El Poder Ejecutivo promulgó, en el primer día hábil de la semana, las cuatro leyes sancionadas el pasado jueves en la Legislatura, para una de las cuales se licitaron trabajos. Se trata de la llamada Quinta de Funes que fue incorporado como Espacio de la Memoria. Ocho ofertas se presentaron a la convocatoria realizada por el gobierno santafesino para trabajos de puesta en valor del sitio. El tema fue iniciado en Diputados por la bancada socialista que encabeza Joaquín Blanco.

La Ley Nº 14.435 suma a la Quinta de Funes a los espacios de Memoria que tiene la provincia como lo que fue la Comisaría Cuarta de Santa Fe y la ex sede de la Secretaría de Inteligencia en Rosario.

Las otras normas promulgadas son la 14.443 por el cual la provincia adhirió a la norma nacional N° 27.786 sobre organizaciones criminales, iniciativa de la diputada Ximena Sola (Pro). La conocida como "Ley Antimafias", fue promulgada a principios de marzo de 2025 y representa un cambio profundo en la estrategia de persecución penal contra el crimen organizado en Argentina. Su diseño se inspira en modelos internacionales (como la Ley RICO de EE. UU.) para atacar no solo delitos individuales, sino a la estructura de la organización en su conjunto.

La Quinta de Funes fue declarada Espacio de la Memoria provincial. Crédito: Archivo El Litoral

La ley establece un marco específico para grupos de tres o más personas que actúen de manera concertada durante cierto tiempo para cometer delitos graves. El alcance incluye narcotráfico, lavado de activos, trata de personas, extorsión y corrupción, entre otros.

Además, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley N° 14.433 con cambios en la competencia de Jueces de Menores, iniciativa propiciada por el propio Poder Ejecutivo. Finalmente, la Ley N° 14.432 instituye como "Fiesta Provincial de la Empanada de Pescado de Río" la que se realiza en San José del Rincón, siguiendo un proyecto del senador Francisco Garibaldi.

Ayer en Rosario, se abrieron las ofertas de la licitación para transformar la Quinta de Funes, en el departamento Rosario, en un Espacio de la Memoria. El predio, que funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura, será intervenido con el objetivo de preservarlo, ponerlo en valor y convertirlo en un ámbito de transmisión de la memoria colectiva.

El secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Emilio Jatón, y el secretario de la Unidad Ejecutora en Infraestructura, Diego Leone encabezaron el acto. "La recuperación de estos espacios no responde a caprichos ideológicos ni a lujos culturales, sino que son herramientas fundamentales para la construcción plena de la democracia", dijo Jatón.

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $ 461.143.245,26 y un plazo de ejecución de 150 días. Las obras contemplan el cerramiento perimetral del predio, la instalación de torres de iluminación, la construcción de sanitarios, oficinas y depósitos, además de mejoras en accesos y la refuncionalización del galpón existente mediante la ejecución de un nuevo piso de hormigón.

Desde una perspectiva de infraestructura pública con enfoque en derechos humanos, la intervención apunta a dotar al sitio de condiciones de habitabilidad y uso permanente, sin alterar su valor histórico. La Quinta de Funes integró el circuito represivo de la subzona 21, bajo la órbita del II Cuerpo de Ejército, y fue escenario de secuestros ilegales entre septiembre de 1977 y enero de 1978, según consta en el Archivo Nacional de la Memoria y en causas judiciales.

Joaquín Blanco impulsó el proyecto aprobado en Diputados, Joaquín Blanco.

En 2016 fue señalizada oficialmente como Sitio de Memoria del Terrorismo de Estado y, a partir de la Ley provincial N.º 13.530, se dispuso su expropiación para destinarla a fines de memoria y promoción de derechos humanos.

Las ocho ofertas presentadas son Andrés Arriaga S.R.L. cotizó los trabajos en $ 508.521.472,13; Construcciones Tres S.R.L. por $ 509.748.263,60; Capaze S.R.L. $ 498.000.000,00 y Coirini S.A. elevó una propuesta de $ 543.676.660,58.

Asimismo, PH Constructora S.R.L. cotizó por $ 468.582.922,16; Deprop S.R.L. $ 426.853.978,72; Al Servicio S.R.L. propuso $ 451.108.372,50; y B2C Construcciones S.R.L. con una cotización de $ 518.122.593,83.

La firma Pecam tendrá a su cargo la construcción de la Unidad Penitenciaria Nº 15 de Piñero con un monto de contrato de $24.882.017.292,98 y un plazo de ejecución de 420 días calendario.

La adjudicación del nuevo complejo está contenida en el decreto Nº 578 firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Gobierno, Fabián Bastia.

A diferencia de las cárceles tradicionales con grandes pabellones comunes, la nueva unidad fue diseñada bajo un esquema de 6 módulos independientes, denominados "mini penales". Cada módulo funcionará como unidad autónoma con su propio ingreso, áreas recreativas, talleres educativos y cocinas. Se explicó que el objetivo es evitar que los internos de distintos sectores tengan contacto entre sí, reduciendo la capacidad de organización interna de las bandas.

El proyecta apunta a albergar a 1.920 internos, todos varones.

La licitación fue convocada con un presupuesto de $32.887.807.996,16 y se presentaron 8 oferentes de los cuales la Unidad Ejecutora optó por la oferta de Pecam.

El debate paritario docente en Santa Fe entra en su tramo decisivo con una cifra que ordena la discusión: el Gobierno sostiene que un maestro de grado de 25 horas, sin antigüedad, no cobrará menos de $1.300.000, sumando el adicional por capacitación.

La propuesta oficial plantea una actualización del 12,5% para el primer semestre de 2026, con subas mensuales escalonadas y la promesa de revisar desfasajes si la inflación corre por encima del esquema.

El gobierno provincial sumó un plus mensual por capacitación docente a través del FOPCID.

En paralelo al porcentaje, el Ejecutivo puso el foco en los montos mínimos garantizados. Desde febrero, el incremento asegurado sería de $170.000, al que se suma el Fondo Provincial de Capacitación Integral Docente (FOPCID) por $100.000 mensuales.

Con esa combinación, el piso de mejora desde febrero se ubica en $270.000 para quienes queden alcanzados por el mínimo, y el salario base con capacitación queda expresado por el Gobierno como un “piso” para el cargo testigo de maestro inicial.

Con asistencia perfecta, la Provincia proyecta un ingreso máximo de $1.405.000 para el cargo testigo.

El número que más circuló en las últimas horas es el potencial de $1.405.000 mensuales. La Provincia lo proyecta para un maestro sin antigüedad que, además del salario garantizado y el FOPCID, perciba el incentivo por Asistencia Perfecta.

En el oficialismo insisten en que el esquema apunta a sostener el poder adquisitivo, reforzar el salario de los cargos más bajos y asociar una parte del ingreso a la formación continua, en un contexto de cuentas públicas ajustadas.

La respuesta de los gremios se espera para este viernes, con impacto directo sobre el arranque del ciclo lectivo y sobre la dinámica de negociación para el resto del semestre.

El gobernador Maximiliano Pullaro firmó un decreto autorizando a la Escribanía Mayor de Gobierno a realizar la primera inscripción de dominio, a favor del Gobierno provincial, del inmueble donde se encuentra asentada la Casa Gris.

El decreto da cuenta del proceso técnico-administrativo para que la provincia de Santa Fe figure legalmente como dueña registral de los lotes 1 y 2 del predio de la Casa de Gobierno, unificando así todo el terreno bajo una misma situación dominial.

Los dos lotes a inscribir totalizan algo así como 4.992 metros cuadrados y permitirán que toda la manzana donde se erige la sede del Poder Ejecutivo tenga la titularidad del gobierno provincial.

El decreto firmado por Pullaro y el ministro de Gobierno e Innovación Tecnológica, Fabián Bastia, lleva el N° 0024.

La manzana comprendida entre 3 de Febrero al norte; Amenábar al sur; San Jerónimo al oeste y San Martín al este pasará a manos de Santa Fe. Hasta ahora, el gobierno no tenía la escritura completa de la manzana. Una primera parte sí; una segunda por usucapión y en esta etapa se completa con los dos lotes indicados en el decreto.

En los considerandos del decreto se señala que las actuaciones se iniciaron el 15 de enero de 2018 mediante una nota emitida por el entonces Jefe División Relevamiento y Mantenimiento de la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes donde se describe la situación dominial del inmueble.

