La expresidenta Cristina Kirchner declarará este martes a las 9 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro.7 (TOF 7) en la Causa Cuadernos, debido a que se estableció la presencialidad obligatoria para el inicio de las indagatorias del juicio.

La citación de la ex mandataria se activó luego de que se comunicara el rechazo del pedido de nulidad que había presentado su defensa y la de otros imputados, como el ex ministro de Planificación Julio De Vido, quienes argumentaron irregularidades en la instrucción y cuestionaron la veracidad de los testimonios de los “arrepentidos”.

Particularmente, el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, sostuvo que los cuadernos presentados como prueba “fueron manipulados”, por lo que no deberían formar parte de las supuestas evidencias que se toman en el caso. Asimismo, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión.

El TOF 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, debe decidir sobre los planteos preliminares que se llevaron a cabo hasta ahora y serán los responsables de investigar la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015.

Aunque el tribunal confirmó el inicio del cronograma con Cristina Kirchner, también están citados para esta fase del proceso otros imputados de alto perfil, como De Vido y otros exfuncionarios y empresarios vinculados a la causa.

Al mismo tiempo, y desde las 7, militantes y seguidores de Cristina Kirchner estarán concentrados en la puerta de su casa, en San José 1111. Sostienen que el presidente Javier Milei utiliza su condena con prisión domiciliaria “para tapar el desastre” de su gestión.

Cristina Fernández de Kirchner, internada en el Sanatorio Otamendi tras ser operada por un cuadro de apendicitis, no asistió al juicio por la causa Cuadernos, donde el Tribunal avanzó con el tramo referido a “Transporte”, que expuso pagos vinculados a Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

El debate abordó denuncias sobre exigencias de pagos entre 2003 y 2012 para mantener concesiones, destrabar desembolsos o sostener subsidios. La acusación fiscal y los testimonios presentaron relatos de Empresarios y exfuncionarios sobre ese mecanismo, con especial foco en las figuras de Jaime y Schiavi.

En su acuerdo de colaboración, el empresario Benjamín Gabriel Romero afirmó: “Yo le daba a Ricardo Jaime el 5% de los subsidios que cobraba. También yo personalmente le daba a Jaime por año de la Hidrovía US$ 500.000”,.

Romero añadió que “Jaime era medio ostentoso” y que este le decía que “los pagos eran para arriba”, aunque no supo precisar el destino final de esos fondos.

Según Romero, después de la salida de Jaime el flujo continuó con Juan Pablo Schiavi: “Generalmente, iba a su oficina, él era más escurridizo, prometía pero después no te daba nada... prometía trabajo y luego nos congeló la tarifa, y el subsidio”, declaró.

Por su parte, Aldo Benito Roggio, de Metrovías S.A., declaró que fueron “rehenes” ante amenazas de rescindir contratos y que debieron resignar parte de su rentabilidad porque los subsidios no implicaban mejoras contractuales, sin posibilidad de negarse a la exigencia.

El exsecretario adjunto Fabián Gutiérrez relató que, cuando asistía a Cristina Kirchner en sus funciones como senadora y primera dama, observaba que José López y Ricardo Jaime iban por la noche a ver a Néstor Kirchner, López con bolsos y Jaime con una mochila; agregó que no llegó a ver el interior de los bolsos pero que por su impresión y por comentarios de los secretarios creía que llevaban la “recaudación”.

Alberto Cirielli, subsecretario de Transporte Aerocomercial entre 2003 y 2007, señaló que era habitual ver a Jaime con distintos bolsos y que, cuando el exsecretario salía del Ministerio con esos bolsos, minutos después el presidente partía en helicóptero, lo que le hacía pensar en un “pasamanos” de los bolsos.

Las anotaciones del chofer Oscar Centeno fueron incorporadas al tramo y, según el fiscal Carlos Stornelli, muestran que las recaudaciones de “Transporte”, “trenes” y “subsidios” tenían como destino final la entrega a Daniel Muñoz en la residencia de la calle Uruguay 1306, vinculada a Cristina Elisabet Fernández; Muñoz, sostienen las piezas probatorias, habría amasado una fortuna y distribuido bienes entre allegados.

Ricardo Jaime está preso desde noviembre, luego de que la Corte Suprema confirmara su condena a seis años por la tragedia de Once; además, fue condenado en otros cinco procesos y ya estó detenido siete años.

