"El reordenamiento previsional probablemente sea uno de los temas más relevantes y urgentes que tenemos en Argentina", afirmó Gala Díaz Langou, directora ejecutiva de Cippec. En medio del debate por los aumentos a las jubilaciones otorgadas por ley, en el marco de un sistema previsional quebrado y con perspectivas de envejecimiento poblacional, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento organizó una jornada de análisis junto a la embajada de Alemania.

Según Rafael Rofman, investigador principal de Cippec, el sistema previsional argentino insume cerca del 10% del PBI y brinda cobertura a 8,5 millones de personas, con un "sistema que enfrenta problemas estructurales que lo hacen caro, injusto e ineficiente".

El especialista considera "un éxito" la cobertura del 90% de la población de mayores de 65 años, debido "a las moratorias implementadas desde 2005, que permitieron a 3,8 millones de personas acceder a una jubilación por vejez a través de ANSES". Pero advierte un alto costo relativo debido a "la presencia de 2,8 millones de beneficiarios menores de 65 años, 1,1 millones de personas con doble beneficio (jubilación y pensión) y cerca de 200 regímenes de excepción que ofrecen, en su mayoría, condiciones más generosas que el régimen general", según detalló el especialista a Forbes.

El especialista plantea un esquema de prestación mínima a todos los mayores de 65 -hayan o no efectuado aportes- y una prestación proporcional" a "la historia completa de aportes de los trabajadores, sin requisitos mínimos de años, para reconocer el esfuerzo contributivo de cada uno".

La propuesta técnica del Cippec para reordenar el sistema previsional argentino incluye la revisión de los regímenes de excepción, la promoción del ahorro voluntario, una estructura de jubilación por vejez con un componente universal y otro contributivo, reglas más estrictas para las pensiones por fallecimiento e invalidez, y una nueva fórmula de movilidad basada en el poder adquisitivo.

Según las estimaciones de Cippec, estas medidas podrían generar, además de una distribución más equitativa, también un ahorro de largo plazo, volviéndolo un sistema más justo, transparente y eficiente. "No se trata de gastar más, sino de gastar mejor", afirmó.

Según Rafael Rofman, investigador principal de Cippec, el sistema previsional argentino insume cerca del 10% del PBI y brinda cobertura a 8,5 millones de personas.

El país enfrenta un Congreso que apura aumentos para haberes escasos, que sin embargo se llevan la mayor porción del gasto presupuestario argentino. La administración de Javier Milei propone debatir la reforma previsional después de las elecciones, junto a otras reformas estructurales de la economía, incluyendo la laboral.

El economista Martín Redrado dijo a Radio Rivadavia que "hay que formalizar más trabajadores para que haya más activos que puedan generarle más recursos al sistema previsional; esa es la manera virtuosa de pagarle más a los jubilados", que son uno por cada dos aportantes al sistema, lo cual impide -además de sus distorsiones- hacerlo sostenible.

Ignacio Apella, economista en el Departamento de Desarrollo Humano para América Latina del Banco Mundial, complementó la propuesta del Cippec con aprendizajes internacionales, destacando los casos de Uruguay y Francia como ejemplos de reformas construidas sobre evidencia técnica, participación plural y procesos institucionales estables.

En la actividad organizada por el Cippec, bajo moderación de Manuel Mera -director de Protección Social de la organizadora- participaron representantes de diferentes bloques en el Congreso nacional. La diputada Gabriela Brouwer de Koning (UCR), presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, destacó la importancia de promover un debate plural, técnico y con respaldo político. Cuestionó la "falta de voluntad" del PE para impulsar una reforma previsional .

Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) resaltó la necesidad de construir consensos amplios en torno a una reforma previsional con mirada federal, sostenible y socialmente justa. Recordó que más del 80% de las personas próximas a jubilarse tienen aportes registrados, aunque no lleguen a los 30 años exigidos. "La política debe garantizar una solución para quienes trabajaron y no pueden jubilarse", afirmó.

Las diputadas Gabriela Brouwer de Koning (UCR) y Victoria Tolosa Paz (UxP).

Silvana Giudici (PRO) subrayó la necesidad de encarar una reforma previsional con consenso político, información clara y mirada de largo plazo. "El debate debe incluir temas estructurales como los regímenes especiales, retiro de las jubilaciones de privilegios, la edad jubilatoria y la sostenibilidad del Fondo de Garantía. No puede encargarse una reforma de fondo, avasallando y sin la voluntad del Ejecutivo", resaltó.

