Los obispos santafesinos valoraron la redacción final del artículo 3 de la nueva Constitución Provincial, que asegura la distinción entre el Estado y el orden religioso sin establecer un credo oficial, pero reconociendo expresamente a la Iglesia católica.

"Esta formulación recoge con claridad varios de los aportes que hemos manifestado como Iglesia", señalaron en un comunicado conjunto, suscripto también por el equipo interdiocesano, pocas horas después del acto de jura que dio por concluido el proceso de reforma constitucional.

Más allá de estar de acuerdo con la eliminación de la cláusula de confesionalidad del Estado, los prelados reclamaban una "mención" expresa a la Iglesia Católica, como reconocimiento a su importancia histórica, cultural e institucional en la historia de la provincia. La cuestión fue objeto de presentaciones ante la propia Convención, reuniones y contactos formales e informales con los constituyentes y comunicados oficiales al respecto.

En conferencia de prensa convocada el pasado 1 de septiembre, el arzobispo santafesino dio cuenta de un pronunciamiento firmado junto a sus pares de toda la provincia, en la que daba cuenta de "el dolor del fiel católico" por la supresión de toda mención a la Iglesia Católica en el texto que por entonces se proponía como dictamen de mayoría para ese artículo. Y solicitaba que, sin modificar la redacción ni el contenido de la norma, se hiciese simplemente una "mención".

El arzobispo de Santa Fe, Sergio Fenoy, junto a miembros del equipo arquidiocesano, dio cuenta del pronunciamiento de los prelados santafesinos en reclamo de una "mención" a la Iglesia Católica. Crédito: Guillermo Di Salvatore.

Fenoy aclaró entonces que "fundamentalmente, esto es lo que pedimos. Cuando hay un vínculo fuerte, genuino, cultural, social, entre una sociedad, un estado y una confesión religiosa, es legítimo, no es ilógico o una pretensión desmedida, pedir que ese vínculo se exprese con una mención. La mención no es un privilegio, no es pedir tener más que los otros, no es volver a la confesionalidad. Es expresar una nota de la identidad de nuestro pueblo".

El tema fue objeto de arduas discusiones puertas adentro de la Convención, entre los integrantes de los distintos partidos que conformaron los distintos bloques, hasta poder llegar a una redacción que fuese aceptable para todos los sectores. También fue un reproche que estalló en los debates con una fuerte carga ideológica, fundamentalmente por parte de las bancadas que más cuestionaron el proceso y finalmente votaron en contra de la reforma.

No obstante, en el curso de esa misma semana, y con algunos encuentros personales en el interín, el texto que finalmente se aprobó en el recinto y fue luego incorporado a la Constitución quedó formulado de la siguiente manera: "La provincia asegura la distinción entre el estado y el orden religioso, y no establece religión oficial. La relación entre el Estado, la Iglesia católica, las iglesias y los cultos legalmente reconocidos, se rige por los principios de autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad".

En el documento difundido en las últimas horas, los obispos santafesinos destacaron que esta expresión constituye "un gesto de madurez democrática, de reconocimiento institucional y de respeto por una historia compartida con el pueblo santafesino".

La Convención Reformadora de la Constitución sancionó la libertad de cultos y eliminó la cláusula de confesionalidad del Estado, incluyendo una referencia a "la Iglesia católica, las iglesias y los cultos legalmente reconocidos". Crédito: Manuel Fabatía.

Consideraron que el texto aprobado refleja un equilibrio entre autonomía, diálogo y cooperación, fiel al espíritu promovido por el Concilio Vaticano II y reafirmado por los pontífices Benedicto XVI y Francisco y recordaron, además, que la Iglesia también presentó aportes en tres ejes fundamentales: ecología integral, vida y dignidad humana, y organización política.

Los obispos santafesinos subrayaron con esperanza que algunos de estos planteos se plasmaron en la nueva Carta Magna, como el derecho al agua, el ambiente, los derechos digitales, el reconocimiento a pueblos originarios y las medidas de acción positiva para sectores vulnerables.