El tribunal informó que el juicio continuará de forma virtual el martes próximo con la última audiencia del año y que se reanudará en febrero, tras la feria judicial, con la exposición de los planteos preliminares al debate oral de 19 abogados defensores.

El avance del tramo Transporte consolidó en el expediente declaraciones de arrepentidos y Empresarios que, según la fiscalía, aportan piezas sobre la supuesta estructura de recaudación y la participación de exsecretarios y colaboradores.

El Tribunal Oral Número 7 retomó este martes la lectura de la elevación a juicio por los cuadernos de Oscar Centeno del tramo conocido como “La Camarita”. Durante la décima audiencia del debate, que se extendió por cuatro horas, se leyeron 83 fojas del tramo, donde diversos empresarios de la construcción relataron el funcionamiento de un sistema de presiones, recaudación ilegal y cartelización en la obra pública.

En sus declaraciones como arrepentidos ante el fiscal Carlos Stornelli, y que posteriormente fueron homologadas por el juez Claudio Bonadio, los empresarios Patricio Gerbi, Aldo Roggio, Juan Chediak, Carlos Wagner y Marcela Sztenberg describieron exigencias de aportes económicos, advertencias explícitas sobre represalias y un entramado que, según sostuvieron, condicionaba quién podía trabajar y quién quedaba fuera del entramado.

Gerbi, presidente de la constructora COARCO, afirmó que las presiones comenzaron poco después de firmarse contratos de concesión vial. Relató que el entonces titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti, le trasladó a su socio que “por pedido del presidente Kirchner teníamos que hacer un aporte de dinero regularmente o atenernos a las consecuencias”.

Según su declaración, la negativa inicial derivó en inspecciones, multas, demoras en los pagos y amenazas directas. “Me decía ‘te voy a hacer fundir’, ‘me voy a quedar con tu empresa’, ‘voy a ir por vos y por tu familia’”, sostuvo Gerbi, quien además admitió que ante ese escenario comenzaron entregas de dinero en encuentros pactados en bares y confiterías, con montos equivalentes a entre 15.000 y 25.000 dólares por vez.

Chediak, titular de la sociedad que lleva su apellido, describió un esquema similar al aportado por Gerbi pero con exigencias directas del entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido. “Si querés seguir trabajando tenés que pagar”, recordó que le dijo en una reunión en su domicilio.

Por otra parte, contó que llevó dinero tanto a la casa del ex ministro como al propio ministerio, donde en ocasiones le indicaban que dejara los paquetes “en el baño”. Las sumas, según detalló, iban de 100.000 a 250.000 pesos y tenían frecuencia mensual. Más tarde, señaló, el sistema se centralizó en la figura del financista Ernesto Clarens, quien fue tajante: “Si quieren trabajar van a tener que pagar. Acá se es amigo o enemigo”.

Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, describió un mecanismo más estructural. Sostuvo que, desde 2004, por orden del Poder Ejecutivo, se organizó un sistema para asegurar que determinadas empresas ganaran licitaciones y luego devolvieran parte del anticipo financiero como “retorno” para gastos políticos. “La obra pública iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero”, indicó.

Según los dichos Wagner, las empresas se reunían para definir quién ganaba cada obra y, una vez adjudicada, debían entregar entre el 10 y el 20 por ciento del anticipo. “Mi función era garantizar que el que ganaba pagara”, explicó, y reconoció que su propia empresa, ESUCO, también participó de ese esquema.

Aldo Roggio, por su parte, admitió haber realizado aportes exigidos por Roberto Baratta, aunque aclaró que fueron con fondos personales y por montos inferiores a los reclamados. Reconoció entregas equivalentes a 50.000 y 100.000 dólares y explicó que accedió “ante la evidente probabilidad de represalias” contra su empresa. “El clima que se vivía me representó esa posibilidad”, señaló, y describió al gobierno de entonces como de “neto corte autoritario”.

Finalmente, Marcela Sztenberg, directiva de EQUIMAC, relató el impacto de las presiones en la empresa y en su entorno familiar. Recordó que su socio Eduardo Herbon volvía de reuniones “asustado”, diciendo que “lo estaban apretando y pidiendo plata para la corona”.

Identificó a Clarens como el principal interlocutor y describió encuentros en oficinas del centro porteño y en Puerto Madero. Según su declaración, las exigencias se volvieron insostenibles y, tras comunicar la imposibilidad de seguir pagando, los contactos cesaron, aunque la empresa quedó ahogada por deudas, demoras en los pagos y juicios.

