"En Unidos hemos tenido muchas veces diferencias, hemos hecho esfuerzos para tener consensos y lo vamos a lograr con Herramientas. Hemos ya votado 70 mensajes del Ejecutivo". Fue la cuidada y escueta declaración de la diputada socialista Lionella Cattalini al día después de que la Cámara de Diputados de Santa Fe postergara por siete días el tratamiento, en el recinto, del mensaje del Poder Ejecutivo que lleva por título "Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública".

Si bien el último jueves, la Cámara de Diputados, votó dos de los tres mensajes del Poder Ejecutivo referidos a políticas de seguridad, el tema Herramientas es el que mayores diferencias abre especialmente entre el socialismo y el resto de la bancada. El interbloque de Unidos tiene 28 integrantes, 14 de ellos socialistas. Los radicales son 9; 3 mujeres tiene el Pro más los unipersonales representantes de Creo y de Uno.

El sello de Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados tiene como fecha de ingreso del expediente generado por el Poder Ejecutivo el 14 de mayo último, a las 9.09. Dos meses atrás, viendo la falta de avances en el debate en comisiones, el radicalismo logró que el expediente sea considerado en forma conjunta por las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Martín Rosúa (UCR) encabeza la primera; Cattalini la segunda.

Más allá del intercambio de opiniones sobre los alcances del proyecto, hubo dos plenarios: uno con autoridades del Poder Judicial y otro con entidades ligadas al derecho penal. La Corte Suprema de Justicia en pleno, autoridades del Ministerio Público de la Acusación y la Defensora Pública Penal asistieron a exponer en la primera jornada con advertencias de los ministros del tribunal superior y de Estrella Moreno Robinson sobre los riesgos de algunas de las figuras incorporadas en el texto.

La segunda reunión congregó a colegios de abogados más abogados rosarinos y entidades defensoras de derechos humanos donde las críticas fueron mayores. Este segundo encuentro motivó críticas solapadas en legisladores oficialistas e incluso en funcionarios de la Casa Gris.

Después empezaron cruces de borradores con posibles cambios que empezaron a preocupar al Poder Ejecutivo por entender que apuntaban contra el corazón de la reforma. El paquete titulado Herramientas abarca 9 reformas al Código Procesal Penal así como retoca un artículo de la Ley de Ejecución de la Pena, otro de la Ley de Inteligencia; 3 artículos de la norma sobre Protección de Víctimas y Recompensas y sendos artículos de la Orgánica de la Policía y al Código de Convivencia.

Fue el presidente provisional del Senado y presidente de la UCR, Felipe Michlig quien marcó en la sesión del 22 de octubre la postura del Ejecutivo y del radicalismo cuando en el final de reunión apuró a la Cámara Baja a que apruebe el paquete de leyes de seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro, aclarando que el Senado ya había dado luz verde a varias de esas iniciativas meses atrás.

Pullaro habló el último miércoles ante personal del Servicio Penitenciario. "Nosotros necesitamos más herramientas. Vamos a mandar más leyes a la Legislatura para pedirle más herramientas porque las necesitamos" y ante cuestionamientos por una posible inconstitucionalidad, fue contundente ante los cronistas: "Yo no voy a mandar ninguna ley que es inconstitucional".

Luego, otras espadas radicales como José Corral y Rosúa dijeron estar dispuestos a votar las herramientas reclamadas por el Ejecutivo y el día antes de la sesión, en una reunión con el interbloque de Unidos, los ministros Fabián Bastia y Pablo Cococcioni ratificaron que el proyecto era el texto original. Actores admiten que fue una reunión dura, con polémica y cruces políticos.

El jueves, Unidos no pudo sintetizar un dictamen en las comisiones mientras la oposición esperaba en los pasillos aunque varios de los sectores anticiparon que votarán en contra, especialmente el interbloque del PJ y la izquierda.

Tras la sesión, Corral y Cattalini hablaron sobre los temas votados y fueron muy escuetos en sus respuestas sobre el tema Herramientas. El resto del bloque socialista hizo silencio. Dicen que hay capítulos del proyecto que no pueden votar y entienden que la salida es con más diálogo hasta buscar un acuerdo.

Los radicales dicen que el Ejecutivo necesita más herramientas para mejorar la seguridad pública y reprochan que los socialistas no valoran lo actuado en Rosario durante la gestión actual. En el Ejecutivo siguen dispuestos a explicar por qué las medidas solicitadas y entienden que pueden votarse hasta por partes sin alterar el propósito.

Hasta el jueves, habrá plazos para encontrar el acuerdo en Unidos. Desde el socialismo no se escuchó como alternativa romper la coalición. Es más, el ex gobernador Antonio Bonfatti -hoy diputado provincial- se sumó al streaming del jueves último en el acto donde el radicalismo conmemoró el triunfo de 1983. Ese día, el socialista fue elegido presidente comunal de Las Parejas, uno de los pocos socialistas victoriosos en la vuelta a la democracia.

El Ejecutivo seguirá poniendo el acento en la seguridad pública ya de cara a la campaña electoral que se avecina. El ministro de Economía, Pablo Olivares, al presentar el Presupuesto 2027 destacó que una de las prioridades son las inversiones en seguridad, con $ 2,34 billones para cárceles, estaciones policiales y equipamiento de las fuerzas.

Mientras Unidos seguía trabado en el tema Herramientas en la Legislatura, el gobernador Pullaro recibía a tres de las principales figuras del gabinete nacional en la concurrida jornada de la ronda de negocios de RIGI en Rosario. La foto no pasó inadvertida y abrió especulaciones.

Uno de los temas que genera polémicas en Unidos es la declaración informativa e interrogatorio policial. En este aspecto, el Poder Ejecutivo propone restituir la figura de la declaración informativa, pensada para los primeros momentos investigativos. La reforma pretende facilitar la recolección de información en los primeros momentos de la investigación penal, cuando todavía es prematuro definir si una persona debe declarar como imputado o como testigo, evitándose así la declaración bajo juramento de personas que podrían ser luego imputadas.

Por otra parte, habilita el interrogatorio policial en los primeros momentos investigativos y se elimina la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del imputado.

Otro tema que genera divisiones es la posibilidad de enjuiciamiento penal en rebeldía. De hecho ya existe en ciertos supuestos en el estado actual de la legislación, se dice en los fundamentos. "No se viola el derecho de defensa si la persona es debidamente notificada de la causa en su contra, quedando a su criterio la posibilidad de comparecer a defenderse o no hacerlo, debiendo soportar en este último caso las consecuencias de su contumacia", expresa el mensaje.

Además prevé la revisabilidad de la condena en rebeldía y se regula el supuesto de aparición tardía del imputado, cuando invocara motivos atendibles para justificar su incomparecencia.

Una reunión de la "mesa chica" marcó el inicio formal del análisis del las estrategias electorales que se desplegarán desde el oficialismo en Santa Fe, de cara a los comicios del año que viene. De la conversación participaron el gobernador Maximiliano Pullaro, el senador y también presidente de la Unión Cívica Radical, Felipe Michlig; y apenas un par más de referentes del Poder Ejecutivo.

Según señalaron las fuentes consultadas por El Litoral, el encuentro implicó un análisis preliminar del escenario político que se avecina y que tendrá a Unidos como protagonista a partir de la reelección que por primera vez quedó habilitada en la provincia desde la última reforma de la Constitución. A ello se refirió, de hecho, el propio Michlig en declaraciones a este diario el jueves, cuando definió al actual mandatario como "el mejor candidato" que tiene la actual coalición gobernante para garantizar la continuidad del actual modelo de gestión en Santa Fe.

Las conversaciones, como se dijo, fueron preliminares y embrionarias de un diálogo que luego deberá extenderse a los demás socios de Unidos. El intercambio de opiniones fluyó entre el análisis de la conveniencia o no de una eventual interna de vices - la alternativa fue incorporada en la última reforma electoral-, hasta la estrategia que mejor se considere para las principales intendencias de la provincia.

Respecto de la primera opción – interna de vices-, la UCR preferiría evitarla y reeditar la misma fórmula que les permitió retornar al poder en 2023. El binomio era Maximiliano Pullaro – Gisela Scaglia. Pero esta aspiración radical no exime que el Socialismo, por ejemplo, aliente la compulsa interna.

Respecto de las estrategias territoriales, también en la visión del radicalismo, una opción posible a promover sería la de internas competitivas en las principales ciudades – sobre todo Santa Fe y Rosario- para movilizar el electorado.

La conversación de esta semana incluyó un repaso del calendario electoral que también ensaya la Casa Gris y que ya fue esbozado de manera pública por el propio gobernador. El cronograma prevé un cierre de listas para febrero – en principio, para el viernes 12-, primarias en abril – posiblemente el 18- y elecciones generales el 13 de junio. La confirmación definitiva depende de un análisis fino que se hará de cómo impactan en las fechas tentativas, los feriados nacionales y fines de semana largos.

