El gobierno nacional anunció que enviará al Congreso un proyecto de nuevo Código Penal, con endurecimiento de penas, ampliación de delitos imprescriptibles y la tipificación de nuevas figuras vinculadas al crimen organizado, la violencia urbana y los delitos tecnológicos.

Así lo confirmó el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien anunció en redes sociales este martes por la noche que acababa de tener una reunión de trabajo con el presidente Javier Milei “en la que hemos decidido avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal a la altura de los desafíos actuales”.

“A su vez, en la transición hacia el momento en que tengamos el nuevo Código Penal, trabajaremos junto al Congreso de la Nación en el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y en la incorporación de nuevos delitos tales como: delitos migratorios, estafas piramidales, viuda negra, salideras y entraderas, motochorro, daño animal, armas en las cárceles, picadas y centralidad sobre las víctimas”, anunció el ministro de Justicia.

En rigor, se había previsto que el nuevo Código fuese tratado en el período de sesiones extraordinarias, pero el texto nunca llegó a las cámaras.

El proyecto había sido anunciado a principios de octubre por propio presidente Javier Milei, junto a la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza, en ocasión de presentar el Plan de Tolerancia Cero con el Crimen.

Durante el acto, Milei afirmó que se con él se ponía fin a “años de garantismo que se encargaron de atarle jurídicamente las manos a las fuerzas de seguridad, a jueces y fiscales que querían combatir el crimen”. Y prometió que “si logramos aprobar estas reformas, quienes delinquen la van a pagar en serio”, para que “los argentinos de bien puedan volver a vivir en libertad”.

Bullrich detalló que el nuevo Código se basaría en tres pilares: agravamiento de penas, imprescriptibilidad de delitos aberrantes y cumplimiento efectivo de las condenas. “La Argentina tiene condenas bajas, ahora se termina la impunidad”, sostuvo.

Ya entonces se indicó que la reforma propondría que delitos graves como homicidios, trata de personas, delitos contra la integridad sexual, narcotráfico, crímenes de lesa humanidad, terrorismo y su financiamiento no prescriban.

También se endurecerían las penas para delitos cotidianos como hurtos, robos de celulares, entraderas, estafas piramidales, salideras bancarias, delitos viales, usurpación, falso testimonio y amenazas.

Según trascendió, en el nuevo Código Penal que el Gobierno se propone mandar al Congreso, no se modificaría el delito de femicidio como agravante del homicidio, ni tampoco se avanzaría con el tema del aborto, cuestión de no generar reacciones adversas en el Congreso que terminen frenando el texto.

La reforma será una de las prioridades que el Ejecutivo enviará al Congreso durante la primera etapa de sesiones ordinarias. La decisión fue consensuada por la mesa política del oficialismo para marcar la estrategia legislativa de los próximos meses, en una etapa donde se busca recuperar la iniciativa en cuestiones de interés público.

La agenda incluye, además de las reformas a la ley de Glaciares que ya comenzaron a discutirse en audiencias públicas, cambios en las leyes de expropiaciones, Tierras, Manejo del Fuego y de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana.

También, el nuevo esquema de financiamiento universitario que pueda ser compatibilizado con el equilibrio fiscal y la ley Hojarasca, impulsada por Federico Sturzenegger para suprimir legislación y “liberar” la economía.

En cuanto al Código Penal, Mahiques trabaja en una nueva redacción de la propuesta elaborada por su antecesor, Mariano Cúneo Libarona, sobre la cual ya elevó una consulta a la Corte Suprema y en la que está trabajando la comisión encabezada por el juez Mariano Borinsky.

Mahiques dispuso una revisión integral del borrador con el criterio de simplificar su estructura, reducir la extensión y otorgarle mayor precisión técnica antes de su tratamiento legislativo.

Por lo demás, el nuevo esquema buscará mantener la esencia del proyecto original, pero con modificaciones sustanciales en su diseño. La intención del Ejecutivo es contar con una normativa más clara y operativa, alineada con los principios del actual gobierno y adaptada a los desafíos contemporáneos en materia penal.

En ese sentido es que los cambios en análisis apuntan al endurecimiento de penas para delitos económicos, narcotráfico, terrorismo y ciberdelitos, así como la incorporación de nuevas figuras vinculadas a problemáticas emergentes. También se prevé una actualización en delitos informáticos, incluyendo hackeos, accesos ilegítimos y ataques a sistemas críticos.

El proyecto contempla además adecuaciones vinculadas a compromisos internacionales, en particular en materia de propiedad intelectual e industrial, y la inclusión de herramientas más estrictas para el combate del crimen organizado. En paralelo, se mantendrían figuras orientadas a sancionar conductas de funcionarios que afecten la estabilidad fiscal y monetaria.

Según se supo, la redacción del texto reduciría la cantidad de artículos, de los 912 actuales a medio millar aproximadamente. Además de las nuevas figuras y el criterio de endurecimiento del volumen de las penas, se ampliaría la cantidad de delitos que no prescribirían.

El presidente Javier Milei envió al Congreso la Ley Ómnibus, una propuesta que aborda diversas medidas cruciales para su modelo de gobierno. Entre las iniciativas más destacadas se encuentran la privatización de empresas estatales, la modificación de la fórmula jubilatoria y la transferencia de facultades del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. También plantea modificar el Código Penal en relación con la "resistencia a la autoridad" y la "legítima defensa".

La propuesta busca redefinir las circunstancias en las cuales una persona puede alegar legítima defensa. Según el nuevo texto, no serán punibles aquellos actos cometidos por alguien que haya actuado en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurran diversas circunstancias. Entre ellas se incluyen la agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión y la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.

