El 26 de septiembre de 2024, Nora O., jubilada de 77 años, fue víctima de una estafa virtual tras responder a una falsa promoción en Facebook sobre servicios para jubilados. Al proporcionar sus datos bancarios, delincuentes accedieron a sus cuentas y realizaron transferencias por un total de $11,8 millones sin su consentimiento.

Las transferencias se dirigieron a cuentas de terceros con los que la víctima no tenía relación alguna. Además, se intentó gestionar un préstamo de $5 millones a su nombre, que finalmente no se concretó.

Tras presentarse en la entidad bancaria a realizar el reclamo y no obtener respuesta, a víctima acudió a Usuario y Consumidores Unidos, y patrocinada por el abogado José María Cónzoli se realizó la correspondiente demanda judicial. 

La respuesta judicial

La Justicia determinó que la entidad crediticia no implementó medidas de seguridad adecuadas para proteger a sus clientes. El fallo de la jueza en Primera Instancia en lo Civil y Comercial, María Celeste Rosso, destacó que la entidad cambió unilateralmente su sistema de autenticación, reemplazando las tarjetas de coordenadas por SMS, lo que facilitó el acceso de los estafadores a las cuentas.

El tribunal ordenó al banco indemnizar a la Sra. Nora O. con:

Además, se estableció que el banco debe abonar intereses correspondientes y se reconoció la condición de "hipervulnerabilidad" de la actora, dada su edad y situación como jubilada.

Un precedente en la protección de los consumidores

Este fallo sienta un precedente en la protección de los derechos de los consumidores frente a las estafas virtuales. La Justicia enfatizó que las entidades financieras deben garantizar la seguridad de sus plataformas digitales y no trasladar la responsabilidad de los fraudes a los usuarios.

El caso de Nora O. resalta la necesidad de que los bancos implementen sistemas de seguridad robustos y respondan adecuadamente ante situaciones de fraude, especialmente cuando afectan a personas en situación de vulnerabilidad.

Una mujer perdió más de 500.000 pesos al ser estafada cuando intentaba vender por internet una mesa y seis sillas. La víctima recibió un mensaje de un interesado, quien posteriormente le hizo una transferencia por un monto superior a lo pactado. Y con esa excusa, comenzó un ardid que desembocó en engaños, generaciones de créditos y más transferencias. 

La damnificada, Vanesa B. de 43 años, radicó la denuncia en sede de la Comisaría 4° de la ciudad de Firmat. El caso pasó a manos del Ministerio Público de la Acusación, y ahora comienza el camino investigativo de intentar seguir la ruta del dinero y de los malvivientes. 

Fuentes consultadas por Sur24 precisaron que la mujer realizó la publicación de la venta de seis sillas y una mesa en el Marketplace de Facebook. A los pocos minutos apareció un interesado, quien envió un mensaje de audio de un número con característica 03468 consultándole por el precio.  Le manifestó que le abonaría 35.000 pesos en efectivo, mientras que el resto (50.000 pesos) se lo transferiría. 

Vanesa le pasó un CVU, y en ese momento comenzó el engaño para robarle una cantidad importante de dinero. 

El ladrón le realizó una transferencia por 179.000 pesos, y a los pocos segundos se comunicó telefónicamente para decirle que había cometido un error y que esa operatoria en realidad tenía como destinatario un empleado de su empresa. 

Con el objetivo de solucionar el problema, ingresó una segunda llamada al celular de Vanesa. En esta oportunidad se trataba de un “agente autorizado de AFIP”, quien le marcó la necesidad de unificar las cuentas para saldar el error cometido, y además le explicó el por qué no le aparecían los 179.000 pesos en su cuenta. 

Tras solicitarle que ponga el teléfono en altavoz, le marcó los pasos a seguir. En primer lugar, la damnificada realizó una transferencia de 87.416 pesos a una cuenta con un llamativo alias: AFIP.DEVOLUCION.75. 

Luego la indujo a generar un crédito de 276.000 pesos, cosa que la mujer tramitó, a pagar en 6 cuotas de 63.579. Posteriormente de ese monto realizó a otra cuenta una transferencia de 179.000 pesos. Y más tarde otra de 85.000. 

En ese momento el ciberdelincuente cortó la llamada y a los pocos minutos se comunica nuevamente contándole que hubo otro error, por lo tanto, le pidió que tramite un crédito UVA, y la víctima solicitó 340.000 pesos en 12 cuotas y transfirió gran parte de ese dinero a los malvivientes.

Pero no todo terminó ahí, ya que la volvieron a llamar con el objetivo de que genere otro empréstito, pero fue ahí que la chica se dio cuenta que estaba siendo víctima de una estafa. En total perdió 519.000 pesos. 

A una joven de 26 años le jaquearon el home Banking desde donde realizaron una transferencia de 17.886 pesos y le generaron un crédito de 18.000. Lo llamativo del caso es que la damnificada se enteró luego de recibir una llamada telefónica de un número con característica de Buenos Aires en donde le informaron de la situación. 

La víctima, Sofía R., se presentó en sede de la Comisaría 3° a radicar la denuncia y el detalle de lo ocurrido fue elevado al Ministerio Público de la Acusación.

Fuentes consultadas por Sur24 precisaron que con la mujer se comunicó un hombre que dijo llamarse Damián Gerardo M., quien le alertó sobre la situación. En ese momento la joven pudo corroborar que le habían realizado una transferencia por 17.886 pesos y que con la tarjeta Naranja le habían generado un crédito de 18.000, y el dinero fue dirigido al CBU de un tal Maximiliano Iván G. 

El fiscal Mauro Menéndez definió la causa como “estafa” y le dio intervención a la Agencia de Investigación Criminal, solicitándole a la víctima que cambie las contraseñas de ingreso a dicha aplicación. 

