Dos hombres fueron imputados este viernes 15 de diciembre por integrar una asociación ilícita internacional que estafó a clientes bancarios.

Se trata de Mateo Sebastián M. y Juan Pablo P., de 23 y 24 años, a quienes el fiscal Agustín Nigro atribuyó el delito de "asociación ilícita en carácter de miembros" y la coautoría de "estafas reiteradas" y "lavado de activos".

La audiencia se llevó a cabo ante la jueza Cecilia Labanca, y contó con la participación de los defensores particulares Luis Federico Hilbert y Martina Herrera -por Mateo M.-, y Sebastián, Mariana, y Néstor Oroño -por Juan P.-.

Respecto a la imputación, el fiscal precisó que "los imputados cometieron al menos 13 estafas en las que mediante engaños obtuvieron credenciales de acceso al home banking de diferentes personas y se apoderaron de un total de $ 2.344.000".

Nigro recordó que "los hombres investigados fueron detenidos el miércoles pasado en la capital provincial y en Gobernador Crespo (departamento San Justo)", y puntualizó que "en el marco de esos procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, notebooks, otros dispositivos tecnológicos y dinero en efectivo (pesos, dólares y reales)".

El fiscal indicó que "la asociación ilícita estaba integrada por los dos investigados y un hombre y una mujer de Colombia, quienes residen en ese país". Según expuso, "la banda delictiva se dedicaba a hacer desplazamientos patrimoniales perjudiciales para clientes bancarios y disimular el origen ilícito de esos bienes".

"El grupo criminal engañó a clientes del Banco Santa Fe de distintas localidades de la provincia que le dieron la información necesaria para acceder a sus cuentas de home banking, desde donde realizó transferencias a nombre de las víctimas", expuso.

"Los imputados recibían los fondos provenientes de las estafas y luego los enviaban a los otros integrantes de la banda a cambio de criptoactivos", afirmó el fiscal, y especificó que "la ciudadana colombiana proveyó los recursos informáticos y logísticos que permitieron la emisión de correos electrónicos que emulaban comunicaciones de la entidad bancaria".

"Por su parte, el ciudadano colombiano intermedió en la adquisición de criptoactivos -a través del exchange Binance-, con los fondos sustraídos a las víctimas", señaló. A su vez, "en diferentes oportunidades remitió esos bienes a la mujer colombiana para asegurar su circulación y aprovechamiento".

Tras imputar a los dos argentinos detenidos, el fiscal Nigro informó que solicitará que permanezcan en prisión preventiva, debido a la existencia de riesgos procesales. La audiencia de medidas cautelares se llevará adelante este domingo en horario a confirmar.

La mayoría de las veces las personas que utilizan tarjetas de débito o crédito para efectuar pagos entregan los plásticos para que un tercero se haga cargo de pasarla por el sistema para que se efectivice el pago. Bajo esta modalidad los titulares de las tarjetas pierden de vista el uso que se realiza con ellas, habilitando que se lleven a cabo fraudes.

Este formato, que se aplica tanto en bienes como servicios, permite que se puedan robar los datos, dado que pasando la tarjeta por una terminal que copia su información se puede clonar y utilizarla con otro plástico, por lo que la intención es que los/las titulares nunca pierdan de vista los plásticos.

Ante reiterados hechos de estafas, el Concejo de Rosario propone un plan para evitar lo máximo posible que este tipo de hechos delictivos se sigan propagando en la ciudad, además de concientizar a la población sobre la inseguridad de entregar las tarjetas.

Se trata de un proyecto que establece la obligatoriedad para todos los comercios de ofrecer a los usuarios la posibilidad de realizar ellos mismos las operaciones de cobro con tarjetas de débito o crédito, siempre bajo supervisión.

La intención es que la manipulación del plástico sea únicamente por parte del titular a fin de proteger a los consumidores y/o usuarios de bienes y servicios de posibles fraudes.

