(Por Juliano Salierno) - Más de veintitrés años después de la inundación que cambió para siempre la historia de Santa Fe, el expediente judicial que investigó las responsabilidades penales por la tragedia quedó definitivamente cerrado. La última resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Penal rechazó en junio el recurso extraordinario presentado por la defensa de Ricardo Ángel Fratti y puso fin al derrotero procesal iniciado tras el desborde del río Salado, ocurrido el 29 de abril de 2003.

Con esa decisión ya no quedan cuestiones pendientes dentro de la causa penal. El ex director provincial de Obras Hidráulicas, último de los imputados que permanecía con vida, había sido sobreseído por prescripción de la acción penal a fines de 2025, mientras que la discusión sobre la reparación civil quedó definitivamente saldada al acreditarse que la Provincia de Santa Fe abonó las indemnizaciones fijadas judicialmente a los únicos actores civiles constituidos en el proceso.

Cientos de miles de familias santafesinas tuvieron que autoevacuarse con el ingreso del agua. Foto: El Litoral

De esa manera concluye uno de los expedientes más extensos, complejos y simbólicos que atravesó la Justicia santafesina, una investigación que demandó más de dos décadas, transitó íntegramente bajo el antiguo sistema procesal escrito y llegó a involucrar a algunos de los máximos funcionarios provinciales y municipales de la época.

La mañana del 29 de abril de 2003 el río Salado ingresó a la ciudad por el sector inconcluso de la defensa oeste, a la altura de calle Gorostiaga. En pocas horas el agua cubrió aproximadamente un tercio de la capital provincial, obligó a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares y provocó una de las mayores catástrofes sociales de la historia santafesina.

Las consecuencias humanas, económicas e institucionales de aquella inundación derivaron en múltiples reclamos judiciales. Entre ellos, una causa penal destinada a determinar si la tragedia había sido consecuencia de incumplimientos funcionales por parte de las autoridades responsables de la planificación y mantenimiento del sistema de defensas.

La investigación se extendió durante años, atravesó sucesivas incidencias procesales y fue reduciendo progresivamente la cantidad de imputados hasta concentrarse en tres ex funcionarios: el ex ministro de Obras Públicas Edgardo Berli, el entonces director de Obras Hidráulicas Ricardo Ángel Fratti y el ex intendente de Santa Fe Marcelo Álvarez.

Con el paso del tiempo, Álvarez fue sobreseído tras su fallecimiento en 2018 y Berli murió durante la pandemia antes de que la sentencia adquiriera firmeza.

En primera instancia, el caso concluyó el 1 de febrero de 2019 con una sentencia dictada por el juez Luis Octavio Silva.

El magistrado condenó a Berli y Fratti a tres años de prisión de ejecución condicional como coautores del delito de estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas. En el plano civil, además, hizo lugar parcialmente al reclamo promovido por el matrimonio integrado por Jorge Castro y Milagros Demiryi, condenando solidariamente a ambos ex funcionarios y a la Provincia de Santa Fe al pago de las indemnizaciones correspondientes.

La sentencia sostuvo que la catástrofe era previsible. Entre sus fundamentos destacó la existencia de informes técnicos, advertencias hidrológicas y pronósticos vinculados al fenómeno climático El Niño que permitían anticipar el comportamiento extraordinario del río Salado. También consideró acreditado que no se ejecutaron las medidas necesarias para impedir el ingreso del agua por la interrupción existente en la defensa oeste.

La situación cambió cuando la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe intervino al analizar el recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa de Fratti.

El máximo tribunal provincial anuló la sentencia de Cámara que había confirmado la condena y fijó un criterio que resultaría determinante para el desenlace del expediente.

La Corte provincial anuló la sentencia de Cámara que había confirmado la condena. Foto: El Litoral

La Corte recordó que la prescripción constituye una cuestión de orden público y que debe resolverse antes de ingresar al análisis del fondo de la causa. Además, sostuvo que la suspensión del curso de la prescripción por el desempeño de un cargo público no puede fundarse únicamente en la permanencia formal de un funcionario dentro del Estado, sino que exige demostrar una posición concreta de poder que permita inferir una capacidad real para influir u obstaculizar la investigación judicial.

En ese marco, cuestionó que la Cámara -entonces integrada por los jueces Bruno Netri, Fernando Gentile Bersano y Alejandro Tizón-, no hubiera explicado de qué manera los cargos que continuaron ejerciendo Berli y Álvarez después de 2003 podían extender esa suspensión respecto de Fratti, quien había dejado la función pública inmediatamente después de la inundación.

El fallo también puso el acento en el derecho constitucional de toda persona a obtener un pronunciamiento dentro de un plazo razonable y advirtió que entre el último acto interruptivo de la prescripción, ocurrido en 2008, y la sentencia condenatoria de 2019 había transcurrido ampliamente el plazo previsto por la ley.

Con esos lineamientos, el expediente volvió a la Cámara Penal para que dictara un nuevo pronunciamiento.

En diciembre de 2025, el juez de Cámara, Eduardo Bernacchia, declaró prescripta la acción penal y sobreseyó a Fratti. Al mismo tiempo mantuvo subsistente la responsabilidad civil derivada del proceso.

La defensa intentó posteriormente llevar esa discusión a una nueva instancia extraordinaria, al considerar que la declaración de prescripción debía extender sus efectos también sobre la condena civil. Sin embargo, ese planteo fue rechazado.

Durante esa etapa quedó acreditado que la Provincia de Santa Fe ya había depositado las indemnizaciones reconocidas judicialmente a favor de los únicos actores civiles que intervinieron en la causa, circunstancia que terminó de clausurar cualquier controversia pendiente.

