El régimen talibán ha dado un paso definitivo en la desarticulación de los derechos civiles en Afganistán. Tras meses de decretos aislados que limitaban el acceso a la educación y el trabajo, la reciente entrada en vigor de un nuevo Código Penal ha formalizado lo que organismos internacionales califican como un "apartheid de género".

La normativa no solo elimina las protecciones básicas contra la violencia doméstica, sino que autoriza explícitamente el uso de la fuerza física contra las mujeres bajo criterios de "obediencia".

Este nuevo marco legal sustituye por completo las leyes de protección que se habían gestado durante las últimas dos décadas. El texto, que carece de una estructura jurídica moderna, se presenta como una serie de directrices que otorgan a los hombres —padres, esposos y hermanos— la autoridad para "corregir" el comportamiento femenino mediante el castigo físico.

Uno de los puntos más críticos de la reforma es la desaparición del delito de violencia intrafamiliar. Bajo el nuevo código, los actos de agresión dentro del hogar ya no son perseguibles por el Estado, siempre que el agresor alegue una justificación moral o religiosa. Esto deja a millones de mujeres afganas en un estado de vulnerabilidad absoluta, sin refugios legales ni posibilidad de denuncia.

Expertos en derechos humanos señalan que el código utiliza un lenguaje ambiguo que permite a los jueces interpretar cualquier acto de autonomía femenina (como salir a la calle sin un acompañante masculino o trabajar sin permiso) como una falta grave que amerita castigos que van desde azotes públicos hasta la reclusión domiciliaria forzada.

El impacto de esta ley se ve agravado por la estructura del sistema judicial talibán. Al haber eliminado la presencia de abogadas, juezas y fiscales, las mujeres afganas se enfrentan a tribunales compuestos exclusivamente por clérigos que aplican interpretaciones extremistas de la ley.

Impunidad total: No existen mecanismos para que una mujer denuncie abusos físicos o sexuales sin riesgo de ser acusada ella misma de "adulterio" o "conducta inmoral".

Poder discrecional: El código otorga a los agentes de la "Policía de la Moral" la potestad de castigar en el acto cualquier infracción estética o de comportamiento en la vía pública.

Con esta normativa, Afganistán se consolida como el único país del mundo donde la violencia contra la mujer es, de facto, una política de Estado protegida por la ley. La ONU y diversas ONGs han manifestado que este código penal es la pieza final de un engranaje diseñado para borrar a la mujer de la vida pública.

Mientras la comunidad internacional debate posibles sanciones, la realidad en las calles de Kabul y otras provincias es de un silencio impuesto por el terror. El nuevo código no busca solo castigar el crimen, sino rediseñar la estructura social afgana sobre la base de la sumisión femenina absoluta.

(Por Mauro Muñoz) - El arranque de la segunda etapa del gobierno de Javier Milei tendrá como punto de partida el próximo 10 de diciembre. Así lo hicieron entender desde el Ejecutivo este miércoles, luego de la jura de Manuel Adorni como Jefe de Gabinete y tras la reunión con la reforzada bancada que tendrá el oficialismo por la contundente victoria en las elecciones.

El Gobierno confirmó que enviará durante las próximas horas al Congreso el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias, previsto del 10 al 31 de diciembre, aunque con margen para extender el período por todo enero y febrero.

El temario será la hoja de ruta de lo que la administración libertaria llaman “las reformas de segunda generación”. Allí aparecen la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma del Código Penal. Pero, en primera instancia, tendrá un capítulo especial con el Presupuesto 2026, que este martes obtuvo dictamen de mayoría en Diputados gracias al voto doble de "Bertie" Benegas Lynch.

El Gobierno considera que el recambio legislativo del 10 de diciembre generará la “ventana perfecta” para avanzar con todo. En palabras del ministro saliente de Defensa y futuro senador, Luis Petri: “La madre de todas las batallas se va a dar en el Congreso. Y va a comenzar el 10 de diciembre”.

Aunque el llamado aún no fue publicado en el Boletín Oficial, en la Presidencia ya dieron por cerrado el temario y conversan con gobernadores, jefes de bloque y técnicos del equipo económico. Mientras, se trabaja en la redacción finar de las reformas, que unirán la narrativa los ejes libertarios con los reclamos de Estados Unidos, el FMI y los sectores dialoguistas.

El Presupuesto 2026 tendrá como base el equilibrio fiscal, baja del gasto público y una distribución revisada para obras y transporte. Las reformas laboral y tributaria tendrán como punto de partida los proyectos que emerjan del Consejo de Mayo, pero también con la intención de que legisladores del oficialismo presenten los suyos. En tanto, la reforma del Código Penal fue presentada por el Ejecutivo, buscando incorporar nuevos delitos y agravar sanciones.

Javier Milei junto a su renovado Gabinete para la segunda etapa de gestión.

De acuerdo a fuentes parlamentarias, también se evalúa la posibilidad de sumar otros proyectos de interés para el Gobierno como el de Inocencia Fiscal, destinado a movilizar los “dólares del colchón”, iniciativa que fue anunciada en mayo pero que no encontró aún el momento para ser tratada. Lo propio podría suceder con un paquete de desregulaciones de acuerdo a lo que adelantó el equipo que comanda el Ministro de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Dada la magnitud de las reformas, no se descarta extender el llamado más allá de enero. Sin embargo, ya comenzaron las negociaciones con el renovado Gabinete en el que destacan Manuel Adorni, oficializado este miércoles como jefe de Gabinete, Diego Santilli, como ministro del Interior aunque todavía sin asumir, y Martín Menem que fue ratificado como presidente de la Cámara de Diputados.

