El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, intensificó desde principios de 2024 el control sobre chatarrerías, locales de venta de autopartes y desarmaderos, con el objetivo principal de prevenir la sustracción de automotores, autopartes y elementos no ferrosos. 

Para dar a conocer más detalles de los procedimientos, el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, acompañado del director de Desarmaderos, Gerardo Rodríguez, brindó este lunes una conferencia de prensa en el Auditorio de Casa de Gobierno.

“Cuando asumimos el Gobierno, el 10 de diciembre, uno de los principales temas que nos ocupaba y preocupaba, al gobernador Maximiliano Pullaro y al ministro Fabián Bastia era el robo hormiga de cables; de medidores de gas, luz, agua; los coditos de los aires acondicionados; y fundamentalmente el alumbrado público; un tema recurrente que estaba pasando y que nos estaban robando en cada departamento de la provincia y fue una de las primeras medidas que pidió el gobernador”, expuso Figueroa Escauriza.

El secretario de Gestión de Registros Provinciales amplió: “El registro de desarmaderos solamente tenía dos inscriptos y no había ningún registro en la provincia con respecto a la comercialización de estos negocios. Y obviamente, que si se controla a quien compra lo robado, y vamos a este segundo eslabón, disminuye quién roba porque si no hay comercio donde poder comprar o vender, lo robado empieza a disminuir”, aseguró.

En toda la provincia

En estos meses se realizaron 49 inspecciones en la provincia, 19 en la ciudad de Rosario y también se trabajó en otras 17 localidades. En todos los casos, el resultado de cada operativo derivó en la clausura de cada desarmadero y chatarrería inspeccionada. Además, se secuestraron $ 32 millones y u$s 10 mil; se incautaron 700 placas de cementerios y 1.200 toneladas de materiales ferrosos y no ferrosos. El total de los elementos compactados en ese período asciende a 700 toneladas. “Lo que buscamos es que el comercio que compra y vende sepa que tiene que tener la trazabilidad para no comprar lo robado”, subrayó Figueroa Escauriza.

Por su parte, Gerardo Rodríguez aclaró que “no solamente hemos encontrado lo que es metales ferrosos y no ferrosos, sino también ataúdes, placas de cementerio, bocas de tormenta; es muy abarcativo el abanico que tenemos de metales y de objetos que se van encontrando”.

En este sentido, Figueroa Escauriza puntualizó que “el 82 % de lo incautado es cable de la vía pública”, y que “está muy vinculado el robo del cable de metales con el narcomenudeo porque hemos tenido casos, y que hemos trabajado en conjunto con el Ministerio de Seguridad, que el mismo comercio que te compra el cable pagaba con droga en el búnker que tenía a la vuelta y que era del mismo dueño de esa chatarrería”.

Menos denuncias al 911

Los funcionarios resaltaron que, con motivo de los trabajos de control, inspección y sanción, se evidencia “un marcado descenso de los llamados a la línea 911 para denunciar este tipo de delitos”. 

Teniendo en cuenta enero y agosto de este año como puntos de referencia, en Rosario se redujo un 76,34 % la cantidad de comunicaciones y en la ciudad de Santa Fe se registró una reducción de un 80,38 % en los llamados.

El Ministerio de Gobierno e Innovación, a través de la Secretaría de Gestión de Registros, realizó, en forma conjunta con la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), seis allanamientos de chatarrerías en tres localidades provinciales.

En San Lorenzo se realizaron tres operativos; en Granadero Baigorria, dos; y en Fray Luis Beltrán, uno. En total, se incautaron más de 400 kilos de metales no ferrosos, chatarra y autopartes.

En el marco de los procedimientos, tres personas quedaron detenidas: una por portación de arma de fuego y dos por intentar ocultar materiales. Participaron de las inspecciones el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza; y el director del Registro de Desarmaderos (Re.De), Gerardo Rodríguez.

Los controles se dan en el marco de las políticas activas que viene llevando adelante la Provincia con relación a la inspección de depósitos de materiales que se presumen robados o sustraídos, ya que no se pudo justificar el origen de los mismos.

