Por Mónica Ritacca

Los transportistas agrupados en la Asociación Civil de Prestadores Independientes de Discapacidad se vieron obligados a tomar una drástica medida: el cese involuntario del servicio que brindan. El motivo: el contexto inflacionario que vive el país y la no actualización del arancel que reciben desde el Gobierno Nacional por trasladar a personas con alguna discapacidad.

Mariano Perini preside la organización que en el Departamento La Capital agrupa a 50 transportistas y a unos 250 en toda la bota santafesina. Consultado por El Litoral, dijo que dejaron de realizar los traslados de personas discapacitadas porque ya es imposible brindar el servicio.

Al mismo tiempo que aclaró que no se trata de una medida de fuerza sino de un “cese involuntario de la actividad”, explicó que en el último mes del año los costos para brindar el servicio se fueron por las nubes.

Para muchas personas con alguna discapacidad, el traslado que brindan los transportistas es un servicio esencial; de ahí que urgen soluciones urgentes frente a esta situación. Foto: Archivo.Para muchas personas con alguna discapacidad, el traslado que brindan los transportistas es un servicio esencial; de ahí que urgen soluciones urgentes frente a esta situación. Foto: Archivo.“Nuestra actividad está regulada por el Gobierno Nacional. En el mes de noviembre, a los transportistas de personas con discapacidad nos pagaban 250 pesos el kilómetro con un combustible que estaba a 320 pesos. Estábamos 70 pesos por debajo. Pero bueno, continuamos trabajando esperanzados de que se iban a acomodar un poco las cosas, que se iba a actualizar el arancel de los 250 pesos… Eso ocurrió y de hecho ya estaba pactado: de 250 pesos nos empezaron a pagar 272 pesos el kilómetro. Pero el combustible subió, y siguió subiendo…”, manifestó Mariano Perini. Y agregó: “Hoy estamos en 1040 pesos el precio del litro de Gasoil Ultra que es el que usan nuestras unidades. No nos dan los costos”.

Para que se entienda: lo que los transportistas de personas con discapacidad plantean es que hoy, brindar el servicio de traslado desde la casa de la persona hasta un centro de día o una institución y viceversa les representa tener que pagar de su bolsillo la prestación que brindan. No solo no hay rentabilidad sino que, siendo los trabajadores, deben pagar para brindar el servicio.

Consultado sobre cuál sería la solución, el presidente de la Asociación Civil de Prestadores Independientes de Discapacidad indicó que como primera medida debe subir el arancel de 272 pesos por cada kilómetro recorrido a por lo menos 800 pesos. “Nunca se toma como valor de referencia el costo del gasoil. El Gobierno Nacional fija el monto en base a otras variables, pero nunca lo hizo teniendo en cuenta el costo del combustible”, explicó.

El servicio que brindan los transportistas es esencial porque trasladan a personas que no pueden ser movilizadas en cualquier tipo de vehículo o directamente no cuentan con ningún medio.

Según pudo saber El Litoral, durante el 2023 cerca de 1500 familias requirieron de este servicio en la capital provincial. En la provincia, el número ascendería a unas 20 mil familias.

“No hay manera de poder brindar el servicio. La situación es catastrófica. Hay cuestiones de personas que están en diálisis y deben afrontar el traslado de sus bolsillos. Pero la verdad que son contados con los dedos de una mano”, dijo Mariano Perini.

Por último, sobre la injerencia en este tema de las nuevas autoridades del gobierno provincial, el presidente de la organización que nuclea a los transportistas refirió que tuvieron una primera reunión ayer para informarles sobre la situación y analizar posibles alternativas de no mediar Nación a la brevedad. “El Ministerio de Salud está esperando definiciones nacionales, sobre todo porque hasta hace una semana la Agencia de Discapacidad Nacional estaba acéfala de autoridades. Veremos qué pasa”, finalizó.

Las comunidades educativas de las escuelas atacadas a balazos en la ciudad del sur santafesino, en el marco de hechos vinculados a bandas narcos, y los sindicatos docentes advirtieron “que si se toca una escuela y un pibe más” habrá “cese de actividades”, durante una manifestación organizada en reclamo de “mayor seguridad”.

