María Cecilia Vranicich estuvo presente en un encuentro de intercambio que mantuvieron el Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República de Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal –del cual Vranicich es vicepresidenta–, con el nuevo titular del Ministerio de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques.

Fue durante la mañana de este jueves en la sede del Ministerio de Justicia de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Vranicich destacó que “para los ministerios públicos es fundamental trabajar de forma coordinada con los diferentes niveles del Estado”, y valoró que “el flamante ministro de Justicia nos haya recibido”.

En tal sentido, agregó que “por su trayectoria al frente del Ministerio Público Fiscal de CABA, conoce el tipo de desafíos que debemos afrontar desde nuestras instituciones”.

Mahiques presidió el encuentro en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Foto: MPA

Luego del encuentro con Mahiques, el Consejo de Procuradores y Fiscales Generales y el Consejo de Política Criminal mantuvieron una reunión interna.

En ese marco, se ratificó la decisión de realizar las XXXVIII Jornadas Nacionales de Ministerios Públicos Fiscales y Narcocriminalidad el jueves 1 y el viernes 2 de octubre en Rosario.

(Por Juliano Salierno) - La reforma constitucional que transformó de raíz el sistema de justicia en la provincia de Santa Fe marca un hito en la historia política local: por primera vez, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio Público de la Defensa (MPD) fueron reconocidos constitucionalmente como órganos autónomos, independientes y extrapoder, con respecto de los tres poderes clásicos del Estado.

La pugna por esta autonomía se aceleró en los primeros meses de 2025, en el marco de la Convención Constituyente Reformadora que sesionó entre julio y septiembre con el mandato de modernizar la Carta Magna santafesina.

La Defensora General, Moreno Robinson, en la toma de juramento a nuevos defensores públicos. Foto: Prensa MPD

Allí, el destino institucional de los organismos de acusación y defensa penal fue uno de los debates de mayor repercusión, tensionando posiciones entre convencionales, autoridades judiciales y representantes de los organismos jurídicos.

En abril de 2025, y en medio de la expectativa por la reforma, los fiscales del MPA difundieron un comunicado institucional en el que plantearon la necesidad de que el organismo deje de formar parte de cualquier poder estatal tradicional.

El texto reafirmó la voluntad de que el Ministerio Público de la Acusación sea considerado “un órgano extrapoder”, subrayando que debe gozar de “independencia, autonomía funcional y autarquía financiera”.

La reacción institucional se produjo tras unas declaraciones del nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia provincial, Rubén Weder, quien había sugerido la posibilidad de que el MPA pudiera depender del Poder Judicial o incluso del Ejecutivo, remitiendo la definición a la futura Constitución.

El 10 de septiembre de 2025, la Convención aprobó el nuevo texto constitucional provincial. Foto: Prensa MPD

En ese contexto, el MPA sostuvo en el comunicado que “las manifestaciones de los funcionarios públicos deben procurar mantener un marco de respeto recíproco y republicano de las funciones institucionales”.

Paralelamente, el Servicio Público Provincial de Defensa Penal, que había articulado su posición institucional mediante otro comunicado dirigido a los convencionales, reclamó igualmente que el Ministerio Público de la Defensa sea reconocido con autonomía funcional, autarquía financiera e independencia respecto de los tres poderes del Estado.

El debate en la Convención Constituyente no estuvo exento de controversias. Uno de los centros del contrapunto fue precisamente si el MPA y el MPD debían quedar dentro del Poder Judicial o bien ser considerados órganos extrapoder con plena autonomía institucional.

Según una crónica de El Litoral, en ese espacio hubo posiciones divergentes incluso dentro del oficialismo, aunque predominó un acuerdo para incluir la expresión “órgano extrapoder” en el texto constitucional final, en consonancia con el planteo sostenido por la Fiscal General María Cecilia Vranicich.

Vranicich, junto al Dr. Julio de Olazábal, primer Fiscal General del MPA. Foto: El Litoral

La discusión se centró también en la representación y control del desempeño de fiscales y defensores, un punto que implicaba repensar los mecanismos de selección y remoción de sus titulares.

En ese marco, hubo debates sobre si un organismo como un Consejo de la Magistratura o un Consejo Asesor debía intervenir, y bajo qué condiciones, en la propuesta institucional del nuevo esquema del Ministerio Público.

