La Justicia federal le ordenó este martes al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario y dejó sin efecto, de forma cautelar, el decreto que había suspendido la actualización de salarios docentes y becas estudiantiles.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, a cargo del juez Martín Cormick, en el marco de una acción de amparo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades del sistema universitario, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.

El magistrado declaró inaplicable el decreto 759/2025 en cuanto condicionaba la ejecución de la ley 27.795 a la definición previa de las fuentes de financiamiento por parte del Congreso.

Vista de una de las marchas universitarias en las calles de la ciudad de Santa Fe. Foto: Archivo / Manuel Fabatía.

Según el fallo, la suspensión dispuesta por el Ejecutivo aparece, en esta etapa preliminar del proceso, como una conducta arbitraria y contraria a la Constitución.

El juez sostuvo que, tras la insistencia legislativa de ambas cámaras, prevista en el artículo 83 de la Constitución, “no admitiría, a priori, una variante suspensiva” para la promulgación y aplicación de la norma.

La resolución hizo lugar a la medida cautelar y ordenó al Estado cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de las remesas destinadas al pago de salarios docentes y la recomposición automática de las becas estudiantiles. La cautelar tendrá vigencia hasta el dictado de la sentencia definitiva.

Cormick señaló que el incumplimiento del deber normativo ocasiona “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, al advertir sobre la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los ingresos del colectivo afectado.

Añadió que esa situación compromete derechos laborales protegidos por la Constitución y por tratados internacionales de derechos humanos.

Vista desde el drone de El Litoral de una de las marchas universitarias pidiendo por la lay de financiamiento. Foto: Archivo / Fernando Nicola.

El juez también rechazó el argumento del interés público esgrimido por el Gobierno y sostuvo que el deterioro salarial impacta no solo en los trabajadores universitarios, sino también en el derecho a enseñar y aprender. En ese sentido, indicó que el eventual ahorro fiscal tendría una incidencia reducida, estimada en alrededor del 0,23 % del PBI.

Asimismo, la resolución cuestionó la medida del Ejecutivo por considerar que podría vulnerar el principio de división de poderes, al intentar condicionar la vigencia de una ley insistida por el Congreso mediante una norma de jerarquía inferior.

El fallo aclaró que la medida se dicta en un estado preliminar del proceso y no implica adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión, pero consideró reunidos los requisitos legales para conceder la cautelar y ordenar el cumplimiento inmediato de la ley.

La Sala de Feria de la Cámara Nacional del Trabajo dictó una nueva medida cautelar haciendo lugar al pedido de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA), la cual frena las reformas laborales impulsadas por el DNU del presidente Javier Milei.

En el mismo sentido que lo hizo con el pedido de la CGT este miércoles, el Tribunal dispuso la cautelar para frenar las reformas laborales “contenidas en su título IV Trabajo hasta tanto se dicte la resolución de fondo”.

En los argumentos de la resolución, los jueces advierten “los graves riesgos de que el conflicto social - ya avizorado en los últimos días del 2023- se acreciente y/o derive en hechos de violencia inusitada”.

La presentación de la CTA de la mano de Hugo Yasky fue en el mismo sentido que lo había hecho la CGT, por eso hubo sendas resoluciones siguiendo el mismo criterio.

“Hecha pública la convocatoria a un paro general por las centrales obreras para el 24 de enero en curso y habiendo dispuesto la CSJN no dar tratamiento inmediato al proceso originario habilitado ante su sede con motivo del DNU cuestionado, el peligro en la demora es aún mayor teniendo en cuenta las importantes modificaciones introducidas por el DNU”, advirtieron los camaristas al fundar la cautelar dictada en pleno receso judicial de verano.

Lo que se prevé y tal cual lo comunicaron fuentes de la Procuración del Tesoro, es que tanto ésta resolución como aquella otra en que hace lugar al pedido de la CGT va a ser apelada mediante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para lo cual cuentan con tres días una vez notificado.

