La Cámara de Diputados avanzó finalmente con la media sanción a otro de los mensajes enviados en los primeros días de diciembre por el gobernador Maximiliano Pullaro a la Legislatura. Se trata de la futura Ley de Gobernanza de Datos y Acceso a la Información Pública que obtuvo respaldo unánime en general, pero cuestionamientos en lo referido al régimen de compras por parte del bloque justicialista y de Vida y Familia e Inspirar.

Son dos temas diferentes e incluso el de Acceso a la Información es la décima vez que se vota en la Cámara de Diputados, siempre a instancias de los bloques de la democracia progresista. Ahora, se incorpora la temática a la llamada Gobernanza que es facilitarle al ciudadano los trámites ante el Estado.

"Es ciudadanía digital" dijo el radical José Corral al fundamentar la votación. Corral, Rubén Galassi (PS) y Dionisio Scarpin (UCR) fueron los informantes del mensaje mientras que Walter Agosto se encargó de formular las observaciones referidas al capítulo de compras por las que su bloque votó en contra un capítulo del extenso proyecto de sesenta artículos.

"En la actual era digital la provincia de Santa Fe tiene ante sí una oportunidad inigualable de modernizar y optimizar su gestión pública mediante la incorporación de tecnologías emergentes y exponenciales de la Revolución 4.0, en línea con lo propuesto por la Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública. La innovación pública, entendida como la introducción de nuevos procesos, productos o servicios que agregan valor y responden a desafíos colectivos, es esencial para mejorar la satisfacción ciudadana y la productividad de la administración estatal tal como se reconoce en diversos documentos oficiales y bibliografía relevante", señala el mensaje en sus considerandos.

"La gobernanza de datos emerge como un elemento crucial para una gestión responsable y ética de los datos generados y gestionados por las entidades públicas, asegurando la transparencia, la privacidad y la protección de los datos personales, alineado con los principios de gobernanza democrática y gobierno abierto", acota.

Dijo Corral que la ley define los criterios para que, con un Estado organizado, el cúmulo de información que posee la ponga al servicio del ciudadano. Explicó que la norma apunta a la neutralidad tecnológica, la interoperabilidad, la accesibilidad, la seguridad de datos y la no discriminación a las personas.

Galassi, en tanto, fue detallando los avances en incorporación de tecnología que hizo el Estado santafesino primero en la DPI y luego con el Data Center. "Hay toda una historia sobre esto en Santa Fe por lo que el gobierno no parte de cero", aseguró.

A su turno, Scarpin destacó que el Estado debe ser eficiente a la hora de prestar servicios y no dudó en señalar que esta iniciativa da herramientas para hacer de Santa Fe una provincia líder en la materia.

Por su parte, Agosto subrayó que el proyecto en sí avanza en buena dirección, ordena compartimentos estancos pero la observación del bloque fue al régimen de compras para la inversión establecido en el texto. Admitió el recelo que existe entre el Estado y los proveedores, hasta subrayó la necesidad de que la tecnología tenga un régimen específico de compras, pero "ese régimen debe ser robusto en beneficio del Estado para establecer reglas claras para dar certeza para encontrar inversores".

"La Ley, entonces, busca establecer un marco normativo robusto que promueva la innovación pública, la aplicación de nuevas tecnologías, una gestión ética y transparente de los datos, el ejercicio efectivo del acceso a la información pública como mecanismo de control ciudadano y profundización de la democracia, así como también, fomentar la eficiencia y colaboración en las compras públicas y financiamiento de proyectos de innovación pública en la Provincia de Santa Fe", señala el mensaje en sus fundamentos firmado por Maximiliano Pullaro y el ministro Fabián Bastía.

En el marco del proyecto presentado por el gobernador Omar Perotti, la Cámara de Senadores de Santa Fe sancionó en forma definitiva la adhesión de la provincia a la Ley Nacional N°27.590 denominada “Mica Ortega”, en alusión la niña de 12 años que fue asesinada en abril del 2016 por un hombre que la contactó con una falsa identidad a través de la red social, Facebook.

Desde el inicio de la gestión, autoridades provinciales y nacionales, equipos técnicos y profesionales de ambas jurisdicciones, mantuvieron una serie de encuentros, desarrollados en la ciudad de Santa Fe como así también en dependencias nacionales, con el objeto de delinear ejes y políticas para instrumentar en el territorio provincial, y contrarrestar una problemática que afecta a jóvenes que son víctimas de ciberacoso.

En su última visita a la ciudad de Santa Fe, el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, fue recibido por el ministro Danilo Capitani y la secretaria de Niños, Niñas y Adolescencias, Patricia Chialvo, y en la sede del Ministerio de Desarrollo Social, se realizó la presentación de “Click Derechos – Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming”.

Luego, el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, expresó que “es fundamental que desde la provincia podamos sumarnos a la secretaría nacional para abordar una problemática de suma gravedad que va en aumento debido al avance de la tecnología y su accesibilidad por parte de los chicos y chicas”.

Por su parte, la secretaria de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Chialvo, expresó que “mediante acciones de promoción de derechos, como sociedad, debemos comprometernos para que puedan participar de forma segura y responsable en Internet para prevenir este tipo de delitos, es importante dar a conocer el tema, informar adecuadamente y sensibilizar a los adultos en primer lugar, y a niñas, niños y adolescentes.”

A través de esa normativa, se creó el Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes. Además de generar conciencia sobre el uso de las nuevas tecnologías y garantizar los derechos de los menores, se capacitará a la comunidad educativa de los niveles inicial, primario y secundario.

En su articulado, la ley define al grooming o ciberacoso como a la acción en la que una persona por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contacte a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma.

El grooming es un delito penal. El abusador suele mentir sobre su identidad para generar un vínculo de confianza y pedirle imágenes intimas para extorsionar, concretar un encuentro personal, cometer un abuso sexual físico o solicitar más imágenes, por ejemplo, para comercializarlo en las redes.

Se trata de abordar la problemática del grooming, el ciberacoso y violencias digitales desde la perspectiva de ejercicio de la ciudadanía digital.

La solución no es prohibir sino fomentar el buen uso de las redes para que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer la ciudadanía en entornos digitales con responsabilidad y cuidados.