(Por María José Valdéz) - Cristina Fernández de Kirchner volvió a colocar en el centro de la escena la discusión sobre el funcionamiento del sistema judicial argentino. Al presentarse ante el Tribunal Oral Federal 7, la ex mandataria no sólo defendió su posición en el marco de la causa Cuadernos, sino que además profundizó sus críticas hacia el accionar de jueces y fiscales. En ese contexto, lanzó una frase que marcó el tono de su intervención: aseguró que el proceso está atravesado por “prácticas mafiosas”.

Durante su declaración, la ex presidenta vinculó el avance de la causa con lo que definió como un escenario de persecución judicial. Según planteó, existe una articulación entre sectores del Poder Judicial y factores de poder político y económico que condicionan las decisiones. En esa línea, apuntó directamente contra el ex juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, a quienes responsabilizó por la instrucción del expediente.

“Vengo en calidad de detenida”, expresó al iniciar su intervención, en una frase que rápidamente se replicó en el ámbito político y mediático. A partir de allí, desplegó un discurso centrado en cuestionar la legitimidad del proceso y en advertir sobre un supuesto deterioro institucional en la Justicia.

Kirchner calificó a la causa Vialidad como “emblemática” dentro de lo que considera una estrategia de persecución judicial. Sin embargo, sostuvo que el caso Cuadernos representa un “estadio superior”, en el que —según su visión— se habrían manipulado pruebas para sostener acusaciones.

En ese sentido, afirmó que Bonadio y Stornelli realizaron un “manejo criminal de la figura del arrepentido”. De acuerdo con su interpretación, los testimonios de imputados colaboradores no se ajustaron a criterios de legalidad, sino que habrían sido obtenidos bajo presión. “Hay jueces que responden a directivas políticas y económicas”, insistió.

La causa investiga presuntos sobornos en la obra pública entre 2003 y 2015. Foto: Reuters

La defensa de la ex presidenta, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, también planteó objeciones concretas. Entre ellas, cuestionó la autenticidad de los cuadernos que dieron origen a la investigación y sostuvo que las declaraciones de los imputados fueron realizadas en condiciones irregulares. Estos argumentos formaron parte del pedido de nulidad que fue rechazado, lo que derivó en la citación a esta instancia del proceso.

El Tribunal Oral Federal 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, deberá resolver los planteos preliminares antes de avanzar en el desarrollo del juicio. En este expediente se investiga una presunta red de sobornos vinculada a la obra pública entre 2003 y 2015, con la participación de ex funcionarios y empresarios.

Además de Cristina Kirchner, también están convocados otros imputados de alto perfil, como el ex ministro de Planificación Julio De Vido. La magnitud del caso y el peso político de los involucrados convierten al proceso en uno de los más relevantes del escenario judicial actual.

Militantes se concentraron frente a su domicilio en señal de apoyo. Foto: Reuters

En paralelo, la situación también tuvo repercusiones fuera de los tribunales. Desde temprano, militantes y seguidores de la ex presidenta se concentraron en las inmediaciones de su domicilio, en el barrio porteño de Constitución. Allí expresaron su respaldo y cuestionaron al gobierno nacional, al que acusan de utilizar la causa con fines políticos.

Mientras tanto, el clima de polarización vuelve a escalar. Las declaraciones de Kirchner reavivan el debate sobre la independencia judicial, el uso de la figura del arrepentido y el rol de los tribunales en causas de alto impacto institucional.

El año 2025 encontró a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el centro de múltiples titulares por decisiones judiciales de alto impacto, esporádicas declaraciones de sus ministros (ineludiblemente medidas y sopesadas con avidez y aprensión), y una fuerte controversia por designaciones sin acuerdo legislativo.

También, un descubrimiento inesperado de material relacionado con el nazismo en los archivos del tribunal. El hallazgo, considerado de trascendencia histórica y global, se suma a una agenda institucional cargada de debates sobre transparencia, memoria histórica e independencia judicial.

En un acto resonante (al que erróneamente se otorgó carácter “de fondo”, cuando en rigor fue la ratificación de lo actuado por órganos inferiores), la Corte dejó firme en junio la condena contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, confirmando una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Cristina Fernández de Kirchner, y los tradicionales saludos desde el balcón de su domicilio, donde cumple prisión domiciliaria. Reuters

La decisión, tomada por el pleno del tribunal, generó amplio debate político y social sobre la justicia en casos de corrupción de alto perfil. Y habilitó otros debates colaterales, vinculados a la modalidad de cumplimiento efectivo de la pena, televisado con las cámaras apuntando al balcón del departamento de la ex mandataria.

Rosatti definió el Juicio a las Juntas, otro de los hitos históricos del año al cumplirse 40 años, como un caso “ejemplar” de justicia transicional. Archivo El Litoral.

En declaraciones a medios nacionales, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, subrayó la necesidad de preservar la independencia judicial y de proteger las garantías constitucionales, afirmando que el tribunal “defiende la libertad de expresión y las garantías individuales sin oponerse a los otros poderes del Estado”.

Estas aseveraciones cobraron particular relieve a partir de otro debate de fondo, que se generó a partir de la prohibición de la difusión de audios de Karina Milei, mediante una cautelar de alcance indeterminado.

En forma paralela a los firmes pronunciamientos de entidades periodísticas y del mundo del derecho en defensa de la libertad de expresión y en contra de cualquier intento de censura previa, se puso de resalto la profusa y contundente jurisprudencia del Máximo Tribunal. Finalmente, la cautelar fue levantada.

La controversia institucional había tenido un pico en febrero, cuando el presidente Javier Milei designó por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como ministros de la Corte sin acuerdo parlamentario, una decisión inusual en contextos democráticos.

El Senado finalmente rechazó sus pliegos, y la polémica derivó en recursos judiciales y cuestionamientos sobre la constitucionalidad de la medida y el equilibrio de poderes.

A tal punto que Lijo nunca llegó a asumir (la propia Corte demoró ese paso, condicionándolo a su previa renuncia a la Justicia Federal, que no sucedió), pero García-Mansilla sí, y hasta participó de una reunión de Acuerdo y estampó su firma en decisorios del Tribunal. Tras el rechazo del Senado, se retiró discretamente.

Manuel García-Mansilla, Ricardo Lorenzetti, Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Rosatti, durante la apertura del 143 período de sesiones ordinarias del Congreso. Xinhua.

En ese marco, Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte, sostuvo públicamente la necesidad de completar los integrantes del tribunal con criterios de diversidad de género y representación, al mismo tiempo que rechazó que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fuera tratada como “presa política”, defendiendo el rol autónomo del Poder Judicial.

Lorenzetti, señalado como impulsor de la candidatura de Lijo, sostuvo durante el año una dura interna con los otros dos miembros de la Corte, que se arrastra desde hace varios años y quedó de manifiesto públicamente a fines de 2024, por cuestiones organizativas internas y en el marco de la salida de Juan Carlos Maqueda.

Aún así, el enfrentamiento no bloqueó la tarea jurisdiccional, obligada a la unanimidad de los tres jueces, para compensar los dos cargos vacantes y no necesitar acudir a conjueces.

