El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, realizó este viernes la apertura de sobres correspondiente a la licitación pública para la adquisición de cinco body scanners y cinco scanners de bultos que serán instalados en las cárceles de Coronda, Santa Fe, Piñero y en el Complejo Penitenciario de Rosario.

Con una inversión estimada de $2.261 millones, la iniciativa apunta a reforzar los controles en el ingreso a los establecimientos penitenciarios, tanto de visitas como de personal y proveedores. La medida se enmarca en el plan integral de seguridad del gobierno de Maximiliano Pullaro.

Durante el acto, que tuvo lugar en el auditorio del Ministerio de Justicia y Seguridad, se presentaron dos ofertas: una de Nuctech Company LTD por US$1.053.700 y otra de Productos Íntegra Azula S.R.L. por US$1.755.165.

“Estamos cumpliendo una etapa más de reequipamiento y modernización de nuestras fuerzas, incluyendo al Servicio Penitenciario, que viene teniendo un rol muy importante en esta gestión”, destacó el ministro Pablo Cococcioni.

Además, recordó que la política de seguridad incluye la generación de más de 5.000 nuevas plazas carcelarias, lo que permitió reducir de casi 1.800 a poco más de 800 la cantidad de detenidos en comisarías.

“El objetivo es brindarle al personal penitenciario herramientas para ejercer un control riguroso del ingreso y egreso en las cárceles, y limitar el acceso de elementos prohibidos. Eso reduce los riesgos de comunicación con el exterior y las conductas delictivas. Un tercio de los homicidios en la provincia eran ordenados desde una celda, y eso es lo que estamos atacando con estas medidas”, afirmó Cococcioni.

La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, subrayó que los nuevos dispositivos permitirán separar el ingreso del personal del de las visitas, fortaleciendo el control interno. “La seguridad penitenciaria es clave para cambiar estructuralmente el sistema y darle otro nivel de blindaje a los penales”, sostuvo.

Por su parte, la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Georgina Orciani, destacó que esta licitación “es fundamental en el diseño de políticas de seguridad pública y penitenciaria, al tiempo que mejora la respuesta del Estado a las demandas de la ciudadanía”.

En la misma jornada, se concretó además la entrega de nuevos uniformes al personal del Servicio Penitenciario. Esta adquisición se realizó en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad, que permite ejecutar políticas integrales para fortalecer a las fuerzas de seguridad, mejorar sus condiciones laborales y optimizar la capacidad del Estado para combatir el delito.

El subsecretario de Tecnología y Equipamiento, Armando Faraoni, detalló que se trata de una de las licitaciones más importantes del área, con un presupuesto oficial inicial cercano a los $ 28.000 millones. Se adquirieron más de 500.000 prendas, distribuidas en 11 tipos de uniformes, incluyendo los de la Policía de Santa Fe.

“Para el Servicio Penitenciario se incorporaron seis modelos distintos, como los uniformes de seguridad general (gris y negro), administrativos y para los Cuerpos Especiales”, indicó Faraoni. Además, resaltó que, gracias al nivel de exigencia, competencia y transparencia del proceso licitatorio, se logró una baja de casi $ 7.000 millones, cerrando la compra en $ 21.000 millones.

Finalmente, Masneri remarcó que “el Servicio Penitenciario forma parte de un sistema equivalente al de la Policía en el plan de seguridad provincial”, y concluyó: “Cuando ordenamos la cárcel, también ordenamos la calle”.

El gobernador Maximiliano Pullaro recorrió esta semana las obras de los nuevos pabellones carcelarios que se construyen en el Complejo Penitenciario Rosario, así como la nueva unidad penitenciaria en un predio cercano al de la actual Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero. 

En Piñero, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe comenzó a construir El Infierno, la cárcel para Internos de Alto Perfil, que alojará a los narcotraficantes y sicarios más peligrosos de la provincia, con una inversión de más de $140.000 millones. Mientras tanto, en Rosario, se lleva adelante la Subunidad 4 en el Complejo Penitenciario de Rosario, con cuatro pabellones que tendrán 320 plazas, con un presupuesto de más de $7.700 millones.

