Unicef destacó la importancia de que Argentina avance con un debate amplio y la sanción de una Ley de Justicia Penal Juvenil que esté en línea con los estándares internacionales.

En ese sentido, marcaron que "la adecuación normativa requiere la implementación de un sistema de justicia especializado que asegure - de manera real y efectiva - el acceso a la justicia, el debido proceso, penas y medidas diversas y graduales enfocadas en la prevención del delito y de la reincidencia".

Del mismo modo, "la incorporación de la perspectiva restaurativa y de la víctima, y que establezca criterios de responsabilidad para los autores dentro del marco de la comprensión de la criminalidad de sus actos, en consonancia con su madurez y evolución".

La organización dejó en claro que la seguridad ciudadana es un derecho y una condición indispensable para que todas las personas —incluidos niños, niñas y adolescentes— puedan vivir plenamente y en comunidad.

Por lo demás, remarcó que el Comité de los Derechos del Niño indica que "pruebas documentadas en los campos del desarrollo infantil y la neurociencia indican que la madurez y la capacidad de pensamiento abstracto todavía están evolucionando en los niños de 12 a 13 años, debido a que la parte frontal de su corteza cerebral aún se está desarrollando", haciendo poco probable que comprendan completamente las consecuencias de sus acciones o los procedimientos penales.

Unicef se manifestó respecto a la Ley de Justicia Penal Juvenil. Crédito: Unicef

"De allí viene justamente la noción de inimputabilidad frente a un proceso penal riguroso. Es necesario, por lo tanto, un régimen penal para adolescentes que sea especializado dada la falta de madurez, plena conciencia y razonamiento para tomar decisiones determinantes en esta etapa de la vida", planteó.

Por ello el Comité insta a los Estados a que tomen nota de los últimos descubrimientos científicos y a que eleven en consecuencia la edad de responsabilidad penal en sus países a 14 años como mínimo.

A la vez, llamó a los Estados que tienen una edad mínima de responsabilidad penal más elevada, por ejemplo 15 o 16 años, a que no la reduzcan en ninguna circunstancia, de conformidad con el artículo 41 de la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.

Unicef insiste en que "proyectar una reforma de la justicia juvenil implica pensar en un proyecto socioeducativo que incluya la responsabilización y que resguarde el cumplimiento de garantías procesales y constitucionales".

Esta diferencia en el desarrollo madurativo y la adquisición de capacidades es la que fundamenta, entre otras, la prohibición para el consumo de alcohol, la edad para manejar o la posibilidad de incorporación a las fuerzas de seguridad, argumenta.

E indica que "un sistema penal juvenil deseable debe considerar el creciente nivel de responsabilidad en función de la edad del infractor, la reparación a la víctima y a la sociedad, y la existencia de mecanismos de apoyo que generen oportunidades para la gradual inclusión social de aquellos que han cometidos delitos".

Desde ya, en casos excepcionales y conforme las leyes provinciales en la materia, esas medidas pueden incluir como último recurso la privación de la libertad, pero desde el ámbito de la protección y para evitar riesgos a sí mismo y respecto de los demás, en línea con el principio de brevedad y excepcionalidad consagrado en el Art. 37 de la Convención de los Derechos del Niño.

Por otro lado, sostienen que se ha demostrado que la privación de la libertad, como medida habitual, genera un entorno de violencia para los jóvenes detenidos, lo cual favorece la reincidencia. Los adolescentes privados de su libertad son los que presentan mayores dificultades para la reinserción comunitaria, terminar la escuela e insertarse laboralmente.

Además, para la determinación de las penas asociadas a delitos cometidos por niñas, niños y adolescentes, opera de manera relevante el principio de proporcionalidad. Por lo tanto, las penas no deben ser desmedidas ni deben determinarse de la misma forma que a las personas adultas.

Posicionamiento Justicia Penal Juvenil 2026 by El Litoral

El Poder Ejecutivo de Santa Fe vetó un sólo artículo del Código Procesal Penal Juvenil sancionado el 30 de noviembre, propuso un texto alternativo, lo envió a Legislatura y habilitó a que el tema sea discutido en el presente Período de Sesiones Extraordinarias.