En este contexto, la Corte siguió acogiendo y acumulando durante el período una serie de reclamos de distintas provincias contra el Estado nacional, fundamentalmente por cuestiones previsionales, distribución de recursos o recorte de fondos. Entre ellos, el que sostiene Santa Fe por el pago de la deuda previsional acumulada, y también la remisión periódica de fondos.

Maximiliano Pullaro compareció ante la Corte Suprema de Justicia por la deuda que mantiene Nación con la provincia. Lo hizo acompañado por dos ex mandatarios: Antonio Bonfatti y Omar Perotti. Archivo El Litoral

Pero además, tarde o temprano el Alto Tribunal deberá sentar criterio definitivo sobre las reformas que lleva adelante el gobierno nacional, y las que tiene en proceso, muchas de las cuales han sido objetadas e incluso ya tienen pronunciamientos en contra en sede judicial.

Esto aplica incluso al mismo DNU 70/2023, para lo cual (según confirmó el propio Rosatti en recientes declaraciones), están esperando que se complete el trámite constitucional en el parlamento. Otro tanto corre para la ley Bases y sus derivaciones.

Fuera de lo cual, Rosatti, además de insistir en la necesidad de cubrir las vacantes en el fuero federal y ratificar la independencia absoluta del Poder Judicial (“sólo miro la ley y la Constitución”), formuló advertencias sobre una eventual dolarización de la economía.

También recordó el carácter “difuso” del control de constitucionalidad, por lo cual, por ejemplo, cualquier magistrado está facultado a expedirse sobre cuestiones como la reforma laboral; más allá de la posterior revisión por órganos superiores. Claro pronóstico de un 2026 de expedientes agitados.

En tanto, en medio de la agenda institucional, la Corte Suprema fue escenario de un hecho insólito y de alto impacto histórico. En mayo de 2025, funcionarios judiciales que trasladaban documentación para la creación de un Museo Institucional del tribunal encontraron cajas con material vinculado al nazismo en el subsuelo del Palacio de Tribunales.

Según informó la Corte, las cajas —que habían estado olvidadas desde 1941— contienen documentos de propaganda nazi, libretas con esvásticas, fotografías y pasaportes vinculados al régimen de Adolf Hitler.

El Gran Rabino de AMIA participó de la apertura de cajas con documentación junto al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, el director del Museo del Holocausto, autoridades e investigadores. Archivo El Litoral

Rosatti encabezó la apertura formal de las cajas en presencia de autoridades del Museo del Holocausto de Buenos Aires y representantes de la comunidad judía, subrayando la importancia de preservar y analizar el contenido para aportar información histórica sobre el Holocausto y las redes de propaganda en Sudamérica.

El material nazi encontrado, como los 40 años del juicio a las Juntas Militares que también fue recordado este año, no sólo remite a episodios complejos de la historia argentina y mundial, sino que también posiciona a la Corte en un rol activo en la preservación de la memoria histórica, abriendo nuevas preguntas sobre el pasado y su interpretación contemporánea.

Mientras tanto, las discusiones sobre el equilibrio de poderes y la composición del tribunal seguirán marcando la agenda pública y jurídica en los próximos meses.

El tribunal de la causa Vialidad solicitó este martes decomisar los bienes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple una condena de prisión domiciliaria de seis años , junto a los de otros condenados por ese expediente.

Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal 2 (TOF) que integran Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.

La medida, dispuesta luego de que la sentencia dictada en diciembre de 2022 fuera ratificada en junio pasado, alcanza a 122 bienes inmuebles que fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o bien como activos incorporados durante el período en que se desarrolló la maniobra fraudulenta, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.

El monto original fijado en concepto de decomiso había sido de $84.835 millones, pero fue actualizado a $684.990 millones por peritos contadores, en función de criterios técnicos ratificados por la Corte Suprema de Justicia.

Ante el incumplimiento de los condenados, el tribunal ordenó su ejecución mediante la realización y venta de los activos identificados.

Entre los bienes decomisados se encuentran propiedades de Lázaro Báez y de sociedades vinculadas a su grupo empresario, como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, además de terrenos, hoteles y departamentos en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También se incluye un inmueble a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y un conjunto de bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

La sentencia consideró probada la existencia de un circuito de beneficios indebidos derivados de la adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz, que implicó sobreprecios, cartelización y falta de controles, en favor del empresario Báez.

Ese flujo de fondos públicos, según la Justicia, redundó en un crecimiento patrimonial ilícito que se tradujo en propiedades, inversiones y negocios compartidos con la familia Kirchner.

Los jueces rechazaron los argumentos de las defensas, que habían planteado la falta de nexo causal entre los bienes y el delito, la existencia de sobreseimientos previos por enriquecimiento ilícito y la supuesta afectación de derechos de terceros. En su resolución, el tribunal remarcó que el decomiso no requiere una trazabilidad contable exacta, sino una vinculación razonable con los beneficios derivados de la maniobra.

Además, fundamentó su decisión en tratados internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que reconocen la recuperación de activos como un principio fundamental.

También advirtió que la interpretación restrictiva del decomiso puede favorecer la impunidad económica en casos de corrupción estructural.

En este contexto, el tribunal dejó constancia de que, una vez efectuada la tasación de los bienes, se comunicará lo resuelto a la Corte Suprema para su eventual afectación al servicio de justicia, y se ordenó su inscripción en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados.

Asimismo, se instó a garantizar que los fondos recuperados puedan ser destinados a la reparación del daño social causado, en particular en la provincia de Santa Cruz, cuya infraestructura vial resultó severamente perjudicada por las obras inconclusas.

El fiscal de la causa, Diego Luciani, había advertido a fines del mes último que estaba dando “pelea” para conseguir el decomiso de los bienes de la ex mandataria.

“El decomiso está firme. Lo único que hay que hacer es ejecutar. Tenemos un decomiso de una suma de dinero de más de 500 millones de dólares. Se intimó a las partes para que paguen, no pagaron. Esto es algo muy claro: hay que ir por los bienes”, sostuvo el funcionario judicial al dar una disertación en un almuerzo organizado por el Rotary Club de Buenos Aires.qk7A6g

Luciani y su par Sergio Mola habían reclamado mediante un dictamen al TOF 2 que avance de manera inmediata con la demorada ejecución del decomiso contra Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez y el resto de los condenados en la causa Vialidad, tras el vencimiento del plazo de diez días hábiles fijado para el pago solidario de $ 684.990.350.139,86 (equivalentes a unos 500 millones de dólares).

En un fallo unánime, los jueces Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas dejaron sin efecto la resolución que le había permitido a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner permanecer en el padrón electoral. La medida impacta de lleno en su situación política.

La CNE sostuvo que la jueza federal subrogante de Río Gallegos, Mariel Borruto, declaró inconstitucional de oficio los artículos que excluyen del padrón a condenados por delitos dolosos, sin que Cristina ni el Ministerio Público lo pidieran. Para el tribunal, esa sentencia no cumplió con las “condiciones mínimas” fijadas por la Corte Suprema en el precedente Orazi.