Como se sabe, la provincia no puede celebrar elecciones simultáneas con las nacionales por las restricciones para la convocatoria que emanan de la propia Constitución provincial. Pero sí ha sido una decisión política de la actual gestión, separar lo más posible ambos escenarios. Así, la fecha elegida para la general será la más temprana que la legislación permite; la ventana temporal permitiría realizarlas entre junio y septiembre. La opción será mediados del primer mes.

En una semana, el Poder Ejecutivo provincial remitirá a la Legislatura el proyecto de presupuesto 2027. Será el último que ejecutará la actual gestión a cargo de Maximiliano Pullaro. Tras la reciente reforma a la Constitución de Santa Fe, el plazo para enviar el mensaje expira el próximo 31 de octubre; antes de la Constituyente, el vencimiento operaba el 30 de setiembre.

Según confiaron fuentes del Ministerio de Economía a El Litoral, la pretensión de la Casa Gris es girar la iniciativa a las cámaras "en tiempo y forma", para evitar el pedido de una prórroga. Durante el actual mandato, se ha respetado una lógica de alternancia para determinar la cámara de origen; de acuerdo con ese parámetro, el mensaje ingresaría por el Senado.

La proyección de gastos y recursos para el año que viene prevé, en principio, un crecimiento de los recursos – según pudo saber este diario- del orden del 30% respecto del presupuesto anterior. Ello, en función del incremento que se ha experimentado de manera interanual tanto en la coparticipación federal como en la recaudación propia.

La aspiración es lograr un presupuesto "equilibrado". Respecto de la composición del gasto, aún restan definir algunos detalles. Sin embargo, las prioridades seguirán siendo aquellas que marcaron los ejes de la gestión durante estos años: seguridad y gasto social. Este último concepto concentra tanto salud como educación y, sobre todo, partidas destinadas a cubrir la demanda alimentaria.

La obra pública también tendrá un rol protagónico en la asignación del gasto. Se prevé una continuidad de las iniciadas, aunque también serán significativos los recursos asignados al equipamiento de toda la infraestructura – carcelaria, por ejemplo- que ya transita la etapa final de ejecución.

Como se informara oportunamente, el presupuesto pivoteará sobre las variables macroecónomicas que rigieron para la confección del proyecto de gastos y recursos en el orden nacional. Esto es, inflación anual del 18%, tipo de cambio fijado a una cotización de $1.847, y tasa de crecimiento del 3%.

Respecto de la ley impositiva que se envía todos los años y que determinará la política tributaria – en este caso- de 2027, la intención del Poder Ejecutivo es enviarla en las próximas semanas a la Legislatura, pero no de manera simultánea al presupuesto. La cámara de origen sería Diputados y estaría siendo remitida en "diez o 15 días".

Según pudo saber El Litoral, el proyecto no prevé cambios ni modificaciones en las alícuota. Sí, una actualización de los tributos de emisión provincial – Patente, Inmobiliario, Sellos- de acuerdo con la evolución de los salarios y de la tasa de inflación del último año.

Para los próximos días, se prevén una serie de reuniones con las comisiones sectoriales de análisis tributarios, a fin de evaluar los trazos generales del proyecto antes de ser enviado a la Legislatura.

La provincia de Santa Fe se consolidó una vez más entre las jurisdicciones con mejores estándares de transparencia fiscal del país, al alcanzar un puntaje de 9,45 sobre 10 en la edición 2025 del Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP).

El relevamiento, elaborado de forma ininterrumpida desde hace 13 años por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), ubicó a la provincia en el quinto puesto del ranking nacional, por detrás de Tierra del Fuego (10,00), Córdoba (9,90), Entre Ríos (9,55) y La Pampa (9,55).

Al comparar el desempeño con el informe del año anterior, Santa Fe registró una disminución de 0,25 puntos, pasando de los 9,70 logrados en 2024 a los 9,45 de 2025. El desglose por bloques permite identificar que la provincia conservó calificaciones sobresalientes en la estructura central del índice.

En Presupuesto obtuvo 2,60 puntos, equivalentes al 100% del máximo posible.

En Recursos alcanzó 3,55 puntos, también con 100% de cumplimiento.

En Ejecución y rendición de cuentas sumó 3,10 puntos, sobre un máximo de 3,40.

Sin embargo, la reducción del puntaje global obedeció íntegramente a lo sucedido en el bloque de Divulgación, donde la provincia descendió de 0,45 a 0,20 puntos.

De acuerdo con las autoras del estudio, las economistas Paula Szenkman, Ada Luz Cabrera y Dalila Gómez, esta baja estuvo directamente asociada a la “falta de disponibilidad del presupuesto en formato ciudadano correspondiente al ejercicio 2025” en las plataformas oficiales del gobierno provincial.

Según detalla el Documento de Políticas Públicas Nº 254 de CIPPEC, el ITPP evalúa anualmente la cantidad, el nivel de desagregación y la actualización de la información presupuestaria y fiscal disponible en los sitios oficiales de las 24 jurisdicciones argentinas.

Su metodología simula la búsqueda que realizaría cualquier ciudadano para acceder a la información pública provincial. Mide dos dimensiones centrales: la disponibilidad y el nivel de detalle de los datos online, y la demora con que se publican.

El índice organiza sus resultados en cuatro bloques: Presupuesto, Ejecución y rendición de cuentas, Recursos y Divulgación. Para explicar la relevancia del indicador, las autoras señalan el complejo escenario fiscal en el que se desempeñan las provincias.

El informe sostiene que, en un contexto de restricciones presupuestarias y crecientes demandas sobre los recursos públicos, la transparencia fiscal ocupa un papel central en la gestión provincial.

Las provincias tienen a su cargo servicios esenciales como educación, salud, seguridad e infraestructura, pero su participación directa en la recaudación es limitada. Según el trabajo, la Nación concentra el 78,6% de los ingresos fiscales, mientras que las provincias perciben directamente el 17,5% de los impuestos.

En ese marco, la difusión clara de las cuentas públicas permite conocer cómo se distribuyen y utilizan los fondos destinados a esas responsabilidades.

Las autoras plantean que la disponibilidad de información fiscal permite ejercer el derecho de acceso a la información pública, facilita el seguimiento de las políticas y fortalece la rendición de cuentas y el debate sobre el uso de los recursos.

En el plano general, la edición 2025 del ITPP arrojó un promedio nacional de 8,3 puntos, con una suba de 0,4 respecto de 2024. Fue la segunda vez en la historia del indicador que el desempeño general superó los ocho puntos.

El relevamiento mostró que 15 jurisdicciones mejoraron sus resultados, una mantuvo su calificación y ocho registraron caídas. Córdoba fue la que permaneció sin cambios, con 9,90 puntos.

Tierra del Fuego encabezó el ranking con puntaje perfecto: 10 sobre 10. Por su parte, Río Negro registró la mayor mejora absoluta, con una suba de 2,1 puntos, hasta alcanzar los 8,1. Le siguieron Catamarca, con un incremento de 1,8, y Buenos Aires, con 1,7.

La Rioja tuvo la caída más pronunciada, de 0,85 puntos, y quedó en 6,95, debido a la falta de publicación de la Cuenta de Inversión 2024. También retrocedieron Tucumán, con una baja de 0,55, y Santiago del Estero, con 0,50.

Por segundo año consecutivo, el indicador de dispersión entre jurisdicciones se mantuvo en su mínimo histórico de 1,4 puntos, lo que refleja una mayor homogeneidad en las prácticas de publicación de información fiscal.

El bloque de Recursos tuvo el mayor cumplimiento promedio, con 88%, seguido por Presupuesto, con 82%, y Ejecución, con 78%.

En contraste, Divulgación retrocedió seis puntos porcentuales a nivel nacional, del 78% al 72%. La cantidad de distritos que publicaron el “Presupuesto Ciudadano” disminuyó de 15 a 12.

Con estos resultados, Santa Fe mantiene una posición destacada en la publicación de información presupuestaria y de recursos, aunque tiene pendiente recuperar formatos accesibles que permitan consultar el destino de los fondos públicos sin barreras técnicas.

Mientras el Poder Ejecutivo trabaja aún en la reglamentación de la reforma electoral sancionada recientemente por la Legislatura, la Casa Gris avanza en el esbozo de calendario que definirá cuándo deberán votar los santafesinos el año que viene.

En declaraciones a la prensa, el senador Felipe Michlig ya hizo pública la fecha del domingo 13 de junio como instancia probable para realizar el comicio general.

