En una sentencia histórica que marca un precedente en materia de derechos humanos, perspectiva de género y responsabilidad civil, el Juzgado de Primera Instancia de Distrito de Familia N° 1 de Venado Tuerto, a cargo del Dr. Claudio Heredia, dictó un fallo ejemplar que reconoce el derecho a la reparación integral de una mujer víctima de abuso sexual agravado por el vínculo durante su niñez y adolescencia.

Cabe señalar que el fallo fue emitido justamente un 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, instituido en reconocimiento a la valentía de las hermanas Mirabal, quienes fueron asesinadas en 1960 por luchar contra la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana.

El caso llega a esta instancia tras haber sido acreditado penalmente el delito años atrás, con condena firme. En su demanda civil, la víctima solicitó una reparación integral por los múltiples daños sufridos, tanto físicos y psicológicos como materiales, derivados de una violencia que se extendió durante casi una década.

Tras lo cual, el juez Heredia dispuso una compensación superior a los 100 millones de pesos como reparación integral. Este monto reconoce no solo las secuelas psicológicas y emocionales de la víctima, sino también las afectaciones profundas a su calidad de vida, salud y las oportunidades truncadas debido al abuso intrafamiliar.

El fallo incluye una indemnización por los siguientes conceptos:

·         Incapacidad física y psicológica sobreviniente.

·         Daño moral.

·         Daño sexual.

·         Daño emergente derivado de los tratamientos médicos y psicológicos necesarios.

El juez destacó que el daño sufrido por la víctima constituye una lesión de extrema gravedad, y subrayó que la reparación económica no es un beneficio, sino un derecho humano fundamental, amparado por la Constitución Nacional y tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.

El Dr. Heredia también enfatizó que en los casos de abuso sexual infantil, especialmente cuando el agresor es un progenitor, no se deben aplicar criterios rígidos ni plazos de prescripción descontextualizados. En este sentido, el fallo establece que el plazo para reclamar civilmente comienza a correr desde que la sentencia penal queda firme, y no desde la mayoría de edad de la víctima.

Esta interpretación busca evitar la impunidad civil en situaciones donde la víctima está sometida, aterrada y en silencio dentro del contexto familiar, lo que dificulta el ejercicio de su derecho a reclamar.

Además de la reparación económica, el fallo incorpora medidas de prevención y no repetición, siguiendo los estándares internacionales de protección a las víctimas de violencia de género. Entre las medidas destacadas, se encuentran:

·         Obligación de los demandados de realizar cursos y capacitaciones oficiales en perspectiva de género, violencia de género y derechos de niñas, niños y adolescentes.

·         Prohibición de cualquier forma de hostigamiento, contacto o aproximación hacia la víctima, con el objetivo de proteger su integridad física y emocional.

·         Seguimiento y control del cumplimiento de las medidas, articulado con organismos administrativos y judiciales.

·         Advertencias explícitas sobre las consecuencias legales en caso de incumplimiento, incluyendo nuevas responsabilidades civiles o penales.

Estas medidas no solo buscan proteger a la víctima, sino también evitar futuras conductas violentas, contribuyendo a la función pedagógica que la Justicia debe cumplir en materia de derechos humanos.

El fallo del Juzgado de Familia N° 1 no solo reconoce el daño sufrido por la víctima, sino que pone en el centro a la persona afectada, su dignidad y su derecho a reconstruir su vida. Asimismo, establece un camino claro para casos similares: la reparación económica es una parte inseparable de la justicia en delitos de violencia sexual agravada por el vínculo.

En un contexto social donde aún persisten silencios, estigmas y barreras para las víctimas, esta sentencia se erige como un hito jurídico y social. La decisión reafirma que el Estado tiene la obligación de garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas de violencia intrafamiliar.

En la jornada de este martes, entre decenas de designaciones en el Poder Judicial santafesino, hubo cuatro nuevas confirmaciones de cargos para la 3° Circunscripción Judicial, con sede en Venado Tuerto, resueltas por los ministros de la Corte Suprema Provincial de Justicia santafesina. Son ellos Claudio Heredia como juez de Familia (venía actuando como subrogante en dicho cargo); Mariana Vidal (actual fiscal del MPA) como jueza penal de primera instancia de distrito Melincué; Vanina Servidio Pozzi como fiscal adjunta en Venado Tuerto; y Cecilia Magurno como jueza comunitaria de las pequeñas causas en Maggiolo.

