Mientras Jorge Lanata sigue internado en la clínica Santa Catalina, la jueza Lucila Córdoba dispuso un bozal legal a la libertad de expresión y prohibió a los medios nombrar al reconocido periodista y a su actual esposa, la abogada Elba Marcovecchio.

Lanata

La prohibición rige para medios gráficos, audiovisuales y digitales, en una medida que restringe las libertades de expresión y de prensa.

La jueza lo hizo por solicitud de Elba Marcovecchio, que se encuentra en medio de un escándalo de denuncias cruzadas con las hijas del periodista, Bárbara y Lola, quienes la acusaron ante la Justicia "por hurtar elementos de gran valor" y dinero en efectivo, así como afectar la salud del reconocido periodista.

"Se ordena la prohibición de la difusión por cualquier medio de prensa y comunicación (televisión, grafico, radial, medios digitales y/o publicación en páginas WEB), de toda información que involucre al Sr. Jorge Ernesto Lanata su imagen, intimidad, situación familiar e información relativa al trámite de la presente causa", establece el oficio que libró este viernes el Juzgado Civil N°8 de Buenos Aires, secretaría N° 15.

Esa decisión generó el repudio de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y dirigentes políticos, como la diputada del PRO Silvana Giudici (extitular del ENACOM), que destacaron el valor de la libertad de expresión y rechazaron la orden de "censura judicial", por ser una medida inconstitucional, que "representa un peligro para la convivencia democrática y el debate público".

La jueza, además, dispuso una medida similar de bozal legal para que tampoco se pueda mencionar a la actual esposa de Lanata, según establece el oficio electrónico que el Juzgado Civil N° 8 envió al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), para que notifique esa decisión a los medios audiovisuales.

Esta medida se enmarca en un clima de época que busca restringir las libertades de prensa y de expresión, como también lo fue el decreto que a principios de mes dictó el presidente Javier Milei para limitar el acceso a la información pública.

En su presentación ante la Justicia, las abogadas de Marcovecchio pusieron en conocimiento "la gran angustia por lo que esta pasando su cónyuge y su delicado estado de salud; así como manifiesta encontrarse ella en estado de vulnerabilidad no sólo por la condición médica del Sr. Lanata, sino también por el hecho de que todos los medios de comunicación están difundiendo la presentación efectuada por las hijas respecto de éste, exponiendo parte de su contenido y haciendo alusión a las cuestiones relativas al patrimonio de su cónyuge y lo denunciado respecto de su persona".

La medida judicial de este viernes también solicitó una evaluación médica interdisciplinaria por parte de la Clínica Santa Catalina, con el fin de determinar su capacidad psicofísica y establecer si Lanata puede tomar decisiones autónomas, como administrar su dinero, trasladarse o consentir tratamientos médicos.

Además, se ordenó a varias instituciones médicas, incluyendo el Hospital Italiano y la Fundación Favaloro, que presenten informes detallados sobre el estado actual de salud de Lanata y el tratamiento recomendado. El objetivo es garantizar que reciba el mejor cuidado posible y evaluar si su entorno actual es adecuado para sus necesidades.

Finalmente, el tribunal solicitó la intervención urgente de un equipo forense para evaluar la idoneidad del lugar de internación de Lanata y si las terapias que está recibiendo son las apropiadas para su estado.

En las últimas horas, se difundieron videos de Marcovecchio dentro de la casa del periodista, retirando dinero y objetos de gran valor. Fue en medio de una denuncia de sus hijas por faltantes en la vivienda y gastos llamativos, como "dos millones de pesos en una joyería".

La denuncia, que consta de 67 páginas, fue presentada ante la Justicia de Familia. Las hijas de Lanata aseguraron que la conducta Marcovecchio afectó la salud y el patrimonio de su padre.

Además, sostuvieron que la abogada y panelista televisiva mantiene con ellas una actitud confrontativa y ha alejado a Lanata de su entorno. Y también detallaron gastos considerables en tarjeta de crédito, como "dos millones de pesos en una joyería"

Bárbara, hija de Lanata y Andrea Rodríguez, y Lola, fruto de la relación del periodista con Sara Stewart Brown, destacaron que Elba no vive en el hogar de su padre, sino en otro departamento en el mismo edificio que “fue comprado en gran medida con plata de nuestro padre”.