Según pudo saber El Litoral, escoger ese fin de semana se ajusta a una de las premisas del gobierno de Maximiliano Pullaro: separar lo más posible la contienda provincial de la nacional, que prevé la concurrencia de los argentinos a las urnas para elegir presidente, el domingo 24 de octubre.

Los parámetros para convocar a elecciones en Santa Fe establecidos por mandato constitucional y ratificados por ley electoral, impiden que los comicios nacionales sean simultáneos a los nacionales, mientras octubre sea el mes elegido para sufragar.

El nuevo Código Electoral estipula en el artículo 42 que las elecciones deberán convocarse "con una antelación máxima de seis meses y mínima de tres" a la finalización de los mandatos vigentes, que vencen el 10 de diciembre. Por lo tanto, la ventana temporal para las elecciones provinciales es entre el 10 de junio y el 10 de setiembre; de allí, la imposibilidad absoluta de coincidir con Nación.

En ese marco, la intención del oficialismo es que ambas instancias estén lo más distantes posible. Evitar "mezclar" los escenarios y la confusión del electorado había sido, de hecho, uno de los argumentos de la diputada nacional Gisela Scaglia para promover la suspensión de las PASO a nivel nacional.

Si las elecciones generales en Santa Fe son el 13 de junio, las primarias serán en abril. Michlig deslizó públicamente la fecha del domingo 11, pero ello no se ajustaría a la última modificación planteada por la Legislatura que acota el plazo entre generales y primarias.

El texto anterior planteaba que entre una contienda y la otra debían transcurrir "entre 42 y 80 días"; ahora, el tope es "sesenta días". Por lo tanto, deberían celebrarse el 18.

En ese esquema, se ensaya como plazo para cierre de inscripción de alianzas el 7 de febrero; y para cierre de listas, el 12 del mismo mes.

El artículo 41 de la última reforma electoral plantea, asimismo, que la convocatoria a elecciones primarias deberá efectuarla el Poder Ejecutivo "con una antelación máxima de 150 y mínima de 120" respecto de la fecha de su realización. De ese modo, en diciembre, el gobernador debería rubricar el respectivo decreto.

Las fechas expuestas fueron esbozadas informal y tímidamente en el seno del oficialismo, incluso, cuando transcurría la Convención Constituyente. Se fueron consolidando con el tiempo, aunque para cristalizarse, resta aún una conversación formal con todos los partidos que integran la coalición de Unidos.

El acuerdo entre el oficialismo y la enorme mayoría de la oposición con representación parlamentaria que había logrado Diputados siete días atrás, se repitió este jueves 27 de agosto en el Senado de la Provincia de Santa Fe para sancionar un nuevo Código Electoral, que contiene 297 artículos.

La Cámara alta alteró el orden de la sesión y adelantó el tratamiento del expediente venido de Diputados, donde fue votado por 43 legisladores frente a solo 4 que se opusieron. Como en el cuerpo de 19 bancas ninguna pertenece a los bloques que se expresaron por la negativa (el Frente Amplio para la Soberanía y el unipersonal “Inspirar”) se produjo sin sorpresas el apoyo de todos los senadores en el tratamiento en general.

El presidente del bloque de senadores de la UCR, Rodrigo Borla, propuso el tratamiento sobre tablas y con la Cámara en Comisión para poco después de iniciada la sesión.

Pasadas las 16.40 se dio sanción definitiva a la norma que había votado la otra Cámara el jueves pasado.

El debate fue posterior a la votación electrónica y curiosamente comenzó con la argumentación de la oposición respecto del ínfimo porcentaje de artículos que no lograron la unanimidad. En la votación en particular, los cinco senadores del PJ rechazaron el artículo 44 y el presidente de ese bloque opositor, Rubén Pirola, explicó que se establece literalmente "como excepción" a las incompatibilidades el tema de las o los hasta tres vicegobernadores para un mismo aspirante a la Casa Gris.

Tal como sucedió en Diputados, en el Senado los legisladores del PJ criticaron la presencia de ese artículo que contradice según expresaron al resto de la norma. Se sostiene que está hecho a la medida del oficialismo.

Según un recuento hecho por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, de los 279 artículos del nuevo Código solo 17 recibieron votos en contra. En 16 de ellos el resultado fue 18 a 1, porque Rubén Pirola los rechazó pese a la posición de los demás miembros de su bancada, y el artículo 44 contó con los 5 votos opositores del PJ.

La norma establece que “Ninguna persona puede ser inscripta como precandidata en más de una lista o categoría electoral durante el mismo proceso electoral”. Pero en las PASO “una misma persona puede ser inscripta como precandidata a Gobernador en hasta tres fórmulas internas de una misma agrupación política, siempre que cada fórmula sea acompañada por una persona distinta como precandidata a Vicegobernador, con paridad de género. En este caso, cada fórmula constituye una opción electoral autónoma y compite individualmente con las demás fórmulas de la misma agrupación política”.

El esquema tiene sentido solo si ese precandidato a gobernador no tiene competidor dentro de su partido o frente, ya que “los votos obtenidos por las distintas fórmulas internas no se acumulan entre sí, aun cuando se encuentren encabezadas por una misma persona precandidata a Gobernador”.

Además, “la excepción prevista en el presente artículo no habilita la postulación de una misma persona como precandidata a Vicegobernador en más de una fórmula, ni la participación simultánea de una persona en fórmulas”.

Tras la sanción definitiva de la norma que termina con algunos "decretos ley que eran de la época de la dictadura", según destacó Michlig, el senador Rodrigo Borla (San Justo) expresó su satisfacción por el consenso alcanzado y destacó que de esta manera "estamos cumpliendo uno de los mandatos que dejó la reforma constitucional del 25".

El presidente de la bancada de Unidos y titular de la UCR en el Senado destacó la unanimidad y el valor del respaldo a la norma fija las reglas del juego electoral en el ejercicio del derecho a elegir y ser elegido.

Por su parte, el senador Esteban Motta (UCR-San Martín), uno de los negociadores permanentes con los diputados, agregó que "este Código viene a modernizar el sistema y a coincidir con el espíritu de la Constitución provincial". En ese sentido, explicó que la nueva normativa busca "compatibilizar el fin de las mayorías automáticas establecido por la reforma constitucional" con "la necesidad de garantizar la gobernabilidad" al dejar en claro qué legisladores respaldan a qué candidatos al Ejecutivo.

Motta también destacó la importancia de que en la nueva boleta única de papel pueda identificarse a los diputados provinciales que están con cada candidato a gobernador y lo mismo con los aspirantes a concejales e intendentes. Valoró el "proceso de construcción de consensos" alcanzado durante el tratamiento. "Con esta aprobación estamos dando un mensaje al país de que se puede construir desde el respeto, aún cuando hay cuestiones particulares en las que no se están de acuerdo", afirmó.

Pirola explicó que se opuso en más de una docena de artículos y señaló que hubiera preferido poder "contar con mayor tiempo para debatir el proyecto que llegó con media sanción de la Cámara de Diputados" hace apenas una semana.

El senador recordó además que había presentado iniciativas diferenciadas sobre código electoral y partidos políticos, al considerar que "debían ser abordados por separado". También expresó sus diferencias respecto de algunos aspectos vinculados a la "profesionalización" de cuestiones electorales y a la continuidad del sistema de boleta única papel.

Michlig destacó el alcance institucional de la sanción y sostuvo que "estamos dando un paso importante para mejorar la institucionalidad, para generar procesos más participativos y transparentes".

El titular de la Cámara también valoró el modo en que se desarrolló el debate legislativo y remarcó que "acá se da el ejemplo de que las discusiones políticas no se hacen a los gritos, sino desde el diálogo y el respeto, aún cuando se proviene desde frentes políticos diferentes". "Estamos fijando de acá para mucho tiempo el nuevo código electoral y en Santa Fe damos el ejemplo de que desde el respeto construimos para tener más y mejor democracia", concluyó.

El Poder Ejecutivo promulgó, en el primer día hábil de la semana, las cuatro leyes sancionadas el pasado jueves en la Legislatura, para una de las cuales se licitaron trabajos. Se trata de la llamada Quinta de Funes que fue incorporado como Espacio de la Memoria. Ocho ofertas se presentaron a la convocatoria realizada por el gobierno santafesino para trabajos de puesta en valor del sitio. El tema fue iniciado en Diputados por la bancada socialista que encabeza Joaquín Blanco.

La Ley Nº 14.435 suma a la Quinta de Funes a los espacios de Memoria que tiene la provincia como lo que fue la Comisaría Cuarta de Santa Fe y la ex sede de la Secretaría de Inteligencia en Rosario.

