Este jueves 7 de mayo, Venado Tuerto recibirá la proyección del documental "Lealtad a la Justicia Social", dirigido por Walter Peña y Nicolás Cuiñas. La cita será en el Centro Cultural Ideal, ubicado en Pellegrini 970, a partir de las 19.30 horas.

La actividad contará con la presencia de Jorge Sola, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Argentina, quien participará del evento y compartirá un diálogo con los asistentes sobre la temática abordada en el film.

El documental reúne testimonios y reflexiones de distintos referentes del ámbito sindical y social, entre ellos Taty Almeida, Víctor Laplace, Daniel Santoro, Jorge Sola, Leo Vinci, Marcos Schiavi, Cristian Jerónimo, Adolfo Pérez Esquivel, Pedro Saborido, Andrés Rodríguez, Octavio Argüello, Federico Mocchi, Johana Luque y José Urtubey.

Previo a la proyección, se realizará una rueda de prensa destinada a medios de comunicación y trabajadores de prensa en general, en la que participarán los directores del documental junto a Jorge Sola, ofreciendo detalles sobre la producción, los objetivos del proyecto y el mensaje que busca transmitir sobre la justicia social y el compromiso de los trabajadores.

El evento busca generar un espacio de reflexión sobre la historia y la actualidad del movimiento sindical en Argentina, invitando a la comunidad a participar y dialogar sobre los desafíos y valores que atraviesan a la sociedad.

La reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados, a la espera del tratamiento en el Senado, incorpora un cambio sustancial en el funcionamiento del fuero del trabajo: los jueces deberán aplicar de manera obligatoria los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y podrán ser removidos por mal desempeño si se apartan de ellos sin fundamento.

La disposición está contenida en el artículo 89 del proyecto, que sustituye el artículo 124 de la Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo N° 18.345. Hasta ahora, los fallos del máximo tribunal eran aplicados "caso por caso" y en forma "difusa".

El nuevo texto deja de lado el esquema anterior, que remitía a las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para regir la validez y aplicación de fallos plenarios.

Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, los tres actuales integrantes de la Corte Suprema. Archivo El Litoral.

Y establece una obligación categórica: “Los jueces que resuelvan causas de índole laboral deberán, de forma obligatoria, adecuar sus decisiones a los precedentes establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia”.

El artículo 90, complementario, advierte explícitamente que "el apartamiento infundado de los magistrados respecto de dichos criterios configurará una causal de mal desempeño en sus funciones".

La reforma busca, según interpreta el oficialismo, fortalecer la posición del Estado frente a futuras impugnaciones de la Confederación General del Trabajo (CGT) y otros sindicatos, que ya anticiparon estrategias judiciales orientadas a cuestionar la validez constitucional de la medida.

El Gobierno y sectores aliados en el empresariado sostienen que esta herramienta resultará en el combate contra la llamada “industria del juicio”, que consideran distorsiva para la actividad económica.

En realidad, la norma viene a fijar algo que, en alguna medida, ya ocurría en los hechos. La jurisprudencia de la Corte no opera como una imposición para los tribunales inferiores, pero sí como un parámetro orientativo, en la medida en que permite conocer de antemano cuál será la resolución de la causa cuando llegue a la instancia final.

En función de ello, contradecir el criterio ya establecido por el Máximo Tribunal implica arriesgarse a un prácticamente seguro rechazo, siempre y cuando las circunstancias entre un caso y el precedente sean coincidentes o equiparables, y no existan argumentos diferenciados en el abordaje.

Sería una suerte de versión autóctona del Stare decisis (en latín, "mantenerse firme en lo decidido") del derecho anglosajón que obliga a los tribunales a seguir los precedentes establecidos en casos anteriores, especialmente los de tribunales superiores. Esto garantiza la predictibilidad, consistencia y equidad en el sistema legal.

Claro que esto que ahora impulsa el oficialismo no se corresponde con el comportamiento tradicional del propio Estado que, tal como expresara en reiteradas oportunidades el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, sistemáticamente apela todas las sentencias favorables a jubilados de Anses, aún a sabiendas de que se topará con un rechazo, y más como una maniobra dilatoria.

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema. Archivo El Litoral.

“El 60% de las causas que nosotros resolvemos, provienen del Estado que cuestiona en materia previsional lo que la Corte ya dijo cómo es”, sostuvo oportunamente el magistrado. Y añadió: “¿Sabe lo que significaría para nosotros tener 60% de trabajo menos y no decir siempre lo mismo? Y decimos siempre lo mismo. Funciona así”.

En una entrevista con El Litoral, Rosatti recordó en su momento que la obligatoriedad de los criterios de la Corte estaba en la Constitución de 1949. “La Corte unificaba la interpretación en temas constitucionales, y operaba como una especie de casación”, sostuvo.

Por otra parte, aclaró que actualmente “en esto no hay unanimidad. Un sector de la doctrina, e incluso de la judicatura, reivindica la independencia de criterio de los jueces. Eso se advierte como una especie de garantía. Para otros el sistema tiene que funcionar integrado, si es un sistema. De todos modos, en el caso de la Argentina la cuestión está muy dispersa”.

En otra entrevista, al ser consultado sobre la eventual inclusión de una cláusula que establezca que los fallos de la Corte sean de cumplimiento obligatorio, afirmó: “Como poder podrían. Eso sería cuestionado y llegaría a la Corte. Y la Corte diría: ¿esa norma que incorporaron los legisladores es constitucional o no es constitucional?”.

Y agregó que, si el máximo tribunal avalara esa norma, “ya no se discutiría cada caso concreto, sino si es constitucional o no el eventual seguimiento obligatorio”.

Otro integrante de la Corte, Ricardo Lorenzetti, fijó postura en una de sus obras (“Teoría de la decisión judicial”), donde se refiere a la obligación que tienen todos los tribunales de adecuar sus pronunciamientos a situaciones idénticas a las que se hubiesen presentado con anterioridad en la justicia.

En ese sentido, la sitúa como el segundo de los tres controles que debe hacer el juez, luego de considerar la norma ajustable al caso: jerarquía normativa, resoluciones dictadas con anterioridad, consecuencias del pronunciamiento.

Entre quienes se expresaron ahora sobre ese cambio puntual en cuanto al ordenamiento de los juicios laborales fue Daniel Funes de Rioja, abogado laboralista y ex titular de Copal y de la UIA, para quien la aplicación mandatoria de los fallos de la Corte “es absolutamente razonable”.

Daniel Funes de Rioja, de la UIA. Archivo El Litoral.

“El acatamiento de los fallos de la Corte Suprema, que es un tribunal de última instancia, tiene toda lógica. Muchas empresas no pueden seguir procesos judiciales tan extensos. Para una pyme es imposible llegar a la Corte”, subrayó, en declaraciones publicadas por Infobae.

Otro de los que avaló la iniciativa fue el especialista en derecho laboral Juan Etala, también de la UIA. “Lo que dice la ley significa poner un límite a lo que estaba sucediendo, de que algunos tribunales no acataban la decisión del tribunal de última instancia. Parece lógico no tener que ir a la Corte Suprema de Justicia para que diga 500 veces lo mismo”, sostuvo.

En lo que sí coinciden la mayoría de los consultados es sobre las dificultades que puede tener el artículo 90, que establece la posibilidad de remoción por mal desempeño para los magistrados que no sigan los lineamientos del máximo tribunal.

La reforma legislativa no se limita a la obligatoriedad respecto a los fallos de la Corte. Avanza además en viabilizar el traspaso del fuero laboral a la CABA, con implicancias en la estructura del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de proponer, sancionar y destituir jueces.

El artículo 91 del proyecto legitima el “Acuerdo de Transferencia de la función judicial en materia laboral”, recientemente firmado por el Gobierno nacional y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Este acuerdo se complementa con la Ley 6.789 sancionada por la Legislatura porteña en diciembre de 2024, que reorganiza la estructura de la justicia laboral en la ciudad, y con la Ley 6.790, que introduce un nuevo Código Procesal del Trabajo.

Como resultado de estas normas, se creó una nueva Cámara de Apelaciones especializada con seis jueces y diez juzgados de primera instancia, cuyos cargos se concursarán según los procedimientos habituales.

La transferencia institucional incluyó un compromiso del Ejecutivo nacional de traspasar los recursos materiales y financieros necesarios, asegurando el funcionamiento transitorio del fuero nacional mientras se completa el proceso de integración.

El bloque Provincias Unidas no contribuirá a facilitar el quórum para la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados, en la que se tratará la reforma laboral.

Los integrantes de la bancada que preside la ex vicegobernadora santafesina Gisela Scaglia manifestaron su disconformidad con el apresuramiento con que se manejó el trámite parlamentario, lo que impidió que se pueda desarrollar un debate a fondo de los temas involucrados, e incluso propiciar modificaciones concretas.

La ex vicegobernadora de Santa Fe está al frente del bloque Provincias Unidas. Crédito: Guillermo Di Salvatore

Tanto es así que las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado ya fueron citadas para este jueves a las 10 de la mañana, para tratar volver a tratar el proyecto de ley de modernización laboral con los cambios que le vaya a hacer la cámara baja.

El tema fue expuesto por el jefe del bloque de Diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien advirtió al oficialismo que “esto genera un nuevo marco de impugnación. ¿Cómo van a estar convocando en el Senado cuando todavía no tienen expediente?”.

