Con la presencia del intendente Leonel Chiarella y la subsecretaria de Discapacidad de la provincia, Florencia Ottolini, fue presentada formalmente la Junta Municipal de Discapacidad. El encuentro se realizó en la sede del Nodo Regional, y también contó con la participación del jefe comunal de Maggiolo, Juan Fetter, y del equipo profesional de la Junta de Discapacidad.

“Nosotros venimos a cumplir con la palabra de lo que habíamos anunciado en la apertura de sesiones del Concejo Municipal, de que Venado Tuerto iba a contar con una Junta Municipal que tiene como principal objetivo poder hacer más cortos los tiempos, hacerlos más ágiles en esto que implica el certificado de discapacidad”, informó el intendente venadense.

El mandatario explicó que facilitar la gestión de esta certificación “permite acceder a nuevos derechos que, por no tener ese trámite administrativo burocrático, no se pueden obtener”, para luego afirmar que “hay una responsabilidad de los gobiernos locales de hacernos cargo, de poner a disposición todos nuestros equipos, de trabajar en sintonía con el gobierno provincial para poder hacer mucho más accesible, mucho más rápido este trámite”.

La funcionaria provincial se encargó de precisar que, además de la Junta de Discapacidad venadense, se habilitó una Junta en Maggiolo, equipos que tendrán a su cargo evaluar a las personas con discapacidad para otorgarles el certificado respectivo.

El documento que se otorgará a través de estas nuevas juntas de discapacidad contará con el aval de la Secretaría Nacional de Discapacidad (ex Agencia Nacional de Discapacidad ANDIS).

“Es muy importante para el gobierno de la provincia de Santa Fe este trabajo articulado que venimos haciendo también con la senadora (Leticia Di Gregorio), para que las personas tengan mayor acceso a sus derechos. Sabemos que muchas personas a la hora de tener que tramitar su certificado de discapacidad, tienen que trasladarse largas distancias. Entonces hicimos este trabajo articulado para que las personas tengan mayor facilidad de acceso al certificado de discapacidad”, señaló Ottolini.

Este documento garantiza la cobertura de una serie de derechos que viene defendiendo el gobierno de la provincia de Santa Fe, con distintos programas como el Hogar Familia, “donde le pagamos un estímulo económico mensual y acompañamos a las familias que alojan y adoptan a personas con discapacidad. Hay un proyecto de ley también que Rosana (Bellatti, diputada provincial) está impulsando para darle un sustento legal a este programa”, informó la funcionaria.

Ottolini explicó que el trabajo de las juntas “tiene un alcance territorial”, y agradeció la presencia del presidente comunal de Maggiolo, Juan Fetter, dado que en esa localidad también se instrumentará la gestión de los certificados: “Maggiolo tiene un porcentaje muy alto de discapacidad comparado con la cantidad de habitantes, es uno de los números más altos que tiene el departamento”, apuntó.

En barrio Victoria

En Venado Tuerto se otorgarán los turnos para gestionar o renovar el certificado los lunes, miércoles y viernes en el Centro de Salud del barrio Victoria (Chile 1053), en el horario de 7 a 17, teléfono 3462-526678.

“Hoy se saca el turno de manera presencial, lo que vamos a hacer ahora es establecer un turnero online para los centros de salud, para que la gente pueda sacar su turno para ir a presentar toda la documentación o para tener esa primera entrevista. De esta forma podrán sacar el turno a través del celular o de la página web municipal”, completó Chiarella.

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano del Gobierno de Venado Tuerto se puso en marcha la Junta Municipal de Discapacidad (JMD), un compromiso asumido por el intendente Leonel Chiarella durante la apertura de sesiones ordinarias legislativas.

“Cuando hablamos de políticas públicas, en especial en materia de discapacidad, hay un principio que debe guiar cada acción: la cercanía. No se trata únicamente de facilitar procedimientos administrativos, sino de garantizar derechos. Detrás de cada trámite hay personas, familias que requieren acompañamiento con respeto, empatía y profesionalismo”, dijo entonces el mandatario.

Bajo la órbita del organismo que encabeza Mariana Iturbide, integran la Junta Municipal de Discapacidad la Dra. Gabriela Bonetti, la trabajadora social Jorgelina Davila Luque, la psicóloga Milagros Longhi y la administrativa Abigail Albornoz.

Este equipo interdisciplinario funciona en el centro de salud de barrio Victoria (Chile 1053), los lunes, miércoles y viernes de 7 a 13, donde los vecinos de nuestra ciudad podrán iniciar la gestión para obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) o su renovación. La línea de contacto es 3462-526678.

