(Por María José Valdéz) - Cristina Fernández de Kirchner volvió a colocar en el centro de la escena la discusión sobre el funcionamiento del sistema judicial argentino. Al presentarse ante el Tribunal Oral Federal 7, la ex mandataria no sólo defendió su posición en el marco de la causa Cuadernos, sino que además profundizó sus críticas hacia el accionar de jueces y fiscales. En ese contexto, lanzó una frase que marcó el tono de su intervención: aseguró que el proceso está atravesado por “prácticas mafiosas”.

Durante su declaración, la ex presidenta vinculó el avance de la causa con lo que definió como un escenario de persecución judicial. Según planteó, existe una articulación entre sectores del Poder Judicial y factores de poder político y económico que condicionan las decisiones. En esa línea, apuntó directamente contra el ex juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, a quienes responsabilizó por la instrucción del expediente.

“Vengo en calidad de detenida”, expresó al iniciar su intervención, en una frase que rápidamente se replicó en el ámbito político y mediático. A partir de allí, desplegó un discurso centrado en cuestionar la legitimidad del proceso y en advertir sobre un supuesto deterioro institucional en la Justicia.

Kirchner calificó a la causa Vialidad como “emblemática” dentro de lo que considera una estrategia de persecución judicial. Sin embargo, sostuvo que el caso Cuadernos representa un “estadio superior”, en el que —según su visión— se habrían manipulado pruebas para sostener acusaciones.

En ese sentido, afirmó que Bonadio y Stornelli realizaron un “manejo criminal de la figura del arrepentido”. De acuerdo con su interpretación, los testimonios de imputados colaboradores no se ajustaron a criterios de legalidad, sino que habrían sido obtenidos bajo presión. “Hay jueces que responden a directivas políticas y económicas”, insistió.

La causa investiga presuntos sobornos en la obra pública entre 2003 y 2015. Foto: Reuters

La defensa de la ex presidenta, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, también planteó objeciones concretas. Entre ellas, cuestionó la autenticidad de los cuadernos que dieron origen a la investigación y sostuvo que las declaraciones de los imputados fueron realizadas en condiciones irregulares. Estos argumentos formaron parte del pedido de nulidad que fue rechazado, lo que derivó en la citación a esta instancia del proceso.

El Tribunal Oral Federal 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, deberá resolver los planteos preliminares antes de avanzar en el desarrollo del juicio. En este expediente se investiga una presunta red de sobornos vinculada a la obra pública entre 2003 y 2015, con la participación de ex funcionarios y empresarios.

Además de Cristina Kirchner, también están convocados otros imputados de alto perfil, como el ex ministro de Planificación Julio De Vido. La magnitud del caso y el peso político de los involucrados convierten al proceso en uno de los más relevantes del escenario judicial actual.

Militantes se concentraron frente a su domicilio en señal de apoyo. Foto: Reuters

En paralelo, la situación también tuvo repercusiones fuera de los tribunales. Desde temprano, militantes y seguidores de la ex presidenta se concentraron en las inmediaciones de su domicilio, en el barrio porteño de Constitución. Allí expresaron su respaldo y cuestionaron al gobierno nacional, al que acusan de utilizar la causa con fines políticos.

Mientras tanto, el clima de polarización vuelve a escalar. Las declaraciones de Kirchner reavivan el debate sobre la independencia judicial, el uso de la figura del arrepentido y el rol de los tribunales en causas de alto impacto institucional.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó este martes el proceso contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en una nueva jornada en la que se resolvió volver a citar al fiscal federal Carlos Stornelli, quien no asistió a exponer ante ese cuerpo, bajo la advertencia de hacerlo comparecer por la fuerza pública.

Stornelli había sido convocado como testigo para que explique los motivos por los que pidió el cierre de la causa que había sido iniciada para investigar los presuntos chats filtrados entre Silvio Robles, estrecho colaborador del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad porteño en uso de licencia Marcelo D’Alessandro.

Sin la presencia del fiscal, la comisión -que preside Carolina Gaillard, del Frente de Todos (FdT)- continuó este martes por la tarde con el análisis de las pruebas y testimonios contra el accionar de la Corte, como parte de las audiencias que lleva adelante ese cuerpo desde fines de enero, luego de que el presidente Alberto Fernández y una decena de gobernadores impulsaran el juicio político contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Gaillard dio inicio a la reunión, avisó que la comisión de Juicio Político pediría volver a citar al fiscal y advirtió que “si no comparece deberemos iniciar un procedimiento de desafuero para poder traerlo por la fuerza pública”.

“Consideramos que Stornelli tiene que venir a declarar de manera presencial. Vamos a volver a citarlo nuevamente”, anunció la presidenta de la comisión, al rechazar el planteo del fiscal para declarar por escrito.

El planteo del oficialismo para volver a citar a Stornelli fue votado en la comisión y aprobado por 16 votos. También se aprobó remitir a la Justicia la exposición ante la comisión del juez Sebastián Ramos por presunto falso testimonio y la incorporación como testigos de los abogados Marcelo Mazzeo y Juan Manuel Olima, a propuesta del FdT.

En su exposición, Ramos, que brindó testimonio el pasado 23 de febrero ante esa comisión, archivó a instancias de Stornelli una denuncia vinculada a unos chats que involucran a D’Alessandro con Robles, bajo el argumento de que los elementos probatorios incorporados a la denuncia podrían haber sido obtenidos “mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”.

En el desarrollo de la reunión se produjeron fuertes cruces entre los diputados del oficialismo y de la oposición, que le atribuyó al FdT “un manejo ilegal de la comisión” y aprovechó la audiencia para cuestionar al gobierno nacional por la situación de violencia e inseguridad en Rosario.

En el marco de la reunión, el diputado de la Coalición Cívica (CC), Juan Manuel López, rechazó la actitud de Gaillard de, según dijo, tomarse “la atribución de interpretar el reglamento” para pedir la concurrencia presencial de Stornelli y sostuvo que el fiscal “no se negó a declarar sino que pidió hacerlo por escrito”, por lo tanto, afirmó, “no es un testigo reticente”.

Además de Stornelli, la comisión había convocado para esta audiencia a la titular de la fiscalía federal 1 de La Plata, María Roteta, quien se excusó de asistir por cuestiones personales, pero pidió reprogramar su presencia.

En tanto, se espera para el resto de este martes las exposiciones del exsenador nacional por la UCR y extitular de la Unidad Fiscal AMIA Mario Cimadevilla y los secretarios judiciales de la Corte Sergio Nápoli y Gustavo Naveira.