Germán Martínez, diputado de UxP. Crédito: HCDN.

Mientras tanto, Provincias Unidas definió que sus miembros no se presentarán en el recinto a dar quórum, pero sí lo harán para participar del debate en caso de que se alcance el piso de 129 miembros requerido para sesionar, cosa que se espera suceda.

Pero una vez en el recinto, los miembros del bloque que se referencia en los mandatarios de distintos distritos votarán de manera diferente.

El santafesino Pablo Farías recordó a El Litoral que el Partido Socialista ya definió postura en contra del proyecto de reforma, pero que, a la vez, hay una serie de puntos en particular ante los cuales se advierten diferencias.

Principalmente, el Fondo de Asistencia Laboral (FAL); la derogación de los estatutos profesionales (entre ellos, el de los periodistas) y la quita de financiamiento a la industria audiovisual generan polémica, en un momento especialmente sensible por las noticias de despidos y cierres de empresas.

Provincias Unidas tiene 18 diputados. Además de Scaglia y Farías, lo integran los también santafesinos Esteban Paulón (del socialismo) y José Núñez (PRO). Y legisladores de Córdoba, Chubut, Mendoza, Río Negro, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Jujuy.

Pablo Farías, diputado socialista. Crédito: Flavio Raina.

La sesión está convocada para las 14 y se dará en el marco del paro general convocado por la CGT. Además, otros gremios, movimientos sociales y partidos de izquierda se movilizarán en el Congreso.

Este miércoles, el oficialismo obtuvo dictamen de minoría en un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda. Ambas, encabezadas por La Libertad Avanza.

A pedido de bloques aliados como la UCR, el PRO y espacios provinciales, el oficialismo retiró el artículo referido a los descuentos salariales y las licencias médicas.

El resto del proyecto es el mismo que aprobó la semana pasada el Senado. Incluye modificaciones en el cálculo de las indemnizaciones, el banco de horas, el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos, entre otras cuestiones.

El secretario del Seguro y miembro del triunvirato de la CGT, Jorge Sola, confirmó que este jueves se llevará a cabo un paro nacional de 24 horas sin movilización, advirtiendo que “la Argentina se paralizará de punta a punta”.

Junto a los otros cosecretarios de la central obrera, Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), Sola aclaró que “no están en contra de una reforma laboral, pero sí de perder derechos”.

El dirigente sindical señaló que la situación socio-laboral del país es preocupante: “El empleo ha caído con 300.000 puestos de trabajo formales en los últimos dos años y FATE es un ejemplo de eso porque hoy cerró y dejó a casi mil trabajadores en la calle, con los cuales nos solidarizamos. Cada día se pierden 400 trabajos formales y en estos dos años quedaron 21.000 pymes en el camino”.

Además, advirtió que “al mismo tiempo, el endeudamiento familiar crece porque llegan a fin de mes y no alcanza, tanto por la pérdida del poder adquisitivo como por las paritarias pisadas. A esto se le suma el crecimiento de la informalidad y de la inflación que hace 8 meses no para de aumentar, más la apertura indiscriminada de importaciones. Los únicos sectores que han crecido son el financiero, el de la agroindustria, la minería y la energía, que sólo mantienen el 10% de los 300.000 puestos que se han perdido”.

Sola cuestionó el proyecto impulsado por el Gobierno: “Vienen a modernizar, pero no hablan de tecnología ni de inteligencia artificial” y señaló que la iniciativa elimina la Ley de Teletrabajo: “Dejan afuera a los trabajadores de las aplicaciones y profundizan a los monotributistas, sacándolos de poder tener su relación de dependencia”.

Asimismo, sostuvo que la medida “no genera empleo” y remarcó la necesidad de “un proyecto de inversión genuina que ponga el foco en abrir puestos de trabajo y en un sistema tributario que permita a cada pyme ofrecer empleo de manera sostenible”.

El sindicalista resaltó la falta de diálogo con el Ejecutivo y el Congreso: “Nos opusimos en todos los ámbitos: con senadores, en Diputados, con las grandes empresas y con el Ejecutivo Nacional diciéndoles que la iniciativa tiene todos los problemas para ser llevada adelante. Pusimos en la mesa un proyecto de un nuevo contrato social y en 2023 se lo entregamos a todos los candidatos a presidente, incluso al actual, con foco en la producción y el desarrollo social”.

Sola concluyó con un llamado a la reflexión política: “Nunca nos han convocado a discutir. El cambio que ofrecen es una promesa de crear trabajo, de llevar la formalidad, con un costo demasiado alto que tienen que pagar los trabajadores para que, además, esa promesa sea incumplida. Una y otra vez reclamamos diálogos constructivos y nunca tuvimos respuesta. Hicimos 12 movilizaciones, tres paros y hoy llamamos a la responsabilidad política de los diputados que van a votar, porque es ahí donde se dirime. La solución es política porque el responsable es el Ejecutivo”.

El paro general convocado por la CGT impactará de lleno en el fútbol argentino. Con la adhesión de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), los partidos previstos para este jueves quedaron suspendidos y la AFA ya trabaja en su reprogramación.

La medida afecta cuatro encuentros correspondientes a la sexta fecha del Torneo Apertura, que no podrán disputarse sin el normal funcionamiento del operativo de estadio, accesos y servicios que dependen del personal agremiado.

San Lorenzo se quedó sin jueves de fútbol. Foto: Matías Pintos

La grilla del jueves incluía dos partidos en el primer turno: Defensa y Justicia vs Belgrano (17.15) y San Lorenzo vs Estudiantes de Río Cuarto, también a las 17.15. Ambos fueron alcanzados por la suspensión.

Más tarde estaban programados Independiente Rivadavia vs Independiente e Instituto vs Atlético Tucumán, ambos a las 19.30. La AFA inició gestiones para reacomodar la agenda, pero por ahora no hay fecha confirmada para la reprogramación.

Tal vez se suspenda el duelo por la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo. Foto: Reuters

Además del torneo local, el jueves también tenía marcado el cruce internacional: Lanús vs Flamengo por la ida de la Recopa Sudamericana. En las últimas horas surgieron versiones de suspensión y postergación por la misma medida de fuerza, aunque el encuadre final depende de la decisión operativa y el anuncio formal del ámbito organizador.

En ese escenario, los clubes quedaron a la espera de definiciones para reorganizar logística, seguridad y accesos. Mientras tanto, el foco inmediato está puesto en mover la jornada local sin alterar el resto del calendario.

Desde AFA se adelantó que ya comenzaron a trabajar en nuevas fechas para los encuentros suspendidos, con la dificultad extra de encastrarlos en un calendario apretado por competencia doméstica y compromisos internacionales.

Por ahora, lo único seguro es el parate del jueves: una jornada que iba a tener continuidad de torneo y una cita de alto perfil, y que finalmente quedará a merced de la reprogramación oficial.

(Por Ignacio Hintermeister y Mario Cáffaro) - "Hay industria del juicio en Santa Fe, mucha, y queremos bajar la litigiosidad. Trabajamos con las herramientas que tenemos y vamos a trabajar también en el Congreso Nacional para que esto pueda bajar".

Maximiliano Pullaro mantuvo una extensa charla con El Litoral, a dos años de gestión y trazando un camino para los próximos 24 meses. En el capítulo productivo de la larga entrevista (esta es una primera entrega) el gobernador de Santa Fe dejó en claro que “no podemos tener el nivel de litigiosidad que estamos teniendo”.

"Lo habíamos logrado corregir después de la adhesión que tuvimos en el año 2020 al sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Y posteriormente la tasa de litigiosidad se volvió a escapar".

Señaló que "trabajamos mucho con la justicia laboral y también con muchos instrumentos para reducirla. Se corrigió un poco en el segundo semestre de este año, pero esperamos el año que viene poder tener todos los instrumentos para que la industria del juicio en Santa Fe sea similar o menor al de otras provincias".

Consultado si el convenio del Ejecutivo con la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe -para la designación de peritos médicos judiciales- es una "clave" para encauzar el problema, Pullaro señaló que "es una cuestión más.

"Hay temas que tiene que corregir Nación, que se le ha pedido al ministro de justicia de la Nación que los pueda corregir. Se está trabajando con la Corte, se está trabajando también con cada una de las partes, también con los gremios de trabajadores porque en definitiva, si una empresa quiebra por un juicio laboral incorrecto, por una demanda incorrecta, también se pierden fuentes de trabajo.

"Cuando una empresa cierra por un juicio laboral -insistió- no solo pierde el empleador, sino que se pierden las fuentes de trabajo. Con lo cual vemos también un compromiso de los gremios también para corregir esto".

"Nosotros vamos a acompañar lo que entendemos que está bien, como la modernización laboral" que se discute en el Senado nacional. El mandatario santafesino estimó que "en algunos aspectos el proyecto tiene que ver con la nueva ley que se necesita, para lo que estamos viviendo en estos tiempos".

Apoyo a la modernización sin que haya "desfasajes" a favor de empresas ni gremios. La posición de Pullaro.

Respecto de un reciente encuentro con las nuevas autoridades de la CGT nacional, Pullaro reconoció que hablaron "de la ley de modernización laboral", pero aclaró que "como en ese momento no teníamos el texto, hablamos en términos generales".