Todos estarán bajo la coordinación de la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei. Este miércoles, encabezó en la Rosada una reunión con unos 100 diputados y senadores (entre actuales y electos) a quienes les marcó el tono de la etapa que se abre.

Karina Milei coordina la estrategia política del Gobierno.

De acuerdo a lo informado por los cronistas parlamentarios, Karina bajó línea concreta: cumplimiento del reglamento y disciplina total sobre el temario del Ejecutivo.

Aunque el Gobierno consiguió dictamen de mayoría para el Presupuesto 2026, sabe que aún no está cerrado el acompañamiento del resto de los bloques, especialmente el de los legisladores que responden a los gobernadores. En ese marco, las provincias vienen planteando fondos para obra pública, compensaciones por subsidios al transporte y recomposición de la deuda de las cajas previsionales, entre otros puntos como definiciones sobre el reparto de los ATN, tras el veto presidencial a la ley sancionada meses atrás.

Mientras prepara su salida del Ministerio de Defensa para asumir su banca en el Senado, Petri confirmó que será una de las voces que defenderá el paquete reformista en la Cámara alta.

“La madre de todas las batallas se va a dar en el Congreso y va a comenzar el 10 de diciembre, cuando tratemos las reformas obstruidas en su tratamiento durante muchísimo tiempo, pero que son absolutamente necesarias”, afirmó Petri.

En declaraciones radiales este miércoles consideró que la elección del 26 de octubre fue un respaldo a “las políticas económicas, sociales y de seguridad del Gobierno". “El pueblo dio un fuerte espaldarazo al Gobierno. Pero no es un cheque en blanco: es un mandato”, agregó.

En la Casa Rosada consideran a Petri como una pieza clave en Diputados en una bancada que pasará a tener más de cien bancas, consolidándose como primera minoría en alianza con el PRO. Algo similar ocurrirá en el Senado, junto a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, para conducir un bloque oficialista que pasará a tener 18 legisladores propios.

Respecto de las reformas que impulsa el Gobierno, destacó la laboral que mejorará la situación de “ocho millones de trabajadores sin derechos” que están en “absoluta precariedad” y argumentó que quienes se oponen a estas modernizaciones están “negándoles derechos a la mayoría del mercado laboral argentino”.

(Por Juliano Salierno) - Luego de que la jueza Cecilia Labanca admitiera la acusación presentada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) contra siete personas investigadas por organizar una estructura jurídica y financiera para captar apuestas ilegales de casinos online, el fiscal a cargo de la investigación, Agustín Nigro, destacó la solidez de la causa y la importancia del avance judicial.

La audiencia preliminar, realizada a lo largo de varias semanas en los tribunales de Santa Fe, culminó con la aceptación del requerimiento fiscal, que incluyó la totalidad de la prueba testimonial, documental y material aportada. La jueza Labanca también rechazó los pedidos de incompetencia, sobreseimiento y suspensión de juicio a prueba presentados por la defensa.

Los siete imputados, entre ellos dos ciudadanos brasileños y cinco argentinos de entre 28 y 63 años, son acusados por la coautoría en la organización de un sistema de captación ilegal de apuestas online.

Según el MPA, la maniobra operó entre abril de 2023 y octubre de 2024. Foto: Guillermo Di Salvatore

Según el MPA, la maniobra operó entre abril de 2023 y octubre de 2024, gestionando apuestas provenientes de juegos de azar virtuales vinculados a pronósticos deportivos, que se efectuaban a través de al menos 385 sitios web bloqueados judicialmente.

El fiscal Nigro explicó que los acusados utilizaron la estructura jurídica de dos sociedades comerciales extranjeras y la infraestructura financiera contratada a un banco nacional para concretar las operaciones ilícitas. Los dos brasileños, identificados como Claudio Marcos Just Cavalcante (52) y Carlos Eduardo Franco Russo (35), lideraban dichas compañías.

Además, el fiscal advirtió que alrededor del 20% de las transacciones correspondían a adolescentes que rondaban los 15 años, mientras que la edad promedio de los usuarios de los sitios ilegales era de 24 años.

La ausencia de controles para impedir la participación de menores fue uno de los factores que motivó la investigación, enmarcada dentro de los objetivos priorizados en el Plan de Persecución Penal de la Fiscalía General.

En cuanto a las penas solicitadas, el MPA pidió cinco años y seis meses de prisión para los dos ciudadanos brasileños.

Para tres argentinos -Natalia Soledad Salinas (40), Agustín Suares Araujo (48), Santiago Corbetta (41)- se solicitaron cuatro años y seis meses, mientras que para otros dos imputados -Justina García de la Peña (37) y Alejandro Gelormini (63)- la petición es de cuatro años de prisión. También se requirieron las multas máximas previstas en el Código Penal para todos los acusados.

“Esperamos que el juicio se realice a la brevedad", dijo el Dr. Nigro. Foto: Guillermo Di Salvatore.

Actualmente, el proceso continúa con la etapa en la que las defensas podrán apelar la admisión de la acusación. Tras la resolución de estos recursos, la justicia deberá dictar el auto de apertura a juicio, y la Oficina de Gestión Judicial asignará tribunal y fecha para el debate oral, aún sin definición.