Los imputados colaboradores coincidieron en que no se trataba de aportes voluntarios, sino de condiciones impuestas para evitar sanciones, demoras o directamente la exclusión del mercado.

Por último, se leyó la valoración de la prueba formulada por Stornelli. El acusador público que el sistema en “La Camarita” estuvo orientado a direccionar adjudicaciones, garantizar pagos selectivos y recaudar dinero ilegal a través de retornos exigidos a empresas constructoras.

En esa estructura, Wagner, fue señalado como quien “diagramó el funcionamiento y puso en práctica el sistema de recolección ilegal”. El fiscal remarcó que Wagner garantizaba a los empresarios el otorgamiento de las obras y, al mismo tiempo, el cumplimiento de las erogaciones exigidas.

A su lado operó el financista Ernesto Clarens, definido como “el encargado principal de la faz recaudatoria”, responsable de recibir el dinero, cambiarlo en el mercado informal y canalizarlo hacia los destinatarios finales.

Stornelli también subrayó el rol de la Dirección Nacional de Vialidad como engranaje clave del esquema. De acuerdo con los testimonios, desde allí se manejaban listados de prioridades de pago que funcionaban como herramienta de presión y que Cristina Kirchner ocupó “la cúspide de la pirámide esquemática destinada a recolectar la mayor cantidad de dinero posible” y que Julio De Vido, fue el organizador del sistema en el área de obra pública.

El debate se reanudará el próximo jueves a las 9:30, momento en el que se espera sean leídas las últimas 51 fojas del tramo correspondiente a “La Camarita”.

El Tribunal Oral Número 7 concluyó este jueves la lectura de la segunda parte de la acusación del Ministerio Público Fiscal del desprendimiento de la causa de los cuadernos correspondiente a “La Camarita”, y se acerca la etapa de las cuestiones preliminares en el expediente.

El eje en este tramo de la megacausa giró en torno a la cartelización de la obra pública, mecanismo que, de acuerdo a la acusación, funcionó durante más de una década en el área de Dirección Nacional de Vialidad Nacional.

En ese marco, se repasó la confesión del ex financista Ernesto Clarens y otros imputados que describieron cómo un grupo de 19 empresas acordaba la distribución de licitaciones y el pago de sobornos a funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

En la audiencia de este jueves se detalló cómo fue el pacto entre empresarios y funcionarios para sostener un esquema de recaudación ilegal. La acusación sostiene que entre 2003 y 2015 operó una asociación ilícita integrada por Cristina Fernández de Kirchner y altos funcionarios del Ministerio de Planificación como Julio De Vido, Roberto Baratta, José López y otros, junto a empresarios como Carlos Wagner y el propio Clarens.

Según el Ministerio Público Fiscal, la estructura estaba destinada a generar beneficios económicos ilegales mediante negociaciones espurias vinculadas a la obra pública, la energía y el transporte. El método consistía en exigir porcentajes del valor de las obras, usualmente entre el 3% y el 20%, que eran entregados como retornos a cambio de adjudicaciones y liberación de pagos.

Carlos Wagner, por entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, explicó en su declaración que el sistema comenzaba con reuniones en las que las empresas acordaban quién se quedaría con cada obra y el valor que incluiría la dádiva; después trasladaba la información a José López, quien la remitía a funcionarios de Vialidad Nacional para incluir esos montos en los listados de pagos mensuales.

Para ello, el rol de Clarens era clave: recibía el dinero, lo convertía a dólares pese a las restricciones cambiarias y se lo entregaba a López. Como imputado colaborador, explicó que las empresas preferían pagar el 3% a su sistema antes que descontar certificados de obra en los bancos, donde las tasas eran más altas y los plazos de cobro imprevisibles.

El ex financista describió también el funcionamiento interno de Vialidad: López elaboraba mensualmente un listado de pagos que derivaba a colaboradores como Fredes y Passacantando, aunque este último no tenía capacidad para decidir los desembolsos.

Los empresarios, urgidos por deudas acumuladas, negociaban directamente con el exsecretario de Obras Públicas y luego acudían a Clarens para entregar el porcentaje acordado.