En el 2023, un decreto autorizó la usucapión administrativa a favor del Gobierno de la Provincia sobre una fracción del inmueble con la correspondiente identificación.

Luego, la Escribanía Mayor de Gobierno solicitó la intervención de la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública a los fines que se dictamine sobre la adquisición de dos inmuebles donde se encuentra emplazada la Casa de Gobierno.

La Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes del Ministerio de Economía informó que no consta inscripción de dominio por la totalidad del inmueble. Luego, el Servicio de Catastro e Información Territorial procedió a elaborar los planos de mensura para subsanar las diferentes situaciones.

Finalmente, un dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Gobierno e Innovación Pública, entiende que existen circunstancias que ponen palmariamente de manifiesto la situación dominial del inmueble.

Como un bien que forma parte del dominio privado del Estado, por carecer de dueño y, consecuentemente, en virtud de la inexistencia de dominio sobre el mismo, resulta configurado lo determinado por el artículo 236 inciso a) del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Este artículo establece que pertenecen al dominio privado del Estado los inmuebles que no tienen dueño.

Prudencia y cautela. Ésas son las expresiones que se recogen en el gobierno de la provincia después de que se escuchara el mensaje del presidente Javier Milei este lunes a fin de presentar el proyecto de presupuesto nacional para 2026.

La fundamentación para evitar juicios de valor está anclada, por un lado, en que el discurso en sí evitó mencionar datos certeros como las variables macroeconómicas que se prevén para el próximo ejercicio. Y por el otro, en que tales indicadores terminaron revelándose en el texto expreso del proyecto –contiene más de seis mil páginas- pero que recién se conoció a poco de la medianoche.

Con esos reparos es que de manera extraoficial y por ahora todavía en off, las fuentes de la Casa Gris aludieron al mensaje presidencial.

Milei habló en cadena nacional el lunes por la noche.

"Fue un discurso que reiteró conceptos ya vertidos en otras ocasiones - mencionaron los funcionarios locales –. Y en cuanto a datos del presupuesto, en el discurso no los hubo. Sólo referencias numéricas que aún hay que verificar en relación a qué se mencionaron".

Ejemplo de ello es lo que se planteó respecto del aumento en ciertos "gastos sensibles"; se habló de un incremento "en términos reales considerando la inflación prevista en el Presupuesto 2026, que se proyecta en un 10%". Por lo tanto, se razona, si la inflación del año que viene es mayor al 10%, dichos gastos "sensibles" no crecerían en términos reales, o incluso, experimentarían una caída.

En general, se explicó, no habló el presidente sobre la composición del presupuesto, "sino sobre las reglas presupuestarias que se utilizaron para elaborar el proyecto".

Aun así, las fuentes consultadas valoraron positivamente la presentación y existencia de un presupuesto. Pero ello debe trascender el aspecto institucional, aclararon, y tener "consistencia con el resto de la política económica y con los resultados de la misma". Y sobre todo, tiene que estar "efectivamente sancionado y promulgado". Ello, sobre la base de que el país viene ejecutando su política fiscal "con una combinación riesgosa entre Presupuesto reconducido 2023 y de Decretos de Necesidad y Urgencia".

El Banco Central proyecta una inflación para los próximos doce meses del orden del 20%.

Que el mensaje por cadena nacional haya omitido la mención de las variables macroeconómicas no sería casual; "se evitó poner foco en aquellos aspectos que podrían ser objeto de debate", se apuntó.

De hecho, proyectar una inflación para todo el 2026 del 10,1% - ello implicaría una variación de precios mensual del orden del 0,8%- parece una subestimación y carece de verosimilitud si se tiene en cuenta que el REM (Relevamiento de Expectativa de Mercado) del Banco Central proyecta una inflación para los próximos doce meses del orden del 20%. Una situación similar se da con el tipo de cambio proyectado: $1423 para 2026 y $1470 para 2027.

La tasa de crecimiento para el próximo año, en tanto, fue estimada en un 5%.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezará este sábado un taller de evaluación de metas para la gestión que tendrá por escenario la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL. La invitación incluye a la vicegobernadora, ministros, secretarios y subsecretarios que integran el gobierno provincial.

Voceros del gobierno hablan de un retiro espiritual que comenzará a las 9 y finalizará a las 17. "Es hora de volver a encontrarnos, hablar, reflexionar, hacer autocrítica, charlar, planificar. El desafío es el 2026" señaló el propio Pullaro cuando lo consultó El Litoral sobre los objetivos del encuentro.

El gobierno que encabeza el radical tiene reuniones semanales de gabinete alternando entre Rosario y Santa Fe aunque el pasado lunes no hubo encuentro debido a la gira programada por el mandatario para el norte santafesino. No obstante, la convocatoria del sábado es mayor a la del gabinete porque incluirá prácticamente todos los cargos políticos e incluso legisladores provinciales.

Si bien, todavía no finalizó el primer semestre del año, la intención del gobierno es empezar a trabajar para el 2026. Los organizadores señalan que desde julio para el gobierno será central la reforma constitucional cuya convención empezará a sesionar el 14 de julio.

Las otras reformas plasmadas por Unidos se vienen llevando adelante: la de la Corte Suprema de Justicia implicó la llegada de tres nuevos ministros mientras que en la previsional la definición de la constitucionalidad está ya en manos de la Corte Suprema de Justicia.

"Hoy no hay jubilado de altos ingresos que no haga los aportes mayores previstos por la emergencia" destacó un vocero de Casa Gris validando la estrategia llevada adelante por Fiscalía de Estado.

Imagen ilustrativa. Créditos: Archivo El Litoral

En cuanto al plan de obras públicas en marcha, el ministro Pablo Olivares ha dicho al equipo de gobierno y a los legisladores que los pagos de trabajos en marcha tienen la asignación de recursos hasta fin de año.

El propio Pullaro escuchó el martes, en la reunión con sus pares en CFI, que muchas provincias están en dificultades para afrontar el pago la primera etapa del medio aguinaldo y tienen poca asignación para obra pública. Santa Fe parece la excepción producto del orden dispuesto en las cuentas públicas en diciembre de 2023 cuando llegó a la Casa Gris la actual administración.

Olivares intenta tranquilizar a sus pares que de mantenerse el ritmo actual de la economía, Santa Fe llegará dentro de los parámetros presupuestarios a fin de año. Hoy, los certificados de obras públicas se pagan en los tiempos legales previstos.

Provincia le exige a Nación que se sigan arreglando las rutas.

En el Gobierno confían que la semana venidera saldrá en Legislatura la ley que le autorizará al Ejecutivo tomar un crédito externo de hasta mil millones de dólares y que permitirá poner en marcha una serie de obras de infraestructura consideradas estratégicas especialmente para apoyar al sector productivo.

Provincia tiene como objetivo la mejora en las rutas pero también llegar con gasoductos a gran parte de Santa Fe y aprovechar la oferta del combustible generado a través de las explotaciones de Vaca Muerta.

El sábado último, en Rosario, Juan Cruz Cándido y Jorge Alvarez encabezaron una reunión sobre el panel de control que tiene el gobierno sobre la ejecución de políticas en cada ministerio y que contó, en momentos, con la participación del propio gobernador.

Cándido explicó que cada Ministerio tiene responsables de la carga de la calidad del dato al panel de control y en la última reunión se ajustó el funcionamiento sobre la marcha de cada obra y de cada programa. El tablero es uno de los instrumentos centrales de control de la gestión que puso en marcha la administración actual para el seguimiento de objetivos, obras y programas.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, habló con la prensa por unos momentos respecto de las conversaciones paritarias reiniciadas esta semana y sostuvo que es optimista en cuanto a que se podrá "llegar a un acuerdo" con los gremios. Ante una consulta, recordó que las conversaciones son "con todos los gremios" no solo los del sector docente por el que le preguntaron periodistas de Rosario.

"Hay dos o tres cosas que tenemos que remarcar: por supuesto que hubo una pérdida de poder adquisitivo en función de lo que fueron los aumentos y en función de lo que fue el piso que se dio en la última acta paritaria que fue aceptada por la inmensa mayoría de los gremios de los empleados públicos", aseguró el jefe de la Casa Gris.

El gobernador habló sobre las negociaciones con los gremios.

Y luego afirmó que "el 70% de los trabajadores no perdió frente a la inflación, por lo que había sido el piso. Recordemos que hubo un piso superior para las categorías más bajas, mayor que para las más altas. Hubo un 5% para las categorías más altas, pero algunas categorías, las más bajas fundamentalmente, con el piso de los recursos que se aportaron en ese momento, estuvieron en alrededor del 11%", argumentó. Así, hoy "hay un 30% que sí perdió frente a la inflación y es lo que estamos discutiendo en este momento", señaló.