Durante la recorrida, el gobernador remarcó que “estamos llevando adelante obra pública de gran magnitud, como nunca tuvo la provincia de Santa Fe. En el caso de la obra carcelaria que estamos recorriendo, forma parte de un plan en el que vamos a construir en 4 años la misma cantidad de celdas que se hicieron en 100 años en la provincia. Vamos a duplicar la cantidad de celdas penitenciarias”. 

“El Infierno, como la denominan en el Servicio Penitenciario, será para los presos que no sólo están pagando una condena, sino que ordenaron actos violentos desde la cárcel. Tendrá un sistema de seguridad mejor, con mayor control de cada uno de ellos, y se va a reducir al mínimo la posibilidad de cometer delitos, fundamentalmente tener contacto con el exterior”, detalló Pullaro y agregó: “Será única en Argentina y una de las más seguras de América Latina, con capacidad para más de 1.100 reclusos”. Y destacó que el programa que tiene en marcha la Provincia de Santa Fe en su totalidad, contempla unidades penales para albergar a casi 7.000 privados de la libertad. 

Finalmente, respecto a la Subunidad 4 del Complejo Penitenciario Rosario, dijo: “Ya estamos próximos a terminar las celdas para 320 plazas, para prácticamente terminar con los presos en comisarías en la ciudad, algo que resulta tedioso para los vecinos, pero además le permite a la Policía, en lugar de estar cuidando presos, salir a prevenir, cuidar al vecino, y eso repercute positivamente en la seguridad pública”, completó.

En la oportunidad, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que “en dos semanas, vamos a estar inaugurando un módulo en el Complejo Penitenciario de Rosario y vaciando todas las comisarías del Departamento Rosario. En la localidad de Piñero, estamos viendo el avance de El Infierno, la primera cárcel de alto perfil que tendrá la provincia. En total, vamos a contar en todo el sistema santafesino con casi 7.000 plazas para que no haya más presos en comisarías y los presos de alto perfil no puedan seguir cometiendo delitos desde el interior de la cárcel”.

Por su parte, la secretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad, Lucía Masneri, remarcó que “estas obras nos permitirán recuperar plenamente la operatividad en calle de la policía rosarina, llevando todos los presos al lugar donde tienen que estar, que es el Servicio Penitenciario”. 

Sobre el final, el secretario de la Unidad Ejecutora en Infraestructura, Diego Leone, marcó que “estamos desarrollando un Plan de Infraestructura Carcelaria para el Gobierno de la Provincia de Santa Fe que el gobernador, desde el primer día, encomendó a la Unidad Ejecutora”. Luego, confirmó que la Subunidad 4 estará terminada en las próximas semanas y será entregada con todo el equipamiento correspondiente y lista para empezar a funcionar.

A partir de la intensificación de los controles que se llevan adelante en todas las unidades penitencias de la provincia desde la asunción de la actual gestión, en los seis primeros meses del año el Gobierno de Santa Fe secuestró un total de 3.148 gramos de droga (2.297,86 gr. de marihuana y 849,82 gr. de cocaína).

Se trata de acciones operativizadas por la Secretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Seguridad. El informe detalla que 1.475,2 gr. de los estupefacientes se secuestraron en el ingreso de los visitantes y familiares; 505,74 gr en los ingresos y egresos de los internos con salidas transitorias; 637,34 gr. en las requisas realizadas a los presos y 1.003 gr. al personal penitenciario -que recibió además la correspondiente sanción-.

“Los controles son estrictos, permanentes y para todo el mundo: internos, visitantes y empleados del Servicio Penitenciario”, sostuvo la secretaria de Asuntos Penitenciarios, Lucía Masneri, para luego resaltar que “estos controles no se limitan solo al uso de los scanner, sino que es muy importante y necesario el trabajo de los agentes penitenciaros”. En cuanto a los resultados, la funcionaria valoró que son “altamente positivos y tienen que ver con el recurso humano que está trabajando todos los días para que esto se revierta y se controle”.