Nicolás Massot (Encuentro Federal) sostuvo que en el Congreso existen más consensos de lo que se percibe públicamente: "Lo que falta no es acuerdo, sino oportunidades políticas reales para avanzar", aseguró. Instó a encarar el debate previsional como una discusión honesta que incluya la informalidad laboral, el principio de subsidiariedad y la sostenibilidad del sistema. "Sin equilibrio en el esfuerzo y sin datos claros, es muy difícil lograr una reforma que perdure", advirtió.

En el marco del 25° aniversario de Cippec y la celebración de los 200 años de relaciones bilaterales entre Argentina y Alemania, la jornada previsional debatió cómo transformar "un sistema previsional fragmentado, costoso e inequitativo en uno sostenible, justo y eficaz, sin perder cobertura ni aumentar el gasto público".

En la apertura, el embajador Dieter Lamlé -anfitrión de la actividad en la sede diplomática- destacó que "tanto en Alemania como en Argentina, los sistemas previsionales enfrentan desafíos comunes. El intercambio de ideas y experiencias es clave para construir soluciones sostenibles". Por su parte, Juan Pablo Bagó, vicepresidente del Consejo de Administración de Cippec, señaló: "Tenemos una oportunidad concreta para transformar el sistema previsional sin gastar más, sino haciéndolo más justo y eficiente".

El profesor Dr. Peter Haan, investigador del Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW), explicó los desafíos en su país. Expuso cómo el envejecimiento poblacional, las desigualdades en expectativa de vida y el vínculo directo entre años de aportes y nivel de pensión están poniendo presión sobre el esquema actual, y repasó las reformas en debate, como el aumento de la edad jubilatoria y la incorporación de trabajadores autónomos y funcionarios públicos al régimen estatal.

Diego Barril, economista principal del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), aportó una mirada regional sobre los consensos emergentes en América Latina: garantizar un ingreso mínimo para adultos mayores, sostenibilidad financiera y equidad contributiva. Subrayó que no hay un modelo único, pero sí condiciones mínimas que deben cumplirse para lograr un sistema eficiente y justo.

"Desde 2009, el Centro de Implementación de Políticas Públicas (Cippec) impulsa la Boleta Única Papel (BUP) como instrumento de votación a nivel nacional. El proyecto de ley -que tiene sanción de la Cámara de Diputados en 2022 y esta semana se trató en el Senado- propone un debate que permite pensar cómo mejorar la manera en que se vota y se ejerce la democracia en Argentina".

Identificada como "una organización independiente, apartidaria y sin fines de lucro que produce conocimiento y ofrece recomendaciones para construir mejores políticas públicas", el Cippec analizó que "la distribución y disponibilidad de la BUP en los centros de votación es responsabilidad del Estado".

"Esto garantiza el acceso a una oferta electoral completa en todo del territorio mientras se desarrolla la jornada electoral", señala el informe. En otras palabras, evita el recurrente perjuicio de la alteración, robo o sustitución de boletas partidarias.

Según Cippec, la BUP "asegura equidad".

El oficialismo en el Senado nacional logró con aliados un despacho proponiendo la sanción de una ley en ese sentido, con media sanción de Diputados. Pero el destino del debate en el recinto de la Cámara alta es incierto, por cuanto una legisladora de Río Negro presentó otro despacho en minoría -con cambios respecto de la propuesta de la Cámara baja- al que se unió el cristinismo, por lo que no hay garantías de mayoría absoluta para una u otra alternativa, ni fecha cierta de tratamiento.

Más allá del camino parlamentario del proyecto, Cippec destacó que la BUP "asegura equidad. Cada boleta contiene la oferta electoral completa y es diseñada por la autoridad electoral, que aplica los mismos criterios de diseño y presentación para todas las listas por igual".

"Brinda -añade el informe- una mejor experiencia al electorado". Recuerda que en Santa Fe (desde 2015), "el 61% de los y las votantes aseguró que votar con boleta única papel le resultó más fácil que hacerlo con boleta partidaria".

Desde hace más de una década, Cippec "alienta la discusión sobre la manera en la que votamos en nuestro país y apoyamos la adopción de la BUP como método más eficaz, equitativo y transparente. En este sentido, fuimos partícipes de un extenso y rico debate que derivó en la media sanción de la Cámara de Diputados en 2022", recuerda.

La organización tiene por directora ejecutiva a Gala Díaz Longou, magíster en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo (Universidad de San Martín y Universidad de Georgetown); licenciada en Estudios Internacionales (Universidad Torcuato Di Tella), con estudios de posgrado en Integración Internacional, Desarrollo y Políticas Públicas (FLACSO Argentina).