Sostuvo que "hubo muchas coincidencias en lo que nosotros planteábamos. Hay una sensatez muy grande en este momento de los problemas que tiene Argentina. Después, obviamente, ellos defenderán mucho a los trabajadores y está bien que así sea".

Añadió que "las industrias defenderán lo suyo, las cámaras industriales o comerciales defenderán mucho más a los empresarios, y está bien que así sea. Y el parlamento encontrará el equilibrio para tener una ley que resuelva los problemas que hay hoy en la Argentina".

Pullaro dijo que los juicios laborales no son "el único causal por el cual tenemos más empleados informales que formales en Argentina. Pero no es bueno porque un juicio a una Pyme la termina tumbando. Hay distorsiones que corregir y estamos todos de acuerdo, hay que encontrar un equilibrio y para que no haya un desfasaje en contra de los trabajadores ni en contra del capital privado".

Respecto de los reclamos para que el Régimen de Inversiones para las Medianas Inversiones (el "mini RIGI" contenido en la reforma laboral) mejore la posición de industrias agroalimentarias, Pullaro dijo "es una ley que está en estudio. Santa Fe tiene una matriz productiva basada en la pequeña y mediana industria.

"Entonces, nosotros siempre vamos a estar parados defendiendo eso, defendiendo lo que somos y cuidando las fuentes de trabajo que se generan en las economías de muchas localidades, potenciando el crecimiento económico de la provincia".

El mandatario aclaró que "tenemos que trabajar juntos y a veces vemos que el gobierno nacional planifica a través de una tabla de Excel, pero no ve el impacto que tiene con las medidas en la microeconomía. Y lo que uno tiene que cuidar mucho en este momento es la microeconomía".

El gobernador recordó en otro tramo de la entrevista que "la infraestructura vial está muy mal porque Nación no ha invertido, y hubiésemos necesitado una inversión mucho más grande del gobierno central".

Un presente de El Litoral para el mandatario santafesino, a dos años del inicio de su gestión.

A manera de ejemplo mencionó un reciente siniestro vial en el cruce de las rutas 39 y la 34, recordó que allí hace falta una obra que "debió haber hecho Nación hace 40 años, que la está haciendo la provincia de Santa Fe" mientras el gobierno central "no da algunas autorizaciones" para poder avanzar.

"No solo está lo que Nación no invierte, sino que tampoco está tapando los baches o los pozos que tienen las rutas 34, la 33, la 11, la 168, la 178 y tantas rutas nacionales. No invierte en las obras que dejó inconclusas el kirchnerismo y por continuidad institucional debió hacerlo. Y no nos paga lo que nos debe".

Sostuvo Pullaro que "la inversión en obra pública de la provincia de Santa Fe -en un momento que ninguna provincia está invirtiendo en obra pública- tiene que ver con el cuidado de la microeconomía. Tiene que ver con que hay 40000 personas con empleo directo o indirecto generados en el trabajo de la obra pública. Y eso genera el sostenimiento de las economías locales".

Señaló que "cuando nosotros le damos un fondo a una comuna para hacer una vivienda, son cuatro familias sostenidas por el trabajo durante 18 meses en esa vivienda. Cuando le damos un fondo para hacer un cordón cuneta, son tres o cuatro familias por cuatro o cinco meses viviendo de eso.

"Y cuando eso lo proyectás por 365 localidades con una inversión de 1500 millones de dólares, como tuvimos el año pasado, es un efecto multiplicador que se da en la economía de la provincia. Pero fundamentalmente impacta la microeconomía, que es lo que tenemos que cuidar y nosotros vamos a cuidar mucho la microeconomía con inversiones del Estado que generen desarrollo e igualdad".

Respecto del destino -entre obras en marcha y nuevos emprendimientos- de los US$ 800 millones de financiamiento conseguidos por Santa Fe en Nueva York, Pullaro señaló que "nosotros estamos pagando entre 150.000 y 190.000 millones de certificados de obras por mes.

"Es decir que estamos teniendo un nivel de ejecución muy alto de obra pública en Santa Fe y eso lo vamos a intentar acelerar con los recursos extras que vienen".

Recordó que "tenemos para este presupuesto 1 billón 900 mil millones de pesos para obra pública. Es tres veces más de lo que había invertido la provincia en el año que más lo había hecho en la gestión de Miguel Lifschitz. En 2025 ejecutamos una inversión similar a lo que va a ser el 2026".

Respondió entonces que los nuevos recursos servirán para "acelerar esas obras con mayor flujo financiero, en el pago de certificados. Y por supuesto anunciar obras nuevas para la capital provincial, para la ciudad Rosario y para todo el resto de la provincia.

"Allí hay obras de infraestructura y en Rosario -como en el interior- más que todo son conexiones viales y desarrollo energético, que es lo que le está faltando a la provincia".

Añadió Pullaro que "tenemos que llegar a destino con los gasoductos que estamos llevando adelante. Eso tiene un costo y un tiempo muy importante, pero estamos en marcha. Después de 20 años estamos haciendo siete gasoductos en la provincia de Santa Fe".

Dijo que "una empresa, si hoy tiene gas natural, abarata el 60 y pico por ciento del costo energético, que le impacta un 18% en el costo total del producto final. Eso significa que vende más barato, que puede exportar más. ¿Y por dónde va a exportar? Por los aeropuertos y los puertos de acá. Eso es tomar más gente que va a consumir más en su localidad y va a fortalecer el comercio".

Repasó que los gasoductos son parte de un mismo esquema que se suma a "infraestructura vial y conectividad digital, a puertos y aeropuertos. Teniendo esa infraestructura en condiciones, la provincia baja sus costos logísticos y al bajar sus costos logísticos baja los costos productivos y logra generar mayor empleo en Santa Fe".

Consultado se concesionará a un gerenciador privado la gestión del puerto de Santa Fe, Pullaro respondió que "estamos trabajando. El nuevo presidente (del Ente Administrador, Leandro González) le está dando una impronta muy grande.

El mandatario no descartó, ante la consulta, la posibilidad de concesionar el puerto santafesino.

"Queremos -subrayó- que sea un puerto productivo. Y cada inversión que se hace también en el ámbito del puerto, cada dólar que se paga por metro cuadrado, tiene que ir a inversiones de carácter netamente productivas. Porque hoy gobernar es generar empleo y generar trabajo".

El mandatario remarcó que "en el puerto de Santa Fe, durante muchos años, no hubo una rectoría de política pública que le dé un norte o que intente encontrar el lugar adonde tenía que ir. Tal vez hubo una mirada de desarrollo diferente a la que yo tengo en este momento.

"El desarrollo urbano -dijo- tiene que ir asociado al desarrollo productivo y cada recurso que se junta en el desarrollo urbano del puerto y que paga por metro cuadrado, tiene que ir asociado al desarrollo productivo. Y eso durante años no pasó. No es una crítica, es una mirada distinta".

Juan Pablo Peralta - Periodista acreditado en Casa Rosada.

Como estaba previsto, este martes 9 de diciembre se reunió en Casa Rosada -por sexta y última vez- el Consejo de Mayo con el objetivo de cerrar y presentar el documento final que el órgano consultivo -no vinculante- definió en toda la serie de cónclaves en los que las provincias que adhirieron al Pacto de Mayo estuvieron representadas por el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo; la Cámara alta lo hizo a través de la senadora santafesina Carolina Losada; la de Diputados por el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo; la Unión Industrial Argentina (UIA) mediante su titular, Martín Rapallini, y la CGT por el secretario General de la UOCRA, Gerardo Martínez, que en este último encuentro no fue de la partida.

Según trascendió desde la sede de la Confederación del Trabajo por diferencias con lo referente a las modificaciones en lo referente al área del Trabajo. Oficialmente, en Casa de Gobierno se dijo que lo que ocurrió es que el gremialista no llegó porque se atrasó en su retorno de una actividad en Washington. Por el Gobierno Nacional estuvieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger.

De esta manera, con las Sesiones Extraordinarias ya convocadas entre el 10 y el 30 del corriente mes, se dieron a conocer los resultados que se tomarán en cuenta a la hora de ser tratadas en comisiones y en los dos recintos del Congreso en los próximos días, con posibilidad de prórroga en enero y seguro debate en todo febrero.

La reunión se inició puntualmente a las 11:30 y terminó a las 14:05, cuando se convocó a los periodistas acreditados en Balcarce 50 para escuchar al vocero Adorni repasar algunos detalles de lo acordado en el órgano.

El funcionario aclaró que de los diez puntos que se firmaron el 9 de julio del año pasado en Tucumán se trataron ocho, debido a que por el momento queda afuera la Coparticipación Federal y la reforma previsional, que depende de la reforma laboral.

En este segmento se ingresó, luego del armado de mesas técnicas, “para no entrar en discusiones abstractas ni en pérdida de tiempo”, expresó el portavoz, "un apéndice con los proyectos de ley y otros con los documentos que aportaron los propios consejeros", agregó.

Milei en su viaje a Oslo. Reuters.