No obstante, ante un planteo del Gobierno de La Rioja es que la Corte Suprema dijo que no intervendrá hasta después de la feria judicial de verano y una vez que haya dictaminado el Procurador General de la Nación.

Mientras tanto, a raíz del fallo de ayer y este otro de la Cámara, las reformas laborales contempladas en el DNU por el momento van a ser suspendidas.

El Gobierno nacional informó este jueves que apelará la resolución de la jueza federal con competencia electoral María Servini, quien hizo lugar a una medida cautelar y dictó una “orden de restricción” preventiva disponiendo que el ministro de Cultura, Tristán Bauer, se abstenga de implementar la entrega de 5.000 pesos en el marco del programa “Más Cultura Joven”, por supuestamente infringir la veda previa a los comicios del 14 de noviembre. Con ese anuncio “no se violó ni se rompió ninguna veda. Se realizó conforme a los tiempos y formas que impone la Ley Electoral porque es un programa que de ninguna manera busca promover la captación del voto en las próximas elecciones”, sostuvo en un comunicado el Ministerio de Cultura. Y añadió que “recurriremos a todas las vías legales necesarias para apelar esta medida cautelar que intenta impedir la posibilidad de miles de jóvenes de ejercer a pleno el derecho a disfrutar de prácticas, bienes y servicios destinados a fortalecer la inclusión en la Argentina”. “El programa Más Cultura, implementado por el Ministerio de Cultura, en colaboración con la ANSES y el Banco Nación, es una política pública pensada, diseñada y elaborada con dos principios fundamentales: por un lado, impulsar y fortalecer la producción de uno de los sectores más castigados por la pandemia, como es el de las industrias culturales, que se traduce directa o indirectamente en más y mejores puestos de trabajo para artistas, trabajadores y trabajadoras de la cultura al generar nuevos públicos”, dijo la cartera de Bauer. Añadió que otro objetivo es “promover la inclusión de más de 1 millón y medio de jóvenes que, a través de esta medida, puedan disfrutar de ir al cine, al teatro, a un recital, comprar un libro, la entrada de un espectáculo, porque entendemos que la cultura la hacemos todos y todas y tenemos derecho a disfrutarla todos y todas”. “Se trata de una política similar a la que se realiza en países como Francia, España, Brasil y Uruguay e inclusive en otros distritos de la Argentina, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se está implementando en la actualidad”, aseveró. Especificó que “Más Cultura fue anunciado el 14 de octubre pasado en la sala de conferencias de la Casa Rosada y desde el 19 de octubre se abrió su inscripción, en la cual ya se anotaron más de 320.000 jóvenes para recibir el beneficio. No se violó ni se rompió ninguna veda. Se realizó conforme a los tiempos y formas que impone la Ley Electoral porque es un programa que de ninguna manera busca promover la captación del voto en las próximas elecciones, sino garantizar el derecho de acceso a bienes culturales por parte de las y los jóvenes de manera igualitaria y simplemente cumpliendo con los requisitos objetivos que exige el programa”. Cultura resaltó que “cabe destacar que el desarrollo de esta política forma parte de las múltiples y variadas medidas prácticas y acciones que realiza este Ministerio desde el inicio de su gestión, atento a las particularidades de cada momento y sin perjuicio de romper ninguna veda vigente”. “En esta línea, el Gobierno nacional invirtió 20.900 millones de pesos durante la emergencia sanitaria alcanzando a más de 162 mil artistas, trabajadores y trabajadoras de la cultura con políticas tales como Cultura Solidaria, Fortalecer Cultura, Sostener Cultura, más de 6 mil espacios y organizaciones culturales con programas como Puntos de Cultura, Fondo Desarrollar, Plan Podestá, Apoyos Conabip, entre otros y más de 7.700 empresas culturales a través de ATPs y Repro II”, detalló.

Con información de Télam