“Esperamos que el juicio se realice a la brevedad para llevar adelante la persecución penal de esta organización que afectó a múltiples jurisdicciones y a cientos de apostadores en todo el país”, concluyó Nigro.

Por Emerio Agretti

El anteproyecto de Código Penal que presentó el gobierno nacional, bajo la consigna “tolerancia cero”, busca ordenar en un único cuerpo múltiples normas penales especiales que se acumularon durante sus más de cien años de vigencia, e intenta responder a flagelos actuales como el crimen organizado transnacional, la violencia digital o el narcotráfico.

La iniciativa unifica el texto vigente con otras leyes penales especiales sancionadas en el último siglo, lo que deriva en un cuerpo normativo que pasa de 316 a 920 artículos. Promueve un endurecimiento generalizado de las penas, la no prescripción de algunos delitos graves como abusos sexuales, trata de personas y narcotráfico, e incorpora nuevos delitos, como el cibercrimen con inteligencia artificial. También establece el sistema procesal acusatorio, el cumplimiento efectivo de las condenas, la restricción de la liberación anticipada y la baja en la edad de imputabilidad.

El Código Penal vigente data de 1921. Aunque a lo largo de los años se le han realizado más de mil modificaciones parciales, que se incorporaron a través de leyes, nunca se hizo una reforma integral del texto.

Esta propuesta integral fue presentada por el propio presidente Javier Milei, junto a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en un acto en el Complejo Penitenciario Federal N° 1 de Ezeiza, que pretendió escenificar el concepto de "el que las hace las paga”, como aglutinador de “tolerancia cero, que los juicios se hagan rápido y los delincuentes cumplan la condena donde corresponde: en la cárcel", en palabras del mandatario.

Milei remarcó que "años de garantismo se encargaron de atarle jurídicamente las manos a las Fuerzas de Seguridad, a los jueces y a los fiscales", por lo que ahora su gestión se encargará de impulsar "estas reformas de tolerancia cero contra la delincuencia".

Antes, Bullrich resumió los aspectos centrales del proyecto, emanado de una comisión especial que encabezó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. "Este código tiene tres componentes centrales: el primero es el agravamiento de las penas del homicidio simple, porque la vida es el valor más sagrado. Aumenta de 10 a 30 años los homicidios agravados", señaló.

También puntualizó que la portación de armas sin permiso "va a tener una pena no excarcelable y si la persona tiene antecedentes va a ser un agravante", mientras que "también la portación de armas blancas".

"El hurto en nuestro país era una vergüenza: hurtabas una, mil veces y no pasaba nada. Ahora va a haber una pena de hasta 3 años", planteó. "Robar el celular o las pertenencias, la intimidad de una persona, no significará que van a entrar y salir como sucede ahora. Te vas a quedar adentro de 3 a 12 años", insistió.

Dijo además que "entrar a la propiedad privada, quedarse, usurparla, pasaban años sin que se pudiera solucionar", pero "ahora se va a ordenar y la restitución es inmediata del inmueble a sus titulares".

Bullrich remarcó que a "las falsas denuncias, cuando se vinculan a delitos sexuales, cuando se restringe la posibilidad de ver a los hijos, o a los contactos familiares, las vamos a incorporar por primera vez en el Código Penal Argentino".

Planteó que "la Argentina tiene condenas bajas de cohecho, de corrupción, de delitos contra el Estado", por lo que "ahora se termina la impunidad, más aún con contrataciones públicas" y se agravarán esos delitos para "el Presidente y el Vicepresidente, ministros, gobernadores, altos cargos, jueces, diputados, senadores: el que roba va en cana".

También se elevan las penas de todos los delitos complejos "como el narcotráfico, la trata de personas, el crimen organizado, el secuestro extorsivo y la pornografía infantil". "El 82% de los delitos son de prisión efectiva, es verdad que el que las hace las paga", finalizó.

El sitio Chequeado sistematizó en 10 los principales puntos de la reforma.

1) Unificación normativa histórica.- Después de 105 años, el proyecto de reforma del Código unifica en un único cuerpo normativo las disposiciones del texto vigente desde 1921 y las más de mil leyes especiales. Con la unificación, pasaría de 316 a 920 artículos, y se buscaría eliminar las contradicciones propias de las reformas parciales.

2) Imprescriptibilidad de delitos “gravísimos”. - Los delitos más graves ya no prescribirán, abarcando homicidios, abusos sexuales, trata de personas, narcotráfico y crímenes de lesa humanidad. Actualmente, los únicos imprescriptibles son estos últimos. La prescripción es la garantía que tienen los ciudadanos de ser juzgados en un plazo razonable. Los delitos con pena perpetua, por ejemplo, prescriben a los 15 años. Por el contrario, el proyecto prevé la extinción de la acción penal para casos no complejos que superen plazos razonables.

3) Endurecimiento generalizado de penas.- Se elevan las penas en prácticamente todos los delitos. El homicidio simple, con esta reforma, pasará a tener una pena de hasta 30 años de prisión. Se agravan las sanciones para delitos cotidianos como robo de celulares, “entraderas”, estafas piramidales, “salideras bancarias” y delitos viales.