“Algunos de estos proyectos los vamos a tratar en Extraordinarias, mientras que otras iniciativas se van a enviar durante el período legislativo 2026”, que se inicia el 1 de marzo próximo, aportó el vocero. En el punteo rápido que hizo de las conclusiones, Adorni, adelantó que durante la jornada estarán disponibles todos los proyectos y documentaciones en la página Argentina.gob.ar. Punto seguido, nombró la “inviolabilidad de la propiedad privada; La Ley de expropiaciones, que va a disponer de una indemnización al valor del mercado previo al anuncio y actualizada por IPC y determinada por tasadores independientes. En relación a los desalojos se dispondrá la entrega inmediata del inmueble ante tenencia precaria, intrusión y/o usurpación”, etc.

Con respecto al punto 2, el Equilibrio Fiscal Innegociable se va a promover una Ley de Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, la misma prohíbe déficit del Presupuesto nacional; establece un mecanismo de ajuste automático ante desvíos y transforma en delito el gasto sin partida presupuestaria, así como la emisión de adelantos transitorios por parte del Central para poder financiar al Gobierno”, aseveró el ministro coordinador, añadiendo que, “para completar el refuerzo institucional del Estado nacional al equilibrio fiscal, el Consejo propone al Presidente (Javier Milei) y a los gobernadores reforzar públicamente el compromiso de no pedir autorizaciones de endeudamiento si una provincia tiene déficit primario, excepto, claro, para los roll over de deuda, o un riesgo crediticio superior al de la Nación”, expresó.

“Entre los puntos más importantes en la reducción del gasto público en estrategia combinada con las provincias", anexó la voz oficial, “en el 2024, Nación, provincias y municipios bajaron fuertemente el gasto público en el consolidado, llevándolo del 41% al 31% del PBI. En 2025, sin embargo, esta tendencia se cortó, Nación siguió cortando su gasto, pero provincias y municipios lo subieron. Por supuesto que no todas las provincias se comportaron de la misma manera, me refiero al resultado final del gasto provincial" aclaró. "No cumplir con esta responsabilidad es claramente lo que ocurrió en el municipio de Pilar con la tasa de Protección Ambiental, un delirio absolutamente sin sentido”, se quejó el funcionario.

“En cuanto a la reforma educativa, la idea es otorgar mayor autonomía a las provincias y dentro de ellas a cada institución. El Estado fija contenidos mínimos, comunes, pero cada escuela va a tener la posibilidad de diseñar su plan de estudios y los padres van a recuperar un rol activo sobre el proyecto educativo de sus hijos”, comentó Adorni, quien se refirió también a la Inocencia Fiscal, que incluye la inauguración de un sistema de liquidación de impuestos a las ganancias simplificadas”, y adjuntó que “va a haber un régimen de incentivo a la formalización laboral que incluye la baja de cargas laborales por dos años, promoviendo el empleo registrado; reducción de cargas fiscales sobre el empleo, tanto para los aportes como lo derivado para las obras sociales; régimen de incentivos para medianas inversiones, exención de IVA a la energía eléctrica en el rubro agroindustrial, y baja de impuestos internos dirigidos a electrónicos, autos, motos, telefonía celular y otros”, remarcó.

En el contexto del debate medioambiental se discutió la Ley de Glaciares, “y la propuesta que había estado preparada por la secretaría de Legal y Técnica (a cargo de María Ibarzábal Murphy) se nutrió de los comentarios de cada uno de los integrantes del Consejo", informó el JGM, que asimismo incorporó que, "va a haber una revisión del régimen de zona fría, va a haber una actualización en la Ley de Bosques, modificación de la Ley de Acuicultura y se va a proponer la eliminación de compre provincial y topes de mano de obra local, un tema ante lo cual el CdM quiere advertir que frente al boom de la minería es imperioso que el mercado de factores se integre en todo el país como un único mercado y no imponiendo topes que lo único que hace es complicar la actividad”, aseveró el portavoz del Ejecutivo.

En materia de la ‘Modernización Laboral', Adorni refrendó que el proyecto ya es público porque se ha filtrado a la prensa. “Más allá de que no sea el proyecto definitivo, cuando esté se va a subir también a la página oficial”, comentó. Pero sumó que lo que más se destaca es: “Ultraactividad, prelación de convenios, carga fiscal laboral, hay temas para trabajadores autónomos, o sea los que denominamos trabajadores de plataformas. De hecho este es un proyecto impulsado por el diputado Ritondo", destacó, y expuso que a la vez, hay "cambios en trabajo agrario y además erogación de normas obsoletas como la Ley de Teletrabajo, nacida allá en pandemia que no obtuvo el efecto deseado”, sintetizó, para cerrar con “la apertura al comercio internacional". En relación a la que advirtió que, "Argentina es, obviamente cuando uno lo ajusta por tamaño, el país más cerrado del mundo. Esto ocurre por protección arancelaria y una disociación en el marco jurídico en el cual la Argentina se integra al mundo. Argentina debe alinearse con los tratados internacionales adoptados por los mercados más competitivos del mundo. Por eso se propone en este Consejo implementar plenamente los tratados ya aprobados por el país. Avanzar con los que ya tienen media sanción, como el Tratado de Cooperación en Patentes”, concluyó el representante del Poder Ejecutivo Nacional.

Adorni en su doble rol de vocero y Jefe de Gabinete.

Luego hubo foto oficial de los presentes, y fue Sturzenegger el que en diálogo con El Litoral sostuvo: “Me parece que se ha constituido esa mesa donde hemos recibido un montón de opiniones de distintos sectores de la sociedad y nos ha permitido enriquecer, creo, los proyectos que enviamos al Parlamento”.

Acerca de la reforma en el rubro del trabajo, el ministro de Modernización consignó que, “hay un mensaje importante para dar y es que Argentina tiene un problema en su mercado laboral. Ese mercado hace diez años que no crea empleo formal. Es un mercado donde la mitad de los argentinos trabajan en la informalidad, entonces me parece que no tenemos que abundar en que tenemos un problema de diagnóstico, y creo que entre todos hemos trabajado una reforma laboral que tiene como objetivo central que haya más empleo". puntualizó.

Y concluyó: "Hay que permitir que crezca ese empleo, se reduzcan los costos que pesan sobre la relación laboral para que los salarios puedan subir, y me parece que ese es el objetivo. Y en ese objetivo me parece que estamos todos en el mismo barco”.

La CGT volvió a apostar por un triunvirato. El ala moyanista ganó la pulseada y se aseguró tres integrantes para la nueva conducción que será la encargada de discutir la reforma laboral que impulsa Javier Milei.

El congreso ordinario en Obras Sanitarias reunió a más de 2.000 congresales y definió el mando para el período 2025–2029, con tres nombres al frente: Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros).

Los tres provienen del universo de Hugo Moyano, aunque con matices, recorridos distintos y redes internas que juegan dentro de los grandes gremios de servicios, los “independientes” y las terminales clásicas del transporte.

La decisión se terminó de ratificar pasadas las 17, cuando Héctor Daer, en rol de presidente de la asamblea, oficializó a la nueva cúpula. Pero la historia del día había arrancado bastante antes, con un intento fallido de Luis Barrionuevo por imponer un unicato que finalmente no prosperó y con la UTA que decidió abandonar la central.

La CGT volvió a un camino conocido: el triunvirato. Lo hizo en 2004, 2016 y 2021, siempre como fórmula para administrar tensiones. Esta vez no fue distinto.

En el congreso se acreditaron 145 gremios sobre 200, y la lista única fue respaldada por 1.830 congresales, según la información oficial. El voto fue a mano alzada —pese a que desde el barrionuevismo exigían urnas— y selló dos decisiones clave: se mantenía el formato tripartito y se renovaba a Argüello, el hombre de confianza de Moyano dentro de la central.

Los colectiveros de la UTA, molestos por esa continuidad y por el ascenso de Jerónimo, se retiraron del recinto. Otro dato político fuerte: Barrionuevo no rompió del todo, aunque tensó. Su delegado “Tito” Geneiro retuvo la secretaría de Formación Profesional, pieza importante en la estrategia de capacitación cegetista.

La CGT insiste en que la fórmula Sola–Jerónimo–Argüello garantiza “unidad en la acción”. Traducción: es lo único capaz de evitar una fractura cuando el Gobierno avance con la reforma laboral.

Jorge Sola, el académico que busca modernizar la CGT

Abogado, profesor de biología, nacido en Venado Tuerto y formado en FLACSO, Sola llegó hace años a la mesa chica del moyanismo pero supo tejer vínculos con “los Gordos” y los “independientes”. Fue secretario de Prensa y, con ese rol, ganó visibilidad redactando documentos y discursos en actos masivos.

En su gremio incluyó el primer convenio de teletrabajo del país y lanzó una fundación de Inteligencia Artificial con la UBA. Suele repetir que la CGT debe superar su “AMBAcentrismo” y construir una mirada más federal.

Fue uno de los pocos que se ofreció a conducir solo, pero terminó aceptando el esquema tripartito. Y ya avisó que la prioridad será defender convenios, incorporar tecnología donde tenga sentido y fortalecer la negociación colectiva.

Cristian Jerónimo, el “dialoguista” que llegó con el impulso de UOCRA

Con 41 años, es el más joven del triunvirato. Comenzó en Metrovías, pasó a la Juventud Sindical de Facundo Moyano y luego se alineó con Pablo Moyano en la CGT.

En los últimos años moderó posiciones, se acercó al histórico Gerardo Martínez (UOCRA) y se incorporó a la agenda internacional del sindicalismo, con participación en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De hecho, tuvo un mano a mano con Kristalina Georgieva en una visita reciente.