Los resultados obtenidos “demuestran que estas acciones permiten controlar no sólo la venta ilegal, sino también buscar la trazabilidad de los elementos. Desde el inicio de esta gestión, ya se realizaron 49 allanamientos en todo el territorio provincial, en 16 ciudades diferentes”, indicó Figueroa Escauriza.

El funcionario agregó que “como nos pidió el gobernador Maximiliano Pullaro, seguimos controlando a quien compra lo robado. En esta oportunidad clausuramos seis locales comerciales que se dedicaban a la compraventa de metales no ferrosos, hubo tres detenidos, y gran cantidad de autopartes y metales no ferrosos secuestrados, que van ser puestos a disposición del Aprad”.

“Vamos a seguir con los controles, en forma conjunta con el MPA y el Ministerio de Justicia y Seguridad, para debilitar este eslabón de la cadena de comercialización y así desalentar a que se produzcan estos robos hormiga que estamos sufriendo en la provincia de Santa Fe”, agregó el secretario de Gestión de Registros.

La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) es la entidad del Gobierno provincial que administra todos los bienes y efectos que son objeto de secuestro u otras medidas dispuestas en causas judiciales como consecuencia de delitos o contravenciones.

Por su parte, el Registro Provincial de Desarmaderos, Chatarrerías y Comercios de Compraventa de Repuestos Usados (RE.DE) tiene la finalidad de crear condiciones de seguridad jurídica en cuanto a la actividad realizada por los desarmaderos. Su objetivo es controlar, fiscalizar y monitorear a las personas humanas o jurídicas cuya actividad principal, accesoria u ocasional sea desarmar automotores dados de baja y/o comercializar las partes producto de su actividad.

El Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, a través de la Secretaría de Gestión de Registros, continúa con el proceso de compactación de vehículos incautados y en desuso. Los operativos se realizan con los autos y motos que se encuentran en los galpones de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) en las localidades de Alvear y Santo Tomé y en el Polo Tecnológico de Rosario. En tanto, se avanza en el retiro de vehículos de distintos puntos de la provincia para llevarlos a los depósitos y avanzar con los procedimientos.

Al respecto de esta política, en ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia expresó: “Estas acciones se dan en el marco de las políticas impulsadas por el gobernador Maximiliano Pullaro, que apuntan al reordenamiento, la registración y la limpieza de los espacios, con el compromiso de colaborar con el orden, cuidar el ambiente y respetar el real destino para el cual fueron pensados estos espacios”.

“Hemos trabajado muchísimo en el ordenamiento y regularización de los vehículos que estaban depositados en Aprad, con galpones totalmente abandonados. No había trazabilidad de los bienes que la Justicia mandaba a depósito, no se sabía de qué causas llegaban, ni con qué motivo”, finalizó el funcionario.

En lo que va de esta gestión, se compactaron 1.700 vehículos (autos y motos) y 400 toneladas de materiales. El proceso sigue adelante en toda la provincia y se espera llegar a 500 toneladas en los próximos meses.

La idea es actuar en cada rincón del territorio provincial para reducir la cantidad de vehículos que debido a su estado de abandono deben ser destruidos.

Al iniciar la gestión del gobernador Máximo Pullaro, existían en toda la provincia más de 30.000 vehículos en distintos depósitos, principalmente en el Polo Tecnológico de Rosario, donde había más de 1.000 unidades.

La compactación se produce luego de un relevamiento para determinar en qué condiciones se encuentran cada uno de los vehículos que están en los depósitos judiciales a cargo del Estado provincial.

De esta manera, se define si deben ser compactados, subastados, reparados o desguazados para reacondicionar móviles de seguridad, salud o desarrollo.

En los últimos días la provincia ya comenzó a relevar para poder intervenir el depósito judicial “Santa Emilia” ubicado en Elortondo, donde se encuentran más de 1300 vehículos entre autos, motos y hasta bicicletas.

En el caso de los materiales ferrosos y no ferrosos, son el producto de decomisos realizados en chatarrerías que son clausuradas por no poder justificar el origen de los elementos allí depositados.

Con relación al trabajo que se lleva adelante sobre chatarrerías y desarmaderos, el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza dijo: “Estamos persiguiendo este tipo de robo hormiga. Estamos controlando a quienes reducen lo robado, estamos en ese eslabón de la cadena”.

