La Justicia dictaminó este martes por la noche la inhibición de los bienes del ex presidente Alberto Fernández en la denominada causa de los seguros, que involucra a una empresa estatal del rubro.

Así lo decidió el juez Julián Ercolini, quien además determinó que se levante el secreto fiscal del ex mandatario. En tanto, una medida similar se aplicó para otros ex funcionarios y varios empresarios vinculados al escándalo como integrantes de una presunta red de corrupción.

El magistrado está investigando las supuesta irregularidades surgida en torno al Decreto 823/2021, mediante el cual el ex mandatario impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa "Nación Seguros SA, por los cuales se pagaron alrededor de 3.400 millones de pesos en concepto de comisiones.

Además, el juez ordenó la inhibición general del ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, del broker Héctor Martínez Sosa, de su esposa María Cantero, la secretaria del expresidente, del broker Pablo Torres García, y de las empresas Bachellier, San Ignacio, Castello Mercuri y San Germán, entre otras.

La inhibición también alcanzó a dos ex funcionarios de Nación Seguros, que había sido despedidos recientemente: Mauro Tanos, un ex integrante de La Cámpora promovido por el actual Gobierno a gerente general, y Marcos Eufemio, quien se desempeñaba como gerente de compras. También quedaron involucradas las dos cooperativas allanadas la semana pasada: ‘7 de mayo’ e ‘Irigoin’.

En consecuencia, ninguno de los implicados en la inhibición podrán vender o disponer de sus bienes. Además, Ercolini le solicitó a la Oficina Anticorrupción que aporte las declaraciones juradas anuales (públicas y privadas) de Alberto Fernández, Pagliano, y María Cantero desde 2009 a la fecha. Lo mismo requirió sobre Tanos y Eufemio.

El pedido lo había solicitado Carlos Rívolo, titular de la Fiscalía Federal número 6, y este martes el Juzgado Criminal y Correccional federal 11 avaló las actuaciones y autorizó la "inhibición general de bienes respecto de las personas físicas y jurídicas" detrás del escándalo de los "brokers".

La denuncia surgió a partir de una auditoría realizada por el gobierno de Javier Milei, que detectó irregularidades en el organismo público vinculadas a las intermediaciones en los seguros del ANSES y otros organismos durante la gestión de Alberto Fernández, finalizada en diciembre último.

Gustavo Capeletti

El tribunal conformado por los jueces penales Norma Senn, Graciela Bressán y Mauricio Martelossi resolvió absolver por insuficiencia probatoria y bajo la figura del “in dubio pro reo” ("en caso de duda, a favor del acusado") a Julián B., por delitos contra la integridad de sexual de su hija.

Este hombre con domicilio en Avellaneda estaba imputado por abuso sexual con accceso carnal agravado, por haber sido cometido por un ascendiente de la pretensa víctima, y por la relación de convivencia preexistente, tratándose de una persona menor de 18 años -hija suya- la supuesta perjudicada.

En la sentencia, los magistrados impusieron las costas del juicio al MPA y ordenaron el cese de las restricciones impuestas provisionalmente sobre el encartado, ahora absuelto.

Más allá de que los fundamentos de la decisión estarán disponibles para las partes dentro del plazo de ley, el decisorio fue novedad en la sede tribunalicia de Reconquista toda vez que el fiscal del caso Sebastián Marichal había reclamado una pena de 14 años de prisión efectiva.

Actuaron como abogados defensores del imputado los doctores Andrés Ghío , Ricardo Degumois y Ricardo Degumois (h).

Ante este nuevo y resonante revés para la Unidad Fiscal Reconquista, apenas terminada la lectura de la sentencia Marichal dijo ante medios de prensa que “no tenemos los fundamentos, por lo tanto no podemos saber exactamente por qué razón lo han absuelto. Nosotros lo acusamos por delitos contra la inseguridad sexual, abusos sexuales”.

El funcionario judicial repasó que el caso surgió en agosto de 2020 en Avellaneda, en un refugio de una familia conviviente, y fue la menor la que hizo la denuncia y la ratificó después.

“Vamos a ver cuál es el punto que consideran que no es suficiente la prueba y cuál es el punto que consideran que ha estado en dudas, digamos, para resolver las dos cuestiones con las cuales se resolvió de esta manera”, anticipó.

Para el fiscal, con las declaraciones de la psicóloga particular de la denunciante, la psicóloga policial, también la psicóloga de la MPA y una trabajadora social del Chaco se puede decir que “hemos tenido suficiente elementos para llegar a juicio”, pero “bueno, el tribunal consideró que no hay suficiente prueba. Vamos a ver por qué, cuál es la prueba que consideran que debería haberse producido y que hubiera sido necesaria".

Consultado sobre las palabras que pronunció la joven ante los jueces ante del fallo, contó que “habló de su impacto. O sea, ella contó lo que le ha generado hasta ahora el proceso penal, lo que influyó en su vida también el hecho de que ella denunció el abuso y en cuanto a sus relaciones familiares, personales”.