De inmediato, añadió: "Seguimos manifestando con mucha claridad el compromiso que tuvimos en su momento. Cuando el gobierno provincial quedó por encima, la verdad que no pedimos una corrección, pero el año pasado había tenido por 8% de incremento por sobre los niveles de inflación y este año solamente el 30% de los empleados públicos quedó un porcentaje por debajo de lo que había sido el incremento y es lo que estamos discutiendo y es lo que vamos a llevar adelante".

El mandatario espera que se acepten las propuestas. Crédito: Marcelo Manera

"Tenemos muy buenas expectativas de que la semana que viene se pueda aceptar la propuesta que estamos ofreciendo. Recordemos la situación que está viviendo la República Argentina, recordemos la situación que están viviendo todos los trabajadores del país, y en ese sentido el gobierno provincial hace todo el esfuerzo que está a su alcance para poder seguir manteniendo el ritmo de obra pública, para seguir manteniendo las ayudas que tenemos con gran parte de la sociedad y con sectores de la población que no llegan a fin de mes. Hay una asistencia con con alimentos, con medicamentos, con una Salud Pública que está cada vez está más sobrecargada... desde ese lugar tenemos que seguir manteniendo nuestras cuentas equilibradas, porque si no indudablemente vamos a tener problemas, pero sí somos optimistas de que vamos a poder llegar a un acuerdo".

Las transferencias automáticas del gobierno central a Santa Fe por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones, fueron en diciembre de $366.169 millones, 124,1% más en la comparación interanual, lo que supone un 2,8% por encima de la inflación.

El dato es significativo porque se trata del 69,48% de los recursos totales de la provincia, que se complementan con los impuestos de la propia jurisdicción, que en noviembre (último dato suministrado por el ministro Pablo Olivares a El Litoral) $187.372,5 millones, de los cuales $167.082,55 millones fueron por Ingresos Brutos.

En el año, los números sin embargo siguen siendo negativos. Lo que la Casa Rosada le remitió a la administración Pullaro -sin contar el recorte casi total de "transfrerencias discrecionales"- acumuló 3.662.406 millones, una suba nominal de 194,1%, lo que a valores constantes representa un retroceso de 9,7% respecto de todo 2023.

Así surge de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, para cuya elaboración el equipo del economista Nadin Argañaraz calculó una inflación mensual en diciembre del orden del 2,8%.

En el mes de diciembre de 2024, el gobierno Nacional envió al consolidado de provincias más CABA $4.245.000 millones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, frente a $1.928.000 millones enviados durante igual período del año anterior. Es decir que se observó una variación nominal del 120%. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduciría en una suba real del 1%.

Por su parte, la coparticipación, es decir las transferencias automáticas menos leyes complementarias y compensaciones, habría crecido un 7% real, mejorando su comportamiento respecto a meses previos.

Esta suba, sin embargo, no es producto de la voluntad del presidente sino del imperio de la ley; se trata de partidas a las que Javier Milei está obligado, más allá de la discrecionalidad de sus acciones o de la falta de ley de presupuesto.

El dato que destaca en este contexto el informe del Iaraf es que la suba relativa en la comparación interanual del último mes del año, se debió "principalmente por el muy buen desempeño de la recaudación del impuesto a las ganancias (+13% real interanual) y una suba de la recaudación de IVA (+2,6% real interanual). De hecho, la sumatoria de estos dos impuestos representa aproximadamente el 94% de la masa coparticipable neta, señala Argañaraz.

"En conjunto, la recaudación de IVA e IIGG habría registrado una suba real interanual del 6,5%", apuntó Iaraf. Pero aclaró que "sin embargo, en el acumulado anual, la suma de estos tributos registraría una variación interanual real negativa del 9%.

"En diciembre, aumentó por segundo mes consecutivo la recaudación real interanual del impuesto a las ganancias. Como resultado, la recaudación conjunta de IVA más Ganancias aumentó de manera interanual real por segundo mes consecutivo".

Al considerar la evolución individual en las jurisdicciones de los envíos por transferencias automáticas en diciembre, Iaraf observa que "en todos los casos la variación real fue positiva, con la excepción de la provincia de Buenos Aires. Por este motivo, hubo una amplitud de 14,5 puntos porcentuales, entre Santa Cruz (+8%) que fue la jurisdicción con mayor suba y Buenos Aires (-6,5%), la única con descenso interanual real.

En el acumulado del año, las transferencias automáticas por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones "alcanzaron los $42.133.000 millones, frente a $14.356.000 millones del año anterior.

"De este modo, exhibieron una variación nominal del 194%, que se traduciría en una caída real del 10% al descontar la inflación del período. Los signos de las variaciones fueron generalizados".

El Gobierno de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Autoseguros de Riesgos de Trabajo (Dipart), elaboró un informe sobre el otorgamiento de licencias por accidentes o enfermedades de empleados estatales y organismos descentralizados.

A partir del informe, el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, informó la reducción anual de un 71,1% de los días de licencias que se venían otorgando a los trabajadores de la administración pública.

La titular de la Dipart, Laura Primucci, detalló que se hizo el recorte al mes de diciembre de 2023, cuando había 870 agentes que gozaban de licencia, lo que usufructuaba un total de 193.617 días acumulados.

Las cifras relevadas se redujeron considerablemente a diciembre de este año, pasando a contar hoy con 347 trabajadores que totalizan 55.934 días acumulados de licencia.

La significativa reducción lograda en la gestión es producto de nuevas medidas implementadas en este primer año de la nueva gestión, entre las que se destacan las auditorías y la incorporación de personal médico para el control y la evaluación.

Además, se implementaron otros criterios para la aceptación o rechazo de licencias y se realizaron operativos de calificación de siniestros.

El informe generado arrojó que el sistema educativo es el que cuenta con un mayor índice de licencias representando el 58,8 %, seguido de los agentes de seguridad con un 27,5 %, salud con 10,6 % y otras reparticiones con el 2,9 %.

Entre los motivos expresados en las licencias, los problemas traumatológicos y la disfonía siguen siendo los más recurrentes, seguidos de motivos de estrés, gripe, conjuntivitis, sinovitis y afecciones virales.

Como se informara, hubo una reducción de la cantidad de empleados públicos que se tomaron licencias, pasando de 870 agentes a 347. Se trata de personas que volvieron a sus puestos de trabajo porque estaban en condiciones de trabajar. Además, la cantidad de hechos denunciados descendió de 3.700 en 2023 a 2.794 en 2024.

Del diagnóstico realizado, surgen datos que exhiben un cuadro de situación sobre el cual el Gobierno, encabezado por Maximiliano Pullaro, tomó medidas para generar mecanismos efectivos de control y auditoría sobre el uso de las licencias, para hacer más eficientes el uso de los recursos del Estado, logrando ahorrar más de $ 5.000 millones.

Al respecto, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Bascolo destacó: “Desde que asumimos, tomamos el desafío de llevar adelante una gestión eficiente de los recursos del gobierno, porque entendemos que es plata de todos los santafesinos. Los que somos parte de este Gobierno debemos ser responsables con nuestro trabajo, no nos da lo mismo el que trabaja y el que no”.

Por su parte, el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, afirmó: “En la gestión de Pullaro se acabó la fiesta para aquellos pocos que quieren cobrar del Estado sin ir a trabajar cuando están en condiciones de hacerlo. Esta joda tuvo un costo altísimo de miles de millones de pesos que termina pagando toda la población”.

El gobernador de la Provincia, Maximiliano Pullaro, encabezó este miércoles en la ciudad de Santa Fe el tradicional brindis de Fin de Año, junto con miembros de su Gabinete y trabajadoras y trabajadores de la Administración Central. La actividad se desarrolló en el hall central de la Casa Gris. 

En la oportunidad, Pullaro expresó que “para mí fue un honor trabajar junto con ustedes, las empleadas y los empleados de Casa de Gobierno, y los funcionarios -con quienes estamos de paso- que me acompañan, a lo largo de este año, Todos juntos constituimos muy buenos equipos y mostramos que la provincia puede cambiar”, señaló.

“Durante este año -prosiguió el mandatario- avanzamos muchísimo en una provincia que tenía problemas y que aún sigue teniendo. Pero empezamos a transitar un camino para que esos problemas vayan disminuyendo y todos podamos estar mejor”, aseguró.