Una de las principales modificaciones quedó plasmada en el inciso 4, que considera no punibles a “quienes obraren en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”, pero agrega como continuidad que “la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”.

La ley actual faculta a la Justicia a que establezca si el medio empleado está justificado, por lo que puede considerarse que quien obró en cumplimiento del deber quizá haya actuado con exceso y, en ese caso, le cabe una pena.

Además, los familiares de quien cometa un delito, en caso de fallecimiento, no podrán “querellar o demandar a quien hubiera repelido la acción o impedido la huida” del perpetrador.

Otro punto es la ampliación de las situaciones que se considerarían legítima defensa. Se incluyen casos como el rechazo del escalamiento o fractura de cercados, paredes o entradas de la vivienda, así como la defensa contra un intruso en el hogar, siempre que haya resistencia o señales de una agresión inminente. Además, se contempla la legítima defensa en situaciones donde exista una diferencia de edad, contextura física, experiencia en riña o número de agresores que pueda razonablemente hacer temer por la integridad física o sexual de quien se defiende.

La propuesta también aborda la legítima defensa en casos de defensa de la persona o derechos de otro. En estos casos, se requiere que el agresor haya provocado la situación y que el tercero defensor no haya participado en esa provocación. Asimismo, se establece que aquellos que cometen un delito, incluso en grado de tentativa, carecerán de acción para querellar o demandar a quien haya repelido la acción o impedido la huida, siempre y cuando la defensa se haya realizado en ejercicio de su deber, autoridad o cargo.

Los defensores de las reformas argumentan que brindar un respaldo legal más amplio a la legítima defensa fortalecerá la seguridad ciudadana y permitirá a las personas proteger sus propios hogares y derechos de manera más efectiva. Además, destacan la importancia de considerar la proporcionalidad del medio empleado en favor de quien actúa en defensa propia o de terceros.

Sin embargo, los críticos expresan preocupaciones sobre posibles abusos y malas interpretaciones de la legítima defensa, especialmente en situaciones donde la percepción del peligro puede ser subjetiva.

Una intervención televisiva dejó a Carolina Losada este fin de semana inesperadamente en el centro de la escena y de las críticas. La senadora nacional participaba del programa de Mirtha Legrand, cuando sorprendió hablando sobre la venta de bebés en la ciudad de Rosario, en plena vía pública. “Es algo que parece obvio como el lemon pie de limón, pero en Rosario en la esquina de un barrio vendían bebés por $60.000”, disparó.

Lo hizo para contextualizar y aludir a la presentación de un proyecto de ley de su autoría que busca incorporar al Código Penal Argentino el delito de venta de niñas y niños. “La venta de un niño o niña tiene que ser penada con una figura concreta y especial, debido a la gravedad del hecho. Estamos llevando una solución para ese vacío legislativo tan peligroso”, señaló la senadora.

Losada aludía a un caso generado en mayo efectivamente en la ciudad de Rosario, cuando una pareja fue detenida por la Justicia Federal después de ofrecer a través de las redes sociales vender a su bebé de dos meses. Fue un caso, pero Losada generalizó. Y eso le valió la crítica inmediata del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. “¿Hizo la denuncia formal ante la Justicia Federal de Rosario? Debería saber que es su obligación como funcionaria pública, frente a un delito gravísimo que afecta el derecho a la identidad y contrario a la dignidad humana”, posteó el funcionario.

Losada volvió a responder a Aníbal Fernández, siempre a través de las redes. “No para de hacer papelones, como cuando vino al Senado y no encontraba los papeles de sus apuntes”, escribió la legisladora en alusión a la última intervención del ministro en la Cámara alta. A continuación, posteó varios títulos periodísticos en los que se aludía al caso mencionado de mayo en la ciudad de Rosario.

Ni la réplica de Losada a Aníbal precisando a qué hecho puntual se refería ni el resto de sus explicaciones aplacaron las críticas que también comenzaron a generarse desde el gobierno provincial. Con ironía, fue el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, quien en primera instancia le reprochó el hecho a Losada. “Uno puede elegir informar tremendo dato a la Justicia o hacer campaña en TV. Y optó. Siempre en campaña. No importa con qué”, expresó a través de su cuenta de Twitter en alusión directa a Losada, el ministro Corach.

Con más desarrollo que Corach, también le respondió a Carolina Losada la ministra de Gobierno, Celia Arena. “Los santafesinos y santafesinas vimos cómo una representante de nuestra provincia, como lo es Losada, trató temas tan delicados con frases armadas y con el único objetivo de estigmatizar a Rosario en la ocurrencia de que con eso se consigue algún tipo de rédito político”, planteó. “Le sugiero a la Senadora -continuó – que, si tiene información certera sobre venta de niños en Santa Fe, realice las denuncias y aporte esa información como se hizo institucionalmente en mayo ante una publicación en redes sociales, que luego resultara ser un intento de estafa”.

Arena advirtió a la legisladora que si no realiza esas denuncias, quien está yendo en contra de la ley y sus obligaciones es ella. “Le recuerdo que es funcionaria pública. No sólo se trata de una obligación legal, sino y principalmente moral. ¿La senadora tiene certezas de que en Rosario se venden niños y no alerta a las autoridades, aportando información precisa? Ante casos con niños, actuamos. Por eso fuimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace pocos días y reconocimos la responsabilidad del Estado en un caso de 2014, por una medida judicial de guarda que suponía una apropiación ilegal”, recordó la ministra. “Porque ése es el camino: en los casos donde uno entiende que los niños y niñas están siendo vulnerados, se actúa institucionalmente para brindar las soluciones, pero no se hacen artificios discursivos”, concluyó.