4) Ciberdelitos e inteligencia artificial.- Se crea un capítulo completo de delitos informáticos que incluye la creación de imágenes falsas de contenido sexual mediante IA, el fraude digital y los ciberataques complejos. Se ordena la eliminación inmediata de estas reproducciones. Actualmente, existen algunos delitos informáticos dispersos, pero sin un tratamiento integral ni contemplación específica de la IA.

5) Nuevas figuras delictivas del siglo XXI. - Se tipifican delitos inexistentes en el Código actual: “stealthing” (retiro no consentido del preservativo), pornovenganza, secuestro virtual, violencia organizada, estafas piramidales, crueldad animal sistemática, delitos ambientales y desvío de cuota alimentaria, entre otros.

6) Lucha contra la corrupción. - Se incrementan sustancialmente las penas para funcionarios por delitos contra la administración pública, se incorpora el soborno entre privados, se elimina la libertad condicional para reincidentes y condenados por delitos graves, y se rediseña el enriquecimiento ilícito. Se habilita el decomiso anticipado de bienes en casos de terrorismo, narcotráfico y corrupción.

7) Narcotráfico, con penas más severas.- Se mantienen las penas base de 4 a 15 años establecidas en la Ley 23.737, pero se eleva el máximo a 25 años (actualmente es 20) para organizadores del tráfico internacional. Se crean figuras autónomas para precursores químicos, opioides sintéticos y sustancias especialmente peligrosas.

8) Mayor protección a las víctimas.- Se incorpora el concepto de “seguimiento socio-judicial” para condenados que terminan de cumplir la pena en delitos graves. Los jueces deberán escuchar a las víctimas antes de decisiones que extingan la acción penal y notificarles todas las resoluciones. Se garantiza su participación activa en el proceso.

9) Se amplía la responsabilidad penal de personas jurídicas.- Se establece sin restricciones para todo tipo de delitos, con criterios claros de imputación y sanción. Actualmente existe responsabilidad penal de personas jurídicas solo para ciertos delitos como lavado de activos y delitos económicos y financieros, pero el proyecto la extiende a todos los delitos.

10) Delitos contra la familia y violencia de género.- Se crea un capítulo completo sobre delitos que afectan la vida familiar: hostigamiento, maltrato, discriminación e incumplimiento de deberes de asistencia. Se incrementan las penas para delitos sexuales, se tipifica el acoso sexual en ámbitos laborales y docentes, y se agravan las penas por grooming y difusión de material de abuso infantil.

El capítulo sobre responsabilidad penal de menores introduce la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, fundamentando que los adolescentes comprenden la criminalidad de sus actos y que la legislación vigente favorece su captación por grupos criminales.

Finalmente, el texto proyecta la implementación obligatoria del sistema acusatorio, en reemplazo del modelo inquisitivo tradicional, con el objetivo de agilizar los procesos penales y asegurar mayor transparencia. El nuevo esquema otorga al fiscal la función de investigar y acusar, al imputado la posibilidad de defensa plena y al juez la de actuar exclusivamente como árbitro.

En el dictamen presentado ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Luciani y Mola fueron enfáticos: “Jamás existieron motivos reales para apartarse de lo que constituye una clara regla del Código Penal”. Según los fiscales, la prisión debe cumplirse en un establecimiento penitenciario, salvo excepciones debidamente justificadas.

Argumentaron que la condición de mayor de 70 años no es suficiente para habilitar la morigeración. “Debe constatarse que la detención carcelaria supone un trato inhumano, indigno o cruel”, explicaron. En el caso de Fernández, “no se acreditaron tales condiciones”, añadieron.

También hicieron referencia a un informe reservado que el Ministerio de Seguridad elevó al tribunal el 11 de junio, donde se afirmó que existen condiciones para alojar a la ex mandataria en una dependencia del SPF sin comprometer su integridad física.

Luciani y Mola afirman que no hay trato cruel ni indigno en alojar a Cristina en una cárcel común.

Hace dos semanas, el Tribunal Oral Federal 2 ordenó la detención de Cristina en cumplimiento de la condena por administración fraudulenta contra el Estado. Se le atribuyó el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez, generando un perjuicio de más de $85.000 millones.

El TOF 2 —integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso— consideró que, debido a su rol institucional y su condición de ex jefa de Estado, resultaba riesgoso su alojamiento en una cárcel federal. Por eso autorizó el cumplimiento domiciliario de la pena, con tobillera electrónica y un régimen de visitas restringido.

Ese criterio fue cuestionado de inmediato por la fiscalía, que ahora formalizó su apelación para que el arresto domiciliario sea revocado. “No se advierten razones humanitarias que justifiquen conceder una medida excepcional como lo es la prisión domiciliaria”, reiteraron.

Ahora, la decisión está en manos de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal. Ese tribunal deberá evaluar si el TOF actuó conforme a derecho al otorgar la prisión domiciliaria o si corresponde su revocación. La resolución podría conocerse antes del receso judicial de invierno.

Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria con monitoreo permanente y bajo reglas estrictas de conducta. Su abogado, Carlos Beraldi, se opuso además a las limitaciones sobre las visitas que puede recibir y a la utilización de la tobillera electrónica, pero su reclamo aún no fue resuelto.

En paralelo, la defensa aguarda una definición de la Corte Suprema sobre los recursos extraordinarios pendientes. Hasta tanto, la condena sigue en etapa de ejecución, aunque no está firme en todos sus tramos.