"La participación plural y respetuosa expresa el camino sinodal que, como Iglesia, estamos llamados a recorrer", expresaron.

Finalmente, los obispos invitaron a todos los actores sociales, políticos y comunitarios a seguir construyendo juntos una cultura del encuentro, "en la que nadie quede afuera y todos puedan aportar al bien común".

Y aseguraron que la Iglesia Católica reafirma su compromiso de caminar junto al pueblo santafesino "con humildad y esperanza, promoviendo la dignidad de cada persona y acompañando con alegría la vida de nuestras comunidades".

Firmaron el mensaje final Mons. Pedro Torres, obispo de Rafaela; Mons. Ángel Macín, obispo de Reconquista; Mons. Eduardo Martín, arzobispo de Rosario; Mons. Ernesto Fernández, obispo auxiliar de Rosario; Mons. Sergio Fenoy, arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz; Mons. Matías Vecino, obispo auxiliar de Santa Fe; Mons. Han Lim Moon, obispo de Venado Tuerto; y el Equipo Interdiocesano.

(Por Luis Rodrigo) - La Comisión Redactora de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe acordó sesionar por última vez, el próximo lunes a las 9.30, en la ciudad de Rosario.

No está aún definido qué “lugar emblemático” tendrá ese momento histórico, con el que el cuerpo cerrará su labor. Se trata del último filtro para los textos que luego aprueban, cambian, corrigen y (eventualmente) rechazan en sesiones los 69 convencionales.

Así lo decidió el cuerpo de 18 convencionales que preside el socialista Joaquín Blanco. Para él también diputado provincial, se trata de "un gesto de valor simbólico" que el acto final de esa comisión tenga como escenario a la ciudad Cuna de la Bandera, para la armonización de estilo del texto constitucional.

La Comisión Redactora se muda a Rosario.

En el momento de la aprobación de esa resolución, la Redactora compartía su labor con su par de Derechos y Garantías, donde se ha desempeñado el convencional que fue electo por el Departamento Rosario, Juan Pedro Aleart.

El ex periodista estuvo en casi toda la reunión que se inició a las 10 de la mañana y concluyó casi a las 20, pero justo para entonces (en los últimos 20 minutos se sesión) ya se había retirado. Otros miembros de su bloque, La Libertad Avanza no se opusieron a la decisión.

Por otra parte, se mantiene el cronograma y la intensa actividad de estas horas en la Convención.

La semana próxima concluirán las deliberaciones, el tratamiento y la aprobación de todos los cambios a la Carta Magna de Santa Fe.

Oficialismo (Cattalini) y oposición (Giuliano y De Ponti) en conversaciones en medio de la comisión Redactora.

Este fin de semana, entre este viernes 5 y sábado 6 (y quizá también el domingo 7) sesionará la Convención Reformadora en plenarios maratónicos. Y lo mismo sucederá con los 69 convencionales desde el martes en adelante. El día viernes 12 se llevará a cabo el acto de jura de la nueva Constitución de Santa Fe en el ámbito de la Legislatura.

Por Francisco Javier Funes y Ciro Bonomelli

La ley 14384, de 2024, por la cual se declaró la necesidad de reforma de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, ha incluido en su artículo 2, dentro de las materias a modificar, el régimen de los gobiernos locales, es decir los artículos 106 y 107 de la actual Constitución. Se pretende consagrar así, la tantas veces invocada "autonomía municipal", con los alcances dispuestos en la Carta Magna nacional a partir de la reforma de 1994.

Sin embargo, a pesar de dicha razonable e incluso deseable propuesta, a renglón seguido, en el artículo 3, establecen que el dictado de la carta fundacional de las ciudades autónomas será labor de los actuales concejos municipales -en su integración ordinaria y sin elección específica-, los que harán las veces de asamblea constituyente municipal. De esa manera la ley se despacha en contra del más elemental sentido de autonomía, invadiendo competencias y distorsionando, cuando no potencialmente anulando todo el proceso, lo que implica un apartamiento manifiesto del estándar constitucional de autonomía institucional.