En este sentido, cabe señalar que desde el inicio de la actual gestión, el Gobierno provincial delineó acciones concretas para los penales como la implementación del sistema de internos de alto perfil y la puesta en vigencia de la Ley de Ejecución Penal que rige en Santa Fe desde comienzo del 2024 y permite, entre otras cosas, requisas sorpresivas y aleatorias. Esto permitió el secuestro de distintos elementos y objetos prohibidos como armas, drogas y teléfonos celulares.

Sistema de body scanners

Se trata de tecnología de última generación que tiene como objetivo detectar el ingreso de elementos prohibidos al servicio penitenciario. Son utilizados tanto para el registro de las visitas, como del propio personal de seguridad. El primero, un detector por el que ingresarán todos los bolsos, mochilas o equipajes que las visitas de los presos y los agentes penitenciarios lleven a las instalaciones.

Respecto al body scan o scanners corporal, es un aparato que utiliza rayos x para poder observar bajo algunas capas físicas, como ropa, la piel, etc. El sistema permite detectar amenazas ocultas o, incluso, dentro del cuerpo o en las cavidades corporales, como por ejemplo armas metálicas y no metálicas, drogas, teléfonos celulares, contrabando de todo tipo, explosivos, herramientas.

Por Juliano Salierno

Este viernes por la mañana la Justicia Penal santafesina dictó la primera condena por suministro de estupefacientes dentro de un establecimiento carcelario provincial, desde que la Justicia Federal cedió terreno al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la persecución del microtrtáfico de drogas a fines del año pasado.

La jueza en lo penal de Santa Fe, Celeste Minniti, impuso pena de 2 años de prisión en suspenso, más reglas de conducta, para la rosarina Florencia Damaris González (28), quien el lunes de esta semana intentó ingresar con 50,1 gramos de cocaína a la cárcel de Coronda. Asimismo, dispuso el decomiso para su destrucción del material estupefaciente secuestrado.

La sanción penal fue en un juicio abreviado celebrado este viernes en la Sala Nº 3 del subsuelo de los tribunales capitalinos, producto del acuerdo entre el fiscal del departamento San Jerónimo, Marcelo Nessier y el defensor particular David Villata.

Fuentes del MPA señalaron a El Litoral que se trata de la primera condena por microtráfico, específicamente por suministro de estupefacientes en una unidad carcelaria, desde que se puso en vigencia la nueva Ley de Microtráfico, el pasado 29 de diciembre de 2023.

Aunque se trata de una pena de prisión en suspenso, la fiscalía valoró la importancia de la medida judicial atento a la frecuencia con la que el personal del Servicio Penitenciario detecta este tipo de conductas, tanto en el ingreso de las visitas como en el regreso de presos que gozan del régimen de salidas transitorias.

Según expresó el fiscal Marcelo Nessier -que tiene bajo su jurisdicción la cárcel de Coronda- “todas las semanas se está encontrando material estupefaciente, en las visitas o en los presos que tienen salidas transitorias”, refirió a El Litoral; de allí la importancia que la comunidad conozca las sanciones que se aplican. Asimismo, destacó “la labor del Servicio Penitenciario al momento de realizar las requisas” personales y de bultos que ingresan al penal.

En cuanto a la mujer condenada, fue detenida el lunes 19 de febrero al mediodía y al momento de la requisa en el sector de Admisión. González, iba a visitar a un preso rosarino del que sería amigo, no obstante, las autoridades del penal determinaron que se encontraba anotada para visitar a diez internos en total, uno de ellos de “alto perfil”.

Por el caso se le dio intervención a la Comisaría 1ra de Coronda y a personal de la PDI departamental, quienes labraron las actuaciones y constataron que el materia secuestrado es compatible con la sustancia prohibida.

Al parecer, la mujer pasó por el escáner sin sobresaltos, ya que el hallazgo de la droga se produjo al requisar manualmente la mochila, donde fue hallado un paquete de yerba con la cocaína dentro.

