El diputado Martín Rosúa (UCR) ingresó un proyecto para sumar un artículo al Código Procesal Penal e incorporar la figura del juicio en ausencia para determinados delitos "una vez declarada la rebeldía del imputado". El objetivo es incluir el artículo 125 en la norma santafesina.

La iniciativa fue ingresada a las pocas horas de la sanción de una norma nacional en la materia, ley promulgada este viernes en el Boletín Oficial de la Nación bajo el número 27.784.

"El proyecto tiene como objetivo poder lograr el juzgamiento de los presuntos autores de una serie de hechos ilícitos, considerados como los más gravosos del Código Penal de la Nación, y así evitar la impunidad por el transcurso del tiempo en los casos que los imputados se sustraigan al proceso y permanezcan prófugos", señaló Rosúa a El Litoral.

El actual código de procedimiento penal provincial indica la necesidad que el imputado se haya encontrado presente - como mínimo hasta la primera audiencia posterior a la apertura del juicio oral-, caso contrario el juicio oral y público no podrá realizarse en su contra.

Esta circunstancia es la que pretende modificar el proyecto de ley, intentando incorporar el juicio en ausencia, es decir, la posibilidad de que en ciertos casos y bajo ciertas condiciones, el juicio oral y público pueda realizarse aun encontrándose el imputado prófugo de la justicia.

El proyecto establece las circunstancias que ameritarían la realización de este tipo de juicios:

La redacción propuesta por Rosúa para este artículo advierte que en los casos previstos "en cualquier etapa del proceso, el imputado tiene derecho a designar un abogado defensor a través de los mecanismos establecidos en el presente código de procedimientos, caso contrario el juez de oficio designará un defensor oficial quien lo representará hasta la finalización del proceso".

Acota que "en caso de comparecencia personal posterior a una sentencia condenatoria, el condenado podrá presentarse y ejercer todas las defensas que estime oportunas ante juez competente de primera instancia, quien deberá ordenar fa elevación de la causa para ser revisada por un Tribunal de Apelación".

"Este último, correrá traslado de esa presentación al Ministerio Público Fiscal, y fuego decidirá si confirma o revoca la sentencia de primera instancia, o en su caso considera necesario la reapertura de la causa y la realización de un nuevo juicio; todo ello en base a las pruebas que aporte en el imputado al momento de formalizar su comparencia", agrega.

"Son numerosos los casos de delitos graves donde el imputado o bien se mantiene fugitivo desde la génesis del proceso, o - analizando las altísimas probabilidades de condena y la pena de cumplimiento efectivo -- se fuga antes del inicio de las audiencias del juicio oral y público; logrando no solo la impunidad con el paso del tiempo, sino la revictimización de la víctima y sus familiares", suma.

El diputado explicó a El Litoral que "ello se hubiese evitado en caso de existir esta posibilidad de realizar un juzgamiento en ausencia al menos para esta clase de delitos que son, a mi entender, los más graves del Código Penal".

Días atrás, un proyecto de similares características fue sancionado por el Congreso que incorporó el art. 190 bis al Código Procesal Penal de la Nación, haciendo posible el juzgamiento en ausencia de los delitos comprendidos en el estatuto de Roma y/o la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad.

Al igual que en proyecto sancionado en la Nación, la incorporación del instituto de juicio en ausencia no se encuentra en pugna con los principios y preceptos de la Constitución Nacional, ni con los tratados internacionales con jerarquía constitucional.

Se intenta que la norma garantice a los imputados su representación en juicio con un defensor particular u oficial, prevé la revisión de la sentencia, y en su caso la reapertura y realización de un nuevo juicio cuando el Tribunal de Alzada así lo requiera.

"Por lo tanto, el derecho de defensa como el derecho a ser oído se encuentran sólidamente garantizados y pueden ser ejercidos en su plenitud", aclaró.

El ministro de Seguridad de la Provincia, Pablo Cococcioni, informó que este lunes se instruyó a los agentes policiales de la provincia para incrementar las acciones de averiguación de antecedentes, conforme a la legislación vigente y las últimas reformas al Código Procesal Penal, para despejar cualquier duda a partir de los cuestionamientos sobre la constitucionalidad de las detenciones. Lo propio se aplica a los casos de flagrancia y también a la posibilidad de secuestro de vehículos en los casos indicados por la normativa.

Cococcioni formuló estas declaraciones en el marco de la entrega de patrulleros en Rosario, jurisdicción en la cual también se dispuso que el jefe de Policía regional lleve adelante una coordinación de las fuerzas provinciales que actúen en el distrito, en una suerte de “comando unificado”, que a la vez coordinará con las fuerzas federales.

En un acto con la participación de autoridades provinciales y municipales, y legisladores nacionales, Cococcioni dio cuenta de la reducción en los índices de violencia en el primer semestre del año, en el orden de “la mitad que en el año anterior”. Y también que, en cualquier caso, los resultados provistos por el Observatorio de Seguridad Pública se publicarán periódicamente en la página web de la provincia.

El ministro de Seguridad de la Provincia, Pablo Cococcioni.

“Todo logro en materia de seguridad es parcial y no nos excusa de redoblar los esfuerzos”, resumió el funcionario, al dar cuenta de las nuevas medidas, y enmarcar recientes hechos de violencia registrados en la ciudad del sur a las disputas de territorios o intentos por recuperarlo, de parte de bandas delictivas desplazadas por los allanamientos y derrumbe de búnkeres.

En tal sentido, informó que el plan de Seguridad tiene suficiente flexibilidad de adaptar el volumen de la presencia policial a las necesidades que requiera la intensidad del accionar criminal.

Cococcioni presentó este lunes 131 nuevos patrulleros que incorpora la Policía santafesina, y que forman parte de las 840 adquiridas por el Gobierno de Maximiliano Pullaro por licitación pública y que se suman a las 100 que fueron incorporadas por compra directa.

El ministro aclaró que estos patrulleros no se entregarán “en un gran acto conjunto”, sino de manera paulatina, en cuanto estén disponibles. Y que el objetivo es no solamente aumentar el patrullaje, sino mejorar la velocidad de respuesta del 911.

“La velocidad de respuesta es un indicador que no miente y, por ejemplo, en Rosario, cuando asumimos estaba en el orden de los 20 minutos y hoy se redujo a 7. El objetivo es llevarlo a 5 minutos desde que se registra el llamado hasta el momento de intervención de los efectivos”, completó.

La Cámara de Diputados votó una enmienda al recientemente reformado artículo 214 del Código Procesal Penal "para optimizar el uso de recursos humanos, respetar los principios constitucionales y mejorar el sistema de justicia" según afirmó el radical Martín Rosúa, autor de la iniciativa que llegó al recinto con el despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

No obstante, los tres diputados de bloque Frente Amplio por la Soberanía votaron en contra y seis diputados justicialistas se abstuvieron de acompañar la iniciativa que tuvo 31 votos positivos.

El artículo 214 refiere a la detención que ordena un fiscal contra un imputado "respecto del cual estimara que los elementos reunidos en la investigación penal preparatoria autorizaran a celebrar la audiencia prevista en el artículo 274, siempre que se trate de delitos reprimidos con pena privativa de libertad y pudiera existir riesgo de fuga o de entorpecimiento probatorio".

La reforma al Código Procesal Penal votada en marzo a instancias del Poder Ejecutivo determinó que "en todos los casos dentro de las 24 horas desde el Inicio de la privación de la libertad, el imputado deberá ser llevado ante los estrados judiciales, a fin de que el Tribunal controle sumariamente la legalidad de la detención". Sobre este párrafo se discutió la reforma para determinar que esa audiencia se hará "en todos los casos que medie pedido del imputado o su defensa" para lo cual "aquel deberá ser llevado ante los estrados judiciales a fin de que el Tribunal controle sumariamente la legalidad de la detención, lo que deberá realizarse dentro de las 24 horas desde la formulación del pedido de control".

El propio Rosúa había anticipado en marzo cuando Diputados sancionaba la reforma que iba a presentar esta modificación, no introducida en ese momento para evitar que se demorara la sanción.

A la hora de fundamentar el proyecto, el legislador rosarino insistió mucho en hacer un uso más eficiente de los recursos de la justicia y de las fuerzas policiales pero respetando las garantías constitucionales. Destacó que en 96 horas, un detenido es llevado dos veces ante un juez y en la primera audiencia es entre dos a cuatro minutos y se carece de litigio. "No eliminamos la instancia y se puede realizar a pedido de las partes", aclaró. Es que para realizar esa audiencia un móvil policial debe trasladar al detenido al edificio de Tribunales para comparecer ante el juez y ser llevado nuevamente al lugar de detención. "En lugar de estar afectado al control de calle, un móvil policial está afectado a llevar y traer detenidos" acotó el radical.

"De las críticas al artículo se destaca el problema en la organización de un aumento exorbitante en el número de audiencias de trámite de cumplimiento obligatorio, pero que ocuparán gran parte del cronograma diario realizado por la Oficina de Gestión Judicial, dinamitando así la agenda diaria del sistema. Ello también traería aparejado diversos inconvenientes, por ejemplo, sacar una cantidad considerable de patrulleros de sus funciones habituales, con la sola finalidad de trasladar detenidos desde sus lugares de detención hasta el Centro de Justicia Penal, y luego desde este último nuevamente hacia sus lugares de detención. Asimismo, es dable destacar que ni el Ministerio Público de la Acusación, ni el Servicio Público de la Defensa, ni las fuerzas policiales asignadas, tienen los recursos materiales ni humanos para hacer frente a ese incremento exponencial de audiencias diarias", señaló el autor.

Antes, Fabián Palo Oliver había expresado el rechazo de los tres integrantes de su bancada recordando que el Frente Amplio por la Soberanía había rechazado la reforma al Código por entender que era "una contrarreforma". El proyecto de reforma también había tenido cuestionamientos de la Defensora General, Estrella Moreno Robinson quien fue citada a exponer esas diferencias por la Comisión de Derechos y Garantías. "Se lesiona el debido proceso", advirtió Palo Oliver a la hora de rechazar el proyecto.

En tanto, el justicialista Marcos Corach recordó lo ocurrido en la sesión de debate de la reforma cuando discutió con el radical José Corral ante la decisión de aprobar en forma rápida los cambios. "Se votó rápido, pero ¿bien? se preguntó el rafaelino para pedir la abstención a la hora de votarse el proyecto ahora girado al Senado para su revisión.

Con la reforma vigente al Código Procesal Penal, entre otras cosas, se amplió al 96 horas el plazo de detención de un imputado y el fiscal podrá fundamentar ante el juez un plazo similar para continuar con la investigación.

PliegosEl actual Poder Ejecutivo remitió los primeros pliegos para ocupar cargos vacantes en el Poder Judicial y en este caso se trata de seis futuros cargos de fiscales respetando el concurso realizado por el gobierno anterior. Los pliegos remitidos para su aval legislativo son los de Patricio Saldutti y Alejandro Ferlazzo como fiscales titulares en la circunscripción judicial II con asiento en Rosario. Para el mismo distrito, el Ejecutivo propuso como fiscales adjuntos a Bárbara Glinkman, Agustina Eiris, Brenda Debiasi y Paul Barros.