El TOF 2 alegó razones de seguridad institucional para otorgar la prisión domiciliaria.

En el dictamen, los fiscales también apuntaron a la equidad procesal. “Debe evitarse que figuras públicas reciban beneficios que no se otorgan a otros detenidos en igual situación jurídica”, sostuvieron. Consideran que aceptar una morigeración sin fundamentos genera un mensaje de desigualdad ante la ley.

Luciani y Mola recordaron que el artículo 10 del Código Penal sólo habilita la prisión domiciliaria por edad cuando existen condiciones que agravan la salud o suponen trato indigno. En este caso, “la edad no es causal autónoma”, explicaron. Y agregaron que no hay elementos que prueben que un alojamiento en cárcel común representaría un riesgo inaceptable.

El gobierno provincial presentó este jueves una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación por el presunto delito de explotación, administración y operación de juegos de azar (artículo 301 bis del Código Penal) en perjuicio de la Administración Pública Provincial por parte de sitios web de apuestas, solicitando que sean bloqueados y se embarguen las cuentas bancarias de 273 sitios de internet.

La documentación, dirigida a la Fiscal General de la provincia, María Cecilia Vranicich, está firmada por los ministros de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; y de Educación, José Goity; y el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe (CAS), Daniel Di Lena.

En el escrito se indica que la CAS, como autoridad de aplicación en lo que refiere a los juegos de azar en la Provincia de Santa Fe, ha advertido que 273 sitios de internet “permiten apostar al margen de la ley”, violando disposiciones del Código Penal así como la normativa vigente en materia de regulación del juego, y que no poseen la aprobación de la autoridad competente para comercializar dichos juegos.

Estos sitios posibilitan el acceso a “un número indeterminado de habitantes de la Provincia de Santa Fe, entre ellos a menores de edad, a juegos, apuestas y/o sorteos realizados en flagrante violación al marco normativo correspondiente a los Juegos de Azar que se comercializan en nuestra provincia y el resto del país”, indica el documento, que afirma que “es claro el perjuicio derivado de la ausencia de limitación de acceso a lugares de juego por parte de menores y el tiempo de exposición de los mismos ante sitios o plataformas que permiten esta interacción de manera irrestricta”.

El vicepresidente de la Lotería, Di Lena, señaló sobre este tema que “vinimos a hacer esta presentación que ya veníamos conversando con la fiscal Vranicich. Hay estudios y publicaciones que alertan que el número de menores de edad que apuestan en línea aumentó exponencialmente desde la pandemia y se consolidó durante el Mundial de Qatar”. “La tentación de ganar dinero con un par de clicks puede generar efectos negativos en la salud física y mental de chicos y adolescentes. La proliferación de este tipo de plataformas no registradas está impulsada por una sólida campaña de publicidad que incluye a varios influencers apuntando directamente a los jóvenes, que son quienes más consumen su contenido”, señaló el funcionario.

Di Lena marcó como “oportuno” resaltar que “todos los sitios de dominio de juegos oficiales en Argentina deben contar con un dominio “.bet.ar”. Ese dominio es administrado por https://nic.ar/, y es necesario presentar una serie de documentación de respaldo, entre ellas, las licencias otorgadas por alguno de los 24 organismos reguladores del país. En consecuencia, si un sitio de juego está operando en Argentina y no tiene un dominio “.bet.ar”, es ilegal”, aclaró.

Por otro lado, la presentación realizada al MPA recuerda que, conforme al marco normativo, “todo juego, apuesta y/o sorteo a desarrollarse en el ámbito territorial de la provincia de Santa Fe, cualquiera fuese su modalidad, debe ejecutarse bajo la autorización previa y el posterior contralor” de la CAS, y ninguno de los sitios de internet web denunciados cumplen con esta disposición.

Por otra parte, el escrito menciona también que “el Estado detenta el monopolio de la explotación de los juegos de azar”, en consecuencia, “todo dinero que se haya canalizado a través del juego ilegal representa un grave perjuicio a patrimonio estatal, teniendo en cuenta que son recursos económicos que según las necesidades y prioridades se determinen”.

Se estima que el juego ilegal representa aproximadamente el 80% del juego en línea, ocasionando esta actividad un daño económico, ya que sólo por el canon que deberían abonar el perjuicio es superior a los $ 2.000 millones mensuales. “Adicionalmente, cabe destacar que la irregularidad de estas actividades escapan también a la acción fiscal del Estado al no aportar ningún tipo tasas o impuestos al mismo, incrementado aún más el monto estimado”.

Debido a esta situación, se solicitó al MPA la “imperiosa necesidad de clausurar / bloquear el acceso” de estos 273 sitios de internet, así como la clausura / bloqueo de “las cuentas bancarias con las que operan estos sitios de juego delictivo, previa investigación de las mismas”, y el “embargo del dinero allí depositado, prohibiendo cualquier operación de acreditación, débito, depósito o transferencia desde y hacia dichas cuentas, quedando el dinero secuestrado a disposición del Tribunal”.

(Gustavo Capeletti) - Una vez finalizado el acto oficial por el 42º aniversario de la Gesta de Malvinas, el gobernador Maximiliano Pullaro tomó contacto con medios de Reconquista en una rueda de prensa ofrecida en el lugar donde minutos antes habían estado formados efectivos militares, representantes insitucionales y abanderados de establecimientos educativos de la ciudad.