Para uno de los abogados patrocinantes de Julián B. “esta absolución no debe ser ocasión de escándalo porque, una vez más, los magistrados de la circunscripción están diciendo a través del fallo que no se puede llevar a juicio una causa sustentada en pruebas de cargo que no satisfacen el estándar probatorio para poder romper el estado de inocencia”.

El Dr. Andrés Ghío señaló que “en este caso, la absolución del acusado es el precio que se paga porque la fiscalía, su actuación en la dirección de la investigación, no tuvo en cuenta que no era una causa con proyección de condena. O al menos, debió la fiscalía, como sucede en las causas federales, cuando se percata eso a través de los testimonios, retirar la acusación en medio del juicio, que no sé por qué los fiscales de la circunscripción no lo hacen”.

El fiscal federal Ramiro González imputó este martes al expresidente de la Nación Alberto Fernández y otros ex funcionarios por una maniobra supuestamente fraudulenta en la contratación de seguros de organismos oficiales que otorgaba con "Créditos Anses" el organismo en cuestión.

Esta nueva causa se abrió a raíz de la denuncia efectuada por el Gobierno, presentada por la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el nuevo titular de la ANSES, Mariano de los Heros Battini, y el director de Nación Seguros, Alfonso José Torres, las tres áreas involucradas en las presuntos irregularidades durante la administración anterior.

Según la denuncia, en el otorgamiento de créditos desde la ANSES se contrataron pólizas de seguros a través de Nación Seguros pagando comisiones "indebidas", por lo que fue imputado el extitular de Nación Seguros Alberto Pagliolo y el ex Director del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES Federico Alejandro D´Angelo Campos.

También el responsable de San Ignacio sociedad de productores asesores de seguros SA y el responsable de TG Broker S.A. pues fueron contratados como organizador y productor por D´Angelo Campos sin haber mediado licitación alguna y justificando la "falta de costo" para el Estado.

La maniobra se ejecutaba cuando se otorgaba un crédito a algún jubilado y pensionado por el cual no se podía recuperar entre otras cosas por fallecimiento, y por el cual se pagó al menos entre marzo del 2022 y octubre del año siguiente la suma de 10 mil millones de pesos.

El fiscal le sugirió al juez Julián Ercolini pedir a la Auditoría General de la Nación un informe sobre los hechos, informes a la Superintendencia de Seguros sobre las aseguradoras San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A y TG Broker S.A.

También que jefatura de gabinete de ministros aporte el decreto 823/2021 que impuso la obligación de otorgar los créditos con pólizas de seguro, así como si son proveedores del Estado.

Otra de las medidas es que sea citado como testigo Osvaldo Giordano, el ex titular de la Anses que fue echado por el presidente de la Nación, Javier Milei, y quien descubrió la maniobra ahora investigada.

El fiscal pidió la realización de un "peritaje de la especialidad con el objeto de determinar el perjuicio patrimonial" a partir del decreto del 2021 firmado por el ex presidente Alberto Fernández.

Esta causa se suma a la otra que también tienen el juez Ercolini y el fiscal González a partí de la denuncia de Silvina Martínez y que también se investigan la contratación de seguros.

También, la pesquisa apunta a el pago de comisiones a otras empresas de seguros a través de Nación Seguros.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó in limine los planteos de recusación formulados por la defensa particular de la ex presidenta Cristina Kirchner respecto del juez Diego G. Barroetaveña y del fiscal Mario Villar en el expediente en el que se revisa su condena a seis años de prisión por la Causa Vialidad.

La resolución lleva la firma de los camaristas Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Diego G. Barroetaveña. En los considerando se sostiene que "mal podría pretender apartarse al fiscal porque la defensa no está de acuerdo, o entiende que resulta contradictoria la posición sobre la cual luego puede ejercer su derecho constitucional a la defensa en juicio (art. 18 CN)".

Y agrega que "debe remarcarse que los fiscales deben ajustar su actuación a la ley –conforme los principios de unidad y jerarquía- con objetividad y ecuanimidad en promoción de la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad".

En base a las consideraciones expuestas corresponde rechazar in limine el pedido de recusación formulado respecto del representante del Ministerio Público Fiscal ante esta Cámara, Mario A. Villar".

Y resuelve "rechazar in limine los planteos de recusación formulados por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner respecto del señor juez Diego G. Barroetaveña y del señor Fiscal General, Mario A. Villar; con costas (arts. 530 y 531 CPPN)".

Mediante un escrito firmado por los abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, la defensa de la ex mandataria había consignado "circunstancias objetivas que ponen en crisis la objetividad y la imparcialidad de los citados magistrados".

"Desde ya dejamos expresamente planteada la nulidad de los actos procesales que puedan desarrollar los magistrados recusados. En línea con lo expuesto, a fin de evitar posibles nulidades, respetuosamente solicitamos que se suspendan las audiencias fijadas en autos", se reclamó en el escrito.

En el caso del fiscal Villar, la ex presidenta sostuvo que en esta causa afirmó que existía una sola asociación ilícita mientras que en otro expediente sostuvo que era jefa de dos.