El 10 de septiembre de 2025, la Convención aprobó el nuevo texto constitucional provincial.

El cambio más significativo para los ministerios públicos fue la incorporación de un capítulo específico que dota de rango constitucional al Ministerio Público como un organismo independiente, dividido en el MPA y el MPD, con autonomía funcional, autarquía financiera y fuera de la órbita del Poder Judicial y los demás poderes tradicionales.

Además, se incluyeron disposiciones transitorias que establecieron el marco para la transición hacia el nuevo régimen institucional.

El reconocimiento como órgano extrapoder implica que ambos organismos tienen ahora capacidad de elaborar y ejecutar su propio presupuesto, seleccionar y remover a sus integrantes mediante procedimientos técnicos y autónomos, y definir su estructura interna sin injerencias del Ejecutivo, Legislativo o Judicial.

La ratificación pública de este cambio se materializó en actos solemnes celebrados en septiembre y octubre de 2025.

El 27 de septiembre, la Fiscal General María Cecilia Vranicich encabezó, en el Museo de la Constitución de Santa Fe, la primera ceremonia de jura de fiscales bajo la nueva Carta Magna, un hecho inédito que consolidó el papel del MPA como órgano autónomo.

Estrella Moreno Robinson juró ante el gobernador el 12 de septiembre. Foto: El Litoral

En esa ocasión, Vranicich declaró ante la prensa: “Estamos ante un salto de calidad institucional enorme”, destacando la importancia histórica del momento y la decisión de los convencionales de reconocer al MPA como órgano extrapoder.

Días después, el 7 de octubre, la Defensora General Estrella Jorgelina Moreno Robinson encabezó un acto similar para autoridades y funcionarios del MPD, reafirmando el compromiso del Ministerio Público de la Defensa con el nuevo orden constitucional y con la plena vigencia de sus funciones en un marco de independencia institucional.

La transformación institucional impulsada en Santa Fe no solo rediseña el mapa del sistema de justicia provincial, sino que también refuerza los estándares de acceso a la justicia, imparcialidad y defensa de derechos.

El reconocimiento constitucional de los ministerios públicos extrapoder responde, según sus referentes, a la necesidad de garantizar que la persecución penal y la defensa técnica se ejerzan con plena autonomía institucional, reforzando la independencia de los operadores judiciales frente a influencias políticas o administrativas.

Este proceso constituyó, sin dudas, uno de los capítulos más relevantes del debate institucional santafesino en décadas, y coloca a la provincia en la vanguardia de las reformas judiciales en Argentina, al consagrar una figura moderna de órganos fiscales y defensores integrados bajo un paraguas institucional sólido, autónomo y constitucionalmente protegido.

El proceso de modernización del sistema de justicia penal en Santa Fe se inició con la reforma del Código Procesal Penal a fines de los años 2000, impulsada para transitar a un sistema penal acusatorio.

Esta reforma incluyó la creación del Ministerio Público de la Acusación mediante la Ley Provincial N° 13.013 sancionada el 24 de septiembre de 2009, y la creación del Servicio Público Provincial de Defensa Penal (ley 13.014).

Ambos organismos comenzaron a funcionar -dentro del Poder Judicial- formalmente el 10 de febrero de 2014, durante la gestión del entonces gobernador Antonio Bonfatti, consolidando la estructura acusatoria que la reforma procesal penal venía gestando.

El 10 de septiembre de 2025 se sancionó la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe, en la cual se reconoce expresamente al Ministerio Público como un órgano independiente de los tres poderes clásicos del Estado, compuesto por el MPA y el MPD, independientes entre sí y dirigidos por un Fiscal General y un Defensor General respectivamente.

El Poder Ejecutivo ingresó a media tarde de este martes a Legislatura los doce pliegos para ocupar los cargos vacantes en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y en el Servicio Público de Defensa Penal. Postuló a María Cecilia Vranicich y a Estrella Moreno Robinson, respectivamente, para la conducción provincial de ambos institutos.