Según los dichos de Clarens, el endeudamiento crónico de la DNV con las empresas provocó que López implementara un mecanismo para buscar frenar la acumulación de certificados: pedía a las compañías que redujeran el ritmo de obra, aunque esto las perjudicaba. Muchas estaban al borde del concurso preventivo y dependían de los pagos del Estado para sobrevivir.

Por otra parte, Ernesto Clarens señaló que el sistema atravesó dos etapas. La primera, entre 2004 y 2010, implicaba el pago de un retorno del 10% del contrato en cuotas mensuales. Tras la muerte de Néstor Kirchner, el mecanismo mutó y López concentró el control absoluto sobre la recaudación, exigiendo el 3% de lo cobrado y gestionando quién entraba o no en los listados de pago.

El Ministerio Público concluyó que pese a los conflictos y las molestias, el esquema seguía sosteniéndose porque tanto funcionarios como empresas terminaban ganado. La llamada “Camarita” elaboraba mensualmente listados detallados con las obras adjudicadas, los montos, los sobreprecios y un ranking de compañías cartelizadas.

Clarens aseguró que nunca intervino en la selección de adjudicatarios, pero sí trasladaba a López las quejas de los empresarios, quienes, aun sabiendo que el Estado demoraba los pagos, debían cumplir con los retornos para no quedar fuera del circuito. En varias ocasiones, relató, debió llamar personalmente a las empresas para reclamar el 3% correspondiente.

La acusación del fiscal Carlos Stornelli señala que estos acuerdos configuraban auténticos pactos corruptos: los empresarios obtenían favores del Estado, mientras que los funcionarios se enriquecían y garantizaban la continuidad de la asociación ilícita. Los pagos ilegales estaban siempre ligados a decisiones oficiales como la liberación de fondos, la adjudicación de obras, la extensión de concesiones o la entrega de subsidios.

El juicio se reanudará el próximo martes 16 a las 13.30 , cuando está previsto que se lea el descargo de los empresarios Patricio Gerbi, Juan Chediak, Carlos Wagner, Aldo Roggio y Ángelo Calcaterra para pasar a la valoración de la prueba.

El juicio oral a la ex presidenta Cristina Kirchner por el caso Cuadernos comenzó este jueves de manera remota con la lectura de la acusación fiscal por los delitos de asociación ilícita y cohecho ante el Tribunal Oral Federal 7.

“Se da inicio a este juicio oral y público” anunció el presidente del tribunal, Enrique Médez Signori, luego de haber comprobado la presencia en el megazoom de los 87 acusados, sus abogados, la fiscal Fabiana León y la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Comenzó así la lectura íntegra del requerimiento de elevación a juicio del fiscal que instruyó el caso, Carlos Stornelli: llegaron a enumerarle a la ex presidenta 40 de los casos de presunto pago de sobornos por parte de empresarios de los que la acusación la considera coautora en su carácter de beneficiaria final.

Los cuadernos escritos por el remisero Oscar Centeno que son prueba en la causa.

Los jueces Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli se conectaron desde una sala de audiencias del Palacio de Justicia en Talcahuano 550, donde ese tribunal tiene su sede y donde minutos antes permitieron el acceso de reporteros gráficos para tomar imágenes.

La ex mandataria se conectó vía Zoom y fue obligada por los jueces a mostrarse en cámara.

Con todas las partes ya en el Zoom, se inició la lectura interrumpida a los pocos minutos por el juez Méndez Signori porque no todos los acusados se dejaban ver ante las cámaras, uno de ellos Cristina Kirchner.

Cristina Kirchner buscó esquivar la cámara del Zoom judicial.

“Advierto que no todos los imputados aparecen en cámara. El Tribunal debe velar por la presencia de todos, les pido a las personas que no aparecen en cámara que lo hagan y arbitren las medidas necesarias para que yo los pueda ver”, expresó el juez.

Entonces la ex presidenta se mostró en la imagen junto a su abogado Carlos Beraldi desde el departamento de San José 1111, donde cumple arresto domiciliario de seis años por administración fraudulenta en el caso Vialidad.

La secretaria del tribunal, María Cecilia Chichizola, comenzó la lectura del requerimiento que narra cómo se inició la causa y el detalle de acusaciones a la ex presidenta como coautora en relación a, por lo menos, 40 hechos de presunto pago de sobornos por parte de empresarios a entonces funcionarios de su gobierno como Roberto Baratta y José López, también juzgados en un total de 87 acusados.