Según explica en la iniciativa la concejala Julia Irigoitía, autora de la idea, a la cual tuvo acceso Mirador Provincial, nace a raíz del “malestar y preocupación” por la creciente cantidad de casos de defraudaciones causadas por la manipulación de tarjetas de crédito y débito mediante el uso no autorizado de sus datos en comercios.

¿Cómo funcionaría? El personal del establecimiento que deba efectuar un cobro por los bienes o servicios brindados tendría la “obligatoriedad” de ofrecer a los titulares de las tarjetas la posibilidad de manipularlas ellos mismos para la realización de una operación, siempre bajo la supervisión de dicho personal.

En esta línea, el dispositivo de cobro deberá estar ubicado en un lugar visible que permita su fácil y cómoda utilización por parte del titular de la tarjeta o contar con un dispositivo inalámbrico que se pueda acercar al cliente/a.

También cuando el pago se realice con débito o crédito los comerciantes sí deberán pedirle al cliente que muestre el plástico y el DNI, con el fin de constatar que se trata de la misma persona.

En caso de convertirse en ley, los comercios tendrán un plazo de treinta días para adecuar sus dispositivos de cobro, mientras que la Oficina Municipal del Consumidor deberá instrumentar una campaña de concientización, información y capacitación sobre el uso de tarjetas de débito y crédito.

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe, tras recibir numerosas presentaciones de ciudadanos con problemas por estafas virtuales, emitió, en septiembre del 2022, una resolución que envió a distintas cámaras que aglutinan entidades bancarias y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), donde instaba a incorporar una serie de medidas con el fin de prevenir a los usuarios de estafas virtuales.

En estos días, los defensores Gabriel Savino y Jorge Henn recibieron la respuesta del Banco de Santa Fe donde detalla el estado en que se encuentran las distintas medidas que la Defensoría solicitó implementar y, a su vez, recibieron una comunicación del BCRA donde manifiesta estar al tanto de estas medidas de implementación a las cuales les está realizando un seguimiento. En ese sentido, enfatizaron: “Escuchamos las necesidades de los ciudadanos y las entidades aceptaron nuestro rol de intermediarios y pusieron manos a la obra para proteger los derechos de los ciudadanos, eso nos genera gratitud y nos impulsa a seguir esforzándonos en la tarea”.

Entre las medidas que el Banco de Santa Fe está poniendo en marcha por solicitud de la Defensoría del Pueblo se encuentra un sistema de alertas mediante la notificación al usuario cuando se accede a algún canal electrónico mediante un dispositivo nuevo; la red de atención y monitoreo todos los días durante las 24 horas; la implementación de Apps por módulos en donde el usuario acepte qué movimientos y/o operaciones va a tener habilitado; el control permanente y preventivo en los buscadores de internet, de modo de detectar la publicación de sitios falsos y el monitoreo de transacciones.

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En este sentido, la entidad bancaria también señaló que tiene en marcha una importante y creciente campaña de prevención de fraudes, tendiente a informar y concientizar a los clientes de la entidad, para que operen en forma más segura en los canales y medios electrónicos que se ponen a disposición.

Por último, los defensores del Pueblo destacaron que la entidad bancaria también informó que, a partir de las medidas implementadas, el Banco informó que registró una disminución en relación a los casos denunciados por los usuarios.

En noviembre pasado, Savino y Henn habían solicitado al BSF que, “en el marco de las regulaciones existentes incrementen las acciones preventivas para aquellas operaciones mediante canales electrónicos que no cumplen con los patrones de comportamiento establecidos por la entidad conforme con registros que deben contar y que permitan determinar la trazabilidad de las actividades efectuadas por el cliente posibilitando advertir situaciones sospechosas basados en características del perfil y patrón transaccional del cliente bancario”.

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También le solicitaron a la entidad financiera que, “además de requerir la confirmación o revalidar la instrucción del cliente mediante un segundo factor, por ejemplo un token dinámico, secretos compartidos, tarjeta de coordenadas, PIN, PIL, entre otras, en los casos en que no se cumple con los patrones de comportamiento establecidos por la entidad, verificar la identidad del cliente mediante técnicas de identificación positiva”. Y que a esto se le sume la validación a través de datos biométricos.

