La Dirección de Seguridad Alimentaria del Gobierno de Venado Tuerto dispuso la clausura preventiva de un almacén ubicado en Cabral al 500, luego de detectar una extensa serie de irregularidades vinculadas con la conservación, manipulación y comercialización de alimentos.

El procedimiento se inició a partir de dos denuncias recibidas por el municipio. Una advertía sobre la venta de productos vencidos y otra hacía referencia a viandas sin identificación ni información sobre su elaboración. Según confirmó el director de Seguridad Alimentaria, Adrián Panozzo Zenere, una de esas denuncias fue realizada por una persona que manifestó haberse sentido mal después de consumir una de las comidas comercializadas en el lugar.

“Cuando llegamos constatamos que todas las denuncias eran correctas”, explicó el funcionario. Durante la inspección encontraron productos con fechas de vencimiento correspondientes a 2022, 2023 y 2024, además de otros envases en los que la fecha había sido borrada o modificada.

La magnitud de la mercadería obligó a extender la inspección durante varias horas.

Panozzo Zenere detalló que el personal municipal ingresó al comercio alrededor de las 8.30 y terminó las actuaciones cerca de las 14.

“Revisamos absolutamente todo”, señaló, encontrando “alimentos vencidos y falsificados”, es decir “cuando se borra o modifica su fecha de vencimiento”.

Uno de los puntos que mayor preocupación generó fue la comercialización de viandas sin rotulación ni datos sobre su procedencia.

De acuerdo con el responsable del área, los alimentos eran exhibidos a temperatura ambiente cuando debían permanecer refrigerados. Además, se encontraron viandas congeladas que evidenciaban una interrupción previa de la cadena de frío.

“No sabíamos quién las elaboraba ni dónde se hacían. Si no nos informan quién es el elaborador, el responsable pasa a ser quien las está vendiendo”, indicó Panozzo Zenere.

El director recordó que las viandas deben contar con un rótulo que permita identificar el lugar de elaboración y disponer de una fecha de vencimiento. También señaló que, desde el momento en que son preparadas, su vida útil es de cinco días siempre que se mantengan correctamente refrigeradas.

Además, el establecimiento elaborador debe estar habilitado y cumplir condiciones vinculadas con agua potable, higiene, seguridad y manipulación de alimentos.

Durante la inspección también se constató la presencia de carne cruda junto a alimentos listos para consumir, una situación que puede provocar contaminación cruzada.

A esto se sumaron suciedad en heladeras y freezers, alimentos apoyados directamente sobre el piso y la falta de controles adecuados de conservación.

Entre los productos decomisados había alimentos secos y otros considerados de mayor riesgo sanitario, como hamburguesas, salchichas, milanesas y costeletas de cerdo.

También se retiraron enlatados, puré de tomate, snacks, galletitas, yerba y bebidas vencidas.

Panozzo Zenere puso como ejemplo un paquete de yerba cuya fecha de vencimiento correspondía a 2022 y explicó que, aun en alimentos considerados de menor riesgo, una conservación prolongada e inadecuada puede generar deterioro, humedad, hongos y consecuencias para la salud.

En total, la Dirección de Seguridad Alimentaria retiró 160 kilos de alimentos, de los cuales aproximadamente 10 kilos correspondían a viandas listas para consumir.

Toda la mercadería fue inutilizada en el mismo lugar antes de su disposición final.

“Rompimos todos los envases, los colocamos dentro de bolsas y les incorporamos un líquido que da olor y sabor desagradable para evitar que alguien pueda volver a acceder a esos alimentos”, explicó el funcionario.

El procedimiento se realizó de manera coordinada con la Secretaría de Servicios Públicos para asegurar que los productos no regresaran al circuito de consumo.

Además de las irregularidades encontradas en los alimentos, los inspectores comprobaron que el almacén funcionaba sin habilitación municipal, sin control de plagas y sin carnet de manipulación de alimentos.

Frente a ese escenario, Panozzo Zenere decidió disponer la clausura preventiva.

“Estaba infringiendo absolutamente todo. Si hacíamos el acta y nos retirábamos, esta persona iba a seguir vendiendo. La idea es que pare, se ordene y después pueda encauzar la situación”, expresó.

Las actuaciones serán remitidas al Juzgado de Faltas. El acta confeccionada consta de 11 anexos, donde quedaron detallados los productos retirados, cantidades e imágenes que respaldan la intervención municipal.

La eventual reapertura dependerá de que el responsable regularice su situación, avance con la habilitación correspondiente y cumpla las condiciones exigidas para comercializar alimentos.

El director de Seguridad Alimentaria señaló además que en las últimas semanas se registró un incremento en la cantidad de denuncias vinculadas con comercios alimenticios.

En el caso del almacén de Cabral al 500, la advertencia fue recibida el lunes y el operativo se realizó al día siguiente.

“Les pedimos a los vecinos que sigan realizando las denuncias, porque eso nos permite llegar a los lugares y garantizar que los alimentos que consumen sean seguros”, remarcó Panozzo Zenere.

La Secretaría de Control Urbano y Convivencia del Gobierno de Venado Tuerto, a través de la Dirección de Seguridad Alimentaria, dispuso la clausura preventiva de un almacén ubicado en calle Cabral al 500, tras detectar falta de habilitación y distintas irregularidades en la conservación y comercialización de alimentos. En total fueron 165 kg de alimentos decomisados.

Durante el procedimiento, el personal municipal labró el acta correspondiente y constató que el establecimiento carecía de habilitación comercial, carnet de manipulación de alimentos y control de plagas. También encontró una importante cantidad de productos vencidos y otros cuyas fechas de vencimiento habían sido borradas.

Entre las irregularidades detectadas, los inspectores comprobaron que el almacén comercializaba viandas cuya procedencia se desconocía y que no se conservaban a la temperatura adecuada.

Las condiciones de almacenamiento de estos alimentos, sumadas a los incumplimientos registrados durante la inspección, motivaron la clausura preventiva del comercio.

Al revisar las heladeras y freezers, el personal de Seguridad Alimentaria encontró carne cruda junto a alimentos listos para consumir, una situación que genera riesgo de contaminación cruzada. Además, constató suciedad en los equipos de refrigeración y alimentos apoyados directamente sobre el piso.

“Al revisar las heladeras, se encuentra contaminación cruzada, carne cruda con alimentos listos para consumo ubicados en el mismo lugar, restos de suciedad en heladeras, freezer y alimentos apoyados sobre el piso”, precisaron desde la Dirección de Seguridad Alimentaria.

El Gobierno de Venado Tuerto clausuró preventivamente este viernes 7 de agosto la panadería “El Francés”, ubicada en avenida Antonio Pinto Lucero 306 y Antártida Argentina, luego de detectar distintas irregularidades vinculadas a las condiciones de higiene, seguridad, manipulación y conservación de los alimentos.