Tras notificar del episodio al Ministerio Público de la Acusación, fue trasladada a sede policial y luego a tribunales, donde el fiscal Nessier la imputó ante el juez penal Jorge Patrizi, por el delito de “suministro de estupefacientes a título gratuito en grado de tentativa, agravado por ser cometido en el interior de un lugar de detención” en carácter de autora.

Para el fiscal Nessier, el delito no se agoto en una “tenencia simple”, sino que tenía por finalidad “suministrar al interno que visitaba” la sustancia estupefaciente que se encontraba disimulada dentro de un paquete de yerba.

En lo que va del año, se han producido otros casos de detección de personas con esta conducta, a las cuales en un principio se las imputó por “tenencia simple de estupefacientes, porque no se pudo acreditar que tenia fines de suministro”.

Pero al cabo de cierta recurrencia en el tiempo y ante el aumento de las cantidades secuestrada, desde el MPA se consideró aplicable la figura del “suministro a título gratuito”, que conlleva penas de entre 3 a 12 años de prisión, la cual se eleva si es en contexto de encierro, es decir, dentro de una cárcel.

Atenúa la sanción que al ser descubierto por el Servicio Penitenciario durante la requisa, el delito no se consumó, con lo cual queda en grado de tentativa y en tanto y en cuanto la persona acusada no tenga una condena previa, puede obtener la libertad.

Apenas por cuatro votos, el frente Unidos para cambiar Santa Fe ganó las elecciones en la categoría gobernador en la población penal que sufragó en la provincia el pasado domingo. Los datos surgen del escrutinio definitivo que concluyó este lunes. De acuerdo con esos guarismos, para la categoría más importante que se disputaba, Maximiliano Pullaro logró vencer a su principal adversario pero por una exigua diferencia. El actual diputado radical logró 167 votos en tanto que Marcelo Lewandowski de Juntos Avancemos obtuvo 163. También para la categoría gobernador, Viva la Libertad con Edelmiro Bodoira como postulante logró 52 votos; y el Frente de Izquierda, 32. Veintiséis votos fueron nulos y 19, en blanco.

Para la categoría Diputados, en tanto, el resultado fue inverso. El ganador allí fue Omar Perotti, y por amplia mayoría; logró 156 votos. En segundo lugar se ubicó la lista de Unite que encabezaba Amalia Granata. Su nómina obtuvo 101 sufragios. Viva la Libertad quedó en el tercer lugar con 51 votos, en tanto que el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe (lista encabezada por Clara García) quedó en el cuarto lugar con 48 sufragios.

Según datos proporcionados por el Servicio Penitenciario a El Litoral, se encontraban en condiciones de votar 709 internos alojados en diferentes penales de toda la provincia. Sin embargo, ejercieron su derecho 459.

Es baja la participación como también lo es el porcentaje de presos que están en condiciones de votar; representa aproximadamente el 10%. Y ello es así porque a la mayoría de los internos procesados se les retiene el documento de identidad en los juzgados intervinientes.

La logística para que puedan votar las personas privadas de libertad prevé no sólo el traslado de las urnas a cada unidad penitenciaria, sino también de las boletas para cada categoría en función del domicilio que registra cada interno.

El Presidente del Colegio de Jueces Penales de la 3° Circunscripción, Tomás Orso, aseguró que desde 2014 a esta parte se duplicó la población carcelaria en la provincia de Santa Fe. A su vez destacó que más del 70 por ciento de las causas se resuelven en juicios abreviados o probation que son acordados entre los fiscales y abogados defensores. De esta manera, buscó desactivar la teoría de “la puerta giratoria”, la cual hizo alusión el intendente Leonel Chiarella en el discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Concejo Municipal. El primer mandatario venadense manifestó estar “convencido de que uno de los motivos de la inseguridad es la impunidad. Esa impunidad que genera impotencia, por no entender determinadas decisiones de quienes también son responsables de la seguridad, que son los jueces. Quienes deciden si un delincuente queda en libertad, no es un intendente, no es un concejal, no es un legislador, es un juez. Esta impunidad es la que vemos seguido cuando nos encontramos con delincuentes deambulando por nuestra ciudad que siguen robando como si nada pasara”.