A los efectos de echar luz sobre el tema, debemos recordar que la ciudad de Rosario sancionó su carta orgánica municipal en el año 1933, en virtud de las disposiciones de la Constitución Provincial de Santa Fe de 1921. Esta última, aunque rigió solo por un breve período (entre el 1 de enero de 1934 hasta el 30 de octubre de 1935, cuando fue dejada sin efecto por un decreto de la intervención federal de la provincia), sirvió para constituirse, junto a la ciudad de Santa Fe, con una experiencia similar, en los primeros instrumentos locales de este tipo en la República Argentina.

El régimen municipal de la avanzada carta magna de 1921 (capítulo VII) se extendía desde el artículo 138 hasta el 159 -nótese su importancia- y preveía, de manera sabia, tres categorías de municipios. A nuestro entender el artículo clave era el 142, que marcaba las atribuciones comunes y fundantes de todos los municipios.

Todos los servicios públicos indispensables, necesarios o simplemente útiles para la vida de los habitantes, "para su mayor comodidad, salud, higiene, moralidad y bienestar, para el desenvolvimiento, belleza y progreso de la ciudad", correspondían "en principio al Gobierno Municipal" y podían ser atendidos: exclusivamente por la Municipalidad; por particulares o empresas privadas de conformidad con los contratos o concesiones que la Municipalidad acuerde; por la Municipalidad o por empresas privadas o particulares concurrentemente y por empresas mixtas en las cuales sean partícipes la municipalidad y los particulares (artículo 110).

Como novedad, se creaba una Junta Electoral Municipal con la facultad de organizar los comicios locales, confeccionar el padrón e inscribir a "extranjeros y mujeres". Ahora bien, para dictar la carta orgánica de 1933, como no podía ser de ninguna otra manera, fue convocada una convención y fueron elegidos los convencionales municipales, destacándose en la ciudad del sur provincial –entre otros- los doctores en derecho Mario Antelo, José Araya, Antonio Reynares Solari, Roberto Siquot, Emilio Solari, Fermín Spagnolo y Enrique Thedy.

No es posible realizar el ideal autonómico, conforme lo ha delineado la Constitución Nacional, de la forma en que se pretende en la ley que declaró la necesidad de reforma local. Incluso ya se ha exigido a la provincia, en reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se convoque a una asamblea constituyente municipal, donde los convencionales deban ser electos a tal fin y deliberen para lograr la mejor hoja de ruta local.

Ese gran jurista que fue Carlos Santiago Nino (1943-1993), sostenía: "(…) Existen dos posiciones básicas que se dan respecto de la concepción de la Política y fundamentalmente de la Política democrática. Dos concepciones que voy a llamar rápidamente, y esto también es muy discutido, 'pluralismo' por un lado y una concepción digamos 'deliberativa' por el otro lado, como dos concepciones de la Política" (Revista Doxa, Nº 14, año 1993).

En definitiva, lo que puntualmente recordamos es que en 1933 se realizó un proceso constituyente autonómico municipal serio, y como debe ser, como corresponde en una democracia deliberativa. No como lo prevé erróneamente el artículo 3 de la ley provincial 14384, declarativa de la necesidad de reforma, que distorsiona a nuestro entender el proceso fundacional local.

Atentos a lo anteriormente descripto, hacemos votos para que, en el seno de la actual Convención Provincial los convencionales, de manera consensuada, enmienden el error señalado y el proceso constituyente municipal se desarrolle, democráticamente y conforme a Derecho. Los municipios deben contar con el derecho y la responsabilidad de darse a sí mismos, mediante convenciones elegidas a tal fin por su pueblo, las reglas de su vida institucional.

De sólida fundamentación normativa y argumentativa, Carlos Santiago Nino fue un destacado abogado, sociólogo, escritor, docente, filósofo y jurista argentino, uno de los que alcanzó mayor notoriedad académica a nivel internacional en la segunda mitad del siglo XX. Experto en ciencias jurídicas y en derecho penal, fue ampliamente reconocido por sus trabajos en disciplinas como Ética y Moral, Filosofía del Derecho y Filosofía Política, así como por ser un gran defensor de los derechos humanos y de la democracia deliberativa.