El artículo observado es el 74 que refiere a la entrada en vigencia del nuevo Código prevista originalmente en seis meses con prórroga fundamentada. La propuesta del Ejecutivo es que entre en vigencia en un año con una posibilidad de prórroga de 180 días. Es decir, que de aceptar la Legislatura -el oficialismo tiene cómoda mayoría- el criterio, el texto entraría en vigencia a principios de 2025 o bien a mediados de ese año. Todo 2024 de trabajo para su implementación.

Las objeciones al nuevo Código realizadas por sectores de la academia, organizaciones que trabajan con minoridad y algunas áreas actuales del Poder Ejecutivo no prosperaron. Primó el criterio de respetar el trabajo legislativo realizado durante dos años por la anterior composición de las cámaras que permitió reunir a todos los votos en el Senado y una cómoda mayoría en Diputados a la hora de sancionar la Ley 14.228.

Habrá que señalar que ante los infructuosos intentos de la última década de alcanzar un texto por las fuertes divergencias entre Senado y Diputados, se acordó una mecánica de trabajo en una especie de comisión bicameral que contó con la fuerte impronta de los senadores Lisandro Enrico y Raúl Gramajo y de los diputados Lionella Cattalini y Fabián Bastia. Ese grupo tomó el texto remitido por el Ejecutivo a cargo de Omar Perotti y que tuvo una fuerte participación de Gabriel Somaglia hasta que renunció a la secretaría de Justicia. Pero hubo opinión y participación de actores del Poder Judicial como el procurador General de la Corte, Jorge Barraguirre o ex fiscal general del MPA, Jorge Baclini.

Tres libros y 75 artículos sintetizan la tarea que realizaron durante 18 meses la bicameral. "La justicia de Menores es un auto fundido. No da más", graficó Enrico en el Senado para justificar la decisión de avanzar con la aprobación del camino para enjuiciar a adolescentes de entre 16 y 18 años.

El Código regula el proceso penal para personas que al momento de la comisión del hecho calificado como delito tengan menos de 18 años de edad y que conforme la ley penal sustantiva, puedan ser imputadas y en su caso, responsables penalmente del mismo. Determina que el menor tendrá el mismo procedimiento que los mayores con investigaciones a cargo de fiscales supervisados por jueces.

Se dispone que los actuales jueces de menores formarán el colegio de jueces mientras que los asesores que trabajan en los juzgados pasarán a ser fiscales adjuntos para el destino que dispongan los fiscales regionales. El personal administrativo de esos juzgados también pasará al MPA. Se le da participación a la víctima y habilita la posibilidad de juicios abreviados y probation.

Una parte del Código avanza sobre casos de menores de 16 años que no pueden ser condenados pero que en caso de delinquir serán sometidos a un mini proceso y a un compromiso del juez con el destino de ese menor en caso de ser encontrado culpable. Este tema es fuertemente observado por algunos sectores de la academia e incluso mereció en Diputados un fuerte rechazo de la entonces diputada Matilde Bruera, presidenta de Justicia Legítima.

El Código fue uno de los últimos proyectos de ley votados por Pullaro como diputados y la observación del plazo la realiza ahora como titular del Poder Ejecutivo.

En los fundamentos el Ejecutivo advierte las numerosas modificaciones que implican impacto presupuestario así como reorganización de órganos y entes estatales para adecuar las estructuras y funcionamientos actuales al nuevo sistema creado legislativamente. Así advierte que "se considera que se necesita un mayor plazo para la entrada en vigencia de la norma de referencia, a efectos de dotar a los órganos y entes con competencia en la materia de la organización y de las partidas presupuestarias necesarias para cumplir adecuadamente con los requerimientos del sistema".

El nuevo texto previsto para el artículo 74° será el siguiente: .-Vigencia. Las disposiciones de la presente ley entrarán en efectiva vigencia a los trescientos sesenta (360) días de su promulgación, prorrogables fundadamente por el Poder Ejecutivo por ciento ochenta (180) días. Sin perjuicio de ello, si el Poder Ejecutivo estimare reunidas las condiciones podrá disponer la entrada en vigencia progresiva territorialmente con anterioridad al plazo fijado. A partir de su entrada en vigencia, las normas del Código Procesal Penal Juvenil se aplicarán a todas las causas, quedando derogadas las normas correspondientes a las materias tratadas en la ley 11452, sus modificatorias y todas las leyes que se le opongan. Desde la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Juvenil la acción penal será ejercida en todas las causas por el Fiscal, conforme lo dispone el Código Procesal Penal y la ley 13013. A los efectos legales que correspondan intervendrán los jueces conforme lo establece la ley 13018, y en su caso, deberá tomar intervención el Servicio Público Provincial de Defensa Penal, de acuerdo a lo previsto en la ley 13014, para garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables"