Los jueces de la Cámara Nacional Electoral firmaron por unanimidad la exclusión del padrón. Foto: Reuters

La decisión implica que Cristina Kirchner no podrá participar de las elecciones nacionales del 26 de octubre. El fallo cita además el caso Procuración Penitenciaria, en el que la Corte había pedido al Congreso revisar la reglamentación del voto para condenados, pero sin habilitarlo de forma genérica.

Cristina tiene condena firme a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa “Vialidad”, que además incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esa sanción fue la base para excluirla del padrón, al impedirle no solo presentarse a elecciones sino también ejercer su derecho al sufragio.

Cristina no podrá votar en octubre. Foto: Manuel Fabatía

La expresidenta se encuentra en prisión domiciliaria y, de haber conservado el derecho al voto, hubiese necesitado autorización judicial para sufragar. La exclusión llega en un momento clave del calendario electoral y genera un fuerte impacto en el escenario político nacional.

La decisión marca un precedente que podría alcanzar a otros condenados en causas de corrupción que intenten mantenerse empadronados.

El Tribunal Oral Federal 2 intimó a los condenados en la causa Vialidad, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al pago de la suma de más de 600 mil millones en el plazo de “10 días hábiles”.

Así lo determinó el TOF 2 en una resolución emitida este martes. En total, los nueve condenados deberán pagar $684.990.350.139,86 en un plazo de diez días hábiles a partir de este martes. De no hacerlo, podrían ser ejecutados los bienes de los condenados que sirvan a esos fines.

Además de Fernández de Kirchner, fueron intimados Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, Kosé Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe, todos condenados en la causa Vialidad. El dinero deberá ser depositado en una cuenta judicial abierta en el Banco Nación a nombre del tribunal.

"Intímese a las personas condenadas al pago de la suma de $684.990.350.139,86, la cual deberá ser depositada a cuenta y orden del tribunal en el plazo de diez (10) días hábiles a partir de la notificación del presente", según indica Clarín de acuerdo a la resolución judicial.

Al analizar la cifra que corresponde al decomiso, los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu indicaron que se corresponde con un “gravísimo hecho de corrupción”.

En ese sentido, la resolución sostiene: “De acuerdo con el decomiso dispuesto a consecuencia del proceso de determinación fehaciente del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción; y que además se habrá de disponer bajo expreso apercibimiento de ejecución de los bienes que sirvan a esos fines".

En este sentido, el Tribunal ordenó que se libre oficio electrónico al Banco de la Nación Argentina “para que proceda a la apertura de una cuenta judicial a cuenta y orden de esta sede, con motivo del trámite de este incidente la que se encontrará a disposición de las personas condenadas para materializar el pago en cuestión”.

El Tribunal, junto con la intimación del pago, adoptó otras medidas tendientes a la ejecución de bienes. En este sentido ordenó ampliar el monto de la totalidad de los embargos trabados sobre los bienes inmuebles “que son objeto de cautela en el marco de esta causa, hasta cubrir la suma de $684.990.350.139,86, a cuyo fin se habrá de requerir a los registros correspondientes la actualización registral de los montos oportunamente informados”.

En lo que respecta a los embargos ordenados sobre bienes muebles, considerando que las sumas garantizadas mediante dichas medidas superan en todos los casos el valor de los bienes cautelados, “una nueva inscripción registral -por el monto de la suma dineraria sujeta a decomiso- resulta innecesaria”, resolvió el magistrado.

El Cuerpo de Peritos Contables de la Corte Suprema informó que Cristina Kirchner y los otros ocho condenados en el caso Vialidad tendrán que devolver $684.990 millones, unos 537 millones de dólares, por el perjuicio ocasionado al Estado por la maniobra de corrupción que benefició al empresario Lázaro Báez con millonarios contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

El cálculo inicial del daño había sido fijado en $85.000 millones cuando se dictó la condena en diciembre de 2022. Ahora, tras la actualización pedida por el Tribunal Oral Federal 2, el monto del decomiso subió más de ocho veces.

La Justicia consideró probado que durante más de una década Báez, a través de su Grupo Austral, recibió el 86% de las obras viales financiadas por el Estado en Santa Cruz. Muchas de esas rutas quedaron inconclusas, pero los contratos se pagaron con sobreprecios promedio del 64%.

En el fallo, los jueces señalaron que se trató de “un grave hecho de corrupción sin precedentes” y que la ex presidenta encabezó un esquema para beneficiar intereses privados en perjuicio del Estado Nacional.

El proceso judicial también destacó que estos beneficios indebidos generaron un daño difícil de cuantificar por completo, pero cuya existencia es “incontrovertible”.

El juez Jorge Gorini, que lleva adelante la ejecución de la pena, pidió a los peritos contables de la Corte que recalcularan el monto del decomiso para reflejar la inflación acumulada desde la sentencia original. La cifra base fue de $ 84.835 millones, que tras la actualización trepó a casi $ 685.000 millones.

Con la cifra definida, el Tribunal notificará a los condenados que tienen diez días para depositar el dinero. Si no cumplen, se avanzará en el embargo y ejecución de bienes.

Entre los bienes que podrían ser alcanzados figuran propiedades, sociedades y activos registrados a nombre de Cristina Kirchner y del resto de los condenados. Cuando se dictaron los procesamientos, el juez Julián Ercolini había ordenado embargos por $10.000 millones, que ahora serán actualizados para cubrir el nuevo monto.

Según explicaron fuentes judiciales, tras la confirmación de la condena, la Justicia podrá rematar inmuebles, congelar cuentas y liquidar activos para recuperar parte del dinero.

El dinero recuperado se destinará al presupuesto del Poder Judicial, aunque también podría ser administrado o utilizado por otros organismos del Estado, de acuerdo a lo que permita la ley.

La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema, aunque aún falta que quede firme la pena de seis años de prisión porque resta que se resuelvan planteos pendientes. Mientras tanto, la Justicia continuará con el trámite administrativo para ejecutar el decomiso y determinar exactamente qué bienes pueden garantizar el cobro.

En paralelo, el fiscal Diego Luciani remarcó que la ejecución del decomiso es clave por tratarse de “hechos de corrupción que provocaron un daño social inconmensurable”.

Así, más allá de las apelaciones y planteos pendientes, la causa Vialidad sigue avanzando en el intento de recuperar parte del dinero público que, según la Justicia, se desvió en una de las maniobras más emblemáticas de corrupción en la historia reciente del país.

La Justicia argentina resolvió este martes que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumpla su condena de seis años en prisión domiciliaria por la causa Vialidad, que la semana pasada confirmó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desestimando la postura inicial de los fiscales que habían rechazado esta modalidad.

La decisión, que incluye el uso de una tobillera electrónica, se tomó tras evaluar diversas circunstancias relacionadas con su salud y edad, en un fallo que generó amplio debate en el ámbito político y judicial. Ahora, la exmandataria cumplirá la detención en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, bajo una serie de requisitos.

Con esta decisión CFK no deberá presentarse mañana en Comodoro Py para comenzar a cumplir la condena. Además, deberá presentar una lista de familiares y custodios que podrán visitarla durante este lapso de tiempo.