(*) Abogados constitucionalistas y docentes universitarios.

(Por Pablo Benito) - La política profesional santafesina debería, sin pudores, reconocer que la verdadera intención y la “grieta ideológica” que separa a propios y extraños en relación con la reforma constitucional es la reelección del gobernador en funciones, el resto sobra si no se toma conciencia del significado de un debate que tiene, como objeto, las próximas décadas, las futuras generaciones.

Lo es hoy con Pullaro, lo fue con Lifschitz, Reutemann, u Obeid y, de no lograrse la modificación, lo será en los próximos intentos.

Pues bien, que no sea “solo eso” es responsabilidad de los actores sociales que están por fuera de la rosca política. Para ser más claros es la hora de las Organizaciones No Gubernamentales para imprimir contenido a la Constitución y exigir espacio para democratizar la Convención Constituyente.

La Cámara Alta provincial le dio sanción definitiva a la necesidad de reforma.

Existen motivos suficientes para defender y fundamentar la necesidad institucional de ampliar la reelección de un gobernador por un período más, y sincronizar nuestra Constitución provincial con la nacional, las municipales y las de las naciones más avanzadas del mundo.

No es necesario recurrir al argumento del derecho comparado para justificar la necesidad de repetir el mandato. Hoy, la vertiginosidad de los cambios sociales y culturales es una razón aún más fuerte para sostener que cualquier proyecto político estratégico de gobierno, enfocado en una reforma y modernización del Estado, necesita más de cuatro años para gestar siquiera un embrión de una posible y necesaria modificación estructural.

Incluso debe reconocerse que los intereses de "casta" que maneja la lógica del Estado afectan la gobernabilidad en los exiguos cuatro años de gestión.

Quien ha pasado por el ámbito de cualquier gobierno sabe que el último año de gestión debilita enormemente el poder del Gobernador, y comienzan las operaciones internas en la administración pública: se bloquean expedientes y se boicotean gestiones

Puede reconocerse, o no, pero esa es la realidad que debe enfrentar un gobernador para que su mandato dure cuatro años y no tres. Cada período que termina con el festival de nombramientos es un mal endémico del Poder Ejecutivo y Legislativo.

Desperdiciar energías, recursos, chicanas y operaciones de prensa de poca monta sobre el asunto de la “reelección de Pullaro y su intención” es subestimar la inteligencia de la voluntad popular.

Sí, Maximiliano Pullaro y su entorno impulsan la reforma constitucional para tener la posibilidad de ser reelegidos hasta 2031. ¿Cuál sería el problema de sincerar algo tan real como necesario?

También el “Pacto de Olivos” entre Alfonsín y Menem tenía como objetivo la continuidad del riojano. Menem necesitaba cuatro años más, y Alfonsín, como estadista y en edad de merecer el bronce, impuso una serie de transformaciones que modernizaron la institucionalidad argentina, colocando la Constitución de 1994 como una carta magna avanzada en el mundo. Esta herramienta queda como reserva para ser utilizada cuando nuestro país vuelva a ser conducido por dirigentes con un nivel intelectual superior al promedio.

Con Boleta Única de Papel se elegirán a los convencionales. Crédito: Manuel Fabatía

El tiempo es limitado, incluso por la urgencia reelectoral que señalamos. La sociedad santafesina se enfrenta a un dilema: resolver rápidamente la discusión sobre la reelección y centrarse en intensificar el debate sobre los derechos de cuarta y hasta quinta generación, anticipando un futuro que “ya llegó” y manteniendo una visión hipotética de un conflicto mundial de larga duración, en el que Santa Fe podría ser un destino para inmigrantes de mediano o alto poder adquisitivo.

Si las mezquindades nos lo permiten, aquí también se trata de que los partidos políticos asuman su falta de representatividad real, lo que hoy lleva a Milei como corolario, y den lugar a los mejores en cada disciplina que el progreso social necesita darle rango constitucional y seguridad jurídica.

