El pasado 28 de abril, Oscar “Moncho” Álvarez, el joven de 28 años de edad que fuera internado a principios de abril tras recibir un botellazo en la cabeza, y tras permanecer casi un mes en la terapia intensiva del Hospital Alejandro Gutiérrez, finalmente fue dado de alta.

Así lo confirmaron las autoridades del nosocomio regional a Sur24, quienes habían adelantado a mediados de abril que Álvarez evolucionaba favorablemente, aunque en ese entonces su cuadro seguía siendo reservado. Ahora, ya en su casa, “Moncho” se encuentra realizando la correspondiente rehabilitación por las graves heridas recibidas.

Oscar Álvarez había trascendido mediáticamente días antes de la gresca por la que terminó en el hospital con golpes en su cabeza por un video viralizado donde se lo veía haciendo “willy” con su moto por las calles céntricas de Venado Tuerto, registro fílmico que trascendió las fronteras locales y fue replicado por medios provinciales y nacionales. 

Oscar “Moncho” Álvarez fue agredido brutalmente por al menos una persona el pasado 5 de abril, en inmediaciones de calle López al 2.300.

Según las investigaciones, la víctima habría recibido un botellazo en la cabeza que lo dejó inconsciente, y después un segundo golpe que le provocó la fractura de cráneo y hemorragia.

Luego, el 7 de abril, tras varios allanamientos, fue detenido un sujeto acusado de ser el agresor de Álvarez e imputado por la fiscal del caso, Mayra Vuletic, bajo la carátula de “homicidio en grado de tentativa”, fijándole prisión preventiva ordinaria sin plazo.

En la actualidad, la causa sigue su curso bajo la misma calificación (homicidio en grado de tentativa), y el imputado, según afirmó la fiscal Vuletic a Sur24, continúa en prisión preventiva ya que, si bien Álvarez fue dado de alta, se encuentra realizando rehabilitación y todavía no está en condiciones de poder prestar declaración para conocer los pormenores del hecho.

A raíz de la denuncia realizada el pasado jueves por una joven (Samanta de 33 años) por una serie de disparos efectuados por su ex pareja en momentos que se hizo presente en la casa de la damnificada, ubicada en calle Pardal al 500, se procedió al allanamiento de la casa del sospechoso, ubicada en calle Neuquén donde las autoridades hallaron material de interés para la causa y detuvieron a Lucas M., el autor de los disparos.

Según fuentes consultadas por Sur24, en el domicilio allanado se secuestró un cartucho calibre 22.5 y un teléfono celular, quedando detenido el morador, quien ya tendría una condena previa.

Todo comenzó cuando una joven de 33 años denunció que en su vivienda familiar se presentó su ex pareja, con quien sostuvo una discusión y producto del enojo el hombre disparó en cuatro oportunidades al aire.

El hecho se registró en la jornada del jueves en un inmueble ubicado en calle Pardal al 500. Y la víctima, Samanta M., expuso ante las autoridades policiales en relación a lo ocurrido.

Fuentes del caso consultadas por Sur24 indicaban en esa ocasión que la damnificada contó que su ex (con quien tiene un hijo en común), Lucas N., se presentó en su domicilio preguntándole si se encontraba su actual novio, ya que necesitaba hablar con él. Samanta le respondió que no estaba y su ex sacó un arma de fuego y efectuó disparos al aire, para luego retirarse del lugar.

A los pocos minutos agentes policiales arribaron al lugar y encontraron cuatro vainas servidas. 

Los investigadores informaron que la mujer actualmente cumple prisión domiciliaria. 

El juez de instrucción Alberto Baños dictó este viernes la falta de mérito para el abogado Matías Morla en su calidad de ex apoderado del difunto futbolista Diego Maradona en una causa iniciada por las hijas del astro por la propiedad de las marcas relacionadas con su figura.

Morla fue acusado por las hijas del primer matrimonio de Maradona por presuntamente haber “perjudicado los intereses económicos confiados a él por quien en vida fuera Diego Armando Maradona, con el fin de procurar para sí y para terceros un lucro indebido”.

Dalma y Gianina Maradona denunciaron que Morla “violó los deberes impuestos a él en su condición de apoderado del damnificado; rol que desempeñó, al menos formalmente, desde el 13 de junio de 2014”.

“A través de tres actos de apoderamiento sucesivos, Maradona le otorgó al acusado amplias facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, al estimarlo una persona de estrecha confianza”, sostenía la denuncia.

Según las hijas del ex futbolista, “Morla abusó tanto de las atribuciones que le había otorgado su mandante a través de los instrumentos de apoderamiento como de la confianza que en el trato cotidiano le dispensaba Maradona para la gestión de sus negocios”.

“La extralimitación apuntada fue utilizada para tornarse, indirectamente, titular de activos intangibles que pertenecían al damnificado y que ostentan un notable valor económico por su potencialidad para concretar negocios”, añadieron en la denuncia las hijas del matrimonio de Maradona con Claudia Villafañe.

Sin embargo, el juez Baños –como subrogante del juzgado de instrucción número 43- consideró que no hay elementos probatorios suficientes para sostener la acusación de Dalma y Gianina.

En un fallo de más de 400 páginas, el juez dispuso la “falta de mérito” para Morla y otros imputados de su entorno y deslizó una serie de medidas para ahondar en la investigación. La falta de mérito comprende también a Maximiliano Pomargo, cuñado de Morla; la escribana Sandra Iampolsky; Walter Ferreyra, y la abogada Laura Marcovecchio.

El juez Baños dedicó varios párrafos a analizar el contexto que representaba Maradona: “No puedo estar distraído a lo que significa su presencia en el análisis de lo actuado y las eventuales responsabilidades criminales que puedan caberle a los imputados, a los que aquí se ventila su situación, y otros que en el devenir de la investigación puedan surgir”, anticipó.

En primera persona, proclamó: “Me introduzco en este terreno del que trataré de salir lo más rápido y airoso que se pueda”.