“En los distintos allanamientos hemos encontrado placas de cementerio, material de la EPE, de Aguas, de empresas de telefonía, etc. Este tipo de robos son pequeños, pero afecta a la ciudadanía muchas veces dejándola durante horas, o días sin algún tipo de servicio”, puntualizó el funcionario.

Las inspecciones a chatarrerías se dan en el marco de las políticas activas que viene llevando adelante el Gobierno de la provincia con relación a la inspección de depósitos de materiales que se presumen robados o sustraídos.

La Aprad se encuentra en la órbita de la Secretaría de Gestión de Registros del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública.

Todos los bienes y efectos que son objeto de secuestro u otras medidas dispuestas en causas judiciales como consecuencia de delitos o contravenciones, son puestos a disposición de Aprad. Los bienes y efectos o su producido tienen como objetivo primordial su utilidad social.

El Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, a través de la Secretaría de Gestión de Registros, viene realizando operativos de control a chatarrerías, locales de venta de autopartes y desarmaderos, con el objetivo de prevenir la sustracción de materiales, cables y placas de bronce o cobre. Como resultado de estos allanamientos, se incautaron gran cantidad de placas sustraídas en cementerios.

En este marco, la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) lanzó una convocatoria para que las personas que han sido víctimas de este tipo de ilícitos puedan recuperar las placas que recuerdan a sus seres queridos.

El secretario de Gestión de Registros del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, Matías Figueroa Escauriza, explicó que, “como resultado de los controles implementados desde comienzos de este año, se pudo decomisar materiales robados como medidores de gas y luz, cables de la Empresa Provincial de la Energía y también placas de cementerios”.

“Queremos que las placas vuelvan a los seres queridos de las personas fallecidas. Convocamos a quienes hayan sufrido este tipo de robo para que se contacten a través del número de WhatsApp que 3412760123”, explicó el secretario de Gestión de Registros del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, Matías Figueroa Escauriza.“Nuestra intención es devolver estos materiales robados porque no solo es una cuestión económica, sino también, y fundamentalmente, sentimental”, señaló el funcionario, al tiempo que advirtió que los controles y allanamiento de locales tienen el objetivo de prevenir estos ilícitos, y también lograr que los elementos decomisados vuelvan a sus propietarios originales.

“La idea es intercambiar información con la ciudadanía para poder identificar a los dueños y devolverles las placas que están en poder del Gobierno”, agregó el funcionario.El secretario de Gestión de Registros del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública solicitó a la ciudadanía que se contacte con el número indicado y aporte datos, fotografías, y toda información que permita encontrar a los dueños de los elementos robados.

La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) se encuentra en la órbita de la Secretaría de Gestión de Registros del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública.

Todos los bienes y efectos que son objeto de secuestro u otras medidas dispuestas en causas judiciales como consecuencia de delitos o contravenciones, son puestos a disposición de la agencia. Los bienes y efectos o su producido tienen como objetivo primordial su utilidad social.

El Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, a través de la Secretaría de Gestión de Registros, ofreció esta mañana, en la Sede de Gobierno de Rosario, un balance de los operativos de control a chatarrerías, locales de venta de autopartes y desarmaderos que se vienen realizando para prevenir la sustracción de automotores, repuestos y materiales no ferrosos, como cables y placas de bronce o cobre.

Las cifras marcan que los controles -puestos en marcha desde el inicio de la actual gestión- han dado resultados positivos, y permitieron desarticular distintos eslabones de la cadena delictiva que implica estos ilícitos. También, producto de los controles, disminuyó la cantidad de llamados a la línea 911 con respecto a este tipo de delitos. 

En ese sentido, el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza remarcó la importancia de denunciar: “Nos sirven mucho las denuncias, que llamen al 911, que hagan la denuncia. También tenemos un email que es desarmaderos@santafe.gov.ar, para que los vecinos puedan denunciar al comercio que sepan que en su barrio está vendiendo o comprando cobre y material no ferroso. Hoy mutó el tema de la compra: antes era un comercio y una chatarrería, hoy se compra hasta en un garaje. Si el vecino que conoce su barrio lo denuncia, nos sirve para poder ir haciendo la inspección e ir allanando”.

