El juez Mauricio Clavero, a raíz del pedido formulado por el fiscal Horacio Puyrredón en una audiencia realizada este viernes a la tarde, ordenó la prisión preventiva de un hombre investigado por delitos vinculados a la comercialización ilegal de metales y encubrimiento agravado en Venado Tuerto.

El imputado, cuyas iniciales son JB, fue detenido en el marco de una serie de allanamientos llevada a cabo en localidades del departamento General López y es propietario de una chatarrería que no contaba con autorización para funcionar. “La venta ilegal de cobre es el último eslabón de la cadena y favorece el crecimiento del robo de cables”, sostuvo el fiscal del MPA.“Si bien la defensa pidió la libertad del imputado y la imposición de normas de conducta, el juez las rechazó e hizo lugar a nuestro pedido de prisión preventiva”, valoró el fiscal. Y agregó: “desde la Fiscalía sostuvimos que, en función de las evidencias que aportamos, la materialidad y la autoría del hecho por parte del hombre investigado están lo suficientemente claras para esta instancia procesal”. 

En tal sentido, refirió “no solo al secuestro de cables robados y de gran cantidad de dinero que se hizo en los allanamientos, sino también a una camioneta que es del imputado, la cual era manejada por un empleado de él para transportar el cobre”. 

En la audiencia, Puyrredón hizo hincapié en “el perjuicio a la comunidad que genera el robo de cables” y detalló que “entre enero y febrero, la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto gastó alrededor de 91 millones de pesos en la restitución de los materiales sustraídos”.Además, argumentó que “la comercialización ilegal es el último eslabón de la cadena y favorece el crecimiento del robo de cables que, por lo demás, habitualmente es cometido por personas de escasos recursos que exponen sus vidas a raíz de los riesgos que genera la manipulación de estos materiales”.En cuanto a los riesgos procesales, el fiscal recordó que “el imputado ya fue investigado por hechos ilícitos similares” y subrayó que “tiene capacidad económica para fugarse”. Por último, concluyó que “ahora no tiene arraigo laboral a raíz de que fue clausurada la chatarrería ilegal de la cual es propietario”.

Este jueves 7 de marzo imputarán a un hombre mayor de edad investigado por delitos vinculados a la comercialización ilegal de metales y encubrimiento agravado (por ánimo de lucro) en Venado Tuerto. Sus iniciales son JB y es propietario de una chatarrería que no contaba con autorización para funcionar. Fue detenido ayer en el marco de distintos allanamientos que se realizaron en localidades del departamento General López.

De acuerdo con los avances de la investigación, la atribución delictiva será realizada mañana por el fiscal Horacio Puyrredón, quien está a cargo de la investigación de los hechos. Será en una audiencia que se llevará a cabo en los tribunales venadenses en horario a confirmar.

El funcionario del MPA sostuvo que “detuvimos a esta persona en el marco de tareas de control que se realizaron sobre quienes comercializan este tipo de materiales”. Al respecto, aclaró que “desde la Fiscalía ya venimos investigando casos de robos de cables del tendido de red pública y de redes privadas de energía”.

Los procedimientos fueron ordenados por el juez Mauricio Clavero y se llevaron adelante con el objetivo de inspeccionar explotaciones comerciales que tienen como actividad principal la compra y venta de metales. El operativo se realizó a través de un trabajo coordinado entre el MPA, el gobierno provincial y la municipalidad de Venado Tuerto. 

Allanamiento

Acerca del procedimiento, Puyrredón informó que “se allanó el domicilio del hombre detenido y se constató que no tenía autorización para explotar comercialmente la chatarrería de la que era propietario”.

El fiscal precisó que “se le secuestró un arma de fuego que tenía en su poder y una suma importante de dinero consistente en 22 millones de pesos y 7 mil dólares”.

“En un operativo circundante encontramos una camioneta Ford Ranger que transportaba más de mil kilos de cobre”, sostuvo el funcionario del MPA y aclaró que “el vehículo está a nombre de la persona detenida y también procedimos a su secuestro”.

Ante la ola de robos de materiales metálicos y bronce, del cual el propio Monumento a la Bandera fue víctimas, el Concejo decidió darle luz verde a la ordenanza que adhiere a la ciudad a la ley provincial sobre comercialización de materiales no ferrosos, con el objetivo de llevar un control más exhaustivo de las operaciones que se hacen en chatarrerías.

La medida se aprobó este jueves y se acordó en unanimidad. Es que la denuncia de vecinos y vecinas de Rosario ante el boom de robos viene creciendo de manera sostenida y las chatarrerías ilegales son las principales compradoras de estos materiales.