Hablamos de inteligencia artificial, granjas crypto, teletrabajo para sumar a los mejores del país y de la región, y cambiar la meta horaria hacia la productividad, rediscutir la investigación penal y el control republicano, entre otros.

Los partidos políticos, administrativamente aptos para participar en la elección de convencionales constituyentes, deben ser el instrumento para garantizar que éstos sean los mejores en su disciplina, convocándolos a la hazaña y retirando el cepo ideologizado de la obediencia debida o la garantía de la voluntad popular de “caras”.

La reelección como reforma es un hecho. La reelección del actual gobernador también. Lo que queda por definir es si será solo eso, una puesta en escena de que hay “algo más”, o el aprovechamiento de una oportunidad histórica para constituir las bases de una provincia que, como lo fue históricamente, sea la cuna de la República, replique y honre a los convencionales de 1962, quienes llevaron la modernidad de su época a la Constitución, la cual, 62 años después, sigue dando que hablar por su impecable redacción.

Civilización o pereza sería la consigna.

En declaraciones a la prensa, el presidente del Partido Justicialista de Santa Fe, Guillermo Cornaglia, indicó que el "el voto de los legisladores del PJ debe ser negativo hasta tanto seamos institucionalmente invitados a dialogar y a trabajar en conjunto". Dejó entrever que habrá expulsiones o sanciones internas para quienes no sigan esa indicación e informó que fue rechazada la moción que llevó el sector que encabeza Omar Perotti de dejar a los legisladores peronistas en "libertad de acción".

El ex senador se expresó así, luego de la reunión que mantuvieron en la sede partidaria de Calle Crespo los integrantes de su Mesa de Conducción. Aseguró que "hoy la urgencia del Partido Justicialista está enfocada en los problemas de seguridad, ustedes saben todo lo que ha sucedido en este tema y de los problemas en cuanto a desarrollo social y a las necesidades de la sociedad de la gente, o los medicamentos", enumeró.

"Hoy creo que la urgencia del Gobierno provincial tiene que estar enfocada en esas cuestiones que realmente preocupan y, en demasía, a la ciudadanía santafesina", sostuvo y comparó con el debate en torno a la eventual sanción de una ley que declare la necesidad de una reforma parcial de la Carta Magna santafesina: "eso no es de urgencia", afirmó.

Guillermo Cornaglia, presidente del Partido Justicialista de Santa Fe. Crédito: Mauricio Garín

Más adelante, cuando una periodista le preguntó si sus expresiones deben ser interpretadas como una orden de votar en contra de una eventual habilitación del tema en extraordinarias, Cornaglia lo confirmó: "totalmente claro".

Respecto de qué sucederá con los legisladores que no obedezcan a la posición partidaria, Cornaglia advirtió que de suceder algo así "el PJ volverá a reunirse y tomará la decisión orgánica, como partido, de modo institucional, de qué hacer o qué resolución tomar con aquellos legisladores que no acaten el mandato". Expresó que esa posición fue adoptada hace una semana por la Mesa de Acción Política en la que "no solo que estaban todos los partidos que conforman el Frente Unidos junto al Partido Justicialista, sino que además participaron todos los legisladores nacionales, provinciales, e inclusive cada uno de los secretarios generales de las 19 departamentales".

Ante otra pregunta, confirmó que Juan Manuel Pusineri, del sector encabezado por Perotti, "marcó su postura de pedir la 'libertad de acción' de los legisladores", ratificó y de inmediato aclaró que fue la única posición en esa dirección: "el partido en su mayoría, casi por unanimidad, salvo esa posición, marcó la necesidad de que haya un pensamiento, una idea y una dirección" por la negativa en la Legislatura, respecto de una eventual reforma.

Recordó que el Partido Justicialista "fue el más votado después del oficialismo y por lo tanto no debemos desoír todas esas voluntades, que en su momento creyeron en el PJ".

Cuando se le recordó la histórica posición reformista del justicialismo en Santa Fe, Cornaglia la ratificó y reiteró: "seguimos en lo que venimos diciendo desde el primer día; no decimos que no a la reforma, pero pedimos tiempo para estudiar qué es lo que queremos reformar… Da la impresión que solo se pretende reformar desde el Poder Ejecutivo o el gobernador es solamente la reelección", apuntó.

