El 31 de julio dará inicio el juicio contra el policía de Seguridad Vial, Iván Leguizamón (31), acusado de matar de un disparo en la cabeza a su ex pareja de Villa Cañás, Claudia Lorena González (29), el 18 de septiembre en Ruta Provincial 90 a escasos kilómetros de la localidad de Elortondo.

Por el violento hecho fueron condenados en juicio abreviados otros dos policías que ese día se movilizaban junto al femicida en el mismo patrullero y no hicieron nada para evitar que se produzca el ataque contra la víctima y un hombre que la acompañaba en el auto, quien pudo salvar su vida de milagro. 

Julián Cochero es el fiscal que llevó adelante la investigación por el Ministerio Público de la Acusación, y dejó en claro que solicitó la prisión perpetua para el imputado.

Al mismo tiempo, indicó a Sur24 que entre los testigos que ofrecerá, fueron citados los dos agentes que presenciaron el brutal hecho.

Historia del caso

El femicidio de González fue cometido minutos antes del mediodía del sábado 18 de septiembre de 2021. "El acusado y otros dos policías circulaban por la ruta provincial número 90 desde Elortondo a Chapuy en un patrullero de la Policía de Seguridad Vial de la provincia, cuando vieron que en sentido contrario se trasladaba un automóvil en el que iba su expareja y un hombre", detalló el fiscal en el escrito acusatorio.

Cochero precisó que "al advertir quiénes iban en el vehículo, los policías cambiaron el sentido de circulación y comenzaron una persecución –con señas de luces, baliza y sirena encendidas–, hasta que a unos tres kilómetros de Elortondo, los policías cruzaron el patrullero, y el automóvil tuvo que detenerse en la banquina".

"Leguizamón se bajó del móvil oficial, se acercó a la ventanilla del otro auto, le pidió al conductor que descendiera y luego le disparó con el arma reglamentaria en la cabeza a su expareja, ataque que le produjo la muerte de forma inmediata", narró el fiscal.

Cochero indicó que, "inmediatamente después de matar a la mujer, el policía acusado también quiso dispararle con el arma reglamentaria al hombre que estaba con ella". En tal sentido, aclaró que "no consiguió su objetivo porque el arma se encasquilló, razón por la cual comenzaron a pelear y el hombre logró sacarle el arma al acusado, quien luego intentó quitarle la vida ahorcándolo ante la inacción de los otros dos policías".

Calificación penal

En relación a la muerte de González, el fiscal Cochero le atribuyó al policía la autoría de "femicidio, también agravado por la relación de pareja y por abuso de la función de fuerzas de seguridad". Por el ataque al hombre que estaba con la mujer, le endilgó la autoría de "tentativa de homicidio agravado por abuso de la función de las fuerzas de seguridad".

Otros policías acusados

Los otros dos policías que iban en el patrullero junto a Leguizamón son Jonatan Rojo (29) y Mario Aguero (26). El fiscal Cochero les atribuyó no haber actuado ante los ataques que cometió su compañero.

"No cumplieron el artículo 25 de la ley provincial número 12.521, en el que se establece el deber del personal policial de defender contra las vías de hecho o riesgo inminente, la vida, la libertad, la propiedad y la integridad de los derechos de los habitantes", planteó el funcionario del MPA.

Por esto, les atribuyó la autoría del delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público". Finalmente, ambos reconocieron la responsabilidad en un jucio abreviado en el cual fueron condenados a una pena de ejecución condicional e inhabilitación por cuatro años para ejercer cargos públicos. 

En la mañana de este lunes en la localidad de Melincué se conoció la sentencia condenatoria a 14 años de prisión en el marco del juicio oral y público contra Enzo Juárez, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Firmat, acusado de abuso sexual con acceso carnal contra una empleada que prestaba servicios en la sede gremial durante los años 2016 y 2017. Al mismo tiempo se definió la prisión preventiva ordinaria en la Alcaidía departamental, independientemente de las etapas apelatorias con las que contará la defensa del dirigente gremial.