Las otras normas promulgadas son la 14.443 por el cual la provincia adhirió a la norma nacional N° 27.786 sobre organizaciones criminales, iniciativa de la diputada Ximena Sola (Pro). La conocida como "Ley Antimafias", fue promulgada a principios de marzo de 2025 y representa un cambio profundo en la estrategia de persecución penal contra el crimen organizado en Argentina. Su diseño se inspira en modelos internacionales (como la Ley RICO de EE. UU.) para atacar no solo delitos individuales, sino a la estructura de la organización en su conjunto.

La Quinta de Funes fue declarada Espacio de la Memoria provincial. Crédito: Archivo El Litoral

La ley establece un marco específico para grupos de tres o más personas que actúen de manera concertada durante cierto tiempo para cometer delitos graves. El alcance incluye narcotráfico, lavado de activos, trata de personas, extorsión y corrupción, entre otros.

Además, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley N° 14.433 con cambios en la competencia de Jueces de Menores, iniciativa propiciada por el propio Poder Ejecutivo. Finalmente, la Ley N° 14.432 instituye como "Fiesta Provincial de la Empanada de Pescado de Río" la que se realiza en San José del Rincón, siguiendo un proyecto del senador Francisco Garibaldi.

Ayer en Rosario, se abrieron las ofertas de la licitación para transformar la Quinta de Funes, en el departamento Rosario, en un Espacio de la Memoria. El predio, que funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura, será intervenido con el objetivo de preservarlo, ponerlo en valor y convertirlo en un ámbito de transmisión de la memoria colectiva.

El secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Emilio Jatón, y el secretario de la Unidad Ejecutora en Infraestructura, Diego Leone encabezaron el acto. "La recuperación de estos espacios no responde a caprichos ideológicos ni a lujos culturales, sino que son herramientas fundamentales para la construcción plena de la democracia", dijo Jatón.

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $ 461.143.245,26 y un plazo de ejecución de 150 días. Las obras contemplan el cerramiento perimetral del predio, la instalación de torres de iluminación, la construcción de sanitarios, oficinas y depósitos, además de mejoras en accesos y la refuncionalización del galpón existente mediante la ejecución de un nuevo piso de hormigón.

Desde una perspectiva de infraestructura pública con enfoque en derechos humanos, la intervención apunta a dotar al sitio de condiciones de habitabilidad y uso permanente, sin alterar su valor histórico. La Quinta de Funes integró el circuito represivo de la subzona 21, bajo la órbita del II Cuerpo de Ejército, y fue escenario de secuestros ilegales entre septiembre de 1977 y enero de 1978, según consta en el Archivo Nacional de la Memoria y en causas judiciales.

Joaquín Blanco impulsó el proyecto aprobado en Diputados, Joaquín Blanco.

En 2016 fue señalizada oficialmente como Sitio de Memoria del Terrorismo de Estado y, a partir de la Ley provincial N.º 13.530, se dispuso su expropiación para destinarla a fines de memoria y promoción de derechos humanos.

Las ocho ofertas presentadas son Andrés Arriaga S.R.L. cotizó los trabajos en $ 508.521.472,13; Construcciones Tres S.R.L. por $ 509.748.263,60; Capaze S.R.L. $ 498.000.000,00 y Coirini S.A. elevó una propuesta de $ 543.676.660,58.

Asimismo, PH Constructora S.R.L. cotizó por $ 468.582.922,16; Deprop S.R.L. $ 426.853.978,72; Al Servicio S.R.L. propuso $ 451.108.372,50; y B2C Construcciones S.R.L. con una cotización de $ 518.122.593,83.

La firma Pecam tendrá a su cargo la construcción de la Unidad Penitenciaria Nº 15 de Piñero con un monto de contrato de $24.882.017.292,98 y un plazo de ejecución de 420 días calendario.

La adjudicación del nuevo complejo está contenida en el decreto Nº 578 firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Gobierno, Fabián Bastia.

A diferencia de las cárceles tradicionales con grandes pabellones comunes, la nueva unidad fue diseñada bajo un esquema de 6 módulos independientes, denominados "mini penales". Cada módulo funcionará como unidad autónoma con su propio ingreso, áreas recreativas, talleres educativos y cocinas. Se explicó que el objetivo es evitar que los internos de distintos sectores tengan contacto entre sí, reduciendo la capacidad de organización interna de las bandas.

El proyecta apunta a albergar a 1.920 internos, todos varones.

La licitación fue convocada con un presupuesto de $32.887.807.996,16 y se presentaron 8 oferentes de los cuales la Unidad Ejecutora optó por la oferta de Pecam.

El debate paritario docente en Santa Fe entra en su tramo decisivo con una cifra que ordena la discusión: el Gobierno sostiene que un maestro de grado de 25 horas, sin antigüedad, no cobrará menos de $1.300.000, sumando el adicional por capacitación.

La propuesta oficial plantea una actualización del 12,5% para el primer semestre de 2026, con subas mensuales escalonadas y la promesa de revisar desfasajes si la inflación corre por encima del esquema.

El gobierno provincial sumó un plus mensual por capacitación docente a través del FOPCID.

En paralelo al porcentaje, el Ejecutivo puso el foco en los montos mínimos garantizados. Desde febrero, el incremento asegurado sería de $170.000, al que se suma el Fondo Provincial de Capacitación Integral Docente (FOPCID) por $100.000 mensuales.

Con esa combinación, el piso de mejora desde febrero se ubica en $270.000 para quienes queden alcanzados por el mínimo, y el salario base con capacitación queda expresado por el Gobierno como un “piso” para el cargo testigo de maestro inicial.

Con asistencia perfecta, la Provincia proyecta un ingreso máximo de $1.405.000 para el cargo testigo.

El número que más circuló en las últimas horas es el potencial de $1.405.000 mensuales. La Provincia lo proyecta para un maestro sin antigüedad que, además del salario garantizado y el FOPCID, perciba el incentivo por Asistencia Perfecta.

En el oficialismo insisten en que el esquema apunta a sostener el poder adquisitivo, reforzar el salario de los cargos más bajos y asociar una parte del ingreso a la formación continua, en un contexto de cuentas públicas ajustadas.

La respuesta de los gremios se espera para este viernes, con impacto directo sobre el arranque del ciclo lectivo y sobre la dinámica de negociación para el resto del semestre.

El gobernador Maximiliano Pullaro firmó un decreto autorizando a la Escribanía Mayor de Gobierno a realizar la primera inscripción de dominio, a favor del Gobierno provincial, del inmueble donde se encuentra asentada la Casa Gris.

El decreto da cuenta del proceso técnico-administrativo para que la provincia de Santa Fe figure legalmente como dueña registral de los lotes 1 y 2 del predio de la Casa de Gobierno, unificando así todo el terreno bajo una misma situación dominial.

Los dos lotes a inscribir totalizan algo así como 4.992 metros cuadrados y permitirán que toda la manzana donde se erige la sede del Poder Ejecutivo tenga la titularidad del gobierno provincial.

El decreto firmado por Pullaro y el ministro de Gobierno e Innovación Tecnológica, Fabián Bastia, lleva el N° 0024.

La manzana comprendida entre 3 de Febrero al norte; Amenábar al sur; San Jerónimo al oeste y San Martín al este pasará a manos de Santa Fe. Hasta ahora, el gobierno no tenía la escritura completa de la manzana. Una primera parte sí; una segunda por usucapión y en esta etapa se completa con los dos lotes indicados en el decreto.

En los considerandos del decreto se señala que las actuaciones se iniciaron el 15 de enero de 2018 mediante una nota emitida por el entonces Jefe División Relevamiento y Mantenimiento de la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes donde se describe la situación dominial del inmueble.

En el 2023, un decreto autorizó la usucapión administrativa a favor del Gobierno de la Provincia sobre una fracción del inmueble con la correspondiente identificación.

Luego, la Escribanía Mayor de Gobierno solicitó la intervención de la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública a los fines que se dictamine sobre la adquisición de dos inmuebles donde se encuentra emplazada la Casa de Gobierno.

La Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes del Ministerio de Economía informó que no consta inscripción de dominio por la totalidad del inmueble. Luego, el Servicio de Catastro e Información Territorial procedió a elaborar los planos de mensura para subsanar las diferentes situaciones.

Finalmente, un dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Gobierno e Innovación Pública, entiende que existen circunstancias que ponen palmariamente de manifiesto la situación dominial del inmueble.

Como un bien que forma parte del dominio privado del Estado, por carecer de dueño y, consecuentemente, en virtud de la inexistencia de dominio sobre el mismo, resulta configurado lo determinado por el artículo 236 inciso a) del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Este artículo establece que pertenecen al dominio privado del Estado los inmuebles que no tienen dueño.