"Si hoy nos preguntan qué tema de interés tiene hoy esta reforma, la respuesta es ninguno, solamente interesa esto", aseguró.

Cornaglia confirmó que Walter Agosto, también presente en la reunión, votó al igual que la mayoría de los presentes, por la instrucción de que los legisladores peronistas se opongan a un proyecto de reforma, sin que antes sea convocado el PJ de manera institucional. Como se recordará, el ex ministro de Economía había votado en contra de una resolución de la Cámara de Diputados, que pide al gobernador Maximiliano Pullaro que habilite en el temario de las sesiones extraordinarias los diez proyectos presentados en la Legislatura para modificar la Constitución de Santa Fe.

"Seguramente", respondió Cornaglia cuando una cronista le preguntó si se estudiará expulsar a los diputados del justicialismo que no sigan "el mandato del partido". Ante otra consulta, replicó: "yo no voy a hablar de traiciones, nosotros hemos sido siempre orgánicos y el Partido Justicialista siempre dio muestras de organicidad en ese sentido y les voy a citar un ejemplo: cuando hemos sido gobierno desde el Partido Justicialista en la provincia de Santa Fe habiendo tenido los dos tercios, nunca se hizo, ni se impulsó una reforma, sin consulta y sin acuerdo consensuado con el resto de los partidos políticos... hoy eso no se está haciendo y por la historia del Partido Justicialista queremos que se nos respete institucionalmente, a los demás partidos y a nuestros propios legisladores con más razón", insistió.

(Por Gustavo Ocampo y Marcelo Zentner) - Se cumplen 30 años de la última reforma constitucional. De mayo a agosto de 1994, el arco político argentino discutió y finalmente aprobó cambios en la Carta Magna. Nuevos derechos, garantías, mandatos presidenciales, la Jefatura de Gabinete y el reconocimiento de los tratados internacionales fueron algunos de los principales temas debatidos.

El escenario fue el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral de la ciudad de Santa Fe y el recuerdo de aquellos tiempos está más vivo que nunca. Así lo reflejan dos de los mozos que trabajaron por aquel entonces en la Convención que charlaron con El Litoral y contaron cuestiones poco conocidas.

Miguel Benavidez comentó que por ese entonces trabajaba en el sector de limpieza, pero hubo un problema con uno de los mozos y lo eligieron a él por su experiencia en servir con bandeja.

—¿Qué es lo primero que se te viene a la mente de la Convención?

— No tenía ni saco ni corbata, así que tuve que comprarme. Temblaba, tenía un miedo bárbaro con gente que sólo la miraba por televisión y tenerlos cerquita fue una experiencia rara. Hasta que nos fuimos acostumbrando con otros mozos. Fueron momentos únicos. Recuerdo que estaba por nacer mi hija y no podía dejar el trabajo, empezaba la sesión y hasta el otro día a las 6 me tenía que quedar. Mi señora me quería matar, “¿a dónde te quedaste?”, nadie me creía que estaba trabajando.

— ¿Cómo era el vínculo con los políticos?

— Me acuerdo, por ejemplo, cuando llegaba Aldo Rico y nadie lo miraba. Parecía el dueño de todo. Otra anécdota que se me viene a la mente fue cuando “Chacho” Álvarez llegó hasta la cocina y nos dijo “¿muchachos me puedo tomar un café?” y se sentó a charlar con nosotros. Después nos reconoció que era para que no le escupiésemos la taza.

Después estaba Raúl Alfonsín, que tenía su oficina en el primer piso. Se arrimaba y te decía “cuando tengas un tiempito, me traes un café”. Era un señor, lástima no haber podido sacarme una foto con él. Mucho respeto hacia él, una persona única. Muy educado. Había otros que nos gritaban ‘traeme whisky’ y no podíamos.

—¿Te acordás de algo insólito que haya ocurrido?