"Mientras los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola afirmaban en este proceso que existió una única asociación ilícita, creada para cometer defraudaciones y lavar activos, los fiscales Diego Velasco y Mario Villar plantearon en las causas Hotesur y Los Sauces que, en rigor de verdad, Cristina Fernández de Kirchner integró dos bandas criminales distintas: una constituida para defraudar al Estado (investigada en el marco de este proceso) y otra conformada para blanquear capitales (investigada en las causas Hotesur y Los Sauces)", explicó la defensa.

"Frente a semejante contradicción, señalamos expresamente que la fiscalía no podía sostener proposiciones antagónicas en su acusación por el delito de asociación ilícita. No obstante, Villar, pese a haber afirmado la existencia de dos asociaciones ilícitas distintas, en la audiencia celebrada el pasado 26 de febrero sostuvo para este proceso que solo existió una única asociación ilícita", añadió.

"Lejos de obrar en forma objetiva, el fiscal Mario Villar ha sostenido posiciones antagónicas en las causas a su conocimiento, dirigidas a mantener pretensiones punitivas a todo trance en contra de la ex Presidenta de la Nación", completó.

Sobre el juez Barroetaveña, la defensa de la ex presidenta consideró que "ya ha emitido opinión en otro expediente en torno a los extremos fácticos y jurídicos" relacionados con la Causa Vialidad. "Tal situación coloca al citado juez en una clara y lamentable posición de prejuzgamiento", sostiene el documento.

Los defensores recordaron que Barroetaveña y Daniel Petrone revocaron el sobreseimiento de Cristina Kirchner en las causas por los hoteles".

"Al haber revocado aquel sobreseimiento, dejando subsistente la imputación por el delito de lavado de activos, los jueces habilitaron a que la fiscalía, como teoría del caso, pueda seguir sosteniendo que la asociación ilícita atribuida a Cristina Fernández de Kirchner también tuvo como propósito llevar a cabo maniobras de blanqueo de capitales. En otras palabras: de haberse confirmado aquel sobreseimiento, de manera alguna podría sostenerse en este expediente que la mentada asociación ilícita también tuvo como propósito, además de cometer defraudaciones, lavar activos", explicaron.

"El juez Barroetaveña -junto a su colega- fijó una posición que reconoce la existencia de una única asociación ilícita atribuida a Cristina Fernández de Kirchner, constituida a efectos de cometer defraudaciones en perjuicio del Estado y maniobras de lavado de activos, tal como ahora lo postula el fiscal Villar en sus agravios", describió.

Barroetaveña, añade el texto, "se encuentra ahora inmerso en la causal de apartamiento pues ha valorado y emitido opinión sobre hechos que guardan relación directa e inmediata con los agravios postulados por la fiscalía en este proceso, respecto de los cuales debe emitir sentencia".

La Cámara de Casación Federal confirmó que la ex vicepresidenta Cristina Kirchner seguirá siendo investigada en la causa por la “ruta del dinero k” al ser rechazado un planteo de su defensa.

De esta forma, es Sebastián Casanello el juez de primera instancia quien junto con el fiscal Guillermo Marijuan continuarán con la causa de lavado de dinero en la que el empresario Lázaro Báez fue condenado a diez años de prisión.

Ahora fue el turno de los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo, de la Sala IV de Casación, quien ante un planteo hecho por la exVicepresidenta contra el fallo de la Cámara Federal “resulta improcedente” y por eso rechazaron la apelación.

Cristina Kirchner de esta forma volverá al centro de la escena en esta causa de la que Casanello en dos oportunidades le dictó la falta de mérito por considerar que no había pruebas suficientes para avanzar.

En la causa a través del juicio que se hizo fueron condenados el empresario Lázaro Báez a diez años de prisión; su hijo Martín a 9 años; el arrepentido Leonardo Fariña a cinco, y otros empresarios.

La exVicepresidenta nunca fue procesada en el caso y el año pasado en un dictamen fue Marijuan quien llamativamente luego de impulsar la denuncia en reiteradas veces en su contra, reconoció que no hubo pruebas por lavado de dinero.

En su dictamen, el fiscal nombró los negocios entre el empresario y la vicepresidenta, además de más de 300 comunicaciones entre sus secretarios y ellos mismos, pero dijo que no existió delito alguno para investigar.

Pero la Cámara Federal abrió el camino al hacer lugar a un planteo de una ONG y ahora tras éste fallo que se confirma, Marijuan y Casanello seguirán adelante con el caso.

La modelo y conductora televisiva Jesica Cirio cambió de abogados en la causa en la que es investigada por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero a raíz del lujoso viaje de su ex marido y ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, a España.

Cirio cesó en sus funciones a los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, quienes venían defendiéndola en este expediente, que tramita ante el juez federal subrogante de Lomas de Zamora Ernesto Kreplak.

Su nuevo abogado es Nicolás Urrutia, un penalista de prestigio y bajo perfil, que ya fue presentado ante el juzgado y aceptó su designación como nuevo defensor.

Urrutia trabajó en varios casos en sintonía con el estudio del designado ministro de Justicia del próximo gobierno de Javier Milei, Mariano Cúneo Libarona.

Cirio no explicó las razones del cambio de abogados.

En las últimas horas trascendió que los investigadores están tras una pista que indica que un casino de la provincia de Entre Ríos pagó mediante facturas por pauta publicitaria más de 11 millones de pesos a un programa de TV conducido por Cirio en 2022.