En tanto, en Casa Gris se considera inminente la firma por parte del gobernador Maximiliano Pullaro del decreto de nuevo funcionamiento y reglamento del Consejo de la Magistratura y tras esa decisión le seguirá la convocatoria a la cobertura de algunas de las vacantes en el Poder Judicial.

Otra reforma es leyUno de los últimos mensajes del Poder Ejecutivo presentados en diciembre a poco de asumir Maximiliano Pullaro, se convirtió en ley el pasado jueves. Es el que dispone la reforma parcial a la Ley Orgánica del Poder Judicial -Ley 10.060- y al Código Procesal Civil y Comercial.

Por unanimidad, la Cámara de Diputados aceptó las reformas introducidas por el Senado a un tema que el Ejecutivo comenzó por la Cámara Baja. Así los juzgados Colegiados de Familia y Extracontractual pasarán a ser unipersonales yen varias ciudades del interior de la provincia los actuales juzgados de Circuito pasará a ser de fuero pleno. Los Juzgados de Circuito de Rosario y Santa Fe pasarán a ser de Distrito mientras que los juicios iniciados en los Colegiados de Familia y Extracontractual seguirán a cargo del juez de trámite.

Al presentar la reforma, el Poder Ejecutivo explicó que el objetivo central es lograr un Poder Judicial efectivo en el cumplimiento de sus funciones, dotándolo de herramientas eficientes para resolver los conflictos jurisdiccionales. Se explicó la reforma, ahora ley, implica un cambio sustantivo en el procedimiento y trámite de las causas que se susciten por las cuestiones relativas al fuero de Familia y de Responsabilidad Extracontractual pasando de juzgados colegiados a unipersonales. También dota a la justicia de Distrito Civil y Comercial, de mayor dinámica y agilidad procesal, incorporando los nuevos Juzgados de Primera Instancia de Distrito Civil y Comercial y creando nuevas Salas, en la Circunscripción 1ª y Circunscripción 2ª de las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial.

Gran parte de los cambios están fundamentados en las estadísticas propias del Poder Judicial.

(Juliano Salerno) - Con el foco puesto en la ciudad de Rosario, el nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF) comenzó a regir este lunes 6 de mayo en la provincia de Santa Fe -a excepción de Reconquista-. La flamante herramienta judicial, en plena etapa de ajustes para su implementación, redefine las funciones de jueces y fiscales, pero además crea un nuevo actor, que denomina Oficina Judicial (OFIJU).

La OFIJU, definida en los manuales como “una organización de carácter instrumental y administrativo que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional”, tiene una directora general en Rosario, que es la Dra. Valeria Malgioglio; y una subdirección en Santa Fe, a cargo del Dr. Juan Martín Vallejos, quien realizó un pantallazo de los cambios que se avizoran para la capital provincial y su zona de influencia.

-¿Qué implica la creación de la Oficina Judicial para la Justicia Federal santafesina a partir de este 6 de mayo?

-El nuevo código modifica el sistema en el cual se van a llevar adelante las causas. A partir de ahora el régimen pasa a ser acusatorio y adversarial. Cambia el rol del juez principalmente, que se va a volcar netamente a resolver lo judicial y ya no a investigar, tarea que queda en manos del Ministerio Público Fiscal. Al cambiar el rol del juez, la Oficina Judicial asumen las tareas netamente administrativa que tenía la magistratura, lo cual demanda mucho tiempo, a veces por tener que tratar cuestiones edilicias, de recursos o decretos de mero trámite. Hoy todo eso pasa a la órbita de la Oficina Judicial que es la que se encarga de manejar las audiencias.

-¿Cuántas salas están previstas en este edificio?

-Bueno, en principio acá va a haber dos salas de audiencias, pero por ahora hay una sola, con lo cual también al quedar lo que se llama el sistema “residual” habrá que administrar la sala con las causas que ya fueron fijadas con anterioridad.

-¿Cuál es el desafío en materia de organización para llevar adelante el nuevo sistema?

-La demanda de trabajo estará en coordinar la agenda de audiencias, porque los jueces son multifueros (con secretarías Civil y de Leyes Especiales), además de tener las causas penales anteriores al 6 de mayo que se tramitan por el código viejo. Entonces las oficinas judiciales tienen que coordinar con las otras secretarías para el uso de la sala de audiencias, con la agenda del tribunal y de los distintos jueces, porque al haber vacantes tendremos que coordinar con los jueces subrogantes para que puedan estar en las dos jurisdicciones, sobre todo para determinadas audiencia en las que el Código establece plazos de horas.

-¿Cuando estiman que van a tener la primera audiencia bajo este nuevo este sistema?

-No lo sabemos, como la tarea de la investigación la encabeza del Ministerio Público Fiscal, son ellos los que van a saber cuándo van a tener la primera causa y nos van a pedir la primera audiencia, sin perjuicio de que haya un proceso que se inicie a partir de hoy a las 0 horas de hoy. Pero todavía no lo sabemos, porque si se trata de una investigación, lo vamos a tener dentro de un tiempo; pero también puede haber un procedimiento de flagrancia, pongamos por caso un transporte, pero todavía no sabemos, estamos a la expectativa.

-¿Con cuánta gente va a funcionar esta oficina y cuál sería el ideal?

-Si seguimos el modelo de Salta qué es lo que estaba viendo la Cámara de Rosario y la Cámara de Casación, la Oficina Judicial está dividida en Garantías y Revisión por un lado, y por el otro en Juicio y Sentencia. Acá la Revisión sería lo que hace la Cámara de Rosario, con lo cual no habría que dividir la subdelegación; pero si separar Garantía de lo que es Juicio y Sentencia. Siguiendo el modelo de Salta, se estima que recién en dos meses podríamos estar en etapa de juicio, así que en principio la oficina trataría solamente audiencias de Garantía.

La Corte creó 14 cargos que se repartieron en toda la jurisdicción. Acá (en Santa Fe) son dos cargos nuevos que ocupamos empleados del Poder Judicial y a eso se suman los traspasos que se van generando. En un principio arrancamos siendo cuatro personas. También estoy a cargo de la coordinación de la subdelegación Rafaela donde hay una persona designada y tengo entendido que van a nombrar a otra. Y a medida que vaya creciendo el número causa y bajando el residual, se irá traspasando gente del juzgado a la Oficina Judicial de Garantías y el resto de los empleados se van a ir reacomodando en la secretaría Civiles y de Leyes Especiales.

-¿Cómo es el funcionamiento de la OFIJU de Santa Fe, que ahora va a pasar a depender de Rosario donde está la directora?

-La directora es Valeria Malgioglio, la Cámara de Rosario la designó como directora general de toda la jurisdicción que está dividida en subdelegaciones: Rosario; Venado Tuerto; San Nicolás (provincia de Buenos Aires); Rafaela y Santa Fe. Reconquista quedó afuera porque al depender de la jurisdicción de Resistencia (Chaco) no adopta todavía el código nuevo, así que sigue tramitando con el código viejo.

Juan Martín Vallejosingresó en el Poder Judicial de la Nación en 1994. Fue secretario Penal, Civil y de Leyes Especiales. En el TOF fue relator de los camaristas Ramiro Puyol y José María Escobar Cello. Se desempeñó en la Secretaría de Derechos Humanos en la denominada "causa Brusa" y como secretario de Ejecución Penal, previo a su designación como subdirector de la Oficina Judicial.

Eclipsada por el debate que generó la sanción de reformas profundas al Código Procesal Penal de la Provincia, se sancionó también el miércoles 27 una ley de "gobernanza de datos y Acceso a la Información Pública" que pretende mejorar procesos internos de la administración del Estado para quitarle al ciudadano la pesada carga de su ineficiencia burocrática.

Es curioso, un término del español antiguo que era usado como un simple sinónimo de "gobierno", bajo rimbombantes parrafadas cortesanas, hoy titula la norma que ya había sancionado por unanimidad Diputados y completó esta semana, con igual consenso, el Senado Provincial.

Es lógico, la sanción definitiva y su comunicación al Poder Ejecutivo mereció bastantes menos discursos en las bancas que la urgencia de la inseguridad y el nuevo paquete de medidas para dar más poder a jueces, fiscales y policías. Pero la otra ley que salió en un día y horarios poco habituales merece más reflexiones.

"Gobernanza" se impuso a la horrible "gobernancia", de acuerdo con una explicación disponible en Fundéu, la Fundación del Español Urgente. Se recuperó un término que había caído en desuso y su nuevo empleo proviene de la necesidad de traducir del inglés a "governance" que en esa lengua siempre fue asociada a la forma como el Estado desarrolla sus procesos administrativos respecto de los ciudadanos (o súbditos).

El renacer de "gobernanza" parece atado al de la comunidad europea que requirió, además de unificar moneda y fronteras, ponerse de acuerdo sobre el significado de las palabras. Esa fue la opción que impuso la Unión Europea y luego aceptaron organismos como la ONU, todo en este milenio.

La Legislatura tuvo un agitado miércoles con la aprobación de la reforma del Código Procesal Penal entre otras cosas.

Sucedió en 2001 su incorporación al Diccionario Académico de la RAE, acota la misma fuente. Y precisa que es el "arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía".

La llegada del radicalismo a la Casa Gris tras 60 años, en el marco de una alianza con socialistas y macristas, también trae nuevas expresiones y conceptos sobre qué debe ser y hacer el sector público provincial, aún en medio de la agenda de la crisis de la inseguridad que el gobernador ha decidido no esquivar y ciertamente tapa todo.

En términos sencillos, la ley obliga a procedimientos menos problemáticos para la población a la hora de requerir información. Habrá una "gobernanza" de los datos del Estado cuando sus oficinas sepan no molestar al ciudadano con la búsqueda de datos que ya están en la propia administración. Cuando no sea quien realiza un trámite quien deba llevar información personal que ya el sector público tiene, pero en otra oficina.

Las empresas prestatarias de los servicios públicos han buscado adelantarse a esos criterios que ahora serán obligatorios, por ejemplo al no obligar a los usuarios de la Epe a llevar lo imprescindible (fotocopia de su contrato de alquiler o de su condición del propietario del inmueble) para pedir el alta e instalar un comercio. Los demás datos ya constan en sus bases de datos o en las de, por ejemplo, el Registro Civil o el de la Propiedad. Pero los ejemplos por la contraria son todavía abundantes.

La contracara del concepto de gobernanza es el de la dictadura del burócrata. El de los expedientes que se nutren del trabajo de los propios interesados, que en ciertas ocasiones incluso deben ocuparse de que avancen y consigan, uno a uno, los sellos y las firmas necesarias para su pase a otro despacho. Lo kafkiano, por cierto, tiene su cúspide en el Poder Judicial. Lo atestiguan juicios de herederos que terminan por recibir migajas de sus familiares perdidos, porque los fondos en los bancos quedaron paralizados tras un deceso en medio de la inflación. (La Legislatura se pondrá ahora a estudiar la reforma en otros fueros, luego del penal, para hacer más eficientes sus interminables juicios civiles).