En ese contexto, la institución defensora de derechos insistió con un pedido que ya había cursado anteriormente respecto de la necesidad de que se “provea una red de atención y monitoreo denominada 24/7 según terminología del Convenio de Budapest de las transacciones y operaciones de los usuarios/clientes”.

También se le había recomendado al Banco profundizar la difusión en forma masiva de información y alertas de estafas, mediante la realización de campañas de “concientización sobre ciberfraude y la importancia del resguardo de los datos personales de usuarios y clientes”.

Respecto de la atención de los casos de estafa ya concretados, la Defensoría del Pueblo le había solicitado al BSF “el abordaje de todas las denuncias recibidas y dar una respuesta particular a cada una de ellas, teniendo en cuenta los hechos, pruebas obrantes, vulnerabilidad del usuario, perjuicio sufrido, controles efectuados por la entidad, patrones y alertas, evitando desconocer automáticamente su responsabilidad con la única argumentación de la proporción de datos de accesos a los canales electrónicos por parte del/la usuario/a”.

Por último, el organismo provincial pidió al agente financiero oficial la implementación de un “Botón de Congelamiento de Cuentas” para que el usuario tenga la posibilidad de inhabilitar los movimientos bancarios en caso de detectar movimientos extraños en relación a su comportamiento transaccional habitual.

Con el compromiso de que haya más acciones concretas para mejorar la prevención sobre los llamados ciber delitos, que se valen de sistemas bancarios virtuales, se cerró luego de dos horas y media de debate la primera audiencia pública sobre estafas a clientes de los sistemas informáticos de las entidades financieras que permiten ser operados de manera remota, mediante computadoras o teléfonos móviles.

El encuentro matutino de este jueves 25, contó con casi todos los interesados en el tema, tras la convocatoria que formuló la Comisión de Seguridad de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, por una iniciativa de su presidente, Lisandro Enrico (UCR-.General Obligado). El senador que preside el bloque radical lamentó -al iniciar y cerrar las conversaciones- la ausencia de algún funcionario del gobierno de la provincia de Santa Fe, en especial del Control del Agente Financiero, cuyo director provincial es Gerardo Rico.

Legisladores, funcionarios de la Defensoría del Pueblo, fiscales del MPA y miembros del Colegio de Abogados advirtieron que “no es suficiente” lo que hacen las entidades bancarias. Altos directivos del agente financiero de la provincia dijeron que están “preocupados y ocupados” en enfrentar el problema.

El menú de herramientas para mejorar la posición del cliente ante el riesgo de las ciber estafas es variado, pero es motivo de fuertes controversias entre quienes las propusieron y aquellos que deberían aplicarlas. Entre otras, la posibilidad de que exista en la aplicación del agente financiero oficial para su clientes (que cobran sus salarios a través de cuentas que deben abrirse en esa entidad) un botón de cancelación de operaciones de efecto inmediato que, como en ciertas aplicaciones de compra y venta, incluso congele las cuentas del cliente bancario cuando exista una sospecha de estafa.

Lo mismo, para que cada cliente pueda elegir los límites a sus propias transacciones de manera personal, por ventanilla y en la sede bancaria. Por ejemplo, para dar un no anticipado a la toma de préstamos personales por sistemas remotos o para establecer montos máximos en sus compras vinculados a un porcentaje de sus ingresos, que los deje a salvo de estafas en las que se han perdido los ahorros de toda una vida.

Uno de los reproches más fuertes a los bancos fue que existan condiciones para que -de manera remota y sin pasar por ventanilla- un jubilado que gana apenas el haber mínimo pueda endeudarse por más de un millón de pesos. El defensor del pueblo de la región Santa Fe, Jorge Henn, narró padeceres concretos de ese extremo y dijo que no pueden los bancos dejar pasar por alto que hay un cambio repentino en la conducta transaccional del cliente, que antes de admitir esas operaciones debería verificarse la “cultura transaccional” de quien supuestamente pide esos montos. Destacó que deben ser los propios sistemas informáticos de las entidades crediticias capaces de emitir un signo de alerta, para que esas operaciones sospechosas no se concreten y para que se pueda luego seguir la pista del fraude.