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia le hizo notar a Diputados lo inconsulta que fue la sanción del Código. En una nota a la actual presidenta, Clara García, no dejan de mencionar que "en la anterior composición de la Cámara de Diputados nos vimos sorprendidos con la súbita sanción del Código Procesal Penal Juvenil en horas, sin debate y a libro cerrado; a lo cual formalmente solicitamos al entonces presidente Pablo Farías, se incorpore el derecho de opción para funcionarios y empleados en el traspaso de la justicia de Menores al MPA, para respetar la dignidad de los trabajadores al poder expresar su consentimiento y a su vez de este modo lograr el buen funcionamiento del Poder Judicial".

El Litoral El gobernador Omar Perotti encabezó este martes un encuentro en el marco del programa Santa Fe + Justicia, en cuyo transcurso se presentaron los proyectos de Código Procesal Penal Juvenil y de ley de Defensa de los Consumidores. Lo hizo en una reunión de la que participaron funcionarios provinciales, representantes del Poder Judicial y Legislativo, el Ministerio Público de la Acusación, del Servicio Público provincial de la Defensa Penal, colegios de abogados, universidades, entre otros. Al término del acto, la ministra de Gobierno, Celia Arena, identificó tres cuestiones como centrales en el desarrollo del programa, iniciado el año pasado: “Un tema que la sociedad nos reclama, que son respuestas ágiles, integrales, igualitarias, efectivas. Y dos vinculadas a proyectos de ley: la Ley de defensa de Consumidores y Consumidoras, y el Código Procesal Penal Juvenil, que son deudas que tenía Santa Fe. Respecto de la primera, la legislación nacional data del año 1993, la Constitución Nacional la jerarquizó en el año ’94, y de esta manera, con un trabajo colectivo, llegamos a este proyecto. Lo mismo ocurrió con la ley Procesal Penal Juvenil, que enmarca y salda una deuda histórica en la política de derechos humanos, poniendo a la provincia a la altura de la legislación nacional e internacional.

– En términos prácticos, ¿que implica tener un nuevo Código de procedimiento juvenil?, ¿qué cambia?, preguntó El Litoral.

– Muchas cosas cambian. Nos estamos rigiendo en parte por la Ley de Patronato y hay una diferencia entre el sistema acusatorio, que se lleva adelante para los mayores, con este sistema que avanza no solamente en el marco de protección de los derechos de los jóvenes poniendo el centro en el diálogo y en la reinserción social, sino que tiene también un capítulo especial de víctimas, que es muy interesante. A esto se suma el convenio con el Poder Judicial para la digitalización de trámites del Registro General de la Propiedad, que va en línea con el objetivo de desburocratizar y hacer eje en la conectividad y la apropiación de derechos.

Por su parte, el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, señaló que “toda modificación que implique mejorar los derechos y construir proyectos de normas de un modo colectivo y de una manera centrada en el consenso y libertad siempre es satisfactorio porque se llega con un pre trabajo a la Legislatura provincial. Los proyectos de normas construidos a través de la academia, los magistrados, los abogados, permiten ya un mayor nivel de solvencia en cuanto al tratamiento en la Legislatura”. En tal sentido, estableció dos ejes: “En cuanto al Código Procesal Penal Juvenil, tiene que ver con cómo se va a enjuiciar a aquellos menores de entre 16 y 18 años que delinquen, y se instaura el juicio oral; hoy están regidos por una ley de hace más de 25 años, el viejo sistema inquisitivo y hoy se democratiza ese proceso, como tienen los mayores desde hace 8 años. “A esto se suma la posibilidad para las víctimas de los delitos cometidos por esta franja de menores, no solamente de tener una participación directa siendo consultadas en forma previa a la sentencia, sino también de algo que hoy está vedado, que es la de ser querellantes; reclamar la instrucción cuando estos menores delinquen”, añadió. Somaglia destacó también la situación de los menores “calificados como no punibles, que no pueden ser sancionados penalmente, que son los menores de 16 años. Y si bien se señalan que no pueden abordarse de esa manera, ahora se va a poder hacer a través de una intervención multidisciplinaria”.