A continuación, el gobernador valoró y agradeció a las trabajadoras y trabajadores “el esfuerzo y el acompañamiento de todos los días”, y reconoció encontrar “siempre un muy buen clima de trabajo: eso es lo que tenemos que rescatar todos”. 

Finalmente, el titular del Ejecutivo provincial afirmó que “si logramos construir muchos equipos de trabajo esta provincia no tiene techo”, al tiempo que les deseó a todas y todos los presentes “una hermosa Navidad y un feliz Año Nuevo”, y abogó por “construir juntos un muy buen año 2025”.  

Previamente, la vicegobernadora, Gisela Scaglia, manifestó que “2024 fue un año desafiante en el que demostramos el compromiso que este Gobierno tiene con la gestión pública y donde pusimos a la función pública al servicio de las santafesinas y santafesinos”. 

“Todavía nos falta mucho para recuperar en esta provincia y que las políticas públicas lleguen a todas y todos. Pero estamos poniendo lo mejor de nosotros y vamos por un gran 2025”, concluyó Scaglia. 

De la actividad participaron también los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; de Economía, Pablo Olivares; de Salud, Silvia Ciancio; de Ambiente, Enrique Estévez; el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido; y el senador provincial, Felipe Michlig, junto con demás autoridades provinciales, trabajadoras y trabajadores.

El gobierno de la provincia puso en marcha el procedimiento para cubrir 108 cargos vacantes en el Poder Judicial de Santa Fe, lo que incluye magistrados, fiscales y defensores. Lo hizo casi en simultáneo con el anuncio del refuerzo de partidas presupuestarias para cubrir la política salarial del personal, uno de los motivos de los reclamos que lleva adelante el gremio y que se tradujo en paros de carácter inédito en la historia institucional reciente de la provincia. Un reclamo que no mereció respuesta inmediata cuando lo formuló la Corte Suprema de Justicia, pero que sí encontró eco (y concreción) en el marco de un encuentro con la titular del Ministerio Público de la Acusación. La novedad fue presentada con fuertes imputaciones al manejo de los recursos que lleva adelante el Alto Tribunal, y mereció una escueta pero airada réplica a través de un comunicado oficial, en el que se tilda de "falaz" al discurso del gobierno.

Los otros temas que alimentan el conflicto judicial son, por un lado, la demora en la firma de decretos de nombramientos y ascensos. El Ejecutivo no avanzó al respecto, pero dejó en claro que no se producirán de manera "automática", sino previo estudio. Y, por el otro, lo que identifican como un ataque a la independencia del Poder Judicial, en la movida del Ejecutivo para renovar la integración de la Corte Suprema de Justicia (lo quieran o no sus actuales integrantes) y también en algunas declaraciones del gobernador hablando de "privilegios".

En este marco convulsionado, la puesta en marcha de los concursos viene a suplir un período de 10 meses en los que, con una sola excepción, no se enviaron pliegos a la Legislatura y luego de que cayeran los enviados por el gobierno anterior cerca del final de su gestión. En ese lapso, la cobertura de vacantes fue un insistente reclamo de la Corte, que tuvo como respuesta la voluntad expresada por el Poder Ejecutivo de plantear un esquema de prioridades antes de avanzar. Y con ello, se desató una verdadera andanada de cruces documentales y un nuevo campo de desacuerdos.

Precisamente, el original intercambio de comunicaciones entre ambos poderes (del cual diera cuenta oportunamente El Litoral) cobró nuevo impulso en el actual contexto. Y también tuvo como condimento el hecho de que los pliegos correspondientes a la Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria, fueran los únicos enviados por el Poder Ejecutivo hasta el momento. Y que si bien los concursos se llevaron a cabo con el reglamento anterior del Consejo de la Magistratura, que preveía un orden de mérito, ese parámetro no fue tomado en cuenta por la Casa Gris al momento de hacer las propuestas; a diferencia de lo que venía ocurriendo en anteriores gestiones.

Los concursos que ahora están en marcha se realizan con régimen, según el cuál el jurado se limitará a determinar qué candidatos superaron la instancia y a remitir al gobernador un listado por orden alfabético.

Tal como informara este diario, en la reunión del domingo 8 de septiembre pasado, los ministros de la Corte insistieron al gobernador Maximiliano Pullaro y a sus ministros con la necesidad de cubrir las vacantes en cargos judiciales. Desde el Ejecutivo se les requirió información detallada sobre la carga de trabajo en cada uno de los tribunales de la provincia, para sobre esa base establecer prioridades, y se hizo notar que tales datos habían sido solicitados a principios de año y no provistos en los términos esperados.

Así lo hizo notar el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, invocando el compromiso de la Corte de proporcionarlas de inmediato. Pero la respuesta formal remitida por la Corte al inicio de la semana hábil fue que esas planillas, requeridas en el mes de enero, habían sido enviadas a principios de febrero.

Según el gobierno, esa información estaba incompleta. "Era para poder hacer una planificación sobre los cargos que vamos a nombrar, que no son cargos baratos. ¿Cuál fue la la contestación del Poder Judicial? Mandarnos todos los cargos que estaban vacantes. Entendimos que no era lo correcto. Nos costó mucho construir esa información porque es información interna de otro poder", sostuvo el gobernador, en alusión a que las estadísticas de movimiento de expedientes remitidas se limitan precisamente a esos juzgados, y no a la totalidad.

La discusión volvió a avivarse luego de, en los últimos días, Pullaro reeditase el reclamo y el reproche: "Lo que le pedimos a la Corte es que nos dé los datos de cómo funciona cada uno de los juzgados para cubrir vacantes y esa información no nos llegó".

Acto seguido, Pablo Cococcioni aludió a los términos de los requerimientos y la respuesta recibida. Por un lado, "pedimos prioridades de coberturas de cargos. Hay una reforma en marcha, no podemos nombrar por nombrar. Me contestaron con una planilla con 70 vacantes". Por el otro, añadió un elemento hasta ahora no expuesto públicamente: "Quiero saber cuántas horas trabajan los jueces. Quiero saber dónde ya no dan más y donde pueden esforzarse más".

Precisamente, ese planteo forma parte de un nuevo intercambio de comunicaciones, que había tenido lugar durante el mes de septiembre, pero que hasta entonces no había trascendido.

Tras el intercambio original, y en el curso de la semana posterior a la reunión en casa de Gobierno, Cococcioni envió una nota al presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, donde recuerda el requerimiento original "a tres semanas de haber asumido", de información detallada sobre carga de trabajo y productividad, recursos humanos y materiales con que se cuenta, prioridades de cobertura y situación de la infraestructura e instalaciones del Poder Judicial.

El ministro de Gobierno, Fabián Bastia, hizo notar que los datos solicitados a principios de año al Poder Judicial, no fueron provistos en los términos esperados. Foto: Guillermo Di Salvatore

En esa nota, el ministro echa en falta en la respuesta proporcionada de "datos elementales" como carga horaria de los jueces, horas de audiencia, cantidad de empleados y funcionarios por dependencia, herramientas de gestión judicial, mecanización de procesos y necesidades edilicias, entre otros puntos. Y, particularmente, "una jerarquización o priorización" en orden a la cobertura de vacantes.

En una nueva respuesta, fechada el 27 de septiembre, la Corte proporciona más información estadística, como la realización de 80.700 audiencias en el fuero privado durante 2023 y 29.800 en el fuero penal, y también los sistemas informáticos generados desde la década del '90 y de los que hoy se dispone a tal efecto.

El documento se explaya sobre el marco normativo para la concurrencia de los jueces a sus despacho, especificando que es diario y ajustado a las necesidades del servicio, que por lo demás no se agota en esa instancia presencial.

También puntualiza el volumen de trabajo canalizado por vía informática a través del Sistema de Gestión Judicial SISFE, que a la fecha acumula más de 9 millones de escritos, 2 millones de cédulas y 480 mil demandas presentadas a través de la plataforma digital.

El informe desarrolla el estado y las necesidades en infraestructura edilicia en toda la provincia, a la vez que desgrana todas las instancias de capacitación desarrolladas.

La misiva concluye abordando la controvertida cuestión de las prioridades en la cobertura de vacantes. Y consigna que, en ese espíritu, "no se advierte la necesidad" de cubrir los tres juzgados creados por la Legislatura y que actualmente no se encuentran en funcionamiento. Y mencionan expresamente el de primera instancia de Distrito en lo Laboral de Esperanza (con una previsión de 250 causas anuales) y el de Distrito de Venado Tuerto (con 350).