Los pedidos también tuvieron en cuenta un drama repetido en las estafas virtuales: los engaños se producen en buena medida cuando nada funciona, no hay atención al público y solo responden grabaciones en los teléfonos de servicios, es decir, los fines de semana o en feriados. Se subrayó desde el Ministerio Público de la Acusación, de la Defensoría y desde el Colegio de Abogados local que un servicio de atención al cliente las 24 horas es necesario ante la reiteración de estos hechos.

Además del senador Enrico, encabezaron el encuentro el vicepresidente de la Comisión de Seguridad, Guillermo Cornaglia (PJ-Nes-Belgrano), el defensor del pueblo de la regional Santa Fe, Jorge Henn, el fiscal regional del MPA Carlos Arietti y Marcelo Poncini, gerente de Riesgo del Banco de Santa Fe SA. También participaron los senadores Orfilio Marcón (UCR-General Obligado), Rodrigo Borla (UCR-San Justo), José Baucero (PJ-Nes-San Javier) y Hugo Sosa (PJ-Nes-Vera).

Las autoridades del agente financiero oficial que acudieron al encuentro mostraron total predisposición a mejorar sus sistemas, dijeron que están “ocupadas y preocupadas” por el aumento de los delitos en los que se vulneran los datos personales al violar sistemas de seguridad o mediante engaños telefónicos a clientes desprevenidos que comparten hasta sus contraseñas y destacaron que el Banco de Santa Fe ha creado un área específica para enfrentar el riesgo y hacer más potentes sus sistemas de seguridad. Subrayaron que además de cumplir todas las normativas del Banco Central en la materia pasan sin inconvenientes sus inspecciones pero que, no obstante, siempre se buscan mecanismos para mejorar esos márgenes de inseguridad.

Del mismo modo, Marcelo Poncini, gerente de Riesgo del Banco de Santa Fe SA, expresó que son compartidas con otros bancos las experiencias frente a un tipo de delitos que muta permanentemente y admitió que aunque hay problemas cada vez mayores a nivel internacional, producto del aumento de la virtualidad empujada por las restricciones de la pandemia, en la Argentina -una vez más- los problemas son mayores. Dijo que hay fuertes inversiones en programas informáticos en ese y otros bancos y que “estamos adquiriendo un software especial”. Admitió que “empezamos un paso atrás” de esa tendencia.

Validó las cifras del incremento que brindaron otros participantes, que hablan de una suba del 1.000%. En el Ministerio Público de la Acusación, el fiscal Arietti dijo que en los poco menos de ocho meses que van de 2022 ya hubo tantas denuncias como las que existieron a lo largo de todo 2021. Los fiscales especializados en ciberdelitos aportaron que por mes llegan a sus escritorios unas 100 denuncias.

Sobre el peso de las estafas en sistemas bancarios, el diputado provincial Oscar Martínez (100% Santafesino) aportó lo que la calle repite: que son pocas las denuncias respecto de los casos, porque cuando son montos bajos o se recuperan el afectado prefiere no hacerla. También porque no siempre son advertidas por quien sufre esa situación. El legislador habló sucintamente de sus tres proyectos de ley referidos a clientes y bancos. Explicó que busca cambios en el Código Procesal Penal para estos delitos, que se implementen más mecanismos de prevención y de lo que ya se ha hecho: la creación de un área especializada en el MPA.