En tren de abordar la coyuntura política nacional y provincial, el mandatario santafesino aprovechó una pregunta sobre el episodio de amenazas al jugador de fútbol rosario Ángel Di María -"fueron claramente para pretender generar conmoción en donde rápidamente dimos con los autores"- para fijar una clara posición en el debate que por estos días es tema central: bajar la edad de imputabilidad.

“En esto también quiero hacer una reflexión desde aquí, desde Reconquista, creo que hay que modificar el Código Penal y un menor que comete un delito de mayor tiene que ser y debe ser juzgado como mayor”, formuló, con firmeza, y fundamentó, alusión al crimen del playero Bruno Bussanich, que “no puede ser que el Estado no tenga ninguna herramienta para permitirle o no permitirle que esté libre ese menor en este momento, una persona que mató a sangre fría a un trabajador de 23 años". 

Asimismo, puntualizó: "Eso es lo que sucede con nuestras leyes, si un menor de edad comete un delito de mayor que sea juzgado como mayor y para eso tenemos que reformar la ley”.

Practicidad y el pragmatismoPullaro remarcó que Argentina no puede seguir debatiendo sobre las consecuencias de por qué personas llegaron a cometer los delitos que cometen, porque “hay muchas personas que vivieron las mismas situaciones que no cometen esos delitos extremos". Entonces, dijo que la salida a este problema que tenemos hoy en Argentina es por el lado de la practicidad y el pragmatismo. “Y si muchos creen que son víctimas de un sistema injusto los menores que cometen delitos, que se los lleven a sus casas…”, fustigó. 

El jefe del Ejecutivo provincial subrayó sus definiciones al sostener que “menor que comete un delito de mayor que sea juzgado como mayor, si vos agarrás un arma y estás dispuesto a matar, por más que tengas la edad que tengas, sabés que estás haciendo un daño y el Estado te tiene que condenar porque le arruinaste la vida a una familia”. “Un pibe de 14 años o de 15 años que agarra un arma, va y mata sabe lo que está haciendo”, sentenció, y reclamó que “con eso tenemos que ser muy pero muy claros porque si no, nos vamos a resolver el problema”.

Con las reservas de caso, adelantó que los asesinatos que conmocionaron a Rosario, una vez que maduren las investigaciones, van a tener las mismas “líneas de conexión con muchas de esas organizaciones criminales" que desde la cárcel lo que pretenden es golpear a un gobierno que los está poniendo en jaque, que los está acorralando.

Camino correcto 

Con especial énfasis, dijo en tono coloquial: “¿Sabés lo que a mí más me calienta de esta situación y lo que más me duele? Que a mí me tocó meterlos presos y no reaccionaron cuando fui Ministro de Seguridad, le dimos condenas ejemplares, a muchos le dimos condena perpetua, a otros le dimos condenas asimilables a la de Robledo Puch y no reaccionaron; le secuestrábamos los bienes y yo iba a los remates y le rematábamos los bienes y con esos bienes que le rematábamos, resarcíamos a las víctimas, y no reaccionaron. ¿Cuándo reaccionaron? Cuando los aislamos en la cárcel. ¿Por qué? Porque los tipos están perdiendo poder, entonces nos marcan que ese es el camino y tenemos que seguir adelante para quebrar las organizaciones criminales para vivir en paz, que los chicos puedan ir a la escuela, que los trabajadores puedan salir más tranquilos de su casa".

"Y que sepan -concluyó- que acá hay un Estado, no sólo el gobernador, acá hay un Estado porque la Legislatura a mí me acompañó y me dio todas las herramientas legislativas que otros gobernadores antes no tuvieron, y la Justicia también me está acompañando, con lo cual no hay un gobierno provincial, hay un Estado que les está haciendo frente y los va a seguir hasta donde los tenga que seguir hasta que se den cuenta que el Estado tiene más fuerza que ellos. 

El Gobierno dio el primer paso en su intención de reformar el Código Penal, una de las propuestas de campaña del presidente Javier Milei.

Luego de que el líder libertario subrayara en todo 2023 que “el que las hace las paga”, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, formalizó este miércoles la creación de una Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación a través de la Resolución 25/2024 publicada en el Boletín Oficial.

Ese grupo de trabajo tendrá a su cargo la “elaboración de un anteproyecto de ley de reforma y actualización integral del Código Penal de la Nación, que concentre toda la legislación penal en un único cuerpo normativo”.

La comisión tendrá como miembros al propio Cúneo Libarona y a los doctores Jorge Eduardo Buompadre; Horacio Jaime Romero Villanueva; Julio César Báez; y Ricardo Ángel Basílico: todos actuarán en carácter ad honorem.

Para fundamentar la reforma y actualización del Código Penal, el ministro de Justicia advirtió que durante los 100 años de vigencia del cuerpo normativo se introdujeron gran cantidad de modificaciones “afectando seriamente a lo largo del tiempo su coherencia interna original”.

“Asimismo, se han promulgado diversas leyes que incorporaron tipos penales sin integrarse al Código Penal de la Nación, lo que ha resentido la sistematicidad del régimen punitivo, e implica en la práctica apartarse del criterio de codificación unificada en materia penal, tal como lo determina el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional”, planteó el funcionario nacional.