Con los concursos en marcha, y sin coincidencias en el trámite de requerimientos y respuestas, la eficiencia y el costo del servicio de Justicia, y los parámetros para tomar decisiones y definir políticas, siguen en el centro de un debate que, de momento, no muestra signos de clausurarse.

Por transferencias automáticas de coparticipación, leyes complementarias y compensaciones, la provincia de Santa Fe recibió en octubre $359.145 millones, una suba nominal de 176% en comparación con el décimo mes de 2023, lo que implica una pérdida de 6,1% a valores reales si se descuenta el efecto de la inflación sobre esos valores.

En el acumulado de 10 meses del año, la pérdida de los recursos provinciales de origen nacional alcanzó el 11,7% a valores reales. El gobierno central remitió por los conceptos referidos $2.928.798, lo que supone una suba nominal de 209%.

Los cálculos fueron realizados por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal. "En el mes de octubre de 2024, el gobierno Nacional envió al consolidado de provincias más CABA $4.137.000 millones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, frente a $1.488.000 millones enviados durante igual período del año anterior. Es decir que se observó una variación nominal del 178%. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduciría en una baja real del 5,4%", reportó el informe.

Y añadió que "la coparticipación, es decir las transferencias automáticas menos leyes complementarias y compensaciones, habría caído un 7,2% real, mejorando su comportamiento respecto a meses previos. Dada una caída interanual real conjunta de IVA más Ganancias del 9%, los ingresos obtenidos por el blanqueo, habrían posibilitado esta menor caída en la coparticipación neta (7,2% versus 8,9%)".

El dato más significativo del informe del Iaraf es que en "la recaudación de IVA, en octubre se redujo de manera significativa la caída interanual mensual real de recaudación, pasando de un 15,5% en septiembre a 0,4% en octubre", lo que supone un freno en la caída del consumo que se refleja en su componente impositivo a valores reales.

"Como resultado, la recaudación conjunta de IVA más Ganancias encadena un segundo mes con reducción real interanual mensual de caída de recaudación. Resulta importante recordar que la sumatoria de estos dos impuestos representa aproximadamente el 94% de la masa coparticipable neta".

Siempre respecto de octubre, "los ingresos coparticipables de leyes complementarias provenientes del impuesto a Bienes Personales no contribuyeron a una mejora en los envíos como en el mes previo, ya que, tuvieron una caída interanual real del 7,8%.

"Ahora bien -reconoce el Iaraf- al considerar la evolución individual en las jurisdicciones de los envíos por transferencias automáticas, se observa que en todos los casos la variación real fue negativa. Sin embargo, hubo una amplitud de 3,3 puntos porcentuales, entre CABA (-6,9%) que fue la jurisdicción con mayor baja y Buenos Aires (-3,6%), la de menor.

Acumulado nacional

"En el acumulado a octubre del año, las transferencias automáticas por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones alcanzaron los $33.651.000 millones, frente a $10.873.000 millones para igual periodo del año anterior. De este modo, exhibieron una variación nominal del 209,5%, que se traduciría en una caída real del 11,9% al descontar la inflación del período", dice el Iaraf en referencia a la totalidad de los distritos del país.

El gobernador santafesino Maximiliano Pullaro aparece entre los tres con mejor imagen de acuerdo a un estudio privado.

Apalancado en la mejora en los índices de seguridad en sus 10 meses de gestión, el mandatario provincial registra en el mes de octubre una imagen positiva del 62,9 %, ubicándose segundo en el podio de todos los gobernadores, sumando al jefe de gobierno porteño. El primero, con apenas % más que Pullaro, es el chubutense Ignacio Torres: 63,2%.

Son los números que se desprenden de la última encuesta nacional difundida por CB Consultora, que mes a mes realiza este tipo de evaluaciones.

Los números de Pullaro, de acuerdo al estudio.

En este informe se destacan otros dos datos positivos para el santafesino: el gobernador creció en imagen positiva un 1,2 % respecto al mes pasado. No es menor ese dato, luego de las duras batallas que tuvo el mes pasado: los roces con la Corte Suprema por los ministros que se resisten a dejar sus cargos pese a estar pasados de edad; y vinculado a ello, la Reforma Previsional debido al déficit de la Caja de Jubilaciones, que también puso en escena al Poder Judicial.

En este sentido, hay otro dato que miran con especial atención en la Casa Gris. Ya a poco de cumplir un año de gestión, Pullaro tiene la imagen negativa más baja respecto al resto de sus pares en todo el país: 33,5%.

La muestra fue realizada entre el 1 y el 4 de octubre, entre 851 encuestados, indicaron desde la consultora.

El top 10, según el estudio.

Mediante los decretos respectivos, el Ejecutivo debió ampliar las partidas presupuestarias de los demás poderes del Estado y otros organismos públicos a fin de que pudiesen hacer frente al pago de sueldos.

Según decreto 1371 del pasado 22 de agosto, la Casa Gris habilitó una partida de 5.452 millones de pesos para la Cámara de Diputados. A través del decreto 1372 del mismo día, se autorizó una ampliación de 5.031 millones de pesos, en este caso, para la Cámara de Senadores. Mediante decreto 1373, se ampliaron las partidas para el Tribunal de Cuentas por 451 millones de pesos. Y mediante decreto 1370, se habilitaron partidas para el Poder Judicial por el monto de 20.200 millones de pesos.

En todos los casos, se explica que tales modificaciones presupuestarias "tienen por objeto ampliar los créditos que permitan atender parcialmente la política salarial aprobada para el presente ejercicio".

Según fuentes oficiales consultadas por El Litoral, los decretos firmados obedecen a la necesidad de dotar tanto a los demás poderes del Estado como a otros organismos públicos, de las partidas necesarias para hacer frente al pago de salarios. Ello deviene de la vigencia de un presupuesto que en la práctica, al menos para afrontar estas obligaciones corrientes, ya se agotó. Dicha proyección de gastos y recursos para el ejercicio 2024 había sido elaborada teniendo en cuenta los datos inflacionarios a setiembre de 2023.

Por la imposibilidad de establecerlas, las estimaciones sobre las políticas salariales futuras se excluyen de la elaboración del presupuesto. Pero las que derivaron de las paritarias 2024 tuvieron su particularidad. Por un lado, debió afrontarse la activación de la cláusula gatillo en noviembre, a raíz de un acuerdo que había sellado la gestión anterior. Por el otro, se cerró un año y arrancó otro con una inflación casi desbocada, que recién comenzó a aplanarse a partir del segundo trimestre. Y nada de eso fue incluido en el presupuesto 2024. De allí que, a julio, prácticamente todas las reparticiones y Poderes del Estado habían agotado el presupuesto vigente para el ítem Personal.

En el caso de las cámaras legislativas y Poder Judicial, así como Tribunal de Cuentas, la habilitación de partidas - en este caso, para pago de salarios- requiere de un decreto del Poder Ejecutivo. Y ésa será la situación de aquí en más, todos los meses. Cada treinta días, dichas jurisdicciones deberán requerir de la autorización correspondiente del Ejecutivo para contar con los fondos necesarios.

Las áreas del Poder Ejecutivo también demandan de dichas ampliaciones, pero se establecen a través de modificaciones presupuestarias que se establecen mediante resoluciones ministeriales.

En las primeras horas de la tarde de este martes, en asamblea de afiliados de la Delegación General López de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe), se aprobaron las mociones que el jueves próximo se someterán a votación en las escuelas, a los efectos de determinar los pasos a seguir tras recibir el lunes 29, los gremios docentes, la nueva oferta salarial de la Casa Gris en el marco de la negociación paritaria. 

En dicha reunión, llevada adelante en la sede de calle Garibaldi de la Amsafe de General López, se aprobaron las siguientes mociones, que, más allá de los matices, coinciden en el rechazo a la propuesta de la Casa Gris.

Así pues, la Moción 1 contempla un paro de actividades de 48 horas (7 y 8 de mayo), adhesión a la medida de fuerza del 9 de mayo y otras 48 horas de huelga (14 y 15 de mayo). Además, se plantean actividades departamentales durante la primera semana, con movilización provincial el 14 de mayo. 