A lo largo de la jornada se escucharon los cargos que pesan contra los acusados en la causa principal, la 9.608 abierta en 2018, cuando el fallecido juez federal Claudio Bonadio ordenó medidas en base al dictamen de impulso de la investigación resuelto por Stornelli.

Diego Cabot, conocido por su investigación sobre la Causa de los Cuadernos.

En ese juzgado tramitaba la causa por delitos con la compra de gas licuado en el kirchnerismo y había declarado Hilda Horowitz, la ex esposa del remisero Oscar Centeno, autor de los cuadernos, y quien se presentó para decir que tenía información.

Según la acusación, Centeno, temeroso de ser allanado, entregó a un amigo, Jorge Bacigalupo, una caja de cartón con los ocho cuadernos y otros documentos, todo lo cual recibió de manos de este último el periodista Diego Cabot a principios de 2018, según la causa judicial.

El periodista llevó la evidencia a Comodoro Py en el marco de esta causa ya abierta y Bonadio resolvió iniciar una nueva investigación.

Todo eso se repasó en la lectura de la acusación trasmitida por el canal de Youtube del Poder Judicial. En el juicio interviene la fiscal Fabiana León y la querella de la UIF.

El debate se inició poco antes de las 10.30, casi una hora después de lo previsto, terminó a media tarde y se reanudará el jueves próximo con otra jornada de lectura de la acusación fiscal.

La fiscal general Fabiana León afirmó que el expediente conocido como “Cuadernos” constituye la investigación por corrupción más extensa en la historia judicial argentina, y presentó un informe con el detalle del juicio oral que comenzará el 6 de noviembre.

León asumirá la acusación a partir del jueves previo al inicio del debate, que se desarrollará en el ámbito del Tribunal Oral Federal 7 y en formato virtual. La fiscalía describió el alcance procesal y la multiplicidad de imputados.

Cuadernos es "solo comparable a unas pocas a nivel mundial", planteó en el documento que presentó su fiscalía con un detalle del juicio que tiene entre los procesados a la expresidente Cristina Kirchner, procesada como presunta jefa de asociación ilícita y cohecho pasivo, es decir, recepción de pagos ilegales, informaron fuentes judiciales.

El juicio oral reunirá a 87 acusados que afrontarán 540 hechos imputados, según el informe fiscal. Entre los procesados figuran exfuncionarios como Julio De Vido, José López, Roberto Baratta, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. También incluyen a 65 empresarios y dos choferes, entre ellos Oscar Centeno, identificado como el remisero que escribió los cuadernos y actúa como imputado colaborador. La acusación señala la existencia de una asociación ilícita que operó en el Poder Ejecutivo nacional para recaudar dineros de empresas a cambio de adjudicaciones.

La fiscalía detalló que las empresas involucradas pertenecen a los sectores de la construcción, la energía y el transporte y mencionó a empresarios como Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra y Enrique Pescarmona, entre otros. La presentación también recordó las medidas cautelares dispuestas desde la apertura del expediente, que incluyeron embargos, inhibiciones generales de bienes, intervenciones societarias y secuestros de maquinaria. El objetivo, indicó la fiscalía, fue preservar activos en beneficio del Estado.

El informe subrayó la magnitud del proceso y la comparó únicamente con pocos casos similares a nivel internacional. El debate reunirá a exfuncionarios, empresarios y colaboradores que integran los distintos legajos que componen la causa Cuadernos. El Tribunal Oral Federal 7 fijó la realización de audiencias en formato virtual para garantizar la continuidad del juicio.

Entre los 87 acusados, la fiscalía consignó la presencia de figuras centrales de la gestión pública que ahora afrontan cargos vinculados con la recepción de pagos. La acusación incluye delitos como asociación ilícita, cohecho, dádivas y encubrimiento, según los casos que instruyó la fiscalía. Las penas máximas señaladas en el expediente alcanzan hasta 10 años para asociación ilícita y hasta 6 años para cohecho.

El informe también precisó que, de los 540 hechos imputados, varios describen maniobras de recaudación y transferencia de fondos entre empresas y funcionarios. La fiscalía sostuvo que las pruebas permiten trazar el circuito de pagos y adjudicaciones, y resaltó la participación de empresarios del rubro de la construcción y la obra pública.