Junto a la denuncia presentaron como pruebas audios y videos de cámaras de seguridad, donde se la ve a Marcovecchio tomando objetos del escritorio y la habitación de trabajo de su marido.

Bárbara y Lola acusaron a Marcovecchio de "hurtar elementos de gran valor" y dinero en efectivo, entre "35 y 50 mil dólares". Especificaron 42 objetos, entre esculturas, relojes, lapiceras, joyas, gemelos y certificados de autenticidad de obras de arte.

"El listado de faltantes en el domicilio de nuestro padre es triste", aseguraron en la denuncia.

En la denuncia también se citó el testimonio de un colaborador de Lanata, quien relató una llamativa actitud de Marcovecchio durante sus visitas al Hospital Italiano, donde el conductor de Lanata Sin Filtro (Radio Mitre) se encontraba internado.

"A pesar de conocer su estado de salud, le traía siempre cosas dulces como scons, lemon pie, tortas de Maru Botana. Ellas se las ponía delante para que las comiera. Le insistía para que las probara incluso cuando él decía que no", sostuvo el asistente de Lanata.

Lola y Bárbara, con esta presentación judicial, pidieron que se designe a otra persona para administrar los bienes de su padre, quitándole así el poder a Marcovecchio, quien actualmente posee esa facultad por ser la cónyuge del reconocido periodista.

La polémica que generó esa presentación de las hijas de Lanata hizo que los abogados de su esposa pidieran un bozal legal para que los medios gráficos, audiovisuales y digitales dejen de informar sobre esta situación; medida que fue otorgada por la jueza Córdoba, pese a que es un tema de interés público, que atraviesa una figura pública.

Por su parte, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) rechaza enérgicamente la decisión del Juzgado Nacional en lo Civil Nro. 8, por la cual se prohíbe “la difusión por cualquier medio de prensa y comunicación (televisión, gráfico, radial, medios digitales y/o publicación en páginas WEB), de toda información que involucre” al periodista Jorge Lanata y a su esposa.

Un inaceptable caso de censura judicial ➡️https://t.co/wwWmGL3bd1

A través de un comunicado, ADEPA consideró que "se trata de una medida que debería ser dejada sin efecto con mayor premura que la que precedió a su dictado, por ser incompatible en letra y espíritu con las normas constitucionales e internacionales que prohíben la censura previa. El artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica son tan claros y rotundos en esta materia que no se explica la ligereza judicial que los ha violentado".

"La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que cualquier medida preventiva que impida el ejercicio de la libertad de expresión, incluyendo las decisiones judiciales, constituye censura previa. Así, por ejemplo, el caso de la película “La Última Tentación de Cristo” contra Chile", agrega el texto.

"El juez -prosigue-, en tanto funcionario estatal, tiene vedado decidir qué es lo que puede ver o escuchar la ciudadanía. Los periodistas son responsables por lo que publican, pero esa responsabilidad solo se puede hacer efectiva con posterioridad a la publicación".

"La censura judicial, en tanto puede ser fácilmente utilizada para proteger a los poderosos y silenciar a las voces independientes, representa un peligro para la convivencia democrática y el debate público", concluye el comunicado.

(Por Benito Geist) - "La misión fundacional de Adepa es la de velar por la libertad de expresión. Como sabemos es una libertad estratégica, y nunca está consolidada, ya que puede estar sujeta a restricciones más obvias y brutales -como la censura, la persecución estatal o el hostigamiento físico- o a movimientos más velados y sutiles, pero que en un in crescendo pueden tener un efecto igualmente pernicioso: agresión verbal, intimidación, autocensura, secretismo y en definitiva, menos transparencia y auditoría del poder", dijo.

El presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas presentó el informe de gestión al comienzo de las deliberaciones de la 62ª Asamblea General de la entidad, que sesiona en la ciudad de Posadas, Misiones.

"Todo eso genera un debate público intoxicado y polarizado. Hostigamiento virtual y fake news. Deslegitimación de nuestra labor. Todas señales que debemos monitorear y denunciar, por sus propios efectos directos y porque como hemos dicho muchas veces, pueden ser el prolegómeno, el anticipo de acciones más serias y peligrosas, que debemos prevenir", advirtió Etchevers.