Prudencia y cautela. Ésas son las expresiones que se recogen en el gobierno de la provincia después de que se escuchara el mensaje del presidente Javier Milei este lunes a fin de presentar el proyecto de presupuesto nacional para 2026.

La fundamentación para evitar juicios de valor está anclada, por un lado, en que el discurso en sí evitó mencionar datos certeros como las variables macroeconómicas que se prevén para el próximo ejercicio. Y por el otro, en que tales indicadores terminaron revelándose en el texto expreso del proyecto –contiene más de seis mil páginas- pero que recién se conoció a poco de la medianoche.

Con esos reparos es que de manera extraoficial y por ahora todavía en off, las fuentes de la Casa Gris aludieron al mensaje presidencial.

Milei habló en cadena nacional el lunes por la noche.

"Fue un discurso que reiteró conceptos ya vertidos en otras ocasiones - mencionaron los funcionarios locales –. Y en cuanto a datos del presupuesto, en el discurso no los hubo. Sólo referencias numéricas que aún hay que verificar en relación a qué se mencionaron".

Ejemplo de ello es lo que se planteó respecto del aumento en ciertos "gastos sensibles"; se habló de un incremento "en términos reales considerando la inflación prevista en el Presupuesto 2026, que se proyecta en un 10%". Por lo tanto, se razona, si la inflación del año que viene es mayor al 10%, dichos gastos "sensibles" no crecerían en términos reales, o incluso, experimentarían una caída.

En general, se explicó, no habló el presidente sobre la composición del presupuesto, "sino sobre las reglas presupuestarias que se utilizaron para elaborar el proyecto".

Aun así, las fuentes consultadas valoraron positivamente la presentación y existencia de un presupuesto. Pero ello debe trascender el aspecto institucional, aclararon, y tener "consistencia con el resto de la política económica y con los resultados de la misma". Y sobre todo, tiene que estar "efectivamente sancionado y promulgado". Ello, sobre la base de que el país viene ejecutando su política fiscal "con una combinación riesgosa entre Presupuesto reconducido 2023 y de Decretos de Necesidad y Urgencia".

El Banco Central proyecta una inflación para los próximos doce meses del orden del 20%.

Que el mensaje por cadena nacional haya omitido la mención de las variables macroeconómicas no sería casual; "se evitó poner foco en aquellos aspectos que podrían ser objeto de debate", se apuntó.

De hecho, proyectar una inflación para todo el 2026 del 10,1% - ello implicaría una variación de precios mensual del orden del 0,8%- parece una subestimación y carece de verosimilitud si se tiene en cuenta que el REM (Relevamiento de Expectativa de Mercado) del Banco Central proyecta una inflación para los próximos doce meses del orden del 20%. Una situación similar se da con el tipo de cambio proyectado: $1423 para 2026 y $1470 para 2027.

La tasa de crecimiento para el próximo año, en tanto, fue estimada en un 5%.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezará este sábado un taller de evaluación de metas para la gestión que tendrá por escenario la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL. La invitación incluye a la vicegobernadora, ministros, secretarios y subsecretarios que integran el gobierno provincial.

Voceros del gobierno hablan de un retiro espiritual que comenzará a las 9 y finalizará a las 17. "Es hora de volver a encontrarnos, hablar, reflexionar, hacer autocrítica, charlar, planificar. El desafío es el 2026" señaló el propio Pullaro cuando lo consultó El Litoral sobre los objetivos del encuentro.

El gobierno que encabeza el radical tiene reuniones semanales de gabinete alternando entre Rosario y Santa Fe aunque el pasado lunes no hubo encuentro debido a la gira programada por el mandatario para el norte santafesino. No obstante, la convocatoria del sábado es mayor a la del gabinete porque incluirá prácticamente todos los cargos políticos e incluso legisladores provinciales.

Si bien, todavía no finalizó el primer semestre del año, la intención del gobierno es empezar a trabajar para el 2026. Los organizadores señalan que desde julio para el gobierno será central la reforma constitucional cuya convención empezará a sesionar el 14 de julio.

Las otras reformas plasmadas por Unidos se vienen llevando adelante: la de la Corte Suprema de Justicia implicó la llegada de tres nuevos ministros mientras que en la previsional la definición de la constitucionalidad está ya en manos de la Corte Suprema de Justicia.

"Hoy no hay jubilado de altos ingresos que no haga los aportes mayores previstos por la emergencia" destacó un vocero de Casa Gris validando la estrategia llevada adelante por Fiscalía de Estado.

Imagen ilustrativa. Créditos: Archivo El Litoral

En cuanto al plan de obras públicas en marcha, el ministro Pablo Olivares ha dicho al equipo de gobierno y a los legisladores que los pagos de trabajos en marcha tienen la asignación de recursos hasta fin de año.

El propio Pullaro escuchó el martes, en la reunión con sus pares en CFI, que muchas provincias están en dificultades para afrontar el pago la primera etapa del medio aguinaldo y tienen poca asignación para obra pública. Santa Fe parece la excepción producto del orden dispuesto en las cuentas públicas en diciembre de 2023 cuando llegó a la Casa Gris la actual administración.

Olivares intenta tranquilizar a sus pares que de mantenerse el ritmo actual de la economía, Santa Fe llegará dentro de los parámetros presupuestarios a fin de año. Hoy, los certificados de obras públicas se pagan en los tiempos legales previstos.

Provincia le exige a Nación que se sigan arreglando las rutas.

En el Gobierno confían que la semana venidera saldrá en Legislatura la ley que le autorizará al Ejecutivo tomar un crédito externo de hasta mil millones de dólares y que permitirá poner en marcha una serie de obras de infraestructura consideradas estratégicas especialmente para apoyar al sector productivo.

Provincia tiene como objetivo la mejora en las rutas pero también llegar con gasoductos a gran parte de Santa Fe y aprovechar la oferta del combustible generado a través de las explotaciones de Vaca Muerta.

El sábado último, en Rosario, Juan Cruz Cándido y Jorge Alvarez encabezaron una reunión sobre el panel de control que tiene el gobierno sobre la ejecución de políticas en cada ministerio y que contó, en momentos, con la participación del propio gobernador.

Cándido explicó que cada Ministerio tiene responsables de la carga de la calidad del dato al panel de control y en la última reunión se ajustó el funcionamiento sobre la marcha de cada obra y de cada programa. El tablero es uno de los instrumentos centrales de control de la gestión que puso en marcha la administración actual para el seguimiento de objetivos, obras y programas.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, habló con la prensa por unos momentos respecto de las conversaciones paritarias reiniciadas esta semana y sostuvo que es optimista en cuanto a que se podrá "llegar a un acuerdo" con los gremios. Ante una consulta, recordó que las conversaciones son "con todos los gremios" no solo los del sector docente por el que le preguntaron periodistas de Rosario.

"Hay dos o tres cosas que tenemos que remarcar: por supuesto que hubo una pérdida de poder adquisitivo en función de lo que fueron los aumentos y en función de lo que fue el piso que se dio en la última acta paritaria que fue aceptada por la inmensa mayoría de los gremios de los empleados públicos", aseguró el jefe de la Casa Gris.

El gobernador habló sobre las negociaciones con los gremios.

Y luego afirmó que "el 70% de los trabajadores no perdió frente a la inflación, por lo que había sido el piso. Recordemos que hubo un piso superior para las categorías más bajas, mayor que para las más altas. Hubo un 5% para las categorías más altas, pero algunas categorías, las más bajas fundamentalmente, con el piso de los recursos que se aportaron en ese momento, estuvieron en alrededor del 11%", argumentó. Así, hoy "hay un 30% que sí perdió frente a la inflación y es lo que estamos discutiendo en este momento", señaló.

De inmediato, añadió: "Seguimos manifestando con mucha claridad el compromiso que tuvimos en su momento. Cuando el gobierno provincial quedó por encima, la verdad que no pedimos una corrección, pero el año pasado había tenido por 8% de incremento por sobre los niveles de inflación y este año solamente el 30% de los empleados públicos quedó un porcentaje por debajo de lo que había sido el incremento y es lo que estamos discutiendo y es lo que vamos a llevar adelante".

El mandatario espera que se acepten las propuestas. Crédito: Marcelo Manera

"Tenemos muy buenas expectativas de que la semana que viene se pueda aceptar la propuesta que estamos ofreciendo. Recordemos la situación que está viviendo la República Argentina, recordemos la situación que están viviendo todos los trabajadores del país, y en ese sentido el gobierno provincial hace todo el esfuerzo que está a su alcance para poder seguir manteniendo el ritmo de obra pública, para seguir manteniendo las ayudas que tenemos con gran parte de la sociedad y con sectores de la población que no llegan a fin de mes. Hay una asistencia con con alimentos, con medicamentos, con una Salud Pública que está cada vez está más sobrecargada... desde ese lugar tenemos que seguir manteniendo nuestras cuentas equilibradas, porque si no indudablemente vamos a tener problemas, pero sí somos optimistas de que vamos a poder llegar a un acuerdo".