Su llegada tensionó a la UTA, que le reprocha haber apoyado una revuelta interna en 2018. Pero puertas adentro, Jerónimo es visto como el puente que puede dialogar con gobernadores y con sectores del Gobierno más abiertos a negociar.

Octavio Argüello, el garante del moyanismo duro

Tiene 63 años, trayectoria en el transporte y un rol decisivo dentro de Camioneros. En 2023 ingresó al triunvirato en reemplazo de Pablo Moyano tras una fuerte disputa interna. La jugada evitó un portazo camionero y mantuvo ordenado al universo del transporte.

Fue delegado desde los años 80, escaló en el gremio de recolección y construyó un vínculo estrecho con Hugo Moyano, también en la arena política: fue el armador del partido CET, hoy parte de Fuerza Patria.

“El proyecto de reforma laboral que el gobierno elevaría al Congreso plantea que los acuerdos de empresa prevalezcan sobre los convenios colectivos sectoriales. La idea es correcta. Pero para que sea efectiva hay que habilitar a los trabajadores de cada empresa para que puedan negociar su propio acuerdo con su empleador”.

Mientras la CGT define su nueva conducción, Gerardo Martínez (Uocra) afirmó que “no somos una máquina de impedir” pero advirtió “movilizaciones” si el gobierno de Milei no les garantiza un diálogo profundo sobre el proyecto. Además ya dejó en claro sus cuestionamientos preventivos a Federico Sturzenegger, una de las plumas del proyecto.

Gerardo Martínez, titular de la UOCRA.

Pero desde 2011 el empleo formal creció 2%, el empleo público 34% y los monotributistas 42%. Un 36,8% de quienes reciben un salario, no paga contribuciones a la seguridad social ni recibe aportes de su empleador. Y si se toman los empleos independientes, esto llega a un 42% al cierre del 2024. El sistema previsional está quebrado y los empleadores formales temen los costos indemnizatorios.

Bulat, durante su exposición en el Coloquio de IDEA, trazó un crudo diagnóstico del mercado laboral.

Raúl Alfonsín (1983–1989) intentó “democratizar” sindicatos con la Ley Mucci en 1994. Los 13 paros generales de la CGT y el señorío del PJ en el Senado fueron la antesala del fracaso económico del radicalismo, que sepultó con populismo electoral el intento estabilizador del Plan Austral.

Carlos Menem (1989–1999), con la Ley de Empleo 24.013 (1991), introdujo contratos temporales, de aprendizaje y modalidades más flexibles. La ley Ley 24.465 (1995): profundizó la flexibilización y la 25.013 (1998) introdujo topes indemnizatorios y reducciones de aportes. Pero el desempleo superó el 18% tras la crisis de 1998.

Fernando de la Rúa (1999–2001) logró una reforma laboral (2000) que terminó conocida como “Ley Banelco”; introdujo la negociación por empresa pero el escándalo precipitó la renuncia del vicepresidente Carlos Álvarez y la norma fue parcialmente derogada tras la crisis de 2001.

Eduardo Duhalde (2002–2003) congeló despidos por decreto y no promovió reformas estructurales. Néstor Kirchner (2003–2007) recompuso el poder sindical desactivando gran parte de la flexibilización de los ‘90.

Cristina Fernández de Kirchner (2007–2015) mantuvo la negociación colectiva y fortaleció el rol del Ministerio de Trabajo. Mauricio Macri (2015–2019) planteó “modernizar” las relaciones laborales y reducir litigiosidad, pero su blanqueo laboral fue impedido por los sindicatos, aunque pudo sancionar la ley de ART.

Alberto Fernández (2019–2023) prohibió los despidos en pandemia y duplicó el costo de indemnización. Y Javier Milei (2023– ) dictó el decreto 70/2023 que incluía una reforma laboral amplia (contratos, indemnizaciones, contribuciones, derechos sindicales), que fue judicialmente suspendido por la Cámara Nacional del Trabajo.

Alberto Fernández prohibió despidos y duplicó indemnizaciones.

La Ley Bases (2024) contenía parte de esas reformas pero el capítulo laboral fue retirado para garantizar la aprobación del resto de la norma. Ahora la Casa Rosada hará un nuevo intento, tras el resultado electoral de las elecciones de medio término.

“Está circulando informalmente un borrador de proyecto de reforma laboral que eventualmente sería presentado al Congreso Nacional. Según el diagnóstico oficial, de esta reforma se derivará una masiva formalización de trabajadores lo que permitirá aliviar la crítica situación financiera del sistema previsional”, señala el reporte de Idesa, que dirige el economista Jorge Colina.

El borrador tiene más de 100 artículos. La mayoría son cambios aclaratorios en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT): propone una excluir el trabajo de plataforma de la LCT; propone eliminar la exigencia de matrícula para el ejercicio liberal de la profesión; permite que las empresas organicen su producción y las remuneraciones en acuerdo con sus trabajadores.

En el diagnóstico, los trabajadores informales, entre asalariados y cuentapropistas no registrados, son unos 7 millones de trabajadores. Y de ellos, 3 millones poseen bajo nivel de educación (secundaria incompleta) y trabajan en establecimientos con menos de 10 empleados son unos 3 millones.

El 42% de los empleados informales tiene baja calificación y trabaja en microempresas.

Para Idesa, “como mínimo, en el 42% de la informalidad laboral prevalecen condiciones de muy baja productividad laboral. Estos datos muestran que en la mayoría de los casos, el incumplimiento de las normas laborales es una estrategia de supervivencia”.

En esa lectura, “mejorar el diseño de las regulaciones laborales es positivo, pero para casi la mitad de los trabajadores informales es insuficiente, ya que necesitan, además, aumentar el capital humano y tecnológico a fin de elevar su productividad”.

Mientras el gobierno habla de reforma laboral y tributaria, postergando la previsional. Idesa sostiene que los cambios propuestos “sirven de poco si los únicos habilitados a negociar ambos convenios son las cúpulas sindicales y empresariales.

“El gran paso transformador es romper con el monopolio que actualmente detentan las cúpulas. Esto es, hay que permitir que el convenio a nivel de empresa lo puedan celebrar los propios trabajadores con su empleador”.

Sugiere Idesa que en la negociación para las microempresas (hasta 10 trabajadores) el convenio sectorial no aplique sino que operen sólo las leyes laborales y lo que acuerden sus trabajadores con el empleador.

Plantea además “para las pequeñas y medianas empresas, habilitar a los trabajadores de cada empresa a negociar su propio acuerdo sin necesidad de autorización del sindicato de actividad.

“Se puede prever que esta regla se aplica en la medida que dicho sindicato tenga un convenio colectivo ultraactivo. Esto es, un convenio colectivo vencido pero que sigue vigente por la cláusula de ultraactividad que impone la Ley de Negociación Colectiva”.

Para no repetir frustraciones es imprescindible incorporar estas reglas orientadas a sacarles el monopolio a las cúpulas sindicales y empresariales.

“Un antecedente muy sugerente es el fracaso de la ley 24.467 de 1995 que estableció la descentralización de la negociación colectiva a nivel de pymes. En esta ley está regulada la prevalencia de los convenios de empresa, como se propone en el borrador de proyecto, e incluso se establece que el sindicato de actividad puede facultar a los trabajadores de la empresa a negociar.

“Esta ley está vigente desde hace 30 años. Pero ningún sindicato facultó a los trabajadores a negociar su propio acuerdo con su empleador. Hay que aprender de este error para no volver a fracasar”, concluye Idesa.

Una jueza laboral falló a favor del amparo para frenar el decreto de necesidad y urgencia del gobierno nacional que limitaba el derecho a huelga.

Hizo lugar a la acción el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°3, a cargo de Moira Fullana, solicitando declarar la invalidez constitucional del DNU N° 340/2025, que aseguraban "viola el principio republicano de división de poderes y violación al derecho y principio de libertad sindical".

El pasado miércoles 21 de mayo, el Gobierno publicó el DNU 340 con el que busca ampliar las actividades consideradas esenciales, incorporando al transporte de cargas y personas, la educación y los servicios de telecomunicaciones, y les impuso la obligación de garantizar la prestación del 75% de los servicios en caso de una medida de fuerza.

Además, el decreto incorporaba la categoría de servicios consideradas de importancia trascendental, que abarca los sectores más diversos, y al que le impone la obligación de mantener un mínimo de la 50% de la prestación en las jornadas de huelga.

Entre las actividades alcanzadas en ese parámetro figuran los principales rubros industriales (alimentación, metalúrgica y la construcción), el funcionamiento de los bancos, los comercios y locales gastronómicos y todos los sectores vinculados a la exportación.

Uno de las presentaciones judiciales había sido elevado por la CGT, subrayando que la medida viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, los Convenios 87 y 98 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras normas con jerarquía constitucional que garantizan la libertad sindical y el derecho a la huelga.

Por estos motivos, solicitaron una medida cautelar de no innovar para suspender de forma inmediata la aplicación de los artículos 2° y 3° del DNU 340/2025, a los que hizo lugar la jueza laboral este lunes

En el mismo sentido se había expedido la Asociación de Trabajadores del Estado. En declaraciones a Noticias Argentinas, el secretario general de ATE Rodolfo Aguiar afirmó que el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº3 “resolvió admitir la viabilidad formal de la acción de amparo contra el Decreto 340/25” que pretendía limitar el derecho a realizar paros como medida de fuerza.