“Detrás de cada Certificado de Discapacidad hay una historia, una familia y, sobre todo, un derecho que garantizar en comunidad. Desde la Junta Evaluadora de Discapacidad tenemos un equipo listo para asesorar, escuchar y acompañar en la gestión del CUD. No hay que dejar el trámite para el final. Si el certificado está próximo a vencer o se solicita por primera vez, nuestro equipo brindará la ayuda necesaria para resolverlo de la manera más cómoda posible para el beneficiario y su familia”, remarcó Iturbide.

En la misma línea de garantizar derechos, la secretaria de Desarrollo Humano adelantó que, en breve, se pondrá en marcha el proceso licitatorio para la compra de una segunda Trafic 0 km adaptada para el traslado de personas con discapacidad, otro compromiso asumido por el intendente en el Concejo.

Por Juan Cruz Zwiner

Todo lo que no se audita, está generalmente a la merced de las miserias humanas.

Un sector tan vulnerable como el colectivo de Discapacidad, una gran bandera de la lucha por los Derechos Humanos, que ahora vemos flagelada y distorsionada por prestadores y funcionarios “casta”, es decir, una clásica connivencia típica y burda, que genera un Estado sin Justicia, paradójicamente promovido por un Estado con elevadísima “Justicia Social” (que no es otra cosa más que sacarle a los que producen, para darle a los que no producen, injusto en muchos aspectos).

En la Discapacidad es necesaria la Justicia Social, solo ahí la veo necesaria, ya que un discapacitado, por simple definición, no está capacitado a producir en igualdad de condiciones. Pero habiendo millares de discapacitados “truchos” y semi-discapacitados que se aprovechan de un Certificado de Discapacidad, la bandera se ensució.

Escuchamos frecuentemente “la Argentina es pobre porque quiere”, “la Argentina es rica y se la llevan unos pocos…”. La realidad es que la Argentina es rica y se la llevan muchos, pero muchos ciudadanos “de a pie” y de la Casta.

Ciudadanos millonarios que, por ser discapacitados (o por fingir serlo), compran un auto importado sin pagar impuestos, ni la patente única sobre vehículos (recuerdan el Mercedes Benz escondido de Susana Giménez?). Hay miles de Susanas y Susanos, y de millonarios que zafan de impuestos y reciben beneficios de los contribuyentes sin necesidad alguna.

Se destapó la olla en Andis (Agencia Nacional de Discapacidad), donde se calcula que puede llegar a haber un elevadísimo porcentaje de pensiones por Invalidez laboral injustificables. El Estado asigna anualmente USD 3.000 millones y quizás el perjuicio ronde los USD 2.000 millones por año (que podrían asignarse a Jubilados aportantes, dignos de su retribución o a personas con verdaderas discapacidades para terapéuticas o emprendimientos adaptados).

No finjamos demencia, todos conocemos amigos o familiares que reciben un subsidio del Estado sin merecerlo. El número de pensiones por Invalidez en Argentina quintuplica al de Chile y duplica a Brasil en términos porcentuales, sin conflicto bélico alguno en la región. ¿Casualidad o causalidad que se hayan otorgado descontroladamente las pensiones “truchas” en gobiernos populistas?

El problema moral no termina aquí. El gran negocio fraudulento de la Discapacidad ronda en las prestaciones a las personas con CUD (Certificado Único de Discapacidad). Los prestadores envían facturas de tratamientos no efectuados a las Obras Sociales Nacionales (que abona el Estado por medio del Fondo Solidario de Redistribución) y también facturas al Programa “Incluir Salud”, pero los tratamientos nunca llegan al beneficiario: el discapacitado vulnerado. Miles de millones de pesos se destinan mensualmente a discapacidad, pero no llegan a los beneficiarios de las terapias o equipamiento (sillas de ruedas o prótesis).

Esto es otro caso de corrupción tipo “Chocolate Rigau”, o los comedores “fantasmas”, o las rutas “pavimentadas” que solo levantan tierra y cascotes... El dinero estuvo disponible por el Estado para una persona o para un fin, pero se filtró por las mismas manos porosas del Estado, sin un Sistema de Auditorias, ni básicos valores morales.

En 2021 presenté un proyecto para modernizar la Discapacidad en el Iapos, ya que la ley por la que se rigen (Ley 24901) tiene 27 años de antigüedad, sin revisiones que la modernicen ni agilicen en los Módulos terapéuticos o en la forma de facturación, que lleva burocráticos y eternos plazos administrativos para la autorización y pago de los tratamientos. El proyecto quedó “cajoneado”, y esto es imprescindible modernizarlo y eficientizarlo.

Trabajo en este tema con el equipo de Romina Diez de La Libertad Avanza en Santa Fe y Santo Tome, vamos a llevar adelante propuestas parlamentarias para que la Discapacidad se adecue a criterios realistas de necesidades y financiamiento. Hay mucho populismo que destrozó el orgullo de trabajar en el sector, hoy ser honesto es un autosacrificio, muchos prestadores abusan del sector y uno queda atónito con lo que ve.

La precariedad del sistema administrativo obsoleto hace que los tiempos para que un prestador cobre oscile entre los 45 días a los 120 días en muchos casos. Ese proyecto presentado, para la modernización del sistema no fue tomado en cuenta, siendo que el Iapos paga muy atrasado y tiene cada vez más afiliados discapacitados (ergo, gasto agigantándose), pero no quiere adaptarse. ¿¿Desidia, negligencia propositiva o incapacidad técnica de los Directivos de la Obra Social más grande de la Provincia?? Quien sabe. Ellos cobran a mes vencido, los prestadores a 90-120 días, quizás eso ni les interese…

Si el Estado (mayor financiador de la Discapacidad) y las Obras Sociales no se modernizan en las implementaciones del sistema, todos pagaremos mayores consecuencias: más impuestos se cargarán para financiar el Fondo Solidario, o mayor será el costo de la Obra Social para los afiliados del Iapos o las Cajas Profesionales (OSPAC, CAPS, Forense, Ciencias Económicas, etc.) porque el dinero será cada vez más insuficiente, las prestaciones serán de menor calidad o insuficientes, y el sistema terminará siendo enormemente ineficiente para todos los actores.

Somos un país que quedó fuera del mundo, fuera de la lógica de crecimiento y productividad eficiente, también en el área de los derechos de las personas con discapacidad, de su respectivo financiamiento y funcionamiento.

Es hora de abrir el debate sobre cómo mejorar este sector vulnerable, que ha sido burlado y doblemente vulnerado por la casta, o seguiremos viendo protestas y marchas de los prestadores honestos junto a los verdaderos discapacitados, como se hizo nuevamente el pasado 4 de Julio en las puertas del Iapos Santa Fe, o las repetidas Carpas Blancas de la Discapacidad en el Congreso de la Nación, pagando el precio siempre justos por pecadores.

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El Gobierno implementó nuevos cambios en el certificado de discapacidad y algunas personas ya no tendrán que hacer renovaciones. Así lo comunicó a través de una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La medida será complementada con una prórroga de los vencimientos actuales de los Certificados únicos de Discapacidad, mientras tanto, se instrumentarán las nuevas medidas administrativas y tecnológicas para que se pueda implementar el nuevo sistema. De esta manera, se incorporará la eliminación de la fecha de vencimiento.

Entre los objetivos específicos que propone el anexo de la Resolución 113/2023 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), publicada en el Boletín Oficial, se encuentran además los de “difundir los derechos y servicios a los que se accede con el Certificado Único de Discapacidad (CUD)”, “fortalecer las herramientas y recursos vinculados con la certificación” y “disminuir la brecha entre personas certificadas y población con discapacidad estimada”.

Discapacidad: buenas intenciones legislativas sin recursos ni responsabilidades

Se trata de un plan que “permitirá brindar previsión y seguimiento a las acciones ya desarrolladas y a desarrollar por la ANDIS en materia de certificación” y que tiene como población destinataria a las “personas con discapacidad certificadas”, así como también la “población con discapacidad estimada en un 10.2% del total del país”.

También aplica para “el entorno de las personas con discapacidad, (familia, amigos y apoyos), organizaciones de la sociedad civil y actores vinculados con los procesos de certificación”.

Entre los puntos más destacados del plan, ANDIS menciona:

Para cada uno de los ejes de trabajo contenidos en dicho plan, se irán emitiendo, en el transcurso de las próximas semanas, las Resoluciones complementarias que permitan su instrumentación a nivel federal y de manera progresiva en etapas, salvaguardando a las personas con discapacidad y la vigencia de sus prestaciones.

La Provincia aumentó un 800% el presupuesto para asistir a personas con discapacidad

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) aportó información que ayudó a concretar la nueva medida ya que estableció el Plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la Certificación de la Discapacidad: una propuesta integral que buscaba mejorar los procesos para la certificación de discapacidad.

El plan recibe los aportes recolectados en el marco de la consulta federal hacia una nueva Ley de Discapacidad, de insumos trabajados con las autoridades de discapacidad de todas las jurisdicciones, como así también reclamos históricos del colectivo y organizaciones de la sociedad civil, e incluye medidas como apoyo a las Juntas Evaluadoras de Certificación de todo el país, incorporación de innovaciones tecnológicas, simplificación del trámite y otras líneas de acción concretas que implican una mejora en el acceso a la certificación.

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