Las transferencias automáticas del gobierno central a Santa Fe por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones, fueron en diciembre de $366.169 millones, 124,1% más en la comparación interanual, lo que supone un 2,8% por encima de la inflación.

El dato es significativo porque se trata del 69,48% de los recursos totales de la provincia, que se complementan con los impuestos de la propia jurisdicción, que en noviembre (último dato suministrado por el ministro Pablo Olivares a El Litoral) $187.372,5 millones, de los cuales $167.082,55 millones fueron por Ingresos Brutos.

En el año, los números sin embargo siguen siendo negativos. Lo que la Casa Rosada le remitió a la administración Pullaro -sin contar el recorte casi total de "transfrerencias discrecionales"- acumuló 3.662.406 millones, una suba nominal de 194,1%, lo que a valores constantes representa un retroceso de 9,7% respecto de todo 2023.

Así surge de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, para cuya elaboración el equipo del economista Nadin Argañaraz calculó una inflación mensual en diciembre del orden del 2,8%.

En el mes de diciembre de 2024, el gobierno Nacional envió al consolidado de provincias más CABA $4.245.000 millones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, frente a $1.928.000 millones enviados durante igual período del año anterior. Es decir que se observó una variación nominal del 120%. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduciría en una suba real del 1%.

Por su parte, la coparticipación, es decir las transferencias automáticas menos leyes complementarias y compensaciones, habría crecido un 7% real, mejorando su comportamiento respecto a meses previos.

Esta suba, sin embargo, no es producto de la voluntad del presidente sino del imperio de la ley; se trata de partidas a las que Javier Milei está obligado, más allá de la discrecionalidad de sus acciones o de la falta de ley de presupuesto.

El dato que destaca en este contexto el informe del Iaraf es que la suba relativa en la comparación interanual del último mes del año, se debió "principalmente por el muy buen desempeño de la recaudación del impuesto a las ganancias (+13% real interanual) y una suba de la recaudación de IVA (+2,6% real interanual). De hecho, la sumatoria de estos dos impuestos representa aproximadamente el 94% de la masa coparticipable neta, señala Argañaraz.

"En conjunto, la recaudación de IVA e IIGG habría registrado una suba real interanual del 6,5%", apuntó Iaraf. Pero aclaró que "sin embargo, en el acumulado anual, la suma de estos tributos registraría una variación interanual real negativa del 9%.

"En diciembre, aumentó por segundo mes consecutivo la recaudación real interanual del impuesto a las ganancias. Como resultado, la recaudación conjunta de IVA más Ganancias aumentó de manera interanual real por segundo mes consecutivo".

Al considerar la evolución individual en las jurisdicciones de los envíos por transferencias automáticas en diciembre, Iaraf observa que "en todos los casos la variación real fue positiva, con la excepción de la provincia de Buenos Aires. Por este motivo, hubo una amplitud de 14,5 puntos porcentuales, entre Santa Cruz (+8%) que fue la jurisdicción con mayor suba y Buenos Aires (-6,5%), la única con descenso interanual real.

En el acumulado del año, las transferencias automáticas por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones "alcanzaron los $42.133.000 millones, frente a $14.356.000 millones del año anterior.

"De este modo, exhibieron una variación nominal del 194%, que se traduciría en una caída real del 10% al descontar la inflación del período. Los signos de las variaciones fueron generalizados".

El Gobierno de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Autoseguros de Riesgos de Trabajo (Dipart), elaboró un informe sobre el otorgamiento de licencias por accidentes o enfermedades de empleados estatales y organismos descentralizados.

A partir del informe, el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, informó la reducción anual de un 71,1% de los días de licencias que se venían otorgando a los trabajadores de la administración pública.

La titular de la Dipart, Laura Primucci, detalló que se hizo el recorte al mes de diciembre de 2023, cuando había 870 agentes que gozaban de licencia, lo que usufructuaba un total de 193.617 días acumulados.

Las cifras relevadas se redujeron considerablemente a diciembre de este año, pasando a contar hoy con 347 trabajadores que totalizan 55.934 días acumulados de licencia.

La significativa reducción lograda en la gestión es producto de nuevas medidas implementadas en este primer año de la nueva gestión, entre las que se destacan las auditorías y la incorporación de personal médico para el control y la evaluación.

Además, se implementaron otros criterios para la aceptación o rechazo de licencias y se realizaron operativos de calificación de siniestros.

El informe generado arrojó que el sistema educativo es el que cuenta con un mayor índice de licencias representando el 58,8 %, seguido de los agentes de seguridad con un 27,5 %, salud con 10,6 % y otras reparticiones con el 2,9 %.

Entre los motivos expresados en las licencias, los problemas traumatológicos y la disfonía siguen siendo los más recurrentes, seguidos de motivos de estrés, gripe, conjuntivitis, sinovitis y afecciones virales.

Como se informara, hubo una reducción de la cantidad de empleados públicos que se tomaron licencias, pasando de 870 agentes a 347. Se trata de personas que volvieron a sus puestos de trabajo porque estaban en condiciones de trabajar. Además, la cantidad de hechos denunciados descendió de 3.700 en 2023 a 2.794 en 2024.

Del diagnóstico realizado, surgen datos que exhiben un cuadro de situación sobre el cual el Gobierno, encabezado por Maximiliano Pullaro, tomó medidas para generar mecanismos efectivos de control y auditoría sobre el uso de las licencias, para hacer más eficientes el uso de los recursos del Estado, logrando ahorrar más de $ 5.000 millones.

Al respecto, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Bascolo destacó: “Desde que asumimos, tomamos el desafío de llevar adelante una gestión eficiente de los recursos del gobierno, porque entendemos que es plata de todos los santafesinos. Los que somos parte de este Gobierno debemos ser responsables con nuestro trabajo, no nos da lo mismo el que trabaja y el que no”.

Por su parte, el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, afirmó: “En la gestión de Pullaro se acabó la fiesta para aquellos pocos que quieren cobrar del Estado sin ir a trabajar cuando están en condiciones de hacerlo. Esta joda tuvo un costo altísimo de miles de millones de pesos que termina pagando toda la población”.

El gobernador de la Provincia, Maximiliano Pullaro, encabezó este miércoles en la ciudad de Santa Fe el tradicional brindis de Fin de Año, junto con miembros de su Gabinete y trabajadoras y trabajadores de la Administración Central. La actividad se desarrolló en el hall central de la Casa Gris. 

En la oportunidad, Pullaro expresó que “para mí fue un honor trabajar junto con ustedes, las empleadas y los empleados de Casa de Gobierno, y los funcionarios -con quienes estamos de paso- que me acompañan, a lo largo de este año, Todos juntos constituimos muy buenos equipos y mostramos que la provincia puede cambiar”, señaló.

“Durante este año -prosiguió el mandatario- avanzamos muchísimo en una provincia que tenía problemas y que aún sigue teniendo. Pero empezamos a transitar un camino para que esos problemas vayan disminuyendo y todos podamos estar mejor”, aseguró.

A continuación, el gobernador valoró y agradeció a las trabajadoras y trabajadores “el esfuerzo y el acompañamiento de todos los días”, y reconoció encontrar “siempre un muy buen clima de trabajo: eso es lo que tenemos que rescatar todos”. 

Finalmente, el titular del Ejecutivo provincial afirmó que “si logramos construir muchos equipos de trabajo esta provincia no tiene techo”, al tiempo que les deseó a todas y todos los presentes “una hermosa Navidad y un feliz Año Nuevo”, y abogó por “construir juntos un muy buen año 2025”.  

Previamente, la vicegobernadora, Gisela Scaglia, manifestó que “2024 fue un año desafiante en el que demostramos el compromiso que este Gobierno tiene con la gestión pública y donde pusimos a la función pública al servicio de las santafesinas y santafesinos”. 

“Todavía nos falta mucho para recuperar en esta provincia y que las políticas públicas lleguen a todas y todos. Pero estamos poniendo lo mejor de nosotros y vamos por un gran 2025”, concluyó Scaglia. 

De la actividad participaron también los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; de Economía, Pablo Olivares; de Salud, Silvia Ciancio; de Ambiente, Enrique Estévez; el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido; y el senador provincial, Felipe Michlig, junto con demás autoridades provinciales, trabajadoras y trabajadores.