De esta manera, concluyó un largo proceso iniciado con las postulaciones de más de 80 aspirantes de toda la provincia, que debieron atravesar, entre otros pasos, la entrevista en la Comisión de Acuerdos de la Legislatura (integrada por representantes de ambas cámaras) y la correspondiente aprobación de los pliegos en la Asamblea Legislativa.

De los actos oficiales participó la presidenta del Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción Judicial, Andrea Majul, quien destacó las designaciones que desde hacía tiempo reclamaban en distintos ámbitos, no sólo para favorecer la actividad de sus representados, sino también “para garantizar el servicio a los justiciables”, puntualizó la abogada.

Además, Majul valorizó que desde hace un tiempo “los puestos de la 3° Circunscripción están siendo ocupados por profesionales que no sólo residen en el departamento General López, sino que crecieron y se formaron en esta región, es decir que conocen las particularidades e idiosincrasia del vecindario, y eso es muy importante para un mejor desenvolvimiento en la función, como también es el caso de los profesionales recientemente designados”.

(Por Mario Caffaro) – La Comisión de Acuerdos entrevista entre hoy y el viernes a los 82 candidatos a ocupar cargos en la justicia, el Tribunal de Cuentas y el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) y la semana próxima elaborará los respectivos dictámenes a llevar a la Asamblea Legislativa convocada para el jueves 24, a las 13.

Será el mayor tratamiento de pliegos desde 1983 a la fecha por parte de una Asamblea Legislativa que llegará precedida de impugnaciones ante Acuerdos, pero también de una fuerte polémica política sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y que derivó en la convocatoria a la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, hoy a la presidencia de la Cámara de Diputados.

Acuerdos, integrada por cuatro senadores y ocho diputados, hoy es presidida por el senador Raúl Gramajo (PJ – 9 de Julio) y elaboró un cronograma de entrevistas que hoy comprende a los 36 candidatos a jueces comunitarios; mañana a los aspirantes a fiscales, así como al vocal propuesto para el Tribunal de Cuentas y los dos directores del Enress y finalmente el viernes a los propuestos para jueces en distintos puntos de la provincia.

Un vocero parlamentario señaló a El Litoral que las impugnaciones presentadas ya están en manos de los legisladores, no obstante lo cual cumplirán el cronograma establecido de entrevistas a los postulantes tal cual lo indica el reglamento previo a la Asamblea Legislativa. Entre miércoles y jueves será el momento de elaborar los dictámenes para llevar al recinto. “Será importante que la Asamblea se realice y que los nombres sean convalidados por el cuerpo” subrayó un senador oficialista admitiendo la posibilidad de que algunos de los candidatos sean rechazados. Si la Asamblea no logra reunir quórum antes del 30 del corriente, 80 de los pliegos quedarán aprobados en forma ficta. Solo los dos directores de Enress quedarían fuera del acuerdo tácito porque ingresaron en los primeros días de noviembre.

Desde la Cámara de Diputados, varios bloques políticos cuestionaron el funcionamiento del Consejo de la Magistratura a la hora de seleccionar candidatos a jueces comunitarios y cuatro legisladores incluso solicitaron al gobernador Omar Perotti -por escrito- el retiro de los postulantes. En la Casa Gris se rechazó terminantemente esa petición. En tanto, legisladores radicales hablaron de un contubernio entre la Casa Gris y sectores de la Cámara de Diputados.

La citación a la ministra Arena prevista para la tarde de este miércoles apunta a tratar de esclarecer estos hechos.

Los propuestos por el Ejecutivo para ocupar juzgados comunitarios de pequeñas causas son Daniel Fabián Gatti (La Pelada); René Alzugaray (Llambi Campbell), Ana Paula Toselli (María Juana); María Ana Menghini (San José del Rincón); Claudio Ainbinder (San Carlos Sud); María Virginia Frutos (Santo Domingo); Martín Ceschi (La Criolla); Andrea Zurbrigen (Recreo); Melina Papa (Acebal); Noelia Faleroni (Peyrano); Ignacio Cristiani (Puerto Gaboto); Marina Fratini (Pujato); Carolina Mozzi (Bigand); Sandra Arias (Máximo Paz); Cecilia Pollini (Santa Teresa); Pablo Rangel (Empalme Villa Constitución); Romina Brining (Serodino); Vanesa Martínez Massaro (Zavalla); María Bernardita Iturraspe (Fighiera); Verónica Rippa (Carcarañá); María Emilia Sapuppo (Puerto San Martín); Diana Arriondo (Fuentes); Gala Radich (Bombal); Cecilia Magurno (Maggiolo); Carolina Bonetto (Chañar Ladeado); Marcos Callegari (Godeken); Silvina Marcón (Las Garzas); Luciana Engler (Romang); Ramiro Tschannen (Margarita); Gerardo Capovilla (Arrufó); María Peretto (Humberto Primo); Luz Rabasedas (Soledad); Guillermo Lanfranco (Virginia); María Inés Barbero (Tacural); Henry Pons (Pozo Borrado) y Estefanía Gardella (San Martín de las Escobas).