La resolución judicial establece que CFK deberá permanecer en su domicilio particular en la Ciudad de Buenos Aires. Reuters/Pedro Lázaro Fernández

Inicialmente, los fiscales del caso se habían opuesto a la solicitud de prisión domiciliaria presentada por la defensa de Cristina Kirchner. Argumentaron que no se cumplían los requisitos legales para otorgar este beneficio y que la exmandataria debía permanecer en un establecimiento penitenciario.

Esta postura reflejaba la visión de la fiscalía sobre la gravedad de los delitos imputados y la necesidad de asegurar el cumplimiento efectivo de la condena.

Contrariamente a la postura fiscal, el juez a cargo de la causa ponderó distintos informes médicos y pericias que daban cuenta de la situación de salud de la expresidenta. Si bien no se han detallado públicamente las afecciones específicas, trascendió que se evaluaron condiciones que, según el magistrado, justificaban la excepcionalidad de la prisión domiciliaria.

La edad de Cristina Kirchner también fue un factor considerado en la decisión, en línea con normativas que prevén tratamientos especiales para personas mayores en el sistema penal.

La resolución judicial establece que Cristina Kirchner deberá permanecer en su domicilio particular en la Ciudad de Buenos Aires y estará bajo un estricto monitoreo a través de una tobillera electrónica.

Este dispositivo permitirá a las autoridades controlar su ubicación y asegurar el cumplimiento de la medida, alertando sobre cualquier intento de vulnerar las restricciones impuestas. La medida busca garantizar el control sobre la condenada sin necesidad de su internación en una unidad carcelaria.

La exmandataria deberá presentar una lista de familiares y custodios que podrán visitarla durante este lapso de tiempo. Reuters/Matias Baglietto

La noticia de la prisión domiciliaria para Cristina Kirchner ha generado un intenso debate. Sectores de la oposición y algunas voces dentro del Poder Judicial han expresado su descontento, argumentando que se trata de un privilegio y que la exmandataria debería cumplir su condena en una prisión común.

Por otro lado, los defensores de la medida sostienen que se ajusta a derecho y que responde a criterios humanitarios y legales previstos para casos particulares. Se espera que la decisión continúe generando reacciones y análisis en los próximos días, en un contexto político polarizado.

La dirigencia provincial del Partido Justicialista dejó de lado las diferencias y coincidió en repudiar "enérgicamente" la condena a Cristina Fernández de Kirchner, y sumarse a las acusaciones de "proscripción". Y, al mismo tiempo, fustigó a los jueces de la Corte Ricardo Lorenzetti y especialmente Horacio Rosatti, por el hecho de haber sido intendente de Santa Fe por el peronismo e incluso integrante del Consejo Ejecutivo.

Luego de una extensa reunión, en la que coincidieron numerosos referentes de distintas líneas internas (tanto las explícitamente alineadas con el kirchnerismo como aquellas que guardan alguna distancia), se acordó el texto del comunicado oficial del Consejo Ejecutivo Provincial. Allí consignan que "desde el Partido Justicialista Distrito Santa Fe repudiamos enérgicamente la condena a Cristina Fernández de Kirchner en una causa sin pruebas, ya juzgada, que sólo busca disciplinar políticamente a quien representa los intereses mayoritarios del pueblo argentino.

Coincidió en repudiar "enérgicamente" la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Crédito: Reuters.

"Nadie está exento. Ni un presidente comunal, ni una legisladora o legislador de nuestra provincia están a salvo de ser perseguidos por el sólo hecho de representar intereses contrarios al poder económico y político que hoy gobierna. Lo que le sucede a Cristina Fernández de Kirchner puede pasarle a cualquiera que se anime a defender al pueblo. Nos preocupa y atemoriza la postura que manifestó públicamente el gobernador Pullaro, que lejos de defender la institucionalidad, deja en claro que está dispuesto a replicar estas prácticas en nuestra provincia", añadieron.

Para los justicialistas santafesinos, el fallo en la causa Vialidad, que consistió en rechazar los recursos de queja presentados contra la condena dictada en primera instancia y ratificada por la Cámara de Casación, "es un ataque directo a la democracia, impulsado por el poder real y los sectores mas antipopulares que ahora recurren a un Poder Judicial cooptado y funcional a esos intereses".

"La celeridad inusual con la que se dictó esta sentencia -en contraste con el letargo con que se tratan las causas vinculadas al poder económico- confirma que la Justicia no actúa de manera imparcial, sino que es selectiva y direccionada. No es casual: dos de los tres jueces que integran esta Corte Suprema aceptaron ser designados por decreto, en violación al procedimiento constitucional", argumenta el documento, en consonancia con los lineamientos planteados por el partido a nivel nacional.

"Esto no es sólo por Cristina. Esto es por el pueblo". Crédito: Reuters.

Pero el punto en el que el posicionamiento del justicialismo provincial adquiere tintes propios, es donde rechaza el rol de "los jueces santafesinos Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, protagonistas centrales de esta maniobra judicial. En particular, señalamos a Rosatti, quien fuera intendente de la ciudad de Santa Fe por nuestro partido y quien ocupó este mismo Consejo Ejecutivo. Hoy traiciona no sólo los principios del justicialismo sino también a la ciudadanía que alguna vez dijo representar".

En su tramo final, el documento advierte que "las necesidades del pueblo no se resuelven con fallos inconstitucionales ni con persecución judicial. Por eso, desde Santa Fe no sólo adherimos a la convocatoria nacional del PJ, sino que también impulsamos la conformación de una Mesa de Acción junto a partidos aliados, organizaciones sociales y todos los sectores comprometidos con la democracia. Esto no es sólo por Cristina. Esto es por el pueblo. Unidad, movilización y acción".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó este lunes la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la denominada Causa Vialidad. La exmandataria fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, acusada de defraudar al Estado mediante la adjudicación irregular de obras públicas en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez.

Este fallo se convierte en un hito judicial, al tratarse de la primera condena firme contra una vicepresidenta en ejercicio en la historia argentina. La decisión generó reacciones inmediatas en el arco político, con respaldo del oficialismo y cuestionamientos desde el kirchnerismo, que denuncia persecución judicial y “lawfare”.

Declaraciones desde Israel. Crédito: NA

En el marco de su gira internacional, el presidente Javier Milei se pronunció sobre el fallo desde la Universidad Hebrea de Jerusalén. Al ser consultado por la prensa local, el mandatario sostuvo:

“Cuando el Poder Ejecutivo no presiona al Poder Judicial, la Justicia actúa con celeridad. Y eso es parte de nuestro principio: el que las hace, las paga.”

Milei interpretó el fallo como una muestra de institucionalidad y afirmó que su gobierno no interfiere con la independencia judicial. “Nosotros no entorpecemos el funcionamiento de la Justicia, la dejamos actuar”, agregó ante medios presentes en el evento, donde recibió el premio The Genesis Prize.

Durante su intervención en Jerusalén, Milei también abordó temas económicos y de política exterior. Ratificó su objetivo de lograr el equilibrio fiscal para mediados de 2026 y anunció que donará el millón de dólares recibido por el premio a organizaciones que luchan contra el antisemitismo.

La gira internacional del presidente incluye visitas a Israel, Italia y Alemania, con reuniones agendadas con Benjamin Netanyahu, Giorgia Meloni y Olaf Scholz. El viaje, de carácter diplomático y político, busca fortalecer vínculos estratégicos y presentar a la Argentina como un país comprometido con la transparencia institucional.

