El Gobierno nacional formalizó este martes una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten información que permita dar con el paradero de Galvarino Sergio Apablaza Guerra, un ciudadano chileno sobre quien pesa una orden de captura nacional e internacional.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y responde a un pedido de la Justicia Federal en el marco de un proceso de extradición impulsado por Chile.

La decisión quedó establecida mediante la Resolución 302/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, donde se detalla que la suma de $20.000.000 será destinada a aquellas personas que, sin haber participado en los hechos investigados, brinden datos útiles que permitan concretar la detención del prófugo.

Según se desprende del documento oficial, Apablaza Guerra, de 75 años, tiene una orden de captura vigente desde el 31 de marzo de 2026, dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11. La medida apunta a hacer efectiva su extradición a Chile, país que lo reclama por su presunta participación en delitos vinculados al terrorismo.

El texto oficial aclara que la recompensa se enmarca en el Programa Nacional de Recompensas, establecido por la Ley 26.538, que habilita al Estado a ofrecer compensaciones económicas para obtener información clave en investigaciones complejas o de gravedad institucional.

En este caso particular, las autoridades consideraron que se trata de un expediente de alta relevancia, tanto por la naturaleza de los delitos investigados como por el contexto internacional en el que se inscribe el pedido de extradición.

La causa que involucra a Apablaza Guerra tiene un largo recorrido judicial. De acuerdo con lo consignado en la resolución, el proceso de extradición permaneció suspendido durante años debido a distintas instancias de apelación e impugnaciones presentadas por la defensa del acusado.

Además, el expediente atravesó instancias administrativas y judiciales vinculadas a su condición de refugiado, en el marco de la normativa internacional sobre protección de personas perseguidas.

Sin embargo, la situación cambió recientemente cuando la Justicia determinó que el acusado dejó de cumplir con las condiciones impuestas en el proceso, lo que derivó en la orden de detención inmediata.

Este incumplimiento, definido como “inconducta procesal” en el documento oficial, fue clave para reactivar las medidas judiciales y avanzar en la búsqueda del imputado.

El Ministerio de Seguridad detalló que las personas que cuenten con información relevante pueden comunicarse de forma gratuita a la línea telefónica 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas.

Uno de los puntos centrales del sistema es la confidencialidad: las autoridades garantizaron que la identidad de quienes aporten datos será preservada durante todo el proceso.

Asimismo, el pago de la recompensa estará sujeto a la evaluación de la información brindada. Es decir, solo se abonará el monto en caso de que los datos aportados resulten útiles y determinantes para concretar la detención del prófugo, previo informe de la autoridad judicial interviniente.

La resolución también instruye a las fuerzas de seguridad federales a difundir ampliamente la búsqueda, incluyendo la publicación de afiches y la difusión en medios de comunicación de todo el país.

El pedido de captura de Apablaza Guerra tiene implicancias que trascienden las fronteras argentinas. La solicitud de extradición fue impulsada por la República de Chile, que lo acusa formalmente de delitos considerados de extrema gravedad.

En ese contexto, la decisión del Gobierno argentino de ofrecer una recompensa busca acelerar su localización y detención, en línea con compromisos de cooperación judicial internacional.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que la medida responde a la necesidad de dar una respuesta urgente ante un caso complejo, que involucra tanto aspectos judiciales como diplomáticos.

Con esta resolución, el Ejecutivo refuerza el uso de herramientas previstas por la ley para colaborar con la Justicia y promover la participación ciudadana en la resolución de delitos de alto impacto.

El mediocampista estrella del Colo Colo de Chile, Arturo Vidal, fue denunciado por un confuso episodio en la capital de Santiago. El futbolista fue trasladado a una comisaría y fue liberado a las pocas horas.

Tras un largo y exitoso recorrido por los más grandes equipos de Europa como el Barcelona de España, la Juventus de Italia o el Bayern Múnich de Alemania, el histórico mediocampista de la selección chilena retornó a su país en enero de este año para volver a calzarse la camiseta de Colo-Colo, el club que lo vio nacer.