"Otro gran eje de nuestro trabajo es la defensa y el fortalecimiento de la industria periodística, no como un reclamo sectorial, sino como un mandato de raigambre constitucional, una preocupación que hoy recorre a los países de Occidente y que tiene que ver con uno de los principios esenciales de la democracia liberal", agregó el presidente de Adepa ante directivos y representantes de medios de todo el país reunidos en el auditorio del hotel Bagu Urbano.

"Elecciones libres, división de poderes, seguridad jurídica, justicia independiente y prensa libre son distintas caras de ese poliedro. Y la prensa profesional tiene un rol insustituible, porque además de su rol en la auditoría de la cosa pública, está llamada a aportar racionalidad a un debate informado de la sociedad, un debate basado en hechos, datos y opiniones argumentadas. Un debate que trascienda el grito, el insulto y el anonimato".

En su mensaje ante los asambleístas reunidos en Posadas, Etchevers enumeró y explicó las acciones institucionales realizadas. "La sustentabilidad de la prensa está sujeta a múltiples desafíos, tecnológicos, comerciales, de modelo de negocios, de uso de nuestra propiedad intelectual, de intermediación opaca de algoritmos. Nuestra tarea está abocada a identificar, señalar y proponer caminos para abordar cada uno de esos retos. Y finalmente, estamos abocados en brindar herramientas para que nuestros socios puedan abordar desde sus propias estructuras empresariales y editoriales los grandes cambios que plantea la revolución digital, la IA y los cambios en el consumo y la distribución de la información. Nuestras áreas de desarrollo y capacitación dan cuenta de ello".

Comentó que Adepa creó hace más de tres años el Observatorio de la Sustentabilidad de la Industria Periodística, coordinado por Guillermo Ignacio, e integrado por varios miembros de su Consejo Ejecutivo. "Este observatorio ha trabajado sistemáticamente en el monitoreo de la evolución de varios indicadores y aspectos económicos de la industria, como la comunicación institucional del Estado, la transformación de los medios impresos y la aparición de medios nativos digitales", detalló.

"En el sistema constitucional argentino, la publicidad de los actos de gobierno es una obligación del Estado para transparentar la gestión pública, brindar servicios a los ciudadanos y permitir a la sociedad auditar las políticas de gobierno", dijo Etchevers.

Otro tema abordado a lo largo del período tuvo que ver con el reclamo de los medios informativos para que las plataformas digitales los compensen por la utilización y distribución de sus contenidos, una cuestión cada vez más relevante en todo el mundo.

"Es un área clave de nuestra labor institucional -destacó Etchevers–, debemos continuar defendiendo del derecho de los editores sobre el valor de los contenidos en el ecosistema digital y el reconocimiento de estos derechos por parte de las plataformas, que ahora incluyen también a la Inteligencia Artificial".

Si bien Adepa ha resaltado públicamente que algunas compañías digitales globales han comenzado a dar pasos hacia el reconocimiento de los derechos de autor en internet, la organización continúa abogando para que esto se refleje de manera más sustancial en las ecuaciones económicas de las empresas periodísticas. "Un ejemplo de la complejidad de esta situación es el retiro de Meta de los acuerdos con medios en todo el mundo, lo que ha generado nuevas incertidumbres en la industria".

A pesar de estos desafíos, Adepa ha logrado establecer alianzas con plataformas digitales para apoyar los procesos de transformación de medios en todo el país y facilitar el acceso a oportunidades de financiamiento y formación profesional. A través de proyectos como Google News Initiative, que se ha implementado por octavo año consecutivo, los socios de Adepa han podido acceder a beneficios concretos y capacitación de alto nivel.

Promediando su informe, el presidente de Adepa se refirió a un hito institucional del que recientemente se cumplieron tres décadas. "En agosto pasado se cumplieron 30 años de la Convención Constituyente de 1994, y desde la entidad reflexionamos sobre el papel que tuvo Adepa en aquél relevante acontecimiento social y político. Guillermo Ignacio, entonces presidente de Adepa, lideró la comitiva de la entidad en Santa Fe, en la que además participaron varios referentes de la industria que ya no están entre nosotros".