“¿Por qué digo que no puedo abstraerme en mi misión justiciera de lo que significa en el caso Diego Armando Maradona? Porque no puede obviarse lo que ya es de público conocimiento y es lo que tiene que ver con el modo de relacionarse con las personas, su psicología, su personalidad, dado que creo que algunas de esas cuestiones están teniendo incidencia en esta investigación”, resumió Baños.

El juez analizó las erráticas relaciones de Maradona con sus entornos y determinó que no estaba probada la defraudación denunciada por sus hijas, aunque concluyó que tal situación no puede descartarse de manera definitiva.

La jueza de instrucción en lo Criminal y Correccional 49, Ángeles Gómez Maiorano, sobreseyó a Fabián Gianola en la causa en la que estaba acusado de abuso sexual contra la actriz Fernanda Silvia Meneses.

La decisión se tomó a pesar de que la fiscal Mariela Labozetta de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) había solicitado el procesamiento del actor por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa el 28 de febrero pasado.

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En su fallo, la jueza señaló que el actor fue investigado por cuatro hechos ocurridos durante situaciones laborales en los años 2011, 2016 y 2017. Si bien el acusado se negó a declarar en indagatoria, presentó una declaración digital en la que rechazó las acusaciones en su contra.

La jueza declaró en el fallo que “los elementos que conforman la plataforma fáctica” no eran suficientes para probar las acusaciones y que no había pruebas concluyentes en las pericias.

Además, manifestó que las personas mencionadas por la actriz para respaldar su versión la contradecían. A pesar de este sobreseimiento, Gianola sigue siendo investigado por otros tres abusos denunciados por la locutora Marcela Viviana Aguirre.

El abogado Matías Morla aseguró este martes que a Diego Maradona “lo mataron”. La causa por la muerte del ex jugador está a punto de ir a juicio oral y público con la acusación sobre ocho profesionales médicos, entre ellos, el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.

Las declaraciones del letrado y ex administrador de los bienes de Maradona fueron a poco de conocerse la decisión de la Cámara del Crimen de San Isidro que confirmó la acusación por homicidio simple por dolo eventual contra Luque, Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel Díaz, la médica de Swiss Medical Nancy Edith Forlini, los enfermeros Gisella Dahiana Madrid y Ricardo Omar Almirón, el jefe de ellos Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna.

“Diego se murió por una mala praxis médica y por eso están imputados médicos”, agregó Morla en sus declaraciones. El abogado fue denunciado en esta causa por Dalma y Gianinna Maradona aunque los fiscales de San Isidro siempre lo tuvieron como testigo y no así como un imputado más por el homicidio, por lo que quedó descartado en la investigación.

“Yo pienso lo que pienso desde el minuto uno, que es una causa de juicio oral. Los fiscales de San Isidro agotaron todas las instancias y entiendo que va a haber condenados a pena de prisión”, aseguró Morla sobre los imputados que están acusados de homicidio simple con dolo eventual.

“Después, el plan criminal creo que no lo van a poder demostrar. Acá tenés personajes que nunca se hablaron entre sí, ¿Cómo haces para establecer un plan?”, opinó Morla.

En tanto, tras el fallo de la cámara del crimen confirmando la acusación, algunas defensas evalúan la apelación ante la Cámara de Casación Bonaerense luego de lo cual se espera que el expediente pase a instancia de un tribunal oral, con cual aún resta tiempo para la realización del juicio.

El cantante del grupo de cumbia santafesina Los Lirios, Germán Sosa, fue detenido esta madrugada en la localidad de San Genaro, sospechado de ser quien administraba una casa de apuestas ilegales junto con su esposa, una hermana y un hombre de la localidad de Centeno que también se dedicaría a la actividad ilícita.

Los cuatro quedaron preventivamente privados de la libertad en un operativo conjunto que realizó la Agencia de Investigación Criminal del departamento San Jerónimo, a cargo del comisario Néstor Juárez, junto con sus pares de AIC Las Colonias y San Jorge.

El procedimiento, que se inició en distintos puntos de las localidades de San Genaro y Centeno, estuvo a cargo del fiscal de Coronda, el Dr. Marcelo Nessier, quien en julio de este año ya había intervenido el mismo lugar por el delito de “captación de apuestas”.

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En total se realizaron 4 allanamientos y como resultado quedaron privadas de la libertad las cuatro personas antes mencionadas, según adelantaron fuentes ligadas al caso.

El cantante, considerado el “cabecilla” de la organización, se mostró renuente al arresto y se despachó con frases desafiantes al decirle a los uniformados que los iba a “hacer echar a todos” cuando salga.

Germán Sosa se encontraba junto a su esposa en el garito de Mitre al 1200, mientras que su hermana Y. Sosa fue apresada en otro domicilio de la misma localidad. En cuanto al cuarto involucrado Jorge D.R. también fue apresado en la casa de apuestas ilegales.

Fuentes vinculadas al caso recordaron que el 7 de julio de este año, el mismo lugar había sido allanado y desbaratado a sus viejos administradores, los cuales habrían vendido la llave o concesionado el negocio a la familia Sosa.

De las tareas de inteligencia se logró determinar que los días de juego eran los martes y jueves, donde los parroquianos apostaban con “ficha y cartas”, pero que el grueso de las apuestas se las llevaban las carreras de caballos.

Además de haber sido apresados en flagrancia -el garito estaba en su esplendor a la hora del allanamiento- existirían numerosas escuchas telefónicas en las que Sosa aparece pagando premios por las apuestas clandestinas.

El juez Jorge Patrizi rechazó la declaración de incompetencia del Colegio de Jueces Penales de Santa Fe que había solicitado la defensa del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, con lo cual la causa no pasará a la órbita federal, sino que seguirá tramitándose en los tribunales de la Justicia santafesina.

Los abogados Hernán Martinez y el ex ministro de Justicia provincial Juan Lewis, abogados defensores de Sain y los demás imputados en la causa por espionaje ilegal, presentaron un recurso de incompetencia de la justicia provincial, por entender que uno de los delitos imputados y presuntamente cometido por la pretendida asociación ilícita es de competencia federal. Se trata de la violación a la Ley Nacional de Inteligencia (Nro. 25.520), o delito de espionaje.