“Queremos destacar esta sentencia de amparo, favorable a nuestro sindicato, valorar el trabajo de nuestro equipo jurídico y celebrar que una Justicia fuertemente cuestionada y desprestigiada, en este caso, ha fallado en favor de los trabajadores, en tiempo y forma. Ha reconocido la inconstitucionalidad manifiesta de este decreto presidencial”, aseguró Aguiar.

Juan José Sagardía

El Primero de Mayo se estableció para conmemorar popularmente dicha fecha como el Día Internacional de los Trabajadores (o bien, simplemente, el "Día del Trabajador"). Y siempre se tomó esa representación la CGT por ser, la entidad que es referente de los trabajadores. Sí, la misma CGT que estuvo en la calle el 30 de abril en apoyo a un Movimiento de Jubilados, aprovechando las circunstancias para hacer política -en teoría en defensa de mejores salarios y cargándole culpas al gobierno nacional (es cierto, motivos no les faltan)-, pero no hizo ningún acto conmemorativo el mismísimo jueves 1 de mayo.

Ante esto, algunas de las preguntas que me hago son: ¿Qué pasa con los compañeros de la CGT? ¿Perdieron la representación de los asalariados-obreros? ¿Por qué el Primero de Mayo, que es la fecha a conmemorar, no se hacen un tiempo para la loable tarea de hacer un acto de presencia que les permita rendir cuenta, justamente, a la clase trabajadora, que son ciudadanos? No, no lo hacen y con dicha actitud tratan a los asalariados-obreros como "habitantes", no como ciudadanos.

Es una lástima: los representantes del pueblo trabajador solamente aparecen cuando hay que hacer politiquería partidaria. Evidentemente, en cincuenta años nada aprendieron. La CGT es la representante de todos los asalariados-obreros, no es representante de un movimiento político. Hace años que están equivocados y por ello en vez de hacer Patria, son verdaderos "antipatria". Y es lamentable que hayan perdido la esencia de dicha organización.

Si los gobiernos o el gobierno de turno actuaran dentro de la ley, deberían revisarse determinadas acciones gremiales, no aquellas lo cual están debidamente autorizados, sino para las que no están autorizados, como ser la representación política que asumen, por lo cuál les correspondería las sanciones correspondientes.

No actúa el gobierno nacional, tampoco los representantes de la Justicia (es decir jueces y fiscales), se hacen los desentendidos y así funcionamos en nuestra "Patria Unitaria" con centro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa es nuestra historia, hagámonos cargo. Pasó el Primero de Mayo, Día del Trabajador, y en realidad fue un verdadero día de "descanso" de los dirigentes, no de festejo. Por eso, como siempre digo: me duele la patria. Pero, en fin, estamos en Argentina, que el Señor nos bendiga.

Por Nicolás Poggi (NA)

Saldado el tercer paro general contra el gobierno de Javier Milei, la CGT deberá encarar, más tarde o más temprano, un barajar y dar de nuevo.

Está claro que las viejas heridas internas nunca se saldaron y que la conducción de la central dista de ser firme: no por nada la UTA no se plegó al paro y garantizó la circulación de millones de ciudadanos del AMBA que pudieron trasladarse hacia sus lugares de trabajo.

Lo dijo un propio dirigente del gremio de colectiveros, que admitió que el sindicato usó la excusa de la conciliación obligatoria por su discusión paritaria para "zafar" de la huelga general, con la que por otro lado nunca se llevó del todo bien.

"La UTA no puede poner la conciliación de una paritaria en medio de un paro de la CGT", se quejó Eduardo Palma, secretario general de la delegación de Santiago del Estero del gremio de colectiveros.

¿Por qué hay una autonomía tal dentro de la CGT que permite a uno de los gremios más importantes del país no plegarse al paro? Porque a la conducción le falta firmeza, tal como había quedado explicitado con la renuncia del camionero Pablo Moyano al triunvirato de conducción en noviembre del año pasado.

Entre el sector de "Los Gordos", como se conoce a los gremios de servicios, que son los moderados; los "independientes", donde fungen la UOCRA y UPCN, que son hábiles negociadores, y los combativos, entre los que militaba Camioneros, la unidad fue siempre precaria en el triunvirato cegetista, y así lo demostró la postal incompleta que se vio en el paro.

La CGT tiene ahora la opción de profundizar el plan de lucha contra el ajuste del gobierno de Milei, aún con la duda sobre el apoyo de sus bases e incluso de la sociedad, o ceder ante el avance de las políticas libertarias, cuyos ejecutores no se muestran afectados por la reacción sindical.

Como sea, difícil que la central obrera defina su rol mientras no resuelva sus diferencias internas, que se profundizan cada vez que hay un gobierno no peronista. Quizás eso explique la decisión del cosecretario general Héctor Daer de dar un paso al costado para alumbrar una nueva conducción a partir de noviembre.

En la antesala del paro general convocado por la CGT para este jueves 10 de abril, el Gobierno bajó el tono al reclamo y lo encuadró dentro de una estrategia “política”. En los pasillos de Casa Rosada aseguran que “arrancó la campaña” y apuntan a un supuesto vínculo entre la central y candidatos opositores.

“Es el paro de los amigos de Santoro”, deslizó una fuente con acceso al despacho presidencial, en alusión al legislador porteño de Es Ahora Buenos Aires. La frase resume el intento del oficialismo por restarle legitimidad a la protesta, que incluirá cortes y la suspensión de trenes, subtes y premetro.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no logró acercar posiciones. Su intención de abrir un canal de diálogo con Azopardo fue rechazada. Desde el Gobierno cuestionan el temario del paro: “Es un poco difuso”, dijo el funcionario, y señaló que “la sociedad juzgará” si los sindicatos siguen teniendo representatividad.

Desde la CGT, en cambio, ratificaron la medida tras la movilización por los jubilados. En un comunicado, señalaron que “el ajuste cayó sobre trabajadores y jubilados”, y acusaron al Ejecutivo de beneficiar al sector financiero. La central insiste en que hay razones concretas para protestar.

En redes, el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, acusó a la CGT de perjudicar a los trabajadores. “El paro no daña a Milei. Daña a la gente”, escribió. El funcionario, alineado con el discurso libertario, cuestionó a “la mafia sindical” y dijo que “atentan contra el funcionamiento del país”.

En el Ejecutivo celebran que los colectivos circularán con normalidad en el AMBA, gracias a la conciliación obligatoria que acató la UTA. Desde el oficialismo hablan de un “triunfo de Pettovello” y vaticinan un acatamiento “bajo”. “No mueven el amperímetro”, afirman.

Mientras en Balcarce 50 insisten en que la protesta “les sirve políticamente” a los gremios, la CGT refuerza su mensaje contra el modelo económico de Milei. En ese cruce, el paro aparece no solo como un reclamo sectorial, sino también como un nuevo capítulo de la puja entre el Gobierno y el sindicalismo.

(Por Juan Pablo Peralta) - Apenas se aprobó en la Cámara baja el DNU que habilita al Gobierno a avanzar con el nuevo trato con el FMI, lo primero que se escuchó decir en Casa Rosada a un alfil de la Jefatura de Gabinete fue: “Estamos contentos porque permite accionar los pasos de una negociación. De esta manera estamos autorizados para negociar sin tiempo el acuerdo y cuanto antes se resuelva, mejor”. En línea con lo que planteó Javier Milei y el Palacio de Hacienda, el informante cercano a Guillermo Francos expresó que “son muchos pasos pero que el tema estaría cerrado a mediados o fines de abril. Todavía queda definir el monto”, confesó la misma fuente que aseguró que “no habrá devaluación”, tratando de calmar las especulaciones al respecto que provienen del denominado ‘círculo rojo’ y los mercados.

La cuestión que fue tratada en la reunión de ministros que presidió el último viernes el propio presidente de la Nación, fue la medida decidida por la Confederación General del Trabajo, nos referimos a convocar un tercer paro general que tiene como fecha el próximo 10 de abril, pero que inicia al mediodía del día anterior con una movilización que se plegará a la marcha de los jubilados en las puertas del Congreso nacional y su anexo sobre la Avenida Rivadavia. Un alto asesor en Balcarce 50 adelantó que la semana que viene “conversaremos con algunos integrantes de la CGT”. Los más proclives a ese tipo de encuentros suelen ser Héctor Daer -del sindicato de la Sanidad- y Gerardo Martínez de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, cuyo entorno le confirmó a El Litoral que más allá del diálogo abierto que tienen con todos los gobiernos de turno, “no hay vuelta atrás, la medida se hace sí o sí”.

El presidente Javier Milei y la representante del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Gentileza

La teoría que tienen los popes libertarios sobre la definición cegetista es que la toman “producto de la circunstancia del miércoles 12 de marzo donde sorprendió la violencia de algunos grupos”, remarcó uno de los colaboradores gubernamentales, que destacó que en la última concentración “no hizo falta reprimir” y que las fuerzas de seguridad “se dispusieron en función de los graves hechos anteriores” en los que la administración central considera que “no hubo excesos” de parte de los uniformados, tanto federales como porteños. Al preguntar en lo concerniente a la presencia de los titulares de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, en las reuniones previas a la concentración del 19M, se negó que el organismo haya actuado de modo ilegal -en virtud a la ley de seguridad interior que se lo impide- y se aclaró que la Secretaría de Inteligencia del Estado “puede tener información de cómo se viene una manifestación”.