Por Joaquín Fidalgo El Litoral Las estafas y otros delitos en Internet se han incrementado en los últimos años, en razón de la mayor virtualidad que adquirieron distintas actividades, sean laborales, comerciales o de ocio. Esta ola tomó impulso significativamente con la pandemia y sus cuarentenas. Se multiplican los casos de otorgamiento de créditos personales no solicitados, consumos “desconocidos” en tarjetas de crédito, transferencias de cuentas bancarias de las que sus titulares no tienen ni idea, extorsiones de las más variadas y sofisticadas. “Si bien muchas modalidades de fraudes se repiten, van variando y así presentan distintas particularidades en cuanto a su abordaje jurídico”, explicó el abogado Federico Didier, especialista en la materia. “Este tipo de delitos genera un grave daño a sus víctimas, no sólo por la pérdida económica, sino también porque en muchas ocasiones pasan a ser calificadas como deudoras de importantes sumas de dinero que jamás solicitaron ni recibieron, lo que les imposibilita acceder al crédito, a un puesto de trabajo, etc”, puntualizó el profesional. “Cuando la víctima se entera de la situación -agregó- comienza un tedioso derrotero que genera un daño moral que se va agravando con el correr de los días y meses. La Central de Deudores del Banco Central los empieza a informar como deudores hasta llegar a la calificación de ‘irrecuperable’, las instituciones financieras o medios de pago les reclaman e intiman para la devolución de créditos o consumos no realizados por ellos. Figuran como deudores por su identidad personal, pero no por haber dispuesto de su dinero, ni haber recibido un bien a cambio, es decir, no son deudores, a pesar de haberles explicado y comunicado a diversas entidades y organismos, hasta el hartazgo, que jamás han contraído dichos créditos, ni realizado tales transferencias, o que fueron engañados”.

Puerta abierta Didier explicó que las víctimas deben realizar inmediatamente la denuncia penal y comunicar al banco o entidad financiera el hecho ilícito. Además, deben aportar todos los elementos de prueba que tengan. “Es complejo investigar y perseguir penalmente estos ilícitos. El perjudicado, en la generalidad de los casos, se encuentra en una situación de apremio ante la falta de respuesta eficaz y rápida de la institución financiera, y ante la falta de reconocimiento y restitución del dinero. La solución del problema lleva tiempo y es necesario abordarlo empleando diversas acciones legales, considerando en cada caso si existió o no responsabilidad civil de la institución financiera o sistema de pagos digitales, y demás particularidades del caso”, manifestó el abogado. En este sentido, el profesional afirmó que “en algunos casos las instituciones financieras o los sistemas digitales de pago no corroboran adecuadamente la identidad del cliente o poseen un sistema vulnerable de seguridad informática, por lo que dejan “la puerta abierta” para que, realizando unos breves pasos de ingeniería social y con limitada información personal ajena, el delincuente pueda concretar una operación en un homebanking ajeno o utilizar un sistema de pago digital de terceros. Por ejemplo, se han dado casos en lo que se han gestionado en nombre de las víctimas préstamos personales con solo tener su número de CBU, o cuenta bancaria, y copia del DNI; se han realizaron consumos con tarjeta de crédito con una foto o el numero de la misma. Si eso no es dejar la ‘puerta abierta’, es al menos dejarla sin llaves y sin seguridad adentro”. “Si bien el usuario de estos servicios debe tomar los recaudos mínimos, hay que preguntarse si quién presta el servicio no dejó la puerta abierta. Se trata de instituciones financieras y/o fintech legalmente habilitadas, no neófitos improvisados que actúan en el mercado financiero. Se supone que uno utiliza el servicio de un banco o una cuenta de pago virtual para resguardar su dinero y realizar transacciones comerciales seguras”, enfatizó. Recientemente el Banco Central dictó una serie de normas en donde se ordena a los bancos emplear mecanismos que confieran mayor seguridad y refuerce la acreditación de identidad. “Las entidades financieras, bancos y fintech, tienen que verificar fehacientemente la identidad de las personas que solicitan la acreditación de créditos y hacer un monitoreo y control, como mínimo, de los puntos de contacto indicados por el usuario y comprobar que no hayan sido modificados recientemente. Al respecto, cabe destacar esta obligación siempre existió. En estos momentos existen acusaciones mutuas entre bancos y fintech (que han tenido un notable crecimiento en estos últimos años) ante el Banco Central, por considerar que facilitan los ciberdelitos. Frente a este escenario, el gran perjudicado es el cliente, el ciudadano de a pie”.

Necesidad Los delincuentes que se dedican a este tipo de delitos son difíciles de atrapar. “Se trata de investigaciones complejas que requieren una formación especializada de fiscales y organismos de investigación. Se deben aplicar medidas de prueba rápidas y eficaces, y trabajar de manera coordinada con las unidades antifraude de los bancos e intermediarios de internet ISP (sistemas de pagos virtuales, redes sociales, proveedores de acceso). Entiendo que en Santa Fe no existe unidad fiscal especializada y dedicada exclusivamente a los delitos informáticos, como sí hay en Buenos Aires y otras jurisdicciones. Si bien se ocupa de estos hechos la Agencia de Investigación Criminal, las actuaciones se deben seguir con medidas propias del entorno informático en el que lo más apropiado es contar con una unidad fiscal especializada, dotada de los recursos y tecnología acorde, el personal necesario y dedicada en forma exclusiva a los delitos informáticos”, concluyó el especialista.

Especialista El doctor Didier es Máster en Informática y Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, Docente de Derecho Informático en la Universidad Católica de Santa Fe y presidente de la Comisión de Derecho Informático del Colegio de Abogados de Santa Fe.