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El fiscal Ezequiel Hernández disentía con la objeción. “La competencia federal es excepcional. De ninguna manera la ley que nosotros citamos (de Inteligencia Nacional) prevé la competencia federal. No hay ley que establezca que este delito deba serlo”, sostenía, ante la consulta de Sur24.

El juez Patrizi rechazó la pretensión de la defensa, por entender que las tareas de inteligencia criminal supuestamente irregulares, formaron parte de un curso de acción “circunscripto al ámbito provincial”, y no quedó acreditado que hubiesen intervenido organismos nacionales.

Espionaje ilegal: imputan a Sain y a otros siete ex funcionarios

Siguiendo jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el juez aplicó el criterio de que “el accionar de policías locales en abuso de sus funciones no involucra materia federal, ya que no actúan como agentes naturales del gobierno federal, incluso si hubiesen infringido normas nacionales”.

Y que tal marco es aplicable a este caso, por cuanto “la seguridad de la Nación no se encontró afectada, ni se ha perjudicado directa y efectivamente a la Nación, toda vez que no se ha involucrado personal del gobierno federal, y los hechos han quedado dentro de la órbita exclusiva de la provincia de Santa Fe”.

Entre las instituciones públicas de las que se obtuvo información, “sin autorización o requerimiento”, cabe nombrar a: “Municipalidad de Leandro N. Alem; Municipalidad de Necochea; Municipalidad de Azul; Yacimientos Carboníferos Río Turbio; Municipalidad de José. C. Paz; Asociación Civil Universidad Católica de Santiago del Estero; Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires; Universidad Nacional de Córdoba; Municipalidad de Dolores; Colegio Privado Santa Teresita del Niño Jesús; Club Atlético Rosario Central”

Este material es de una causa judicial en trámite, en el “Juicio a Sain”, que involucra a muchas personas acopladas a sus designios, órdenes o favores personales que terminan en supuestos delitos estas personas, conforman más de tres a un mismo fin: delinquir. Clásica definición de los ignaros, como quien escribe: asociación ilícita. Eso suponemos desde fuera del expediente. En el “Juicio a Sain” se pide que se investigue a muchísimas personas e instituciones, de las que mencionamos algunas. Pedimos que se repare en el carácter de las mismas. Su sitio y su función. Se está más cerca de una categoría siquiátrica/sicológica (paranoia), que de un verdadero servicio de protección del estado.

Espionaje ilegal: imputan a Sain y a otros siete ex funcionarios

El tema permite otro abordaje, diferente al de los empleados del estado que lo llevan a cabo (reitero, empleados del estado provincial a esta fecha, primeros días de diciembre del 2022), junto con los abogados de quienes se han convertido en querellantes, acompañando la denuncia de un funcionario, del estado, que fue quien iniciara este asunto. Se insiste, es un funcionario quien denuncia a otro funcionario. El resto son admitidos como querellantes. Ojo con eso, no confundir.

John le Carré y su personaje (Smiley) definen cuestiones que nosotros, los ignorantes, podemos entender muy bien. Recomiendo su lectura. Los gobiernos tienen espías; los espías hacen eso: verbo espiar. Se vigilan entre si y mandan informes a oscuras jefaturas de personajes ocultos. Un espía que es reconocido deja de ser espía y toca el timbre. Todos se preguntan sobre la inutilidad del trabajo. Convengamos: en el otro extremo de la artesanía del espionaje están los satélites. Va en serio la cosa.

Graham Greene hace lo suyo y “nuestro hombre en La Habana” es un bellísimo texto literario. Admiro a los dos. Vladimir Putin fue Jefe de Espías. Hoy comanda Rusia y protagoniza una guerra fuera de escala y de lógica. Hay excesos que vuelven irrefrenable los secretos de Estado, el poder y la paranoia. Repito: ojo con eso. Mucho cuidado, también, con los gobernantes a los que les gusta conocer secretos e intimidades de sus opositores. El reino del carpetazo es argentino y no es de ayer.

Sain dijo que su accionar fue legal y que el gobernador Perotti “estaba al tanto”

Iann Fleming, que fue espía, creó un personaje que nos define en este tema: James Bond. Pero el punto más alto en el terreno lo consigue Mel Brooks que al crear el “Súper Agente 86” llevó el tema a su extremo más comprensible: la risa. En la provincia de Santa Fe apareció un personaje que reúne todas las condiciones para la risa y el recontra espionaje. Pero una cosa es el “Súper Agente 86”, y su lucha contra Caos, y otra muy distinta Marcelo Fabián Sain.

Con un concurso amañado, para que fuese a medida, es la administración socialista con Lifschitz gobernador y Pullaro ministro quienes lo traen. Trabaja con ellos. Hay notas elogiosas de Pullaro para con Sain, cuando este ya era parte del gobierno peronista. Lo que dice Sain de los socialistas, de Lifschitz y Pullaro, corre por su cuenta. La historia no es la memoria ni el relato.

Los doce años de gobierno provincial socialista/radical coinciden con los años más duros de la narcocriminalidad. Eso es almanaque e historia. Pullaro fue el último ministro de Seguridad del último gobernador socialista. Después de la referida dupla retornó el peronismo. Perotti nombró ministro a Sain. En sus declaraciones (defendiéndose, por lo tanto puede mentir) Sain dice que lo que hace con Perotti ya se hacía con Pullaro, y que Perotti estaba al tanto de todo lo que hacía.

Lo dice él… no los mencionados. Es su alegato defensivo y se repite: puede mentir. Corta ancho Sain, pone a todo el sistema de gobierno, la división de poderes, los pactos entre los mismos, en este plan: espiar a cualquiera es lícito. Recordar: estuvo con los dos gobiernos.

Está claro que el espionaje existe en el mundo civilizado y en los sótanos de la democracia se cuecen mondongos malolientes. En todos. Está más claro, si cabe, que el argumento, aún en las democracias más solemnes, es este: “Tenemos espías y espiamos porque de ese modo cuidamos nuestra forma de gobierno, nuestra libertad, la patria, la bandera, la libertad de nuestros amigos, etc”. Premisa mayor: asumamos, los espías existen. Premisa menor: Sain es espía. Conclusión: hace muchos años tenemos un espía en el poder.