Una propuesta concreta de Enrico para que el banco de Santa Fe aplique de manera inmediata produjo un interesante intercambio de opiniones. El senador dijo que “en un 90%” las estafas a quienes mediante engaños se les quitan sus claves y datos personales ocurren desde dispositivos (celulares o computadoras) que no pertenecen a los titulares de las cuentas bancarias involucradas. Preguntó si no es posible bloquear esas operaciones, para el caso en que no sean los dispositivos habilitados por los clientes los que se usan en las transacciones. La respuesta fue que hay ya la tecnología instalada para que se detecte cuando no se usan los dispositivos usuales de cada cuenta, pero que si quien ha robado los datos y las contraseñas tiene esa información en su poder puede usar cualquier celular o PC. Técnicos expertos en riesgo le dijeron que es más fácil para los sistemas bancarios identificar teléfonos que computadoras personales y que por eso se recomienda bajar la aplicación oficial y que resulta más difícil verificar si se trata o no de la misma computadora.

Para el senador Orfilio Marcón fue extraña la respuesta y puso como ejemplo lo que ocurre en el Senado con los recursos del Fondo de Fortalecimiento Institucional que, desde hace unos 10 años, se distribuyen mediante un sistema que identifica los celulares de los senadores para que “sin tocar un peso” se puedan girar las transferencias de sus subsidios a instituciones.

Además de los procesamientos, el juez impuso embargos que alcanzan hasta los 30 millones de pesos.

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La causa se inició en 2019 y por orden del juez de instrucción De Campos la Policía Federal detuvo a 15 personas inicialmente, luego de 23 allanamientos, donde hay un nigeriano, seis argentinos, 7 venezolanos y un colombiano. Luego fueron detenidas otras personas, pero aún permanecen otras prófugas.

A través de las estafas se hicieron de varios millones de pesos que luego enviaban a Nigeria, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Indonesia, Colombia, Venezuela, España, y otros países, y se sospecha que eran fuente de financiamiento del terrorismo, narcotráfico y tráfico de armas.

Las modalidades de estafa eran varias. Una es la del “cuento del tío” o “soldado americano”, donde a través de redes sociales se una persona diciendo ser soldado americano en una misión entablaba una relación virtual sentimental con alguien, y luego de un tiempo prometía viajar a Argentina.

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Cuando se aproximaba la fecha, le decía a su víctima que le había enviado un regalo y cosas personales para que las reciba, y ahí intervenía una tercera persona haciéndose pasar por personal diplomático donde le exigía una suma de dinero a través de transferencia bancaria para liberar eso de Aduana.

Otra de las estafas que hacían era hacerse de la clave homebanking de la víctima, y de allí solicitar un crédito personal on line, que una vez obtenido lo transferían a distintas cuentas. También extorsionaban a una víctima luego de obtener e esta información personal y hasta fotografías.

El puntapié del caso fue la detención de una mujer de nacionalidad colombiana que recibió en una de sus cuentas el dinero producto de una estafa. El juez autorizó analizar los teléfonos y computadoras secuestrados, y desde entonces fue creciendo la participación de distintas personas. Incluso, la organización utiliza “mulas” que son aquellas persona que prestan sus cuentas para recibir el dinero en todo el mundo y que están bajo las órdenes de un coordinador, que a su vez responden a otros jefes internacionales.

La banda fue procesada por asociación ilícita, estafas, y extorsión. “Contaba con una estructura de grandes dimensiones a partir de la gran cantidad de miembros que la conformaban -aquellos que lograron ser identificados y una gran cantidad que todavía no pudieron ser individualizados-, de corte piramidal, que por eso mismo tendía a ampliarse hacia abajo, debido a que en esos escalones inferiores se incorporaba la mayor cantidad de integrantes posible, a los cuales se reclutaba constantemente -actividad, incentivada por el ofrecimiento de comisiones a descontar sobre el resultado de la propia actividad criminal”, sostuvo el juez en su resolución.

“Por la técnica de reclutamiento con un referente de estratos superiores y por la forma de canalizar el flujo del dinero -rédito económico de la actividad delincuencial empleada se puede apuntar que se terminaban generando grupos o subgrupos dentro de la propia estructura”, concluyó.

La entrada Procesaron a una banda que realizaba ciberestafas se publicó primero en Notife.