Una fiesta de casamiento reunió a tantos famosos que parecía la entrega de los Premios Martín Fierro. Marley, Florencia Peña, Lizy Tagliani, Teté Coustarot, Belén Francese, Noelia Marzol, Donato de Santis, Vicky Xipolitakis y Elizabeth Vernaci fueron solo algunos de los invitados al casamiento de Fernando Colombo, el histórico productor de Marley, y Facundo Oltra, su pareja hace 18 años.

Entre los invitados estuvo Jésica Cirio junto a su nuevo amor, el empresario Elías Piccirillo, el joven con quien habría viajado en el invierno a Ibiza y Formentera.

“Llegó muy temprano pero no estaba sola. Estaba con Elías Piccirillo. Estaban en un gazebo y la joda estaba en un living, entonces se acercó a la mesa de Telefe y presentó a Elías, pero ellos se fueron de la fiesta. Lo comparo con lo que pasó con Jey Mammón en la entrega de los Premios Martín Fierro”, contó otra de las invitadas.

Antes de esa fiesta circulaba el rumor sobre esta relación cuando Cirio quiso impedir que trascienda públicamente: "Elías es hermano de un funcionario del Estado, es empresario de bienes raíces. A Jésica la sentí incómoda todo el día, había un clima raro”, era uno de los comentarios.

Cirio se separó el verano pasado de Martín Insaurralde, pero blanqueó la ruptura en junio. Luego ella viajó a Europa con su nuevo amor, al tiempo que Insaurralde se tomó unas vacaciones similares junto a Sofía Clerici, haciendo ostentación de varios lujos que derivaron en denuncias por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Su versión

“A veces se pide que diga no sé qué. Estuve casada 10 años confiando en esa relación y esa es mi verdad, es lo que viví. En principio fui feliz, en los últimos momentos la relación fue decayendo por no tener tiempos cada uno o porque quizás empecé a notar cosas en él que ya no me hacían bien, cosas de nuestra intimidad que no me hacía bien y no me daban seguridad y en ese momento decidí irme”, explicó Cirio en un reportaje.

Sobre el trabajo y los ingresos del político, la conductora destacó que no vio nada raro: “Él era político como era de público conocimiento y yo trabajaba todo el día. Nos encontrábamos a la noche y cenábamos, ahora si se pretende que yo diga si vi algo ilegal, la realidad es que no lo vi”.

“Yo trabajé para marcas nacionales e internacionales y siempre tuve la suerte de poder vivir bien. Nunca dejé de trabajar desde chiquita. La información que él me daba es que los viajes eran por laburo. Para el nivel de vida que yo siempre llevé, los viajes que hacíamos eran algo dentro de mi normalidad. Yo siempre me bancaba mis cosas, mis gastos y mis viajes. Aunque también había gastos en común. Quiero que quede claro que mi vida no cambió en absolutamente nada después de casarme con él. Lo que se vio en los videos no era la vida que llevaba conmigo. Nunca vi una ilegalidad en nada de lo que estaba haciendo”, remarcó la modelo.

Tras la publicación de las fotos de Insaurralde con Clerici, Cirio lo llamó para pedirle explicaciones, pero él se enojó y la bloqueó: “Sentí que todo era mentira, que lo que viví estos años era mentira, fue muy frustrante, una traición muy fuerte. Fue muy angustiante -la infidelidad- sentí mucha defraudación, mucha frustración”.

La justicia ordenó realizar distintos peritajes en una computadora de Martín Insaurralde, como así también en dos teléfonos celulares de la modelo Sofía Clerici, quien recientemente lo acompañó en un viaje de placer por España.

El juez federal Ernesto Kreplak solicitó esos informes, que estarán a cargo del personal de Gendarmería Nacional.

En un country de la localidad de San Vicente, en el sur del conurbano, donde el ex intendente de Lomas de Zamora posee algunas propiedades, la policía se llevó una computadora, una tablet y un pendrive.

Asimismo, y en la vivienda de Clerici, ubicada en el barrio privado Nordelta, la policía secuestró dos Iphone, una Macbook, dos Ipad y una notebook, que podrían contener información vital para avanzar en la causa. Durante el mismo allanamiento, las autoridades retuvieron casi 600 mil dólares, 2 millones de pesos y 2.000 pesos uruguayos.

Por otra parte, el magistrado sigue investigando sobre los bienes de Insaurralde, su ex esposa Jésica Cirio, y la propia Clerici, como así también la estadía el ex funcionario bonaerense junto a la modelo en Marbella.

De hecho, envió un exhorto a España para saber quien es el dueño del yate 'Bandido', alquilado por Insaurralde y Clerici para pasar unos días descanso.

Kreplak también está investigando la separación de bienes de Insaurralde y Cirio, quien habría recibido una millonaria suma en dólares tras haberse dictado el divorcio de la pareja.

El viaje con Clerici fue uno de los tantos al exterior que realizó Insaurralde en los últimos tiempos, y que desató un escándalo a pocos días de las elecciones realizadas el mes pasado. De hecho, el gobernador bonaerense Axel Kicillof le pidió la renuncia al ex jefe comunal lomense, quien se desempeñaba como jefe de Gabinete de Ministros.