La cabeza de ambos organismos del sistema de justicia penal en manos de mujeres es la mayor novedad y en una primera ronda de consultas legislativas parece claro el respaldo a esos dos nombres como así también a los otros diez pliegos enviados por el gobernador Omar Perotti, seleccionados entre las ternas elaboradas por el Consejo de la Magistratura, en un proceso que tuvo mucho ruido al inicio y que debió ser reconducido en las primeras semanas del año por la ministra de Gobierno, Celia Arena, y el fiscal de Estado, Rubén Weder.

Para el MPA, el Ejecutivo propone ahora a Leandro Mai como auditor general, tarea que hasta el 20 de abril desempeñará Vranicich. Jorge Nessier es propuesto como fiscal regional N° 1 con sede en Santa Fe; María Eugenia Iribarren como regional 2 (Rosario); Matías Merlo en la 3 (Venado Tuerto); Rubén Martínez en la 4 (Reconquista) y Orlando Toniolo en la 5 (Rafaela).

En el caso de la Defensa Penal, además de Moreno Robinson como general, los propuestos son Jorge Miró (Regional 1); Gonzalo Armas (Regional 2); María Valeria Lapissone (Regional 4) y Carlos Flores Zanella (Regional 5). La defensoría regional con sede en Venado Tuerto no se renueva en esta ocasión debido a que Mariano Mascioli tiene aún dos años de mandato.

El miércoles próximo, la Comisión de Acuerdos se reunirá para empezar el análisis de los candidatos y fijar los tiempos del tratamiento de impugnaciones y entrevistas. Seguramente la Asamblea Legislativa será convocada para el 13 de abril. Todos los mandatos actuales -excepto el del regional Martínez- vencen el 20 de abril y el objetivo del Poder Ejecutivo es tener en esa fecha ya las designaciones aprobadas. Martínez tiene mandato hasta el 1 de agosto.

“En cada una de las ternas, todas las personas estaban en condiciones por su idoneidad, por su trayectoria, para desempeñar el cargo para lo que habían sido ternados”, destacó la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena al dar a conocer los postulantes. Perotti no eligió en todos los lugares a los primeros nominados por el jurado.

Precisamente en las conducciones provinciales de los organismos, los pliegos enviados de las dos mujeres no estaban en primer lugar, pero los nombres ubicados en primer lugar de ambos concursos corrían serio riesgo de no reunir la mitad de los miembros de la Asamblea Legislativa. Tanto Roberto Prieu Mántaras como Gustavo Francescheti tenían objeciones de diversos sectores políticos de la Legislatura y Perotti parece haber optado por escuchar las posturas de los diferentes sectores políticos y garantizar que no haya acefalías el 20 de abril en los organismos encargados del procedimiento penal en la provincia.

Vranicich integra hoy el MPA como auditora y Moreno Robinson es la defensora regional de Rafaela contando además con amplia experiencia internacional.

“Fue un proceso muy intenso. El año pasado tomamos el compromiso de avanzar respecto a la instrumentación de este concurso tan pero tan importante, porque se trata de las autoridades superiores del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa Pública, centrales en la institucionalidad de la provincia. Ordenamos el proceso” destacó la ministra para luego agradecer a los colegios de abogados, de magistrados y a las dos universidades públicas con sede en la provincia que participaron de los jurados para cubrir los lugares que habían quedado vacantes. Destacó que las entrevistas a los postulantes fueron transmitidas y están a disposición en el canal de YouTube de la provincia.

Arena subrayó que elegir dentro de las ternas fue un trabajo intenso. “Todos y todas quienes conformaron la terna tuvieron no solamente sus antecedentes, sino sus planes de trabajo, la oposición, las entrevistas fueron excelentes. Cualquiera de esas personas podría haber cumplido la función para la que fue designada”. Reconoció que definir fue un proceso complejo donde se conjugaron perfiles, trayectorias, compromiso con el futuro, experiencia en cada uno de los lugares.

La ministra reconoció que el Ejecutivo ha tenido diálogos con los sectores políticos que conforman las dos cámaras legislativas. “Son diálogos que a veces son simples, a veces no; hay acuerdos, otras veces no, pero la responsabilidad de tomar esta decisión es del gobernador que tomó la decisión teniendo en cuenta todas las voces, todas las opiniones, pero también tomando la responsabilidad que le compete en este caso que es enviar estos nombres”, acotó.