La denuncia fue radicada en el año 2020 por Daniela S. La investigación la inició el fiscal Matías Merlo, y posteriormente pasó a manos de Julián Cochero, que en los alegatos de clausura había solicitado una condena de 14 años. En tanto, la abogada querellante, Carolina Walker Torres, en su momento pidió 20 años de cárcel. Mientras que el abogado defensor, solicitó la absolución del gremialista.

La sentencia la dieron a conocer en la mañana de este lunes 5 de junio desde el Tribunal integrado por Mariana Vidal, Leandro Martín y Paula Borrello.

Historia de los acontecimientos

Daniela S. radicó la denuncia a comienzos del año 2020, la cual se visibilizó producto de una manifestación llevada adelante por una agrupación feminista frente a la sede del Sindicato.

Más tarde se realizó la imputación contra Juárez. Y posteriormente en el mes de noviembre de ese mismo año la denunciante realizó una ampliación de su relato.

En ese momento fue Matías Merlo, quien dio inicio a la investigación y el caso fue caratulado como “abuso sexual con acceso carnal y acoso laboral”.

Luego se realizaron informes psicológicos, entrevistas con el personal del Sindicato, historias clínicas de la víctima por diferentes circunstancias que fue padeciendo y entrevistas con su círculo cercano.

El 5 de junio se conocerá la sentencia del juicio contra Enzo Juárez

Una vez finalizada la investigación se concretó la requisitoria de elevación a juicio por el delito de “abuso sexual agravado con acceso carnal y por daño físico”.

Cierre de una etapa

El caso se había instalado nuevamente en la agenda mediática desde que comenzó el juicio en el mes de mayo. Finalmente, en la mañana de este lunes el Tribunal dio a conocer la sentencia a 14 años, la prisión preventiva ordinaria y al mismo tiempo informó el fundamento del fallo.

Ahora, tal cual lo había adelantado el abogado del sindicalista, Franco Gardali, concurrirán a la Cámara de Apelaciones con el objetivo de revertir la condena.

En próximo 5 de junio se conocerá la sentencia absolutoria o condenatoria en el marco del juicio oral y público en el que estuvo sentado en el banquillo de los acusados Enzo Juárez, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Firmat, sindicado como autor de un abuso sexual con acceso carnal contra una empleada que prestaba servicios en la sede gremial durante los años 2016 y 2017.

La denuncia fue radicada en el año 2020 por Daniela S. La investigación la inició el fiscal Matías Merlo, y posteriormente pasó a manos de Julián Cochero, que en los alegatos de clausura que se realizaron el último lunes solicitó una condena de 14 años. En tanto, la abogada querellante, Carolina Walker Torres, pidió 20 años de cárcel. Mientras que el abogado defensor, solicitó la absolución de su defendido.

La sentencia la darán a conocer en las próximas horas desde el Tribunal integrado por Mariana Vidal, Leandro Martín y Paula Borrello.

Enzo Juárez, acusado de abuso sexual con acceso carnal.

Historia de los acontecimientos

Daniela S. radicó la denuncia a comienzos del año 2020, la cual se visibilizó producto de una manifestación llevada adelante por una agrupación feminista frente a la sede del Sindicato.

Más tarde se realizó la imputación contra Juárez. Y posteriormente en el mes de noviembre la denunciante realizó una ampliación de su relato.

Carolina Walker Torres es la abogada que defiende a Daniela y se presentaron como querellantes.

En ese momento fue Matías Merlo, quien dio inicio a la investigación y el caso fue caratulado como “abuso sexual con acceso carnal y acoso laboral”.

Luego se realizaron informes psicológicos, entrevistas con el personal del Sindicato, historias clínicas de la víctima por diferentes circunstancias que fue padeciendo y entrevistas con su círculo cercano.

Una vez finalizada la investigación se concretó la requisitoria de elevación a juicio por el delito de “abuso sexual agravado con acceso carnal y por daño físico”.