Respuesta oficial Tomás Orso aseguró que las declaraciones “no nos ofenden, ni generan una sensación negativa, porque nosotros también somos funcionarios del estado y podemos ser interpelados por otros funcionarios, como en este caso, el intendente de la ciudad. Y está en el marco del juego democrático. Lo peor que podemos hacer es esconder estos temas”. La inseguridad es una problemática “multicausal, compleja. Soy de la idea que desde la Justicia Penal tenemos una cuota de responsabilidad, porque mis colegas en general, en el ámbito del Poder Judicial, consideran que la responsabilidad absoluta pasa por otras áreas del estado, especialmente por el Ejecutivo que tiene la conducción de la fuerza de seguridad, y por la aplicación de políticas inclusivas, para no favorecer la criminalidad”. El intendente detalló con nombre y apellido una lista de personas que, a su criterio, deberían estar detenidas por distintas causas que atraviesan, pero que en la actualidad se encuentran en libertad. “Los números indican que en los dos últimos años las libertades que se producen, luego de detenciones, son productos de acuerdos de los fiscales con las defensas. En ese caso, ni siquiera intervienen los jueces, que solo se limitan a hacer un control de legalidad. Por lo tanto, entre el 70 y el 80 % de los detenidos recuperan la libertad por este tipo de acuerdos. Aproximadamente en el 25% de los casos hubo Resoluciones Judiciales, donde la gran mayoría de los casos se otorgaron prisiones preventivas. Y cuando se otorgaron libertades, hubo pocos recursos de apelación presentados por los fiscales, con lo cual quedan validadas esas libertades”, detalló Tomas Orso. Datos aportados por el magistrado indican que en el año 2022 se determinaron 33 libertades, de las cuales 26 fueron acordadas entre fiscales y defensores. Las7 restantes las definieron los Jueces y no fueron apeladas. Igualmente, el Presidente del Colegio de Jueces Penales, sostuvo que “un sistema Penal que no sea eficiente, que sea moroso y que no brinde las respuestas adecuadas, también puede llegar a ser un factor que incida en las conductas delictivas. En el ´calculo’ que hace un delincuente, está la posibilidad de ser descubierto, castigado y condenado. Y en ese caso, tenemos una cuota de responsabilidad”.

Puerta giratoria En relación a la existencia de una “puerta giratoria”, el magistrado precisó que “desde el año 2014, cuando comenzó a aplicarse el nuevo sistema de oralidad, pasamos de 4.500 presos a más de 8.000, con lo cual prácticamente duplicamos la tasa en encarcelamiento provincial. Si tomamos ese dato duro, el sistema penal produjo muchas más condenas. Y esto no se compadeció con el aumento de plazas penitenciarias, por eso hay sobrepoblación en todas las cárceles de la provincia”. Orso dijo que “tenemos que ser permeables a las críticas, tenemos que dar explicaciones, rendir cuentas y presentarnos a los debates necesarios, porque somos funcionarios públicos. Pero en relación a las personas que nombró el intendente las cuales considera que deben estar detenidas, debo decir que muchas de ellas no son causas de la Justicia Provincial, ya que están ligadas a la cuestión de droga y narcotráfico”.

Megaestafa inmobiliaria Leonel Chiarella también mostró su malestar con la causa de la Megaestafa inmobiliaria, donde el abogado Antonio Di Benedetto (acusado como Jefe de una asociación ilícita) está atravesando esta parte del proceso en libertad. Y el primer mandatario considera que los magistrados son responsables de ese beneficio. Por su parte, Tomás Orso manifestó que “sobre ese tema no puedo expedirme demasiado porque es una causa en trámite, que será juzgada en pocas semanas. Lo único que puedo decir en forma genérica es que lo que genera el juicio oral tiene un valor simbólico mucho más fuerte que el juicio abreviado. Y deseo que este juicio empiece normalmente a principios de mayo, tal cual fue fijado”.