La reacción de Milei desde Israel. Crédito: NA

La ratificación del fallo contra Cristina Kirchner ocurre en un escenario político cargado de tensiones. Sectores del kirchnerismo sostienen que la condena responde a una estrategia de proscripción y persecución judicial, mientras que el oficialismo la celebra como un triunfo de la República y la institucionalidad.

Si bien la expresidenta aún tiene la posibilidad de apelar ante tribunales internacionales, la confirmación de la sentencia por parte de la Corte marca un punto de inflexión en su carrera política, dejando en suspenso cualquier posibilidad de regreso electoral.

El Partido Justicialista defendió a la ex presidenta y actual titular del partido, Cristina Kirchner, frente a la condena ratificada por la Corte Suprema a 6 años de prisión por la Causa Vialidad, y advirtió que se trata de un “acto político antidemocrático”.

A través de un comunicado, el PJ manifestó que es “un hecho de gravedad institucional”.

El comunicado del Partido Justicialista.

“Reviste un nivel inédito de gravedad institucional. No estamos frente a un fallo judicial, sino frente a un acto político de carácter antidemocrático. La democracia que hemos sabido construir en estos cuarenta años está sostenida en el firme principio del derecho ciudadano a ejercer libremente la soberanía popular”, expresó el partido.

A su vez, la fuerza sostuvo que se trata de “ponerle cepo al voto popular”, en los mismos términos que se expresó este martes la expresidente tras conocerse la ratificación de la condena.

El PJ llamó a sus militantes a “pelear” por “dejar atrás la Argentina de la proscripción”. Reuters / Tomas Cuesta.

“Va contra los preceptos sobre los que fundamos nuestro país y nuestra Constitución”, expuso y añadió que es un hecho que “daña profundamente la credibilidad de las instituciones argentinas” y que “debe despertar” el repudio del resto de los partidos políticos.

Al respecto, agregó. “Nuestro partido conoce de proscripciones, detenciones ilegales, fusilamientos, bombardeos y desaparecidos. No será la primera vez que el poder económico de la Argentina intente resolver de manera ilegal, irregular y anticonstitucionalista su problema principal: el peronismo”.

Desde el partido indicaron que el peronismo se plantea ante los argentinos como “una alternativa a su modelo excluyente y fracasado”.

Por último, el PJ llamó a todos sus militantes a “pelear” por “dejar atrás la Argentina de la proscripción”, al afirmar: “Convocamos a quienes creen que hay una alternativa a este modelo económico y a todos los argentinos y argentinas que creen que en el derecho de nuestro pueblo a elegir sus representantes”.

Juan Pablo Peralta - Periodista acreditado en Casa Rosada.

A la salida del Salón Eva Perón, un colaborador ministerial expresó escuetamente que el encuentro, “fue para tratar temas de gestión”. Sin embargo, El Litoral pudo saber que en el cónclave se dio por hecho que la expresidenta obtendría una resolución adversa y se analizaron los pasos a seguir.

Mientras en la sede del PJ Nacional se concentraba el grueso de los apoyos a la máxima dirigente de Unión por la Patria, en los pasillos de Balcarce 50 un alto consejero presidencial declaró, “que el Gobierno no tiene nada que ver con las tres instancias de la Justicia y no interfirió en este fallo. No sé si se habrá hecho en otra administración no peronista”, señaló el joven libertario apuntando indirectamente a la etapa de la gestión de Cambiemos encabezada por Mauricio Macri.

Luego de que Javier Milei publicara desde Israel en su cuenta de X: “Justicia. Fin. PD: la República funciona y todos los periodi$ta$ corrupto$, cómplices de político$ mentiro$o$, han quedado expuestos en sus opereta$ sobre el supuesto pacto de impunidad", uno de sus máximos asesores replicó la idea y agregó que, “ahora el peronismo se puede abroquelar o partirse en mil pedazos, que es lo que suele pasar cuando sale de escena y ya no está el líder”. El mismo funcionario reiteró que “no existió ningún pacto de impunidad, y efectivamente, Cristina Fernández de Kirchner va presa. Esa gente debería pedir perdón por todos a los que acusaron”, subrayó.

Con respecto a las movilizaciones convocadas por diversos sectores del peronismo, el informante que responde directamente a los hermanos Milei mencionó que, “ojalá se hagan respetando la ley y el orden”, y expuso que “el Gobierno no va a opinar sobre ningún fallo judicial”.

En esa línea, otro de los asistentes gubernamentales manifestó: “No es un tema nuestro, es un tema policial. Yo hubiera preferido ganarle en octubre y que después quede detenida. Ahora, definida la cuestión, si salen a cortar las calles la Nación va a hacer cumplir la Ley y no va a desactivar ningún protocolo. No nos vamos a dejar psicopatear", afirmó.

En la Casa de Gobierno minimizaron las declaraciones del senador formoseño José Mayans, quien aseveró que “el juicio a Cristina está viciado de nulidad" y “que se ha hecho por instrucciones -en su momento- de Macri, que nombró una cámara de alzada en Comodoro Py a dedo, y la respuesta que hemos tenido es la Justicia, supuestamente, argentina, mirando totalmente para otro lado y actuando en forma acelerada para sacarla rápidamente de la cancha porque tienen miedo que ella arrase en la provincia de Buenos Aires y sea la próxima presidenta de la Nación”.

Su par de la Cámara alta en el bloque de UP, Juliana Di Tullio, enunció por su lado que, “ella misma (CFK) ha dicho que el fallo estaba escrito hace muchos años”, y sumó: “Esto es un escándalo, es una vergüenza con el Estado de Derecho. Es una herida muy grande para nuestro país. La Argentina va a sufrir muchísimo. Van a meter presa a una ex presidenta que durante ocho años le cambió la vida a millones de argentinos que la aman, y termina además con el poder político que ha entregado el Poder Judicial al poder económico y el destino de la Patria”. Al cerrar su reflexión, la legisladora advirtió que, “hoy debería ser un día de luto y de muchísima tristeza. A partir de hoy este deja de ser el país que conocimos”, ya que, “no existe un fallo judicial, esto es un fallo político. Están proscribiendo a la mujer más importante que tiene hoy este país como líder política”, refrendó desde Matheu 130, edificio del Partido Justicialista desde desde el que la propia Cristina Kirchner espetó: “Al cepo del salario del gobierno de Javier Milei, ahora el partido judicial le agrega el cepo al voto popular”.

El presidente Javier Milei reaccionó con una frase breve pero contundente al fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner por corrupción: “Justicia. Fin. PD: la república funciona”.

La sentencia, que quedó firme este martes, implica seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en el marco de la causa Vialidad, que investigó el direccionamiento de obras a favor de Lázaro Báez en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

El máximo tribunal rechazó los recursos presentados por la defensa de la expresidenta y respaldó las instancias anteriores: el fallo del Tribunal Oral Federal 2 y la Cámara de Casación. Firmaron la decisión Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

Cristina Kirchner, que había anunciado su intención de competir por una banca en la Tercera Sección Electoral bonaerense, queda ahora inhabilitada de manera definitiva para postularse en cualquier cargo público.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, también celebró la resolución: “Muy extraño resultó el pacto de impunidad. Fin”, escribió en la red X. Ambos mensajes apuntaron contra sectores del periodismo y de la oposición que cuestionaban la independencia judicial.

