Mariela Goy

El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, confirmó que las universidades no aceptarán como condición el levantamiento de la presentación judicial por el financiamiento universitario. Sostuvo que el propio Gobierno reconoció que existen recursos para recomponer salarios y becas y pidió avanzar de inmediato en una negociación paritaria.

La negociación abierta el lunes entre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo tras la reunión mantenida con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Aunque hubo avances en una propuesta de recomposición para el sistema universitario, las autoridades académicas rechazaron de plano la condición oficial de retirar la demanda presentada ante la Corte Suprema para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Así lo confirmó Bartolacci, quien consideró que el encuentro dejó dos conclusiones centrales. “Primero, implica un reconocimiento por parte del Gobierno nacional de la situación extremadamente compleja que venimos denunciando y muchas veces se niega públicamente. Y segundo, pone en evidencia que hay condiciones objetivas para comenzar a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y que los recursos están”, sostuvo en diálogo con periodistas de Radio Universidad de Rosario el pasado martes.

Marcha universitaria del martes 12 de mayo de 2026 en Santa Fe. Foto: Manuel Fabatía

En ese marco, Bartolacci insistió en que las respuestas más urgentes deben concentrarse en la recuperación salarial y en las becas estudiantiles. “Es importante que empiece a recomponerse la situación, sobre todo en términos salariales, convocando a la paritaria con las representaciones gremiales y la actualización de becas, que son los dos temas más urgentes”, afirmó.

Según explicó el titular del CIN, durante las conversaciones se avanzó en un conjunto de medidas que representaban un piso de acuerdo entre ambas partes. Sin embargo, la negociación quedó paralizada cuando el Ejecutivo planteó como condición el retiro de la demanda judicial impulsada por las universidades.

"Hay una pretensión de las autoridades nacionales que, desde la perspectiva del Consejo Interuniversitario Nacional, es inaceptable: que demos marcha atrás con la presentación judicial respecto de la exigencia de cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Cosa que no va a suceder de ninguna manera", remarcó.

El rector rosarino sostuvo que la acción judicial no sólo busca reclamar el cumplimiento de la norma, sino también garantizar que cualquier acuerdo futuro tenga respaldo institucional.

"Esa presentación opera de resguardo de cualquier acuerdo que garantice empezar a aplicar la ley de financiamiento, no sólo ahora sino también hacia el futuro", explicó. Y agregó: "Por supuesto que, de empezar a cumplirse y garantizarse las condiciones de un acuerdo, hay disposición completa a informar incluso a la Justicia de que eso está sucediendo, pero nunca a desestimar una presentación que oficia de garantía".

Bartolacci detalló que la propuesta discutida contemplaba una recomposición salarial del 24,3%, a cuenta de las pérdidas acumuladas durante 2024, 2025 y los primeros meses de 2026. “Se pagaría en junio un 21,3% y en octubre el 3% restante. Después habría una comisión técnica para resolver la aplicación de lo que resta de 2024, como está estipulado en la ley”, explicó.

Además, el esquema incluía modificaciones en la garantía salarial docente, una actualización del 50% para las becas Manuel Belgrano, un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento universitario y fondos adicionales para hospitales universitarios.

También contemplaba la reapertura periódica de la negociación salarial. "Hacia adelante lo que se establece es una paritaria cada 3 meses con referencia a la inflación", indicó.

Para Bartolacci, uno de los aspectos más significativos de la negociación es que desarma el argumento oficial sobre la falta de recursos.

Y fue más allá al reclamar que, aun sin acuerdo global, el Gobierno avance con medidas concretas. "Si están los recursos, que empiecen a ponerse esos recursos, que convoquen a una paritaria. Si no hay resolución porque ellos pretenden que corramos la demanda y nosotros no lo vamos a hacer, estando los recursos, que convoquen a una paritaria y que empiecen a aparecer respuestas", planteó.

Franco Bartolacci Foto: Manuel Fabatía

Consultado sobre la demanda judicial que tramita ante la Corte Suprema, Bartolacci reconoció que no existen plazos para una resolución, por lo que consideró más determinante la presión social que se viene expresando en las movilizaciones universitarias. “Creo que hay una lectura de preocupación del Gobierno que sabe que, de manera mayoritaria, la sociedad argentina está pidiendo que aparezcan respuestas a la situación universitaria”, señaló.

A su entender, “esas condiciones políticas y sociales son más fuertes para forzar respuestas incluso que la situación judicial”.