El juicio actualmente en sustancia tiene, desde donde estamos parados, un componente universal: la desconfianza. Pérdida de fe. Sain contribuye, de manera peligrosa y constante a la desconfianza en la democracia, en sus funcionarios y en sus funciones.

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Sain ha mandado a espiar a dueños de medios periodísticos y a intendentes. ¿Qué instituciones defiende con esas órdenes? De qué se trata el armado de legajos de actividades de personajes públicos. ¿Necesita, la democracia, la división de poderes, el necesario entendimiento que se espíe como parte de la conversación y el acuerdo entre los distintos estamentos de nuestra forma de gobierno?

Sain interpela la sustancia de nuestra forma de vivir y de confiar en los que mandan. Creerle a Sain es aceptar que cualquier conocimiento retorcido, escondido, secreto y básicamente delictual es la base de los acuerdos democráticos de gobierno.

Sigamos: se llega a los acuerdos de parte porque se conocen putrefacciones del interlocutor. Cuando Sain manda a espiar a los arriba mencionados (hay más, hay muchos nombres propios de fuera de la provincia), extiende la enfermiza necesidad de conocer secretos del otro para charlar con el otro. La Matanza, Necochea, Dolores… Caramba… ¿de qué va este asunto?

Se hace necesario reflexionar si lo suyo es una enfermedad particular o, simplemente, Sain es parte de un cuerpo social enfermo que se extiende a todo el país y que, repito, necesita los secretos del otro para hablar con el otro. Estamos ante una forma diferente de relación social. Se hace necesario reflexionar y requerir (se) si esto es parte del patrón de juego de la democracia.

Espionaje: el miércoles se discutirá si la causa Sain pasa al fuero federal

Se impone una pregunta que duele. ¿Rompió Sain la inocencia del hombre común y en el juicio que se sustancia se muestra la bajeza de la actividad política, o es una enfermedad particular que lo atraviesa y provocó daños institucionales muy graves, pero que se curan amputando las partes enfermas de un cuerpo de gobierno que -se insiste- atraviesa los cuatro poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y MPA).

Suelo esquivar la conclusión aclarando: no me pregunte, soy periodista, soy el que hace las preguntas sin tener las respuestas. Una cuestión aparece muy clara: su presencia hizo daño al total de la clase política. No mejoró la democracia. Empeoró la relación con los representados. Apuntó contra la fe de los votantes. El súper agente provocaba la broma por el disparate y la exageración. Y Saín demuestra que el disparate y la exageración, de por sí, no llaman a la sonrisa. Se necesita otra cosa. De nuevo: no pregunte qué es. Yo sólo soy periodista, en este caso con un derecho: la aflicción.

El juicio actualmente en sustancia tiene, desde donde estamos parados, un componente universal: la desconfianza. Pérdida de fe. Sain contribuye, de manera peligrosa y constante a la desconfianza en la democracia, en sus funcionarios y en sus funciones.

La causa por presunto espionaje ilegal en la que se investiga al ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, tendrá el próximo miércoles un nuevo capítulo. Es que para ese día, a las 17 y en los Tribunales locales, se realizará una audiencia para discutir la competencia de la justicia provincial en la tramitación de la causa. Fue convocada por el juez Jorge Patrizi, a propósito de un planteo formulado tanto por el abogado defensor de Sain, Hernán Martínez; como por Juan Lewis, patrocinante de otros de los cinco imputados. Concretamente, solicitan “excepción de incompetencia, reclamando que se remitan las actuaciones a la justicia federal”.

Espionaje ilegal: imputan a Sain y a otros siete ex funcionarios

El mismo día en el que el ex ministro y siete de sus ex colaboradores eran imputados por integrar una asociación ilícita montada en el propio Ministerio de Seguridad, los letrados advertían que formularían un planteo de competencia por considerar que uno de los delitos imputados y presuntamente cometido por dicha asociación ilícita es de competencia federal. Se trata de la violación a la Ley Nacional de Inteligencia (Nro. 25.520), o delito de espionaje. También en el mismo día de la imputativa, el fiscal Ezequiel Hernández disentía con la objeción. “La competencia federal es excepcional. De ninguna manera la ley que nosotros citamos (de Inteligencia Nacional) prevé la competencia federal. No hay ley que establezca que este delito deba serlo”, sostenía, ante la consulta de Sur24.

Sain dijo que su accionar fue legal y que el gobernador Perotti “estaba al tanto”

Tras la presentación formal del planteo de parte de las defensas, el juez Patrizi resolvió convocar a la audiencia del miércoles. Fueron citados para la ocasión abogados, imputados y querellantes. Lo que allí se resuelva será clave para la acción inmediata que tenían prevista los fiscales: la realización de la audiencia de medidas cautelares.

En los argumentos del escrito presentado ante Patrizi, las defensas califican a la acusación como “imprecisa, confusa y que describe hechos manifiestamente atípicos”. Según los abogados, de acuerdo al Artículo 116 de la Constitución Nacional, corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación”. Más adelante analizan el ámbito de la Ley 25.520 y advierten que en ella “se observan numerosas referencias al ámbito federal regulado”.

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Patrizi es el mismo magistrado que en febrero de este año había ordenado el levantamiento de la reserva de las actuaciones, y dispuso que dejasen de ser secretas. Así lo había solicitado la defensa de Sain. “La reserva o el secreto del sumario penal – argumentaba Patrizi en su resolución- tienen carácter excepcional y solamente pueden imponerse en aquellos casos y dentro de las condiciones que las normas legales o reglamentarias establecen; ello deriva de la publicidad de los actos que caracteriza a la forma republicana de gobierno. De lo expuesto – concluía-, no se advierte motivo alguno para continuar con la reserva, perjudicando el derecho de las personas a las que se le hizo conocer los derechos del imputado de imponerse de los motivos por los cuales se encuentra bajo investigación”.