Es positivo que el Estado aprenda de las empresas, que cada vez que pueden simplifican lo administrativo, para mejorar costos (los bancos lo hacen al precio de dañar la seguridad de los ahorristas). La eficiencia no tergiversa el concepto de servicio público ni del Estado presente o "amigable" como se señalaba en administraciones anteriores.

La ley de Gobernanza y su teoría parecen el producto de los avances tecnológicos. No es así. En papel o en bases de datos digitalizadas, con conocimientos administrativos o con inteligencia artificial, siempre el Estado contó con esos datos que obliga a los ciudadanos a buscar. El desarrollo de las ciencias y tecnologías facilita los procesos administrativos, pero lo cierto es que el sector público pudo ser mejor desde hace décadas y, por ejemplo, no pedir dos veces lo mismo por distintas ventanillas.

La Legislatura santafesina aprobó este miércoles proyectos de relevancia, entre otros, la reforma del Código Procesal Penal, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro. Se trata de la mayor modificación realizada al código desde 2007, y su objetivo es darle a la Policía, a fiscales e incluso a los jueces, más herramientas de procedimiento ante el delito. Se trata del decimoquinto mensaje que la Legislatura provincial le aprueba al actual Poder Ejecutivo. Por esa razón, este jueves a la mañana, el ministro de Gobierno e Innovación de la provincia, Fabián Bastia, acompañado por legisladores, hizo una síntesis de lo sancionado el miércoles, que también incluyó la Ley de Gobernanza de Datos y la intervención de Villa Saralegui. En principio valoró “los consensos alcanzados en la Legislatura para acompañar la determinación política” del actual gobierno. Y en lo puntualmente referido al Código Procesal Penal, Bastia destacó que tanto la Cámara de Diputados como la de senadores “nos den nuevas herramientas para las acciones que llevamos adelante contra el delito”. “Esto nos permite concretar medidas, pero además hay una lógica de ordenamiento normativo que nos venimos dando desde que asumimos. Esto además tiene que ver con la coherencia legislativa de las normas que hemos impulsado desde que asumimos el 10 de diciembre”, señaló el ministro, quien estuvo acompañado por los senadores Felipe Michlig y Pablo Verdecchia, y los diputados Silvana Di Stefano, José Corral y Pablo Farías.  Profundizando en torno al Código Procesal Penal, Corral recordó que muchas veces la gente se preguntaba “por qué en un allanamiento no se podía secuestrar una moto que era robada, pero la orden no lo puntualizaba; o por qué un detenido era liberado, dado que los tiempos procesales así lo obligaban y daban poco margen para la investigación, lo que terminaba en eso que se conoce como la puerta giratoria. O por qué no se demolía un lugar que se probaba que era un búnker de drogas. Todo eso y más, de ahora en adelante, una vez promulgada esta reforma, podrá hacerse para acompañar así la voluntad política del actual gobierno”. 

Por su parte, el senador Felipe Michlig se refirió a la intervención de Villa Saralegui, comuna ubicada en el departamento San Cristóbal, que él representa en la Cámara Alta. “En esa localidad se vive una situación de una gravedad institucional insostenible, no solamente por el destrato y el atropello hacia los vecinos”, recordó. En ese sentido agregó “la golpiza que había recibido un productor por ir a reclamar porque habían sacado una alcantarilla y no podía entrar a su campo; por el abuso en el aumento de las tasas de 500%; la falta de presentación de información y balances, a lo que se sumó un ataque a balazos al miembro de minoría del gobierno local, a quien no dejaron asumir. Todo esto nos llevó a presentar un proyecto de ley, por supuesto con la anuencia del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Gobierno, Fabián Bastia, y ahora hemos logrado la sanción de esta intervención” que se extenderá hasta la normalización institucional y un nuevo llamado a elecciones.  En torno al proyecto de Gobernanza de Datos e Información Pública, también impulsado por el gobernador Pullaro y sancionado el miércoles, destacaron que se trata de una norma que hará más eficiente el trabajo de la gestión estatal, ya que implicará el abandono progresivo del papel en diversos trámites, a cambio de digitalizarlos. Asimismo, se habilita el uso de nuevas tecnologías, y también se acelera el traspaso de datos entre las diferentes áreas de gobierno y mejora la gestión de los trámites de la administración para brindar respuestas más rápidas a la ciudadanía.

La Legislatura santafesina aprobó este miércoles proyectos de relevancia, entre otros, la reforma del Código Procesal Penal, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro. Se trata de la mayor modificación realizada al código desde 2007, y su objetivo es darle a la Policía, a fiscales e incluso a los jueces, más herramientas de procedimiento ante el delito. Se trata del decimoquinto mensaje que la Legislatura provincial le aprueba al actual Poder Ejecutivo. Por esa razón, este jueves a la mañana, el ministro de Gobierno e Innovación de la provincia, Fabián Bastia, acompañado por legisladores, hizo una síntesis de lo sancionado el miércoles, que también incluyó la Ley de Gobernanza de Datos y la intervención de Villa Saralegui. 

En principio valoró “los consensos alcanzados en la Legislatura para acompañar la determinación política” del actual gobierno. Y en lo puntualmente referido al Código Procesal Penal, Bastia destacó que tanto la Cámara de Diputados como la de senadores “nos den nuevas herramientas para las acciones que llevamos adelante contra el delito”. “Esto nos permite concretar medidas, pero además hay una lógica de ordenamiento normativo que nos venimos dando desde que asumimos. Esto además tiene que ver con la coherencia legislativa de las normas que hemos impulsado desde que asumimos el 10 de diciembre”, señaló el ministro, quien estuvo acompañado por los senadores Felipe Michlig y Pablo Verdecchia, y los diputados Silvana Di Stefano, José Corral y Pablo Farías.

Profundizando en torno al Código Procesal Penal, Corral recordó que muchas veces la gente se preguntaba “por qué en un allanamiento no se podía secuestrar una moto que era robada, pero la orden no lo puntualizaba; o por qué un detenido era liberado, dado que los tiempos procesales así lo obligaban y daban poco margen para la investigación, lo que terminaba en eso que se conoce como la puerta giratoria. O por qué no se demolía un lugar que se probaba que era un búnker de drogas. Todo eso y más, de ahora en adelante, una vez promulgada esta reforma, podrá hacerse para acompañar así la voluntad política del actual gobierno”.

Por su parte, el senador Felipe Michlig se refirió a la intervención de Villa Saralegui, comuna ubicada en el departamento San Cristóbal, que él representa en la Cámara Alta. “En esa localidad se vive una situación de una gravedad institucional insostenible, no solamente por el destrato y el atropello hacia los vecinos”, recordó. En ese sentido agregó “la golpiza que había recibido un productor por ir a reclamar porque habían sacado una alcantarilla y no podía entrar a su campo; por el abuso en el aumento de las tasas de 500%; la falta de presentación de información y balances, a lo que se sumó un ataque a balazos al miembro de minoría del gobierno local, a quien no dejaron asumir. Todo esto nos llevó a presentar un proyecto de ley, por supuesto con la anuencia del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Gobierno, Fabián Bastia, y ahora hemos logrado la sanción de esta intervención” que se extenderá hasta la normalización institucional y un nuevo llamado a elecciones.  

En torno al proyecto de Gobernanza de Datos e Información Pública, también impulsado por el gobernador Pullaro y sancionado el miércoles, destacaron que se trata de una norma que hará más eficiente el trabajo de la gestión estatal, ya que implicará el abandono progresivo del papel en diversos trámites, a cambio de digitalizarlos. Asimismo se habilita el uso de nuevas tecnologías, y también se acelera el traspaso de datos entre las diferentes áreas de gobierno y mejora la gestión de los trámites de la administración para brindar respuestas más rápidas a la ciudadanía.

Luis Rodrigo / Mario Cáffaro

La unanimidad, producto de los acuerdos y de una extensa labor en comisiones, fue clave en el Senado para que se vote en favor de la reforma al Código Procesal Penal de la Provincia. La norma se aprobó sin disidencias en general y, en el tratamiento en particular, se abstuvo el bloque del PJ sobre uno de los 36 artículos modificados.

En horario y día especiales, un miércoles pasado el mediodía, mientras se sostenían las exposiciones de la fundamentación en el recinto, el presidente provisional Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) pudo comentarles a sus pares que el proyecto ya era ley gracias a otra rápida media sanción de Diputados.

En la sesión especial culminó una serie de cambios que se negociaron entre los senadores del oficialismo y de la oposición en minoría. El presidente de la bancada justicialista, Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) valoró la predisposición al diálogo del bloque de la mayoría, que dispone del número suficiente para imponer y prefirió convencer y llegado el caso ceder.

El jefe del bloque del oficialismo, Rodrigo Borla (UCR-San Justo) explicó que la norma es parte de "un cambio de paradigma" en la visión del Estado sobre los problemas de la inseguridad en la provincia de Santa Fe, con especial foco en la crisis que sufre la ciudad de Rosario. Precisamente, el representante por ese departamento Ciro Seisas (CREO) expresó que se vive bajo la urgencia de "los días más complejos" en el conglomerado urbano más poblado del mapa de la bota.

El representante rosarino usó dos expresiones fuertes, de la Casa Rosada y la Casa Gris: "el que las hace las paga", dijo como síntesis de lo que la ley debe procurar para combatir el narcotráfico con más herramientas y "no vamos a dar ni un paso atrás", al citar lo dicho por el gobernador Maximiliano Pullaro y la promesa de campaña de Javier Milei. Destacó que esta vez hay voluntad política en ambos ejecutivos, y del intendente municipal Pablo Javkin para que se cumplan ambas frases.

El titular de la bancada de Unidos y el líder del justicialismo mostraron el resultado de sus negociaciones. Es que hubo cambios al texto que en una primera versión del proyecto de ley, llegaron desde el gobierno de Santa Fe. Las correcciones al original contaron el acuerdo de los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

Explicaron que un artículo referido a los delitos en flagrancia fue objeto de largas discusiones respecto de ampliar el plazo de esa instancia que en buen romance significa sorprender al delincuente con las manos en la masa. Primó un criterio de prudencia constitucional para que, además de herramientas innovadoras frente al fenómeno de "la puerta giratoria" se salven garantías constitucionales ciudadanas.

Estas últimas fueron una y otra vez revisadas para que no sean un obstáculo para la persecución penal. Joaquín Gramajo (Unite-9 de Julio) advirtió que aunque se acuse a las reformas de inconstitucionales o contrarias a las garantías del derecho a la presunción de inocencia, la transformación del proceso penal en Santa Fe "es plenamente constitucional". En alguna medida, buscó poner un antídoto a las críticas que luego aparecieron en Diputados (en forma muy minoritaria).

El justicialismo en minoría no votó el artículo 20, porque esperaba poder añadir plazos estrictos a los procedimientos judiciales, evitar que una causa abierta por un fiscal pueda permanecer en un estado de indefinición por más de un año. Argumentaron que en las reformas previstas a nivel nacional para el fuero federal penal se legislará en esa dirección y que tampoco redunda en una justicia "más eficaz" el no imponer límites en el tiempo a los miembros del Ministerio Público de la Acusación.

Lo explicó Pirola en una exposición en la que enumeró los muchos acuerdos y ese desacuerdo sobre los puntos a reformar.

