A través de la Resolución 336/2026, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso nuevas medidas para bloquear el uso de teléfonos celulares en establecimientos penitenciarios.

La decisión se formalizó este lunes con su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina y apunta directamente a uno de los puntos más sensibles del sistema carcelario: las comunicaciones ilegales desde el interior de las cárceles federales.

La normativa, firmada por la ministra Alejandra Susana Monteoliva, establece la implementación de tecnología específica para detectar y neutralizar dispositivos móviles dentro de las unidades del Servicio Penitenciario Federal, en línea con lo que ya prevé la legislación vigente.

El eje central de la resolución es la autorización para instalar sistemas de detección y bloqueo de códigos IMEI e IMSI, herramientas técnicas que permiten identificar y anular la operatividad de teléfonos celulares. El objetivo es impedir que internos utilicen estos dispositivos para coordinar delitos desde el encierro.

La medida se apoya en lo dispuesto por la Ley 24.660, que regula el régimen penitenciario. Si bien esa norma garantiza el derecho de los detenidos a mantener contacto con el exterior, también prohíbe expresamente las comunicaciones a través de equipos móviles no autorizados.

En ese sentido, desde la cartera de Seguridad se remarcó la necesidad de reforzar los controles ante el uso creciente de tecnología en maniobras delictivas organizadas desde el interior de los penales.

El argumento oficial pone el foco en la seguridad pública. Según se desprende del texto, la utilización de celulares en cárceles federales ha sido detectada como una herramienta clave para la planificación de delitos, extorsiones y otras actividades ilegales.

La resolución también se vincula con antecedentes normativos como la resolución conjunta firmada en 2019 junto al Ente Nacional de Comunicaciones, que habilitó el uso de inhibidores de señal en contextos de seguridad.

Bajo ese marco, el Estado busca “prevenir, disuadir y neutralizar” conductas delictivas que se gestan intramuros, fortaleciendo el rol del sistema penitenciario como espacio de cumplimiento de pena y no como base operativa del crimen organizado.

Otro de los puntos clave de la normativa es la instrucción a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información para que lleve adelante el proceso de adquisición, instalación y supervisión de los equipos.

En paralelo, se establece la obligación de realizar los ajustes técnicos necesarios para evitar que los bloqueos de señal afecten zonas externas a los establecimientos penitenciarios, un aspecto que en experiencias previas generó controversias.

Además, la resolución aprueba un manual de procedimiento específico que fija los lineamientos operativos para la detección y bloqueo de dispositivos, lo que marca un intento de estandarizar los controles en todas las unidades federales.

Con entrada en vigencia inmediata, la medida abre una nueva etapa en la política de control carcelario, con foco en la tecnología como herramienta para limitar la criminalidad organizada desde el encierro.

Por Ivana Fux

La finalización y habilitación de la nueva cárcel federal de Coronda enfrenta una nueva postergación. La obra es financiada con recursos nacionales y de acuerdo con las últimas estimaciones del Ministerio de Justicia del gobierno central, debía estar terminada para "julio o agosto". Llegó setiembre y los trabajos permanecen inconclusos. Ahora, la nueva fecha tentativa de inauguración según lo confirmó el ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, plantea "noviembre".

Contar con dicho penal es vital en Santa Fe para descomprimir la situación de colapso y saturación que atraviesa el Servicio Penitenciario provincial. El sistema posee un excedente de más de dos mil internos; las cárceles no tienen más plazas disponibles y ese desborde termina derramando en las comisarías con consecuencias que van desde fugas hasta motines. Pero cientos de las plazas de los institutos penitenciarios provinciales están ocupadas por presos federales. Según pudo confirmar El Litoral, existen en la actualidad 553 alojados en la provincia. De ellos, 331 se encuentran en Coronda.

La nueva cárcel federal tendrá capacidad para 462 internos; según prometió el Ministerio de Justicia de la Nación, de ellos, 400 serán cedidos a la provincia de Santa Fe.

Según explicó Brilloni, desde la provincia "se viene insistiendo" ante el Ministerio de Justicia de la Nación por esta obra. "Pensábamos que íbamos a tenerla inaugurada en agosto; lamentablemente, esto no fue así. Por el intercambio de información que venimos manteniendo con la Nación, la inauguración recién se haría en noviembre", planteó.

El ministro insistió en la necesidad de contar con un penal federal para aliviar la sobrecarga del sistema provincial. Recordó el alto número de presos federales albergados en institutos locales, "más las personas que están tuteladas a través del Patronato de Liberados". Se trata de los internos que han accedido a beneficios de libertad condicional o transitoria, que deben ser "controlados" por la repartición provincial. "Y todo eso nos obliga a reforzar el trabajo de inteligencia criminal con el Servicio Penitenciario en este caso, Federal", acotó.