El reclamo se llevó a cabo desde las 11 en la plaza San Martín, frente a Gobernación, y a tal fin desde la Asociación de Magisterio de Santa Fe (Amsafe) desobligó a docentes y alumnos de las dos escuelas atacadas a tiros, de los barrios Ludueña y Empalme Graneros, a concurrir a los establecimientos entre las 10.30 y las 14 para poder manifestarse.

Por su parte, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, exigió -en declaraciones a la prensa- mayor rigor en los controles dentro del sistema penitenciario, desde donde asegura que se organizan las balaceras.

Los últimos dos ataques a escuelas ocurrieron el sábado y domingo pasado, el primero en el establecimiento público José Mármol, ubicado en Larrea al 300, y el otro en el colegio a perteneciente a la comunidad Qom, situado en Travesía y Juan B. Justo, al que asistía Máximo “Maxi” Geres, el niño de 11 años asesinado en una balacera narco en marzo pasado, hecho que generó una fuerte reacción vecinal y derivó en el envío de más efectivos de fuerzas federales a esa ciudad.

Los directivos de ambos establecimientos coincidieron al manifestar que las amenazas vertidas por los tiradores no están dirigidas a los colegios sino que los establecimientos son usados por diferentes grupos narcos para enviarse mensajes.

“Nos usan como correo para dejar sus amenazas en algo que nosotros no tenemos nada que ver”, dijo uno de los directivos de la Escuela 84 en declaraciones a la prensa local.

Por su parte, y sobre el mismo punto, Javkin volvió a reclamar mayores controles en los penales: “Tenemos que ser duros con el tema carcelario, muy duros. El 95 por ciento de los incidentes que ocurren en la ciudad provienen de allí (por las cárceles). Más del 80 por ciento de las extorsiones y amenazas. Es la misma joda de siempre: la libertad con la que operan desde las cárceles y nosotros somos los que lo soportamos en la calle”, expresó. Para Javkin, Rosario “está enfrentando múltiples desafíos al mismo tiempo”.

En ese contexto el gremio que agrupa a los docentes públicos (Amsafe) y de las escuelas privadas (Sadop) advirtieron “que si se toca una escuela y un pibe más”, el reclamo “será con cese de actividades o paro”.

Al respecto, el delegado en Rosario de los docentes agremiados a Amsafe, Juan Pablo Casiello, dijo que lo que pasó en las escuelas públicas el sábado último, “fue un salto a la impunidad de las bandas narcopoliciales”.

“Pasó, justamente en los dos barrios -Ludueña y Empalme Graneros- los más custodiados en Rosario. Si estando tan custodiados pueden balear escuelas, entonces los narcos nos están diciendo que pueden balear con total impunidad a cualquiera a cualquier hora”, señaló el dirigente docente.

Al denunciar la falta de seguridad en los barrios de la periferia de Rosario, Casiello aseguró en su alocución en la plaza pública, ubicada en pleno centro de Rosario, “que basta con solo caminar por el barrio donde mataron al niño y alumno, Máximo Geres (11) -Los Pumitas- para ver que hay solo tres gendarmes cada 500 metros”.

“Semanas atrás se produjo el octavo desembarco de fuerzas federales a los barrios más calientes y no hay solución, la situación de violencia se agravó y hoy tenemos más muertos y más violencia”, denunció el sindicalista.

“Hacen falta mayores políticas de Estado. Hace falta mayor presencia de las fuerzas provinciales y federales. Hace falta que de una vez por todas los gobiernos -por el nacional, provincial y municipal-terminen por completo con las mafias narcopoliciales para que dejen de liberar las zonas”, apuntó finalmente.

En una plaza colmada de padres, alumnos, docentes, no docentes y vecinos, entre otros también habló, Ana Rosa Ugarte directora de la escuela 84, cuya fachada fue blanco de una balacera y reclamó a los poderes gubernamentales, “que no esperen que maten a otro pibe porque los narcos se están metiendo con nuestros alumnos. Con las escuelas no”, dijo la docente.

En tanto, un padre que se identificó ante Télam con el nombre de Juan, cuyos dos hijos concurren a la escuela primaria y que desde la cooperadora ayudó a que las familias se puedan trasladar con sus hijos a la movilización y hacer oír su voz, dijo “que los chicos deben disfrutar de la escuela”.

“Las escuelas deben, necesariamente ser un lugar seguro de contención social. No mandamos a nuestros hijos para que las mafias los agredan”, indicó el padre que concurrió en familia a la manifestación.