La aprobación del pliego de la camarista de Casación Ana María Figueroa, por impulso del kirchnerismo en el Senado y mediante una votación que terminó siendo desempatada por la presidenta pro témpore del cuerpo, habilitó interrogantes sobre la procedencia del trámite, la manera en que se producirá la reinserción de la magistrada y los efectos que esto podría tener sobre los fallos que dispusieron llevar adelante el juicio oral en las causas Hotesur-Los Sauces y Pacto con Irán.

A esta altura, algunas pocas dudas comenzaron a quedar despejadas. Específicamente, la desvinculación de Florencia Kirchner de la causa por lavado de dinero en los hoteles de la familia en El Calafate, ya que el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, decidió no apelar el sobreseimiento que resolvieron los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.

Cuando los camaristas firmaron la resolución que se concentraba en las dos empresas de la familia Kirchner investigadas por lavado de dinero, y anularon la decisión de dos jueces del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) que habían sobreseído a todos los acusados a fines de 2021, fueron determinantes en la necesidad de que la inocencia o culpabilidad de los imputados, se resuelva en la instancia de debate.

La única excepción en aquel fallo fue Florencia Kirchner: Petrone y Barroetaveña no revocaron su sobreseimiento. Su edad fue un factor clave, y el rol de su hermano y la dinámica familiar también fueron tenidos en cuenta por los camaristas. Entendieron que no se le podía "exigir" una conducta distinta a la que tuvo en este caso y que, si existió un delito, lo decidieron "otras personas" que "mantenían con ella una relación asimétrica", de autoridad, porque eran sus padres y su hermano. El fiscal compartió el criterio de los magistrados y no apeló, por lo cual ésa cuestión está zanjada.

En cambio, no ocurrió lo mismo con la decisión de enviar a juicio oral a Cristina Fernández y Máximo Kirchner, decisión que la defensa pretende anular. Entre los argumentos, criticaron que la decisión haya salido con la firma de dos camaristas y sin la intervención de la jueza Ana María Figueroa, cesada en sus funciones por la Corte a principios de mes.

"La Sala que dictó el fallo quedó indebidamente constituida sólo por dos jueces, habiendo sido excluida de la resolución del caso la tercera magistrada (Ana María Figueroa) a través de una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no registra antecedentes similares y que resulta contraria a la práctica seguida con relación a otros magistrados que se encontraban en idéntica situación a la de la jueza Figueroa", manifestaron los abogados

Figueroa cumplió 75 años, la edad límite que establece la Constitución Nacional para su ejercicio como magistrada, el 9 de agosto.

La jueza Ana María Figueroa cumplió 75 años el pasado 9 de agosto.

La Corte Suprema, con el voto de sus cuatro integrantes (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti), había resuelto dejar cesante a Figueroa el 6 de septiembre. Ahora, tras el extemporáneo trámite en el Senado, el Gobierno pretende que vuelva a su puesto, clave en las causas de Hotesur y Los Sauces y en la del Memorándum con Irán.

La jueza necesitaba el aval del presidente Alberto Fernández para continuar en la Cámara Federal de Casación por 5 años más. Luego de alguna demora que alentó especulaciones, el Ejecutivo lo firmó este martes por la noche. Con esa norma en la mano, y los fundamentos que la sustentan, la jueza debe reclamar ahora su restitución ante el Consejo de la Magistratura. Se entiende que eso habilitará una consulta con los jueces del fuero de Casación Penal, y eventualmente ante la Corte, que ya se expidió.

De todo este proceso resultará establecer si se trata de una nueva designación (y por lo tanto la magistrada deberá volver a prestar juramento), o de una extensión de sus funciones anteriores, que ya habían cesado. Y también si podrá volver a su antiguo puesto: la presidencia de la Cámara está ocupada ahora por Mariano Borinsky, y se tomaron medidas para cubrir el cargo. O si, finalmente, se considera que el trámite no se hizo de la manera correcta, considerando que se trata de una "ex jueza" (como ya dijo la Corte),.

De acuerdo al artículo 99, inciso 4, de la Carta Magna argentina, el Presidente tiene entre sus atribuciones designar jueces "en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos". Allí también se especifica que "un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años". Y agrega: "Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite".

La votación en el Senado para que Figueroa continúe por cinco años más fue muy ajustada. Al oficialismo le costó conseguir quórum y una vez que lo logró hubo doble empate a la hora de votar. Terminó desempatando la legisladora santiagueña Claudia Ledesma Abdala (esposa del gobernador de esa provincia Gerardo Zamora) quien estaba a cargo de la presidencia provisional de la Cámara ya que Cristina Kirchner se había retirado del recinto.

Invocando esas circunstancias, y el texto literal de la Constitución, se presentó una denuncia contra los 35 senadores que votaron a favor de la continuidad en Casación de Figueroa. La Fundación Apolo, con la firma de sus integrantes José Magioncalda, Juan Martín Fazio y Juan Manuel Otegui, los denunció por delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.