Así, con el fallecimiento de Berli, el sobreseimiento por muerte de Álvarez y la prescripción de la acción penal respecto de Fratti, el expediente quedó definitivamente concluido.

Más allá de su desenlace, la causa por la inundación de 2003 dejó una profunda huella en la historia judicial santafesina.

La investigación puso bajo análisis la actuación del Estado frente a una tragedia de enorme magnitud, generó un debate sobre las responsabilidades funcionales en materia de obras hídricas y exhibió las limitaciones del antiguo sistema procesal escrito, caracterizado por expedientes voluminosos, largos períodos de inactividad y una sucesión de recursos que terminaron extendiendo el trámite durante más de dos décadas.

El cierre del expediente marca el final de un proceso que acompañó buena parte de la historia institucional reciente de la provincia y que, pese a haber concluido sin condenas penales firmes, seguirá siendo un antecedente ineludible para comprender las consecuencias jurídicas, políticas y sociales de la inundación que transformó para siempre a la ciudad de Santa Fe.

Unos 986 niños, niñas y adolescentes tuvieron causas penales iniciadas en la Justicia Nacional de Menores durante el primer semestre de este año, lo que significó un aumento del 21 por ciento en comparación con el mismo período de 2022, según datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). De acuerdo al informe conocido este lunes de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD), dependiente de la CSJN; el 92,6 por ciento de los menores involucrados fueron varones.

En total, se iniciaron 1109 causas penales en esta jurisdicción, lo que implicó un 19,5 por ciento más que en 2022; y, a su vez, estos expedientes involucraron a 986 niños, niñas y adolescentes, cuando en el primer semestre del año pasado hubo 816 (un 21 por ciento menos).

Fuente: BGD

Siempre según estos datos, el 84 por ciento de los delitos que derivaron en esas causas fueron "contra la propiedad", al tiempo que 60 de los menores involucrados recibieron una "medida de privación de libertad".

La BGD fue creada en el año 2004 mediante una resolución la CSJN y su titular responsable es la prosecretaria letrada Claudia Romano Duffau.

Esta dependencia coordina el funcionamiento del sistema informático BGD que permite a juezas y jueces de diferentes jurisdicciones registrar, compartir y conocer de manera inmediata, segura y sencilla, la información sobre niños, niñas y adolescentes involucrados en causas judiciales.

Y su último informe refleja la cantidad de niños, niñas y adolescentes con causas penales y/o medidas de privación de la libertad o alojamiento en instituciones, iniciadas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023, en la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Los datos revelaron que del total de 986 chicos con causas judiciales, 113 (el 13,3 por ciento) fueron elevados a juicio ante un Tribunal Oral de Menores.

A su vez, 597 (60,5 por ciento)chicos registraron en 2023 su primera causa ante la Justicia Nacional de Menores.

Mientras que del total de involucrados, el 58,3 por ciento residía en la provincia de Buenos Aires y el 41,3 por ciento en CABA.

En cuanto a los tipos de delitos, más allá de los cometidos contra la propiedad, hubo 16 causas iniciadas por hechos "contra las personas": el 50 por ciento por "lesiones leves" y el 31 por ciento por "homicidios".

Y al analizar este último tipo de hecho, hubo cinco casos, dos en grado de tentativa y tres consumados; al tiempo que participaron de ellos siete chicos, cuatro en los hechos consumados.

Un empleado de Tenaris, la empresa del Grupo Techint, denunció que en la planta de la localidad de Senillosa, en Neuquén, fue abusado sexualmente por compañeros en los vestuarios del lugar y en la combi que los traslada al trabajo.

Según la denuncia del trabajador, el abuso ocurrió en la planta que tiene la empresa en la localidad de Senillosa, en la provincia de Neuquén. El joven contó que sus compañeros lo llevaron a la zona del vestuario, donde lo manosearon y lo tocaron, e incluso los lastimaron con distintos objetos.

La agresión volvió a repetirse cuando todos se subieron a la combi de traslado y, en ese caso, la situación fue más grave, porque el abuso fue a la vista de los supervisores que no intervinieron para detenerlo.

El empleado planteó el caso en el área de transparencia de Tenaris. Relató lo ocurrido y aportó una descripción física de los abusadores o sus apodos ya que no los conocía por sus nombres.

El área legal inició una investigación. Analizó las cámaras de seguridad y pudo determinar por el día y el horario de los hechos quiénes eran los otros empleados que habían ingresado a la zona de vestuarios o subido a combi. Así los pudo identificar. Además, sumó el testimonio de otros empleados. Algunos de ellos testigos directos de lo que había ocurrido que corroboran los hechos.

Inclusive, las fuentes consultadas señalaron que los testigos narraron que no era la primera vez que ocurría, sino que se trata de una suerte de rito de iniciación y que ellos mismos también habían sido víctimas pero que no se habían animado a denunciarlo. Las fuentes adelantaron que la causa penal podría extenderse a esos otros hechos.

Al momento de contar lo que sucedió, la Justicia constató que las lesiones del trabajador eran producto de un ataque sexual. Si bien el caso se conoció en las últimas horas, la presentación de la denuncia se hizo hace un mes.

Los implicados en la agresión sexual serían cinco operarios. Sin embargo, la empresa emitió un comunicado donde precisó que dispuso sanciones disciplinarias para once empleados. Algunos de ellos fueron suspendidos y otros despedidos.

Desde la empresa informaron que “no tolerarán ningún tipo de abuso, acoso, coerción o bullying, ya sea sexual, físico, psicológico o de cualquier otra índole”. Además, precisaron que la compañía cuenta con una “Línea Transparente” para que sus empleados puedan denunciar de manera segura y confidencial “acciones y desvíos al Código de Conducta”.