La expresidenta podrá cumplir la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria debido a su edad: tiene 72 años. Se estima que permanecerá en su departamento del barrio San Cristóbal, donde reside desde que dejó la casa de Recoleta.

Con esta decisión, la Corte puso fin a una de las causas más emblemáticas de corrupción durante los gobiernos kirchneristas. El fallo marca un antes y un después en la relación entre la Justicia, la política y la opinión pública.

Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz firmaron la condena de Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvieron rechazar el recurso de queja interpuesto por la defensa de la expresidenta sobre la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 y ratificada luego por la Cámara Federal de Casación Penal.

La decisión de los cortesanos contra la expresidenta de la Argentina fue tomada este martes 10 de junio de 2025. Los hechos juzgados refieren al desvío de fondos en 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015.

Por ser mayor de 70 años (tiene 72), Cristina Kirchner podrá gozar del beneficio de la prisión domiciliaria. Se especula que lo haga en su departamento de San Cristóbal, adonde se mudó tras su paso por Recoleta.

Según el fallo, "las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida", y se remarcó que Cristina Kirchner "relegó la ventaja económica para la administración pública por la ventaja económica para intereses particulares". La condena incluye también al empresario Lázaro Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López y otros ex funcionarios.

En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 había sentenciado a Fernández de Kirchner por administración fraudulenta y ordenado el decomiso de $84.835 millones, al considerar probado un esquema que favoreció a las empresas de Báez durante los gobiernos kirchneristas.

La defensa de la ex presidenta planteó numerosos cuestionamientos sobre la imparcialidad del tribunal y la valoración de las pruebas, pero la Corte concluyó que esos planteos no lograron demostrar arbitrariedad ni violaciones a garantías constitucionales.

En sus fundamentos, la Corte rechazó los argumentos sobre supuesta parcialidad de los jueces y consideró que las críticas de la defensa fueron una "reedición" de argumentos ya descartados por instancias inferiores. "No resulta una refutación suficiente sostener un criterio interpretativo distinto", señalaron los ministros.

Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que deja firme la condena a Cristina Fernández de Kirchner

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene en “revisión” el expediente de la ex presidenta Cristina Kirchner por la causa Vialidad y está en condiciones de ratificar la condena a seis años de prisión en su contra, mientras la ex mandataria se encuentra en plena campaña proselitista para ser candidata a legisladora bonaerense.

Según supo Noticias Argentinas de fuentes judiciales, el máximo tribunal tiene “en revisión” el expediente de la ex jefa de Estado, quien fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Periodistas de Buenos Aires hicieron circular este viernes la versión de que la Corte podría publicar el fallo el próximo martes, dando a conocer su postura sobre el proceso judicial en la causa, lo que podría ratificar su condena e inhabilitación.

El Máximo Tribunal rechazó este miércoles la recusación presentada por la defensa Fernández de Kirchner contra el juez rafaelino Ricardo Lorenzetti.

En esa recusación, la defensa de la ex mandataria alegaba falta de imparcialidad por parte del magistrado sobre la base de declaraciones públicas y antecedentes de Lorenzetti con relación a fallos judiciales previos.

No obstante, la Corte consideró que el planteo fue presentado fuera de los plazos procesales y carecía de fundamentos jurídicos suficientes.

Tras este rechazo, el tribunal presidido por Horacio Rosatti está en condiciones de emitir un fallo decisivo sobre la causa Vialidad, que podría confirmar de forma definitiva la sentencia de Fernández de Kirchner.

Además de la pena de prisión, la condena impuesta por el Tribunal Oral Federal N.º 2 –ratificada posteriormente por la Cámara de Casación Penal– incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que tendría consecuencias sobre el panorama político a meses de las elecciones legislativas bonaerenses, instancia para la cual la ex mandataria ya avisó que será candidata.

Si bien el proyecto de “Ficha Limpia” para impedir postulaciones de personas con condenas por corrupción fue rechazado en mayo por el Senado, una sentencia firme podría afectar las aspiraciones políticas de la presidenta del PJ, principal espacio opositor al oficialismo libertario.

La ex vicepresidenta había confirmado en declaraciones televisivas su postulación a legisladora por la Tercera Sección electoral de la provincia de Buenos Aires, pero una decisión adversa por parte del Supremo Tribunal podría frustrar la candidatura de la principal referente del peronismo y arrastrar a una crisis a todo el arco político.

Mauro L. Muñoz

Cristina Fernández de Kirchner movió el tablero político este lunes anunciando su candidatura y la Corte Suprema de Justicia de la Nación respondió este miércoles despejando el tablero judicial.

El Máximo Tribunal desestimó el pedido de recusación que Cristina Fernández de Kirchner había planteado contra Ricardo Lorenzetti en el marco de la Causa Vialidad.

El fallo descarta apartar al juez santafesino de la definición sobre la condena que pesa contra la expresidenta y que podría inhabilitarla para competir electoralmente este año en la provincia de Buenos Aires.

La Corte desestimó que las declaraciones mediáticas, las supuestas maniobras internas en el tribunal y las acusaciones formuladas por senadoras oficialistas denunciadas constituyan un causal válida de apartamiento.

Con esta decisión, la Corte sella una etapa clave del expediente y se encamina a emitir un pronunciamiento de fondo que podría dejar firme, o no, la sentencia por administración fraudulenta que recibió CFK en diciembre de 2022.

La estrategia judicial de la defensa de Cristina Kirchner se había centrado en cuestionar la imparcialidad de Lorenzetti, argumentando que el magistrado había mantenido reuniones con el presidente Javier Milei, por haber impulsado el nombramiento de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte y por emitir declaraciones televisivas que revelaban una opinión previa sobre la causa Vialidad.

Para los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, esa acumulación de hechos creaba "temor de parcialidad" e iba contra los principios de conducta judicial internacionales.

El pedido se realizó el pasado 5 de mayo, apenas unos días después de una entrevista en la que Lorenzetti, al ser consultado sobre la causa Vialidad, el magistrado deslizó que el fallo podría salir antes de las elecciones: “deberíamos, porque no hay ninguna razón para demorarlo más”, había dicho.

También se mencionana una denuncia pública realizada en el Senado por Anabel Fernández Sagasti, quien lo acusó de presionar para que se votaran ciertos pliegos bajo amenaza de avanzar contra la expresidenta.

La Corte consideró en el fallo que los argumentos fueron extemporáneos, insuficientes y carentes de sustento objetivo. Subraya que muchos de los hechos invocados ya eran conocidos antes del planteo judicial y que otros no constituyen pruebas concretas. Además, recuerda que el apartamiento de un juez de la Corte es una medida de carácter "excepcional" que no puede ser utilizada como herramienta para condicionar sus decisiones.