— Un día salgo con la bandeja por el pasillo y estaba la policía. Nos tiramos todos al suelo. Resultó que había un maletín en la galería y lo hicieron explotar porque pensaban que tenía explosivos. Pero no, era de alguien que se lo había olvidado. Volaron los papeles.

Los hijos de Menem nos visitaban también en la cocina. Me acuerdo de “Lule”, que decía que no estaba en la política, pero manejaba todo. Adrián me prestó un saco para la foto con el presidente de la Convención. Nos peleábamos porque ellos son de River y yo de Boca. Eso fue lo único, el trato siempre fue buenísimo. Con Eduardo Menem casi no teníamos contacto. Sí me acuerdo de que le llevábamos agua caliente y tenía hojitas de coca. Tomaba té de coca a la tarde, esa era su costumbre.

Otra anécdota con el presidente de la Convención fue que nos pidieron chocolate dietético y yo ni sabía que existía. Así que le preguntamos a un quiosquero de la zona y lo compraba. También me acuerdo de que Menem pedía palmitos y otras cosas que no se conseguían en Santa Fe.

Otro de los mozos entrevistados por El Litoral fue Raúl Mansilla, quien comentó que primero las tareas fueron destinadas a acomodar el mobiliario y dejar todo preparado para las sesiones. “Yo tenía experiencia como mozo, empecé en la profesión en el ‘81, por eso me eligieron. Vinieron del Senado de la Nación a corroborar cómo era el plantel que le asignaron al presidente”, reveló.

— ¿Cómo era el trabajo?

— El trabajo se dividía en dos partes. Por un lado, presidencia y vicepresidencia del lado donde está el Rectorado y por otro, se asistía a los convencionales. Había figuras como Alfonsín, Jaroslavsky, Yoma, Palito Ortega y otros.

La Convención nos permitió conocer a los mayores distintivos de la política de la época. Estaban todos. No faltó nadie. Hasta los Kirchner estaban. Pasan los años y uno tiene el recuerdo pero en estas épocas afloran esas memorias.

Se convivió con mucha gente. Se aprendió mucho. Después están los temas políticos de aquel entonces pero nosotros no tenemos nada que ver. Nuestro aporte era hacer servicio.

El Congreso Chileno firmó un acuerdo para redactar una nueva Constitución, tres meses después de que la ciudadanía rechazó en un plebiscito una anterior propuesta de Carta Magna.

El proceso estará a cargo de un Consejo Constitucional de 50 miembros elegidos por voto popular que tendrán por único objeto discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución y una Comisión Experta designada por el Congreso.

La Comisión Experta, que comenzaría a funcionar en enero del próximo año deberá presentar un anteproyecto al Consejo Constitucional, que será votado en abril de 2023, para instalarse el 21 de mayo y entregar el proyecto final el 21 de octubre del mismo año.

El 26 de noviembre o el 1 de diciembre se realizará un plebiscito de salida obligatorio en el que se decidirá si se ratifica o no el proyecto de Carta Magna, agrega el texto del acuerdo, alcanzado anoche después de más de tres meses de negociaciones.

El Consejo Constitucional deberá ser paritario y tendrá representación de los pueblos indígenas en escaños reservados que serán asignados en base a la cantidad de votos recibidos, dándole al Consejo un número mayor a los 50 consejeros antes mencionados.

Las fechas dependerán de la celeridad con que se apruebe dicho acuerdo en el Congreso, ya que necesita de una reforma constitucional con un quórum de cuatro séptimos para ser aprobada.

Este nuevo proceso nace después del plebiscito del 4 de septiembre pasado, en el que un 62% rechazó una anterior propuesta de nueva Constitución que buscaba reemplazar a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.

El proyecto deberá incluir 12 puntos que conformarán las “bases constitucionales”, a diferencia del anterior que inició desde cero.

Entre estos puntos destacan el reconocer a Chile como una “República democrática, cuya soberanía reside en el pueblo”, reconocer “a los pueblos indígenas”, reconocer los tres poderes del Estado: “Ejecutivo, Judicial y legislativo Bicameral”, entre otros.