El procedimiento fue realizado por la Secretaría de Control Urbano y Convivencia, a través de la Dirección de Seguridad Alimentaria. Durante la inspección, los agentes municipales constataron una serie de incumplimientos que impedían garantizar condiciones adecuadas para la elaboración y conservación de los productos.

Entre las irregularidades detectadas, se verificó que el comercio no contaba con la habilitación municipal correspondiente para las actividades que desarrollaba. Además, el personal no disponía de los carnets de manipulación de alimentos ni de la indumentaria requerida.

Durante el operativo también se constató que el establecimiento no contaba con control de plagas y presentaba falta de limpieza general en pisos, mesadas de trabajo, baño y equipamientos utilizados para la elaboración. A su vez, se observó que no había cestos de residuos debidamente identificados.

La inspección permitió detectar además problemas en las condiciones edilicias del inmueble, con presencia de humedad y hongos en las paredes, además de goteras en el techo.

Según lo constatado por el personal municipal, las filtraciones alcanzaban sectores donde había alimentos terminados, una situación que afectaba las condiciones necesarias para su correcta conservación.

Frente a este escenario, el Gobierno de Venado Tuerto, a través de la Dirección de Seguridad Alimentaria, resolvió disponer la clausura preventiva del establecimiento por razones de salubridad y seguridad pública. La medida fue adoptada en el marco de las facultades establecidas por la Ordenanza Municipal Nº 5574/2022.

El Juzgado Municipal de Faltas resolvió levantar la clausura preventiva que pesaba sobre el establecimiento 1927 Multiespacio, ubicado en avenida Casey 435, luego de analizar el descargo presentado por el titular del local y establecer una serie de condiciones obligatorias para su funcionamiento. La resolución también impone una multa de 5.000 Unidades Fiscales (UF) por las infracciones constatadas.

En el escrito presentado ante el Juzgado de Faltas, el titular del comercio reconoció la necesidad de corregir distintas falencias vinculadas a la seguridad del local. Entre los compromisos asumidos figuran la instalación de un sistema de alarma sonora y lumínica en la salida de emergencia, la regularización de esa puerta en los planos correspondientes, la adecuación del establecimiento a la ordenanza vigente y la incorporación de un esquema de seguridad privada en el exterior durante las noches de mayor concurrencia. Además se suma la prohibición de utilizar con fines comerciales la plazoleta “26 de Abril” y el espacio público lindero.

Sobre esa base, solicitó el levantamiento de la clausura al sostener que se comprometía a resolver los problemas de seguridad que motivaron la medida.

La decisión ratifica que el local incurrió en distintas infracciones a la Ordenanza Nº 4668/15, entre ellas el exceso en los niveles permitidos de emisión sonora, el funcionamiento fuera del horario autorizado y el egreso de bebidas alcohólicas del establecimiento. Además, el Tribunal rechazó el recurso de nulidad presentado por el titular contra la clausura preventiva dispuesta el 17 de junio.

La resolución señala que la clausura preventiva tuvo carácter cautelar y permitió preservar el orden público mientras se sustanciaba el procedimiento administrativo. Tras la audiencia realizada el 29 de junio, el responsable del local asumió compromisos concretos para adecuar el funcionamiento del establecimiento, los cuales fueron considerados por el Tribunal al momento de resolver.

En consecuencia, el Municipio dispuso el levantamiento de la clausura, aunque sujeto al cumplimiento de una serie de exigencias citadas anteriormente que serán fiscalizadas por las áreas competentes. Entre ellas se establece el respeto estricto de los horarios de cierre, el cumplimiento de los límites máximos de emisión sonora, la prohibición de retirar bebidas alcohólicas del local, la adecuación de la puerta de emergencia con los dispositivos reglamentarios.

Asimismo, el titular contará con un plazo de 30 días para acreditar el cumplimiento de todas las adecuaciones exigidas. La resolución advierte que el incumplimiento de estas condiciones o la reiteración de nuevas infracciones habilitará al Tribunal a disponer una nueva clausura preventiva e incluso aplicar sanciones más severas, incluida la clausura definitiva del establecimiento.

En una resolución complementaria firmada este martes, el Juzgado Municipal de Faltas determinó además el destino de la multa sustitutiva. La sanción de 5.000 Unidades Fiscales será reemplazada por la entrega de bienes de igual valor que serán distribuidos en partes iguales entre cuatro instituciones de Venado Tuerto: Comedor “Esperanza”, “Panza Llena, Corazón Contento”, Comedor “Mimarte” y Hogar Pablo VI. Cada entidad recibirá bienes por un valor equivalente a 1.250 Unidades Fiscales, de acuerdo con las necesidades que informe cada institución.

El fallo establece que el responsable del establecimiento deberá acreditar la compra y entrega de los bienes mediante la documentación correspondiente dentro de un plazo de 15 días corridos desde la notificación. En caso de incumplimiento, la sustitución quedará sin efecto y se ejecutará la multa originalmente impuesta por el Tribunal.

El juez municipal de Faltas, Stéfano Quaglia, explicó los fundamentos que derivaron en la clausura preventiva del bar WESS ubicado en Runciman 102, una medida dispuesta por el Tribunal Municipal de Faltas ante una serie de infracciones reiteradas y situaciones que, según indicó, afectaban la convivencia con los vecinos del sector.

En diálogo con “A Pesar de Todo” (LT29), el funcionario señaló que la decisión se tomó a partir de una acumulación de actuaciones pendientes, informes elevados por fuerzas de seguridad y reiterados incumplimientos a la normativa que regula el funcionamiento de este tipo de establecimientos.

“Se procedió a la clausura preventiva de un establecimiento gastronómico con espectáculo, ubicado en Runciman 102, puntualmente por una acumulación de infracciones pendientes y también por informes elevados al Tribunal por parte de las fuerzas de seguridad, particularmente del 911 y la Comisaría Segunda”, explicó Quaglia.

Según precisó, los reportes daban cuenta de inconvenientes que comenzaban durante el desarrollo de la actividad dentro del local y luego se trasladaban al exterior, generando conflictos en la vía pública y en las inmediaciones.

Quaglia detalló que uno de los principales problemas detectados fue la presencia de ruidos molestos, con niveles de sonido por encima de lo permitido por la normativa vigente. En ese sentido, señaló que personal de Inspección General realizó constataciones con decibelímetro en distintas oportunidades.

“Principalmente, el problema venía por ruidos molestos, es decir, decibeles excesivos por fuera de lo que marca la norma. En reiteradas oportunidades se constató que el local funcionaba fuera de lo que determina la normativa”, sostuvo.

A esto se sumaron infracciones vinculadas a la salida de personas del establecimiento con bebidas alcohólicas. El juez aclaró que no se trata de sancionar a quienes salen momentáneamente a la vereda, por ejemplo, a fumar o conversar cerca de la puerta, sino a quienes se retiran del lugar con vasos de plástico y continúan consumiendo alcohol en la vía pública.