Debe explicarse qué significa una abstención en términos políticos. Cuando un legislador se priva de votar debe pedir una autorización al cuerpo, que habitualmente le concede esa posibilidad. En ocasiones se lleva a cabo ese "no voto" (que se define por lo que no es, ni positivo ni negativo) para preservar la unanimidad. En definitiva, todos los votos contabilizados para el artículo 20 fueron por la afirmativa.

Código Procesal Penal by El Litoral

El radicalismo y sus aliados en la Cámara de Senadores decidieron marcar este jueves 21 un punto de inflexión en el debate sobre las reformas al Código Procesal Penal que ha envidado el Poder Ejecutivo Provincial al iniciarse su gestión. El presidente del interbloque Rodrigo Borla (UCR) y el presidente provisional de la Cámara Felipe Michlig han expresado con toda claridad que deberán precipitarse las decisiones y plasmarse en un texto legal a votar el próximo miércoles 27 a las 11 horas.

El Senado provincial debatirá en día y horario extraños, en vísperas de un largo feriado y de la celebración religiosa de la Semana Santa, así como la conmemoración del Día de la Memoria del 24 de Marzo, un tema que desde hace tiempo con más o menos salpicaduras, olas, corrientes y contracorrientes divide aguas en el oficialismo de la provincia.

Lo dijeron Michlig y Borla: el miércoles se vota, y se dirimirá con el poder que otorgan los números dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe y los bloques de la oposición en minoría los cambios que esperan el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, y su par de Seguridad y Justicia, Pablo Cococchioni para que haya más herramientas de persecución penal.

El tema se reduce, en pocas palabras y en las de ambos senadores, a ponerle límites al garantismo. Pero quienes temen que una buena intención, la de perseguir al narcotráfico y los crímenes, pueda contener desprolijidades o errores que luego signifiquen nuevos problemas para el sistema. Dentro del oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe las dudas abundan entre los socialistas, en especial en Diputados.

El Senado ha votado ya en numerosas oportunidades cambios normativos para que los procedimientos penales sean más efectivos, rápidos y puedan enfrentar con mayor eficacia al narcotráfico y su novedosa variante de sembrar terror. Pero también hay voces que prefieren no sacrificar las garantías constitucionales que cuidan a los ciudadanos de potenciales abusos desde el poder. Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) se ocupó de dejar en claro que la oposición acompaña y respalda en todo lo posible las políticas provinciales e incluso las nacionales para que se supere la crisis en Rosario. El líder de la bancada en minoría recordó casos concretos de fiscales que han cometido graves abusos aún sin un marco legal que les otorgue más herramientas, como los casos en que jueces penales fueron engañados para interceptar conversaciones telefónicas de quienes no estaban bajo una causa judicial, en un caso emblemático aún en discusión, o el tragicómico caso de un miembro del MPA que usó su poder para controlar “con quién hablaba la novia” y fue apartado del órgano acusador.

Joaquín Gramajo habló en tono docente de qué significa la ley en su contexto histórico. Mencionó que por ejemplo el robo de autos debió tener penas mayores para que no fuera un simple hurto (en la década del ‘60) o que los secuestros merecieran otras tipificaciones para combatirlos (en los ‘80 y 90). La ley nada vale si no atiende el contexto social, indicó y lamentó la influencia de la corriente garantista que en rigor más que respetar las garantías constitucionales victimiza a los que quiebran la ley, explicó. Con más crudeza, Borla advirtió: “el garantismo les quemó la cabeza a muchos actores del sistema judicial”. Antes había reflexionado en profundidad: el gobierno de la provincia tuvo una primera respuesta política frente a la inseguridad y la impunidad, al “fusionar en un ministerio la Seguridad y la Justicia”, porque se trata de dar una respuesta unificada a ambas demandas sociales.

Michlig comenzó las exposiciones con una manifestación en la que confesó que no estaba conforme con la producción de la Legislatura al cabo de los primeros 100 días, pese a alto número de normas que se habían votado desde que asumió “mí amigo, Maxi Pullaro” como gobernador. Destacó que la respuesta más importante que debe dar el Estado provincial refiere a la lucha contra el narcotráfico. Trazó un panorama en el que “por primera vez nos apoyan y asesoran organismos internacionales especializados”, además de un cambio de actitud con las nuevas autoridades nacionales frente a la crisis en Rosario y del propio gobierno provincial y municipal a los que elogió.

Las dos cámaras resolverán entre esta tarde y el mediodía del jueves si llevan al recinto los mensajes remitidos en diciembre último por el Poder Ejecutivo y que refieren al funcionamiento del Poder Judicial. Se trata de una ley reglamentaria del instituto del juicio por jurados así como las reformas al Código Procesal Penal y a la Ley Orgánica del Poder Judicial y al Código Procesal Civil y Comercial. Los dos primeros proyectos están en manos del Senado y el tercero en Diputados, cámara que además tiene a estudio la llamada ley de gobernanza de datos y acceso a la información pública.

Los cuatro asuntos vienen siendo analizados desde diciembre y no lograron aún la sanción esperada por el Poder Ejecutivo como la otra docena de mensajes habilitadas en el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro.

Después del receso, fueron varios los actores del sistema judicial que pasaron por las distintas cámaras legislativas para sentar posturas sobre los mensajes del Poder Ejecutivo, entre ellos el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; colegios de magistrados, de abogados, etc. "Hay decisión de avanzar en los tres temas con el mayor consenso posible" señaló a El Litoral un vocero de la bancada de Unidos en la Cámara de Diputados. "Queremos sumar votos a los 28 propios" acotó. En el Senado, también buscan sumar los votos de la bancada justicialista para darle mayor fortaleza política a las reformas.

Voceros radicales y socialistas señalan a El Litoral que la decisión es avanzar con los temas, negaron diferencias con las iniciativas de la Casa Gris y hablan de la maduración de los temas.

En el caso de los temas en manos del Senado, el Colegio de Magistrados dejó propuestas de reformas tanto al juicios por jurados como a la reforma al Código Procesal Penal que están siendo analizadas tanto por la bancada oficialista como por el justicialismo. "El propósito es si hacemos reformas a los textos que tengan aval también de Diputados para dejar sancionada la norma", se le dijo a El Litoral en el Senado.

En Diputados, este jueves fue convocado un plenario de tres comisiones: Pablo Farías (PS), presidente de Asuntos Constitucionales, citó a esa comisión más Presupuesto y Hacienda más Derechos y Garantías para discutir los dos proyectos: Ley Orgánica del Poder Judicial y gobernanza de datos. De encontrarse el acuerdo se llevaría al recinto en la tarde.

La jornada del jueves, en el ámbito legislativo tendrá al mediodía la sesión conjunta de ambas cámaras para tratar la posible suspensión del fiscal rosarino Matías Edery quien siguió aportando testigos en su defensa ante la Comisión de Acuerdos. El tema será definido también mañana.

Toda esta actividad legislativa prácticamente coincidirá con la apertura del año judicial que realizará el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, en el Palacio de Tribunales, y donde la mayoría de los legisladores están invitados y deseosos de participar.

Este miércoles finalizó el receso parlamentario y administrativo en la Legislatura y, en principio, habrá actividad en los recintos la semana próxima para avanzar en los temas pendientes que habilitó y remitió el Poder Ejecutivo.

El receso mensual de enero estuvo recortado: en la primera semana del primer mes del año hubo sesión en ambas cámaras, y en las siguientes reuniones con sectores que solicitaron exponer sus pareceres con los proyectos en discusión.

En esta última semana se agilizaron las reuniones entre senadores y diputados oficialistas tendientes a buscar puntos de entendimiento sobre los temas en agenda, especialmente los referidos a asuntos judiciales, entre ellos las reformas al Código Procesal Penal, al instituto de la Defensa Pública; la reglamentación del juicio por jurados, así como la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial y al Código Procesal Civil y Comercial. El funcionamiento por ley del Gabinete Social y la expropiación de un terreno en Venado Tuerto completan el temario.

Voceros de Unidos para Cambiar Santa Fe -con mayoría en ambas cámaras- resaltaron que el Poder Ejecutivo se encuentra abocado a las distintas paritarias y al seguimiento del tratamiento en el Congreso de la llamada Ley Ómnibus.

A diferencia del Congreso Nacional donde ayer Diputados hizo la primera sesión y el Senado apenas una para designar autoridades, en la Legislatura, el oficialismo tuvo diciembre y la primera semana de enero para aprobar un paquete de temas enviados por el Poder Ejecutivo que apuntaron a fortalecer las herramientas para enfrentar al delito, fortificar finanzas y disponer varias emergencias que están vigentes: seguridad, penitenciaria, educativa, sanitaria y social.

En el primer mes, en los recintos, la mayoría de Unidos para Cambiar Santa Fe no mostró fisuras a la hora de votar los mensajes del Poder Ejecutivo. Las disidencias fueron dejadas para las discusiones internas dentro de los diferentes espacios y no afloraron a la superficie. Parte de algunas diferencias en las letras chicas de los proyectos se pusieron en la mesa durante el receso en algunas mesas políticas que hubo durante enero.

Los principales temas pendientes para la agenda de febrero y marzo son:

* Juicio por Jurados: el proyecto establece como modelo de jurado el popular integrado por doce ciudadanos y la obligatoriedad del enjuiciamiento de esta manera para ciertos delitos. Además incluye supuestos en donde se regula como un derecho a opción del acusado (como los de violencia institucional, enfrentamiento o de exceso en la legítima defensa). El mensaje postula que se requerirá unanimidad a la hora del veredicto, pero, también, se incluye supuestos de mayoría agravada como los de criminalidad organizada.

* Reformas al Código Procesal Penal: Es una reforma para ordenar la normativa procesal a las leyes sancionadas en diciembre y se modifican todos los artículos que corresponden para otorgar coherencia a todo el sistema. También se establece la competencia policial para dejar aclarado y plasmada en el marco de la persecución penal la dirección jurídica de la investigación y la litigación de las causas (MPA) y la dirección técnico/científica (Policía). Regula las audiencias que no sea la de juicio con reformas tendientes a agilizar y optimizar recursos. Otro aspecto no menor es ampliación del plazo de detención a 15 días prorrogable por otro igual con control judicial de la misma. Se incorporan medios extraordinarios de investigación y prueba: informante, agente encubierto, agente provocador, entrega vigilada, imputado arrepentido. Además se suma al cese del estado antijurídico una regulación expresa para las investigaciones vinculadas al microtráfico para ordenarse el desalojo inmediato y por la fuerza pública de los intrusos (casos de extorsiones y usurpaciones en sentido amplio no el encuadre jurídico penal del delito) y la restitución del inmueble a quien aparezca verosímilmente como su legítimo tenedor o hubiera sido víctima de desplazamiento forzado. En las causas por infracción a la ley 23.737, podrá ordenarse la demolición o derrumbe de las construcciones precarias que hubieran sido montadas para el tráfico de estupefacientes o para actividades accesorias o complementarias de dicho tráfico, sin perjuicio de las acciones civiles a que hubiere lugar.