Según la presentación de Apolo, los legisladores en cuestión "ponen en riesgo el orden constitucional y el servicio de justicia", ya que buscan "retrotraer 'contra legem' la jubilación de una magistrada, con el fin de nulificar lo actuado por la Sala en cuestión, luego de la salida de Figueroa, en decisiones sobre causas de corrupción que afectan en forma directa a la actual Vicepresidenta".

La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, a cargo del Dr. Julián Daniel Ercolini. Y se sumó al profuso entramado de planteos judiciales que atraviesan las causas en cuestión, y a los tres poderes del Estado junto con ellas.

El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, recusó a los cuatro jueces de la Corte Suprema en el marco de la reapertura de la causa por el Memorando de Entendimiento entre la Argentina e Irán por el atentado contra la AMIA.

El funcionario presentó un Recurso Extraordinario ante el máximo tribunal contra el fallo de la Cámara Federal de Casación que anuló el sobreseimiento de todos los imputados, apartó a los jueces que lo habían dispuesto y ordenó la realización del juicio oral.

Zannini no estaba entre los originalmente denunciados por el difunto fiscal Alberto Nisman, pese a lo cual el fallecido juez Claudio Bonadio lo incluyó en la acusación, lo procesó y lo metió preso.

Zannini, a través de su abogado, Mariano Fragueiro Frías, también pidió la separación de la causa de los jueces de Casación –Diego Barroetaveña y Daniel Petrone- que ordenaron la reapertura del expediente.

"Los magistrados firmantes de la decisión impugnada demoraron la resolución del recurso por casi dos años, término en el que la tercera integrante del Tribunal (Ana María Figueroa) cumplió la edad en que, para permanecer en el ejercicio de su cargo, el Senado debe prorrogar su nombramiento", argumentó la defensa.

Zannini interpretó que Petrone y Barroetaveña "intencionadamente la excluyeron de la deliberación, privándola de emitir su voto en la resolución de este recurso".

Sobre los jueces de la Corte Suprema, la defensa del procurador del Tesoro consideró que no pueden intervenir en esta instancia porque prejuzgaron al ordenar el cese en funciones de la jueza Figueroa cuando estaba pendiente su reválida en el Senado.

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El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray conocerán este miércoles el veredicto en su contra por el escándalo de la valija con los 800 mil dólares que intentó ingresar desde Venezuela a nuestro país el empresario Guido Antonini Wilson el 4 de agosto de 2007.

Unos 16 años después la Justicia emitirá el primer fallo del caso. Principalmente, en la causa están siendo juzgados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, entre otros.

En el juicio, el fiscal Marcelo Agüero Vera no pidió pena para Echegaray al considerar que no había pruebas en su contra con lo cual al no haber otros acusadores, es probable que de coincidir con el criterio del Tribunal, será absuelto.

Antonini Wilson.

En cambio, el fiscal sí pidió ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico la pena de cinco años para el ex ministro De Vido por el delito de “contrabando de divisas” a raíz del ingreso a la Argentina del empresario venezolano.

En la etapa final del juicio oral y público ante un Tribunal Oral en lo Penal Económico, el fiscal reclamó también cuatro años y diez meses de prisión para el ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti por el mismo delito.

La figura penal reprochada es la de “tentativa de contrabando de importación de divisas, agravado por haber intervenido más de tres o más personas y por tratarse los imputados de funcionarios públicos”, cuya pena en expectativa va de los dos a los ocho años de prisión.

Antonini Wilson.

El fiscal pidió además, para De Vido y Uberti las penas de tres y dos años de inhabilitación para el ejercicio del comercio y para ejercer cargos públicos por el doble tiempo de la condena.

En tanto, para los ex funcionarios aduaneros, Guillermo David Lucángeli, María Cristina Gallini, Jorge Lamastra y Rosa Nélida García, el fiscal pidió dos años de prisión en suspenso por el delito de “encubrimiento”.

El principal acusado, Antonini Wilson, no comparece en el juicio porque está prófugo de la Justicia argentina.

Dicho juicio se lleva a cabo ante el Tribunal Oral número 1, a cargo de los jueces Diego García Berro, Ignacio Fornari y Luis Losada. Según el fiscal, el intento de ingreso del dinero proveniente de Venezuela ocurrió “a pedido de Uberti” y “por orden y disposición de De Vido”.

La causa por presunta estafa por parte de la fintech Wenance S.A., que se encargaba de prestar dinero mediante créditos online a clientes no bancarizados, avanza. No sólo eso, sino que a medida que se persiste en la investigación de la compañía los ahorristas rosarinos y santafesinos afectados se van multiplicando.

Desde el estudio de abogados de Rosario "Arroyo-Barbarach" indicaron a El Litoral que los acreedores afectados en la ciudad "son más de 500" y en toda la provincia de Santa Fe, por ahora, "superan los mil casos".

En base a cómo viene desarrollándose la causa judicial por presunta estafa, desde el estudio informaron que "la empresa -Wenance- luego de los rumores, se presentó en Concurso Preventivo; en Primera Instancia hubo un rechazo de la apertura bastante cuestionado, porque la Jueza entendió que, por un lado, no era un sujeto concursable, teniendo que regirse por la Ley de Entidades Financieras (LEF) y, además, se consideró incompetente, atento a que en diferentes contratos de Fideicomisos firmados, ingresaba su domicilio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y no en la localidad de Vicente López".