Los docentes que avalaron dicha moción, además de “rechazar la propuesta por ser insuficiente” y advertir que “el salario de una docente de IPE no supera la línea de pobreza, pues pasaría de ganar $443.000 a $465.000 en abril y $487.000 en mayo”, establece también los siguientes objetivos: Ningún docente por debajo de la línea de pobreza; Cláusula gatillo automática; Aumento de las asignaciones familiares y de la ayuda escolar por hijo; Defensa de la Caja y del 82% móvil (no a la reforma previsional); Defensa del Iapos (no al recorte de servicios); Creación de cargos y horas que el sistema necesita; Aumento de las partidas de copa de leche y comedor; Rechazo de cualquier intento de presentismo disfrazado como premio y la educación como servicio esencial; y Titularización para las escuelas de educación artística en todos los niveles. 

En tanto, la Moción 2, que también rechaza la propuesta oficial, promueve un paro de 24 horas (8 de mayo); adhesión a la huelga del 9 de mayo; actividades departamentales y provinciales; y solicitud de mejoras en orden a los docentes reemplazantes y el servicio del Iapos.

Luego de las asambleas departamentales de este martes, durante el jueves 2 de mayo se votará en todas las escuelas (en General López se deberán presentar los mandatos hasta las 17 horas); en tanto que la Asamblea Provincial se realizará el viernes 3 de mayo, en la cual se determinarán las acciones a seguir.

Cabe recordar que en la tarde del lunes 29, en la sede del Ministerio de Trabajo de la Provincia, se llevó adelante una nueva instancia paritaria convocada por el Gobierno santafesino, en la cual los anfitriones presentaron una nueva oferta salarial:

1) Un aumento de 15,44% sobre la totalidad de los conceptos que integran los haberes provinciales de los agentes del Sector Docente, tomando como base de cálculo los salarios correspondientes al mes de diciembre de 2023.

2) El incremento propuesto será abonado en dos etapas: el 7,72% a partir del 1 de abril de 2024 y el 7,72% restante a partir del 1 de mayo del corriente año.

3) Considerando como base de cálculo los sueldos del mes de marzo, dicho incremento equivale a un aumento del 5% a partir del mes de abril, alcanzando el 10% a partir del mes de mayo.

El presidente comunal de Chovet, Sergio Busquet, presentó diferentes proyectos para la localidad ante el Gobierno de Santa Fe. Se trata de obras importantes en distintos sectores del pueblo.

Entre los puntos claves, se destaca la ampliación del entubado en Avenida Argentina; la remodelación e iluminación del camino al cementerio y un tramo de la ruta 14; y la ejecución de cordón cuneta en Avenida Argentina entre Hipólito Yrigoyen y Lisandro de la Torre.

Consultado sobre el entubado de la Avenida Argentina, Busquet recordó que en el 2019, se ejecutó una importante obra, como fue los 450 metros de entubamiento del canal sobre la avenida Argentina que atraviesa parte de la localidad entre las calles Santa Fe y presidente Perón, optimizando el escurrimiento y evitando posibles inundaciones.

“Con el fin de dar continuidad a la obra existente, se presenta un proyecto para entubar 520 metros que van desde calle presidente Perón hasta el camino rural entre las calles Alberto Chovet y Buenos Aires. De este modo complementamos el sector más poblado y sellamos el canal a cielo abierto sobre la avenida”, explicó.

Más proyectos

Luego, en referencia a los trabajos de cordón cuneta, especificó: “El crecimiento de los barrios y la inadecuada planificación, terminan siendo perjudiciales si no se llevan adelante las obras mínimas de infraestructura urbana. La ejecución del cordón cuneta, permite definir los límites de las calles, construir veredas permanentes brindando seguridad a niños y peatones, mejora la transitabilidad vial, permite generar los espacios de arbolado para la parquización del frente de cada vivienda, valorizar las propiedades y renovar estéticamente el sector, además de acercar la posibilidad a futuro del asfaltado de la arteria, consolida el escurrimiento de las aguas hacia los desagües, entre otros beneficios”.

En este sentido, sostuvo que el avance urbano en la localidad “fue acompañado por la intensificación del alto grado de motorización con innumerables problemas relacionados con el tránsito y el transporte” y que “estas circunstancias conducen a la búsqueda de más eficientes sistemas de gerenciamiento y de gestión comunal sobre la seguridad vial”.Por tal motivo, “nos dirigimos al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, para presentarle el proyecto de ejecución del cordón cuneta de Avenida Argentina entre Hipólito Yrigoyen y Lisandro de la Torre”.Asimismo, Busquet resaltó que con el fin de trabajar en los espacios públicos y optimizar el tránsito urbano y suburbano, surge la necesidad de iluminar dos importantes espacios locales como son el camino al cementerio y un tramo de la ruta 14. “El camino es un espacio que al día de hoy aporta a nuestro pueblo un sector recreativo y de esparcimiento, donde se producen diversos eventos. Luego la ruta 14, comprende desde los paso a nivel de la calle Lisandro de la Torre hasta Hipólito Yrigoyen, permitiendo el desvío de tránsito pesado y evita que los mismos no transiten por el sector urbano”, amplió.

Finalmente, Busquet aseguró que de este modo, “continuamos avanzando con proyectos posibles, concretos y necesarios para el presente y el futuro de Chovet”.

Producto de la motosierra, en marzo las provincias recibieron del gobierno central -82% de transferencias no automáticas; la comparación interanual para Santa Fe fue de -87,1%. Y producto de la recesión, en concepto de coparticipación automática -incluyendo leyes especiales y compensaciones- la caída de los giros nacionales a provincias fue de -28,1%, lo que a la Casa Gris le representó -27,6% de recursos a valores reales.

Siempre en marzo, la recaudación nacional por el impuesto a las Ganancias -que se coparticipa- cayó 40,2%, consecuencia fundamentalmente de los recortes que el peronismo impulsó en el cierre de la frustrada campaña de Sergio Massa. El IVA (-14,8%) o los impuestos internos también coparticipados (-15%) recortaron fondos coparticipables a las provincias porque la actividad económica está en recesión, en el marco de un ajuste cuya ortodoxia ha merecido advertencias del FMI, que "corre por izquierda" a Javier Milei.

La recaudación fiscal que creció en marzo en la Argentina fue la del impuesto sobre los dólares -conocido como impuesto País- que subió 318,5% y se apunta para ser otro recurso "provisorio para siempre" de la Argentina que pone el carro delante de los caballos. Y los derechos de exportación -benditos sean los productores agropecuarios- que subieron 62,5% a las puertas del "trimestre de oro", cuando la cadena agroindustrial más aporta dólares genuinos al país, con las cosechas de soja y maíz.

Desde los '90, el gobierno central dejó a las provincias con la responsabilidad de dar servicios de salud y educación sin transferir los recursos; los gobiernos subnacionales quedaron bajo discreción del presidente de turno. La reforma constitucional del '94 fracasó en su intento por configurar un semi-presidencialismo que atenúe ese sesgo. La foto de gobernadores con recursos insuficientes, que repusieron para subsistir los Ingresos Brutos (un atentado a la productividad), refleja el espanto que los lleva a negociar ante la autocracia por derecha de Javier Milei, sucesora -consecuencia- de la autocracia populista y empobrecedora del kirchnerismo.

Cámara de Senadores. Crédito: Xinhua/Martín Zabala

"Sin ley de Bases no hay plata, porque no vamos a tener de dónde repartir", advirtió Guillermo Francos antes de reunirse con los mandatarios de Juntos por el Cambio en la Rosada. A la salida de la reunión, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro -que se negaba a la reposición de la cuarta categoría de Ganancias- reconoció que avalaría que se vote en el Congreso la restitución de ese gravamen sobre los "ingresos altos", aunque con una base de imposición alta y alícuotas progresivas. La necesidad tiene cara de hereje.

La ley de Bases se negocia en el quicio, entre el fracaso del "Estado presente" y la promesa de un incomprobable mercado redentor. Lo hace articulando "lo posible" -el arte de la política- dentro del Estado del que Milei reniega.

Pagar a jubilados, docentes, médicos o policías, hacer infraestructura para el desarrollo humano y económico, son propósitos en los que el kirchnerismo mintió mientras dilapidaba recursos en corrupción y asistencia social anabolizada. Son objetivos en los que La Libertad Avanza no se compromete desde el gobierno central.

Javier Milei. Crédito: Xinhua/Martín Zabala

La compensación nacional para mitigar el déficit previsional santafesino, el refuerzo presupuestario a la educación pública, la inversión en rutas y puentes bajo jurisdicción nacional, la asistencia social efectiva, son materias sensibles atrapadas en medio del cambio de paradigma que plantea un gobierno central con legitimidad de origen, pero que aún se conduce por debajo del umbral de la calidad institucional que la República requiere.