También prevé modificar el tratamiento de bienes decomisados quedando a disposición de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales, la que tendrá a su cargo la custodia, administración, conservación y disposición de los mismos estableciendo breve plazo para que el Poder Ejecutivo disponga. (6 meses). Postula modificar el juicio abreviado para casos de delitos contra la vida o la integridad sexual en los que la pena temporal deberá individualizarse dentro del tercio superior de la escala penal respectiva.

* Cambios en el Servicio Público Provincial de Defensa Penal: Apunta a transformar el sistema de prestadores que regula el cobro a la persona que necesita defensa penal y tiene recursos económicos para afrontarlos que deberá abonar los honorarios y gastos correspondientes. Una nueva redacción del artículo 32 determina el mecanismo para la tercerización de servicios de defensa, con el fin de delegar parcialmente la demanda en estudios jurídicos privados.

* Ley Orgánica del Poder Judicial: Pretende producir un cambio sustantivo en el procedimiento y trámite de las causas que se susciten por las cuestiones relativas al fuero de Familia y de Responsabilidad Extracontractual pasando de juzgados colegiados a unipersonales. También dotar a la justicia de Distrito Civil y Comercial, de mayor dinámica y agilidad procesal, incorporando nuevos Juzgados de Primera Instancia de Distrito Civil y Comercial y creando nuevas Salas, en la Circunscripción 1ª y Circunscripción 2ª de las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial. En el mismo sentido y atento a la incorporación de nuevos Juzgados de Primera Instancia Civil y Comercial, en la 1ª y 2ª Circunscripción, a fin de evitar acumulación de causas ante las Cámaras de Apelaciones de Santa Fe y Rosario, por un aumento excesivo de ingreso de expedientes a las Salas existentes; elimina las Cámaras de Circuito de Santa Fe y de Rosario, e incorpora una Sala más en ambas Circunscripciones, todo ello teniendo en cuenta las estadísticas elaboradas por el propio Poder Judicial.

Otro de los temas pendientes es el llamado Ley de Gobernanza e Información Pública donde el Poder Ejecutivo apuesta a transparentar el funcionamiento del Estado y agilizar trámites que realizan los ciudadanos. En el mensaje se habilitan además los proyectos de Ley de Acceso a la Información que no ha logrado apoyo parlamentario más allá de la constante iniciativa que se generó desde la Cámara de Diputados.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, señaló en la Cámara de Diputados que el capítulo referido al área a su cargo incluido en el proyecto de ley ómnibus del Gobierno "se funda en la situación gravísima en que está la Argentina. La ciudadanía se manifestó en las urnas a favor de un cambio, de un nuevo presidente para reformar el Estado", remarcó el funcionario al exponer ante el plenario de comisiones de Diputados que analiza el proyecto enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo.

Cúneo Libarona remarcó que "la ciudadanía se pronunció a favor de un cambio, con un presidente que busca soluciones, achicar el Estado, desregular y ordenar" y que "el plan para la Justicia apunta a un sistema procesal y penal adecuado, en el que Argentina sea ejemplo de justicia y orden".

"No me interesa hablar de herencias; sí de futuro y esta ley es el futuro; tenemos un régimen procesal penal que ha fracasado. En eso se va trabajar ansiosamente, a partir de la modernización que introduce", aseveró.

En la última etapa de su exposición se refirió a derechos humanos: "Para mí son amplísimos, no solo tienen que estar dirigidos al género o las causas contra militares, que van a seguir. Mi visión está puesta en la víctima, no en el imputado".

"La ley de víctimas fue una buena iniciativa, pero hay que reforzarla, por eso le pediría a la Cámara que ordenemos la ley. Sueño con un equipo de abogados, psicólogos y apoyo material 24 horas, que le den realmente contención a la víctima", cerró.

Con respecto a la propuesta para que los jueces usen toga y martillo explicó que "se usa en muchas provincias y en muchos lugares del mundo", aunque aclaró: "No vamos a dejar de aprobar el tema del juicio por jurados porque el proyecto incluya el tema de la toga".

El kirchnerista Leopoldo Moreau preguntó al oficialismo: "¿ustedes creen que van a poder gobernar en estas condiciones? Qué equivocados están" . Advirtió que "no hay margen para estados policiales en la Argentina. Esto es un estado de sitio encubierto. ¿Cómo es posible que el Congreso delegue responsabilidades a quienes no saben ni explicar el ABC de lo que proponen?".

En el plenario de comisiones que analiza la ley ómnibus, sostuvo reclamó que "tienen que retirar el decreto de necesidad y urgencia. Es un desatino. Y la ley ómnibus es un desatino por mil. Busquen consenso político, discutamos tema por tema, estamos dispuestos a hacerlo. Pero no vamos a ceder el poder que el pueblo le dio al Parlamento.

"Están diagramando un esquema represivo para sostener una política económica que no se sostiene de ninguna manera. Busquen consenso político. Discutamos tema por tema. Estamos dispuestos a discutir. Pero no estamos dispuestos a ceder el poder que la sociedad le dio al parlamento", agregó.

Sostuvo que "ninguna de las crisis que vivimos se vio una respuesta institucional de esta naturaleza. Cuando Milei dice que tuvo la peor herencia de la historia, falta a la verdad. El nuevo discurso que pretende recorrer la Argentina dice que la política no resuelve nada. No es así. La política le resolvió muchas cosas a los argentinos. Quieren poner un estado de excepción. Ponerse encima de las normas constitucionales".

La diputada de Pro, Silvia Lospennato, cruzó al ex dirigente radical al advertir que "no podemos hablar de este capítulo de emergencias y delegaciones legislativas sin recordar cómo es la historia de este Congreso". Le reocordó a Moreau que "todos los gobiernos del kirchnerismo estuvieron bajo emergencias y delegaciones legislativas".

Recordó que así sucedió "desde el 2002 hasta que llegó Mauricio Macri, que fue el único presidente que dejó vencer las emergencias sin pedir una prórroga. Y en el año 2019, ni bien dejamos el gobierno, el kirchnerismo volvió a pedir nueve emergencias. Si hay alguien que no tiene autoridad moral para venir a hablar a este recinto de emergencias es el kirchnerismo.

El juez de feria en lo Contencioso Administrativo Federal, Enrique Lavié Pico, concedió la apelación del Gobierno contra su propio fallo, por el cual había rechazado el pedido para que todas las causas se acumularan en su Juzgado. El procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, busca así neutralizar al fuero laboral, en el que -a pedido de CGT, CTA- los tres expedientes en los que ha hecho lugar a acciones de amparo presentadas por la CGT, la CTA y la Federación de Viajantes de Comercio- se suspendió la reforma laboral contenida en el DNU. Decidirán los camaristas Sergio Fernández y Carlos Grecco.

Fuerte reclamo de Germán Martínez

El presidente del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez, exigió al oficialismo que arbitre los medios para que comparezcan el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor económico Federico Sturzenegger, de quien dijo no saber "quién le paga el sueldo" ya que no tiene cargo formal en el Gobierno de La Libertad Avanza.

A su vez, reclamó que se convoque al debate a los distintos sectores afectados por las reformas contenidas en el proyecto de ley "ómnibus".

"Hay personas de carne y hueso detrás de cada una de las cosas que se quieren hacer con este DNU y esta ley ómnibus. Si hay que agregar días para que estos sectores se hagan oír, hay que hacerlo", reclamó el santafesino el comenzar el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales.

El diputado de Unión por la Patria mencionó que hay organizaciones productivas, inquilinos, trabajadores y personas afectadas por los planes de privatizaciones que deberían tener voz en el debate legislativo. También pidió que "nunca más se le niegue la palabra" a un legislador como sucedió en la reunión constitutiva de la comisión de Presupuesto y Hacienda, donde se designó a José Luis Espert a la cabeza.

El tratamiento del proyecto de ley "ómnibus" en la cámara de Diputados se desarrolló en un escenario áspero y tenso, marcado por cruces y chicanas. La primera "zancadilla" llegó de la mano de la diputada y ex candidata presidencial del Frente de Izquierda Myriam Bregman, se preguntó sí Federico Sturzenegger "es, otro fantasma como Conan", el fallecido perro de Milei.

El diputado de Unión por la Patria Sergio Palazzo criticó las acusaciones de Milei sobre supuestas "coimas en el Congreso". "A mí ningún Presidente me va a tratar de coimero", espetó el jefe de La Bancaria, que pidió "a los tres presidentes (de las comisiones) o algunos de los miembros" que "informen si han recibido pedido de coimas".

Cuando el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, tomó el micrófono y comenzó a hacer una reseña de la historia de la ley ómnibus desde su concepción, el diputado de Unión por la Patria Carlos Castagneto empezó a formular quejas en voz alta. El presidente de la comisión de Legislación General, Gabriel Bornoroni, le advirtió: "No se ponga a gritar si no está en la cancha, tranquilo, pida la palabra. No está bien lo que está haciendo. Los argentinos tienen hambre y usted está gritando como si estuviera en la cancha", retó el cordobés de La Libertad Avanza.

Contra la costumbre histórica, todo parece indicar que el receso legislativo no empezará el 31 de diciembre y que al menos durante la primera quincena de enero habrá actividad parlamentaria para dar respuestas al paquete de proyectos remitidos por el gobernador Maximiliano Pullaro.

No dejaría de ser una señal importante hacia la sociedad abrumada por el ajuste económico, calor, nuevas tarifas, etc. Un mes de receso de la política parece ser un privilegio de casta, especialmente cuando la nueva Legislatura está empezando a transitar el lapso de cuatro años y muchos de sus integrantes no encontraron la oficina donde guardar sus pertenencias.

Y más allá de las cuatro leyes sancionadas en la primera semana, resta el tratamiento una docena de proyectos que reclama el Poder Ejecutivo y que ameritarán una lectura profunda antes de llegar al recinto para evitar yerros. Es que hay previstas modificaciones importantes al funcionamiento del sistema procesal penal, tanto a través del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y al servicio de la Defensa Pública que ha provocado alguna preocupación interna en ambos cuerpos. Es que la gestión tiene puesto el ojo en cómo funcionan ambos organismos, más allá de la independencia de la que deben gozar. Habrá que mirar el rechazo a pliegos de defensores y fiscales en una de las últimas asambleas legislativas. Eran pliegos enviados por Omar Perotti que las espadas del Pullaro de entonces se encargaron de frenar. La voz cantante fue el hoy ministro de Gobierno, Fabián Bastía.

Algunos de los temas que serán leyes entre los dos jueves que restan de diciembre y uno o dos de enero, serán los siguientes:

Fortalecimiento del MPA: el objetivo es potenciar a la fiscalía general como máxima autoridad a través de facultades legales y reformas a la función de persecución penal. En la cabeza del MPA estará la dirección jurídica de la investigación y la litigación de las causas, mientras que la policía llevará adelante -mediante protocolos y directivas formales- la investigación técnica y científica. Se prevé darle facultades a la fiscalía general para crear unidades especiales y emitir instrucciones particulares (en casos concretos poder instruir a los fiscales a cargo de las investigaciones). La Junta de Fiscales tendría sólo una función consultiva -no poder de veto- en las decisiones del fiscal general. En el articulado se modifica el régimen de carrera y de sanciones disciplinarias.