Tras recordar que en los últimos 20 años se registraron diversos intentos por abordar esa problemática, Cúneo Libarona remarcó que “subsiste la necesidad de lograr una adecuada sistematización y ordenamiento de toda la normativa penal, abordando las modificaciones necesarias”.

“Dicha tarea deberá tener en consideración, por un lado, los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, en los términos del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, y por otro los avances en materia de integración regional del país, favoreciendo la armonización de la legislación en sus aspectos fundamentales a fin de promover y facilitar la cooperación entre Estados y la implementación de estrategias coordinadas, elementos de máxima importancia ante ciertas modalidades delictivas como la delincuencia transnacional organizada”, manifestó.

Y agregó: “Resulta imprescindible que la normativa punitiva nacional sea adecuada a los compromisos asumidos en el plano internacional, en particular en lo atinente a la vigencia de la protección de los derechos humanos y de la persecución del terrorismo, del narcotráfico y la corrupción, y de lavado de dinero y ciberdelito”.

El titular de la cartera judicial destacó los “valiosos proyectos presentados en los últimos años que merecen consideración, en especial los dos últimos en los que intervinieron los doctores Roberto Carles y Mariano Borinsky”.

Resolución 25/2024 by El Litoral

La mamá de Valentín Blas Correa, un adolescente de 17 años, asesinado durante un control policial en 2020, impulsa un proyecto de ley para modificar el Código Penal e introducir penas más severas en los casos de crímenes cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad y militares.

Hallan muerto en una celda a un joven que denunció a policías por violencia institucional

La medida fue presentada por la madre del joven, Soledad Laciar, en la ciudad de Córdoba y será canalizada en el Congreso Nacional a través de la diputada nacional local, Gabriela Brouwer de Koning, de Juntos por el Cambio.

En la denominada ‘Ley Blas’ se destacan tres puntos que endurecerán las penas para los uniformados que cometen crímenes. “Agravar la tenencia y portación ilegal de armas por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias”; “incorporar una sanción específica para los miembros de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias que planten armas u otros elementos para entorpecer o alterar una investigación”; y, “al nuevo tipo penal, se incorpora la aplicación de la figura del Arrepentido”, de acuerdo a lo que establece la ley 27.304″.

Femicidio en ruta 90: un policía de Seguridad Vial ultimó de un disparo a su ex pareja

Como extra, la iniciativa también plantea un programa que promueve en forma progresiva el ‘desarme de la sociedad civil’. Brouwer de Koning, quien estuvo en la presentación, explicó que la iniciativa surge de una propuesta de Laciar y que a partir de entonces se trabajó con un equipo multidisciplinario para trabajar los distintos aspectos del proyecto que se presentará en los próximos días en el Congreso Nacional. “Es un aporte que apunta a prevenir y erradicar la violencia institucional”, dijo la diputada al sostener que sobre esa temática hay un gran “vacío legal” y esta ley “apunta a ser un aporte para llenar ese vacío”.

Al respecto del proyecto, Laciar explicó que la iniciativa servirá como una herramienta más para poco a poco construir una sociedad más justa. “Espero que la sociedad recupere la confianza en las fuerzas de seguridad y que la policía recupere el valor por la vida de la gente. Es una herramienta para que lo que ocurrió con mi hijo no vuelva a suceder”, sostuvo la mujer al mismo tiempo que instó a los legisladores nacionales de todos los partidos políticos a acompañar la propuesta.

El adolescente fue asesinado en la madrugada del 6 de agosto del 2020 cuando transitaba con cuatro amigos, también adolescentes, en un automóvil y al evadir un control policial en la zona sur de la capital local dos efectivos dispararon contra el rodado y uno de los proyectiles impactó en la espalda de Blas y le ocasionó la muerte.

El 31 de marzo de este año la Cámara 8va. del Crimen, con jurado popular, condenó a 11 de los 13 policías enjuiciados por ese hecho y la mayor pena, de ‘prisión perpetua’ recayó sobre los cabos primero Lucas Gómez (37) y Javier Alarcón (35), los responsables de efectuar los disparos con su arma reglamentaria. En la sentencia también se resolvió remitir los antecedentes a la Fiscalía de Instrucción de José Mana para que se inicie investigación penal contra los responsables políticos que estaban a cargo de distintas áreas de seguridad al momento del hecho.

El fiscal Mana, en la jornada del jueves, se declaró ´incompetente’ para actuar en esa nueva causa y derivó el expediente al Fuero Anticorrupción, decisión que cuestionó severamente la mamá de Blas, al entender que lo que se busca es “la impunidad de los funcionarios políticos responsables del encubrimiento” del crimen de su hijo.

El Parlamento de Indonesia aprobó una esperada revisión de su código penal que prohíbe y castiga el sexo extramarital tanto de ciudadanos como visitantes extranjeros.

El nuevo código penal fue votado por los parlamentarios en una sesión plenaria, tras lo cual el presidente del Legislativo, Sufmi Dasco Ahmad, dio un mazazo para darlo por aprobado y gritó “legal”.

Grupos de defensa de derechos protestaron contra las enmiendas que supondrían un giro hacia el fundamentalismo en la nación de mayoría musulmana más poblada del mundo. Según los críticos esta modificación recorta libertades en el país asiático.

Al respecto, Yasonna Laoly, ministra de Justicia y Derechos Humanos, sostuvo:”Hemos intentado hacer lo mejor para acomodar las importantes cuestiones y las diferentes opiniones que fueron debatidas”.