Se completa la nómina con Vanina Servidio Pozzi (fiscal adjunto de Venado Tuerto); Juan Marichal y Valentín Hereñú (fiscales titulares de Reconquista) y Georgina Díaz (fiscal adjunta de Reconquista).

Finalmente el viernes, Acuerdos convocó a los candidatos a jueces para toda la provincia. La nómina incluye a cinco postulantes para jueces penales de Santa Fe: Lisandro Aguirre, Cecilia Labanca, María Celeste Minniti, Pablo Spekuljak y Sebastián Szeifert. Además para los tribunales locales están los nombres de Fernando Gastiazoro y Marisa Malvestiti para el Colegiado de Familia N° 3.

En el caso de Rosario, están los nombres de Ricardo Ruiz para primera instancia en lo Civil y Comercial (15 nominación); mientras que para jueces penales Paola Aguirre, Andrea Aronne, Aldo Bilbao Benitez, Gonzalo Fernández Bussy, Rodrigo Santana y Fernando Sosa.

Para los tribunales de San Lorenzo, Ariel Cattaneo es postulado para juez penal de primera instancia y Darío Pangrazi para el mismo lugar en Casilda.

Claudio Heredia es propuesto como juez de familia en Venado Tuerto y Mariana Vidal como jueza penal de Melincué.

Para el norte, las propuestas de jueces penales son Sergio Olivera para Vera y Natalia Palud para Las Toscas.

Finalmente, para Rafaela los nombres son de Nicolás Stegmayer y Gustavo Bumaguin como jueces penales de primera instancia; Laura Lencioni como juez penal de Menores y Esteban Marquez como juez de primera instancia en lo Laboral de la segunda nominación.

Este año, le corresponde al Senado presidir Acuerdos y el cargo lo desempeña Raúl Gramajo (PJ – 9 de Julio). Los otros tres integrantes de la Cámara Alta son Rubén Pirola (PJ – Las Colonias); Alcides Calvo (PJ- Castellanos) y Lisandro Enrico (UCR- General López).

En tanto, los diputados que integran el cuerpo son Fabián Bastia (UCR – Evolución); Leandro Busatto (PJ); Lionella Cattalini (PS), Julián Galdeano (UCR Juntos por el Cambio), Clara García (PS), Nicolás Mayoraz (Vida y Familia), Maximiliano Pullaro (UCR Evolución) y Gabriel Real (PDP).

El Juzgado de Familia de Venado Tuerto, a cargo de Claudio Heredia, dictó la primera sentencia en el sur sur santafesino sobre transferencia de embriones con la utilización de Tratamientos de Reproducción Humana Asistida (TRHA) de alta complejidad, mediante el método de gestación por sustitución o maternidad subrogada.

Cabe acotar que, en la ciudad de Rosario, por ejemplo, ya hubo fallos en idéntico sentido dictados por los jueces Ricardo Dutto, Andrea Brunetti y Valeria Vittori.

Dr. Claudio Heredia, juez de Familia de Venado Tuerto.

El caso del sur sur fue impulsado por un hombre y una mujer unidos en matrimonio y la gestante (hermana de esta última), todos ellos residentes en el ámbito de la 3° Circunscripción Judicial de la Provincia de Santa Fe, quienes en su presentación ante Tribunales solicitaron la autorización que requieren los institutos médicos para llevar adelante este procedimiento científico, como así también la declaración de inconstitucionalidad del artículo 562 del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual establece que “los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre en los términos de los artículos 560 y 561, debidamente inscripto en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, con independencia de quién haya aportado los gametos”.

Además, dichos ciudadanos solicitaron que, en caso de recepción de la demanda (autorización), se ordene al Registro Civil, al momento del nacimiento del niño/a, su inscripción como hijos del matrimonio.