El informe recuerda que "en Argentina, la boleta partidaria de papel es el instrumento de votación en las elecciones nacionales y en la gran mayoría de las provinciales. Cada agrupación política o lista está representada en una boleta de categorías diferentes. Los partidos son los responsables de diseñar, imprimir –con aprobación judicial previa–, distribuir y custodiar las boletas el día de la elección. Esto genera desventajas para algunos partidos con dificultades para custodiar y asegurar la disponibilidad de boletas en todas las mesas. Además, la boleta partidaria puede resultar compleja para quienes emiten un voto cruzado (apoyar diferentes partidos para distintos cargos en juego).

"En la mayoría de las democracias del mundo -reseña Cippec- se utiliza la boleta única de papel (BUP) en la que se presentan las listas y/o candidaturas de los diferentes partidos: su distribución y disponibilidad en los centros de votación es responsabilidad del Estado. La BUP equipara las condiciones de competencia entre partidos y mejora el acceso al sufragio entre los y las votantes. A diferencia de la boleta partidaria, la boleta única permite que quienes votan tengan todas las opciones en un único papel y puedan elegir la que prefieren marcándola. Esto evita la complejidad y los errores potenciales que surgen con el corte de boleta partidaria".

"En Argentina, Córdoba, Santa Fe y Mendoza implementan esta forma de votar, con una evaluación positiva de los y las electores", señala el informe tras referencias el 61% de evaluación positiva entre los santafesinos. Y advierte el análisis sobre "un indicativo clave".

Las boletas únicas santafesinas contendrán a todos los precandidatos en las PASO. Crédito: Flavio Raina

"En la transición a la BUP, la difusión de información por parte de la autoridad electoral es fundamental para que las y los electores puedan conocer con claridad cómo emitir el voto con la nueva herramienta. También es de suma relevancia la capacitación para las autoridades de mesa y fiscales partidarios, quienes cumplen un rol clave durante la jornada electoral. Finalmente, los partidos deberán adaptar sus estrategias de campaña sin boletas partidarias".

Concluye el Cippec: "consideramos que incorporar en el debate las ventajas de este instrumento de votación, así como contemplar los diferentes modelos existentes, es fundamental para garantizar una mejor representación y acceso al voto".

La BUP tiene dictamen de mayoría de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales del Senado Nacional, pero no lograría mayoría de 37 votos para ratificar la voluntad del oficialismo y sus aliados en el recinto. Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), quien responde al gobernador Alberto Weretilneck, firmó un dictamen de minoría junto al Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Misiones, Frente Renovador de La Concordia Social).

Plantean que la media sanción de Diputados "copia" el modelo cordobés boleta única para todas las categorías nacionales, que incluye un "botón" para elegir lista completa en caso de que el sufragante así lo quiera. Los disidentes proponen "el sistema santafesino" de una boleta para cada categoría.

“La alta informalidad, los bajos salarios y las brechas de género son tres de los principales problemas estructurales del mercado laboral argentino. Si bien estas dificultades se presentan en distintos sectores, hay uno en el que se observan con particular claridad: el trabajo doméstico remunerado es la rama de actividad con las tasas más altas de informalidad (78%) y feminización (98%), y presenta una de las peores remuneraciones de todo el mercado de trabajo (EPH 2022, INDEC)”. Así lo señala un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) publicado en ocasión del Día Internacional del Trabajo Doméstico que se conmemora el 22 de julio.

Estas características se vuelven aún más alarmantes cuando se analiza el tamaño que tiene el sector. Según los últimos datos disponibles, más de 1,2 millones de personas se desempeñan como trabajadoras domésticas remuneradas, lo que representa el 6,3% del empleo total de la economía argentina. La proporción cobra una dimensión mayor cuando observamos solamente el empleo femenino: del total de mujeres empleadas, alrededor del 14% (una de cada 7) se dedica a trabajos domésticos en casas particulares.

El informe fue elaborado por Juan Camisassa, Coordinador de Protección Social; Bruno Muñoz, Coordinador de Protección Social, y Emanuel López Méndez, Analista de Protección Social.

Otro dato que surge de este análisis es que “además de ser muchas, estas trabajadoras son fundamentales para la organización social del cuidado y el funcionamiento de la economía”. Y así lo explican: “En un mundo en el que el trabajo de cuidados se encuentra fuertemente feminizado y estratificado por ingresos, la contratación de trabajadoras en el hogar permite que las mujeres de mayores ingresos tengan más tiempo disponible para dedicar a su empleo. Así, las trabajadoras domésticas no solo participan en el mercado laboral por sí mismas, sino que además facilitan la inserción laboral de otras mujeres”. Por todo ello se vuelve indispensable revalorizar el aporte que hacen las más de 1,2 millones de trabajadoras que hay en Argentina y avanzar en el cumplimiento de sus derechos, ya que el 78% de ellas no se encuentra registrada (porcentaje que duplica la tasa de informalidad promedio del empleo asalariado privado), lo que limita su acceso a los derechos laborales y la protección social”.