El expediente se originó en 2018 con la apertura del primer legajo (n.º 9608) tras la presentación de los llamados cuadernos en la fiscalía federal de Carlos Stornelli, en Comodoro Py 2002. Desde entonces, la fiscalía aplicó distintas medidas cautelares sobre bienes y sociedades vinculadas a los imputados. Esas medidas incluyeron embargos, inhibiciones generales y secuestros de maquinaria para asegurar posibles resarcimientos.

La fiscalía informó que, pese a ajustes en determinadas medidas, los bienes afectados y las acciones de recuperación no se perdieron ni dejaron de perseguirse en beneficio del Estado. De ese modo, la investigación mantuvo la traza patrimonial como eje para futuras decisiones judiciales y para sustentar la acusación en el juicio oral.

El Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, fijó la modalidad virtual de las audiencias desde el 6 de noviembre. La fiscalía expuso que asumirá la acusación el jueves previo al inicio del debate y detalló los ejes probatorios que sustentan la imputación contra los distintos involucrados.

El proceso impacta de manera directa en las expectativas de recuperación de activos y en las consecuencias penales para los acusados, y las partes esperan que el desarrollo virtual del juicio permita avanzar en la evaluación de pruebas y en la determinación de responsabilidades

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio luz verde al avance de la causa “Cuadernos”, al rechazar más de veinte recursos interpuestos por la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro Julio De Vido y diversos empresarios, quienes cuestionaban la validez de las actuaciones en el expediente que investiga una presunta asociación ilícita en la adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015, conocido también como “la Camarita”.

En paralelo, el máximo tribunal también resolvió hacer lugar a un recurso presentado por la Procuración General de la Nación y revocó el sobreseimiento que beneficiaba a Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, en una causa conexa por lavado de dinero. El fallo original, dictado por el juez Luis Rodríguez en 2015, había sido revertido ahora tras la intervención del Ministerio Público y la Unidad de Información Financiera, que pidieron la continuidad de la investigación.

En su voto, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti habilitan el avance del juicio oral que comenzará el 6 de noviembre ante el Tribunal Oral Federal 7. En el banquillo estarán sentados la expresidenta, varios de sus ex funcionarios y decenas de empresarios, acusados de cobrar o pagar sobornos por contratos con el Estado.

La causa Cuadernos se inició a partir de los registros del ex chofer Oscar Centeno, quien detalló viajes de recaudación vinculados al ex subsecretario Roberto Baratta. Las declaraciones de imputados-colaboradores como Carlos Wagner, José López y el financista Ernesto Clarens derivaron en la apertura de una megacausa que incluyó la cartelización de obra pública y flujos ilegales de dinero hacia el exterior.

Los magistrados de la Corte también rechazaron recursos de otros imputados relevantes como Cristóbal López, Mario Rovella, Aldo Roggio y Juan Carlos De Goycoechea, todos ellos cuestionando nulidades procesales, indagatorias o declaraciones de arrepentidos.

La resolución consolida el camino hacia uno de los juicios más esperados de los últimos años en la Argentina, que tiene como protagonistas a la expresidenta y a la cúpula empresarial que dominó el escenario de la obra pública en las últimas décadas.

En su fallo sobre Pochetti, los jueces establecieron que el sobreseimiento previo solo abarcaba el hecho del transporte de dinero y no las maniobras de blanqueo, por lo que corresponde continuar con la investigación de las operaciones financieras realizadas por la viuda de Muñoz y su entorno.

Los jueces coincidieron con los fundamentos del Procurador General y ordenaron dictar un nuevo pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de Pochetti, quien declaró como arrepentida que pagó una coima al juez Rodríguez para cerrar el caso.

Cuando parecía que la vía del sobreseimiento podría abrirse para Cristina Kirchner, este jueves el tribunal encargado de la causa de los cuadernos de las coimas le dijo “no”.

En una resolución pública, los jueces del Tribunal Oral Federal N°7 —Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero— rechazaron la pretensión de la expresidenta de ser sobreseída de forma anticipada.

El planteo de la defensa era que, por haber sido absuelta ya por asociación ilícita en la causa Vialidad, esa “misma acción” no podría volver a enjuiciarse. Pero el tribunal respondió que los hechos objetados en la causa de los cuadernos son distintos y que “la cosa juzgada” no cubre esta nueva imputación.

La causa de los cuadernos de las coimas investiga un presunto sistema ilegal de recaudación de sobornos, en el que empresarios pagaban fondos a funcionarios públicos a cambio de mantener contratos de obra pública. En ese esquema, la acusación señala que la expresidenta habría sido la “jefa de la asociación ilícita”.