Ante esta situación, "la firma apeló la decisión". Entonces, "la sala revocó, diciendo que se trata de una Fintech y no se rige por la LEF. Inclusive, "que su domicilio social es en Vicente López, por ende, es la Jueza competente".

En concreto, desde el estudio Arroyo-Barbarach explicaron que ahora que está abierto el Concurso va a permitir que todos los acreedores que fueron damnificados por la falta de pago se puedan presentar a verificar sus créditos".

También existen denuncias penales que se están realizando en Rosario y otras que se están llevando a cabo en Buenos Aires, por lo que se espera que próximamente haya nuevas acciones respecto a esto.

Imagen ilustrativa.

Hay que recordar que Wenance S.A. es una empresa de capitales argentinos que era líder en el otorgamiento de crédito online a clientes no bancarizados, pero desde el 2017 está envuelta en una fuerte polémica luego de que la acusaran de estafar a sus clientes, entre ellos cientos de santafesinos afectados.

Básicamente, la compañía se encargaba de prestar dinero, sobre todo a quienes no accedían a créditos bancarios. Lo que sospechan los investigadores es que el accionar era el de una típica financiera que utilizó el viejo modelo de "préstamos a sólo firma", pero usando app y, como se dice en la jerga fintech, permitiendo onboarding digital. O sea, sacar los préstamos o invertir dinero desde el celular, muy fácil, con dos o tres clics.

El estudio Arroyo-Barbarach, que ya representa a varios afectados, advierte que seguramente "hay muchos más damnificados y, en estos casos, muchas veces están a la espera de una propuesta, porque no se reconocen como vulnerados en sus derechos. Es decir, no logran dimensionar la situación en la que se encuentran y se quedan al aguardo de una respuesta".

Una vez que se ponga la fecha de verificación de los créditos, entienden que los afectados comenzarán a desesperarse y, por eso, recomendamos que empiecen a asesorarse. "Desde el estudio entendemos esto, pero sugerimos que se asesoren para reclamar por cada caso en particular".

El problema que se suscita con la compañía es que una vez lanzados estos fideicomisos los clientes de Wenance comenzaron a presentar una mora mayor a la habitual para este tipo de operaciones, lo que llevó a una imposibilidad por parte de la empresa para cumplimentar sus obligaciones comprometidas en los mencionados fideicomisos, no pudiendo pagar a los inversores los cupones lanzados al mercado.

En esta línea, los abogados defensores detectaron "un tipo de maniobra fraudulenta", atento a que la empresa conocía y estaba al tanto de la mora de sus clientes e igualmente siguió buscando inversores para que sostengan sus operaciones a sabiendas de esta imposibilidad que iba a sobrevenir de la devolución de los fondos, más aún con los intereses pactados.

En Argentina, los afectados son entre tres mil y cinco mil clientes por un total de 20 mil millones de pesos, que es la cifra a reestructurar. El monto está en tres fideicomisos financieros privados que, por el momento, ningún organismo del gobierno nacional está controlando de oficio.

La empresa propuso dos opciones de reestructuración del dinero de sus inversores. Hasta tres millones de pesos de capital que quiere pagar en 12 cuotas a partir del mes de agosto y, luego, dos cuotas de interés compensatorio. La intención sería, que no paguen más intereses, sólo devolverían el capital en cuotas. Para las inversiones de más de tres millones de pesos de capital la compañía propone dolarizar al tipo de cambio MEP en el mes de julio al 8% anual.

Por esto, la fiscal Mónica Cuñarro imputó a Alejandro Muszak, Santiago Hardie, Gustavo Molas y Paola Vallone (Muszak es el CEO de Wenance, mientras que los demás están vinculados a diversas sociedades del mismo grupo económico) por "haber integrado una organización criminal, en la que no se descarta la intervención de otras personas, con la finalidad de desplegar distintas conductas delictivas contra la propiedad de manera sistemática y reiteradas en el tiempo, constitutivas de defraudaciones través de la cual ofrecían y otorgaban préstamos personales obteniendo una ventaja pecuniaria desproporcionada".

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Como anticiparamos el último martes en Sur24, Simón, el nene de 8 años que cayó de una bandeja en la cancha de Boca, finalmente accedió al alta médica. Hace dos días se especulaba con esta buena noticia cuando, desde el Hospital Garrahan, informaron a este medio que el nene se encontraba en buen estado de salud, internado en sala común. 

El hecho ocurrió en la jornada del domingo cuando Simón G., oriundo de Venado Tuerto, en el entretiempo del partido Boca-River cayó de una de las bandejas de la bombonera a una zona de acceso, por causas que aún no fueron establecidas, aunque en el audio del programa radial “Argenzuela”, conducido por Jorge Rial, el padre del nene deslizó como se habrían sucedido los hechos, señalando que una persona los empujó y de esa manera se habría producido la caída del menor.  

A raíz de lo ocurrido el domingo comenzó una investigación judicial donde, entre otros, se imputa al club Boca Juniors. La polémica surge a raíz de la presunta falta de información por parte del club de la Rivera luego de lo sucedido.  