El otro punto que quedó pendiente con los caciques de Azopardo 802 más afines al Gobierno es la reforma laboral. “La planteamos en su momento en el DNU 70/2023; se volvió a plantear con menos temas -más acotada- y quedó ahí. Insistiremos más adelante”, consignó otro hombre de consulta del ‘triángulo de hierro’, quien añadió que “siempre pensamos que hay que discutir un cambio del sistema de trabajo. No podemos tener un país con la mitad de empleados formales y la otra mitad informal”, argumentó.

Aparte de estas consideraciones, Manuel Adorni le dijo a este diario en referencia a la huelga nacional, que “si ellos quieren hacer el paro, como es un paro que connota cuestiones de interés estrictamente personal de ellos, está claro que lo quieren hacer para dañar al Gobierno. De todas maneras no van a lograr absolutamente nada”, sostuvo tras señalar que “el trabajador lo que quiere es trabajar y el trabajador ha hecho una lectura de que en los últimos 40 años los sindicatos lo único que hicieron es lograr que aumente la informalidad laboral a niveles récord y que el salario se destruya”.

Entretanto, el vocero suena en los pasillos de la sede ejecutiva como el principal candidato a legislador porteño de La Libertad Avanza. La titular del partido y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, deberá definir junto a Martín Menem -su vice en la escudería violeta- si deberá apostar a poner como cabeza de lista en la CABA a un postulante que ocupa un cargo ejecutivo, tal el caso del portavoz, o como proponen otros estrategas del oficialismo, “apostar a la marca”. Un escenario que se da sin acuerdo electoral con el PRO de Mauricio Macri en Capital Federal, pero que forzado por sus dirigentes, se muestra a favor de aceptar lo contrario en la provincia de Buenos Aires. En torno a las tácticas que podría utilizar la comandancia libertaria, un consejero de los hermanos Milei le mencionó a este medio que “Karina no quiere candidaturas testimoniales”, lo que por ahora pone en duda que sea Adorni el elegido para competir contra el retornado Horacio Rodríguez Larreta; el expulsado Ramiro Marra, y el radical kirchnerista, Leandro Santoro, entre otros.

Manuel Adorni y Karina Milei junto a militantes. Crédito: Alessia Maccioni/Reuters

En cuanto a los candidatos -en este caso para la Corte Suprema de Justicia- los capitostes de LLA mantienen la postura de sostener a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, este último ya incorporado por decreto al máximo tribunal pero con la sombra de una futura votación en contra en la Cámara alta. “No tenemos idea muy clara de que la oposición kirchnerista tenga un planteo concreto de rechazar los pliegos”, aseveró un funcionario con despacho en Casa de Gobierno, que planteó que “con la nueva composición de bloques se verá cuál es la posición de los cuatro senadores que se separaron de la bancada cristinista”. Esto en relación a la jujeña Carolina Moisés, el puntano Fernando Salino, el catamarqueño Guillermo Andrada y el riojano Jesús Rejal, que conformaron el bloque ‘Convicción Federal’, que anunció que va a seguir los lineamientos estratégicos de Unión por la Patria pero que abrirá el “debate interno”, entre los temas en los que hay controversia es precisamente en la designación de Lijo, que Cristina Kirchner apoyó a la hora de firmar su dictamen pero empezó a dar visos de rechazo a partir del caso $LIBRA y decretar su nombramiento.

En el contexto de la ‘batalla cultural’ que motoriza la gestión libertaria, se adelantó que este lunes 24 de marzo -cuando se cumplan 49 años del golpe de Estado de 1976- fecha en que como todos los años van a confluir diversas expresiones vinculadas a los derechos humanos, el mundo político y también ciudadanos independientes, la usina oficial difundirá un material audiovisual que reclama ‘Memoria, Verdad y Justicia’ completa “y no parcial”, comentó un vocero informal del PEN. Tras posponer varias actividades en la agenda presidencial; la última una nueva visita al Estado de Israel que se concretará en unos meses, Milei encabezaría el 2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas) un acto que podría ser en Buenos Aires o en la provincia de Tierra del Fuego.

El dirigente camionero Octavio Argüello se sumó al triunvirato de la CGT en reemplazo de Pablo Moyano, quien había abandonado la conducción de la central obrera hace dos semanas por diferencias irreconciliables.

Argüello, hombre de máxima confianza de Hugo Moyano y un histórico armador político, fue confirmado por la CGT, donde compartirá la conducción con Héctor Daer y Carlos Acuña. Así lo confirmó la central en un breve comunicado.

La incorporación de Argüello se dio a través de una reunión entre el propio Hugo Moyano y los sectores "dialoguistas" de la CGT, en la que también quedó acordado el regreso del líder camionero a la "mesa chica" de la central obrera.

Con 62 años, Argüello, que será presentado oficialmente mañana en la sede de la Uocra, tiene una trayectoria de cuatro décadas como delegado de Camioneros, donde se desempeñó como secretario general de la seccional Tres de Febrero y San Martín.

Además, fue diputado nacional y presidente del partido Cultura, la Educación y el Trabajo (CET), fundado por Hugo Moyano en 2013.

Este arribo al triunvirato de la CGT se produce luego de la renuncia de Pablo Moyano, quien se mostró en desacuerdo con las decisiones tomadas por la mesa chica de la central respecto de mantener un diálogo con el gobierno de Javier Milei.

Pablo Moyano impulsaba un paro o gran movilización para principios de diciembre contra las políticas de la gestión libertaria, para lo cual ya había sumado incluso a otros sectores del sindicalismo opositores a Milei como los estatales de ATE y otros gremios de las CTA.

Pero al percibir que en los dirigentes del resto de la CGT no había ánimos de adherir a esa iniciativa, el secretario adjunto de Camioneros decidió dar un paso al costado por "diferencias irreconciliables" con la conducción y dejar su cargo de cosecretario general de la central.

Si bien concretó dos paros generales el 24 de enero y el 9 de mayo últimos, la CGT eligió posteriormente mantener una vía de diálogo con el Gobierno, que se tradujo en cambios en la ley de reforma laboral y en la suspensión del debate legislativo de democratización sindical.

Esa actitud fue la que precipitó la salida de Pablo Moyano, que a su vez evidencia un distanciamiento político con su propio padre.

Pablo Moyano renunció este viernes a la conducción de la CGT “al no coincidir con las decisiones tomadas por la llamada ‘mesa chica’”, según difundió en un comunicado.

Fue en medio de los cruces por los paros generales convocados por los gremialistas contra el Gobierno. Las tensiones entre los distintos sectores de la CGT volvieron a intensificarse esta semana, exponiendo una vez más la división entre el ala moderada, liderada por Héctor Daer, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez y José Luis Lingeri, y el sector más combativo, encabezado por Pablo Moyano junto a referentes del transporte y dirigentes alineados con el kirchnerismo.

El conflicto se profundizó tras la reunión de la mesa chica de la central sindical, realizada este martes en la sede de UPCN, de la cual Moyano estuvo ausente.

En ese encuentro, los moderados resolvieron dejar de lado cualquier convocatoria a medidas de fuerza al menos hasta 2025 y reforzar su estrategia de diálogo tripartito con el Gobierno y el sector empresario.

El secretario adjunto de Camioneros había confirmado que se estaba organizando “un paro nacional para diciembre” en rechazo a las políticas económicas del gobierno de Javier Milei.

Moyano señaló que la medida de fuerza, que también podría ser “una gran movilización”, contaría con la participación de diversas organizaciones sindicales y sociales, en un esfuerzo por visibilizar el descontento de los trabajadores ante la inflación, los recortes presupuestarios y las reformas proyectadas por la administración actual.

“Este paro no es solo de los camioneros, es de todos los trabajadores argentinos que están viendo cómo día a día se pierde el poder adquisitivo. La inflación, las políticas de ajuste y las amenazas a nuestros derechos laborales no pueden pasar desapercibidas”, dijo el ahora exsecretario en declaraciones radiales.

No obstante, los dialoguistas de la CGT se reunieron este viernes y lograron que los 12 dirigentes que participaron de la mesa chica desestimaran la medida de fuerza y resolvieran ir al diálogo con el Gobierno.

La postura adoptada por los representantes de los grupos moderados de la cúpula cegetista (los denominados “gordos” de los grandes gremios, el sector de “independientes” que reúne a la UOCRA, UPCN y Obras Sanitarias, y el barrionuevismo) sumó también el aval del propio Hugo Moyano, que informalmente anticipó al resto de la conducción sus diferencias con la protesta que alentaba su hijo.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a ustedes, que he tomado la decisión de renunciar a mi cargo como Co-Secretario General de la Confederación General del Trabajo, al no coincidir con las decisiones tomadas por la llamada “mesa chica”. 

El triunviro de la Confederación General del Trabajo (CGT), Pablo Moyano, anticipó que trabaja en el lanzamiento de un nuevo paro general previsto para el mes de diciembre, y admitió que la central atraviesa un debate importante en torno al gobierno de Javier Milei.

“La CGT está como está el país, en debate. El PJ partido, los empresarios divididos. La CGT está con un debate importante”, aseguró en declaraciones radiales al tiempo que reveló que mañana habrá reuniones claves de la Mesa Nacional del Transporte y de la mesa chica de la central para anunciar una nueva medida de fuerza.