Asimismo, Figueroa Escauriza recordó: “En estos primeros 6 meses de gestión, por pedido del gobernador Pullaro y del ministro Fabián Bastia, empezamos a controlar este eslabón que es quién compra, quiénes roban en toda la provincia de Santa Fe el cable y los medidores de gas, EPE o de agua”. “En febrero, en la ciudad de Rosario, hubo 926 denuncias al 911 dividida en dos grandes categorías, robo de cables y robo de metales. En marzo, bajamos a 690 denuncias al 911 y en el mes de abril, a 387 denuncias. Esto quiere decir que en los primeros 6 meses del año bajamos un 58,2 % la denuncia de este tipo de robos”, detalló. 

Luego el funcionario relató que se hicieron “más de 35 inspecciones y allanamientos en toda la provincia de Santa Fe, de las cuales 15 fueron en la ciudad de Rosario” y explicó que se modificó la manera de trabajar: “Lo estamos haciendo junto al Ministerio Público de la Acusación para que cuando inspeccionemos, no sea una cuestión administrativa de rutina, sino que ya haya un fiscal interviniendo y que lo hagamos con orden de allanamiento. Esto nos da la posibilidad de ingresar si el negocio está cerrado, porque podemos entrar directamente, ampliar las órdenes de allanamiento para revisar todos los comercios y, si son viviendas, también requisarlo y de esa manera no frenar este tipo de inspecciones”. 

Los números de los allanamientos

De los 35 allanamientos que se hicieron en 9 localidades de la provincia, hubo 35 clausuras, 20 millones de pesos y 10 mil dólares secuestrados, 5 armas, más de 5 aprehendidos y el decomiso de un desarmadero entero en la localidad de Venado Tuerto, de más de 300 toneladas que actualmente se está compactando. 

También se desprenden otros datos, como el día de mayor robo de cables en la vía pública, que es el jueves, desde las 23 hasta las 2; y el robo de viviendas, medidores o picaportes, se da mayormente los domingos, también desde las 23 hasta las 2. Además, del 100% del robo de materiales, ya sea de cables, picaportes o medidores de gas, el 72% son de cableado de la vía pública. Y en viviendas particulares, lo que se roba el 50% son medidores de gas, de luz y de agua. 

Las zonas de Rosario en las que hay más robo de cable, es la zona 1 que va de Pellegrini, Rueda, Constitución y Lima. Y de picaportes y medidores de gas, las zonas son Barrio Echesortu, Barrio Ludueña y Alberdi. 

“Esto nos sirve como un mapa para poder controlar y hacer este tipo de inspecciones. Y al mismo tiempo, aumentar el patrullaje en la vía pública. En el mes de mayo, en base a estos datos que vamos teniendo, pudimos, en el momento, a través de la policía, detener a 9 personas que estaban robando cable y medidores de gas”, concluyó Figueroa Escauriza, quien estuvo acompañado por Gerardo Rodríguez, director Provincial del Registro de Desarmaderos.

En las últimas horas personal de la Policía de Investigaciones, del Ministerio de Justicia y Seguridad, llevó a cabo un allanamiento en un predio ubicado en calle Díaz Vélez al 2800 en la ciudad de Casilda.

Todo se dio en el marco de una investigación por un hecho de hurto, donde se procedió a la aprehensión de N.S. de 56 años, y al secuestro de un arma de fuego calibre 22, municiones, telefonía celular, 25 kilogramos de cobre, un juego de griferías y dinero en efectivo por una suma de $561.540.

En tanto, el Departamento operativo de Investigación de PDI, Distrito Casilda, lo que posibilitó librar, bajo la órbita de la Fiscalía interviniente, la orden de allanamiento que culminó con resultados positivos.

El individuo en cuestión fue detenido e incomunicado a la espera de la correspondiente audiencia imputativa. La causa se encuentra a cargo del fiscal Emiliano Ehret del MPA Casilda.

Cabe destacar que el comercio no se encontraba habilitado y fue clausurado por personal de la Municipalidad de Casilda.