En cuanto a las declaraciones de Lorenzetti al periodista Luis Novaresio, donde afirmó que la Corte debía resolver antes de las elecciones, el tribunal concluyó que no constituían una causal de recusación. "resulta manifiestamente insuficiente para justificar la necesidad de desplazar a uno de los jueces naturales de esta causa, con la gravedad especial que una decisión tal tiene cuando la recusación se dirige contra un miembro de esta Corte".

En cuanto a las acusaciones de la senadora Sagasti, los jueces consideraron que la recusación "no ofrece prueba alguna para respaldarla ni informa si se radicó la denuncia penal correspondiente en los términos del art. 177 del Código Procesal Penal de la Nación".

Además, el fallo enfatiza que las recusaciones contra miembros de la Corte deben interpretarse de forma restrictiva, ya que su aceptación podría afectar la garantía del juez natural y el normal funcionamiento del máximo tribunal del país.

Con esos argumentos, el tribunal rechazó in limine la recusación. En la práctica, se trata de un blindaje al rol de Lorenzetti en el caso, al considerar que no hay elementos que afecten su imparcialidad ni su capacidad para intervenir. La Corte también desestima que las declaraciones del juez configuren prejuzgamiento alguno.

De esta manera, queda despejado el camino para que los tres magistrados resuelvan si confirman la condena y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Este lunes, Cristina Fernández anunció su candidatura a diputada por la tercera sección de la provincia de Buenos Aires, en lo que fue interpretado como un regreso activo a la competencia electoral. Sin embargo, su situación judicial sigue condicionada por la causa Vialidad.

La causa de Vialidad llegó a la Corte el lunes 31 de marzo pasado. En abril de este año, el envío del expediente al Procurador Eduardo Casal, para que dictamine si corresponde revisar o agravar la pena de seis años de prisión contra la ex presidenta Cristina Kirchner, puso en marcha el mecanismo para resolver sobre los 17 recursos de queja presentados en el caso.

La velocidad que la Corte vaya a otorgarle al expediente quedó sujeta, una vez más, a la dinámica establecida por la integración de tres, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, atravesada por una ríspida interna y, en este caso, por ideas diferentes sobre si el trámite debía apresurarse o desarrollarse al ritmo habitual, que podría demandar todavía muchos meses.

La Cámara Federal de Casación confirmó este miércoles por la mañana la condena a seis años de prisión impuesta a la ex presidenta y vice Cristina Fernández de Kirchner en la causa "Vialidad" que juzgó el desvío del 80 por ciento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas de Lázaro Báez entre los años 2003 y 2015.

Fue durante la audiencia que comenzó a las 11, en la sala B de la planta baja de Comodoro Py y fue trasmitida en el canal del Poder Judicial en YouTube. El presidente de la sala IV Gustavo Hornos leyó el veredicto ante los abogados defensores y el fiscal ante esa instancia Mario Villar.

“El tribunal resuelve: primero, rechazar por unanimidad los recursos de casación entre el puesto por las defensas y por mayoría por el Ministerio Público Fiscal y en consecuencia confirmar la sentencia recurrida en cuanto fue materia de impugnación puntos dispositivos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto y décimo sexto”, leyó Hornos.

Lo habitual es que Casación dé a conocer estas decisiones mediante notificación judicial por sistema informático, pero, en casos de gran trascendencia pública, puede optar por fijar una audiencia, como ocurrió ahora.

Qué había sucedido previamenteA inicios de este año, estos integrantes de la sala IV de Casación escucharon en sucesivas audiencias los argumentos de apelación al veredicto que el 6 de diciembre de 2022 emitió el Tribunal Oral Federal 2 al término de un juicio oral a la ex vicepresidenta, ex funcionarios de su gobierno y al empresario Lázaro Báez iniciado en 2019.

FALLO CFK

En esa instancia de apelación, el fiscal ante Casación Mario Villar insistió en condenar a la ex presidenta a 12 años de prisión, al respaldar a los fiscales de juicio Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían reclamado esa pena el debate oral por entender que hubo dos delitos, administración fraudulenta y asociación ilícita.

Pero, por mayoría de dos votos a uno, los jueces del TOF2 Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu con disidencia de Andrés Basso resolvieron condenar a la ex presidenta, a Báez, al ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y al ex secretario de Obra Pública José López a seis años de prisión por “administración fraudulenta agravada”.

Las situaciones de estos tres últimos y de otros ex funcionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz que recibieron penas en ese debate oral también se definirá en esta sentencia de Casación.

La Cámara Federal de Casación rechazó un planteo de la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, contra uno de los jueces y el fiscal que deben revisar su condena a seis años de prisión en la Causa Vialidad.

El máximo tribunal penal, con una formación integrada por el juez Diego Barroetaveña, rechazó una recusación planteada por la ex presidente justamente contra el juez Barroetaveña.

Cristina Kirchner también recusó al fiscal general Mario Villar, quien pidió que se duplique la condena en su contra, de seis a 12 años de cárcel.

Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y el propio Barroetaveña rechazaron la recusación planteada por el abogado defensor de la ex presidenta, Alberto Beraldi, contra Barroetaveña y el fiscal Villar.

El fallo explica que el fiscal Villar también dictaminó en contra de la recusación contra sí mismo.

"De conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal y oída que fue la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en autos, el recurso intentado debe ser declarado inadmisible", sostiene el fallo.

Cristina Kirchner aspiraba que la recusación fuera revisada por la Corte Suprema, como última instancia judicial ante su planteo.

La inadmisiblidad del recurso le cierra la vía directa, pero le queda aún la posibilidad de apelar a un recurso de "queja", de muy improbable éxito para los intereses de la ex vicepresidenta.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los miembros de la sala cuarta del máximo tribunal penal del país integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y también por el magistrado Diego Barroetaveña.

En esa sala se encuentran radicados desde mayo de este año los recursos de las defensas contra las condenas impuestas a Fernández de Kirchner, al empresario Lázaro Báez y a José López por el delito de fraude a la administración pública, y el recurso del fiscal Diego Luciani contra la absolución por el delito de asociación ilícita por el que había acusado durante el juicio.

Cuando ingresó la causa a Casación, la defensa recusó a los jueces Hornos y Borinsky por supuesta falta de independencia y parcialidad, a partir de que trascendió que mantuvieron encuentros sociales con el expresidente Mauricio Macri cuando se desempeñaba al frente del Poder Ejecutivo.

Ese planteo fue denegado y la defensa intentó diversas formas para forzar la intervención de una sala distinta a aquella que resultó sorteada, todos rechazados.

En esta última oportunidad, tal como solicitó Mario Villar, el fiscal del caso ante la Casación, el tribunal denegó el recurso extraordinario para que la Corte Suprema revise la integración: se prevé que la defensa de la ex mandataria recurrirá “en queja” al máximo tribunal.

De quedar firme esta resolución, los jueces Hornos y Borinsky, miembros de la Sala IV de Casación, integrarán el tribunal que deberá revisar la sentencia de la causa en la que se investigó el supuesto direccionamiento de la obra pública durante el kirchnerismo en Santa Cruz, en favor del empresario Báez.

El Tribunal Oral Federal número 2 dio a conocer este jueves los fundamentos por los cuales condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión en la causa Vialidad, donde también fue sentenciado el empresario Lázaro Báez.