“Se labra el acta cuando la gente, al retirarse del lugar, traslada la bebida a un vaso de plástico y se va consumiendo por la calle. En este caso, seguían por Runciman, Rivadavia, Belgrano, Casey o Sarmiento. Esa es la conducta que se quiere evitar, porque muchas veces el alcohol contribuye al desorden, a peleas o riñas”, remarcó.

En ese marco, Quaglia afirmó que la situación también generaba reclamos de vecinos por el uso de veredas, puertas e inmediaciones como sanitarios, además de disturbios posteriores al cierre o salida del local.

“Se produjo una concatenación de hechos puntuales que llevó a esta determinación. Ya se hacía insostenible la convivencia para los vecinos. La verdad es que uno nunca quiere tomar la decisión de cerrar un lugar, pero a veces, dada la reiterancia de las conductas, no queda otra alternativa”, expresó.

Durante la entrevista también se mencionó el reciente caso de violencia por el cual un joven de 21 años quedó en prisión preventiva tras agredir a su expareja embarazada. De acuerdo con lo planteado en la nota, la discusión habría comenzado dentro del local y luego continuado en el exterior.

Quaglia calificó el hecho como “complejo” y “completamente repudiable”, y remarcó que, más allá de las responsabilidades penales que correspondan, los propietarios de los locales tienen la obligación de garantizar condiciones de seguridad dentro de sus establecimientos.

“Todo lo que ocurre dentro del establecimiento es responsabilidad de los propietarios. Tienen que gestionar para que este tipo de actos de violencia, o cualquier situación que exceda el normal uso de las instalaciones, no ocurra”, sostuvo.

El juez aclaró que lo que sucede en la vía pública corresponde también a las áreas de seguridad, pero insistió en la necesidad de un trabajo conjunto entre comerciantes, Municipio y fuerzas policiales.

“Se han dado batallas campales frente a este lugar, no en las inmediaciones, sino frente al lugar. Generalmente son situaciones que se originan dentro y después terminan manifestándose en el exterior. Nadie quiere lamentar un hecho trágico”, advirtió.

La clausura preventiva fue fijada, en principio, por un plazo estándar de 30 días hábiles, aunque Quaglia explicó que se trata de una medida cautelar y, por lo tanto, puede modificarse en función de la evolución del caso, la audiencia correspondiente y los compromisos que asuma el comercio.

“La idea es parar el funcionamiento del lugar hasta tanto se regularicen todas las condiciones que tienen que darse para un normal funcionamiento”, indicó.

El juez también destacó que no se busca afectar la actividad comercial, sino ordenar el funcionamiento de la noche y garantizar la convivencia urbana.

“Nosotros estamos para apoyar a los comercios, para que puedan sobreponerse a este tipo de situaciones. Nadie quiere cerrar un comercio, con todo lo que eso implica y con la situación económica que atraviesan todos los rubros”, señaló.

En relación con el comunicado difundido por el local, en el que habría manifestado predisposición al diálogo con el Municipio, Quaglia valoró esa postura.

“Celebro que se haya tomado de esa manera. Desde nuestro lugar tenemos la mejor predisposición para trabajar y resolver todos los asuntos. Las normas están para ordenar la ciudad y para que todos podamos convivir sanamente”, afirmó.

En el tramo final de la entrevista, Quaglia también se refirió a la clausura de 1927, otro bar que fue alcanzado recientemente por una medida preventiva.

El juez confirmó que los responsables del local presentaron una solicitud para acelerar los plazos de la audiencia, inicialmente prevista para fines de julio. Según adelantó, el Tribunal evalúa anticiparla para la semana próxima.

“Ellos presentaron un requerimiento para poder acelerar los plazos de la audiencia por una cuestión lógica: tienen que volver a funcionar, tienen costos fijos y obligaciones. Es entendible”, explicó.

Quaglia señaló que, en estos casos, la audiencia permite que los propietarios ejerzan su derecho de defensa y, al mismo tiempo, se acuerden pautas concretas para evitar nuevas infracciones.

“La idea es dialogar, que puedan ejercer su derecho de defensa y acordar ciertos puntos bajo los cuales van a tener que trabajar para poder funcionar. No tiene que ver con una cuestión de habilitación, sino con el cumplimiento de la norma y con adaptar ciertas cuestiones para evitar este tipo de situaciones”, concluyó.

El Gobierno de Venado Tuerto dispuso la clausura preventiva del local nocturno WESS (Runciman 102) por un plazo de 30 días hábiles, al considerar que el funcionamiento del local generó una situación que excede las infracciones administrativas y afecta directamente la seguridad y la convivencia en el sector.

La decisión fue tomada por el Tribunal Municipal de Faltas luego de analizar antecedentes acumulados durante más de un año. Según la resolución, el establecimiento sumó siete infracciones que continúan activas, principalmente vinculadas a niveles de ruido superiores a los permitidos y a la salida de personas con bebidas alcohólicas hacia la vía pública.

Pero el punto que terminó inclinando la balanza fueron los informes de las fuerzas de seguridad. La documentación incorporada al expediente describe agresiones físicas, enfrentamientos entre grupos de personas, incidentes con personal policial, desórdenes protagonizados por jóvenes y una serie de intervenciones que obligaron a movilizar recursos policiales en reiteradas oportunidades.

El fallo también hace referencia a las constantes quejas de vecinos por el volumen de la música, las concentraciones de motocicletas y distintos comportamientos registrados en la vía pública durante las madrugadas. Entre los episodios señalados aparece una pelea de importantes dimensiones ocurrida en cercanías del local y otro hecho reciente que dejó una persona herida en la cabeza tras disturbios registrados al momento del cierre.

Para el Tribunal, la reiteración de estos hechos demuestra que las advertencias e infracciones anteriores no modificaron la situación y que el funcionamiento del establecimiento terminó comprometiendo la tranquilidad y la seguridad del entorno urbano.

La clausura tendrá vigencia durante 30 días hábiles y se hará efectiva de manera inmediata mediante la colocación de fajas en el local. Además, el titular de WESS fue convocado a una audiencia el próximo 31 de julio para presentar su descargo ante el Tribunal Municipal de Faltas.

El Gobierno de Venado Tuerto a través de la Secretaría de Control Urbano y Convivencia recuerda la plena vigencia de la ordenanza 5486/22, que regula la categoría “Quintas” en su habilitación y funcionamiento.

La citada ordenanza crea la categoría Quintas como sujeto pasible de habilitación comercial, en particular para la realización de eventos, fiestas o reuniones sociales, práctica habitual en celebraciones de fin de año y temporada estival.

Esta norma prevé que estos espacios cuenten con una serie de requisitos para ser alquilados como lugares de eventos, ya que pueden llegar a generar conflictos que impactan en la convivencia con los vecinos, fundamentalmente en lo que respecta a ruidos molestos. Y en caso de comprobarse nuevamente la violación de clausura, las medidas pueden alcanzar el desalojo del lugar.