La Convención de 1994 fue una bisagra histórica para Adepa en su defensa de las garantías constitucionales de las libertades de prensa y de expresión. Libertades, en palabras de nuestro histórico constitucionalista Gregorio Badeni, "angulares y estratégicas", porque implican un reaseguro para el ejercicio de los demás derechos, además de ser en sí mismas fundamentales para la vigencia de la democracia republicana.

"Nuestra entidad trabajó incansablemente durante esas jornadas presentando su perspectiva a los convencionales, proponiéndoles buscar fórmulas que no renegaran de la modernidad pero que al mismo tiempo no pusieran en riesgo las Declaraciones, Derechos y Garantías que habían demostrado ser el mejor aliado de la expresión de ciudadanos y periodistas", señaló Etchevers. "La agudeza de nuestros expertos –agregó– nos hizo prestar atención a institutos desconocidos, como el hábeas data, en un contexto político en el que se hablaba de avanzar sobre los archivos de los medios. Y nos impulsó a proponer la búsqueda de una solución superadora, que terminó consagrando un derecho de vanguardia, que ha sido y sigue siendo un resguardo central para la investigación periodística: el secreto de las fuentes".

Elon Musk, propietario de la plataforma X (antesTwitter), exigió el domingo (07.04.2024) la dimisión o destitución del juez Alexandre de Moraes, miembro de la máxima corte de Brasil, a quien acusa de "censura" por el bloqueo de cuentas de su plataforma sospechosas de difundir desinformación.

Coming shortly, 𝕏 will publish everything demanded by @Alexandre and how those requests violate Brazilian law. This judge has brazenly and repeatedly betrayed the constitution and people of Brazil. He should resign or be impeached.Shame @Alexandre, shame.

"Este juez ha traicionado descarada y repetidamente la Constitución y al pueblo de Brasil. Debería dimitir o ser destituido", afirmó el también jefe de la fabricante de autos eléctricos Tesla y la aeroespacial SpaceX en la red social que adquirió mayoritariamente en 2022. El multimillonario también prometió publicar próximamente "todas las solicitudes (judiciales) de Alexandre de Moraes y cómo estas solicitudes violan la ley".

Why are you doing this @alexandre? https://t.co/5VsqUPivU7

El 6 de abril por la noche, Musk inició una serie de ataques contra el alto magistrado en X, en particular diciendo que iba a impugnar sus decisiones legales "levantando todas las restricciones" que le impusieron, aunque sin dar mayores detalles.

Ante esto, el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) ordenó este domingo investigaciones contra Musk por sus ataques a la Justicia brasileña y su amenaza de no obedecer determinaciones para bloquear cuentas en la red social. Las investigaciones por los supuestos delitos de "manipulación criminal y dolosa" de la plataforma X y obstrucción a la justicia fueron ordenadas por Alexandre de Moraes.

Juez de carácter férreo y figura divisiva -tiránico para algunos y ferviente defensor de la democracia para otros- Alexandre de Moraes es uno de los 11 miembros del STF. También, preside el Tribunal Superior Electoral (TSE), encargado de organizar y supervisar las instancias de votación popular.

El funcionario ha encabezado la lucha contra la desinformación en Brasil, en los últimos años, y ordenó el bloqueo de cuentas de figuras influyentes en las redes sociales, la mayoría simpatizantes del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022). Este último fue declarado inelegible en junio de 2023 por el TSE, acusado de haber difundido información falsa sobre el sistema electoral brasileño.

Bolsonaro también está siendo investigado por un "intento de golpe" para evitar su derrota electoral ante el actual presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, en octubre de 2022 tras la invasión de una multitud de sus partidarios a las sedes de los tres poderes, en Brasilia.

La Autoridad Paquistaní de Telecomunicaciones (PTA) bloqueó el servicio nacional de la enciclopedia en línea Wikipedia. La decisión fue tomada luego la página no cumpliera con el plazo de 48 horas que se le había otorgado para retirar un contenido considerado “blasfemo”.

La blasfemia es un asunto sensible en Pakistán, de mayoría musulmana, y profundamente conservador. Gigantes de internet como Facebook y YouTube fueron censurados por publicar contenido considerado sacrílego.