En busca de conocer los pormenores del caso, Sur24 dialogó con el juez de Familia, Claudio Heredia, quien sintetizó que “se presentó un matrimonio, junto con la hermana de la señora, pidiendo la autorización para llevar a cabo el procedimiento científico de fecundación en el vientre de esta última y concebir un hijo o hija de la pareja”. Y amplió: “El artículo 562 (del CCCN) dice claramente que quienes nacen por TRHA son hijos de quien dio a luz, pero en este caso la gestante carece de voluntad procreacional, sino que es la pareja quien la tiene. En consecuencia, estaremos en presencia, cuando suceda, de una mujer que lleva en el vientre un hijo de un matrimonio cuyos miembros proveyeron el material genético”.

Por otra parte, los mismos actores pidieron la inconstitucionalidad del citado artículo 562 del CCCN, dado que, si se ajustara a la letra fría, ese niño sería hijo de la hermana de la mujer con voluntad materna. Y en tal sentido, el juez venadense consideró que para decidir sobre la procedencia de la acción, debía contemplarse, por sobre todas las cosas, la voluntad procreacional, señalando que “el elemento más relevante en la determinación de la filiación del niño/a nacido por Técnica de Reproducción Humana Asistida (TRHA) es la voluntad o decisión de que ese hijo naciera, no sólo en cuanto causa eficiente última e infungible, sino porque los demás elementos biológicos pueden ser sustituidos todos; en cambio, lo que nadie puede suplir en cada caso concreto para un determinado nacimiento, es el acto de voluntad en ese sentido de una pareja”, subrayó.

En la misma línea, el magistrado basó su decisión en la interpretación de que “el artículo 562 en este caso particular era inaplicable porque el mismo no prohíbe la gestación por sustitución o subrogación materna, y todo lo que no está prohibido, según el artículo 19 de la Constitución nacional, está permitido, es decir que se trata de una alegalidad, que es algo que no está expresamente prohibido ni tampoco está reglamentado. En consecuencia, en base al artículo 19, tratados internacionales y derechos humanos involucrados, se impartió una decisión judicial que hacía innecesaria la declaración de inconstitucionalidad de una norma que no prohíbe ni permite la gestación por sustitución”, reforzó Heredia, acotando además que hizo hincapié en el interés superior del niño/a.

En conclusión, la autorización pretendida fue receptada por el Tribunal, no declarando la inconstitucionalidad del artículo 562 del CCCN, sino su inaplicabilidad para el caso que fue juzgado y ordenando la autorización para oficiar en caso de nacimiento del niño/a, al Registro del Estado Civil y Capacidad de las personas como hijo/a del matrimonio.

Dr. Claudio Heredia, Juez de Familia de Venado Tuerto.

Un Juzgado de Familia siempre refleja realidades sociales, en función de las causas que ingresan, y esto sucede también en Venado Tuerto, desde su creación hace una década. Desde fines de 2021, Claudio Heredia es el responsable del Juzgado de Familia de la 3° Circunscripción Judicial, en el rol de subrogante. Y el Derecho de Familia no es una especialidad nueva para él, pues además de haberla desarrollado en el ejercicio libre de la abogacía, actuó cinco años como director del Instituto de Familia del Colegio de Abogados regional. Allí, desde el otro lado del mostrador, descubría día tras día qué hacía falta cambiar para brindar un mejor servicio de justicia en esa rama caracterizada por el volumen y la emotividad de las problemáticas.

Previo a su ingreso, el juzgado del primer piso de los Tribunales de San Martín al 600 había estado un año sin un magistrado propio (desde la jubilación de su titular Nancy Grasso), y si bien cubrieron ese espacio, alternativamente, los jueces en lo Civil y Comercial, María Celeste Rosso y Gabriel Carlini, ellos mantenían sus actividades y era imposible abordar con buen ritmo la demanda cotidiana del único juzgado de temáticas familiares del sur sur provincial.

Hoy, con los expedientes casi al día, Claudio Heredia dedica 10 horas diarias a la función, en su despacho o en la zona, y una decena de audiencias cada día. Aun así, dijo que es indispensable la apertura del nuevo Juzgado de Familia que ya está aprobado para Venado Tuerto, pero aún sin asignación presupuestaria.