El gobierno de la provincia puso en marcha el procedimiento para cubrir 108 cargos vacantes en el Poder Judicial de Santa Fe, lo que incluye magistrados, fiscales y defensores. Lo hizo casi en simultáneo con el anuncio del refuerzo de partidas presupuestarias para cubrir la política salarial del personal, uno de los motivos de los reclamos que lleva adelante el gremio y que se tradujo en paros de carácter inédito en la historia institucional reciente de la provincia. Un reclamo que no mereció respuesta inmediata cuando lo formuló la Corte Suprema de Justicia, pero que sí encontró eco (y concreción) en el marco de un encuentro con la titular del Ministerio Público de la Acusación. La novedad fue presentada con fuertes imputaciones al manejo de los recursos que lleva adelante el Alto Tribunal, y mereció una escueta pero airada réplica a través de un comunicado oficial, en el que se tilda de "falaz" al discurso del gobierno.

Los otros temas que alimentan el conflicto judicial son, por un lado, la demora en la firma de decretos de nombramientos y ascensos. El Ejecutivo no avanzó al respecto, pero dejó en claro que no se producirán de manera "automática", sino previo estudio. Y, por el otro, lo que identifican como un ataque a la independencia del Poder Judicial, en la movida del Ejecutivo para renovar la integración de la Corte Suprema de Justicia (lo quieran o no sus actuales integrantes) y también en algunas declaraciones del gobernador hablando de "privilegios".

En este marco convulsionado, la puesta en marcha de los concursos viene a suplir un período de 10 meses en los que, con una sola excepción, no se enviaron pliegos a la Legislatura y luego de que cayeran los enviados por el gobierno anterior cerca del final de su gestión. En ese lapso, la cobertura de vacantes fue un insistente reclamo de la Corte, que tuvo como respuesta la voluntad expresada por el Poder Ejecutivo de plantear un esquema de prioridades antes de avanzar. Y con ello, se desató una verdadera andanada de cruces documentales y un nuevo campo de desacuerdos.

Precisamente, el original intercambio de comunicaciones entre ambos poderes (del cual diera cuenta oportunamente El Litoral) cobró nuevo impulso en el actual contexto. Y también tuvo como condimento el hecho de que los pliegos correspondientes a la Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria, fueran los únicos enviados por el Poder Ejecutivo hasta el momento. Y que si bien los concursos se llevaron a cabo con el reglamento anterior del Consejo de la Magistratura, que preveía un orden de mérito, ese parámetro no fue tomado en cuenta por la Casa Gris al momento de hacer las propuestas; a diferencia de lo que venía ocurriendo en anteriores gestiones.

Los concursos que ahora están en marcha se realizan con régimen, según el cuál el jurado se limitará a determinar qué candidatos superaron la instancia y a remitir al gobernador un listado por orden alfabético.

Tal como informara este diario, en la reunión del domingo 8 de septiembre pasado, los ministros de la Corte insistieron al gobernador Maximiliano Pullaro y a sus ministros con la necesidad de cubrir las vacantes en cargos judiciales. Desde el Ejecutivo se les requirió información detallada sobre la carga de trabajo en cada uno de los tribunales de la provincia, para sobre esa base establecer prioridades, y se hizo notar que tales datos habían sido solicitados a principios de año y no provistos en los términos esperados.

Así lo hizo notar el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, invocando el compromiso de la Corte de proporcionarlas de inmediato. Pero la respuesta formal remitida por la Corte al inicio de la semana hábil fue que esas planillas, requeridas en el mes de enero, habían sido enviadas a principios de febrero.

Según el gobierno, esa información estaba incompleta. "Era para poder hacer una planificación sobre los cargos que vamos a nombrar, que no son cargos baratos. ¿Cuál fue la la contestación del Poder Judicial? Mandarnos todos los cargos que estaban vacantes. Entendimos que no era lo correcto. Nos costó mucho construir esa información porque es información interna de otro poder", sostuvo el gobernador, en alusión a que las estadísticas de movimiento de expedientes remitidas se limitan precisamente a esos juzgados, y no a la totalidad.

La discusión volvió a avivarse luego de, en los últimos días, Pullaro reeditase el reclamo y el reproche: "Lo que le pedimos a la Corte es que nos dé los datos de cómo funciona cada uno de los juzgados para cubrir vacantes y esa información no nos llegó".

Acto seguido, Pablo Cococcioni aludió a los términos de los requerimientos y la respuesta recibida. Por un lado, "pedimos prioridades de coberturas de cargos. Hay una reforma en marcha, no podemos nombrar por nombrar. Me contestaron con una planilla con 70 vacantes". Por el otro, añadió un elemento hasta ahora no expuesto públicamente: "Quiero saber cuántas horas trabajan los jueces. Quiero saber dónde ya no dan más y donde pueden esforzarse más".

Precisamente, ese planteo forma parte de un nuevo intercambio de comunicaciones, que había tenido lugar durante el mes de septiembre, pero que hasta entonces no había trascendido.

Tras el intercambio original, y en el curso de la semana posterior a la reunión en casa de Gobierno, Cococcioni envió una nota al presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, donde recuerda el requerimiento original "a tres semanas de haber asumido", de información detallada sobre carga de trabajo y productividad, recursos humanos y materiales con que se cuenta, prioridades de cobertura y situación de la infraestructura e instalaciones del Poder Judicial.

El ministro de Gobierno, Fabián Bastia, hizo notar que los datos solicitados a principios de año al Poder Judicial, no fueron provistos en los términos esperados. Foto: Guillermo Di Salvatore

En esa nota, el ministro echa en falta en la respuesta proporcionada de "datos elementales" como carga horaria de los jueces, horas de audiencia, cantidad de empleados y funcionarios por dependencia, herramientas de gestión judicial, mecanización de procesos y necesidades edilicias, entre otros puntos. Y, particularmente, "una jerarquización o priorización" en orden a la cobertura de vacantes.

En una nueva respuesta, fechada el 27 de septiembre, la Corte proporciona más información estadística, como la realización de 80.700 audiencias en el fuero privado durante 2023 y 29.800 en el fuero penal, y también los sistemas informáticos generados desde la década del '90 y de los que hoy se dispone a tal efecto.

El documento se explaya sobre el marco normativo para la concurrencia de los jueces a sus despacho, especificando que es diario y ajustado a las necesidades del servicio, que por lo demás no se agota en esa instancia presencial.

También puntualiza el volumen de trabajo canalizado por vía informática a través del Sistema de Gestión Judicial SISFE, que a la fecha acumula más de 9 millones de escritos, 2 millones de cédulas y 480 mil demandas presentadas a través de la plataforma digital.

El informe desarrolla el estado y las necesidades en infraestructura edilicia en toda la provincia, a la vez que desgrana todas las instancias de capacitación desarrolladas.

La misiva concluye abordando la controvertida cuestión de las prioridades en la cobertura de vacantes. Y consigna que, en ese espíritu, "no se advierte la necesidad" de cubrir los tres juzgados creados por la Legislatura y que actualmente no se encuentran en funcionamiento. Y mencionan expresamente el de primera instancia de Distrito en lo Laboral de Esperanza (con una previsión de 250 causas anuales) y el de Distrito de Venado Tuerto (con 350).

Con los concursos en marcha, y sin coincidencias en el trámite de requerimientos y respuestas, la eficiencia y el costo del servicio de Justicia, y los parámetros para tomar decisiones y definir políticas, siguen en el centro de un debate que, de momento, no muestra signos de clausurarse.

Por transferencias automáticas de coparticipación, leyes complementarias y compensaciones, la provincia de Santa Fe recibió en octubre $359.145 millones, una suba nominal de 176% en comparación con el décimo mes de 2023, lo que implica una pérdida de 6,1% a valores reales si se descuenta el efecto de la inflación sobre esos valores.

En el acumulado de 10 meses del año, la pérdida de los recursos provinciales de origen nacional alcanzó el 11,7% a valores reales. El gobierno central remitió por los conceptos referidos $2.928.798, lo que supone una suba nominal de 209%.

Los cálculos fueron realizados por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal. "En el mes de octubre de 2024, el gobierno Nacional envió al consolidado de provincias más CABA $4.137.000 millones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, frente a $1.488.000 millones enviados durante igual período del año anterior. Es decir que se observó una variación nominal del 178%. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduciría en una baja real del 5,4%", reportó el informe.

Y añadió que "la coparticipación, es decir las transferencias automáticas menos leyes complementarias y compensaciones, habría caído un 7,2% real, mejorando su comportamiento respecto a meses previos. Dada una caída interanual real conjunta de IVA más Ganancias del 9%, los ingresos obtenidos por el blanqueo, habrían posibilitado esta menor caída en la coparticipación neta (7,2% versus 8,9%)".

