Juliano Salierno

El 6 de mayo se cumplió el primer año desde que se puso en práctica el nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF) en casi todo el territorio de la provincia de Santa Fe, con excepción de Reconquista, que se sumó recién el 1º de marzo. A raíz de ello, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario mostró la estadística.

Aunque en funcionamiento desde 2019 en Salta y Jujuy, se trata de un nuevo régimen acusatorio y adversarial para los tribunales federales santafesinos, que hasta el año pasado instruían las causas de manera escritural y en las que el juez tenía un rol preponderante en la investigación.

La entrada en vigencia de la Ley Nº 27.063 abarca a la provincia de Santa Fe en su conjunto y a los tribunales de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, y se encuentra bajo la órbita de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

Atrás quedó el acto inaugural, cuando el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, participaron de una reunión del Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

En los últimos días la Oficina Judicial Distrito Rosario (Ofiju) realizó un balance del primer año de gestión. De los datos oficiales surge que se agendaron 759 audiencias en el período 6 de mayo 2024 al 5 mayo 2025 en los distritos Rosario (495), Santa Fe (87), Rafaela (31), Venado Tuerto (97), San Nicolás -Bs. As.- (43) y Reconquista (6).

Cabe destacar que los tribunales federales de Reconquista, se integraron recién el 1 de marzo de 2025 al nuevo sistema, ya que hasta entonces reportaban a la Cámara Federal de Resistencia, en la provincia del Chaco.

El informe del 1er. año en Garantías y Revisión muestra que del total de audiencias agendadas, se realizaron de manera efectiva el 95,3% (712 audiencias). En tanto que el 2,4% fueron reprogramadas (18 audiencias) y el 2,3% canceladas (17 audiencias).

Además, surge de la estadística, que el total de audiencias generadas reportan a 306 carpetas creadas en el distrito y que al cabo de un año, el 55% está en trámite mientras que el restante 45% se encuentran resueltas.

Luego, la Ofiju Rosario hace un desagregado por tipos de audiencias, siendo el 43,8% referidas a “planteos de incompetencia”; seguido de un 16,55% condenas en procesos abreviados y 12,95% sobreseimientos.

El cuarto restante se reparte entre suspensión de proceso a prueba (10,79%); mixto (9,35%); acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF) (4,32%); y archivo MPF (2,16%).

La Cámara rosarina analiza también la “distribución de casos por categorías de delito”, siendo el 48,04% los vinculados con la infracción de la Ley de estupefacientes Nº 23.737.

Le siguen delitos contra la fe pública (7,52%); contra la administración pública (6,86%); otras leyes especiales (6,21%); otros delitos contra la libertad (5,23%); código aduanero (4,90%); delitos contra el orden económico financiero (4,25%) entre otros.

Los números proporcionados por la Oficina Judicial del Distrito Federal de Rosario (Garantías y Revisión) marcan que fue en octubre del año pasado cuando se registró el número máximo, con 92 audiencias realizadas en toda la jurisdicción.

A simple vista el volumen de audiencias se presenta magro si se lo pone en perspectiva territorial, pero también si se lo compara con el volumen de trabajo del sistema acusatorio provincial que en el 2024 arrojó un total de 30.900 audiencias en sedes de las Oficinas de Gestión Judicial (OGJ) y en dependencias del MPA de la provincia, según el informe de gestión ante la legislatura.

Para tener otra referencia, solamente el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe llevaba emitidas desde principios de 2025 y hasta el 6 de mayo, un total de 50 sentencias, la mayoría de ellas bajo la modalidad de juicios abreviados.

Fuentes tribunalicias locales justificaron la merma en el volumen de trabajo en relación al nuevo código, principalmente en lo que hace a la problemática del “narcomenudeo”, que desde el 29 de diciembre de 2023 pasó a ser competencia de la justicia provincial.

De hecho, sólo en esa materia “en el año 2024 se registraron en toda la provincia 9.826 ingresos en el MPA con calificaciones legales o valoraciones político criminales vinculadas a microtráfico”.

La incidencia es directa en el trabajo de la justicia federal, no sólo porque es un abordaje que ya no realiza, sino también por una supuesta “falta de coordinación” entre ambos ministerios que iría en detrimento de la persecución de las grandes causas de narcotráfico.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció "la inmediata entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en el ámbito de la Cámara de Apelaciones de Rosario a partir del lunes 18 de marzo". El funcionario del gobierno nacional estará el viernes venidero en Rosario reuniéndose con los integrantes de la justicia federal de esa ciudad, encuentro al que han sido invitados los integrantes de la justicia federal de Santa Fe, Reconquista y Rafaela.

Se trata de la aplicación del denominado "código acusatorio", que otorga la facultad de la investigación a los fiscales, les asigna a los jueces el control de las garantías constitucionales durante el proceso y procura acelerar los tiempos para la celebración de los juicios orales.

Según un Comunicado Oficial del Ministerio, la iniciativa apunta a "la más eficaz persecución de los responsables de los graves crímenes como el narcotráfico, la trata y el lavado de activos".

"Todo esto es especialmente importante en Rosario y su área metropolitana ya que alrededor del 70 por ciento de los 500 homicidios cometidos entre 2022 y 2023 son resultado de delitos complejos del orden federal", explicó el documento.

El Código Acusatorio fue sancionado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner pero su puesta en marcha completa se frenó en los albores de la presidencia de Mauricio Macri y actualmente se aplica sólo en algunas jurisdicciones.

A fines de febrero el gobierno de Javier Milei publicó en el Boletín Oficial un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que le quitó al Congreso la facultad de implementar paulatinamente el Código y le asignó esa tarea al Ministerio de Justicia.

"La gravedad institucional de la situación imperante justifica redefinir las funciones asignadas oportunamente a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal que, en lo sucesivo, velará por la armonía y unificación de las propuestas de modificaciones a la legislación relacionada a la reforma procesal penal federal", añadió.

El Ministerio de Justicia anunció ayer que con la implementación del Código en Rosario se propiciará "la oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y no formalización" en el tratamiento de las causas penales por delitos complejos.

Se trata de la aplicación del denominado "código acusatorio", que otorga la facultad de la investigación a los fiscales, les asigna a los jueces el control de las garantías constitucionales durante el proceso y procura acelerar los tiempos para la celebración de los juicios orales.