“Sin embargo, es el momento de tomar una decisión histórica en las enmiendas del código penal y dejar atrás el código penal colonial que heredamos”, añadió.

Hace décadas que este país del Sudeste Asiático debatía una reforma de su código penal, que se remontaba a sus tiempos como colonia de Países Bajos.

Algunos de los artículos más controvertidos de la nueva legislación criminalizan el sexo pre y extramatrimonial, tanto si es tenido por ciudadanos como por visitantes extranjeros, así como la convivencia de parejas no casadas.

Existe miedo por cómo puede impactar estas nuevas reglas en la comunidad LGTBQI+ en Indonesia, donde el matrimonio entre personas del mismo sexo no está permitido.

El portavoz del equipo encargado de esta ley en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Albert Aries, defendió las enmiendas y aseguró que estas nuevas reglas protegerían la institución del matrimonio.

También señaló que los actos de sexo pre y extramarital solo podían ser denunciados por el cónyugue, los padres o los hijos, lo que limita el alcance de la revisión.

Para grupos de derechos humanos, esta legislación supone un control de la moralidad y un giro hacia el fundamentalismo en un país largamente alabado por su tolerancia religiosa, cuya Constitución defiende el laicismo.

La senadora nacional por Santa Fe y vicepresidente del Senado de la Nación, Carolina Losada, presentó hace 6 meses su proyecto para que sea incorporado al Código Penal argentino el delito de venta de niñas y niños, una de las iniciativas destinadas a proteger las infancias que lleva adelante.

“La venta de un niño o niña tiene que ser penada con una figura concreta y especial, debido a la gravedad del hecho. Estamos llevando una solución para ese vacío legislativo tan peligroso”, señaló la senadora.

En la actualidad, la legislación vigente no impide penalmente la entrega de un niño o niña a cambio de dinero y otra contraprestación, sino que plantea sanciones a otros supuestos de hecho como el ocultamiento o supresión de la filiación.

Según lo expuesto en comisiones, el proyecto busca crear una figura penal especial para adultos que aprovechen la condición de vulnerabilidad de menores para venderlos a cambio de dinero y otras contraprestaciones, así como existe para casos de violencia sexual.

“La venta de niños afecta de forma directa sus bienes jurídicos fundamentales, como su libertad, su integridad personal y dignidad. Nuestra legislación tiene que estar preparada especialmente para penar a aquellos que cometen esta clase de crímenes tan graves”.

Losada recordó que desde el año 2003, mediante la sanción de la Ley 25.763, Argentina aprueba el Protocolo Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, el cual complementa la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, pero no tiene prevista en dicha ley un tipo penal que sancione dichas conductas.

El protocolo al cual Argentina adhería como Estado Parte, manifestaba entre otras consideraciones la preocupación por la creciente práctica de la venta de niñas y niños, grupo especialmente vulnerable que debía ser protegido jurídicamente. Dentro de las obligaciones establecidas por dicho tratado, Argentina no cumplió con adoptar medidas para que este tipo de conductas queden íntegramente comprendidas en la legislación penal interna de cada país.

“No sólo se desoyó esta obligación legislativa, sino que, luego del caso “Fornerón e hija vs. Argentina”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a nuestro país tipificar de manera adecuada el delito de venta de niños. Pasaron 10 años de esa sentencia y seguimos esperando”.

“Este proyecto es mucho más que llenar un vacío legal. Es terminar con una deuda que tiene nuestro Estado y ganar una batalla importantísima en la lucha por proteger a las infancias”.

El diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, presentó un proyecto para modificar el Código Penal, en su artículo 186 bis, e incorporar penas explícitas de hasta seis años de prisión para quienes generen incendios en bosques nativos o pastizales naturales que causen daño al medio ambiente, con el objetivo de fortalecer la lucha contra los incendios en el Delta del Paraná y, también, brindar más herramientas al Poder Judicial.

“Sin dudas, la tipificación de este tipo de delitos es una asignatura pendiente en materia penal. Hasta hace no mucho tiempo atrás, la relación con el medio ambiente o la naturaleza se veía desde la perspectiva del derecho de la propiedad. Pero, en el marco de delitos contra la seguridad pública, debemos modernizar la normativa”, remarcó el legislador.

“Las quemas en las islas del delta del Paraná están provocando una situación acuciante en todas las localidades aledañas. La provocación de incendios en ambientes cada vez más secos implican riesgos que ni la población ni la fauna deben soportar”, señaló Mirabella. “Los humedales son un bien jurídico que debemos proteger tanto por las leyes ambientales como por leyes penales”, enfatizó.

Hasta el momento, el Código sólo contemplaba sanciones por incendios, y en el proyecto del rafaelino se incorporan penas explícitas de hasta seis años de prisión para quienes generen quemas en bosques nativos o pastizales naturales que causen daño al medio ambiente. Asimismo, el artículo 186 ter también propone sanciones a quienes dañen, drenen o rellenen humedales, lagunas, esteros, cenagales o pantanos; o modifiquen, alteren o eliminen cursos o espejos hídricos, entre otros.

“Como sabemos, el disfrute y el ejercicio de gran cantidad de derechos humanos básicos, como el derecho a la salud, están profundamente vinculados a la protección del medio ambiente. Por eso, el acceso a un medio ambiente saludable es considerado un derecho humano autónomo por tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, concluyó el diputado.