Más allá de la negociación puntual, Bartolacci sostuvo que el conflicto refleja una diferencia profunda sobre el rol que debe ocupar la universidad pública dentro de las prioridades del Estado.

"Nosotros creemos que es una prioridad para el país invertir en educación superior y ciencia, y las autoridades nacionales no lo consideran prioritario", afirmó. Y aseguró que "nunca estuvimos tan mal como ahora".

El CIN dio por cerrada su instancia de definición y dejó la próxima decisión en manos del Poder Ejecutivo. “No va a haber modificación en la posición del Consejo Interuniversitario Nacional respecto de esa requisitoria”, aseguró Bartolacci sobre el pedido de retirar la demanda.

Tras la reunión del Comité Ejecutivo del CIN -realizada este miércoles por la tarde- no hubo pronunciamiento formal al respecto. En la entrevista realizada un día antes, Bartolacci indicó que “ahora es el Gobierno el que debe evaluar si está dispuesto a poner en práctica esos puntos que empiezan a garantizar el cumplimiento de la ley sin ese requerimiento o no”.

El Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) expresa su "profunda preocupación por la grave crisis presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales, a raíz de la falta de actualización de los gastos necesarios para su funcionamiento".

En 2025, los recursos destinados a las universidades "apenas alcanzan para cubrir un 50% de lo necesario, lo que agrava aún más la situación", sostiene el mayor organismo que nuclea esas casas de estudio argentinas, en un comunicado de prensa difundido días atrás.

En este contexto, el CIN reclama de manera urgente la recomposición salarial de docentes y no docentes, la reconstrucción del sistema de investigación, ciencia y tecnología, la reinversión en infraestructura universitaria y la actualización del sistema de becas para los estudiantes.

Durante la reunión celebrada el pasado 12 de marzo, en la que participaron rectoras y rectores de universidades públicas de todo el país, primó una creciente inquietud por el incumplimiento de los principios y regulaciones establecidos en la Constitución Nacional y las leyes que la reglamentan.

En ese encuentro, se subrayó que tanto la administración nacional como el sistema universitario público argentino no cuentan con un presupuesto asignado para el ejercicio de 2025. "Esto significa que el Poder Ejecutivo Nacional puede disponer discrecionalmente, sin ningún tipo de control, de los fondos que surgen del pago de los impuestos que realiza cada argentina y cada argentino.

De esta forma, el país no cuenta con una hoja de ruta que garantice el funcionamiento económico y financiero de las instituciones del país.", considera el CIN.

Ante este escenario, las universidades nacionales enfrentan una "grave situación de desfinanciamiento que afecta a todos los ámbitos de su actividad". Según lo informado por el CIN, los problemas planteados en febrero de 2024 persisten, e incluso, en varios aspectos, se han agravado.

En primer lugar, "las paritarias salariales no están funcionando, y los incrementos salariales otorgados por decreto no logran recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, con aumentos que siguen por debajo de la inflación".

Además, "las becas estudiantiles están congeladas desde agosto de 2024 y los montos asignados están muy por debajo de las necesidades mínimas de los estudiantes", indica.

Otro de los puntos críticos señalados es el sistema de investigación, ciencia y tecnología, que se encuentra mayoritariamente en las universidades nacionales, y que "es víctima de una drástica reducción de recursos que parece tener por objetivo abortar el desarrollo científico y tecnológico autónomo de nuestra Nación".

"Obras de ampliación, mejora y mantenimiento de la infraestructura universitaria están totalmente paralizadas, dejándolas libradas a los posibilidades económicas de cada institución", añade el organismo en el parte de prensa.

El CIN insta, asimismo, a la búsqueda "urgente" de soluciones en conjunto con el gobierno nacional, destacando la necesidad de generar alternativas que resuelvan los problemas planteados.

En este sentido, el Consejo hace un llamado a las comunidades universitarias de todo el país a "seguir defendiendo la democracia, la educación pública y el sistema universitario", e insta a reforzar el diálogo con las comunidades para poner en valor los aportes de la educación, la investigación, la ciencia y la tecnología al desarrollo nacional.

"Es inconcebible e imperdonable no invertir en educación como país", afirma el CIN, enfatizando que en un mundo donde el conocimiento es clave para el futuro, la unidad nacional y el diálogo deben prevalecer por encima de la provocación y el conflicto, para construir un país independiente y solidario.