Entre los requisitos exigidos a los propietarios, inquilinos o tenedores legítimos de la quinta, se inscriben presentar documentación sobre legitima ocupación del inmueble donde se desarrollará el evento; informes sobre medidas de seguridad a implementar, extendida por profesional matriculado; tomar recaudos para evitar molestias a los vecinos en lo referente a ruidos y tránsito de personas o vehículos; acompañar póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra daños eventuales al público asistente y/o terceros; contratar personal de admisión y permanencia y un servicio de emergencia médica.

En este contexto, se procedió recientemente a la clausura de una quinta en la zona de Eterovich al 1000  por haberse violado la faja de una clausura anterior, al detectarse el uso del inmueble para la realización de eventos, sumando a su vez actas labradas por propagación de ruidos.

La medida se instrumentó en febrero pasado por resolución del Tribunal Municipal de Faltas y su propietaria nunca se presentó a la audiencia fijada entonces por el juez.

La investigación por la muerte de cinco trabajadores tras la caída de un montacargas desde el noveno piso de un edificio en construcción, ocurrida cerca del mediodía del pasado domingo 17 de agosto en la ciudad de San Lorenzo, avanza en varias direcciones.

El fiscal Leandro Lucente ordenó la clausura de la obra y pidió la intervención del área de criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) para que perite el sistema mecánico del montacargas y analice las medidas de seguridad implementadas en la obra situada en calle San Carlos al 1000. 

Además, solicitó al municipio de San Lorenzo y a la Secretaría de Trabajo de la provincia que presenten informes y documentación técnica sobre la habilitación de las obras de construcción y también sobre la firma responsable de la obra.

Fernando Guerra se encontraba hospitalizado en el Hospital Eva Perón.

Según se indicó, los trabajadores habían sido contratados para realizar un trabajo específico en el montacargas, que podía soportar hasta 2.500 kilos de peso, y contaba con un cableado de acero que soportaba unos 7 mil kilos (7 toneladas), por lo que estaría prácticamente descartado que el siniestro se produjo por exceso de carga. La hipótesis más fuerte apunta a una falla mecánica en los morsetos de sujeción del cableado de acero que sujeta al montacargas.

También se conoció que la tarea de modificación del piso de operación del montacargas que iban a realizar los operarios debía llevarse a cabo en una jornada en la que no se lo utilizara, por eso se decidió hacerla el domingo.

A horas del siniestro se van conociendo algunas irregularidades en torno a la empresa constructora responsable de la obra, que lleva como nombre “X3 SA”. Entre ellas, que fue inscripta en el Registro Público de Comercio en octubre de 2023, con domicilio legal en calle Córdoba 797, piso 40, oficina 8, de Rosario, edificio conocido como “Bola de Nieve”, ubicado frente a la plaza 25 de mayo y a pocos metros de la Catedral y del Palacio Municipal, que cuenta con apenas cinco pisos.

Los dueños son oriundos de Venado Tuerto y la empresa constructora no tiene página web, redes sociales ni sede operativa y no se tiene registro de otras obras de envergadura como la que tenían en San Lorenzo.

El Ministerio de Trabajo de Santa Fe había clausurado la obra el 21 de marzo pasado, por fallas en la seguridad y la había autorizado a reabrir a fines de abril. Según el secretario de Trabajo de Santa Fe, Julio Genesini, el proyecto estuvo frenado durante 40 días por “diversas situaciones que hacían a la seguridad de los trabajadores”.

Además, en declaraciones radiales, indicó que el lunes -un día después del siniestro- “inspectores que fueron para constatar las cuestiones materiales del accidente, fueron atendidos por un empleado, ya que no había nadie responsable de la empresa”.

Y aclaró que el montacargas que se desplomó desde el noveno piso “no era apto para el transporte de personas, sino de materiales”.

La caída del montacargas desde el noveno piso del edificio en construcción provocó la muerte inmediata de Lucas Agustín Palacio, Axel Maximiliano Vanwelle y Alexis Ramón María Cettour, los tres de 25 años, y Matías Ezequiel Aquino (30 años). Un día más tarde falleció Fernando Guerra, de 27 años, que estaba internado en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

Stefano Quaglia, juez de faltas de Venado Tuerto, brindó más detalles sobre la clausura preventiva de un hogar para adultos mayores ubicado en calle Aufranc 134, en el marco de un operativo que reveló serias irregularidades en las condiciones de habitabilidad y el trato a los residentes. La intervención, que forma parte de una serie de controles intensificados a raíz de la ola de frío extremo, desnudó una realidad alarmante sobre el estado de este establecimiento.

Quaglia explicó que los operativos comenzaron hace unas semanas debido a las bajas temperaturas que generaron riesgos adicionales para los adultos mayores, un grupo especialmente vulnerable. "La inspección en este hogar reveló que el establecimiento estaba en condiciones totalmente inadecuadas para la convivencia de adultos mayores. Sin calefacción, sin un mínimo de higiene y con un desorden generalizado, la situación era absolutamente insostenible", explicó el juez.

Una de las situaciones más graves que se encontró fue la de una mujer residente, de avanzada edad, que fue hallada atada a una cama en una habitación helada. "El caso de esta mujer fue el más preocupante. Estaba en estado de abandono, en una habitación sin calefacción, con cuadros de desnutrición, fiebre y desorientación. Estaba atada a la cama con una cuerda, lo cual nos generó una profunda preocupación", relató Quaglia. El personal del 107 la evaluó inmediatamente y la trasladó al hospital para su atención médica.

Durante la inspección, además de la falta de calefacción y el desorden general, también se descubrió la presencia de un animal dentro del establecimiento, que mostraba signos de enfermedades dérmicas. Este hallazgo, según Quaglia, incrementó las preocupaciones sobre la salud y seguridad de los residentes. "El animal estaba durmiendo sobre la cama de un abuelo", señaló el juez. El animal fue atendido por personal veterinario del Imusca y se le brindó el tratamiento correspondiente.

El hogar había sido habilitado en el pasado, pero según las investigaciones, la persona responsable del lugar, una mujer mayor de 70 años, no pudo sostener las condiciones adecuadas para seguir operando. "La responsable del establecimiento confesó que la situación la superó. Ella misma reconoció que ya no podía hacerse cargo de los residentes, especialmente porque convivía con familiares que tampoco podían ayudarla. La falta de previsión y de recursos fue evidente", explicó Stefano Quaglia.

El juez también destacó que, además de las graves condiciones físicas del hogar, la situación evidenció una profunda desidia y falta de responsabilidad de los titulares del lugar. "A pesar de haber cumplido con los requisitos iniciales para la habilitación, el mantenimiento del establecimiento fue negligente. La normativa vigente exige que los responsables mantengan las condiciones adecuadas, y en este caso claramente no se cumplió", afirmó.