Empleo doméstico: se confirmó una nueva revisión salarial y extienden un programa clave

Las características del trabajo doméstico remunerado -bajos salarios, alta informalidad y falta de acceso a la seguridad social– hicieron que fuera el sector más afectado durante la pandemia. Si bien ha habido una reactivación del sector durante los últimos dos años, esta ha sido significativamente más lenta que la del resto de la economía y con desigualdades al interior de la rama. El empleo doméstico no registrado ya alcanzó los mismos puestos de trabajo que en el último trimestre de 2019 (+0,8%), pero sus mejoras han sido menores que en el resto del mercado de trabajo: la cantidad de puestos laborales no registrados totales aumentó 12% en el mismo período.

Por otro lado, el segmento registrado todavía se ubica 6% por debajo de los niveles previos a la pandemia, lo que representa aproximadamente 28 mil puestos de trabajo menos. Esto contrasta significativamente con la evolución del empleo privado registrado total, que se incrementó un 3% en el mismo período.

El sector formal del empleo doméstico es el que más dificultades tuvo para recuperarse luego de la pandemia, insiste el informe de Cippec. Frente a este escenario, es importante avanzar en políticas que incrementen la registración de las trabajadoras y mejoren sus condiciones laborales. Algunas acciones en línea con este objetivo (y complementarias al Programa Registradas, lanzado en septiembre de 2021) son: el fortalecimiento de políticas de inspección laboral para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente; el diseño e implementación de acciones de formación para promover la profesionalización del sector; y la difusión de la legislación vigente y los derechos laborales mediante campañas de sensibilización.

Estas acciones deben formar parte de un objetivo más amplio que impulse una nueva organización del cuidado. Para ello, se requiere avanzar en un sistema integral de cuidados que amplíe, fortalezca y mejore las políticas que brindan tiempo, dinero y servicios para cuidar, al mismo tiempo que promueva la representación y recompense de manera adecuada a las trabajadoras domésticas remuneradas.

El gobierno de la provincia de Santa Fe volvió a ubicarse, por segundo año consecutivo, en el primer lugar del ranking del Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP) que elabora el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

Santa Fe alcanzó una puntuación de 10 (el máximo) en lo referido a la oportunidad y calidad de la información presupuestaria que el Estado debe poner a disposición de la ciudadanía.

Así, la provincia repite el logro y el puntaje obtenido en 2021, seguida en el ITPP por Entre Ríos y Córdoba (9,90 puntos), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (9,60) y Neuquén (9,50).

El ITPP se elabora desde 2010 con el objetivo de evaluar la disponibilidad en forma oportuna y accesible de la información presupuestaria y fiscal. Para monitorear la transparencia en las provincias, el ITTP mide aspectos relevantes de la rendición de cuentas y el acceso a la información. Como categorías de análisis se encuentran el presupuesto anual y plurianual, la ejecución de gastos, la recaudación, los gastos tributarios, la deuda pública, las transferencias a municipios y comunas, la normativa y el presupuesto ciudadano.

Respecto de la metodología aplicada por el Cippec para elaborar el ITTP, se evalúa la cantidad, nivel de detalle y grado de actualización de la información presupuestaria y fiscal que las provincias publican en sus páginas web oficiales.

Bajo la metodología actual, el ITPP actualiza la noción de “buenas prácticas” de transparencia aceptadas a nivel internacional, tomando como referencia el Código de Transparencia Fiscal del FMI y las pautas del programa PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability).

Los puntajes que otorga el ITPP van de 0 y 10 (en 2022 el promedio fue de 8,10), y mide la transparencia presupuestaria en dos dimensiones: la desagregación de la información publicada y el nivel de rezago con que la misma se publica.

El relevamiento se realiza anualmente a través de las páginas web oficiales provinciales durante noviembre. Se elige este mes considerando que las 24 jurisdicciones provinciales ya han dado comienzo al ciclo presupuestario anual que inicia con la elaboración y envío del proyecto de presupuesto a sus respectivas legislaturas.

Los datos insumo en la elaboración del ITPP se extraen de los sitios de los Ministerios de Economía o Hacienda, Contaduría General de la Provincia y Oficinas de Presupuesto o de portales específicos dedicados a la transparencia presupuestaria.

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento es una organización independiente, apartidaria y sin fines de lucro que produce conocimiento y ofrece recomendaciones para construir y promover mejores políticas públicas para lograr una Argentina desarrollada, más equitativa, con igualdad de oportunidades e instituciones públicas sólidas y eficaces.