El ente le había dado plazo a Wikipedia hasta anoche para retirar ese contenido, sobre el cual no se conocieron los detalles.

La Fundación Wikimedia, que gestiona Wikipedia, lamentó la decisión, que “niega al quinto país más poblado del mundo el acceso al mayor repertorio de conocimientos libre”. “Si esto continúa, privará a todo el mundo en Pakistán del conocimiento, la historia, la cultura”, afirmó la organización en un comunicado.

Los defensores de la libertad de expresión critican desde hace tiempo la censura impuesta por los diferentes gobiernos y su control de Internet y los medios de comunicación.

El activista por los derechos digitales Usama Khilji afrimó que “el objetivo principal es silenciar a cualquier disidente”. “Muchas veces se utiliza la blasfemia como arma arrojadiza con ese fin”, subrayó.

En 2010, Pakistán bloqueó Facebook durante dos semanas por una publicación supuestamente blasfema.

En el caso de YouTube estuvo inaccesible de 2012 a 2016 debido a la difusión de una película amateur islamófoba que desencadenó violentas protestas en numerosos países.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Un colectivo de empleadas y empleados de Pixar denunciaron este jueves a través de un comunicado público a Disney, a la que acusaron de censurar y eliminar en sus contenidos toda expresión vinculada con la comunidad LGBTIQ+, “aun cuando surgen protestas de los equipos creativos y de los líderes ejecutivos” durante el proceso de producción.

“En Pixar fuimos testigos de historias hermosas, repletas de personajes diversos, que fueron revisadas por corporativos de Disney y hechas trizas” en comparación a lo que había sido pensado originalmente, aseguraron los denunciantes, quienes además consideraron que “incluso si la producción de contenido LGBTIQ+ fuera la solución frente a las leyes discriminatorias en el mundo, se nos prohíbe crearlo”.

Según dio a conocer el sitio especializado Variety, los trabajadores de la compañía decidieron confeccionar la carta a raíz de un memo enviado días atrás por Bob Chapek, CEO del gigante del Ratón Mickey, con relación a la aprobación legislativa en Florida del proyecto conocido como “Don’t Say Gay” (“No digan gay”, en español).

La controversial iniciativa, que el Partido Republicano logró imponer en el Senado estatal y que contó con impulsores vinculados a Disney, lleva como título oficial “Ley de Derechos de los Padres en la Educación”, y establece que los distritos escolares tienen prohibido alentar conversaciones sobre temas como la orientación sexual o la identidad de género en la educación primaria o de una forma “inapropiada” para la edad de los estudiantes.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video link=”https://youtu.be/XAFeA70pGZA”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Tras la fuerte reacción que suscitó el caso tanto por parte de alumnos y alumnas como de docentes y otros integrantes del sistema educativo, Chapek expresó que el “mayor impacto” que Disney podría promover a la hora de “crear un mundo más inclusivo” es mediante “la producción de contenido inspirador”.

Rápidamente, los empleados de Pixar resolvieron señalar las contradicciones entre esos discursos y las realidades que experimentan de manera cotidiana, que contradicen el interés de los creativos por generar materiales que incluyan demostraciones de afecto entre personajes del mismo género.

Hasta la actualidad, Pixar sólo presentó unos pocos roles LGBTIQ+ en sus largometrajes, con el notable ejemplo de la cinta de fantasía “Unidos” (2020), en la que Lena Waithe pone su voz a un personaje de orientación homosexual.

“Llamamos a los líderes de Disney a retirar inmediatamente su apoyo financiero a aquellos legisladores que sostienen el proyecto de ley, a denunciarlos públicamente y a compensar su involucramiento”, continuaron los trabajadores en el comunicado.

En ese sentido, agregaron que “si Disney es genuino en cuanto a sus valores, tomará una postura pública y decisiva en contra de las legislaciones discriminatorias, y ofrecerá un apoyo tangible para las comunidades LGBTIQ+ afectadas por las leyes fanáticas que están expandiéndose en Estados Unidos. Muchos grupos de odio están intentando erradicarnos a través de las leyes, y necesitamos que nos acompañen sin palabras vacías”.

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