A raíz de estas irregularidades, se dispuso la clausura preventiva del lugar, con un plazo de 48 horas para que se desaloje a los seis residentes, a quienes se les proporcionó una reubicación en otros hogares. "Es fundamental que todos los hogares para adultos mayores mantengan un nivel mínimo de calidad en sus servicios. Este tipo de operativos son esenciales para evitar que situaciones como esta pasen desapercibidas", concluyó Quaglia.

Este caso no fue aislado, ya que el juez también mencionó que en el marco de los operativos se detectaron otros establecimientos con irregularidades similares. "Más de 25 hogares están bajo monitoreo, y en algunos casos se han tomado medidas preventivas o se ha solicitado la intervención de áreas correspondientes para mejorar las condiciones. Lo importante es que este tipo de situaciones se detecten a tiempo y no se repitan", subrayó el funcionario.

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En el transcurso de la semana pasada el equipo de hogares de convivencia intensificó los controles sobre estos espacios de alojamiento de adultos mayores debido a la ola de frío que azotó a todo el país, y como producto de esa inspección en calle Aufranc 134 se detectaron una serie de irregularidades que llevaron a la clausura del lugar.

La resolución fue dictada este lunes por el juez de Faltas, Stefano Quaglia, autorizando a la Dirección de Inspección de la Municipalidad a colocar la faja de clausura.

Entre las irregularidades detectadas, se halló a una mujer adulta mayor en una habitación, sin diagnóstico de salud a pesar de estar alrededor de tres días postrada, según los dichos de la propietaria del hogar, y sin calefacción.

Ante este panorama se ordenó a la dueña llamar al equipo de emergencia privada con que deben contar estos espacios, y ante la imposibilidad de contacto se dio intervención al servicio 107, que decidió trasladar a la enferma a un efector privado de salud. El médico que la trató destacó en su informe que “impresionaba el mal estado general en que se encontraba la mujer.

Además, descubrieron que la mujer estaba atada a la cama, según la propietaria del hogar, porque padecía problemas psquiátricos.

En la intervención también se convocó al Imusca porque al ingresar al hogar encontraron un perro con aparente estado de sarna, por lo que fue trasladado y tras los estudios de rigor, se corroboró que estaba infectado de pulgas.

Por otra parte, los inspectores se encontraron con la salida de emergencia obstruida, lo cual dificultó el traslado de la anciana en camilla.

La secretaria de Control Urbano y Convivencia, Silvia Rocha, informó que “este hogar, tiempo atrás, ya había recibido una clausura preventiva por una denuncia de malos tratos que no pudo ser corroborada. Cerrada la investigación se le permitió volver a abrir, y durante este año recibieron asesoramiento y recomendaciones para que pudieran continuar prestando el servicio. La mujer que está a cargo, que también es una señora mayor, nos dijo que ya no puede seguir con el servicio, y por eso, sumado a la situación que detectamos en la visita, se decidió pedir la clausura al juez”.

En el hogar fueron hallados diez adultos mayores, una mujer con discapacidad que es apoderada de la dueña, y convivía con los ancianos una mujer adulta (nieta de la dueña), con una niña de 5 años.

Según lo establecido en la resolución, a partir del próximo 14 de julio el inmueble de Aufranc 134 deberá quedar totalmente desocupado. Cabe destacar que, conocida la resolución, las trabajadoras sociales del área Adultos Mayores de la Secretaría de Desarrollo Humano se contactaron con las familias de los residentes, y todos los adultos mayores fueron reubicados, por lo cual ya no quedan pacientes en el hogar.

Dos domicilios particulares fueron allanados y clausurados este miércoles en Venado Tuerto, luego de comprobarse que funcionaban ilegalmente como alojamientos para adultos mayores en condiciones alarmantes. El procedimiento fue realizado por la Secretaría de Control Urbano y Convivencia, en articulación con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), personal médico del SIES, la Policía de Investigaciones (PDI) y equipos de la Secretaría de Desarrollo Humano.

La intervención surgió por un oficio del fiscal Iván Raposo, tras una denuncia anónima que advertía la existencia de personas mayores hacinadas en dos viviendas: una en calle Garbarino, casi Rivadavia, y otra en Sigal 566. "Cuando fuimos el martes, nos encontramos con evasivas y se nos negó el ingreso, pese a las evidencias que ya teníamos por comentarios del vecindario", relató la secretaria Silvia Rocha.

Tras la negativa inicial, el fiscal dispuso órdenes de allanamiento, ejecutadas al día siguiente. El ingreso a la casa de Garbarino reveló un panorama crítico: ocho personas mayores, entre ellas una con discapacidad y otra con problemas de salud mental, se encontraban hacinadas en una sola habitación sin baño, sin agua caliente ni cocina.

"Había cinco camas para ocho personas. El baño era externo, precario, sin ducha ni agua caliente. El sistema de calefacción era casero y peligroso. Era un galpón improvisado como dormitorio", describió Rocha. Las pertenencias de los residentes estaban apiladas en el patio, y un lavarropas Hogar obsoleto ubicado en el único sector de higiene disponible.

Uno de los adultos mayores fue hallado postrado en una cama metálica oxidada, en grave estado de salud. Presentaba deshidratación, desnutrición, escaras y un posible cuadro de abandono. Fue trasladado de urgencia al hospital regional Dr. Gutiérrez, donde quedó internado en la guardia.

Además, no se encontraron legajos, teléfonos ni ningún tipo de información sobre los alojados. "No sabíamos sus nombres completos ni cómo ubicar a sus familiares. Fue una tarea casera, lenta, donde la trabajadora social tuvo que reconstruir vínculos desde cero", expresó Rocha.

El equipo de Desarrollo Humano del municipio asistió en la contención y reubicación. Cuatro adultos mayores fueron trasladados a instituciones habilitadas, y otros tres fueron retirados por familiares luego de ser localizados tras una intensa búsqueda.

“Muchos familiares ni sabían que sus familiares estaban ahí. Otros, sí sabían, pero quizás nunca se acercaron a ver cómo vivían. Eso también nos interpela como sociedad”, reflexionó la funcionaria.

El segundo operativo se realizó en una vivienda de calle Sigal 566. Allí se encontraron seis personas: cuatro mujeres mayores que compartían una misma habitación —algunas dormían juntas en camas individuales— y dos hombres bajo régimen de prisión domiciliaria, que dormían en sillones.

"Era una casa de familia, con desorden, falta de higiene, sin camas suficientes ni condiciones adecuadas. No había organización alguna", señaló Rocha, añadiendo que allí se labraron las actas correspondientes.

Según detalló la titular de la cartera de Control y Convivencia, ambos domicilios estarían vinculados con una pensión previamente clausurada por el Juzgado de Faltas, ubicada en calle Argonz. En este sentido indicó que, la responsable de aquella pensión —al verse obligada a cerrar— derivó rápidamente a los residentes a estas dos casas, una perteneciente a su hermana y otra a su madre.

