Alberto Turcato, presidente del Colegio de Abogados.

En momentos en que ganaban espacio mediático las advertencias por el estado de abandono de la obra del Centro de Justicia Penal en el viejo Hospital Gutiérrez, a fines de abril, la secretaria de Obras Públicas, Leticia Battaglia, y el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, adelantaron, respectivamente, el nuevo llamado a licitación para reactivar los trabajos -con revisiones- y la instalación en ese espacio, el año entrante, de “un gran centro judicial y policial”. Apenas conocidas las novedades, el presidente del Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción, Alberto Turcato, celebró la decisión política provincial de reanudar los trabajos en el centenario inmueble de Gutiérrez y Eva Perón. “No se conocen detalles aún, pero de las declaraciones de los funcionarios se desprende que el proyecto del Centro de Justicia Penal será ampliado sustancialmente, y eso nos entusiasma, porque nosotros cuatro años atrás propusimos agrupar no sólo los distintos juzgados (comercial, penal, civil, laboral, familia, etc.), sino también el Ministerio Público de la Acusación (MPA), y otros organismos provinciales, como la Administración Provincial de Impuestos (API), el Registro Civil, la Agencia de Mediación, el Registro Público de Comercio, el Registro de la Propiedad Inmueble y agencias del Nuevo Banco Santa Fe y del Correo Argentino”, enumeró Turcato. Y amplió: “Hoy tenemos numerosos inmuebles dispersos en el sector céntrico, como el MPA, organismo del Poder Ejecutivo que cumple funciones judiciales en materia investigativa, en Alvear y San Martín; la Defensa Pública, que también depende del Ejecutivo y se encuentra en Castelli y Alvear; los Tribunales de San Martín al 600; el edificio ex Vigor en Castelli y Chacabuco; y el de Saavedra 455”.

“Algunas propiedades son de la Provincia y otras se alquilan, y muchas de ellas presentan estructuras obsoletas y un escaso mantenimiento que impiden garantizar un adecuado servicio de justicia a la ciudadanía”, describió. Y a continuación graficó el abogado que “ni siquiera tenemos una sala de audiencias en la parte civil, sino que usamos un salón de usos múltiples, que es muy pequeño y de ningún modo cumple con los protocolos sanitarios que exige un tiempo de pandemia (…) También sufrimos en su momento con el Juzgado de Familia, que ya se trasladó a los Tribunales de calle San Martín, pero durante largos años funcionó en la precariedad de una vivienda alquilada en Chacabuco al 1300”, recordó.

Más adelante, Turcato observó que la obra, tras el nuevo llamado a licitación, podría financiarse, en parte, con la venta de edificios provinciales de alto valor inmobiliario, como los de San Martín al 600 y Castelli y Chacabuco. “Desde ya que el primer paso sería desafectar ambos inmuebles del dominio público, lo que tiene que hacerse a través de una ley, y luego sacarlos a la venta en el mercado y generar cuantiosos recursos económicos”, sugirió.

“Nosotros apoyamos cuando el gobierno de Miguel Lifschitz inició la obra del Centro de Justicia Penal con el objetivo de reunir en un mismo espacio a fiscales, defensores y jueces penales de ambas instancias, pero sin dejar de advertir que en el mediano plazo sufriríamos la misma problemática edilicia. Ahora, sabiendo que puede modificarse el proyecto, vamos a insistir en la conveniencia de aprovechar un espacio amplio y de gran valor histórico como el ex Hospital Gutiérrez para agrupar todas las dependencias judiciales, además de algunas reparticiones provinciales”, sostuvo. “Así estaríamos optimizando el servicio de justicia, asegurando para el futuro una estructura moderna y funcional -como ya tienen otras circunscripciones de la provincia-, descomprimiendo el microcentro de la ciudad y revitalizando una zona que decayó en gran medida desde el traslado del Hospital. Voy a seguir luchando en este sentido hasta el final de mi gestión y también lo hará en su momento quien me suceda, pues se trata de un objetivo institucional”, cerró Turcato.

Si bien hubo voces críticas que tildaron de “faraónico” el proyecto de Ciudad Judicial, el Colegio de Abogados nunca estuvo solo en la patriada, sino que desde el vamos recibió apoyos desde los cuatro colegios de abogados colegas de la provincia y entidades intermedias locales, y además Turcato destacó el aval de todo el espectro político, como el ex intendente José Freyre, el ex diputado provincial Oscar Pieroni y el senador provincial Lisandro Enrico. Incluso, a fines de 2017, el legislador boinablanca organizó reuniones en el Centro Cívico para fortalecer la iniciativa y declaró: “Hace mucho tiempo que la ciudad de Venado Tuerto no tiene una considerable inversión edilicia en materia judicial. Esta es una oportunidad que nos habilita el desuso del viejo Hospital Gutiérrez para poder empezar a tener instalaciones de Tribunales en condiciones óptimas. Nuestro objetivo es mejorar la infraestructura judicial”.

El ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Jorge Lagna, confirmó esta tarde que el gobierno provincial tiene la decisión política de inaugurar el año próximo un “gran centro judicial y policial” en el edificio del viejo Hospital Gutiérrez, incluso más allá de la iniciativa en marcha sobre la creación de un Centro de Operaciones Policiales (COP) con asiento en nuestra ciudad.

La precisión de Lagna sucedió a la primera pista que había brindado en la mañana de hoy, en su paso por Venado Tuerto, la secretaria de Obras Públicas provincial, Leticia Battaglia (recorrió la obra en el Colegio Industrial, visitó el Parque Industrial “La Victoria” y luego se dirigió a Rufino para examinar el avance de los trabajos en el Parque Municipal), quien al ser consultada sobre la situación del viejo centro médico comentó -sin mayores precisiones- que en el futuro compartirían dicho espacio el núcleo de dependencias judiciales provinciales y “un Centro de Operaciones Policiales”.

En cierto modo, entre ambos funcionarios provinciales dieron un principio de respuesta al senador Lisandro Enrico, quien el último martes elevó el tono de sus reproches a la Casa Gris por la decisión de paralizar los trabajos. En la oportunidad, tras una reunión con autoridades del Municipio, el Concejo y distintas entidades judiciales, el legislador declaró: “Todos coincidimos en que es una pena ver al viejo Hospital en estado de abandono cuando realmente había un proyecto en ejecución para refaccionarlo. Desde el gobierno santafesino se tomó la decisión de frenar una obra que ya había avanzado en su primera etapa”.

Además, Enrico deslizó dudas sobre el futuro del proyecto, que en primer término se enfocó a un Centro de Justicia Penal. “Por ahí -conjeturó-, existe la posibilidad de darle otro destino al inmueble, pero pensemos en que si esto ocurriese, realizar un nuevo proyecto no es un trámite que se resuelve de un mes a otro, sería un retroceso total. Llevaría muchos meses construirlo, que pase por todas las instancias administrativas y que se active. No es lo que necesita hoy esta situación que ya lleva más de 500 días de abandono. Necesitamos urgente que el gobierno de la provincia brinde una respuesta y una acción concreta a esta problemática”.

Ahora, entre Battaglia y Lagna esclarecieron que el centenario inmueble ubicado en Gutiérrez y Eva Perón alojará “un centro judicial y policial”, aunque para ello deberá superar varias instancias: revisión del proyecto original (ahora tendrá un doble propósito), adecuación a las modalidades constructivas que exige la pandemia y, según adelantó Battaglia, el llamado a una nueva licitación pública.

En tal sentido, el ministro ratificó a Sur 24 que una de sus prioridades para Venado Tuerto es solucionar la problemática de la dispersión de fuerzas policiales (el mismo drama que sufre el Poder Judicial provincial), y tras señalar que incluso algunas de ellas debieran estar “al lado del Ministerio Público de la Acusación (MPA)”, observó que esa posibilidad podría brindarla con creces el edificio del viejo Hospital.

Jorge Lagna, ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe.

En el marco de una decisión del gobernador Omar Perotti para optimizar el servicio de seguridad en la provincia, además de Rosario y la ciudad capital, tendrán su respectivo Centro de Operaciones Policiales y Análisis Criminal, las ciudades de Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista y San Lorenzo.

“Esto implicará una inversión de 3 mil millones de pesos en tecnología que va a poner a la Policía de Santa Fe a la vanguardia”, enfatizó Lagna. Y describió: “Estos Centros de Operaciones Policiales reúnen toda la información del 911, los centros de video vigilancia, las guardias urbanas y demás unidades. Cada uno de los grandes centros urbanos de la provincia tendrá una gran central con toda la información de lo que pasa en la calle, en vinculación con los agentes y patrulleros”.

“Los agentes tendrán un celular de última generación que transmite imágenes y datos, y se vincularán con un software que procesa la información y al instante genera un mapa del delito. Parece de ciencia ficción, pero esto va a permitir que con menos policías se pueda prevenir el delito, cosa que es nuestro principal objetivo”, sentenció el funcionario venadense. “Además, en virtud de un convenio de la Provincia con el Invap, vamos a tener drones  para operar en áreas urbanas y otros más sofisticados, que hacen las veces de helicópteros no tripulados, que se usarán para optimizar la tarea de la Guardia Rural Los Pumas, una fuerza que hasta ahora no contaba con los recursos tecnológicos suficientes para brindar seguridad en una provincia de tamaña extensión agrícola-ganadera”, valorizó Lagna.

“Además del futuro centro policial y judicial en el barrio Gutiérrez, Venado Tuerto tendrá una nueva agencia de Investigaciones y Drogas, que estaba muy debilitada, siempre en articulación con el Juzgado Federal”, sostuvo el ex diputado provincial en una tarde ajetreada por las dificultades que le presenta a la Provincia la probable movilización de miles de personas por el clásico rosarino, en el marco de las restricciones por la pandemia, si es que no se libera la televisación del partido.