado Oscar Martínez para conocer los avances sobre la Ley de Victimas, y allí supimos fehacientemente que aún el proyecto se encuentra en el Senado, para seguir haciéndole modificaciones”.

“Teniendo en cuenta la imperiosa necesidad que tenemos algunos familiares de contar con tan importante herramienta, que nos facilite el difícil camino que nos toca transitar, por la ineficiencia del Estado para cuidar las vidas de nuestros familiares, me dirijo a usted, en representación de todos los familiares para rogarle tenga a bien informarme cuándo-aproximadamente saldría de Senadores el citado anteproyecto”, dice la nota que llegó este jueves 19 a cada integrante de la Cámara al ponerla a consideración el presidente del bloque UCR, Lisandro Enrico.

Sobre tablas y por unanimidad, el Senado aprobó un proyecto de comunicación del senador por San Lorenzo, Armando Traferri (PJ-Nes), que reclama la intervención “urgente” del Poder Ejecutivo Provincial ante la crisis del transporte en ese departamento provocada por “la decisión unilateral” de la empresa Serodino SRL de suspender servicios a las localidades de Ricardone, del barrio San Sebastián en Puerto San Martín y de Aldao. El jefe del bloque Juan Domingo Perón subrayó que prestar el servicio no es opcional sino “de cumplimiento obligatorio” y subrayó “es inadmisible que se deje de un día para el otro sin el servicio de transporte a la ciudadanía”.

Por unanimidad y sobre tablas, el Senado aprobó un proyecto de Ley de Miguel Rabbia (PJ-Lealtad-Rosario) cuyo propósito es resolverles problemas a los afiliados del Iapos que se atienden en los hospitales u otros efectores del sistema público de salud.

En pocas palabras, la norma que recibió media sanción y pasó a Diputados, crea un número de prestador para el Iapos para cada institución hospitalaria o Samco provincial. La intención es que los pacientes afiliados al Instituto Autárquico Provincial de Obra Social dejen de perder los descuentos en medicamentos o en otras prestaciones o que deban iniciar extensos trámites para su recupero.

Según la iniciativa que contó con el apoyo de todos los senadores, en cada prestador público (Samco u Hospital) sus médicos utilizarán un único número de prestador institucional para ordenar la prescripción de tratamientos médicos complementarios y de medicación a sus pacientes. Y a partir de ese acto ya no será un problema para los afiliados acceder a prestaciones del Iapos en materia de descuentos en farmacias, o tratamientos complementarios.

El legislador explicó desde su banca que “en los SAMCO y los centro de salud comunales existen numerosos profesionales que no se encuentran inscriptos como prestadores del IAPOS no pudiendo prescribir tratamientos médicos complementarios y medicación a sus pacientes afiliados a esta obra social”. “Esta situación se ve agravada debido a que en muchos de los territorios del interior son los efectores públicos la única opción para la atención de los ciudadanos de las localidades, siendo incluso muy frecuente la rotación del recurso humano médico que presta servicios”, agregó.

Rabbia indicó que “sería un cambio notable para la comunidad”. “Se presentan casos en el que el paciente sale con la orden, no la puede autorizar y luego tiene que ir a un médico que sí sea prestador de IAPOS. Así perdemos la atención oportuna y generamos un daño para el paciente, con un costo extra”, sostuvo.

“Que los médicos tratantes no estén inscriptos como prestadores de IAPOS ocasiona que, al prescribir tratamientos médicos complementarios y/o medicación a sus pacientes, la obra social de los trabajadores del Estado no los autorice, quedando trunca la integralidad de la atención médica y haciendo caer los preceptos de accesibilidad y oportunidad en la prestación del servicio de salud”. “Esto suele acarrear un retraso en los diagnósticos y en las prácticas terapéuticas, lo que en más de una ocasión genera un sufrimiento a nuestros ciudadanos y un mayor costo económico al ser necesaria una segunda consulta con un profesional inscripto dentro de IAPOS el cual, generalmente, se encuentra fuera del lugar de residencia del paciente y de su familia”, dijo.