Ley de Agencia de medidas no privativas de la libertad: tendrá a su cargo el control, tutela, asistencia de toda persona que por disposición judicial está sujeta a alguno de los institutos, como por ejemplo salidas transitorias y semilibertad, libertad condicional y prisión domiciliaria. Tendrá una amplia posibilidad de articulación (gobiernos locales, instituciones sociales, empresas privadas) con un diseño de paquetes de medidas adaptables según necesidad, categorizando en módulos general de control, módulo de asistencia al liberado, módulo de trabajo comunitario y módulo de intervención específica para ofensores sexuales.

Ejecución de la pena privativa de libertad: Pretende regular el régimen penal-ejecutivo, en el que actualmente existe un vacío normativo, puesto que la ley nacional 27.375 acotó el carácter de "ley marco" otrora reconocido a la ley 24.660. En su articulado regula los institutos propios del régimen de progresividad de la pena, incluso las salidas transitorias y semilibertad, con relativa autonomía de la legislación nacional. Crea la Cámara de Apelaciones de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria, organismo que concentrará las apelaciones en materia de ejecución penal y hábeas corpus, y tendrá competencia consultiva para anticipar criterios de interpretación y aplicación de la ley penal-ejecutiva.

Producción y gestión de la información para la prevención del delito: establece un sistema para la obtención, reunión, sistematización, análisis y difusión oportuna que posibilite la toma de decisiones para prevención del delito y una eficaz gestión de los recursos. Así la Subsecretaría de Inteligencia Criminal tendrá la conducción política; una dirección de Información Patrimonial y un área policial de información estratégica a través de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales.

Juicio por jurados: sería obligatorio para ciertos delitos, con unanimidad para algunos casos y mayorías agravadas en hechos de criminalidad organizada.

Reformas al Código Procesal Penal: es una consecuencia de los demás proyectos, especialmente del funcionamiento de la fiscalía, etc. Además amplía el plazo de detenciones a imputados en determinados delitos.

Servicio Público Provincial de Defensa Penal: prevé el cobro del servicio a los que tengan recursos económicos para afrontarlos así como el mecanismo para la tercerización de servicios. Reducen la cantidad de cargos y se interrumpirán los ingresos hasta que, de acuerdo con la cantidad de funcionarios establecida en este proyecto, sea necesario volver a llamar a concurso.

Ley orgánica del Poder Judicial: Apunta a cambios en el procedimiento y trámite de las causas que se susciten por las cuestiones relativas al fuero de Familia y de Responsabilidad Extracontractual pasando de juzgados colegiados a unipersonales. También pretende dotar a la justicia de Distrito Civil y Comercial, de mayor dinámica y agilidad procesal, incorporando nuevos Juzgados de Primera Instancia de Distrito Civil y Comercial y creando nuevas Salas, en la Circunscripción primera y segunda de las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial.

Además de normas referidas a justicia y seguridad, Diputados fijó tratamiento preferencial para el Presupuesto 2024 para el jueves venidero. En el medio se espera que el Ejecutivo envíe el mensaje sobre Ley Tributaria 2024 que debe entrar en vigencia el 1 de enero.

Por Mario Cáffaro

Un proyecto de ley para limitar la aplicación de los procedimientos abreviados en causas penales ingresó la diputada Amalia Granata (Movimiento Integral Somos Vida). El objetivo es vedar esa salida alternativa prevista en el Código Procesal Penal en delitos contra la vida en los que mediare dolo directo o, en delitos contra la integridad sexual.

Para la legisladora, "el procedimiento abreviado es, en rigor, lo más cercano a privatizar el conflicto penal y someterlo, casi, a las reglas de un juicio civil -proceso eminentemente dispositivo-. Y, para algunos casos, ello es positivo. Pero para otros, es sumamente nefasto". El sistema de procedimiento abreviado es el más utilizado en el sistema penal de acuerdo a las estadísticas difundidas por el Ministerio Público de la Acusación. En el 2022 hubo procedimientos abreviados y 303 juicios orales en la provincia. EL cuadro estadístico no refiere a qué tipo de delitos se acordaron en abreviados.

Estadísticas del sistema penal en el último año. Fuente: MPA

Para Granata "algunos bienes jurídicos tutelados en los tipos penales no admiten que el conflicto sea reducido a una contienda entre privados donde el acuerdo libre de voluntades a cambio de una compensación económica soluciona la cuestión". Se pregunta en los fundamentos del proyecto qué mensaje se da al tejido social cuando a cambio de una reparación económica un imputado puede reducir la condena luego de haber atentado contra la vida de una persona o su integridad sexual, afectándola psicológica y emocionalmente de por vida.

La autora no habla en el proyectos de limitar el abreviado en delitos contra la propiedad, patrimonio o estafas. "Aquí, en el proyecto, están en juego derechos personalísimos que no pueden ser valuados a cambio de una eximición o reducción de pena. Por otro lado, en el caso de los delitos sexuales, nadie se ha planteado la altísima tasa de reincidencia y el riesgo que conlleva para terceras personas que los agresores sexuales permanezcan en libertad y no cumplan (o cumplan reducidamente) sus condenas". Pero también advierte que el procedimiento abreviado es una afrenta al principio de igualdad: los acuerdos entre víctima, acusado y fiscal siempre implican una compensación económica en favor de la primera. "Es decir que quien cuenta con medios económicos podrá favorecerse en la pena impuesta, pero quien carece de recursos para indemnizar el daño causado deberá afrontar la posibilidad de ser penada con el máximo de la escala penal. Claramente, no parece una solución justa ni un criterio válido a la hora de establecer la pena a quien delinquió. En el discurso progresista se escucha constantemente decir que las cárceles están llenas de pobres y que nadie toca a los delincuentes de guante blanco. Con este mecanismo procesal -propiciado por los mismos sectores progresistas/garantistas- este sesgo se acentúa".

Por otro lado cuestiona que una víctima de abuso sexual puede realmente negociar o acordar libremente los términos de un juicio penal con su abusador. "Al delincuente, particularmente en este tipo de delitos, ha de aplicársele la ley penal y su grado de culpabilidad evaluado según las circunstancias del caso. Colocar a la víctima en esta posición de tener que negociar o acordar con su abusador es una revictimización. No puede, en pos de aliviar la carga del sistema judicial, privatizar un conflicto donde los bienes jurídicos afectados son la vida y la integridad sexual".

La iniciativa en concreto pretende incorporar al Código Procesal Penal el artículo 339 Bis con esas dos limitaciones al instituto, uno de los previstos para aliviar la recarga del sistema penal de juicios en cuestiones que, en apariencia, no ponen en juego la paz social.

El informe de gestión 2022 del Ministerio Público de la Acusación señala que el último año se iniciaron 263.172 legajos fiscales. De estos se cerraron un total de 47.949 casos - de estos 14.020 sin autor identificado, y 33.929 con autor identificado-. En cuanto a los medios utilizados para la resolución fueron procedimientos abreviados (3.226); juicio oral (303); mediaciones (1.692) y conciliaciones (933)

Yendo más atrás, entre 2019 – 2022, se iniciaron 980.211 legajos fiscales. De estos se cerraron un total de 370.310 casos - de estos 98.571 sin autor identificado, y 271.739 con autor identificado-. Los medios utilizados para su resolución fueron los siguientes: procedimientos abreviados (11.543); juicio oral (1.056); mediaciones (6.332); conciliaciones (2.734) y suspensión juicio a prueba (3.744).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un planteo de Ariel Cantero, líder de la banda conocida como "Los Monos", por las condiciones de su detención en la cárcel federal de Marcos Paz, donde cumple una condena a 96 años de prisión por la acumulación de las sentencias de ocho juicios en los que fue declarado culpable por diversos delitos.

La defensa de Cantero presentó una denuncia contra las autoridades del Complejo Federal II de Marcos Paz y un habeas corpus correctivo en el que se alega que Cantero se encuentra hace unos diez meses aislado en una celda, sin contacto con otros internos, y que el lugar cuenta con 14 cámaras que monitorean constantemente el sitio, donde periódicamente se realizan requisas.

La Sala II de la Cámara Federal de San Martín confirmó el rechazo in limine de la acción de habeas corpus.

La defensa apeló esa decisión y la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso.

Llegado el caso hasta el Máximo Tribunal, la Corte, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenktranz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desestimó el planteo. De esta manera, Cantero seguirá detenido bajo un régimen de máxima seguridad.

La Cámara de Diputados apoyó a Matilde Bruera (Lealtad Kirchnerista) en un pedido de informes presentado en relación a los 257 fetos (producto de abortos espontáneos) sobre los que se decidió durante, al menos 15 años, conservarlos y guardarlos en un armario en el Hospital Jaime Ferré de Rafaela, con intervención del médico Jorge Pérez, actual jefe del servicio de anatomía patológica de ese efector.

Los planteos al ministerio de Salud pasan por saber si si se ha iniciado una investigación administrativa o sumario al respecto; protocolo que se debe cumplir para descartar fetos, procedimiento para el caso en que sean necesarios para investigación científica y la información que debe brindarse a las personas afectadas; si se solicitó la autorización o el consentimiento informado por parte de las pacientes para conservar los fetos y si se le dio intervención a la dirección del Hospital.

También apunta a saber si en ese caso se ha violado la Ley 26529 de Derechos del Paciente así como si se ha tomado alguna medida tendiente a proteger a las pacientes afectadas, resguardando su identidad y el respeto a la privacidad a fin de evitar la victimización de las mujeres involucradas.

Con la firma del gobernador, Omar Perotti, y de la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, el Poder Ejecutivo promulgó un agregado al artículo 221 del Código Procesal Penal de la provincia para incorporar a la figura de peligrosidad procesal al portador ilegal de armas de fuego por lo que habilita a que su detención implique el dictado de la prisión preventiva.

Con la publicación de la norma en el Boletín Oficial terminó un largo trámite parlamentario que demandó el paso del expediente por el máximo de instancias que prevé la Constitución provincial. La norma tuvo el fuerte empuje de las organizaciones de víctimas de Santa Fe y de Rosario que militaron el proyecto que tomó como bandera Oscar Martínez (Frente Renovador) en la Cámara de Diputados y Lisandro Enrico (UCR – General López) en el Senado. De todas maneras, hubo objeciones y advertencias especialmente en la Cámara Baja de parte de Matilde Bruera (Lealtad Kirchnerista) y, por fuera de Legislatura, de varios actores del derecho penal que advierten sobre la inconstitucionalidad del agregado al Código.

Diputados convirtió en ley la prisión preventiva por la portación ilegal de armas de fuego

La reforma promulgada agrega el inciso 8 al artículo 221 del CPP sobre peligrosidad procesal incorporando el siguiente texto: “la tenencia y la portación de armas de fuego, así como el uso de armas de fuego, por uno o algunos de los imputados durante la ejecución del hecho delictivo o con posterioridad para asegurar sus resultados”.