Comenzó el juicio contra un sindicalista de Firmat acusado de abuso sexual

Palabra del fiscal

Julián Cochero manifestó que “hicimos los alegatos de clausura y volvimos a solicitar una condena de 14 años de prisión. Ahora será el turno de los jueces de hablar a través de la sentencia. Pero nosotros además solicitamos la prisión preventiva, la que será resuelta en el momento de informarse la sentencia. Se trata de un fallo en primera instancia, después hay una vía recursiva que se puede seguir”.

Posición de la querella

Daniela se presentó como querellante en el juicio. Carolina Walker Torres es su abogada, quien tras finalizar los alegatos sostuvo que “nosotros consideramos que se encuentra totalmente acreditado el hecho que denunció la víctima. Las pruebas son contundentes para la pena que hemos solicitado, por encima de lo que pidió la fiscalía. Por un lado, por el grave daño a la salud y por otro, por todas las consecuencias sociales y familiares que ha tenido”.

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La letrada descartó la hipótesis de una cuestión política-gremial, diciendo que “es algo que han manifestado desde un primer momento, pero no lo han podido acreditar. No basta con mencionar la teoría, sino tienen que comprobar lo que dicen, y es algo que no ha ocurrido. En ningún momento han podido probar que ella participara de alguna interna. Sino que pasó todo lo contrario: es una mujer que se quedó sin trabajo en el gremio y en la municipalidad”.

Por último, sostuvo que “lo importante del alegato es que además de la pena, la que será seguramente condenatoria, hemos solicitado la prisión preventiva. Es decir, que por más que la sentencia no esté firme, ese mismo día quede en prisión domiciliaria”.

Abogado defensor

Enzo Juárez lleva más de 27 años al frente del Sindicato de Municipales. Cuando surgió la primera denuncia expresó en una conferencia de prensa que todo era producto de una interna gremial. Y lo relacionó con cuestiones electorales.

Grave denuncia de abuso sexual contra un niño en Sancti Spiritu

Posteriormente evitó seguir expresándose sobre el caso en los medios de comunicación.

En tanto, su representante legal sostuvo que “pedimos la absolución, y ahora hay que esperar la sentencia. Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias legales. Estamos en una primera instancia, y si es necesario apelaremos, o incluso llegaremos hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Lo cierto es que “nosotros estamos convencidos de la inocencia de Enzo, y que esta denuncia surge de un entramado político, de baja política, de mala política. Estamos ante una interna gremial donde la oposición utilizó a una persona buena con un discurso que no es verdadero”, finalizó Franco Gardali.

NOTA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA DE SUR24 DE LUNES 29/05/23

En la mañana de este martes comenzó el Juicio Oral y Público en el cual Enzo Juárez, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Firmat, es acusado de abuso sexual con acceso carnal contra una empleada que prestaba servicios en la sede gremial.

La denuncia fue radicada en el año 2020 por Daniela S. La investigación la inició el fiscal Matías Merlo, y posteriormente pasó a manos de Julián Cochero, quien está solicitando una condena de 14 años. En tanto, la abogada querellante, Carolina Walker Torres, pidió 20 años de cárcel. Mientras que el abogado defensor, solicitó la absolución de su defendido.

La sentencia se conocerá el próximo lunes, cuando la den a conocer desde el Tribunal integrado por Mariana Vidal, Leandro Martín y Paula Borrello.

Historia de los acontecimientos

Daniela S. radicó la denuncia a comienzos del año 2020, la cual se visibilizó producto de una manifestación llevada adelante por una agrupación feminista frente a la sede del Sindicato.

Más tarde se realizó la imputación contra Juárez. Y posteriormente en el mes de noviembre la denunciante realizó una ampliación de su relato.

Manifestantes frente a los tribunales de la localidad de Melincué solicitando que se haga justicia.

“Es una causa que se inicia en el año 2020, donde una persona que cumplía funciones en el sindicato comienza realizando una denuncia por Acoso Sexual y Laboral que venía padeciendo. Del desarrollo de la investigación y de diferentes evidencias que fuimos recolectando, podía verse que el hecho ocultada una situación más grave, en virtud del estado anímico y psicológico de la víctima”, detalló en se momento Matías Merlo en diálogo con Sur24.