El gobierno de Córdoba pidió ser querellante en la causa que busca dilucidar los detalles de la tragedia, y que hasta ahora no tiene imputados ni detenidos. 

A través de su cuenta de Twitter, el Gobierno de Juan Schiaretti expresó su preocupación y explicó el por qué de esta solicitud: “La Provincia se ha constituido como querellante porque es la principal interesada en que se esclarezca de forma absoluta lo sucedido, se conozca la verdad y se establezca la responsabilidad plena”. 

Además, la gobernación agregó que el caso se encuentra en secreto de sumario, lo que significa que cualquier dato relacionado a la causa se debe proporcionar en el ámbito judicial al fiscal, para no obstaculizar ni perjudicar la investigación. 

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“A su vez, el Estado provincial ha puesto y mantiene a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la disponibilidad y asistencia de acompañamiento a los familiares”, resalta la información oficial. 

Por otro lado, un grupo de padres y familiares de los bebés fallecidos, los cuales no tenían patologías previas, convocaron para este martes a las 10 una protesta en el Hospital Materno Neonatal para reclamar justicia. 

“Cinco nacieron sanos y tuvieron un desenlace no esperado, no habitual, razón por lo cual pedimos la investigación y análisis de todos los elementos que forman parte de la atención que recibieron durante el parto y luego del nacimiento”, resaltó Diego Cardozo, ministro de Salud de la provincia. 

De acuerdo a los datos que había suministrado el titular de la cartera de Salud, los fallecimientos de los bebés ocurrieron el 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo y dos (decesos) el 6 de junio de este año. 

El Gobierno provincial designó a las nuevas autoridades del hospital, en tanto se mantienen separados de sus funciones a 23 empleados. 

Mientras tanto, el fiscal Garzón comenzó a tomar declaraciones a nueve enfermeras, y pidió detalles de las historias clínicas y de otra documentación sobre el suministro de las dosificaciones de inyectables a los bebés fallecidos, particularmente lo referido al potasio, además de los dos estudios de autopsia que se realizaron. 

El fiscal también comenzó a receptar testimonios de las familias damnificadas por la presunta “mala praxis” u “homicidio intencional”, que son dos de las varias líneas de hipótesis que trabaja el funcionario en la investigación. 

Hasta el momento, el Gobierno provincial designó a las nuevas autoridades del hospital, mientras se mantienen separados de sus funciones a 23 empleados. En simultáneo, el fiscal que lleva adelante la causa, Raúl Garzón, comenzó a tomar declaraciones a nueve enfermeras, y pidió detalles de las historias clínicas y de otra documentación sobre el suministro de las dosificaciones de inyectables a los bebés fallecidos, particularmente lo referido al potasio, además de los dos estudios de autopsia que se realizaron. 

En ese marco no solo se citó a declarar a las madres, sino también que se sumaron nuevas denuncias por muertes sospechosas de recién nacidos en el centro de salud, uno de esos decesos ocurrió días después del período que se analiza. 

Hasta el momento, el fiscal de instrucción a cargo de la investigación maneja la hipótesis de ‘mala praxis y homicidio’. Según asegura, descartó que las muertes estén relacionadas a problemas con las vacunas o algún medicamento. 

Ivana Fux 

Este miércoles, y tal como informara El Litoral, los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez levantaron la reserva de las actuaciones en el marco de la causa en la que se investiga presunto espionaje ilegal en el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Marcelo Sain. Este jueves, en tanto, el abogado defensor del ex funcionario denunció “una grave” adulteración en parte del material informático secuestrado. Ello, tras una prueba pericial que se realizó en la ciudad de Rosario sobre siete dispositivos informáticos incautados durante los allanamientos de fines del año pasado en las oficinas de la cartera ministerial. 

Consultado por El Litoral, Hernán Martínez (h) reveló que tras procederse a la apertura de computadoras, teléfonos celulares y tablet, sorprendió que una de las notebook carecía de su disco rígido. Se trata de la computadora que pertenecía a Nadia Shujman, quien se desempeñara como titular de la Agencia de Control Policial durante la gestión de Sain. “Eso nos llamó la atención – dijo Martínez-, por lo que dejamos hecho el planteo correspondiente tanto a los fiscales que llevan adelante la causa, como al juez. Al momento de abrir esa computadora, el disco rígido no estaba; para nosotros, eso es una irregularidad muy grave”, advirtió. 

Acerca de las razones que habrían derivado en esa situación presuntamente irregular, el abogado insistió en que “los allanamientos a las oficinas del Ministerio de Seguridad fueron ilegales, como lo venimos sosteniendo desde el principio”. Asimismo, denunció que “la preservación de la evidencia fue absolutamente deficiente; no se aplicaron fajas de seguridad como corresponde, y no se cumplieron las cadenas de custodia. Esto que sucedió ayer ratifica lo que venimos sosteniendo. Es imposible pensar que al momento de los allanamientos, alguien pueda abrir una computadora, volver a cerrarla y dársela nuevamente al personal policial que realiza el allanamiento, más con las características que tuvo ese operativo, cuando irrumpieron en el Ministerio, incomunicaron a todos los presentes y les quitaron los celulares. Algo sucedió con ese disco entre el 26 de noviembre y ayer que se abrieron los equipos”, aseveró. 

Martínez dijo que también llamó la atención que la computadora del ex secretario de Seguridad de la provincia, Germán Montenegro – ése fue otro de los dispositivos peritados este jueves- permaneciese encendida. “Que después de tres meses, el equipo continuara encendido, también llama la atención. Es necesario terminar de verificar desde lo técnico si es posible que esto sea así desde el momento del secuestro, o si alguien la encendió después. En los dos casos llamaría mucho la atención”, advirtió. 

Martínez reveló que como primera medida, denunciaron la situación generada ante los fiscales de la causa (Hernández y Jiménez) y ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria. “Pedimos que se tome nota de lo sucedido y que realicen la investigación pertinente en el marco de este proceso; evaluaremos después en el devenir cómo seguir”, planteó. 