Mientras Economía procura que los logros financieros -dólar estable, baja del riesgo país- y la reducción en la velocidad de la inflación se conviertan en cimiento para la urgente recuperación económica, el principio de acuerdo del ministro del Interior con gobernadores de Juntos por el Cambio es un paso importante de una gestión que aún debe convalidarse en el Congreso, tras el fracaso de la Ley Ómnibus y el fallido relativo del DNU.

La provincia de Santa Fe recibió del gobierno central en enero un total de $199.879 en concepto de transferencias automáticas y no automáticas, lo que supone un ingreso menor -a valores reales- de 11,3% respecto del primer mes de 2023, según el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. El impacto en la Casa Gris fue sin embargo menor al del promedio de los estados subnacionales beneficiarios del sistema de reparto.

De esta manera, la pérdida de transferencias nacionales totales para Santa Fe valuadas a pesos constantes a valores del primer mes de este año, representaron en enero, una caída de $25.400 millones, lo que supone -7.036 por cada persona que habita en la provincia.

"Con una inflación del 20,6% en enero, las transferencias totales de Nación a provincias tuvieron una caída real interanual del 13,2% en el primer mes del año. En términos monetarios representó una merma de $348.000 millones", explicó el Iaraf, que dirige el economista Nadin Argañaraz.

Fuente: IARAF en base a datos de INDEC y DNAP

"Por el lado de las transferencias automáticas, cayeron un 11,5% real interanual siendo CABA, Córdoba y Santa Fe las de menor caída. Por su parte, Chubut, Santa Cruz y Buenos Aires fueron las de mayor caída", señaló el documento analítico.

La administración Pullaro recibió por este concepto un total de $199.864 millones, lo que a valores reales representa un 10,2% menos que en enero de 2023. En este caso no es la "motosierra" la responsable de la caída, sino la combinación de recesión e inflación. Cabe recordar que las transferencias automáticas no pueden ser alteradas a voluntad por la Casa Rosada, sino que son repartos en términos establecidos por ley según la recaudación fiscal.

En concepto de transferencias "no automáticas" -que sí dependen de la ejecución política de la Casa Rosada- la provincia recibió del gobierno central apenas $15 millones en enero, lo que representa el 98% del recorte (en este caso a valor nominal) que anunciara -y ejecutara- la administración de Javier Milei respecto de las llamadas "transferencias discrecionales"

"Conocido el dato de inflación para el mes de enero 2024, se puede analizar lo sucedido con las transferencias nacionales totales enviadas a provincias (automáticas más no automáticas) para dicho mes. El conjunto de provincias más CABA tuvo una caída de 11,5% real interanual en las transferencias automáticas", detalló el Iaraf. "En las transferencias totales, la caída fue del 13,2% del conjunto. CABA, Córdoba y Catamarca fueron las de menor caída mientras que Santa Cruz, Neuquén y Buenos Aires las de mayor pérdida".

"Si se toma la diferencia de transferencias totales de nación a provincias (valuadas a $ constantes de enero 2024) entre el primer mes del año 2023 y 2024, la pérdida de dinero asciende a $348.000 millones, lo que representa $7.450 por persona. Las jurisdicciones que menos perdieron en términos per cápita fueron CABA, Mendoza y Córdoba, mientras que Catamarca, Formosa y Tierra del Fuego fueron las de mayor pérdida", detalló el Iaraf.

"Por el lado de las transferencias automáticas, cayeron un 11,5% real interanual siendo CABA, Córdoba y Santa Fe las de menor caída. Por su parte, Chubut, Santa Cruz y Buenos Aires fueron las de mayor caída. Por el lado de las transferencias no automáticas, la caída fue del orden del 98% real interanual. Las jurisdicciones con menor caída fueron Corrientes y Chubut con 26% y 30%, respectivamente, mientras que las demás tuvieron caídas de entre el 90% y el 100%".

La gestión de Maximiliano Pullaro no recurrirá a la Auditoría General de la Nación (AGN) para tener un informe sobre el estado de las cuentas públicas santafesinas al 10 de diciembre cuando termine la gestión de Omar Perotti. Así lo confirmó uno de los allegados al mandatario electo quien estuvo todo el lunes y lo estará este martes en CABA.

La auditoría de corte había sido contratada por Hermes Binner cuando sucedió a Jorge Obeid y por Omar Perotti cuando siguió a Miguel Lifschitz. Ahora, pese al cambio de signo político que sucederá el 10 de diciembre no se recurrirá a un auditor externo.

"La foto que vale es la del 31 de diciembre y los datos finales de la gestión de Perotti estarán plasmados en la Cuenta de Inversión 2023 que se enviará a la Legislatura el 30 de junio", se añadió ante una consulta de El Litoral.

La decisión de no contratar a la AGN se da en el marco de una tranquila transición entre Perotti y Pullaro solo alterado por los cuestionamientos a nombramientos políticos realizados en el Poder Judicial donde incluso la gestión entrante le está pidiendo a la Corte Suprema de Justicia que no convalide ese acto administrativo.

Incluso hubo acuerdo para demorar hasta el 15 de noviembre el envío del proyecto de Ley de Presupuesto 2024 que está en el Senado mientras que Pullaro enviará después del 10 de diciembre la Ley Tributaria 2024 que deberían estar aprobadas a inicios de enero.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, habría dado el fundamento técnico a Pullaro para no hacer la contratación, según supo El Litoral.

Maximiliano Pullaro ganó las elecciones provinciales y desde diciembre será el gobernador de Santa Fe. Estará acompañado por un equipo de dirigentes radicales, socialistas y del PRO, todos integrantes de Unidos.

El mandatario electo definió 11 ministerios y tres secretarías con dependencia directa gobernador, organización que deberá ser aprobada por ley.

Estará a cargo de Felipe Michlig quien absorberá gran parte de las áreas actuales de Gobierno y Gestión Pública. A los 22 años de edad fue elegido por primera vez como presidente comunal de su pueblo natal, Ambrosetti (departamento San Cristóbal); cargo que desempeñó de manera consecutiva durante 14 años. En el año 1999 asumió como senador provincial, cargo que sigue ejerciendo en la actualidad luego de sucesivas reelecciones. Paralelo a su desempeño como funcionario público ocupó cargos partidarios de importancia dentro de la Unión Cívica Radical (UCR) tales como Tesorero del Comité Nacional y Presidente del Comité Provincial.

Pablo Olivares es quien avanza en la integración del equipo que contendrá a radicales, socialistas y dirigentes del Pro. Olivares es docente en la Universidad Nacional del Litoral en Finanzas Públicas, en la maestría de Administración Pública y de Economía Argentina. Se desempeñó en el Ministerio de Economía de la Provincia desde 2011 a 2019, como secretario de Planificación y Política Económica, secretario de Finanzas y secretario de Finanzas e Ingresos Públicos. Antes de eso fue director Provincial de Recursos y Servicios en el Ministerio de Educación de la Provincia (2008/9). También cumplió funciones en el directorio de la EPE. Actualmente presta servicios de consultoría en economía del sector público, gestión organizacional, análisis de datos y políticas públicas.

Será titular el senador Lisandro Enrico y acordó que Pablo Seghezzo se hará cargo de la Dirección Provincial de Vialidad. Enrico es abogado (UNR). En 1999 y 2003 fue elegido concejal en Venado Tuerto (General López) a la edad de 24 años. En 2007 fue designado secretario Parlamentario de la Cámara de Diputados de la Provincia, función que desempeñó hasta el 10 de diciembre del 2011, cuando fue elegido senador por el departamento General López; cargo para el que fue reelecto en tres oportunidades. Desde 2021 a 2023 estuvo al frente de la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical, por acuerdo unánime entre todos los sectores internos del partido.

Mientras que Seghezzo es ingeniero civil, socialista, y llegó a la política a través de la función pública, acompañando a Miguel Lifschitz en la intendencia de Rosario. También cumplió funciones en el gabinete municipal de Mónica Fein, y ya se desempeñó al frente de Vialidad Provincial durante la anterior gestión de gobierno. En las últimas elecciones fue precandidato a concejal de Rosario.