Producto del desarrollo de la “investigación, se pudo corroborar (luego del proceso de develamiento) tras la ampliación de la denuncia, que había sido abusada sexualmente por el titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Firmat. Fuimos recolectando un sin número de evidencias que se sumaron a la causa”, agregó.

Matías Merlo, el fiscal que inicio la investigación en el año 2020.

Puntualmente, se realizaron informes psicológicos, entrevistas con el personal del Sindicato, historias clínicas de la víctima por diferentes circunstancias que fue padeciendo y entrevistas con su círculo cercano.

Una vez finalizada la investigación se concretó la requisitoria de elevación a juicio por el delito de “abuso sexual agravado con acceso carnal y por daño físico”.

Posición de la defensa

Enzo Juárez lleva más de 27 años al frente del Sindicato de Municipales. Cuando surgió la primera denuncia expresó en una conferencia de prensa que todo era producto de una interna gremial. Y lo relacionó con cuestiones electorales.

Tras el pedido de elevación a juicio realizado por Matías Merlo, desde este diario se entabló contacto con el acusado, quien sostuvo que no iba a realizar declaraciones.

Abusos

Según Matías Merlo, “el hecho que denuncia la víctima habría ocurrido entre el año 2017 y 2018. Pero ya venía padeciendo una situación previa de hostigamiento en ese período de tiempo, con situaciones de acoso laboral y sexual”.

Por último, sostuvo que “hubo todo un contexto de violencia contra la mujer, donde había circunstancias en la cual la víctima se sentía intimidada en su libertad sexual, con diferentes comentarios y actitudes que tenía”.

La joven de 17 años estuvo encarcelada por más de 500 días, acusada de ser partícipe del asesinato de su padre, un caso relevante en nuestra ciudad y por el que aún se pide justicia. La noticia de este miércoles 11 es que Milagros quedó absuelta y recupera la libertad, según informa su abogada Carolina Walker Torres, quien se especializa en casos con perspectiva de género.

“Nuestro equipo trabaja desde marzo en el caso de la joven. Si bien ésta es una excelente noticia seguiremos luchando para que Milagros obtenga la reparación que merece luego del trato que sufrió por jueces de menores y las irregularidades del MPA. Es hora que se aplique de verdad la perspectiva de género en toda la justicia de Santa Fe”, señalan desde el estudio que actuó en este emblemático caso para la ciudad.

“El fallo hace muchas consideraciones acerca de la falta de perspectiva de género y del juzgamiento estereotipado de Milagros”, considera la profesional quien también estuvo a cargo de la defensa del caso de femicidio en ruta 90.

Además remarcó que la investigación fue hecha “de manera irregular” y hubo “vulneraciones de derecho hacia Milagros realmente preocupantes”, algo que se destaca en el fallo como también “la responsabilidad del estado en el juzgamiento y en esta investigación tan deficiente”.

El tribunal compuesto por los jueces Andrea Fernández, Daniel Curik y Juan Pablo Lavini Rosset dictaron sentencia definitiva tras ser apelado el primer fallo de 2021 que endilgó el delito de “homicidio calificado por el vínculo, en calidad de coautoría material” por lo cual permanecía presa.

En la apelación, la fiscalía de Menores admitió no haberse capacitado con la Ley Micaela, de obligatoriedad para los tres poderes del Estado, y uno de los funcionarios no debatió sobre la falta de perspectiva de género en la sentencia impuesta que expuso la defensa de Milagros, compuesta por las doctoras Carolina Walker Torres, Rebecca Di Battista y Agustina Taboada.

“La Defensa habla de femicidio vinculado (por haber violencia de género del homicida hacia la joven imputada). No sé si traerlo al parámetro de que este hecho repercute en otro, pero la verdad que lo de vinculado en mi ‘expertise’ digamos, se relacionaba con lo de las sucesiones vinculadas. Era cuando muere una persona y el cónyuge muere, de esa persona, y tramitan las sucesiones ante el mismo juez. Esa palabra ‘vinculado’ la verdad que me sorprende. Y no obstante ello debo decir que acá Cazorla no es víctima, sino es responsable…”, manifestó el fiscal de Menores Fernando Palmolelli, por lo cual consideró correcto el fallo del Dr. Révori y pidió su confirmación. También rechazó los dichos de la defensa sobre el mal accionar de la fiscalía en la causa.

Con respecto a la falta de perspectiva de género planteada por las abogadas defensoras, la Fiscalía señaló: “de más está decir que estamos en el siglo XXI, todos nos adaptamos y tenemos una comprensión cabal de lo que significa”.

“Este fiscal -aseguró- no lo desconoce,lo que dice es que no se encuentra probado, y las evidencias contradicen, el miedo paralizante invocado… la voluntad existió… por eso pido la confirmación”, insistió.

“Con el tema de la perspectiva de género dejo abierta la posibilidad para que se investigue y que si realmente es así como dice la Defensa, tendrá los mecanismos para revertir esta situación en el futuro, planteando un recurso de revisión…”.

En este punto, las abogadas Walker Torres, Di Battista y Taboada criticaron la confirmación del fallo por parte de órgano judicial a cargo considerando que si es necesario seguir investigando es porque hay duda, y si hay duda no es posible sostener la condena. “Es inentendible que en la instancia de apelación el fiscal sostenga le se debe continuar la investigación”, cuestionaron.

Finalmente, tras las exposiciones de ambas partes, el tribunal dispuso:

“Analizados los agravios de la defensa, las respuestas de la Fiscalía, los antecedentes de la causa, el fallo recurrido, así como las normas aplicables al caso, adelanto que en mi criterio corresponde -y por ello propiciare al Acuerdo- hacer lugar parcialmente al recurso de apelación y absolver” a la joven venadense “por el beneficio de la duda, de acuerdo a las siguientes razones: “Como se advierte, a tenor de los agravios desarrollados por la defensa, se esgrimen pretensiones distintas, tales como declaración de inconstitucionalidad de todo el Código Procesal de Menores, la nulidad de todo lo actuado desde la primera declaración indagatoria y la revocación de la sentencia por incorrecta valoración de las pruebas de la causa.

A continuación, el juez admitió sobre el Código Procesal de Menores de la provincia que “no abrigo dudas acerca de una urgente e impostergable necesidad de reforma”.

Así como compartió las consideraciones críticas ya realizadas en la causa por el Dr. Tomás Orso “dejando en evidencia el inentendible atraso legislativo en la materia y exhortando a las autoridades constituidas de la Provincia de Santa Fe para que no se dilate más la mentada reforma”.

Para el acuerdo se tuvo en cuenta además la menor había sufrido hechos traumáticos, no solo relatados por ella sino en testimonios de terceros y que denunció a quien fuera su pareja, el imputado de cometer el asesinato de Osmar Cazorla (Alejandro R.) por lo que hicieron lugar a la declaración de haberse quedado “paralizada” en el momento del trágico hecho ocurrido en 2020 en Venado Tuerto.

Y rescataron, algo que la Walker Torres remarcó como importante en el fallo, que “al haberse restado toda importancia a las denuncias de la imputada, se cercenaron las posibilidades probatorias tendientes a su demostración y, con ello los caminos que eventualmente podían conducir a una solución distinta del caso”.

“Si no hubo investigación ¿cómo podría afirmarse que la imputada gozó de suficiente libertad o autodeterminación al momento del hecho?”, se preguntaron.

Marcando como condición necesaria para responder este interrogante “cumplir con una exhaustiva investigación. Insistiendo que “esa responsabilidad no recala excluyentemente en la defensa sino que también competía a las autoridades a cargo de la instrucción y acusación”.