Titular y referente en uno de los cuadros más grandes de Chile dentro de la cancha, el futbolista de 37 años recibió una grave denuncia por un hecho sucedido en la capital de Santiago este domingo.

Luego de lo que fue la importante victoria por 3-0 sobre Deportes Iquique este domingo por la anteúltima fecha de la Primera División chilena que lo tiene a punto de ser campeón, varios jugadores de Colo-Colo asistieron a un bar para festejar el cumpleaños del delantero Lucas Cepeda.

La noche no terminaría de la mejor manera ya que una mujer afirmó haber sido drogada y la hermana de la misma denunció el hecho ante la policía local. Rápidamente, los Carabineros retuvieron a Vidal en estado de ebriedad y lo trasladaron a la Comisaría 37° de Vitacura donde pasó algunas horas hasta ser liberado.

Si bien no se pudo determinar la participación de los futbolistas dentro del malestar de la mujer, la Fiscalía seguirá adelante con la investigación pertinente para determinar qué fue lo que sucedió en el bar de Vitacura.

Fueron rescatadas unas 19 personas que eran sometidas a labores precarizadas que rozaban la semiesclavitud al no poder salir de la chanchería, dormir en pequeños cuartos con los cerdos que eran faenados y recibir bajísimos salarios por excesivas horas de trabajo. Además, uno de esos trabajadores era un ciudadano chileno con retraso madurativo captado por los dueños del establecimiento hace 20 años y al cual la familia daba por muerto.

El caso comenzó en noviembre de 2022, cuando una mujer de nacionalidad venezolana que trabajó dentro del predio Criasur, donde funcionaba la chanchería, logró escapar y denunció en la Comisaría Segunda de Río Gallegos las deplorables condiciones de trabajo con las que se convivía allí dentro.

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Fue entonces que el Juzgado Federal decidió iniciar una averiguación sobre la denuncia radicada y ordenó una serie de allanamientos en lugar que estaba registrado a nombre de una pareja de empresarios de nombre Daniel Sarutti y Yanina Sapino. Entre ambos manejaban la chanchería y una panadería en la mencionada ciudad.

El personal de la División Trata de Personas de Río Gallegos realizó una inspección y como consecuencia, se rescató a 19 trabajadores que cumplían diferentes funciones, pero todos en condiciones de suma precariedad. La causa recayó en manos del Juzgado Federal de Río Gallegos, a cargo de Claudio Vázquez y el secretario Carlos Cerezoli, según indicó el medio La Opinión Austral.

Entre ellos, destacó Juan Mansilla Alvarado, un hombre oriundo de Chiloé, Chile, que había viajado más de 2000 kilómetros hace 20 años y fue reportado como desaparecido por su familia tras perder contacto con él. Se trata de una personas con retraso madurativo que habría desarrollado lo que se conoce como síndrome de Estocolmo, un fenómeno por el cual la víctima desarrolla un “vínculo positivo hacia su captor como respuesta al trauma del cautiverio”.

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Según informó el mismo medio local a través de fuentes judiciales, Mansilla era considerado por Daniel Sarutti como su “hombre de confianza” dado que le contaba los movimientos en el interior de la granja de los demás trabajadores y si estos tenían intenciones de escapar del lugar.

El caso se había esclarecido tras los allanamientos y la Justicia había determinado que el lugar continúe en funciones, pero bajo la supervisión de un administrador designado por el Juzgado Federal de Río Gallegos.

Sin embargo, en junio se supo que Sarutti volvió a contactar a Mansilla para contratarlo. Fue entonces que la Justicia ordenó la detención tanto del empresario como de su pareja, “entendiendo que hubo un entorpecimiento en la investigación”.

A raíz de ello, el consulado chileno se contactó con la familia de Juan Mansilla Alvarado, quienes se sorprendieron por la aparición con vida del hombre.