La diputada radical y presidenta de la comisión de Salud de la Cámara Silvia Ciancio trabaja en el armado del equipo en estrecha compañía de la socialista Andrea Uboldi que formará parte de la cartera. Ciancio es médica, y se desempeñó al frente del nodo regional de Salud de Venado Tuerto durante la gestión provincial de Miguel Lifschitz. En sus redes sociales incluye entre sus datos de perfil el de ser defensora de la salud pública. En esa condición, desarrolla una profusa participación en actividades públicas vinculadas al análisis y debate de la temática.

José Goity, ex decano de Filosofía de la Universidad Nacional de Rosario será el titular acompañado por la santafesina Carolina Piedrabuena. Goity durante 8 años se desenvolvió como decano de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Luego fue designado como secretario general de la Universidad. Se desempeñó también como presidente de la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación (ANFHE), electo por sus pares de todo el país. Entre otros trabajos académicos, fue uno de los coordinadores del libro “Las humanidades por venir. Políticas y debates en el siglo XXI”, con el aporte de distintos especialistas.

Gustavo Puccini, dirigente de estrecha confianza de Pullaro, trabaja en el armado de la cartera que contendrá todo lo vinculado al área, esto es caminos rurales, empresas de servicios públicos y el área de Ciencia y Tecnología. Puccini es licenciado en Ciencia Política y actualmente se desenvuelve como secretario Parlamentario de la Cámara de Diputados de Santa Fe. Fue secretario de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad de la provincia cuando estuvo a cargo de Maximiliano Pullaro, durante el gobierno de Miguel Lifschitz. Antes de eso tuvo experiencia en el sector privado, en el área comercial de Molinos Río de Plata.

Pablo Coccoccioni será el titular de la cartera y lo acompañará Virginia Coudannes como viceministra; Omar Pereryra será secretario de Seguridad mientras que Santiago Mascheroni será secretario de Justicia y María Florencia Blotta como subsecretaria del Consejo de la Magistratura.

Cococcioni es abogado penalista y profesor de la Universidad del Litoral (UNL). Tras ingresar a la Secretaría de Asuntos Penitenciarios en el año 2008, como personal contratado, se desempeñó como asistente técnico en 2009-2011. Fue director del Instituto Correccional Modelo de Coronda, director General del Servicio Penitenciario y secretario de Asuntos Penitenciarios. Además, en el periodo 2018-2019 fue secretario de Coordinación de Gabinete y Articulación con el Poder Judicial. A partir del año 2019 fue asesor del Bloque UCR en la Cámara de Diputados de la provincia y, entre 2019 y 2021, dirigió el área de Servicios Públicos de la Municipalidad de Santo Tomé. Durante su gestión provincial fue el responsable de poner en marcha el programa de obra pública carcelaria con 2800 nuevas plazas, y los pabellones para reclusos de alto perfil.

Mientras que Mascheroni es abogado y docente, fue electo como diputado provincial en cinco oportunidades: dos veces (1991-1995 y 2003-2007) en representación de la Unión Cívica Radical y otras tres (2007-2011, 2011-2015 y 2015-2019) integrando el Frente Progresista Cívico y Social. En el ámbito partidario ha ejercido diversos cargos provinciales y entre 1996 y 1999 se desempeñó como asesor de Bloque de diputados de la UCR de Santa Fe. En su tarea legislativa, y en colaboración con Danilo Kilibarda, fue uno de los redactores del nuevo Código Procesal Penal en la provincia, que introdujo el sistema acusatorio y el trámite oral, sancionado en el final de la gobernación de Jorge Obeid (2003-2007).

Enrique Estévez quien terminará su mandato de diputado el 10 de diciembre ocupará la cartera. Nació en 1983 en Rosario. Su padre era Guillermo Estévez Boero, político socialista y cofundador del Partido Socialista Popular. Se desempeñó como secretario Ejecutivo de la Federación Universitaria Argentina y Secretario General de la Juventud Socialista Argentina. Desde el año 2014 hasta el 2015, fue coordinador de Relaciones Parlamentarias de la Municipalidad de Rosario. Fue electo concejal en 2015, y en 2016 y 2021, secretario general del Partido Socialista de Santa Fe. En las elecciones legislativas de 2019 fue electo diputado nacional, con mandato hasta 2023.

Roald Báscolo, dirigente del Pro de la ciudad de Reconquista será el encargado de la cartera. Es un exitoso e influyente empresario de Reconquista, distribuidor oficial de una importante marca de golosinas. Es dirigente del PRO y durante los últimos cuatro años se desempeñó como concejal. Su elección para la cartera laboral, tomando en cuenta su experiencia en el mundo empresarial y su tarea apuntada al servicio público, fue interpretada en el marco de un enfoque en el fortalecimiento de las relaciones laborales y el impulso a la economía provincial.

Victoria Tejeda, actual diputada nacional con mandato hasta 2025. Oriunda de Coronda quien milita desde hace años con Pullaro y con fuerte trabajo en áreas sociales durante su trayectoria política. Es técnica en Gestion de Agronegocios. Fue diputada provincial y actualmente diputada nacional, por Evolución Radical. Fue precandidata a vicegobernadora de la provincia por el Frente Progresista, en la fórmula encabezada por Antonio Bonfatti en 2019; y precandidata a senadora provincial por el departamento San Jerónimo en 2023. Es oriunda de Coronda, y milita desde hace años junto a Pullaro, con fuerte trabajo en áreas sociales durante su trayectoria política.

Susana Rueda, actual concejal de Rosario. Periodista, movilera y conductora de radio y televisión durante 30 años, es actualmente concejala de la ciudad de Rosario, y pertenece al sector del socialismo encabezado por el ex gobernador Antonio Bonfatti. Desembarcó en política en 2019, cuando resultó electa concejala, en ese momento como parte del Frente Progresista. Este año consiguió ser reelecta dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe; se presentó a las elecciones como referente rosarina de Acuerdo Progresista.

Domingo Rondina. El cargo requiere aval de la Asamblea Legislativa. Es abogado, con postgrado en Derecho Constitucional, y se desempeñó como profesor en la Universidad Nacional del Litoral. También fue asesor de la Fiscalía de Estado de la provincia en 1998/9. Integra la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y es ampliamente reconocido en el medio por su actividad divulgativa y académica, así como su labor profesional en causas de trascendencia institucional. Es presidente de la Fundación Derecho Social, dirige una página web sobre Derecho Constitucional, encabeza el Instituto de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de Santa Fe y coordinó la Comisión Provincial de Reforma Constitucional de Santa Fe 2016/2017.

A dos meses exacto de asumir la gobernación, Maximiliano Pullaro tendría definido el once titular para salir a la cancha el 11 de diciembre. En las últimas horas hubo negociaciones con los partidos que integran Unidos para Cambiar Santa Fe y fumata blanca de acuerdo a lo que pudo saber El Litoral.

A la lista de nombres que se venían barajando y que no fueron desmentidos, se sumarán los de Victoria Tejeda en Desarrollo Social y Silvia Ciancio en Salud, ambas dirigentes de la UCR. En tanto, la cartera de Medio Ambiente y Cambio Climático será para el socialista Enrique Estévez y la de Cultura para la también socialista Susana Rueda.

La decisión del gobernador electo es tener un gabinete con once carteras más el fiscal de Estado para lo cual se pedirá acuerdo legislativo para el abogado local Domingo Rondina. Pero además, habrá tres secretarías de dependencia directa de Pullaro. "No serán secretarías de Estado pero estarán al lado del gobernador", se aseguró a El Litoral. Dos serían para dirigentes del radicalismo que hoy son legisladores provinciales y la tercera para un dirigente de primera línea del Pro.

La definición de los nombres del socialismo para el gabinete estuvo a punto de cerrarse el pasado jueves y culminó este martes con la fumata blanca. Estevez es hoy diputado nacional y secretario general del PS a nivel provincial mientras que Rueda es concejal rosarina e integra Fuerza del Territorio, sector que tiene como referente al ex gobernador Antonio Bonfatti.

El PS tendrá dos miembros sentados en la mesa de gabinete y el Pro también, se afirmó al lado del mandatario para insistir en los equilibrios internos de la coalición de gobierno. "Habrá dirigentes radicales, socialistas y del Pro en todas las áreas e incluso de las otras fuerzas que integran la coalición" se señaló. Es más, UNO el partido que tiene como referente a Walter Ghione, hoy diputado y reelecto en la banca tendrán a su cargo la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod).

La integración definitiva del gabinete se daría a conocer una vez que se apruebe la reforma a la ley de Ministerios debido a los cambios que se deben realizar. Hasta hoy, la primera línea es la siguiente: