El ex ministro de Seguridad de Santa Fe y ex director del Organismo de Inteligencia, Marcelo Sain, aseguró que “Santa Fe vive “una situación oprobiosa” y “políticamente complicada” por la investigación judicial por espionaje en su contra.

El ahora asesor del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo del ministro Aníbal Fernández, formuló declaraciones en la porteña Radio 1o y repitió los argumentos de su presentación judicial ante la investigación al considerar ilegales los allanamientos sobre las oficinas del gobierno santafesino en Santa Fe y Rosario.

Advirtió que la documentación secuestrada corresponde a la oficina que “ejercía el control policial, Asuntos Internos” y aseguró que “se llevaron expedientes que comprometían a sectores policiales”.

Subrayó que ese procedimiento fue “de manera absolutamente irregular, sin orden judicial y sin testigos”, aunque los fiscales dijeron que en esa condición quedaron empleados del Ministerio de Seguridad.

Destacó que se trata de una oficina ubicada “a 20 metros” del despacho del ministro y se preguntó cómo es que pudo su sucesor haber convivido con eso desde que presentó su renuncia y asumió Jorge Lagna.

Reiteró, como en su presentación judicial, que el acta de secuestro dice “carpetas varias” y atribuyó ese procedimiento a una maniobra en su contra en la que involucró a “sectores judiciales” y del Ministerio Público de la Acusación, que integraba.

Sain recordó que fue el fiscal general Jorge Baclini, además de los fiscales de la causa, fue quien en una entrevista avaló que se la caratule el caso como de “violación a la Ley Nacional Inteligencia” y agregó: “Si es así es federal” la competencia.

Ante una pregunta sobre si hizo o no espionaje y si tenía “carpetas”, respondió: “Bajo ningún punto de vista. Siempre hicimos investigaciones dentro del marco de las causas judiciales”. Y admitió que no solo se actuaba con órdenes judiciales de jueces y fiscales, ya que “el misterio contribuía mucho con el Organismo de Investigaciones”, al que no había renunciado siendo ministro (solo estaba de licencia). De todos modos, subrayó que siempre se actuó “en el marco de investigaciones judiciales” desde el Poder Ejecutivo.

En un momento de la entrevista con el periodista Pablo Duggan, expresó: “Se habló en la prensa de que había carpetas con información… ¡¿sobre periodistas?! ¡¿sobre empresarios?!, porque fue un gran lawfare, lo desmiento rotundamente”.

Además, “yo me fui hace ocho meses del ministerio y si yo hubiera hecho algo así, si hubiera formado toda una estructura de inteligencia en el Ministerio, ¿la hubiera dejado en una oficina que está a 20 metros del despacho del ministro? ¿Y el ministro convivió con todo eso hace 6,7,8 meses? Es una locura. Hace un año que vienen diciendo que yo hago operaciones de inteligencia, esa es la acusación que me hace (el senador provincial Armando) Traferri”.

“No tengo palabras para decir lo que está pasando en Santa Fe, es algo extremadamente oprobioso y complicado desde el punto de vista político. Y yo creo que el objetivo no soy yo, es el gobernador. En Santa Fe está en ciernes un golpe blando”, advirtió. Luego mencionó a “sectores del peronismo liderados por Traferri” junto con “el Frente Progresista y el radicalismo”.

De inmediato, coincidió con una afirmación del periodista en el sentido de que el titular del Poder Ejecutivo Provincial de Santa Fe “está a merced” de la oposición en la Legislatura y agregó: “hay un bloque de un sector del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Acusación y la prensa… Porque todo esto que se ha dicho… Dijeron que tenía ¡mil carpetas de inteligencia!, ni que fuera yo la KGB”, bramó. “Fuimos contundentes pensando en que podíamos doblegar estas cuestiones: Los Monos son la cara más rústica del narcotráfico, pero de lo que se trata es de las complicidades” de otras estructuras y mencionó sectores políticos y empresarios sin dar mayores precisiones que, según su visión, lavan dinero de ese origen.

Por Ivana Fux (El Litoral)

No ha habido desde el viernes voceros del gobierno provincial que se refiriesen públicamente a los allanamientos realizados en el Ministerio de Seguridad por supuesto espionaje durante la gestión de Marcelo Sain. Tampoco han hablado los fiscales que llevan adelante la investigación. El fin de semana se consumió entre conversaciones que permitiesen rearmar un nuevo gabinete de Seguridad; y reuniones con la plana mayor de la policía. Omar Perotti permanecía en Rosario, donde se esperaban avances para definir los nombres de al menos algunos de los reemplazantes de los doce funcionarios heredados de Sain, y que dieron un portazo en simultáneo con los procedimientos registrados en las sedes ministeriales de Rosario y Santa Fe. De todos modos, según pudo saber El Litoral, los anuncios llegarían sólo una vez que la Casa Gris haya culminado una ronda de diálogo que ya se inició con la Justicia Federal, y continuará esta semana con legisladores e intendentes.

En el seno del Poder Ejecutivo conviven diferentes hipótesis o versiones sobre lo sucedido. Hay quienes ven en los hechos del viernes, una suerte de actitud conspirativa de actores de la oposición que sólo quieren mellar la imagen del gobernador, y azuzan hasta con un posible juicio político a Perotti. Otros sostienen, en cambio, que la decisión de todo el gobierno provincial será la de ponerse a disposición de la Justicia, y no obstruir ninguna tarea pericial que tengan por delante los fiscales. Sí todos coinciden en sostener que desconocen el tenor real de la documentación que los fiscales lograron secuestrar el viernes.

Mientras tanto, sigue en pie la convocatoria que ya había formalizado la semana pasada el Poder Ejecutivo para los presidentes de bloques de la Cámara de Diputados. Son los titulares de las 17 bancadas, en su gran mayoría, de la oposición. También concurrirá el presidente del cuerpo Pablo Farías; la vicegobernadora y titular del Senado, Alejandra Rodenas, y su presidente provisional, Rubén Pirola.

La convocatoria se amplió a los presidentes de las comisiones de Seguridad de ambas Cámaras. Así, fueron invitados el diputado Juan Cruz Cándido y el senador Rodrigo Borla. Asimismo, fueron convocados los intendentes de las principales ciudades; Emilio Jatón de Santa Fe y Pablo Javkin de Rosario.

El encuentro comenzó a gestarse la semana pasada, tras las balaceras contra dos locales gastronómicos rosarinos. La oposición celebró que finalmente se tendiese un puente para promover el diálogo; había sido ése uno de los principales reclamos y planteos en los casi dos años de gestión provincial. Los ejes iniciales del temario tenían que ver con los índices de inseguridad y violencia que van in crescendo. El tema será ineludible, pero también lo será la inusitada situación institucional generada en la provincia a partir de los allanamientos del viernes. En tal sentido, la oposición espera escuchar de boca del gobernador cuál es su posicionamiento frente a los hechos. “Lamentablemente, esta reunión llega casi dos años tarde pero además, llega en el peor momento porque a la crisis de violencia se suma la institucional que se vive en Santa Fe tras la renuncia masiva en el Ministerio de Seguridad y los allanamientos por presunta inteligencia ilegal. Necesitamos que el gobernador y su gestión hagan una presentación pública poniéndose a disposición de la justicia y aportando todos los datos que tengan para apoyar y fortalecer el trabajo y las investigaciones del MPA”, dijo el diputado socialista Joaquín Blanco a El Litoral. “Hemos retrocedido dos años en esta materia; necesitamos certezas”, reclamó.