Un vecino de Venado Tuerto cayó en una trampa virtual tras ingresar a una página de servicios sexuales. Lo que parecía un contacto con una supuesta mujer terminó en una peligrosa extorsión por parte de tres presos alojados en el penal de González Catán, provincia de Buenos Aires. Desde sus celdas, los delincuentes no solo amenazaron al hombre, sino que también intimidaron a su hija con mensajes violentos.

La investigación, liderada por el fiscal Damián Casullo del Ministerio Público de la Acusación (MPA), permitió imputar a uno de los detenidos, mientras que otro fue identificado y será formalmente acusado en los próximos días. El tercero aún no fue localizado, aunque se presume que también está preso en la misma unidad penitenciaria.

Cómo operaban los extorsionadores

El hecho se remonta al domingo 28 de septiembre de 2025. Ese día, desde el penal de González Catán, los internos accedieron al sitio web SimpleEscorts, que ofrece contactos de mujeres para encuentros sexuales. A través de esa plataforma, lograron obtener el número telefónico de un hombre de Venado Tuerto, quien había navegado por la página.

Usando una línea de WhatsApp (11-26201083), comenzaron a enviarle mensajes de texto y audios con amenazas. Se hacían pasar por proxenetas y jefes de una organización delictiva ligada a la web de escorts, asegurando que él debía abonar una “multa” por haber contactado a las supuestas mujeres y no haber concretado el encuentro sexual.

Las amenazas escalaron rápidamente. Le informaron al hombre que sabían datos personales suyos, incluidos los de su hija y su nieto. Incluso le aseguraron que, si no resolvía la situación “por las buenas”, actuarían “por las malas”.

Amenazas a la hija y mensajes con armas

El mismo día, a las 09:45, la hija de la víctima también comenzó a recibir mensajes extorsivos. Le enviaron por WhatsApp un video de un arma de fuego y le exigieron una suma de dinero para no concretar represalias.

Los reclusos —identificados como Lucas Patricio S. J., de 34 años, y Pablo R. B., además de un tercer cómplice aún no individualizado— continuaron con los mensajes intimidatorios en los días siguientes.

En una de las comunicaciones más alarmantes, los extorsionadores le dijeron al hombre:

“No querés que se involucre tu familia. Si no pagás, traigo a tu hija a laburar de puta hasta que me completes la multa”.

La causa judicial y la imputación

El hecho fue investigado por el fiscal Damián Casullo, quien formalizó la imputación contra Lucas Patricio S. J., en una audiencia desarrollada en la jornada del jueves en Venado Tuerto. El acusado, representado por la defensora pública Melisa Andreatta, fue notificado de los cargos en su contra y accedió a declarar ante el MPA.

La calificación legal provisoria es extorsión en calidad de coautor, aunque no se descartan otras imputaciones conforme avance la investigación.

El juez que llevó a Lula da Silva a la cárcel y máxima estrella de la macroperación anticorrupción Lava Jato, Sérgio Moro, estuvo a punto de ser asesinado por el Primer Comando de la Capital (PCC), la facción de narcotraficantes más poderosa de Sudamérica. Es lo que apunta una investigación policial que salió a la luz este miércoles y que de momento detuvo a nueve personas, la mayoría en el estado de São Paulo.

Entre los objetivos de los narcotraficantes también estaban el fiscal Lincoln Gakiya, que desde principios de los años 2000 investiga a la banda y vive desde hace más de una década con escolta policial 24 horas al día por las constantes amenazas de muerte que recibe. También estaban en el punto de mira jefes del sistema penitenciario en varios estados.

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Según la investigación, los narcos ideaban homicidios y extorsión mediante secuestro, que podrían darse al mismo tiempo en cinco estados brasileños. Buscaban crear conmoción a escala nacional. Sería una forma de negociar la puesta en libertad de Marcola, el máximo líder del PCC, que aún gobierna en la sombra desde la cárcel. En 2019, cuando Moro aún era ministro de Seguridad Pública con Jair Bolsonaro, el Gobierno federal y el gobierno del estado de São Paulo acordaron trasladar a Marcola y a otros 21 integrantes del PCC a cárceles de máxima seguridad. La petición de transferencia partió de Gakiya, cuyo equipo descubrió un plan de la facción para rescatar a varios líderes detenidos en una cárcel de Presidente Venceslau, en el interior de São Paulo.

Los narcos vigilaban a Moro y a su familia continuamente en Curitiba, la ciudad donde residía hasta que se mudó a Brasilia hace unos meses para estrenarse como senador. Al menos diez personas se turnaban para seguir sus pasos y conocer al dedillo su rutina. Alquilaron casas y hasta un despacho junto a las direcciones que solía frecuentar. Según la cúpula de la policía, otras autoridades también estaban siendo monitoreadas por el PCC prácticamente en tiempo real.

En rueda de prensa, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, explicó que movilizó al director de la Policía Federal después de que el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, le alertase de indicios de ataques a autoridades, entre ellos el senador Moro. El Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco) que lidera Gakiya en São Paulo, también había alertado a la policía y al propio Moro y a su esposa, Rosângela Moro (elegida diputada federal) ya en el mes de enero. Desde entonces los dos vieron reforzada su seguridad personal.