En la misma línea, afirmó: “Algunos compañeros van a plantear llevar adelante una medida de fuerza o una gran movilización para el mes de diciembre”.

“Se está hablando con las dos CTA, los movimientos sociales para que en diciembre haya una gran jornada de movilización o de paro general. Hay compañeros que quieren llevar adelante una nueva medida de fuerza”, agregó y completó: "Hay que estar en la calle para seguir resistiendo y denunciando este modelo económico que tanto daño le está haciendo a los argentinos y no podemos mirar para otro lado".

En otro pasaje de la entrevista, Moyano pidió que los sectores sindicales, más moderados con la administración libertaria que no se pliegan a los paros y movilizaciones “se hagan cargo de sus actos”, y subrayó que son los mismos gremios los que salen a protestar. “Somos las mismas caripelas, estamos siempre los mismos. Es lo que la gente permanentemente nos reclama”, puntualizó.

Consultado por las paritarias, el secretario adjunto de Camioneros cuestionó que hay libertad de negociación para algunos, pero “para otros no”, y se mostró crítico de los números de inflación del INDEC. “No creo en la inflación en base a lo que uno escucha o ve de los laburantes. Hay queja permanente de aumentos de los alimentos, las tarifas, el precio de los colectivos. Después que la dibujen los medios es otra cosa. Quieren dibujar que la inflación está controlada”, planteó.

Por último, desestimó el lanzamiento de “Las Fuerzas del Cielo”, espacio libertario presentado como el brazo armado de La Libertad Avanza, al sostener que “con los quilombos que hay en el país, en lo laboral, uno no puede perder el tiempo en esas payasadas”.

“Qué susto… qué miedo. Payasos de miércoles, pónganse a laburar y dejen de hacerle tanto daño a la gente”, concluyó Moyano.

La Justicia confirmó el procesamiento de uno de los jefes de la Confederación General del Trabajo (CGT), Carlos Acuña, por el bloqueo de una estación de servicios en 2021.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó el sobreseimiento que había beneficiado al secretario general del Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios, GNC, Garajes, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de Autos de la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (SOESGyPE), lo encontró responsable del delito de coacción en calidad de autor y dispuso un embargo sobre sus bienes o dinero hasta cubrir $8 millones.

La decisión fue de la Sala IV de la Cámara, en una resolución firmada por los jueces Julio Lucini, Pablo Lucero e Ignacio Rodríguez Varela, en disidencia parcial.

El fallo mencionó la denuncia de la propietaria de la estación de servicio Shell ubicada en avenida Jujuy y México, en la Ciudad de Buenos Aires, que acusó al sindicalista de haberse presentado el 21 de diciembre de 2021 “a las 9:30″ junto a “un grupo con bombos y pancartas con la sigla del sindicato Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios, GNC, Garajes, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de Autos de la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (S.O.E.S.G.yP.E.)”.

Desde la empresa denunciaron en ese momento que les bloquearon los accesos a la playa e impidieron trabajar a los empleados, “retirándose recién a las 16:30″ de ese día.

La maniobra sindical fue parte de una serie de bloqueos dispuestos por unos 100 miembros del sindicato durante dos días, en forma simultánea, en la mencionada estación de servicio y otras tres en Vicente López, Lomas de Zamora y San Pedro.

Según denunció la empresa, los reclamos estaban fuera de lo estipulado en el convenio y se centraron en estaciones de servicio agrupadas en la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA) mientras se discutían las paritarias de ese año, con lo cual “el accionar delictual estaba perfectamente planificado al solo efecto de generar daño y condicionar la discusión salarial”.

En los fundamentos del fallo, la Cámara planteó que “la acción desplegada no se habría tratado de una mera abstención laboral, sino del bloqueo de las instalaciones, modalidad que en principio no contaría con amparo en el legítimo ejercicio del derecho de huelga”.

“Además, se resaltó su carácter coactivo, evidenciado en que no habría existido un conflicto específico con los empleados de la empresa, sino de un reclamo general de los representantes gremiales, concretado para esas fechas en varias estaciones pertenecientes a autoridades de la FECRA quienes debían intervenir en las negociaciones paritarias en curso”, agrega el fallo.

Y suma: “El bloqueo de las instalaciones de la estación de servicios no encontraría amparo en el legítimo ejercicio de los derechos sindicales; con más razón cuando se encontraba en curso el procedimiento legal de conciliación”.

Sergio Romero, Secretario General de la UDA y de Políticas Educativas de la CGT, cuestionó enérgicamente la propuesta del Gobierno Nacional de reducir a cinco años la formación en Educación Técnico Profesional, advirtiendo sobre los riesgos que esta medida conllevaría para la seguridad pública y la calidad educativa.

El secretario de Educación, Carlos Torrendel, se encuentra en el centro de la controversia tras sus declaraciones ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde sugirió reducir la duración de los planes de estudio en Educación Técnico Profesional a cinco años. Sergio Romero, Secretario General de la Unión de Docentes de la Argentina (UDA) y Secretario de Políticas Educativas de la CGT, rechazó esta propuesta, afirmando que la Educación Técnica no solo forma profesionales, sino que también implica responsabilidades civiles complejas.

Romero destacó que, si el problema es el bajo nivel de egresados y la deserción en el segundo ciclo, la solución no radica en acortar el tiempo de enseñanza. “Es fundamental diseñar estrategias pedagógicas que permitan a los alumnos finalizar sus estudios en tiempo y forma, adquiriendo los conocimientos y prácticas necesarios para ejercer su profesión sin generar riesgos”, afirmó.

El líder sindical advirtió que esta reducción podría comprometer la seguridad pública, el medio ambiente, la salud y el manejo responsable de la ciencia y tecnología, áreas en las que la formación técnica juega un papel crucial. “Reducir un año de estudios, aunque sea de manera optativa, es un riesgo innecesario en un contexto que demanda más y mejor educación”, subrayó Romero.

Sergio Romero.

Además, el dirigente planteó que esta medida afectaría gravemente las prácticas profesionalizantes, fundamentales para la correcta matriculación en los Colegios Profesionales de Técnicos, un requisito indispensable para el ejercicio profesional.

Romero también hizo hincapié en el impacto negativo que tendrá la suspensión del 6% del PBI destinado a educación, así como del porcentaje mínimo de inversión para la Educación Técnico Profesional, Ciencia y Tecnología, como parte del proyecto de Ley de Presupuesto presentado por el ejecutivo. “La falta de inversión resultará en talleres con equipamiento obsoleto, lo que afectará el desarrollo de las destrezas necesarias en los futuros profesionales”, advirtió.

Por último, Sergio Romero concluyó que cualquier reforma en este ámbito debe realizarse mediante una convocatoria amplia para un análisis exhaustivo que priorice el mejoramiento de la educación técnica. “El principal requerimiento es sin duda más inversión, no continuar con políticas de ajuste en el ámbito educativo”, sentenció.

Azul Cibils

En un contexto de despidos y recortes salariales, el consejo directivo de la CGT se reunirá esta tarde para acordar un plan de acción. Mientras los dialoguistas reivindican las mejoras logradas en la reforma laboral, los sectores combativos plantean retomar la lucha por las necesidades de los trabajadores y barajan medidas de fuerza.

Tras reglamentarse la restitución del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, el Gobierno avanza con las negociaciones para implementar la reforma laboral. La CGT se reúne en este contexto para definir su estrategia en busca de frenar ambas iniciativas. El encuentro de esta tarde será liderado por los tres secretarios: los dialoguistas Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (Estaciones de Servicio), y Pablo Moyano (Camioneros), quien representa el ala combativa.

El propio secretario de Camioneros explicó que dentro del gremio hay quienes impulsan por un paro general y otros que quieren seguir avanzando con las propuestas del Gobierno.

“Hay debate”, dijo Moyano. “Seguramente uno de los temas será cómo enfrentarnos a un Gobierno que solamente ataca los intereses de los trabajadores, de los jubilados y de los que menos tienen”, adelantó el dirigente sindical en relación a la reunión..

La semana pasada, Daer y Acuña se reunieron con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, para hablar sobre las iniciativas del Gobierno. Pidieron subir el piso a partir del cual se volverá a pagar el Impuesto a las Ganancias, pero días después, el presidente Javier Milei firmó la reglamentación sin cambios.

Este suceso generó un fuerte enojo en la central obrera, especialmente entre los dialoguistas que lo vieron como una traición a su trabajo en conjunto. Se infiere, por lo tanto, que Ganancias será un eje central del encuentro.

El miércoles, Cordero recibió a los representantes del Grupo de los 6 (G6), que nuclea a los principales representantes del sector privado, para luego oficializar la convocatoria a una mesa tripartita con la CGT para fortalecer el diálogo. El foco de la reunión fue la creación de empleo y sentar las bases para el encuentro al que se sumarán los gremios, que se estima ocurrirá la próxima semana. El principal reclamo de los empresarios fue retomar las reformas laborales que quedaron fuera de la Ley Bases.

La reforma laboral que impulsa el Gobierno tiene tres ejes: habilitar la posibilidad de un fondo de cese laboral como alternativa a las indemnizaciones; un blanqueo para promocionar el empleo registrado, y la ampliación a un año del período de prueba.