“El juez había otorgado un plazo prudencial para que se buscara la reubicación de los abuelos, pero esa persona no lo aprovechó. Actuó a las apuradas, sin medir consecuencias, y los alojó como pudo, en casas particulares sin habilitación ni condiciones mínimas”, subrayó la funcionaria.

El municipio ya presentó las denuncias correspondientes ante el Juzgado de Faltas y la Fiscalía. “Nosotros queremos que esta persona sea inhabilitada para volver a estar al frente de un hogar. No puede seguir prestando este tipo de servicios”, afirmó Rocha. La Defensoría General también se sumó a la causa.

Por último, desde la Municipalidad recordaron que existe un registro público de hogares habilitados en la página oficial del gobierno local. “Invitamos a las familias a consultar siempre antes de alojar a un ser querido. La responsabilidad también es compartida: no alcanza con pagar una cuota, hay que visitar y saber cómo viven”, concluyó Silvia Rocha.

El juez de faltas Stéfano Quaglia expuso el trabajo de fiscalización que lleva adelante el municipio de Venado Tuerto, en conjunto con el Poder Judicial y distintas áreas municipales, para regularizar el funcionamiento de los hogares de convivencia para adultos mayores. De los 28 establecimientos relevados, 21 ya han obtenido su habilitación, mientras que otros siete se encuentran en proceso de adecuación o han sido clausurados por incumplimientos reiterados.

“Se realizó una clausura preventiva en calle Roca al 1200, donde se constató una serie de incumplimientos sostenidos. La titular del hogar se comprometió a modificar las condiciones edilicias y formales del lugar, por lo cual permanece clausurado mientras se ejecutan las reformas”, explicó Quaglia. El inmueble, que es alquilado, se encuentra en obras y será reinspeccionado por diversas áreas del municipio antes de una eventual reapertura.

El funcionario también detalló que muchos de los incumplimientos no solo se relacionan con el estado edilicio, sino con la documentación obligatoria que deben presentar los responsables de los hogares: “Es fundamental contar con los datos médicos, el consentimiento familiar, seguros de responsabilidad civil, servicio de emergencia y condiciones de seguridad como matafuegos, luces de emergencia e instalaciones eléctricas adecuadas”.

Actualmente, hay otros seis establecimientos en observación. Uno de ellos, ubicado en calle Italia al 400, recibió una notificación de clausura diferida y obtuvo una prórroga de una semana para presentar la documentación faltante. “En este caso, eran cuestiones mínimas. Escuchamos a los familiares, analizamos la situación y decidimos ser prudentes. A veces los papeles están, pero traspapelados”, explicó Quaglia. También confirmó que otro hogar será clausurado esta semana y que, si los responsables no cumplen con lo requerido, se programarán clausuras cada quince días.

“Es importante entender que detrás de cada hogar hay personas, adultos mayores que muchas veces no tienen familiares cerca. Por eso, el trabajo social que se hace desde el área de Desarrollo Social es clave para garantizar su bienestar y, en caso de clausura, gestionar su reubicación”, agregó.

Además del control sobre los hogares, Quaglia se refirió a la implementación del sistema de fotomultas en Venado Tuerto, mediante cámaras que registran infracciones en semáforos, puntualmente el cruce con luz roja.

“El sistema está funcionando bien. Ha habido una disminución en la cantidad de infracciones porque la gente va tomando conciencia. Muchas veces los cruces en rojo ocurren por distracción o ansiedad en horas pico”, señaló el juez. Las cámaras capturan una secuencia de hasta cinco imágenes que no dejan dudas sobre la infracción.

Quaglia destacó que el objetivo no es recaudar, sino prevenir: “Preferiríamos no tener ninguna multa si eso significa que nadie cruza un semáforo en rojo. Esto no se trata de poner una trampa, sino de generar hábitos seguros. Hoy no hace falta tener un inspector parado en cada esquina, la tecnología permite un control efectivo”.

Según explicó, las actas solían concentrarse en semáforos céntricos como los de Alvear y San Martín, o Caccé y Rivadavia. Pero ahora, gracias al sistema automatizado, el control se extiende a más zonas de la ciudad.

“Al que no comete la infracción, esto no lo afecta. El que cruza en rojo, sabe que lo va a pagar”, concluyó Quaglia, resaltando el rol preventivo del sistema.

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Sobre el mediodía de este viernes, personal del área de Seguridad Alimentaria de la Secretaría de Control Urbano procedió a la clausura preventiva de una carnicería ubicada en Mitre y Lavalle. 

Según información recabada por Sur24, la denuncia ingresó este jueves en la propia dependencia donde funciona la cartera Seguridad Alimentaria, haciendo referencia a malos olores que provenían de esta carnicería. Ya este viernes, personal se hizo presente en el lugar, donde se constató que había muchos kilos de carne, cuyas condiciones organolépticas estaban alteradas y que era notorio por el color, el olor y la temperatura. 

Además, tanto los cortes que estaban en exhibición como en cámara estaban a altas temperaturas, más de 10 grados.

También se constató la presencia de plagas y problemas de desagües e higiene en general.

Este cuadro de situación generó el decomiso de más de 300 kilos de carne, tanto de vaca como de cerdo y pollo, que estaban en mal estado y no aptas para su consumo. 

La clausura preventiva de dos comercios en menos de 24 horas, un supermercado chino ubicado en Belgrano al 2000, el martes 2 de julio y un mayorista de alimentos situado en Colón al 400, el miércoles 3 de julio, sigue generando repercusiones en Venado Tuerto, sobre todo porque tratarse de dos negocios con una importante afluencia de público a diario. Ambos locales permanecerán cerrados hasta revertir la situación y abonar la multa correspondiente.

En el caso del supermercado, este miércoles se llevó a cabo la audiencia en el Tribunal Municipal de Faltas donde se estableció el monto a pagar por las infracciones detectadas. En total serán 13.325.608,92 pesos, además de cumplimentar con la habilitación correspondiente para volver a funcionar.

Según información a la que accedió Sur24, se constató el incumplimiento de 8 artículos de las ordenanzas 4343 y 5574 que establecen las medidas de seguridad agroalimentaria. A su vez, se puso énfasis en la falta de habilitación y la reincidencia, ya que es la tercera vez que se clausura un negocio del mismo propietario. Es más, el titular de este comercio hace pocas semanas tuvo que abonar cerca de 11 millones de pesos en concepto de actas de infracción que tenía pendiente con el juzgado municipal. 

De todos modos, el compromiso asumido fue el de saldar la multa esta semana y acondicionar el local para volver a abrir sus puertas.

Vale señalar que la clausura preventiva de este supermercado de origen oriental fue a raíz de una inspección que realizó el municipio local a partir de denuncias recibidas que daban cuenta de la presencia de alimentos vencidos y otros que habrían sufrido cortes en la cadena de frío. En el lugar se procedió a secuestran diferentes productos, además de constatar algunas irregularidades en cuanto a la seguridad e higiene. 