El dato más significativo del informe del Iaraf es que en "la recaudación de IVA, en octubre se redujo de manera significativa la caída interanual mensual real de recaudación, pasando de un 15,5% en septiembre a 0,4% en octubre", lo que supone un freno en la caída del consumo que se refleja en su componente impositivo a valores reales.

"Como resultado, la recaudación conjunta de IVA más Ganancias encadena un segundo mes con reducción real interanual mensual de caída de recaudación. Resulta importante recordar que la sumatoria de estos dos impuestos representa aproximadamente el 94% de la masa coparticipable neta".

Siempre respecto de octubre, "los ingresos coparticipables de leyes complementarias provenientes del impuesto a Bienes Personales no contribuyeron a una mejora en los envíos como en el mes previo, ya que, tuvieron una caída interanual real del 7,8%.

"Ahora bien -reconoce el Iaraf- al considerar la evolución individual en las jurisdicciones de los envíos por transferencias automáticas, se observa que en todos los casos la variación real fue negativa. Sin embargo, hubo una amplitud de 3,3 puntos porcentuales, entre CABA (-6,9%) que fue la jurisdicción con mayor baja y Buenos Aires (-3,6%), la de menor.

Acumulado nacional

"En el acumulado a octubre del año, las transferencias automáticas por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones alcanzaron los $33.651.000 millones, frente a $10.873.000 millones para igual periodo del año anterior. De este modo, exhibieron una variación nominal del 209,5%, que se traduciría en una caída real del 11,9% al descontar la inflación del período", dice el Iaraf en referencia a la totalidad de los distritos del país.

El gobernador santafesino Maximiliano Pullaro aparece entre los tres con mejor imagen de acuerdo a un estudio privado.

Apalancado en la mejora en los índices de seguridad en sus 10 meses de gestión, el mandatario provincial registra en el mes de octubre una imagen positiva del 62,9 %, ubicándose segundo en el podio de todos los gobernadores, sumando al jefe de gobierno porteño. El primero, con apenas % más que Pullaro, es el chubutense Ignacio Torres: 63,2%.

Son los números que se desprenden de la última encuesta nacional difundida por CB Consultora, que mes a mes realiza este tipo de evaluaciones.

Los números de Pullaro, de acuerdo al estudio.

En este informe se destacan otros dos datos positivos para el santafesino: el gobernador creció en imagen positiva un 1,2 % respecto al mes pasado. No es menor ese dato, luego de las duras batallas que tuvo el mes pasado: los roces con la Corte Suprema por los ministros que se resisten a dejar sus cargos pese a estar pasados de edad; y vinculado a ello, la Reforma Previsional debido al déficit de la Caja de Jubilaciones, que también puso en escena al Poder Judicial.

En este sentido, hay otro dato que miran con especial atención en la Casa Gris. Ya a poco de cumplir un año de gestión, Pullaro tiene la imagen negativa más baja respecto al resto de sus pares en todo el país: 33,5%.

La muestra fue realizada entre el 1 y el 4 de octubre, entre 851 encuestados, indicaron desde la consultora.

El top 10, según el estudio.

Mediante los decretos respectivos, el Ejecutivo debió ampliar las partidas presupuestarias de los demás poderes del Estado y otros organismos públicos a fin de que pudiesen hacer frente al pago de sueldos.

Según decreto 1371 del pasado 22 de agosto, la Casa Gris habilitó una partida de 5.452 millones de pesos para la Cámara de Diputados. A través del decreto 1372 del mismo día, se autorizó una ampliación de 5.031 millones de pesos, en este caso, para la Cámara de Senadores. Mediante decreto 1373, se ampliaron las partidas para el Tribunal de Cuentas por 451 millones de pesos. Y mediante decreto 1370, se habilitaron partidas para el Poder Judicial por el monto de 20.200 millones de pesos.

En todos los casos, se explica que tales modificaciones presupuestarias "tienen por objeto ampliar los créditos que permitan atender parcialmente la política salarial aprobada para el presente ejercicio".

Según fuentes oficiales consultadas por El Litoral, los decretos firmados obedecen a la necesidad de dotar tanto a los demás poderes del Estado como a otros organismos públicos, de las partidas necesarias para hacer frente al pago de salarios. Ello deviene de la vigencia de un presupuesto que en la práctica, al menos para afrontar estas obligaciones corrientes, ya se agotó. Dicha proyección de gastos y recursos para el ejercicio 2024 había sido elaborada teniendo en cuenta los datos inflacionarios a setiembre de 2023.

Por la imposibilidad de establecerlas, las estimaciones sobre las políticas salariales futuras se excluyen de la elaboración del presupuesto. Pero las que derivaron de las paritarias 2024 tuvieron su particularidad. Por un lado, debió afrontarse la activación de la cláusula gatillo en noviembre, a raíz de un acuerdo que había sellado la gestión anterior. Por el otro, se cerró un año y arrancó otro con una inflación casi desbocada, que recién comenzó a aplanarse a partir del segundo trimestre. Y nada de eso fue incluido en el presupuesto 2024. De allí que, a julio, prácticamente todas las reparticiones y Poderes del Estado habían agotado el presupuesto vigente para el ítem Personal.

En el caso de las cámaras legislativas y Poder Judicial, así como Tribunal de Cuentas, la habilitación de partidas - en este caso, para pago de salarios- requiere de un decreto del Poder Ejecutivo. Y ésa será la situación de aquí en más, todos los meses. Cada treinta días, dichas jurisdicciones deberán requerir de la autorización correspondiente del Ejecutivo para contar con los fondos necesarios.

Las áreas del Poder Ejecutivo también demandan de dichas ampliaciones, pero se establecen a través de modificaciones presupuestarias que se establecen mediante resoluciones ministeriales.

En las primeras horas de la tarde de este martes, en asamblea de afiliados de la Delegación General López de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe), se aprobaron las mociones que el jueves próximo se someterán a votación en las escuelas, a los efectos de determinar los pasos a seguir tras recibir el lunes 29, los gremios docentes, la nueva oferta salarial de la Casa Gris en el marco de la negociación paritaria. 

En dicha reunión, llevada adelante en la sede de calle Garibaldi de la Amsafe de General López, se aprobaron las siguientes mociones, que, más allá de los matices, coinciden en el rechazo a la propuesta de la Casa Gris.

Así pues, la Moción 1 contempla un paro de actividades de 48 horas (7 y 8 de mayo), adhesión a la medida de fuerza del 9 de mayo y otras 48 horas de huelga (14 y 15 de mayo). Además, se plantean actividades departamentales durante la primera semana, con movilización provincial el 14 de mayo. 

Los docentes que avalaron dicha moción, además de “rechazar la propuesta por ser insuficiente” y advertir que “el salario de una docente de IPE no supera la línea de pobreza, pues pasaría de ganar $443.000 a $465.000 en abril y $487.000 en mayo”, establece también los siguientes objetivos: Ningún docente por debajo de la línea de pobreza; Cláusula gatillo automática; Aumento de las asignaciones familiares y de la ayuda escolar por hijo; Defensa de la Caja y del 82% móvil (no a la reforma previsional); Defensa del Iapos (no al recorte de servicios); Creación de cargos y horas que el sistema necesita; Aumento de las partidas de copa de leche y comedor; Rechazo de cualquier intento de presentismo disfrazado como premio y la educación como servicio esencial; y Titularización para las escuelas de educación artística en todos los niveles. 

En tanto, la Moción 2, que también rechaza la propuesta oficial, promueve un paro de 24 horas (8 de mayo); adhesión a la huelga del 9 de mayo; actividades departamentales y provinciales; y solicitud de mejoras en orden a los docentes reemplazantes y el servicio del Iapos.

Luego de las asambleas departamentales de este martes, durante el jueves 2 de mayo se votará en todas las escuelas (en General López se deberán presentar los mandatos hasta las 17 horas); en tanto que la Asamblea Provincial se realizará el viernes 3 de mayo, en la cual se determinarán las acciones a seguir.

Cabe recordar que en la tarde del lunes 29, en la sede del Ministerio de Trabajo de la Provincia, se llevó adelante una nueva instancia paritaria convocada por el Gobierno santafesino, en la cual los anfitriones presentaron una nueva oferta salarial:

1) Un aumento de 15,44% sobre la totalidad de los conceptos que integran los haberes provinciales de los agentes del Sector Docente, tomando como base de cálculo los salarios correspondientes al mes de diciembre de 2023.

2) El incremento propuesto será abonado en dos etapas: el 7,72% a partir del 1 de abril de 2024 y el 7,72% restante a partir del 1 de mayo del corriente año.

3) Considerando como base de cálculo los sueldos del mes de marzo, dicho incremento equivale a un aumento del 5% a partir del mes de abril, alcanzando el 10% a partir del mes de mayo.