Carlos Retamal Mirador Provincial Rosario no para de dar sorpresas. A las periódicas balaceras que se registran en distintos puntos de la ciudad, a los robos, arrebatos, heridos de arma de fuego y muertos, que convirtieron a la Cuna de la Bandera en la Cuna de la Violencia, se suman también las amenazas, primero en formato de balas y ahora telefónicas, contra integrantes del Poder Judicial. El por ahora último capítulo de esta saga prácticamente interminable de sucesos violentos tuvo lugar el lunes por la noche, con un mensaje amenazante que provino de una voz masculina, que dejó grabada en el 911 una frase que causó estupor: “Suelten a los Cantero, suelten a Los Monos o vamos a matar a todos los fiscales”. Esas 16 palabras, que fueron repetidas antes de cortar la comunicación, hicieron que se ordenara el refuerzo de la seguridad de los fiscales que están al frente del juicio por balaceras: Matías Edery, Luis Schiappa Pietra, Gastón Ávila y Miguel Moreno; la manzana donde está el edificio del Centro de Justicia Penal (entre las calles Sarmiento, Rueda, Mitre y Virasoro) y también hacia los jueces que integran el tribunal, Hebe Marcogliese, Rafael Coria y Pablo Pinto.

Un detenido Por esta nueva amenaza telefónica anónima, se inició una investigación judicial a cargo del fiscal del Flagrancia Franco Carbone. Fuentes del Ministerio de Seguridad indicaron que la pesquisa fue encabezada por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que en las primeras horas de la tarde de este miércoles realizó varios allanamientos en distintos puntos de la zona sur y encontró a un joven que era buscado como presunto autor del llamado, quien fue apresado en una vivienda de calle Concepción al 3700, barrio Tablada. También fue secuestrado un teléfono celular que será peritado para determinar si desde ese aparato se hizo la llamada. El joven, identificado con las iniciales R. A. M., de 19 años, quedó detenido y a disposición del fiscal Carbone. Las fuentes indicaron también que e la noche del martes fue detenida la madre del joven, quien es titular de la línea telefónica desde la que en principio se hizo la amenaza, quien también quedó a disposición de la Justicia. Se prevé que ambos sean indagados el viernes. Cabe recordar que en el marco del juicio que se está llevando a cabo en estos momentos en el Centro de Justicia Penal, que tiene como principal imputado a Ariel Máximo “Guille” Cantero, se escuchó en la segunda audiencia una amenaza similar, de 2018, dirigida a los jueces que en aquel momento estaban juzgando a la banda Los Monos.

Cómo sigue el juicio El juicio oral y público por una serie de ataques a balazos a funcionarios y edificios judiciales cometidos en 2018 comenzó el viernes 20 de agosto, con palabras dichas por Guille Cantero, desde el penal de Marcos Paz, que retumbaron en el recinto e hicieron eco en todos los medios de prensa del país. En aquella ocasión, dijo que entre sus oficios estaba el “contratar sicarios para tirarle tiros a los jueces”. Esa frase causó asombro, pero no sorprendió a los funcionarios judiciales presentes en la sala del segundo piso del Centro de Justicia Penal. Mayor asombro había causado la balacera registrada en la noche del miércoles 18, casi 48 horas antes del inicio del juicio, cuando dos personas en moto balearon el edificio del Centro de Justicia Penal de Rosario. Al menos dos de los plomos impactaron en los vidrios blindados del inmueble ubicado en el barrio Hospitales, en lo que fue el cuarto ataque registrado contra el edificio en menos de 3 años. Luego de la declaración, destinada a ser título en los medios de prensa, de Cantero, el debate oral y público continuó con declaraciones de testigos de algunas de las balaceras registradas en el año 2018. Si bien en los primeros días del debate se dijo que las jornadas iban a ser más extensas, con el propósito de terminar antes, recién terminaron las audiencias probatorias y está previsto que la semana próxima se lean los alegatos. Tras esto, habrá un compás de espera hasta la lectura del veredicto, que podría darse en los últimos días de septiembre o los primeros de octubre. Este juicio, que tiene a Cantero; Leandro Daniel Olivera, Daniel Oscar Chávez, Matías Nicolás César, Daniel Alejandro “Teletubi” Delgado, Leonel Fernández y Lucía Estefanía Uberti, en el banquillo de los acusados, es por una serie de balaceras registradas entre fines de mayo y finales de agosto de 2018 en domicilios de jueces y familiares, edificios judiciales y policías que formaron parte de la extensa investigación que derivó en las primeras condenas contra la organización delictiva conocida como Los Monos. Los fiscales pidieron 24 años de cárcel para “Guille” Cantero, Matías César y Lucía Uberti; 13 años de prisión para Leandro Olivera y para “Teletubi” Delgado (quien ya cuenta con una condena de 21 años por su participación en el triple crimen de Villa Moreno); 12 años para Leonel Fernández y 9 para Oscar Chávez.

(Por Carlos Retamal) El ex diputado provincial Darío Scataglini fue imputado formalmente por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas en concurso ideal con tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pidieron que quede en prisión preventiva, pero la jueza le otorgó la libertad bajo el cumplimiento de unas reglas de conducta. 

En una audiencia llevada a cabo en la mañana de este sábado 4 de septiembre en el Centro de Justicia Penal de Rosario; los fiscales de la Agencia de Investigación Criminal y Delitos Complejos Luis Schiappa Pietra y Matías Edery le atribuyeron a Scataglini haber realizado negociaciones (haciendo uso de sus influencias) para que la Lotería de la Provincia de Santa Fe le otorgara a la empresa Wildar Gaming SRL, que tiene como titular a Leonardo Peiti –imputado como capitalista de juego ilegal–, la explotación de máquinas para apuestas online, lo que se llama VLT (Virtual Lotery Terminal) en salas habilitadas por la Lotería. 

Las negociaciones se realizaron mientras Scataglini era asesor en la Cámara de Diputados de la Provincia, con el fin de que se beneficiaran Peiti y el senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, señalaron los fiscales. 

El ex diputado fue detenido pasado el mediodía del jueves por la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), en su vivienda ubicada en inmediaciones de pasaje Lassaga y bulevar Pellegrini, de la ciudad de Santa Fe. 

La detención había sido ordenada por los fiscales Edery y Schiappa Pietra, a partir de inconsistencias entre las explicaciones dadas en su momento por el ex diputado en su declaración, con nueva evidencia recolectada por los fiscales. 

Entre esas pruebas estaba una escucha telefónica al teléfono de Peiti, en la cual Scataglini le dijo que hablaba en nombre del senador, quien quería hablar con él. “Nos pareció sugestivo que llamara un senador a una persona que tenía emprendimientos de juego clandestino. No teníamos muy en claro su rol, por eso primero lo llamamos (a Scataglini) como testigo; pero después vimos que su declaración no tenía consistencia con las evidencias de la causa”, dijo el fiscal Edery. 

Según se dijo en la audiencia, el 11 de marzo de 2020, el ex diputado se reunió con Peiti, José Fernández Chemes y el senador del PJ, Traferri, en la oficina de trabajo de este último, ubicada en calle General López 2600 de la ciudad de San Lorenzo. En esa reunión se acordaron las gestiones que cada uno debía llevar a cabo para que el Ministerio de Economía de la Provincia de Santa Fe celebre un convenio con la empresa Wildar Gaming para habilitar la colocación de las máquinas de juego online. 

El rol de Scataglini, según dijeron los fiscales, era usar sus influencias ya que en su momento integró la comisión Bicameral de Bingos y Casinos, para lograr esa habilitación.