Para este viernes, estaba prevista además, la audiencia para definir si el ex ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, era aceptado o no como querellante en la causa. Martínez adelantó que en esa audiencia, volverán a oponerse y a objetar dicha posibilidad. “Hay una razón de pura lógica; el querellante es el penalmente ofendido. Al día de hoy, nosotros no tenemos audiencia imputativa, no hay atribución fáctica ni un hecho delictivo. Entonces, si no conocemos cuál es el hecho delictivo, no podemos saber si hay alguien penalmente ofendido”, concluyó. 

Hasta el momento, sólo la provincia ha sido aceptada como querellante tras el planteo que hiciese el Fiscal de Estado a pedido del gobernador; y después de que ninguno de los demás actores formulasen objeciones. 

Florencia Álvarez, una de las personas que permanecía prófuga de la Justicia de Córdoba y por quien existía un pedido de captura internacional por estar relacionada a las presuntas estafas que involucran a una importante cantidad de personas integrantes de la Generación Zoe, se entregó este lunes y quedó detenida, informaron fuentes judiciales.

La información fue comunicada por la Fiscalía de Instrucción del segundo turno de Villa María, a cargo de Juliana Companys, por lo que de esta manera ya son 12 los detenidos relacionados a la causa. En tanto, se mantiene el pedido de captura internacional del titular de Generación Zoe, Leonardo Cositorto y Maximiliano Javier Batista imputados por “asociación ilícita y estafa reiterada”.

Los demás detenidos son Norman Próspero, Marías Eugenia Garafini, Gabriela Fernanda Álvarez, Claudia Pereyra, Cristian Omar Delgado, Silvia Beatriz Luján, Gabriela Álvarez, René Germán Udrizan, Martín Pereyra, Juliana Bolea y Agustín Pereno.

La causa se inició el 18 de febrero con allanamientos y detenciones a partir de denuncias por “estafa” promovidas por inversores que no recuperaron su dinero que, según los datos preliminares de la investigación, eran captados con promesas de alto pago de intereses mensuales. La maniobra, presuntamente ilícita, consistía en promover inversiones mediante el sistema piramidal que se conoce como esquema ‘ponzi’.

El viernes, el detenido contador de la entidad Norman Próspero negó los hechos de “estafas reiteradas y asociación ilícita” que se le imputan y continua detenido, al iniciarse la ronda de interrogatorios.

Según se supo, esta organización tenía todo acordado para abrir una sucursal en Venado Tuerto, incluso había alquilado un local céntrico, en la esquina de Casey y Alvear. Si bien no llegaron a colocar la cartelería, habían contratado a un estudio local para su realización. “Parte de la gráfica la tenían terminada cuando nos enteramos de la situación judicial de Generación Zoe”, contaron a Sur24 los propietarios del negocio de diseño.

(Por Emerio Agretti-Ivana Fux) – El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia fue contundente y categórico al momento de rechazar la declaración de inconstitucionalidad que el camarista José Luis Mascali formuló con respecto al art. 51 de la Constitución Provincial y el art. 27 del Código Procesal Penal, que son los que impiden citar a audiencia imputativa al senador Armando Traferri en el marco de una causa sobre narcotráfico, sin que antes haya sido despojado de sus fueros. Sin embargo, está lejos de clausurar la investigación como tal, y hay numerosas vías por las que el procedimiento puede seguir adelante, e incluso con la declaración de Traferri.

De hecho, el Ministerio Público de la Acusación analiza distintas vías: la presentación de un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un nuevo pedido de desafuero, e incluso la posibilidad de volver a citar Traferri aún asistido por sus fueros.

“El fallo no es bueno, no estamos de acuerdo, aunque naturalmente lo respetamos. Pero no nos satisface, y en función de ello se va a estar analizando la interposición de un recurso exraordinario ante la Corte nacional”, sostuvo el titular del MPA, Jorge Baclini, al dia siguiente del pronunciamiento del Alto Tribunal.

“Pensamos que el criterio que planteó la mayoría es limitativo y demasiado restrictivo en una visión histórica, que no se adecua a la realidad actual y al estándar de la normativa nacional y las otras provincias. Creemos que el principio de igualdad ante la ley es supremo y está por encima de otras normas. Lo preferible, lo deseable, es que todas la personas podamos ser sometidas a proceso”, añadió.

Baclini se excusó de formular un análisis en detalle sobre el fallo como tal, dado que es muy reciente y extenso (suma 123 páginas). Pero tomando en cuenta las posiciones de los ministros, hizo notar que el resultado “no es un es un 5 a 1 estrictamente, hay coincidencias en distintos votos. Los del doctor Gutiérrez y el doctor Spuler validan la posición del senador, el del Dr. Erbetta está en la posición opuesta, y los otros tres votos (Falistocco, Netri, Gastaldi) tienen alguna coincidencia en que alguna actividad se podría realizar, como el llamado a declaración, sin pedido de desafuero”.

A partir de allí, consideró que “algunos entienden que esto queda en la potestad de la persona imputada (si acepta o no que este acto se realice), otros que la manfestacion que hizo al presentarse en su oportunidad ya daría por cumplido este paso, al decir que no queríaa declarar. Es un análisis que va a tener que hacer llegado el momento el camarista a quien se le asigne el dictado de la nueva resolución”, tal como ordena el fallo de la Corte tras dejar sin efecto la decisión de Mascali. En tanto, Baclini apuntó que “la investigacion de los fiscales en general sigue. En lo particular está detenida en que no se ha celebrado el acto de la declaracion imputativia del senador, pero el resto de las acciones de la investigacion siguen su curso”. Y en ese marco, no descartó la posibilidad de insistir ante el Senado con un nuevo pedido de desafuero para Traferri, dado que “han surgido nuevos elementos, nuevas evidencias que dan pie a los fiscales para que lo hagan”.

El presidente Alberto Fernández visitará los tribunales federales de Comodoro Py 2002 para declarar en una causa contra su vice Cristina Kirchner, un gesto que servirá para descongelar la relación entre ambos, tensada al máximo en las últimas semanas por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Si bien el jefe de Estado puede optar por declarar por escrito, decidió ir en persona hasta los tribunales, para cumplir con la citación en calidad de testigo en el marco de la investigación contra Cristina Kirchner por supuestas irregularidades en la obra pública durante su gestión al frente del Poder Ejecutivo.