La estrategia de la defensa de Kirchner se basó en que esa imputación ya había sido objeto de una sentencia firme (en la causa Vialidad) que la absolvió por asociación ilícita, por lo que alegaban que no era procedente abrir este nuevo juicio. Sin embargo, el tribunal evaluó que el objeto, las personas y el periodo de hechos son distintos.

También se rechazaron argumentaciones de la defensa sobre defectos de forma o presunta doble imputación, con lo cual la causa siguió el camino hacia el juicio oral.

Con el rechazo al sobreseimiento anticipado en mano, la causa sigue su curso. El tribunal fijó el inicio del debate judicial para el próximo 6 de noviembre, fecha que ya había sido anticipada en reportes previos.

Se trata de una audiencia de enorme envergadura: la causa reúne a decenas de imputados, cientos de testigos y exige una logística compleja. Que no haya sobreseimiento anticipado implica que el proceso se desarrollará sin interrupciones previas y bajo la supervisión de un tribunal oral que deberá garantizar la publicidad y el respeto a las garantías procesales.

El rechazo del sobreseimiento también marca un precedente: la estrategia de evitar el juicio por vía de “cosa juzgada” ya había funcionado para Kirchner en otras causas (Hotesur/Los Sauces) pero en este expediente, el tribunal la detuvo.

Mediante un escrito de 15 páginas, Loson –procesado en la Causa Cuadernos- se ofuscó por el pedido del Tribunal Oral Federal 7 al juez Marcelo Martínez de Giorgi para que deje de investigar las irregularidades denunciadas en los cuadernos.

"La decisión del Tribunal viola en todo sentido posible mis derechos como ciudadano que pretende que el Poder Judicial, uno de los poderes del Estado, investigue -y en su caso sancione- hechos que revisten indudable tipicidad penal", alertó Loson.

"Independientemente del comprobado y acreditado delito tras el peritaje caligráfico oficial realizado a instancias del juez de instrucción, lo cierto es que se pretende cercenar mi derecho constitucional como víctima y su específica regulación legal, lo cual redunda en una duda fundada acerca de si podré eventualmente tener un juicio justo sin opiniones preconcebidas", añadió.

Loson formuló una denuncia ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi después de que un peritaje privado encargado por su defensa detectara las anomalías en los cuadernos.

Martínez de Giorgi ordenó una serie de medidas de prueba, entre ellas dos peritajes oficiales, que corroboraron las adulteraciones e identificó como el autor de esas sobre escrituras al ex policía Jorge Bacigalupo, amigo del supuesto redactor de redactor de los cuadernos, el chofer Oscar Centeno.

Entonces el tribunal oral, a instancias de la fiscal Fabiana León, le pidió que se inhibiera de seguir investigando.

Loson sostuvo que el Tribunal Oral "instó al Juez y al Fiscal de instrucción a que incumplan la ley e interrumpa anti- normativamente la instrucción de un proceso en trámite, sobre la premisa -cuanto menos equivocada- de que el Tribunal tiene una competencia omnicomprensiva sobre absolutamente todo lo vinculado a la causa cuadernos, incluyendo determinar si se cometieron delitos durante su iniciación e instrucción".

Loson le atribuyó al Tribunal Oral un razonamiento: "nosotros abarcamos todo y tenemos competencia única y exclusiva de investigar todo en el juicio y nadie, que no sea nosotros, puede siquiera pensar en investigar si hubo delitos en la instrucción, o no".

"Cualquier persona que, como yo, considera que fue víctima de un delito, tiene derecho inalienable a promover una investigación jurisdiccional. El Estado, a través del Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial de la Nación, están obligados a examinar la denuncia, su competencia, la tipicidad y en su caso investigarlos diligentemente, no como una simple formalidad, sino de modo efectivo", reivindicó.

El empresario fue lapidario al opinar sobre la Causa Cuadernos: "Este proceso alarma, huele mal y presenta enormes irregularidades, puntos muy oscuros, y graves delitos. (…) Nunca existió un proceso de estas características en la historia judicial argentina (forma de iniciación, detenciones arbitrarias, formación de causas paralelas que tramitaron ante el mismo juez, arrepentidos, etc.). Acudo a la memoria de todos".