Inclusive, la propia empresa Aguas Santafesinas tuvo que comenzar a instalar medidores de plástico por la cantidad de servicios saboteados que dejan quienes abren los gabinetes para robar las piezas metálicas.

“Están siendo parte de una cadena de comercialización que provienen del delito. La ley apunta a poder regular esta actividad para tener mayor control desde las áreas municipales”, sostuvo la concejala de Ciudad Futura, Caren Tepp.

Por su parte, el edil de Arriba Rosario, Fabrizio Fiatti, manifestó: “Se busca detectar la legalidad de las operaciones y saber cuáles son los proveedores de los establecimientos. Es una herramienta más para tener un mayor control de este mercado delictivo, que azota a instituciones, colegios o clubes”.

Cabe recordar que fue el propio Ejecutivo quien le solicitó al Concejo la aprobación de la normativa. En la solicitud se detalló que la Intendencia "viene realizando un trabajo valioso sobre estos establecimientos" y que la actual gestión clausuró 62 chatarrerías y además elevó a la justicia provincial 31 denuncias penales sobre los titulares de estos locales, que surgieron a partir de la verificación de reiteradas violaciones de clausura constatadas por los inspectores municipales.

En concreto, la ordenanza establece que quienes comercialicen materiales no ferrosos deberán identificar a los vendedores a través de un registro en el que se acredite documentación de cada uno.

El objetivo es enfocarse en operaciones que involucren cables de telefonía o iluminación, materiales de bronce, o cobre, que vienen siendo el objetivo de ladrones en distintos puntos de la ciudad.

A su vez, se establece que la documentación deberá ser requerida en los casos donde las operaciones sean por un importe equivalente a 600 módulos tributarios, y deberán bancarizarse aquellas equivalentes a dos mil módulos tributarios.

Además de crear el registro, la iniciativa establece que los comercios e industrias que comercialicen este tipo de metales deberán cumplimentar la inscripción al registro como paso previo a la habilitación municipal y se dispondrá de mecanismos de control de la actividad.

El Gobierno de Venado Tuerto llama a concurso de venta por mejor oferta para chatarra y material en desuso que se encuentra acopiado en el predio municipal situado detrás del destacamento de Gendarmería Nacional.

Previa ordenanza sancionada por el Concejo, el DEM emitió un decreto (384/22) por el cual se abre la posibilidad de observación del material desde el lunes 14 al viernes 18 de noviembre inclusive, coordinando visita a través de la Secretaría de Servicios y Obras Públicas al teléfono (03462) 421401.

El concurso establece una base de oferta no inferior a 23 mil pesos por tonelada, con adjudicación al precio y modalidad de pago más convenientes al interés público, y con costo de retiro de la chatarra a cargo exclusivo del adjudicatario.

Por otro lado, no podrá adjudicarse la venta si el oferente registra deudas tributarias para con la Municipalidad de Venado Tuerto; asimismo, el establecimiento del comprador debe contar con habilitación municipal vigente.

La apertura de ofertas se realizará el lunes 12 de diciembre, a las 12, en la sala de reuniones del Palacio Municipal.

Por información sobre el concurso, ingresar en el link Licitaciones de la página web: venadotuerto. gob.ar.

El siniestro fue este jueves, a las 19.42 y se extendió hasta las 20.52, cuando los servidores públicos lograron controlarlo.

Al lugar, una chatarrería ubicada en Cabral y Marenghini, asistieron 2 dotaciones con ocho agentes.

Se trataría de un incendio de un montículo de chatarra, que incluía amortiguadores. “Procedimos a extinguirlo utilizando una línea de 38 mm desde la distancia por las explosiones de los amortiguadores. Luego ingresamos con la línea al predio. Por último se hizo remover con una maquinaria del lugar la chatarra para terminar de enfriar”, desarrollan desde el cuartel de Bomberos.

Para poder extinguir el fuego se utilizaron 10.000 litros de agua.

(Por Ana Inés Dobal) – El intendente Natalio Lattanzi, junto a la jueza de Faltas, Mercedes Elbusto, realizaron la semana pasada la entrega simbólica a Rotary Rufino del dinero recaudado por la compactación de motos y vehículos como chatarra. La entidad recibió la suma de 174 mil pesos, obtenidos de la venta de 29 toneladas de chatarra.

En el marco del Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (Prodeco), cuyo objetivo es reducir el daño ambiental que producen los vehículos que se encuentran bajo custodia de las fuerzas policiales y de seguridad generando insumos económicos desde el reciclado para potenciar acciones sociales de organizaciones sin fines de lucro, Rotary Club Rufino fue beneficiado con casi 200 mil pesos por acciones conscientes en la ciudad.