Se trata de los fundamentos a partir de los cuales la fiscalía va a apelar reclamando que sea condenada por el delito de asociación ilícita y la defensa de la vicepresidenta de la Nación insistirá con la absolución.

A partir de este momento va a intervenir la Cámara Federal de Casación penal.

El Tribunal Oral Federal 2 concluyó que entre 2003 y 2015 hubo “manifiesta connivencia y protección de cuanto organismo estatal fuese necesario para garantizar la plena actividad del consorcio empresarial controlado por Lázaro Báez”, según consta parte de los fundamentos de 1.616 carillas en relación al veredicto en la causa Vialidad.

“Estamos ante un hecho de corrupción estatal que como tal socava las legitimidades de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia así como el desarrollo integral de los pueblos”, consideraron los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

A Cristina Fernández de Kirchner también se la condenó a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que habilitó el discurso de la “proscripción”, si bien no hay impedimento legal para que sea candidata hasta que la condena eventualmente quede firme tras ser confirmada por la Cámara de Casación y la Corte Suprema, cosa que no ocurrirá este año.

A partir del jueves, con los fundamentos presentados, todas las partes podrán apelar el veredicto. Si bien cuentan con 10 días hábiles, por la extensión que tendrá la resolución es probable que alguna de ellas pida más tiempo para hacerlo.

Tanto la defensa de CFK, a cargo del abogado Carlos Berladi, como el fiscal Diego Luciani adelantaron que van a apelar. La defensa pedirá la absolución, como hizo en el juicio, y el fiscal que todos los acusados sean condenados y que se aplique el delito de asociación, también como planteó en el proceso. Luciani había pedido una condena de 12 años de prisión para la Vicepresidenta.

Con las apelaciones el caso pasará a la Sala IV de la Cámara Federal de Casación que deberá llamar a una audiencia para escuchar los argumentos de las partes. Luego de eso debe resolver si confirma las condenas o acepta los planteos de las defensas y absuelve a los acusados. La expectativa estará puesta en si eso ocurrirá este año en medio de la campaña electoral.

Luego de que se conozcan los fundamentos del fallo, Cristina Kirchner reaparecerá el viernes en un acto en Viedma. “El viernes voy a estar en Río Negro, invitada por la Universidad Nacional de Río Negro para recibir un doctorado honoris causa y brindar la conferencia ‘¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política'”, escribió la ex jefa de Estado en su cuenta de Twitter.

El viernes voy a estar en Río Negro, invitada por la @UNRIONEGRO para recibir un doctorado honoris causa y brindar la conferencia “¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política”. pic.twitter.com/FOaZ74yTCl

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 6, 2023

La expectativa estará puesta no solo en sus esperables comentarios acerca de los fundamentos que se conocerán en la víspera, sino también en las eventuales definiciones políticas con impacto en el Frente de Todos de cara al proceso electoral.

A pocas horas de que se den a conocer los fundamentos de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, comenzará este miércoles una vigilia en apoyo a la Vicepresidenta, convocada por la agrupación La Cámpora a través de redes sociales. Será frente al Palacio de Tribunales, e incluye actos y movilizaciones.

El 6 de diciembre el tribunal condenó a Cristina Kirchner y a otras ocho personas, entre ellas Báez -a quien la semana pasada la Cámara de Casación le confirmó la condena por lavado de dinero y redujo la pena a 10 años-, y el ex secretario de Obras Públicas José López, a penas de entre seis y tres años de prisión, y absolvió a otras cuatro, como el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.

Todo esto, además, en momentos en que desde el kirchnerismo arrecia un “operativo clamor” para que Cristina sea candidata presidencial, y no se escatiman los dardos al actual presidente, Alberto Fernández, por mantener su intención de ir por la reelección. Además, con el condimento de una supuesta declaración en off del mandatario difundida por el sitio El Destape, categóricamente desmentida desde la Casa Rosada, donde habría hablado de sus posibilidades de “terminar con 20 años de kirchnerismo”.

Las supuestas declaraciones, aún desmentidas, merecieron réplicas de dirigentes y funcionarios del espacio, e incluso una alusión indirecta de la propia Cristina, que fue la oradora de cierre de un homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo en el Senado, con motivo del 45 aniversario de la fundación de a organización de derechos humanos.

“En un off se dicen barbaridades que después se niegan, pero bueno,.. ya sabemos cómo son estas cosas”, disparó Cristina en un momento del discurso, donde también encontró la manera de conectar lo sucedido durante la dictadura con su actual situación judicial: “Hoy hay otras formas más solapadas de clausurar los sueños de aquellos que piensan que un país y un mundo pueden ser diferentes. Ya no son tanques, por ahí hoy pasa en los tribunales”, dijo, ante un auditorio en el que estuvieron los ministros Eduardo De Pedro (Interior), Jorge Taiana (Defensa) y Matín Soria (Justicia) y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla y la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, quienes se sumaron a corear el estribillo “Cristina presidenta”, reiterado en numerosas oportunidades.

En cuanto a la vigilia convocada para este miércoles, comenzará a las 21 y se extenderá hasta la medianoche, bajo la consigna “La proscripción al carajo”.

Luego, por la mañana, a partir de las 9 del jueves, los jueces del TOF 2 Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso presentarán los fundamentos del fallo. A tal efecto no se dispuso una audiencia para su lecutra, sino que serán subidos a la web.

A la Vicepresidenta también se la condenó a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que habilitó el discurso de la “proscripción”, si bien no hay impedimento legal para que sea candidata hasta que la condena eventualmente quede firme tras ser confirmada por la Cámara de Casación y la Corte Suprema, cosa que no ocurrirá este año.

A partir del jueves, con los fundamentos presentados, todas las partes podrán apelar el veredicto. Si bien cuentan con 10 días hábiles, por la extensión que tendrá la resolución es probable que alguna de ellas pida más tiempo para hacerlo.

Tanto la defensa de CFK, a cargo del abogado Carlos Berladi, como el fiscal Diego Luciani adelantaron que van a apelar. La defensa pedirá la absolución, como hizo en el juicio, y el fiscal que todos los acusados sean condenados y que se aplique el delito de asociación, también como planteó en el proceso. Luciani había pedido una condena de 12 años de prisión para la Vicepresidenta.

Con las apelaciones el caso pasará a la Sala IV de la Cámara Federal de Casación que deberá llamar a una audiencia para escuchar los argumentos de las partes. Luego de eso debe resolver si confirma las condenas o acepta los planteos de las defensas y absuelve a los acusados. La expectativa estará puesta en si eso ocurrirá este año en medio de la campaña electoral.

Luego de que se conozcan los fundamentos del fallo, Cristina Kirchner reaparecerá el viernes en un acto en Viedma. “El viernes voy a estar en Río Negro, invitada por la Universidad Nacional de Río Negro para recibir un doctorado honoris causa y brindar la conferencia ‘¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política'”, escribió la ex jefa de Estado en su cuenta de Twitter.

La expectativa estará puesta no solo en sus esperables comentarios acerca de los fundamentos que se conocerán en la víspera, sino también en las eventuales definiciones políticas con impacto en el Frente de Todos de cara al proceso electoral.