Ese gesto no pasa desapercibido en medio de la tensión en el vínculo entre el Presidente y la titular del Senado, que se mantiene en silencio desde que se anunció el principio de acuerdo con el organismo financiero internacional, a lo que poco después se le sumó la salida del líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, de la conducción del bloque de diputados del Frente de Todos.

Con su visita a Comodoro Py, Alberto Fernández se acercará a la vicepresidenta y volverá a mostrarle su respaldo en el marco de las causas judiciales que la tienen como protagonista.

El tema judicial es uno en los que coinciden en la lectura y también en las críticas contra magistrados y la Corte Suprema.

Hacia afuera y hacia adentro del Frente de Todos, el paso del Presidente por Retiro será un indicio de acercamiento, más allá de las diferencias, y mientras el Poder Ejecutivo busca por todos los medios despejar las dudas que tienen los senadores sobre el acuerdo con el FMI que en marzo deberá pasar por el Congreso.

Fernández tiene previsto ir a los tribunales de Retiro este martes a las 9:30, para contestar preguntas ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, algo que ya hicieron otros ex jefes de Gabinete de Cristina Kirchner, como Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich.

Los testimonios, que también incluyen el próximo lunes al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, fueron pedidos por el abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi, durante la etapa de instrucción suplementaria preparatoria del juicio en 2018.

Por Juan Chiummiento (El Litoral)

Los principales integrantes de la agroexportadora Vicentin, una de las empresas emblemáticas de la provincia, fueron formalmente imputados por el delito de estafa, en el marco de una audiencia celebrada este martes en el Centro de Justicia Penal de Rosario. La acusación corrió por cuenta del fiscal Miguel Moreno, quien siguió la pista de una serie de denuncias efectuadas por bancos y proveedores granarios. Como se esperaban pedidos de detención, los abogados de la defensa solicitaron un cuarto intermedio, concedido por el juez Román Lanzón hasta el próximo jueves.

Amén del diferimiento de la audiencia, el magistrado sí habilitó la lectura de la imputación, que transcurrió por los carriles esperables, según la información que se venía manejando en la previa. Para el responsable de la Unidad de Delitos Económicos, la compañía ocultó su realidad económica financiera en el período previo a su default (diciembre de 2019), a través del incumplimiento de estándares internacionales de contabilidad. El núcleo de las irregularidades pasó, según su versión, por la irregular registración de los contratos “a fijar”, en los que el precio se determina con posterioridad a la entrega de los granos.

Según expuso el fiscal, el ocultamiento de la situación quedó en evidencia por la notable diferencia que existió entre los números que mostró Vicentin entre julio y octubre de 2019. En tan solo tres meses, la compañía pasó de exhibir una posición en granos de u$s 455 millones a u$s 30 millones. Al mismo tiempo, la deuda comercial en ese período pasó de u$s 32 a u$s 571 millones.

Para Moreno, no quedan dudas que la empresa confeccionó los balances de 2017 y 2018 con información financiera falsa, lo mismo que los diversos informes trimestrales que presentó ante los bancos internacionales. El fiscal consideró que el anuncio de “estrés financiero” de diciembre de 2019 fue simplemente “el desenlace de un deterioro que se venía gestando desde principios del año anterior”.

El responsable de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) imputó a 15 integrantes de la agroexportadora, 14 de los cuales estuvieron presentes en la audiencia celebrada en Rosario: Daniel Buyatti (presidente del directorio hasta septiembre de 2020), Alberto Macua (vicepresidente hasta la misma fecha), Roberto Gazze, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentin, Pedro Vicentin, Roberto Vicentin y Yanina Boschi (todos ex directores titulares); Omar Scarel (síndico en el período previo al default y actual presidente del directorio); y Robertino Boschi, Miguel Valazza y Javier Gazze (accionistas con participación en diversos hechos). El único ausente, por motivos de salud, fue Raúl González Arcelus, ex síndico.

Moreno dividió su imputación según las diversas denuncias recibidas, que versan siempre sobre el período previo al default. En diálogo con la prensa, planteó que por la acumulación de hechos está en condiciones de pedir, el caso de los integrantes del directorio, las penas máximas que prevé el delito de estafa (50 años).

En lo que respecta a la presentación de los bancos internacionales, el fiscal acusó a los integrantes del directorio (en carácter de coautores) por el delito de balances falsos en concurso real con defraudación y estafas, en seis casos. Respecto al síndico, lo imputó como partícipe necesario. En tanto, también acusó por estafa a Javier Gazze y Miguel Valazza, quienes firmaron diversos certificados de compliance. Similares imputaciones corrieron en la denuncia del banco Macro.

Referido a los acreedores comerciales, Moreno acusó al presidente, vicepresidente y directores titulares por el delito de estafa en cinco hechos, en calidad de coautores. También imputó por el mismo delito a Robertino Boschi -sindicado como encargado del área comercial-.

A la hora de explicar las responsabilidades, el fiscal explicó que resultaba procedente asignarlas a todos los integrantes del directorio porque la empresa no contaba con un manual de procedimientos que asignara roles específicos, sino que funcionaba bajo una lógica más bien familiar. Moreno habló de un directorio “profundamente involucrado” en los negocios, sin una estructura formal que designara funciones y tareas.

La Justicia Penal de primera instancia falló esta semana declarando “extinguida la acción penal por haber operado la prescripción” en la causa por el “vaciamiento” del ex Banco Provincial de Santa Fe, iniciada a comienzos de la década del 90 y que se extendió durante más de tres décadas sin solución hasta el presente.

La resolución, dictada este miércoles 18 de agosto por el juez penal de Santa Fe Pablo Busaniche, se expide en torno a “todos los hechos que fueran denunciados el 27 de agosto de 1990 por integrantes de la Comisión Gremial de Empleados del Banco Provincial de Santa Fe y por el Banco Central de la República Argentina que motivaran el presente proceso penal”.