Alejandro Giordani, desde la presidencia de Rotary Club Rufino, destacó que se trató de un programa del Ministerio de Seguridad de la Nación y que “la Municipalidad nos eligió esta vez y el grupo de apoyo al medioambiente (que funciona en Rufino motivando acciones ligadas a la mejora de las condiciones medioambientales de la ciudad desde Rotary) será uno de los que podrá disponer de estos fondos para sus proyectos en proceso”, adelantó el representante.

“Celebramos poder lograr un doble objetivo, por un lado colaborar con las instituciones de la ciudad y por el otro darle un destino a la chatarra para evitar la contaminación ambiental”, expresa el certificado entregado a Rotary en la reunión en la que se le hizo efectivo el pago.

Al mismo tiempo durante la reunión oficial en la que el municipio y los rotarios celebraron este logro, el intendente manifestó: “No nos interesa recaudar, nos interesa concientizar”.

La chatarra compactada estaba constituida por motos y autos que fueron recogidos de los depósitos en la Municipalidad. “El programa habla de descontaminar porque por distintos motivos, como documentación o abandono, estos móviles quedaban ocupando un espacio y sin uso alguno”, manifiesta el dirigente de Rotary, compartiendo la interna del funcionamiento del programa.

Por medio de la Resolución 76 de 2021 se aprobó el marco regulatorio y el procedimiento administrativo del Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (Pronacom), que se hizo acción concreta en Rufino.

Para las provincias y municipios que adhirieron, se firmaron convenios de colaboración debiendo designar una entidad de bien público en carácter de beneficiaria, así como también el proceso de contratación para la selección de la empresa compactadora entre aquellas registradas en el programa.

De esta manera, el Prodeco es una respuesta ambiental y social ante la acumulación constante de autos, motos y otros vehículos secuestrados en distintos procedimientos policiales, que deriva en graves riesgos para la salud y el ambiente.

La entidad rotaria que trabaja silenciosa pero incansablemente a favor de una vida mejor para la comunidad local, potenciando proyectos, personas, ideas y acciones micro y macro a todo nivel, recibe hoy un premio bien ganado que posibilitará la manifestación de más proyectos. Trabajar por un mejor vivir, desde la conciencia llevada a la acción, es todo lo que está bien.

El Gobierno de Venado Tuerto procedió a la clausura y secuestro de chatarra en un histórico desarmadero del barrio Bernardino Rivadavia perteneciente a la firma Raies, que durante años fue un conflicto para los vecinos de la zona.

El intendente Leonel Chiarella estuvo acompañando el operativo e informó que “estamos realizando el secuestro de toda la chatarra y clausura de este predio. Esto se demoró por el incumplimiento del propietario porque habíamos firmado un convenio y tenía un tiempo para retirar la chatarra. Se le dio una prórroga, tampoco se cumplió en ese plazo, y por eso desde el Gobierno de Venado Tuerto acudimos, primero al Tribunal de Faltas para que dicten las resoluciones correspondientes, y con ese andamiaje legal fuimos a la Justicia provincial para que nos autorizara ingresar al predio y secuestrar la mercadería”.

En la misma línea, aseguró que “hoy estamos resolviendo un problema histórico, nos habíamos comprometido a resolver este problema y hoy lo estamos cumpliendo. Para nosotros es importante dar respuestas, y si no hay buena predisposición de la otra parte, acudimos a la justicia para tener todos los recursos legales”.

El mandatario adelantó que entre hoy y mañana los equipos municipales realizarán el retiro de la chatarra del predio, y el propietario del emprendimiento tendrá que hacerse cargo del pago de la multa y sanciones correspondientes y el costo de los trabajos realizados por el Municipio.

El predio está ubicado en la manzana delimitada por las calles Iturraspe, Pellegrini, Lascala y Monteagudo, y según indicó el secretario de Legal y Técnica municipal, Mariano De Mattia, “procedimos a la clausura y secuestro de chatarra y de todo el material que se encontraba en el lugar, todo ello a los fines de dar cumplimento a la resolución administrativa dictada por el Juzgado de Faltas Municipal. Asimismo, se solicitó para garantizar el cumplimento de la medida autorización y orden de allanamiento respectiva al juez de turno (Benjamín) Révori”.

Cabe recordar que en junio de 2020 el Gobierno municipal firmó un convenio con el propietario del establecimiento, para que se procediera al traslado de la chatarra y así erradicar el desarmadero del barrio.

En aquella oportunidad el Municipio se comprometió a ir realizando controles periódicos para verificar cómo avanzaba la limpieza del predio y ante las demoras para el retiro total del material, se procedió con la realización de este operativo.

La erradicación de este desarmadero es un viejo reclamo de los vecinos del sector, por las malezas y roedores que se generan en el depósito de chatarras, además del mal aspecto que da al barrio.