Sobre la actualidad de la repartición, sostuvo que “de acuerdo a las reformas introducidas en el Derecho de Familia, se busca que el juez sea proactivo, y en lugar de apagar incendios, busque evitarlos. A mí me gusta escuchar a la gente en las cuestiones de familia, tomando audiencias en el lugar; la clave es saber escuchar y brindar seguridad jurídica a través de la imparcialidad”. Y acotó que con su equipo intervienen en todos los conflictos de índole familiar, como divorcios, cuota alimentaria, responsabilidad parental, protección integral de la niñez en situación de vulnerabilidad y salud mental.

En 2010, tras la jubilación de Marcos Ferrarotti, Heredia ocupó por casi dos años el Juzgado Civil y Comercial de la 2° Nominación, que en esa época tenía a su cargo los asuntos de familia, ya que el Juzgado de Familia se creó en 2012. Y recuerda que mientras cumplió esa función, hace más una década, “observaba un crecimiento exponencial de los casos de violencia familiar, y luego, otra vez en el ejercicio de la profesión, como abogado, también veía ese desmadre. Hoy, en el Juzgado de Familia, recibimos 10 o 12 denuncias por día de violencia familiar, con algunos picos de 33 en un fin de semana largo”, graficó, y ratificó que la explosión se dio a partir de la pandemia.

“Estos casos de violencia familiar exigen la adopción de medidas urgentes y por lo general actúa en primer lugar el fiscal del Ministerio Público de la Acusación; en el Juzgado de Familia recibimos las denuncias en la mañana y en un par de horas están todas las notificaciones realizadas. Y si la Fiscalía decidió una exclusión de hogar, nosotros verificamos que se lleve a cabo, siempre a partir de la atenta escucha a las personas involucradas, en el marco de una audiencia para interiorizarnos de la problemática”, ilustró Heredia.

“Por lo común, la mujer que presenta una denuncia ya atravesó una serie de circunstancias, como bien lo resume una campaña de concientización contra la violencia de género cuyo eslogan era: ‘El golpe es el último acto de violencia’. Entonces, ante la denuncia, el Estado no debe responder con indiferencia ni liviandad, sino a través de medidas urgentes y eficaces, por ejemplo, exclusión del hogar de la persona denunciada. Hay veces en que no basta con esa medida -agregó-, sino que se contemplan rondas de custodia policial o botón de pánico. Claro que también se constata si hay golpes y lesiones, pero ésa es tarea de los fiscales que investigan penalmente; mi responsabilidad es la protección de esa mujer y esos niños en situación de vulnerabilidad, es decir que la prioridad es la medida preventiva, y luego, en conjunto con el MPA, se dilucida si realmente hubo golpes o lesiones”.

En igual sentido, precisó que la aplicación de la Ley Integral de Protección a la Mujer invita a evaluar las situaciones “con perspectiva de género” y añadió que no todos los episodios violentos se vinculan con la agresión física, sino que también los hay en los planos psicológico, económico, emocional y sexual.

“Yo soy partidario de imponer sanciones severas a quienes incumplen una cuota alimentaria o un régimen de comunicación, porque se trata de derechos humanos reconocidos en convenciones internacionales y donde están los niños de por medio. Dichas sanciones pueden ser pecuniarias, a través de multas por incumplimiento o multa diaria (por cada día de atraso), o bien conminatorias, que pueden ir desde el retiro de una licencia de conducir hasta la aplicación de un trabajo comunitario”, sostuvo el juez Heredia.

“Siempre digo que el juez de Familia debe hacer docencia y acompañar de cerca la problemática. Sería más sencillo dictar una resolución sin verle las caras a los involucrados, pero no concibo la Justicia con esa frialdad, y menos aún en el área de Familia, porque no estamos litigando el cobro de un cheque o de un pagaré, sino que estamos hablando de emociones”, redondeó.

Si bien a principio de año el Juzgado de Familia y el Ministerio Público de Acusación diseñaron estrategias a los efectos de brindar un servicio de justicia ágil y eficiente, Claudio Heredia admitió que “hay infraestructuras que no dan abasto”, dimensionó que en estos momentos “hay 10 mil expedientes activos en el Juzgado de Familia” y recordó que el organismo a su cargo es el único en la 3° Circunscripción con especificidad en la materia, en tanto que los juzgados de Firmat, Melincué y Rufino, si bien atienden cuestiones de familia, son de fueron pleno, con mayor incumbencia en temas civiles y laborales.