"No pretendo –añadió- una guerra con nadie, ni con la Fiscalía, ni con el Tribunal. La causa tiene como trasfondo una guerra de intereses de todo tipo: políticos, métodos ilegales, de la prensa de una u otra tendencia, de jueces y fiscales, pero debemos recurrir al derecho respetando la Constitución y la Ley".

Loson le pidió al Tribunal Oral "que acelere la convocatoria al debate y, de paso, examine la curiosa forma que se inició el proceso, cómo eligieron al magistrado y al fiscal, su competencia, la formación de otras causas paralelas, las detenciones injustificadas, los embustes de Centeno, Bacigalupo, y otros, lo sucedido con los famosos cuadernos (su armado, y cadena de custodia), prisión o declarás, motivaciones políticas, crematísticas y personales, odios, mentiras y parcialidades".

Todo ello, pronosticó, "oportunamente se develará en el juicio y se reconstruirá lo sucedido y se llegará a la verdad. (…) No triunfan los acusadores, la defensa ni los jueces, sino la prueba", subrayó.

El papa Francisco nombró al ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni en un nuevo organismo para la investigación y promoción de los derechos sociales.

Se trata del Instituto para la investigación y promoción de los Derechos Sociales "Fray Bartolomé de las Casas", creado este viernes por el Sumo Pontífice.

El ex magistrado, que luego de su paso por el máximo tribunal se desempeñó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante el período 2016-2022, fue designado para integrar la Junta Académica Fundadora del mencionado organismo vaticano entre 2023 y 2028.

Junto a él también fueron nombrados el profesor de globalización y educación argentino radicado en Estados Unidos Marcelo Suárez Orozco y el filósofo ítalovenezolano Alberto Filippi.

El instituto tendrá "finalidades académicas, docentes y de formación sobre la temática de Derechos Sociales, migración y colonialismo" y funcionará en el ámbito de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales.

Los nombramientos fueron establecidos a través de la publicación de un quirógrafo: ese documento también dio a conocer que otros dos argentinos también ocuparán cargos en la estructura eclesiástica.

El Santo Padre estableció que el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), originado en 2017 en un encuentro regional en Buenos Aires y luego creado formalmente en 2019 por el ex arzobispo primado de la Argentina, sea considerado Asociación Privada de Fieles con carácter internacional.

La Corte Suprema rechazó un pedido de sobreseimiento de Sergio Schoklender en la causa por la cual está procesado por defraudación contra la administración pública en la construcción de viviendas sociales a través del programa Sueños Compartidos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

El planteo había sido realizado por la defensa oficial de Schoklender, a cargo de Enrique Comellas.

"El recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.

Por ello, se desestima la presentación directa", sostuvo la Corte por unanimidad.

Schoklender había pedido el sobreseimiento ante el Tribunal Oral Federal número cinco, que tiene pendiente la realización del juicio, y luego ante la Cámara Federal de Casación.

En la causa se investiga el desvío de fondos del Estado destinados a la construcción de viviendas e infraestructura a través del programa Sueños Compartidos.

Schoklender está acusado de "defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública", por el que podría ser condenado a una pena de hasta seis años de cárcel.

La Corte, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desestimó el pedido.

La Cámara Federal de Casación rechazó este miércoles un recurso de “queja” de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el proceso conocido como “Causa Cuadernos”, donde está acusada como jefa de una asociación ilícita y coautora de 27 hechos de coima.

En un fallo dividido, los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone -Ana María Figueroa votó en disidencia-  consideraron que el procesamiento dictado por el fallecido juez Claudio Bonadio -y confirmado por la Cámara Federal- “no se trata de una sentencia definitiva ni de un auto que ponga fin a la acción, a la pena o haga imposible que continúen las actuaciones”. Por lo tanto, no habilitaron la intervención de la máxima instancia de la Justicia penal y rechazaron el planteo.

Además, destacaron que “en la presente, han recaído pronunciamientos concordantes del juez instructor y de la cámara respectiva, sin que se observe la existencia de cuestión federal o verificación de un supuesto de arbitrariedad en el pronunciamiento recurrido, que amerite la intervención de esta Cámara como tribunal intermedio”.

“La impugnación intentada sólo revela una disconformidad con la desestimación dispuesta, que no es suficiente para configurar un supuesto de arbitrariedad o cuestión federal que autorice la apertura de esta instancia casatoria”, sostiene el fallo.

La causa fue elevada a juicio oral y público en 2019, pero el proceso aún no tiene fecha de inicio.