Brilloni dijo que "no se han dado explicaciones" para justificar esta nueva dilación. Según pudo saber El Litoral, las causas argüidas están asociadas directamente a la crisis económica. Por un lado, hubo demoras por las redeterminaciones de precios devenidas de la inflación y exigidas por las contratistas. En paralelo, se presentó la imposibilidad de importar algunos elementos de seguridad, como los cierres electrónicos para el penal.

La posibilidad de que la provincia cuente con una cárcel federal comenzó a gestionarse hace dieciséis años, aunque la construcción comenzó en diciembre de 2015. La ejecución de la obra fue adjudicada a una UTE conformada por las empresas Iecsa y Ocsa.

Se llamará Centro Federal Penitenciario Litoral Argentino y estará emplazado en un predio de más de 62 hectáreas a la vera de la ruta provincial 64, entre la ciudad de Coronda y la comuna de Larrechea.

El proyecto prevé la construcción de cuatro pabellones para 462 presos. También se proyectan una capilla y una escuela; más un edificio externo que será utilizado para servicios generales del personal penitenciario.

Son considerados jefes de organizaciones criminales complejas vinculadas a múltiples asesinatos y al comercio de estupefacientes en la ciudad de Rosario. Los siete presos de “alto perfil” de la cárcel de Piñero, en Santa Fe, que hoy fueron trasladados a la Capital Federal para ser alojados en prisiones federales, son considerados jefes de organizaciones criminales complejas vinculadas a múltiples asesinatos y al comercio de estupefacientes en la ciudad de Rosario.

Esteban Alvarado: está procesado e irá a juicio por el transporte de casi 500 kilos de marihuana de Rosario hacia la Patagonia. En la Justicia local está imputado como instigador del asesinato de un prestamista y jefe de una asociación ilícita mixta -de la que participaban varios policías- que cometió múltiples delitos, entre ellos presunto lavado de dinero a través de una red de sociedades y testaferros. Cumplió una condena por robo de autos en la provincia de Buenos Aires. Brandon Bay: el joven de 25 años es el jefe de la banda de “Los Gorditos”. Cumple una condena a 5 años por balaceras, extorsiones y usurpaciones y, desde la cárcel, comandaba la venta de drogas al menudeo a través de sus hermanas. Está vinculado a la muerte de las dos personas descuartizadas cuyos restos fueron distribuidos en contenedores de residuos. Por ese hecho, el exministro de Seguridad Marcelo Sain consideró que Bay “es un animal que ordena matar a lo mexicano”. Lidera una “franquicia” de Los Monos para el comercio de estupefacientes en el sur de Rosario y en la ciudad de San Lorenzo. Julio Rodríguez Granthon: conocido como “Perú” o “Peruano”, por su nacionalidad, el joven aviador de 28 años es considerado “uno de los principales abastecedores de cocaína” de máxima pureza en Rosario. Desde 2017 está detenido en una causa menor por drogas, pero el año pasado se elevó a juicio otro expediente por el mismo delito en el que se asegura que comerciaba 12 kilos por mes. También está imputado como partícipe necesario del asesinato del exconcejal rosarino Eduardo Trasante, ya que se comprobó que desde la cárcel ordenó comprar el auto robado con el que se cometió el crimen. Joel Pucheta: condenado a 21 años de prisión por el homicidio a golpes de una anciana de 85 años, ocurrido en 2002, y por varios hechos de robo, Pucheta sumó una sentencia en 2019 por narcotráfico junto al jefe de la banda “Los Monos”, Ariel “Guille” Cantero. Pero no fue como miembro del mismo grupo, sino como competidor en un “búnker” de venta de drogas que se disputaba con la conocida banda rosarina. René Ungaro: conocido como “Brujo”, está preso desde 2010 como autor del asesinato del entonces jefe de la barrabrava de Newell’s Old Boys, Roberto “Pimpi” Camino, por el que fue condenado a 17 años. En mayo pasado fue sentenciado a 7 años por comandar desde la cárcel una asociación ilícita que cometía delitos violentos y tiene una causa federal por narcotráfico. Alan Funes: miembro del “clan” Funes, una familia ligada al mundo criminal y la venta de drogas enfrentada a los “Camino”, Alan fue condenado en mayo a 35 años de cárcel por un homicidio, dos tentativas, abuso y portación de armas y como miembro de la asociación ilícita liderada por René Ungaro. Lautaro Funes: “Lamparita” es hermano de Alan Funes. En febrero de 2019 fue condenado a 7 años de prisión como miembro de una asociación ilícita y por su participación secundaria en un asesinato. También posee una causa federal por comercio de drogas.