El Senado en dos ocasiones modificó la postura de Diputados y con el mismo propósito la Cámara Alta propuso reformar tres artículos del Código: 219, 220 y 221. Martínez, en tanto, justificó la decisión de la Cámara de Diputados al indicar que la recomendación de jueces y fiscales es optar por esa redacción ya que la propuesta por el Senado podría tornar inconstitucional a la reforma.

Bruera insistió en considerar un error la sanción y recordó a El Litoral que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya declaró inconstitucional ese tema cuando provincia de Buenos Aires lo incluyó en su código procesal penal más allá de numerosos fallos de cámaras en todo el país. “Cada vez que hay inseguridad, inventan esas cosas , que son inaplicables por inconstitucionales. La prisión preventiva, ya está legislada para todos los delitos, para los casos de peligrosidad procesal y peligrosidad procesal es obstrucción del proceso y peligro de fuga” señaló a El Litoral la legisladora que es docente universitaria y alguna vez fue defensora general en la justicia federal.

Martínez insistió en marcar “de que el flagelo de la inseguridad y particularmente la violencia imperante hoy en nuestra sociedad están íntimamente relacionadas con la tenencia y utilización de armas de fuego. Basta ver las crónicas policiales de estos últimos meses donde se relatan una enorme cantidad de hechos relacionados con la utilización de armas de fuego contra bienes y personas. Las balas no solo sirven para dejar mensajes mafiosos y marcas en las paredes, sino que también provocan situaciones trágicas como vemos habitualmente”. Además le recordó a El Litoral que gran parte de los fundamentos del proyecto se basaron en los números que elabora el Observatorio de Seguridad Pública provincial sobre de las personas heridas por armas de fuego de los departamentos Rosario y La Capital.

Portación de armas: desde 2015 los fiscales no negocian una probation

Con aval unánime de ambas cámaras y respaldo del Colegio de Escribanos, el Poder Ejecutivo también promulgó la ley 14.202 que modifica la Ley orgánica del Notariado santafesino. La modificación sancionada al artículo 24 otorga un beneficio especial a los llamados escribanos adjuntos para quedarse con el registro del titular (en caso de muerte, incapacidad o renuncia por jubilación), sin tener que afrontar un concurso. Para ello se establece como requisito que el peticionante acredite cinco años de antigüedad ininterrumpida en ese registro, contados desde la fecha en que autorizó la primera escritura, y no hubiera incurrido en faltas que motivaran la aplicación de medidas disciplinarias que conlleven la suspensión en el ejercicio de sus funciones.

El Ministerio de Economía activó en las últimas semanas las reuniones sectoriales de la Comisión de Análisis Tributario, encabezadas por el secretario de Finanzas e Ingresos Públicos, Jorge Simón, y el administrador provincial de Impuestos, Martín Avalos.

El objetivo de la Comisión es discutir con distintos sectores la política impositiva para el siguiente año y la práctica instaurada por la gestión de Miguel Lifschitz fue ordenada luego con fuerza de ley.

El sector agropecuario abrió la ronda, siguió con industria y construcción y finalizó esta semana con el comercio. Además de funcionarios y representantes de entidades, en los encuentros participan legisladores de ambas cámaras o bien asesores de ellos. Cada sector postuló sus temas pero siempre dejando en claro la defensa de la estabilidad fiscal para pymes que Santa Fe tiene desde marzo de 2018 cuando se sancionó la Ley 13.749. Esa norma, dispone, entre otras cosas adherir al régimen de estabilidad fiscal previsto en el Artículo 16 de la Ley Nacional 27264 para las micros, pequeñas y medianas empresas.

El sector agropecuario solicitó extender las eximiciones impositivas para los productores afectados por la sequía hasta diciembre del corriente año, la suspensión del coeficiente de convergencia que desde el inicio de la gestión se viene propiciando, como así también la posición de los grandes propietarios rurales frente al impuesto inmobiliario.

Con sectores de la industria y la construcción fueron abordadas cuestiones vinculadas a ambos sectores, destacándose: el tratamiento de los saldos a favor cuando se trata de contribuyentes que tienen actividades mixtas, y la posibilidad de compensar los generados en otras provincias; la atenuación de los regímenes de recaudación; la estabilidad fiscal y la necesidad de que sea extendida hasta diciembre de 2024; y cuestiones vinculadas a la industria y sus servicios complementarios.

Ante la construcción y la industria, los representantes del Ministerio de Economía destacaron, en relación a lo planteado respecto a los regímenes de recaudación, que desde el 2022 la provincia ha reducido la alícuota general para la realización de retenciones y percepciones pasando del 0,7% al 0,6%, y se resaltó que Santa Fe no se ha incorporado a los sistemas de recaudación SIRTAC (Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra) y SIRCUPA (Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago).

Respecto a la compensación de saldos a favor que las empresas puedan generar en otras provincias, las autoridades manifestaron que, tal como el ministro de Economía se comprometió en reuniones mantenidas con los sectores productivos, Santa Fe presentó un proyecto ante la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral para modificar el Protocolo Adicional y facilitar la implementación de un sistema de clearing.

El comercio, representado por todas las entidades de la provincia, destacó la necesidad de que la próxima gestión prorrogue la ley de estabilidad fiscal, clave para el sector.

“Son preguntas sin respuestas porque no hay política de Estado” afirmó la diputada Mónica Peralta (Gen) tras la votación unánime de la Cámara Baja a un extenso pedido de informes ingresado en la semana y tratado sobre tablas. Antes de votarse el tema y en un inusual pedido, la legisladora solicitó que el texto de requerimientos ante la Agencia Provincial de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego (APVAF) y ante la Agencia de Investigación Criminal (AIC) sea leído por la secretaría parlamentaria.

Así en los diferentes ítems se requiere conocer el número total de armas de fuego registradas en la provincia de Santa Fe, con detalle desagregado sobre cuántas de ellas están en posesión de particulares y cuántas pertenecen a las fuerzas de seguridad; acciones concretas que han llevado a cabo las agencias en conjunto, además de si han realizado estrategias de trabajo mancomunadas con las fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Fe, el Ministerio Público de Acusación (MPA), las Unidades Regionales y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) para combatir la circulación ilegal de armas de fuego.

Un santafesino le puso su firma al sistema que puede revolucionar el control de armas

También cómo funcionan los canales formales de registro, sistematización, trazabilidad, validación y análisis en lo que refiere a armas de fuego; detalle informes existentes y periódicos; si se cuenta con un sistema de intercambio y triangulación de información entre los diferentes actores competentes en la materia, y un detalle de cuántas armas han sido secuestradas en el marco de investigaciones judiciales y procedimientos policiales en la provincia entre los años 2020 y 2023, desagregando una serie de informes. Otro ítem solicita un detalle de cuántas armas reglamentarias han sido reportadas extraviadas, robadas o sustraídas entre los años 2020 y 2023.

La Cámara pide saber estado actual de la digitalización, sistematización y evaluación de las planillas de robos y extravíos de armas pertenecientes a personal policial y legítimos usuarios; haciendo énfasis en las sanciones aplicadas al personal policial; reglamentos y protocolos establecidos a partir del momento de incautación de armas, detallando especialmente el protocolo utilizado en caso de traslado de armas con pedido de secuestro. Tiempo promedio que transcurre desde la incautación de un arma hasta su destrucción efectiva y cómo ha evolucionado esto entre los años 2020 y 2023, desagregando especialmente el protocolo a partir de la detección de armas con pedido de secuestro.

Otro punto hace al inventarios de los materiales en depósitos, digitalización y control; instrucción a recursos humanos que entren en contacto con los materiales en los depósitos, desde la recepción y traslado hasta su posterior tratamiento; tratamiento de armas judicializadas; proceso de control y fiscalización de la venta de armas de fuego por parte de los comercios habilitados; denuncias sobre acopio, alquiler o venta ilegal de armas de fuego recibidas.

Sobre armerías hay varios puntos en el pedido de informes, entre ellos cuántas clausuras hubo en los últimos tres años. El último punto es un desagregado del presupuesto asignado para la lucha contra la violencia armada y el tráfico de armas de fuego.

Secuestran armas y municiones en un operativo en San Francisco

Después, Peralta detalló lo que entienden sobre fallas en los controles y que generan pánico en la población con balaceras a escuelas, especialmente en Rosario.

Oscar Martínez (Frente Renovador) sumó su voto exigiendo un diálogo firme entre poderes para terminar con esta problemática que hiere a la sociedad. Destacó que el año pasado hubo 1.600 balaceras en la ciudad de Rosario y que en la provincia, el 85% de los asesinatos son con armas de fuego. “Al gobierno le pedimos que escuche” y recordó que el Ejecutivo convocó a la Junta de Seguridad cuando cobró trascendencia internacional el tema por las amenazas a la familia Messi. “De allí en más no hubo convocatoria”, se quejó.

Luego, la socialista Lionella Cattalini también pidió definiciones al Poder Ejecutivo sobre la posible ley de emergencia en Seguridad Pública y el Servicio Penitenciario debido a los dictámenes diferentes entre ambas cámaras. La legisladora no dejó de marcar que “el gobierno parece resignado en esta temática”, en referencia al paso del secretario del Sistema Penitenciario, el día anterior por la Cámara de Diputados.

Los diputados Fabián Palo Oliver (Alfonsinismo Auténtico) y Claudia Balagué (PS) informaron sobre la presentación realizada ante la fiscalía en turno del MPA de la primera circunscripción para que se investiguen conductas que podrían delictivas y punibles del fiscal Aldo Gerosa, la sicóloga Ana Popelka, el fiscal regional Rubén Martinez y el senador por el Departamento General Obligado Orfilio Marcón.

Más de 50 allanamientos por extorsiones, armas y venta de drogas en el sur provincial

Es en referencia al expediente tramitado en la Fiscalía Regional de la 4ta. circunscripción donde fue imputado Marcelo Galaz sobre delitos contra la integridad sexual y fuera víctima una menor de 16 años de abuso sexual. Los legisladores detallaron aspectos de la denuncia en conferencia de prensa y sobre el final de la sesión de Diputados, expuso largamente Palo Oliver. En tanto, Matilde Bruera (Lealtad Kirchnerista) volvió a cuestionar los juicios abreviados, forma en que se cerró el expediente en cuestión en la última semana en el norte de la provincia.

La diputada Erica Rut Hynes (PS) solicitó ante la Comisión de Acuerdos la suspensión preventiva temporal del fiscal de Reconquista, Aldo Héctor Gerosa, con una disminución del 50% del sueldo. La petición “es por el término que dure el presente procedimiento y hasta su total finalización, con expresa prohibición de ingresar al ámbito físico de cualquier dependencia del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe”, reza la nota.

Hynes fue designada acusadora en el marco del procedimiento por el que se evalúa el desempeño del fiscal Gerosa en el marco de la actuación del caso Marcelo Galaz.

“Esta acusadora estima que la continuidad en el ejercicio de sus funciones y en el lugar de trabajo, pone en peligro el normal desarrollo de la investigación administrativa en trámite que podría verse entorpecida y obstaculizada por el accionar del fiscal”, señala la nota.

Ayer, la Comisión de Acuerdos analizó el tema y tendría mayoría para emitir un dictamen y su presidenta, Lionella Cattalini, pedirá a la vicegobernadora, Alejandra Rodenas, la convocatoria a una sesión conjunta para votar la suspensión solicitada.

El diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, presentó junto a su par formoseño Fernando Carbajal un proyecto que busca agilizar el funcionamiento de la Justicia Federal, a fin de brindarle más herramientas y dotarla de mayor eficiencia en su lucha contra el narcotráfico. En pocas palabras, la iniciativa propone la implementación más rápida del nuevo Código Procesal Penal Federal y establece como fecha máxima para lograrlo el 1 de enero de 2026. De acuerdo con datos oficiales, la aplicación de esta norma permite reducir los tiempos de actuación de la Justicia Federal en un 50%, por lo que el promedio de duración de las causas pasaría de 6 a 3 años aproximadamente. Hoy, la implementación del nuevo Código depende de una Comisión Bicameral creada con ese fin en el año 2014 mediante la Ley 27.063. Luego de 9 años, la Comisión sólo logró la efectiva aplicación de la norma en las provincias de Salta y Jujuy, con muy buenos resultados. El proyecto presentado por los legisladores habilita la implementación anticipada del nuevo Código por parte del Poder Ejecutivo, previa consulta a la Justicia y a la Procuración General de la Nación. Sin embargo, las autoridades no podrán excederse de la fecha máxima establecida, a inicios de 2026. Además, la iniciativa dispone que aquellos artículos del Código referidas a la mayor agilidad de los procesos en curso se aplicarán a todos los juicios orales iniciados por la Justicia Federal luego de la sanción de la ley.

Durante el último año, 245 jóvenes tuvieron causas penales, una cifra algo superior -3%- al 2021 pero en ese mismo período fueron 177 los delitos cometidos por esa franja etaria y ese número es 12% menor al año anterior, según los registros de la Secretaría de Justicia de la provincia. “Si bien hubo menos delitos por menores de edad se mantiene la población bajo la tutela del Estado”, señaló Gabriel Somaglia a El Litoral.

En el 2021, las estadísticas marcaron 200 delitos cuyos autores individualizados fueron menores y en el año siguiente 177. Hubo menores hechos contra la propiedad, las personas o en casos de género pero con aumento importante de delitos en seguridad pública.

El anuario estadístico precisa que en el 2022, menores estuvieron involucrados en 82 delitos contra la propiedad (- 23% que en 2021); en 61 delitos contra las personas ( – 9%); en 17 delitos de género ( – 10%) y en 17 delitos contra la seguridad pública ( + 142%).

Los menores entre 16 y 18 años están ante una situación gris en materia de procedimiento penal. La Legislatura aún no sancionó un Código Procesal para ese sector y por lo tanto no tienen el mismo camino judicial que los mayores. El procedimiento anterior tiene serias objeciones constitucionales. El mensaje del Poder Ejecutivo sobre la materia está siendo tratado en forma conjunto por representantes de Senado y de Diputados aunque el acuerdo tarda en llegar y por ende la llegada al recinto. Años anteriores, ambas cámaras votaron proyectos propios sobre la materia que no prosperaron en el otro cuerpo. “El desafío de la política es dictar el Código Procesal Penal Juvenil. Hay temas que necesitan del consenso; las mayores dificultades se han ido zanjando. De las conversaciones observamos que hay muchas dificultades que tienen que ver con un plano filosófico teórico de concepción y con los menores no punibles” destacó Somaglia a El Litoral.

El informe de Justicia precisa que a diciembre último había 47 jóvenes punibles privados de su libertad en cinco diferentes lugares. 30 de ellos están en el Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil de Rosario y otros 12 en el de esta capital. Por otro lado, 12 jóvenes se encuentran bajo régimen abierto en tres lugares diferentes destacándose 6 en el establecimiento socio educativo de Coronda, 5 en el de Rafaela y el restante en Venado Tuerto. Se informa que 112 adolescentes están con libertad asistida, 20 con intervenciones tempranas; otros 7 jóvenes superaron los 18 años mientras que en centros de día no penales hay otros 31 jóvenes y en centros de días penales 8.

De ese universo de jóvenes con causas penales, el informe destaca que 11 son mujeres con diferentes regímenes. Dos de ellas pertenecen a Santa Fe y se encuentran con libertad asistida.

Federico Lombardi, director provincial de Justicia Penal Juvenil, destacó que mantiene “como centro de gestión el sujeto de intervención, esto es, a los adolescentes que se encuentran atravesando un proceso penal, estando lo más cerca posible de ellos, para identificar sus necesidades, demandas e inquietudes, y así tomar sus voces para que formen parte del diseño de las políticas públicas que se lleven adelante”. Para lograr el objetivo se realizaron mesas de diálogo, entre jóvenes en forma sistemática. Para el funcionario, la perspectiva permitió empoderar, por un lado, a los jóvenes dándole un espacio de escucha y de protección, reconociéndolos como sujetos de derechos generando que la totalidad de los trabajadores pertenecientes a la Dirección, como del Servicio Penitenciario y personal policial, visualicen que es objetivo prioritario de la gestión, el ocuparse de los inconvenientes que se le presentan a los jóvenes al transitar el encierro e intentar sacarlos del mundo del delito.

Del trabajo con adolescentes hubo un cd de música que se encuentra disponible en Spotify, participación en la Bienal de Arte Joven, donde uno de ellos ganó el premio a la mejor poesía y otros obtuvieron una mención especial al mejor videoclip; y otros obtuvieron el premio al mejor proyecto en el Parlamento Juvenil del Mercosur, programa que se desarrolla en las escuelas secundarias de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Testigos protegidos

En el 2022, 26 personas se sumaron al programa de protección y acompañamiento de testigos y víctimas que también está bajo la órbita de la Secretaría de Justicia del ministerio de Gobierno.

El programa está regido por la Ley 13.494, que trata de la protección, acompañamiento y asistencia de carácter provisorio. Dispone entre las medidas el otorgamiento temporario de una casa de bajo riesgo y/o medidas de ayuda económica para que sean los propios testigos protagonistas de su relocalización, siempre con el monitoreo y acompañamiento del programa.

“El programa funciona en silencio, con estándares de confidencialidad. La responsabilidad de llevarlo adelante es de la Secretaría de Justicia acompañados por la policía y el MPA” resalta Somaglia. “El éxito del programa es cómo sale la gente del sistema”.

Se admite en Justicia que hoy prácticamente no funciona el sistema de protección en la justicia federal y provoca tensiones con fiscales del Ministerio Público de la Acusación que tienen a su cargo delitos complejos. En el año último hubo 61 pedidos de ingreso al programa pero sólo fueron aceptados 26 y el resto rechazados. Esos 26 casos aceptados significó sumar 38 mayores y 26 menores al sistema.

Los tres recursos de apelación presentados ante distintos jueces en la causa en la que se investiga al ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, por presunta acumulación ilegal de información, serán tratados de manera unificada por un mismo tribunal, y en una sola audiencia.

Así lo dispuso el juez del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de Santa Fe, Sebastián Creus, en cuyo despacho recayó el primero de esos recursos, presentado por el abogado defensor Juan Lewis contra la resolución del juez Nicolás Falkenberg, que rechazó el pedido de las defensas para acceder al legajo el 22 de de diciembre. A este se sumaron luego otros recursos de apelación: uno contra una resolución de la jueza de Investigación Penal Preparatoria, Rosana Carrara, que a pedido de la Acusación duplicó los plazos procesales (el 3 de febrero) y uno más, contra la decisión del juez Jorge Patrizzi, que hizo lugar al pedido de la Defensa de levantar el secreto del sumario sobre las investigaciones (el 10 de febrero).

En su resolución, Creus sostiene que la necesidad de tramitar los tres recursos aludidos ante un mismo Tribunal de Alzada y en un mismo trámite -que dé lugar a una sola resolución- no viene dada exclusivamente por el sentido común, sino que los principios rectores del proceso en orden a la concentración, simplificación y celeridad, según el artículo 3 del Código Procesal Penal, resultan imperativos tanto como principio sino también -como indica el título de la norma-, como regla procesal, evitando mayores demoras y la existencia de sentencias contrarias.

Para el magistrado, aún cuando la causa “tenga múltiples individuos investigados, resulta necesario tener decisiones comunes, lo cual sólo es posible lograrlo con un único Tribunal. De hecho, de las distintas resoluciones impugnadas ya surgen contradicciones que resultan incoherentes con el debido proceso, dado que para algunos imputados se ha decidido el cese de la reserva de la investigación y para otros no, agregándose la trascendencia pública e institucional de los hechos en averiguación, lo cual reclama rapidez en el procedimiento”.

Consultado por El Litoral, Creus sintetizó los pasos procesales consecutivos, que desembocarán en la decisión judicial de a quien o quienes se da la razón en los planteos producidos, impugnando los pronunciamientos previos.

“Esta resolución, que sale de lo ordinario por las particularidades del caso, es una decisión que se toma para encauzar el trámite de tres recursos. Por tanto, es previa al primer acto importante de un recurso, que es admitirlo o no. Eso se hace en una resolución en la que se abre o no el recurso, y que va a ser el próximo pronunciamiento a dictar. Pero para eso hay que esperar a que ésta resolución ya dictada quede firme; es decir, que sea aceptada y no sea a su vez apelada por las partes, interponiendo un recurso de reposición”, explicó.

El plazo para presentar esa impugnación vence el próximo lunes 21 a las 9 de la mañana. Llegado ese momento, la resolución previa queda firme, y el juez Creus quedará habilitado para dictar a admisibilidad o no de los tres recursos, y abrir así el trámite para establecer si se les hace lugar o se los rechaza. Por los plazo impuestos al magistrado, esa resolución será dictada en el curso de la semana.

El paso siguiente está condicionado a lo que el propio Creus disponga en ese momento. Si dicta la admisibilidad de los recursos, será el turno de la Oficina de Gestión Judicial de fijar audiencia (que sería simultánea para los tres), en cuyo marco confrontarán las partes, hasta que finalmente el juez decida a quien o quienes otorga la razón. Una instancia que, dado el alto grado de exposición pública y trascendencia institucional que involucra, debería producirse en el menor tiempo posible, despejando así el camino a la continuidad de la causa en la que se investiga la supuesta acumulación ilegal de información en el ministerio de Seguridad.

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad, enviará a la Legislatura un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal en busca de que el uso de armas de fuego en el delito sea causal de prisión preventiva.

Al respecto, el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, indicó que “es muy importante que nos unamos todos los sectores políticos en un ámbito de discusión, como es la Legislatura, para modificar el Código Procesal Penal y brindarle herramientas a los jueces y poner fin a esta violencia”.

“Con el aval del gobernador Omar Perotti, estamos trabajando en este proyecto de ley con el fin de sumar nuevas acciones a las que venimos trabajando a diario para combatir el delito y la violencia, que sucede desde 2012 con niveles muy altos”, agregó Lagna.

“Estamos incorporando nuevos móviles policiales, reforzando los controles, vamos a sumar 900 nuevos efectivos a fin de año y mayor tecnología para trabajar en conjunto con el MPA en la investigación y en la seguridad preventiva, pero creemos que necesitamos un cambio radical en las imputaciones y el proceso judicial”, puntualizó el ministro.