El escrito de 54 fojas es el resultado de una audiencia multipropósito, desarrollada el viernes pasado en la Sala Nº 1 del subsuelo de los tribunales, de la cual participaron cuatro abogados en representación once ex directivos que pasaron por la entidad bancaria entre 1983 y 1990.

Entre ellos estuvieron Néstor Oroño -por Pedro Buchara, Rubén González, César Rubén Rostman, Emilio Sánchez García, Hernán Eduardo Ingaramo y Gustavo Lupa-; Rubén Kilibarda -por Roberto Simón Fatal Jaef, Julio Cesar Alzueta y Rodolfo Eduardo Vachiano-; Leandro Corti -por Luis Buffa-; y el Dr. Galván -por Osvaldo Diaponte-.

En tanto, la acusación estuvo a cargo de la fiscal de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, Mariela Jiménez; y como se dijo, el juez Pablo Busaniche en representación del Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia del Distrito Judicial N° 1.

La argumentación central fue desarrollada por el Dr. Oroño, a la cual adhirieron el resto de sus colegas, quienes también ampliaron sus fundamentos ante la magistratura. Los argumentos sucesivos fueron “la prescripción de la acción penal”; “la insubsistencia de la acción penal por operar un plazo razonable”, y “el planteo de cosa juzgada por afectación del principio constitucional de “nen bis in idem”.

Para sostener su postura Oroño hizo un recorrido histórico de la causa que se inició el “27 de agosto de 1990, a raíz de una denuncia radicada en un Juzgado Federal de Santa Fe y formulada por la Comisión Gremial de Empleados del Banco Provincial de Santa Fe”, contra sus asistidos y otras personas que “se desempeñaban como directores de esa entidad bancaria”.

Destacó que el 11 de junio de 1993, el juez Federal Raúl Dalla Fontana resolvió “sobreseer provisoriamente a los imputados”. Luego entre 1994 y 2008 -ósea transcurridos 14 años corridos e ininterrumpidos-, “la causa estuvo absolutamente paralizada”, agregó.

“Fue recién en el año 2008 y después que en sede Federal la ex Fiscal Cintia Gómez dictaminara que debía declararse la prescripción de las actuaciones, que éstas pasaron a un Juzgado Civil de los Tribunales santafesinos”, apuntó.

Y que “el 24 de junio de 2013, el juez Federal Reinaldo Rodríguez declaró que se encontraba extinguida la acción penal por prescripción”, la cual fue apelada por el fiscal Walter Rodríguez; para que luego -el 22 de abril del 2016-, la Cámara Federal de Rosario, revocó la resolución dada en primer instancia.

En definitiva, para el abogado Oroño “la revocación de la decisión jurisdiccional que declaró la prescripción de la acción, se dictó 26 años después de iniciadas las actuaciones judiciales contra sus asistidos”, cuando todavía regía la llamada “ley de subversión económica” y por la cual “existió una imputación precisa” que refirió a un “vaciamiento de la entidad bancaria”.

En segundo punto, sobre el planteo de “insubsistencia de la acción penal por plazo razonable”. Oroño advierte que “las fechas hablan por si misma”, ya que se intiman hechos supuestamente sucedidos desde 1983 a 1990 por lo que ya pasaron casi 40 años.

Al respecto, dijo que “el estar sometido a una causa penal constituye de por sí una pena, y que no es tolerable mantenerla por el abuso de derecho de nadie y menos del Estado”. A modo de ejemplo nombró a uno de sus clientes que tiene 84 años y tenía 57 cuando comenzó la investigación.

Por contrapartida, y tras las alocuciones de las otras defensas, la fiscal Mariela Jiménez se opuso a “que se declare la prescripción de la causa por extinción de la acción penal, se declare insubsistente la acción penal por plazo razonable y/o se declare cosa juzgada a los hechos que se investigan en el presente proceso penal”.

Para ello recordó que el denominado “vaciamiento” (estimado en mil millones de dólares) fue el preámbulo para la “desaparición” del banco de la provincia, cuando “el 12 de julio de 1991 se transformó en una sociedad anónima con participación estatal”.

La fiscalía recordó la denuncia del Banco Central en el mismo sentido de la primer, en la que se advertían la “operatoria irregular del Banco provincial de Santa Fe, al reportar la existencia de la mayoría de cartera crediticia otorgada solo a 54 deudores principales, situación que daba cuenta de la “alta incobrabilidad” de dichos créditos”.

Apuntó que en el “Banco Provincial de Santa Fe se otorgaron créditos sin garantías, sin analizar las mínimas capacidades crediticias de los deudores” y que si bien es cierto que “la causa estuvo 14 años inmovilizada en un Juzgado Civil y 5 años en el Juzgado federal” sus responsables debían responder ante la ley, especialmente porque quienes intervinieron durante el proceso “no actuaron con imparcialidad”.

Al momento de resolver, el juez Busaniche sostuvo que “pretender y exigir -como lo hace el acusador público- una imputación formal de hechos acaecidos hace más de 31 años en los términos de la legislación procesal provincial, para poder recién habilitar la posibilidad de consideración del plazo de tiempo transcurrido es a todas luces contraria a la aplicación del derecho vigente a aplicar en el primer caso, y constituye además una clara vulneración de garantías y derechos de raigambre constitucional en el segundo”.

“Se verifica entonces que además de soportar los justiciables una incriminación pública y social, los mismos fueron sometidos efectivamente a procesos judiciales penales concretos”, destacó. “Luce extremadamente diáfano y al más elemental sentido común, que una correcta aplicación del derecho al caso -dada la información ventilada y no cuestionada-, es que se debe considerar como determinante y sin hesitación alguna, que los justiciables fueron perseguidos penalmente desde 1990”, amplió el magistrado.

En definitiva, para el Dr. Busaniche, “todos los razonamientos posibles conducen invariablemente a la convicción absoluta de que es necesario declarar que la acción penal en los hechos de referencia, se encuentran absolutamente extinguida por haber operado la prescripción de la ley conforme el instituto regulado en el derecho de fondo”.