Mientras tanto, otro de los comercios clausurados el día miércoles pasado fue el mayorista de alimentos de calle Colón al 400. Desde la Dirección de Seguridad Alimentaria brindaron algunas precisiones en torno a la cantidad de mercadería que fue incautada, la cual estaba vencida, con fecha de caducidad borrada o adulterada. En total hay más de 1.370 kilos de alimentos (harina, te, fiambres, conservas, golosinas, ente otros) y 4.500 litros de bebida (gaseosas, jugos, aceite), de los cuales 537 kg y 3.627 litros fueron secuestrados durante el procedimiento que llevó a cabo la Secretaría de Control Urbano y Convivencia el pasado miércoles en horas de la mañana, y 835 kg y 858 litros fueron entregados de manera voluntaria, ya que estaban en depósito. 

Cabe recordar que la clausura preventiva de este comercio que contaba con habilitación correspondiente fue solicitada por el Tribunal Municipal de Faltas de Venado Tuerto a partir de la inspección que realizó el área de Control del gobierno local. Previamente, en las oficinas municipales se habían recepcionado una serie de denuncias y reclamos, no sólo por alimentos vencidos, sino también por falta de higiene y presencia de plagas, elementos que fueron constatados por los propios inspectores.

El pasado lunes, el titular del establecimiento tuvo su audiencia en el juzgado municipal, donde se le dio lugar al descargo. Ahora, restan dos cuestiones: el acondicionamiento del local y abonar la multa, cuyo monto será informado la semana entrante.  

Este lunes, el titular del mayorista de Colón al 400, uno de los comercios clausurados la semana pasada por la Secretaría de Control Urbano y Convivencia, tuvo su audiencia en el Tribunal Municipal de Faltas, donde se le informó sobre las actuaciones y se le brindó la posibilidad de hacer su descargo. En los próximos días se informará sobe la multa que deberá abonar por las irregularidades detectadas.

Cabe recordar que ente el martes y miércoles último, se procedió a la clausura preventiva de dos locales comerciales, un supermercado en calle Belgrano al 2000 y el mayorista de calle Colón al 400, por detectarse diferentes incumplimientos de las normativas vigentes. Entre ellos había productos vencidos y con fechas de caducidad adulteradas, además de detectarse diferentes irregularidades, como en el caso del mayorista que presentaba graves problemas de higiene, limpieza y orden.

A partir de esta medida provisoria, se dispuso desde el Tribunal Municipal de Faltas la citación a los propietarios o responsables, dando la posibilidad de dar las explicaciones correspondientes.

La primera de ellas fue para el comercio de calle Colón, donde se encontró gran cantidad de alimentos que no estaban aptos para su consumo (harina, té, aceite, fiambres, conservas, bebidas, golosinas, chocolates), y este miércoles será el turno del supermercado, donde además de alimentos vencidos se registraron denuncias por cortes en la cadena de frío. 

Desde el Juzgado municipal adelantaron que ambos comercios deberán cumplimentar con las respectivas tareas de limpieza, desinfección y orden para poder volver a funcionar, además de abonar las multas, cuyos montos serán determinados e comunicados la semana entrante. En el caso del super, deberá avanzar con la habilitación, trámite que tenían incompleto. 

Vale remarcar que las irregularidades detectadas tienen una penalidad que van de las mil a las 10 mil UTM (Unidad Tributaria Municipal), que actualmente tiene un valor de 172 pesos, es decir que pueden variar entre los 1.720 y 1.720.000 pesos. También se pueden aplicar normativas provinciales y nacionales, que establecen multas más elevadas de acuerdo a cada caso.

Por orden del Tribunal Municipal de Faltas, la Secretaría de Control y Convivencia Urbana procedió, en poco más de 24 horas, a la clausura de dos comercios dedicados a la venta de alimentos: un supermercado de origen chino, ubicado en Belgrano al 2000, y una distribuidora, situada en Colón al 400. Como resultado de estos operativos, se incautaron grandes cantidades de productos vencidos y con fechas de caducidad adulteradas, además de detectarse diferentes irregularidades.

Ahora, las causas continuarán su trámite en el Tribunal de Faltas, que luego será el encargado de establecer las sanciones que le corresponden a cada uno, que serán acordes a lo detectado que está detallado en cada actuación de los inspectores municipales. 

En este marco, el juez de Faltas, Stéfano Quaglia explicó que Venado Tuerto tienen vigente la ordenanza 5574 del 2022, que establece el código de seguridad agroalimentaria, regulando en su articulado el funcionamiento de los comercios que se dedican a la venta de alimentos. “Allí se determinan aspectos a las condiciones que deben cumplir estos establecimientos y los productos alimenticios. A su vez, se determinan las sanciones para quienes las incumplen”, señaló. 

Haciendo uso de las facultades que aporta esta normativa, se procedió a la clausura preventiva de ambos locales hasta que se regulen todas las faltas y se decomisen todos los productos que no están aptos para su consumo. Como siguiente paso, se pautará una audiencia, para que los propietarios puedan ejercer su derecho de defensa y descargo. 

Una vez que la Dirección de Salud Alimentaria informe que estos comercios “no cuentan con productos o situaciones que puedan generar un riesgo o peligro para la población, y tras cumplimentar con las infracciones correspondientes, podrán volver a abrir sus puertas”, enfatizó el juez municipal.  

Según precisó Quaglia, en el comercio de calle Colón, “los inspectores detectaron alimentos vencidos, presencia de plagas, falta de higiene, limpieza y orden. Si bien se trata de un mayorista que estaba habilitado para funcionar, las condiciones no eran las adecuadas para hacerlo, más allá que en su momento cumplimentó con todo lo necesario”. 

En cuanto al supermercado de calle Belgrano, que no contaba con el proceso de habilitación terminado, se constató la presencia de alimentos vencidos y otros afectados por cortes de la cadena de frío. 

Cabe señalar que todos estos alimentos fueron destruidos y desnaturalizados, para evitar su consumo. A su vez, en caso de confirmarse la presencia de fechas de vencimiento borradas o adulteradas, se dará intervención al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para encabezar la investigación correspondiente, ya que se estaría frente a un delito penal.  

Por otro lado, y en cuanto a las sanciones, el titular del Tribunal Municipal de Faltas, detalló: “Las irregularidades detectadas tienen una penalidad que van de las mil a las diez mil UTN (Unidad Tributaria Municipal), que actualmente tiene un valor de 172 pesos, es decir que pueden variar entre los 1.720 y 1.720.000 pesos. También se pueden aplicar normativas provinciales y nacionales, que establecen multas más elevadas de acuerdo a cada caso”. Y añadió: “Las multas están directamente relacionadas al volumen o cantidad de alimentos que se decomisaron y al análisis de la situación, porque podemos estar frente a una sumatoria de faltas o de incumplimientos de artículos de las normas”. 