A los pocos minutos del incidente, Simón fue internado en el Hospital Garrahan, aunque en este caso, el padre denunció que la asistencia tardó en llegar y que Simón fue trasladado en primera instancia al Hospital General de Niños Pedro de Elizalde y como allí no había traumatólogo fue derivado al Hospital Garrahan. El niño sufrió politraumatismos y por fortuna no padeció ninguna afectación cerebral, algo importante después de una caída de esta envergadura. 

Urgente: nene de Venado Tuerto cayó de una tribuna en la Bombonera y está internado

El caso de Simón ya estaría siendo investigado por la Justicia ya que, según el relato de su papá, Rodrigo G., difundido en “Argenzuela”, el programa que conduce Jorge Rial por C5N, alguien los habría empujado, provocando que el niño cayera por el túnel.  

“Estábamos en la cancha viendo el partido en la segunda bandeja y apenas termina el entretiempo, al lado del paravalanchas, entre tanta gente que quería ir y venir, una persona nos empuja a Simón y a mí, y él al ser más liviano, se me escapa de las manos y se cae por el túnel al piso”, comenta el venadense sobre lo ocurrido en el superclásico del pasado domingo. 

Se recupera el nene de Venado que cayó de una bandeja en la cancha de Boca

Simón G. cayó desde tres metros, desde la popular media norte, la segunda bandeja que da a Casa Amarilla durante el entretiempo del Superclásico. Fue atendido por la empresa de salud que está a cargo en el club y trasladado al Hospital Garrahan. Lo que la Justicia ahora busca es una explicación al por qué este gravísimo hecho no fue anunciado ni por la policía, ni la seguridad, ni siquiera por el club. 

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Antes de subirse al avión rumbo a España, el presidente Alberto Fernández dio el visto bueno para buscar una salida definitiva a la causa judicial por la fiesta de cumpleaños en la Quinta de Olivos. Esta tarde, sus abogados presentaron ante el fiscal federal Fernando Domínguez una nueva propuesta: donar $ 1,6 millón para el sistema de salud. En agosto del año pasado, cuando estaba a punto de ser imputado por el primer fiscal de la causa, Ramiro González, el presidente ofreció donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán. Pasó mucho tiempo. “La propuesta económica ya estaba desactualizada”, admitió hace tiempo uno de los abogados que asesora al jefe de Estado. La donación en realidad es una reparación integral, prevista en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal. Primero debe ser aceptada por el fiscal y luego homologada por el juez Lino Mirabelli. El fiscal ya llegó a un acuerdo con Carolina Marafioti, la estilista de Fabiola Yañez que donó $ 200 mil al hospital Provincial Petrona V. de Cordero de San Fernando y terminó sobreseída. “Difícil es mensurar el daño causado en este tipo de casos a los fines de la reparación, sin embargo, si puede intentar fijarse algún criterio que permita tornar operativo el instituto, concitando los intereses en juego”, sostuvo en ese momento. Pero luego rechazó las reparaciones ofrecidas por otros tres imputados que estuvieron en el cumpleaños de Fabiola Yañez: Santiago Basavilbaso, Emanuel Esteban López y Fernando Consagra. El actor y modelo Fernando Consagra, y su pareja Emmanuel López (que trabajó con la primera dama hasta octubre del año pasado), ofrecieron donar $ 150 mil cada uno para ser sobreseídos. En tanto, Santiago Basavilbaso, que se fue a vivir a Barcelona (España) y ahora trabaja en una cafetería, ofreció donar $ 220 mil para costear “varios días de internación en las unidades de terapia intensiva que han sido utilizadas en la emergencia sanitaria por la pandemia que nos ha afectado”. En las próximas horas, esos tres imputados también harán una nueva propuesta económica. Algo similar ocurrirá con la primera dama Fabiola Yañez, defendida por los abogados Juan Pablo Fioribello y su socio Mariano Lizardo. Según pudo saber este medio, la propuesta superaría el millón de pesos. En su caso, la valuación sobre el monto de la reparación fue más complejo porque no cobra un sueldo del Estado. “Voy a proponer una reparación relacionada con insumos médicos”, había dicho Fioribello en diciembre pasado. El abogado de Yañez estuvo reunido esta mañana con el fiscal Dominguez y logró destrabar las negociaciones que comenzaron hace varias semanas. La presentación del Presidente aterrizó horas después en la Fiscalía y lleva la firma de los abogados Marcelo Sgro y Fabián Musso, los dos defensores designados por Alberto Fernández en diciembre pasado.

A través de un escueto pero conciso comunicado, la Municipalidad de Firmat informó esta tarde que el profesor Mauricio Ponce, a cargo del área de Deportes quedaba desligado de su cargo a causa de “un hecho que motivó la actuación de la Justicia”, dice el mensaje.

El medio local Redacción Firmat, por su parte, adelantó que el indicado estaría preso en Melincué tras un procedimiento de la AIC. Y añade que este miércoles se comunicará el motivo de la detención.

La localidad, conocida la noticia, ya se encuentra alterada a la espera de mayor información del hecho que habría llevado a la detención del funcionario municipal.

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