Adolescente venadense que presenció el homicidio de su padre y terminó condenada 

El mediodía del 18 de diciembre de 2020 la pareja de Milagros le advirtió que apuñalaría a su papá, Osmar Cazorla, quien se oponía a la relación porque quería que su hija esperara hasta los 18 y que estuviera con alguien que “estudie y trabaje”. Bajo amenaza de que lo mismo le sucedería a su mamá y a su hermano, Milagros presenció el crimen. Paralizada por el miedo, intentó pedir ayuda como pudo. Las puertas de la casa estaban cerradas con llave, y frente a ella Romero forcejeaba y apuñalaba a su papá. Con cada estocada le recriminaba en voz alta comentarios que el hombre le había hecho. La adolescente golpeó la pared lindera con la casa de su vecina y más tarde le hizo señas a un vecino en busca de auxilio, sin éxito. Su pareja la obligó a limpiar la escena del crimen y asistirlo para bañarse y cambiarse de ropa, después le advirtió que no dijera nada. Ella cumplió y fue recién cuando se enteró que el asesino estaba detenido que logró vencer el miedo y comenzar a contar lo que había sucedido, pero “su relato nunca fue tenido en cuenta”. Hoy Milagros tiene 17 y estuvo más de 500 días presa en el Instituto de Asuntos Juveniles de Rosario, a 160 km. de su familia. Milagros y su ex preja fueron detenidos apenas unos días después del crimen. La joven prestó declaración indagatoria ante la fiscal extrapenal Silvina Casas el 23 de diciembre de 2020 -con la presencia de su madre y de la defensora general Gabriela del Castillo-, y contó todo lo acontecido el día del crimen, comenzando por aclarar: “Yo fui obligada y amenazada”. Cuando terminó le preguntaron qué sentía: “Que me pude desahogar, pero siento que ella me ve como que soy la cómplice, y no lo soy”. Una semana después, el 30 de diciembre, el juez de menores Javier Prado ordenó que Milagros permaneciera encarcelada en Rosario. A finales de marzo de 2021 Milagros solicitó volver a ser escuchada. La ampliación de indagatoria se hizo a través de zoom. Dijo que ya se había referido al hecho, pero no al contexto. Tras recibir apoyo psicológico, estaba preparada para hablar de su relación con Alejandro R. Manifestó que los primeros meses todo era “normal”, pero que después él comenzó a ser violento. Recordó el primer día que la amenazó: “Me dijo que si no hacía lo que él quería me iba a matar a mi papá, o a mi mamá, o a mi hermano”. La sometió física, psicológica y sexualmente, le exigía dinero y ella comenzó a trabajar vendiendo cosas para satisfacerlo. Se fue alejando de su familia y amigos, temerosa de lo que podría sucederles. Admitió que nunca quiso contarle a sus padres lo que ocurría por miedo a que Romero los matara y se lamentó “y sin haber hablado lo hizo, no le importó nada”.

A 48 horas de ocurrido el trágico femicidio en plena ruta 90, siguen apareciendo detalles y precisiones del momento fatídico que ocasionó la muerte de la joven cañaseña Claudia González (29). “Ahora sí estoy tranquilo”, habría dicho el policía de Seguridad Vial Iván L. (28) tras cometer el asesinato, según testimonios y declaraciones de los testigos presenciales, a sangre fría ya que “estaba tranquilo” antes de ultimar a su ex pareja, manifestó la abogada querellante, Carolina Walker Torres a Sur24.

Tanto el femicida como sus dos compañeros (Jonatan R. y Mario A.) fueron imputados este domingo por la tarde. A los tres policías, el fiscal Cochero les atribuyó los delitos de homicidio doloso calificado (por ser perpetrado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio); por relación de pareja y por abuso de la función de fuerzas de seguridad) y tentativa de homicidio agravado (por abuso de la función de fuerzas de seguridad).

Al imputado Iván L. le atribuyó las calificaciones penales en calidad de autor, mientras que a los otros dos policías investigados, les endilgó los delitos como “partícipes secundarios”.

“Creo que no hay otra posibilidad de que (el agresor) sea condenado a cadena perpetua pero hay que ver qué surge de la investigación en relación a los otros dos compañeros; veo que hay una responsabilidad penal por parte de ellos por la omisión a frenarlo a cometer el hecho”.