Por último, precisó que el comercio de calle Colón no contaba con sanciones anteriores, mientras que el supermercado de calle Belgrano, ya cuenta con clausuras previas, incluso es el mismo propietario de otro establecimiento, en calle Valdez, que también fue sancionado. 

La secretaria de Control Urbano y Convivencia de la Municipalidad de Venado Tuerto, Silvia Rocha, puso en valor el trabajo que desarrolla el gobierno local en el control de los comercios dedicados a la venta de alimentos, luego de la clausura de un supermercado de origen chino el pasado martes en Belgrano al 2000. 

Según detalló, este local no contaba con habilitación, sin bien había iniciado los trámites, siendo uno de los incumplimientos que llevaron al cierre provisorio, sin embargo, lo más grave, fueron las denuncias por productos vencidos e interrupciones en la cadena de frío de algunos alimentos.

“La decisión que finalmente toma el Tribunal Municipal de Faltas fue en función a todos los elementos que nosotros habíamos elevado y que respondían a infracciones que fuimos detectando”, comentó, resaltando que habían iniciado el trámite de habilitación, aunque no lo habían culminado, ya que faltaban cuestiones básicas vinculadas a la seguridad.

A ello se le suman las actas labradas por el área de Seguridad Alimentaria, con respecto a alimentos vencidos que se fueron encontrando en varias ocasiones y cortes en la cadena de frío, cuestiones “más graves que los trámites”, señaló. 

En este marco, la funcionaria explicó: “Más allá de los controles que hacemos en los locales, recibimos a diario denuncias de vecinos que compran mercadería vencida o en mal estado y de inmediato nos hacemos presentes para constatar esta situación y decomisar los alimentos que no estén en condiciones de ser consumidos, además de labrar las actas correspondientes”. 

Para Rocha, el corte de cadena de frío es una falta muy grave, porque puede generar daños en la salud a quienes consuman esos alimentos. “Para los clientes es difícil constatar el corte en la cadena de frío, a excepción de algunos productos donde los efectos son notorios, como una hamburguesa que no esté congelada o en la temperatura de un lácteo; pero, desde el Municipio, lo que hacemos es medir las temperaturas de las heladeras y el estado de los alimentos”, enfatizó. 

Para la titular de la cartera de Control, “hay una mayor concientización por parte de los comerciantes, desde que se establecieron estos operativos constantes, pero sobre todo, la mayor concientización está en los vecinos que hacen las denuncias correspondientes cuando detectan irregularidades”. 

En este sentido aseguró que los clientes están más atentos a los productos que adquieren, ya sea con la fecha de vencimiento, como en el estado general del producto o el envase. Y ante situaciones dudosas, como la ausencia en las fechas de caducidad, presencia de dobles fechas, alteraciones y demás, no dudan en elevar el reclamo para que el Municipio actúe en consecuencia. 

En la mañana de este martes, personal de la Dirección de Inspección General de la Secretaría de Control Urbano y Convivencia, procedió a la clausura de un supermercado de origen chino en Belgrano al 2000, por una serie de irregularidades e incumplimiento de las normativas vigentes.

Según se informó desde la Secretaría conducida por Silvia Rocha, el local comercial no cuenta con habilitación y había recibido reiteradas actas por mercadería vencida y cortar la cadena de frío.

En el supermercado no se cumplían las medidas de higiene, seguridad y seguridad alimentaria y tampoco se habían realizado los trámites para la habilitación municipal, por eso “luego de varias actas labradas y notificaciones, el Tribunal de Faltas decidió la clausura”, confirmó Rocha.

El pasado martes 27 de febrero desde la Municipalidad de Venado Tuerto procedieron a la clausura de un comercio tipo rotisería, en la intersección de Moreno y 9 de Julio (esquina oeste), por presencia grave de plagas y falta de higiene. En el lugar también se hacían viandas.

La información fue confirmada a Sur24 por fuentes oficiales del estado local, y además indicaron que el local no volverá a abrir sus puertas en esa dirección.

El operativo se llevó adelante a través de la Secretaría de Control Urbano y Convivencia, desde donde dieron a conocer algunos detalles de lo ocurrido.

En tal sentido, informaron que “en lo previo se había realizado una inspección unos cinco días antes. En ese momento, al detectar ciertas cuestiones puntuales, se dejaron una serie de recomendaciones relacionadas con la higiene y el orden”. 

Pero al martes siguiente “entró una denuncia grave a la municipalidad y en consecuencia se procedió a la clausura”.

La faja fue colocada en una de las puertas traseras, para permitir a la persona a cargo retirar distinto mobiliario ya que se mudarían de local.

Según informaron desde el gobierno venadense “el problema principal radicó en una importante presencia de plagas, como así también en un gran desorden”. 

En una de las imágenes del operativo se pueden observar heces de rata en una especio del comercio, como así también una bacha de cocina poco prolija. Al mismo tiempo, desde el área que llevaron adelante la inspección decidieron no hacer públicas determinadas imágenes por considerarlas “muy fuertes”. 

Desde la Municipalidad de Venado Tuerto procedieron a la clausura de una despensa ubicada en calle Falucho al 800 por tener a la venta productos vencidos y las heladeras a una temperatura por encima de lo sugerido para que se dé la correcta conservación de la mercadería. 

El procedimiento se llevó adelante en la jornada del miércoles y se trató de una inspección de rutina. Ahora desde el local deberán cumplir una serie de pasos para abrir las puertas nuevamente, entre ellos, finalizar la correspondiente habilitación.

La Directora de Seguridad Alimentaria, Cecilia Bongiovanni, relató que “se trató de un procedimiento de rutina. Detectamos que dos de los equipos de refrigeración (heladeras exhibidoras) que estaban llenas de fiambres y derivados de lácteos, no tenían la temperatura acorde a lo que corresponde”.

Si en este contexto de “calor es difícil conservar la mercadería, imagínate si las heladeras no están funcionando como corresponde. Por eso procedimos al decomiso de la mercadería, y además había productos vencidos, sin rotular. Y teniendo en cuenta que anteriormente habíamos labrado actas por cuestiones similares, decidimos proceder a la clausura”, agregó la funcionaria. 

En total, desde el municipio incautaron 160 kilos de mercadería, entre fiambres, lácteos y congelados.

El fundamento principal radicó en la temperatura de las heladeras “que duplicaban el valor mínimo de lo establecido, cortándose la cadena de frio. Había hamburguesas que debían estar congeladas y se encontraban blandas al tacto, por eso tuvimos que decomisarlas, partiendo de la base de que es un producto riesgoso”, remarcó Bongiovanni.

La realidad muestra que “todos los días recibimos denuncias por mercadería vencida. En este tiempo donde las ventas han bajado y las despensas han comprado mucha mercadería, termina pasando esto. Y la verdad que no es agradable decomisar mercadería, pero ante la pérdida de la cadena de frio o productos vencidos, no tenemos otra opción que decomisarla”, finalizó la funcionaria.