En tanto, este miércoles (iba a ser hoy) se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares, donde el fiscal de Melincué Julián Cochero adelantó que pedirá la prisión preventiva de los tres detenidos “y el juez (Aldo Baravalle) determinará qué dispone pero tanto el femicida como sus compañeros deben seguir presos”, enfatizó la abogada que junto a la letrada isabelense Rebeca di Battista representan a la familia de la víctima “y nos presentamos como querellantes, es decir, como abogadas de la víctima con facultad de de participar en el proceso”.

Como había detallado el fiscal Cochero a este medio, el episodio ocurrido cerca del mediodía del sábado y que tras persecución incluida por varios kilómetros, Iván L. logra alcanzar a su ex pareja que circulaba con su marido (padre de su pequeño hijo), según lo declarado por éste último que terminó siendo el testigo directo: “Se le ponen al lado del auto y los hacen ir a la banquina; en ese momento L. se baja e intercambia unas palabras con el marido de Claudia, le dice que necesita hablar con ella, a lo que él accede porque lo ve tranquilo. Se aleja y se pone a hablar con los otros dos efectivos y en ese momento comienza a discutir acaloradamente con la mujer”, relata la profesional.

“En un momento ella le dice que no quería volver con él, que la deje en paz y ahí saca el arma (reglamentaria) y le da un tiro (mortal)”.

Cuando su marido corre a auxiliarla, se produce un forcejeo con el agresor que “ejecuta dos disparos más y después se le traba el arma, es decir, quería seguir disparando y no puede”. En ese momento, el marido de Claudia (63), que resultó ileso del suceso, logra sacarle el arma pero es reducido por el uniformado “y recién ahí con el hombre gritando los otros policías intervienen pero hasta ese momento no habían atinado a frenar a su compañero”.

Al detenerlo, cuenta Walker Torres, “aparentemente dice ‘ahora sí estoy tranquilo’” y remarca e insiste que “en ningún momento hubo un ataque de locura como puede llegar a decir la defensa (del imputado) o que estaba en estado de emoción violenta. Estaba perfectamente tranquilo, no sé si lo tenía pensado pero en el momento del hecho él sabía muy bien lo que estaba haciendo”.

De acuerdo a la información que recolectó de la familia de la joven cañaseña, la abogada especialista en víctimas de violencia de género y delitos sexuales contaba que hacía tres meses se había separado del agresor y había vuelto con su pareja “pero parece que L. no lo superó pero hasta el momento no ha habido ningún antecedente de violencia entre ellos ni denuncias; es algo que se está investigando”, aportó la letrada de la ciudad de Santa Fe.

Cabe destacar que el agresor de 29 años se desempeñaba como efectivo de la Agencia de Seguridad Vial y prestaba servicio en Venado Tuerto y la zona. Lo que había comentado el Dr. Cochero es que también investigaría qué clase de operativo estaban desarrollando, ya que no suelen ser informados a ningún ente policial o judicial.

“En los 16 años de profesión que tengo y de estar ejerciendo este tipo de casos, es la primera vez que veo algo así; shokea por la muerte de Claudia pero también por las características propias del hecho. Creo que esto va a traer mucha repercusión porque hay una gran responsalibidad del estado y de a quién le damos la potestad de cuidarnos y la posibilidad de cargar con un arma de fuego”, esgrimió la abogada agregando que lo que más hace ruido es que el suceso se da “mientras están en funciones y a partir de ahí creo que debemos replantearnos cómo formamos a nuestras fuerzas. Por eso esperamos un accionar muy duro de la justicia y ver qué sucede con los otros dos policías que aún no han declarado pero sí se manifestaron inocentes”.

Asimismo, planteó la actitud que tomará el gobierno provincial “con estos policías que son los encargados de cuidarnos y que siendo testigos presenciales no hicieron nada para impedir el hecho”.

Hasta el momento no ha habido manifestación pública de los organismos estatales y solo se comunicó con la familia de la víctima, el área de Género del gobierno.

Si bien esto indicó Walker Torres, agregó que hay “elementos probatorios muy concluyentes” para avanzar rápidamente.

A su vez contó que la familia de Claudia “está muy abrumada y shokeada” y que el padre su hijo se va presentar como querellante en la causa “ya que es el principal testigo y su testimonio ha sido muy contundente”, cerró.